martes, 27 de septiembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: cocinados en una prisión

Hay distintos enfoques en torno a los objetivos de la prisión a personas en cárceles. Para algunos, el objetivo es castigar a quien ha cometido un delito que la sociedad ha juzgado que ha de ser penado con cárcel.  Para otros, es disuadir la comisión de tales delitos no sólo por quienes ya experimentan la prisión, sino para quienes podrían verse tentados a cometerlos y, una tercera visión, es que la prisión sea un medio para reformar o rehabilitar a quienes ya han sido enviados al reclusorio.

Cualquiera que sea el enfoque apropiado como razón de ser para la existencia de cárceles, considero que hay un hecho innegable que debe siempre estar presente, cual es que se trata de seres humanos, quienes, como tales, por más horrendos los delitos cometidos, tienen derechos: derechos derivados por el hecho de ser humanos (aunque su delito puede ser llamado en ciertos casos inhumano). 
 
Lo anterior, en mi opinión, hace que cualquiera sea la razón para la existencia de prisiones, el trato dado a los prisioneros debe ser considerado como respetuoso de los derechos humanos, nos guste o no la profundidad o aberración del delito cometido. Existe en el mundo moderno mucha legislación al respecto, sin duda que inspirada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidos, recogida en 1948. Elementos como la tortura, de la que tanto hemos leído en la historia de la humanidad y que aún se practica en ciertas naciones, se consideran aberrantes, al igual que siempre se enfatiza el derecho del prisionero a tener un juicio justo.  Mi campo de experiencia profesional no es el derecho, como ha de ser obvio por estos comentarios, pero, personalmente, creo que la condena de prisión no debe ser una justificación para violar los derechos esenciales propios de todo hombre.
 
A esta reflexión he llegado, luego de leer el comentario de La Nación del 10 de julio, titulado “100 reos se ‘cocinan’ en nueva prisión de acero y zinc: Arco modular costó ₡495 millones y fue inaugurado en abril pasado.”
 
Resulta que el estado construyó una cárcel en La Leticia, en Pocorí, Limón, en donde “hay días en que la temperatura supera los 34 “(grados centígrados). Instalada en una zona particularmente caliente del país, los presos “se cocinan” con el calor que sufren.
 
No dudo que la intención de la construcción de la nueva prisión era la de que fuera un lugar mejor, comparativamente con otras prisiones del país. Sin embargo, siendo una instalación nueva, no hay razón para que “pocos pueden dormir en las camas. La mayoría… nos tiramos al piso para descansar; otros (prisioneros) se meten a bañar de madrugada,” tal como comentó uno de los 104 presos allí ubicados.
 
Se ha considerado que el sistema penitenciario del país tiene una sobrepoblación del 42%, por lo cual debería de ser bien vista esta nueva cárcel, como medio para disminuir el hacinamiento. “Este pabellón es de mínima contención, lo que significa que los reclusos que estén ahí deben cumplir su pena en ocho años o menos; deben tener buena convivencia y deben trabajar dentro del centro (en mantenimiento, cocina o en la finca, entre otros).”
 
La construcción en su mayoría es de láminas de acero, revestidas de zinc y sólo los baños son hechos de concreto. De acuerdo con el informe de periodistas del medio, “se comprobó (en una visita de ellos) el calor que hace, pese a que, en apariencia, hay aisladores térmicos y pese a que en el dormitorio hay ocho ventanas pequeñas y 26 abanicos que permanecen encendidos día y noche.” 

Aparentemente la obra se realizó de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas suministradas por el Ministerio de Justicia. No obstante, la directora del centro penal, señora Marianela Fallas, ya le pidió a la compañía constructora que brinde soluciones, pues hay una garantía de dos años y el problema se mantiene sin resolver. Mientras el estado pide que se arreglen las cosas, la empresa no lo hace; dependerá de si su responsabilidad surge de los planos que se le entregaron y que deberían de haber cumplido.
 
Estas son cosas que para nada le agrada a uno reseñarlas. Lo pone a uno a pensar si, cuando hace algunos años se trató de construir una cárcel administrada por concesión a una empresa privada, si esas habrían sido las condiciones de una vida penal. La empresa que las habría hecho tendría que cumplir con los requerimientos que le fijara contractualmente el estado y uno imaginaría que, tal vez, no se hubiera presentado la situación actual.  Aquella concesión no se hizo en mucho por la oposición de la ANEP, por una razón muy entendible: los trabajadores de la concesión posiblemente no serían sindicalizados bajo su égida, dejando ANEP lejos de percibir muchas cuotas de trabajadores afiliados y de tener así un mayor poder sindical y político. ANEP tuvo éxito en su oposición. Ahora, los prisioneros, asados o cocidos como si fueran tamales y no seres humanos, deben pagar por la ineficiencia de un estado, el cual ni siquiera pudo lograr que se hiciera una cárcel decente y, más bien, un centro que casi es de tortura, por haberse rendido ante la prepotencia de ANEP.
 
Como claramente lo dice Oviedo Vargas, un recluso, “Estar aquí es insoportable; estábamos mejor antes”. Que tan sólo lo imagine el amigo lector, quien, como ciudadano, también ha aportado su parte en los ₡495 millones gastados en hacer ese horno.
 
Jorge Corrales Quesada

martes, 20 de septiembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: dar largas a las cosas tiene un costo

¿Sabía usted cuánto le han costado de más a los costarricenses los atrasos en la construcción de la carretera entre Sifón de San Ramón y La Abundancia de San Carlos?  Esos 29 kilómetros de vía, a junio del 2016, nos han costado $71 millones tan sólo por los atrasos. Lo informa La Nación del 28 de junio, en su artículo titulado “Atrasos encarecen en $71 millones a la vía a San Carlos: Monto se suma a $164 millones pagados por obra hasta ahora,” basado en un informe del Instituto Costarricense de Electricidad, supervisor en ese momento de la obra. Señala que “hasta ahora se han pagado $235,2 millones por la carretera, desglosados en $164 (millones) del acuerdo original más $71,2 millones, correspondientes a reajustes por el aumento de precios en los materiales y la mano de obra.” Esto es, del monto que se desembolsó a una empresa constructora, lo pagado por reajustes equivale a un 43% del monto original de la obra.

Ese es uno de los costos cuando se retrasan obras: implica, por una parte, aumentos debido a la inflación, que, según un ingeniero de CONAVI, es lo “normal” en este caso, pues “al dividir esa cifra entre el número de años que han tardado las labores, da como resultado un 3,29% de reajuste por año.” No obstante, la inflación en dólares posiblemente es menor que la inflación anual promedio en colones que ha experimentado el país en dicho lapso, pues los datos comparados están en términos de dólares. Es un aumento de costos significativo, pero hay otro costo que no se contabiliza, cual es el tiempo en que se ha atrasado la inversión para brindar rendimientos. Esto es, lo gastado hasta el momento, dado que no se ha terminado, no ha generado ingreso alguno a la economía, y ese es un costo que no se daría, si la obra no se hubiera atrasado esos 13 años. 

No se indica en el comentario periodístico cuánto tiempo habría tomado la construcción y plena operación de dicha vía, si no hubieran existido tales atrasos y tampoco hace una comparación con lo que, en realidad, ha durado su construcción (y le falta tal vez un año más para concluirla), de manera que se pueda tener una idea del costo de intereses que se han tenido al tener una inversión realizada que no ha generado rendimientos. Asimismo, hay otros costos que otros actores de la sociedad han tenido que afrontar, en caso de que hayan realizado inversiones que dependían del inicio de operaciones de la nueva carretera.  Dejar algo para después, no cumplir con el tiempo previsto de ejecución de la obra, da lugar a diversos costos económicos. Y eso que no he hablado de los costos de oportunidad…

La explicación de parte de un ingeniero del ICE, encargado de la supervisión a ese momento, es que “los atrasos por expropiaciones, problemas contractuales, cambios de proveedor  y denuncias ambientales, se han traducido en (aquel) pago de $71,2 millones en reajustes de precios.” Pero, algunos de ellos evidentemente deberían de haberse realizado antes o en el tiempo debido, como, por ejemplo, las expropiaciones. A la fecha, consigna el periódico, que “pese a lo avanzado del proyecto vial, aún hay sin finalizar 22 procesos de expropiación.”

Todos esos costos los pagamos los ciudadanos. Es cierto que nunca hay certeza del costo final de un proyecto. A pesar de ello, cuando uno observa que la construcción de 29 kilómetros de carretera ha durado, tal vez con suerte, 14 años para que se termine, a uno no le queda más que exhibir la ineficiencia del estado para concluir, en el debido tiempo, obras como esta.

Jorge Corrales Quesada


martes, 13 de septiembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: a 40 años de fundada la primer Universidad Privada de Costa Rica

Lograr la apertura de la primera universidad privada en Costa Rica no fue nada fácil. La oposición a ello fue amplia e intransigente, sobre todo porque en aquel entonces había un muy poderoso adversario: la Universidad de Costa Rica, representada por sus autoridades, algunos profesores y alumnos.

Esto último, viéndolo retrospectivamente, iba más allá de impedir una competencia que surgiría para esa universidad, sino que reflejaba una pretensión inaudita, cual fue que el nombre “universidad” sólo podía ser usado por la Universidad de Costa Rica.  Se pretendía que ese uso del nombre “universidad” estaba, como si así lo fuera, sujeto a derechos de autor o un derecho de propiedad de una marca registrada. ¿Qué no me lo creen? En cierto momento la Universidad de Costa Rica se opuso a la existencia de un bar en su vecindad (100 varas al sur de la Biblioteca Carlos Monge), al cual solían acudir principalmente jóvenes estudiantes, pues tenía un rótulo que decía “Taberna Universitaria”. Sí, “universitaria”…pidieron que se prohibiera que usara tal calificativo.

Antes de que alguien me señale, vestido de puritanismo, que posiblemente esa oposición de la Universidad de Costa Rica, se debía a que aquel era un sitio en donde se disfrutaba de un vicio, lo cierto es que su pretendido afán iba más allá, mucho más allá, de lo que sería la pretensión de ser niñera de la moral de los jóvenes. Pero, también se opuso a que el naciente Instituto Tecnológico fuera una “Universidad”, pues no deseaban que viera la luz, a fin de conservar el monopolio educativo superior, del cual disfrutaba en ese entonces. Moralina y monopolio: todo en un revoltijo.

Lo que sí dio lugar a un intenso debate social y político, en diversos medios, fue la oposición expresa de la Universidad de Costa Rica para que un grupo de ciudadanos constituyera lo que luego se llegó a conocer como la Universidad Autónoma de Centro América. Gran parte del alegato del titular del momento para oponerse, era que la educación universitaria debería de estar en manos del estado y no de una empresa o personas privadas.  Así, de un plumazo, se dejaba de reconocer el enorme aporte brindado por la educación universitaria privada en la historia de la humanidad.  (De paso, muy interesantemente, se considera como una de las primeras, sino es que la primera, fue la Universidad de al-Qarawiyyin fundada en el año 859, en Fez, Marruecos por Fatima al-Fihri, una asombrosa y sabia mujer). 

Afortunadamente, tuve la oportunidad de ser parte de un grupo de ciudadanos deseosos de que en el país los estudiantes tuvieran la opción de estudiar carreras universitarias, no sólo en un centro distinto del único existente, sino que asimismo fuera producto del esfuerzo privado. Los 18 fundadores de la Universidad Autónoma de Centro América (UACA) fueron, en orden alfabético, don Enrique Benavides Chaverri, este servidor, don Alberto Di Mare Fuscaldo, don Guido Fernández Saborío, don Alfredo Fournier Beeche, don Fabio Fournier Jiménez, don Edmundo Gerli González, don Fernando Guier Esquivel, don Enrique Malavassi Vargas, don Guillermo Malavassi Vargas, don Gonzalo Ortiz Martín, don Rafael Robles Jiménez, don Rogelio Sotela Montagné, don Christian Tattenbach Iglesias, don Luis Demetrio Tinoco Castro, doña Cecilia Valverde Barrenechea, don Renato Viglione Marchisio y don Thelmo Vargas Madrigal. En estos momentos, seis de ellos aún estamos en este mundo y los restantes doce gozan ya de la vida eterna.

La oposición inicial en círculos gubernamentales fue enorme, pues estaban en contra de que el estado le diera a la UACA el permiso para funcionar, exigido por alguna ley. Incluso tal obstrucción de cierta manera resultaba ser paradójica, pues un muy elevado porcentaje de los ministros de ese gobierno (1974-1978), había realizado estudios en escuelas o universidades privadas, e incluso muchos enviaban a sus hijos a centros de educación también privados (podemos imaginar las razones de sus decisiones).  

No obstante, en un momento dado, aquella barrera quedó hecha añicos, cuando el presidente de la República del momento, don Daniel Oduber Quirós, junto con su ministro de Educación, don Fernando Volio Jiménez, quien inicialmente se había opuesto a la fundación de la nueva universidad privada, decidieron dar el permiso requerido para su existencia. Se ha comentado que lo allí esencialmente primó fue la posición del presidente Oduber, quien convenció a su ministro de Educación de la conveniencia de abrir las puertas a una universidad privada en el país.

Históricamente, en todo esto, debe recordarse al papel llevado a cabo por la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE), en cuyas instalaciones se discutió mucho acerca de la necesidad de crear una universidad privada y en donde, también, se analizaron los numerosos documentos que se hacían necesarios para lograrlo. Recuerdo que uno de los argumentos más poderosos para promover su creación, además del eminente derecho ciudadano de ser libre para escoger, era que, en esos momentos -y parece ser algo que aún continúa-, la demanda de estudios en la Universidad de Costa Rica era más que sobrepasada por la oferta de ingreso para esos estudiantes, lo cual creaba un excedente de jóvenes que deseaban estudiar una carrera universitaria y rápidamente se llenaba el exiguo cupo ofrecido. Y el estado no estaba en capacidad de satisfacer esa demanda en exceso.

Por ello, cuando al fin la UACA pudo abrir físicamente sus puertas, allá en el año 1976, su éxito fue inmediato y terminó, parodiando la famosa encíclica, convirtiéndose en Mater et Magistra, pues a partir de ella luego surgieron muchas otras nuevas universidades privadas en el país. La UACA ha sabido defender la libertad de enseñanza en el país y mantiene una alta calidad académica: es, en palabras de su actual rector y uno de quienes le dio vida, don Guillermo Malavassi, un balance entre calidad y libertad. 

Ese esfuerzo porque tengan vigencia nuestros derechos innatos para definir cómo ha de ser nuestra educación, no debe de haber sido en vano, pues siempre persisten los afanes de ciertos sectores dentro del estado, al cual sabemos no le agrada mucho la competencia. Por ello, es frecuente ver que proponen y pretenden más y más regulaciones para la educación universitaria privada. Sin embargo, ante ello hay un hecho impresionante no imaginado a principios de los años setenta por aquellos visionarios: hoy en día, aproximadamente, la mitad de los estudiantes universitarios del país asisten a centros privados, coadyuvando así al progreso de esos individuos y, a la vez, de la prosperidad de la nación.


Jorge Corrales Quesada

martes, 6 de septiembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: explosión gubernamental

Recientemente la Academia de Centro América publicó un informe muy interesante, que demuestra la metástasis gubernamental que cada vez abarca más y más del espacio político propio de las personas.  Dicho informe lo llevaron a cabo dos economistas, los señores Miguel Loría y Josué Martínez, y lleva por título “El Sector Público en Costa Rica: Desafíos Institucionales y Oportunidades de Mejora.”

En él aparecen conclusiones y propuestas muy interesantes, algunas de las cuales fueron reseñadas en un artículo del 13 de junio de La Nación, titulado “Proliferación de instituciones traba control del gasto público: Estudio de Academia de Centroamérica revela que, en 115 años, país creó 293 entidades,” y debo señalar que, en el candelero político de la Asamblea Legislativa, hay propuestas para crear nuevas “instituciones”.

Se pasó de 39 entidades gubernamentales en el año 1900, a 332 en la actualidad, lo que incluye 18 ministerios y 84 órganos adscritos a entidades del estado. Se creó un promedio de más de 2.5 instituciones en cada año. Obviamente, es una enorme proliferación de organismos estatales, que trae aparejada una serie de contrariedades.

El medio resume así los principales problemas derivados de tal explosión burocrática: “Con la proliferación de instituciones, el Poder Ejecutivo quedó con un control limitado del gasto público, se generaron ineficiencias en la utilización de recursos y no se ha logrado avanzar en la solución de problemas tales como la pobreza o la infraestructura, principalmente vial.” Agregaría que también ha significado una gran pérdida en la libertad de las personas, en cuanto a la forma en que se usan los recursos que generan en la economía y que pasan a ser utilizados por el estado, en detrimento del uso privado mejor que las personas podrían hacer con ellos. Pero, dejémoslo así; tranquilo.

La razón de la expansión, para aquellos analistas, la suscribe La Nación, pues “en un principio, las instituciones públicas fueron creadas para atender necesidades específicas en diversas áreas (por ejemplo, asistencia social, educación, vivienda e infraestructura), pero, con el tiempo, se convirtieron en vías de escape para enfrentar las rigideces operativas, legales y financieras del Gobierno Central.” El monstruo que se entorpece a sí mismo.

Dado que en el párrafo previo se indica “Gobierno Central”, es necesario dar una idea de la multiplicidad de organismos públicos que los costarricenses solemos identificar con entidades estatales. Daré ejemplos de cada grupo que formalmente las integran, para que el lector vislumbre la amplia naturaleza de la estructura del estado costarricense.
  1. Gobierno Central: Ejemplos, la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Obras Públicas, el Poder Judicial.
  2. Órganos Descentralizados: Ejemplos, Comisión Nacional de Emergencias, Museo de Arte Costarricense, Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).
  3.  Instituciones Descentralizadas no Empresariales: Ejemplos, Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), Instituto Costarricense del Deporte (ICODER), Universidad de Costa Rica.
  4. Gobiernos Locales: Ejemplos, Municipalidad de San José, Junta de Protección Social de Cartago, Unión Nacional de Gobiernos Locales.
  5. Empresas Públicas no Financieras: Ejemplos, Fuerza y Luz, JAPDEVA, JASEC
  6. Empresas Públicas Financieras: Ejemplos, Banco Nacional, Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), Operadora de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Para cada una de los elementos que hace el Clasificador Institucional del Estado Costarricense, he puesto tan sólo una mínima cantidad de tres ejemplos, pero el hecho es que hay muchas, pero muchas, instituciones de las que cada uno de nosotros apenas conoce su existencia. La abundancia de ellas es lo que ciertamente sobra.
En la actualidad, alrededor de una tercera parte de esos presupuestos los aprueba la Asamblea Legislativa, mientras que a la Contraloría le corresponde por ley aprobar los presupuestos de las restantes entidades del estado.
Por tal razón, el estudio señala que “en ausencia de uniformidad en cuanto a las reglas de aprobación presupuestaria, el control del gasto público y la rendición de cuentas se vuelven muy complicados.” Además, el informe de la Academia de Centroamérica expone otras dificultades derivadas de ese crecimiento de entes estatales, como “ineficiencia en el uso de recursos, permanencia de instituciones inviables, acumulación de recursos en la Caja Única del Estado y rectorías difusas y débiles. Además, superposición de competencias y duplicación de funciones, fragmentación en el empleo público y política salarial y nuevas válvulas de escape para hacer frente a la situación.”
Se cuenta la anécdota de que, siendo Reagan presidente de los Estados Unidos, tenía en su mesa de noche el libro de Hayek, El Camino de la Servidumbre, el cual le servía de inspiración para definir sus políticas.  Se me ocurre pensar que, tal vez, cada uno de los miembros de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, así como de los dos contralores de la República, deberían tener un ejemplar de este trabajo de la Academia de Centro América en sus respectivas mesas de noche. No para que sirva de base a una lamparita, sino para que lo lean y lo relean cada vez que llegan a acostarse (pero, tal vez eso podría hacerlos perder el sueño; optimista que soy). Así tendrían una idea cabal del grado de agrandamiento de nuestro estado, cuya manutención pagamos todos los ciudadanos. Esa explosión gubernamental, como la otra simple y sencilla, nos daña.
Jorge Corrales Quesada

martes, 30 de agosto de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: otro error en contra del erario

Se va haciendo frecuente que en entidades estatales vayan surgiendo “errores” cometidos, que siempre terminan afectando al erario.  Tengo presente, tan sólo recientemente, dos casos: uno en cuanto a pagos de más a empleados del Ministerio de Educación y otro a empleados y funcionarios del Banco Nacional.  Ahora aparece uno nuevo, según lo expone un artículo de La Nación del 23 de junio, el cual lleva por título “AyA forzado a recobrar ₡2.300 millones que pagó a empleados: Auditoría: Por 20 años se calculó mal deducción del salario escolar a funcionarios.”

Lo anterior es sorprendente por tres razones: la primera, que tal situación se dio por 20 años sin que las autoridades de AyA hicieran algo al respecto; la segunda, que tal pago fue trasladado de alguna manera a las tarifas de agua que se cobran a los ciudadanos (¿no pudo la ARESEP constatarlo, al presentársele solicitudes de aumento de las tarifas?) y tercero, que en AyA todavía no se sabe qué hacer al respecto.

Para entender el problema, desde 1994 se creó el llamado salario escolar de los trabajadores del sector público, mediante el cual, en vez de ajustar los salarios por aumentos del costo de vida, como solía hacerse, el gobierno de ese entonces decidió que, aparte de dar un aumento menor por inflación, pagar un bono anual a los trabajadores equivalente a un 8.19% del salario, como compensación por ese menor ajuste. El bono se le entregaría al trabajador en enero de cada año. La provisión de gasto que debería de hacer el patrono -el estado- para pagar dicho salario escolar era de un 8.19% del salario mensual ordinario.  Pero, para formar el fondo que debería de pagarse en enero del año siguiente, no contaba el salario escolar. Sin embargo, AyA no hizo la provisión del 8.19% mensual del salario mensual ordinario, sino que, en enero, cuando se pagaba el salario escolar a los trabajadores, también sobre eso reservó un 8.19%.  Así, la provisión acumulada para el pago se hizo como si fuera por 13 meses, cuando debía de haberse acumulado por sólo 12 meses.

Ello significó que a sus 3.200 empleados, por veinte años, se les pagó de más la suma de ₡2.300 millones. “El error obligó al AyA a cancelar mayores cargas sociales y aguinaldos porque los salarios de enero (usados para la computación del salario escolar) eran mayores de lo debido.  Sólo entre el 2002 y el 2015, la entidad desembolsó ₡600 millones”, a lo cual se le adiciona el monto de ₡1.726 millones que se acumuló de más en el presupuesto de AyA para pagar a los funcionarios.

No fue sino 20 años después de 20 años de hacer tal práctica de pago, cuando el auditor de AyA, señor Alcides Vargas, remitió a la Junta Directiva de AyA los resultados de ella y le pidió que “recuperara los dineros pagados en exceso a los empleados, aunque… reconoce que algunos montos por cargas sociales, aguinaldos y salario escolar son irrecuperables por el tiempo transcurrido.”

Un segundo aspecto derivado de esa práctica incorrecta de cálculo, es que habría afectado las tarifas cobradas por el servicio de agua de AyA a sus 652.000 clientes, pues en tal fijación se toman en cuenta los costos salariales artificiosamente mayores. Como parece ser lo usual con muchas cosas en el estado, los errores, los yerros, el desperdicio y otras cosas, terminan siendo pagadas por los consumidores de los servicios. De hecho, a la fecha de la publicación de aquel comentario periodístico, ante la ARESEP hay una solicitud de aumento de AyA de un 15% por metro cúbico de agua y de un 40% por alcantarillado, para el segundo semestre de este año, así como de un 35% y de 57,5% respectivamente para el 2017. Habrá que ver cuánto de ese aumento de tarifas, considerado como necesario, dadas las utilidades del AyA para realizar inversiones en el sector, serían menores si no estuvieran influidas por las pérdidas que la institución tuvo ocasionadas por su mala administración de los salarios de sus empleados.

Jorge Corrales Quesada


martes, 23 de agosto de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: un impuesto absurdo

Ya el gobierno, insaciable como siempre, nos anuncia un nuevo impuesto: gravar las transacciones por Internet que llevan a cabo los ciudadanos del país.  Esta información la suministra La Nación en su edición del 9 de junio, bajo el titular “Gobierno cobraría IVA a todas las compras en línea: Proyecto de ley de impuesto al valor agregado abre opción para aplicar tributo.”

No es que las importaciones que a la fecha se hacen por medio de Internet estén exentas de impuestos: uno lo paga cuando retira el producto del servicio dedicado a procesar la traída al país, en donde se le cargan aranceles, que es un impuesto en este caso similar al papel que desempeñaría el nuevo gravamen.  La pretensión de Hacienda es la de cobrarnos un mismo impuesto bajo diferente nombre y posiblemente con diferente tasa, pero aplicado sobre el mismo bien y en el mismo acto de importación.

La pretensión gubernamental es usar como medio de control impositivo el uso que se hace de tarjetas de crédito para cancelar la transacción.  Esto no es tan fácil, pues incluso en los Estados Unidos no ha sido posible ponerlo en práctica, no sólo porque allá rompe el principio de libertad de comercio entre diferentes estados -hecho que se muestra en la ausencia de impuestos al comercio interestatal- sino que también las tarjetas de crédito se emiten en diversos estados distintos de aquellos de adónde y hacia dónde se dirige la transacción.

Ello abre el camino para que el ser humano, que intenta seguir disfrutando del beneficio derivado de la libertad de comercio y que le permite adquirir lo que prefiera, a un costo menor y posiblemente mejor calidad, pueda seguir haciéndolo.  Simplemente se utilizará en la transacción una tarjeta de crédito emitida en un tercer país.  Por ejemplo, Nicaragua y Panamá les entregarán tarjetas de esos países a ciudadanos de Costa Rica, para que las usen en pagos internacionales entre Costa Rica y un tercer país.

Me imagino que esta es la razón por la cual el proyecto de gravar con el IVA del 15% que ya pretende imponernos este gobierno, no puede entrar pronto en vigencia (además de que tendría que ser aprobado por la Asamblea Legislativa), pues, en palabras del viceministro de Hacienda, señor Fernando Rodríguez, apenas “trabajan con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), para definir el mejor mecanismo para gravar esas operaciones.”

A mí me llama la atención el papel que puede desempeñar la OECD en estas cosas, casi como la de un gobierno supranacional, coadyuvando a poner impuestos no sólo en un país que todavía no es miembro de la OECD, según entiendo, pero bajo un espíritu que me permito de calificar de imperialismo tributario, cual es imponer gravámenes como si fuera un agente tributario en esta nación. Incluso hay países miembros de la OECD que no tienen tales gravámenes incorporados en sus legislaciones internas, a fin de cobrar el IVA a transacciones por medio de Internet y que usan tarjetas de crédito como medio de pago. Ciertamente que nos dirán que lo que la OECD brinda es asistencia “técnica” y que la decisión final la tomara el país correspondiente.  Pues, ¡no me ayudes, compadrito de la OECD, a cargarnos de nuevos y mayores impuestos!

Apenas el ser humano tiene un respiro frente al Leviatán, en este caso gracias a ese maravilloso avance tecnológico que es la Internet, el estado mete sus muy visibles manos, para extraernos parte de los beneficios que esa tecnología nos permite. Es la aplicación de la primera parte de la famosa frase de Reagan: “Si se mueve, ponle un impuesto; si se sigue moviendo, regúlalo; si deja de moverse, subsídialo.” Cuando la persona realiza transacciones por Internet, entonces, el estado, al ver que se mueve, corre a grabarlas con impuestos.  Luego, ante la incapacidad de detenerlo, si se sigue moviendo, introducirá la regulación, que en este caso podría ser la de asumir el control de la privacidad de Internet. Y tal vez, una vez muerto, y al darse cuenta de que ya no le produce ingresos al fisco, habrá algún genio de turno en el gobierno a quien se le ocurrirá subsidiarlo, a fin de revivirlo y poder así seguir ordeñando la vaca tributaria.  Claro, hasta esta última circunstancia la pagaríamos todos los ciudadanos contribuyentes: en conclusión siempre pagamos al todopoderoso estado, hasta el día en que la cosa se extinga, que desaparezca de la tierra, como le sucedió al pobre tiranosaurio o al triceratops o al pliosaurio, a quienes afortunadamente el ser humano, a través del estado, nunca pudo lograrlo por la vía de los impuestos.

Jorge Corrales Quesada

martes, 16 de agosto de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: la libertad no es gratuita; tiene un costo

Empezaré mi comentario con algo que parecerá obvio: los humanos nos vemos obligados a escoger. La razón surge de la escasez natural de las cosas, de las ideas, de las posibilidades, que una persona encara cuando busca satisfacer sus diversos deseos o necesidades. Si la escasez no existiera, no habría necesidad de escoger entre alternativas, pues, en términos sencillos, habría de todo y sin costo alguno.  La realidad es que los recursos con que se producen las distintas cosas son escasos y ello se traduce en que la producción sea por definición limitada. Exige que tengamos que escoger cuáles de esas de esas necesidades o deseos preferimos satisfacer.  No podemos tener de todo. Siempre habrá que escoger, que optar entre alternativas.

Nos pasamos la vida escogiendo entre opciones.  Dada la limitación de recursos -todos tenemos un presupuesto limitado, no infinito, para gastar- usamos nuestro dinero en aquello que nos satisfaga relativamente más, tanto material como espiritualmente. Si gasto en un libro, no podré gastar esa misma plata en comprarme un lápiz y así con todas las cosas.  En nuestra vida personal debemos elegir cuál es la mejor manera en que podemos usar nuestras habilidades y nuestros esfuerzos. Lo mismo sucede en las empresas, que han de elegir cuál es la mejor forma en que pueden usar el trabajo y la maquinaria para producir. La escogencia es omnipresente.

Al elegir algo, sacrificamos optar por otra alternativa.  Cuando compro aquel libro, estaré sacrificando, o sea, perdiendo el beneficio o satisfacción que me brindaría la alternativa, como, por ejemplo, la de comprar aquel lápiz. Así sucede con todas las cosas en una economía.

Siempre prefiero tener la posibilidad de escoger en comparación con no tenerla.  Imagínese lo que es que usted no pueda -teniendo el dinero para así utilizarlo- comprar algo que desea adquirir.  Pero, también, deseo ser libre de escoger lo que prefiero: que sea yo quien defina lo que deseo adquirir.  Esto no significa que alguien no me puede sugerir o aconsejar acerca de la conveniencia de adquirir algo. Se trata de que dicha adquisición sea hecha por mi voluntad propia, sin que se me obligue a hacerlo. Alguno me dirá: ¿Y si está con una enfermedad terminal y tan sólo hay una medicina que puede adquirir, dejaría de ser libre de escoger, aunque tenga los recursos para comprarla?  Pueden existir restricciones tecnológicas, si bien casi siempre hay sustitutos, pero aun así tengo libertad de abstenerme de compararla.  El punto es que nadie debe imponer su voluntad por encima de la mía para que adquiera algo. Nadie mejor que yo puede saber cuáles cosas prefiero o deseo; unas más que otras. Y ¿qué en el caso de una adicción? Se me ocurre pensar que, en algún momento, esa persona escogió, tomó una decisión, en vez de elegir otra cosa. No hay duda que tener la información adecuada en el momento en que se toma una decisión, puede ser apropiado, aunque obtenerla en muchos casos puede significar incluso un costo alto.

El tema es apasionante y especialmente útil en circunstancias reales como cuando se nos quiere impedir o limitar nuestras posibilidades de escoger libremente. Tengo en mente el tema cuando en una economía surgen prácticas que, de hecho, me impiden escoger.  Tal es el caso de un monopolio, en donde existe un sólo oferente de un bien o servicio que deseo adquirir. Si lo quiero consumir, no tengo otra alternativa que adquirir el que se me ofrece en el mercado.  Por supuesto, que es posible adquirir un bien alternativo en algún otro mercado. Por ejemplo, viajando al exterior y trayéndolo al país, pero es obvio que eso acarrearía enormes costos, no sólo por gastos de viaje, sino posiblemente a causa de elevados impuestos y barreras arancelarias que, de hecho, suelen ser la razón que me impiden adquirirlo en el mercado doméstico, obligándoseme a consumir sólo lo que el monopolista local me ofrece. 

Los monopolios domésticos no pueden del todo impedir que la gente escoja, pero ciertamente no serán muchos los que pueden darse el gusto de pagar tan elevados costos para adquirir aquel producto en un mercado internacional, pues con todas esas restricciones posiblemente me resulta más caro que si se le compra al monopolio nacional. Pero ciertamente estaría en mejor situación si pudiera adquirirlo más barato (y posiblemente de mejor calidad) en el mercado doméstico, en donde existiera competencia, tanto de otros productores domésticos como del exterior. Por eso los monopolios domésticos se suelen oponer al libre comercio internacional: para obligarme a pagar más caro por el artículo producido domésticamente.

Creo que el ciudadano se ha dado cuenta gradual -y ello me ha motivado a escribir este comentario- de que ciertas actividades que le son ofrecidas en condiciones monopólicas o en arreglos de naturaleza similar (como los carteles y oligopolios), no son su mejor opción, pues desea tener alternativas que le brinden la posibilidad de escoger a precios y características preferidas que les sean más baratas o de mejor calidad. Creo que esa es la razón por la cual la ciudadanía considera deseable tener un mayor número de oferentes de combustibles en el país, en contraste con la obligación hoy impuesta de adquirir obligatoriamente los combustibles de RECOPE. Asimismo, el deseo de los consumidores de tener opciones ante el servicio monopólico de un gremio de taxistas, se ha reflejado en el enorme éxito de un competidor nuevo en el mercado, como es el llamado Über, al igual que sucedería con cualquier otro que pueda entrar a competir en el mercado con un sistema similar.

Hay una realidad en la economía y es que monopolios como esos existen porque el estado nos los impone a los consumidores. Igual lo pretendió en el pasado con la telefonía, la educación universitaria y la banca comercial, para dar algunos ejemplos.  Los usuarios y consumidores hemos logrado que en el mercado no estemos prisioneros de un cartel o de un monopolio protegido por el estado, sino que se abrieran las puertas para nuevas alternativas preferidas por los consumidores. Para quienes no les gustaron las nuevas opciones, siempre está la posibilidad de consumir tales bienes o servicios de los antiguos proveedores monopólicos, hoy sujetos a competencia.  Hoy nadie se ve obligado a adquirir la telefonía Kolby, del ICE estatal. Si adquiere ese servicio, es porque así lo prefiere. Similarmente, hoy a nadie se le obliga a usar los servicios del Banco de Costa Rica o del Banco Nacional si así lo prefiere. Actualmente uno no está obligado a acudir a estudiar en la Universidad de Costa Rica -monopolio que hasta hace poco más de 40 años nos era obligatorio, si queríamos estudiar en el país. Hoy lo hará libremente si lo prefiere y logra ser admitido.

Es necesario tomar en cuenta lo siguiente: desde que hay competencia en el país, creo que ha mejorado el servicio del antiguo cartel de bancos estatales, así como los previamente monopolizados de telefonía por parte del ICE. No comento por falta de información acerca de la calidad de la Universidad de Costa Rica, pues considero que mantiene la de antes, aun enfrentando competencia.

Pero bien sabemos del enorme crecimiento de transferencias de recursos (subsidios) de parte del estado -que en realidad son recursos de los ciudadanos utilizados así por el estado- para poder decir que es lo que puede haber permitido la permanencia de su calidad. Eso que cada cual lo valore como le parezca. Eso sí, la competencia en todas estas áreas ha aumentado la satisfacción de los consumidores, quienes ahora pueden escoger entre diversas opciones y, si no le gustan las nuevas, pueden quedarse con la vieja. Esa entrada de competencia, rompiendo monopolios, ha logrado que en mucho se reduzcan los costos previos y se mejoren los productos o servicios que ahora puede adquirir.

La lucha en contra del monopolio, que restringe nuestra libertad para escoger, nunca es fácil: la competencia no es gratuita. A ello es a lo que principalmente deseo referirme. Esa batalla es dura, porque, para empezar, el monopolio es, por definición, la existencia de un solo suplidor. Tal como con los casos de sus parientes institucionales restrictivos de nuestras posibilidades de escoger libremente, el oligopolio -unos pocos oferentes- o el cartel, organizado este último gracias al claro apoyo del estado, significan que siempre uno o pocos oferentes se quedarán con las enormes ganancias derivadas de la menor producción dedicada a satisfacer los deseos y necesidades de los consumidores. Así aumentan el costo en el mercado; el sobreprecio de más que paga cada consumidor, que individualmente puede ser alto para cada uno, siempre será inferior al monto total que quedará en manos del oferente único o de los pocos. 

La tajada cobrada de más por el monopolio o similares, en pedacitos de mayor o menor tamaño a cada consumidor individualmente, siempre será una minúscula parte del total, que queda en manos del monopolio o de entes monopolísticos similares. Esto se ha documentado claramente en el caso del arroz en el país, en donde el enorme total que va a dar a unos cinco productores protegidos, constituye una inmensidad, en comparación con el poco más –aunque ese poco es importante en el gasto personal o familiar- que paga cada consumidor cuando adquiere un kilo de ese producto. Piensen también en el caso del azúcar nacional o de los lácteos.

Tan enorme ganancia hace que los privilegiados dediquen recursos a proteger su feudo, que ofrezcan apoyo político al gobierno que les protege de la competencia, sin mencionar otras cosas, pues lo que tiene que invertir el protegido en su “búsqueda de rentas”, usualmente no es mucho en comparación con el pedazote total que logran extraer con el sobreprecio a los consumidores.  Creo que vamos entendiendo parte de las razones por las que Costa Rica es tan cara para sus consumidores.

De un libro de Milton y Rose Friedman, Tyranny of the Status Quo (La Tiranía del Estado de las Cosas), escrito en 1983, extraigo la conclusión para esta parte de mi comentario: “Cualquier medida que afecte significativamente a un grupo concentrado -ya sea para favorecerlo o desfavorecerlo- tiende a tener efectos sustanciales, ocurren rápidamente y son altamente visibles sobre miembros individuales de esos grupos. Los efectos de esas mismas medidas sobre los miembros individuales de un grupo difuso -de nuevo para favorecerlo o desfavorecerlo- tienden a ser triviales [de poca monta], ocurren más lentamente y son menos visibles. Una reacción rápida y concentrada es la fuente más importante de la fuerza de los grupos de interés especiales en una democracia.” (P. 6). De esta manera podemos entender por qué cuesta tanto lograr ciertos cambios en nuestra economía.

Esa es la realidad: los consumidores estamos sujetos a la tiranía del status quo, tal como lo enfrentamos en estos momentos en que luchamos por tener mayores opciones entre las cuales escoger. Conscientes de esa realidad es que debemos fortalecer nuestros esfuerzos cívicos en favor de tener una mayor libertad para escoger. La libertad no es algo gratis; obtenerla significa un costo que incluso a veces es muy elevado.  No fue ni fácil ni barato poder alejarse de la tiranía de los faraones egipcios;  tampoco lo fue el levantamiento de los barones ingleses en contra del tirano rey Juan Sin Tierra, hasta que lograron aprobar sus derechos mediante la firma de la Carta Magna. Y aún más difícil y onerosa lo fue la lucha contra el nazismo y el comunismo en el siglo XX.  La libertad nunca nos ha caído del cielo, sino que ha sido lograda por el esfuerzo de personas deseosas de ejercer su autodeterminación. Que puedan escoger libremente de acuerdo con sus preferencias individuales, que sus elecciones no sean impuestas por un estado o por un grupo de privilegiados protegidos por ese mismo estado, sino que sean el resultado de su propia conciencia y voluntad.
 

Jorge Corrales Quesada
  

martes, 9 de agosto de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: comparando dietas bancarias

Tal vez resulta difícil hacer una comparación clara de las dietas pagadas en distintos entes bancarios. Esto por las siguientes razones, entre otras: cada entidad principal (banco o similar) tiene un número diferente de subsidiarias en donde se pagan dietas; asimismo, los bancos tienen distintos máximos mensuales de sesiones en las que se pagan dietas; también porque algunos de esos entes pagan dietas en función de los sueldos de otras entidades; asimismo, porque tienen operaciones diferentes y ello puede impactar en la calidad de los directivos que se deben pagar.

El informe de La Nación del 20 de mayo, titulado “Popular paga hasta el triple en dietas que otros bancos: Análisis de retribuciones a directivos en banca pública,” brinda luces acerca de un tema del cual la ciudadanía conoce relativamente poco.

Empiezo señalando la ejecución de presupuestos del 2015 en el rubro de dietas de las juntas directivas de algunos entes, indicando el número de subsidiarias en las que se pagan dietas:

BANCO POPULAR: Presupuesto ejecutado en dietas ₡470.164.680, con 4 subsidiarias.
BANCO DE COSTA RICA: Presupuesto ejecutado en dietas ₡242.998.122, con 4 subsidiarias.
BANCRÉDITO: Presupuesto ejecutado en dietas ₡188.468.301, con 3 subsidiarias.
BANCO NACIONAL: Presupuesto ejecutado en dietas ₡143.600.000, con 4 subsidiarias.
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA: Presupuesto ejecutado en dietas ₡98.398.320, sin subsidiarias.
OPERADORA DE PENSIONES DE LA CAJA: Presupuesto ejecutado en dietas ₡76.485.849, sin subsidiarias.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS: Presupuesto ejecutado en dietas ₡52.470.000, con 5 subsidiarias.
BANCO CENTRAL: Presupuesto ejecutado en dietas ₡20.898.640, sin subsidiarias.
Una forma que podría indicar si hay “mano suelta” en cuanto a dietas es el número máximo de sesiones que pueden realizarse mensualmente; esto es, si se excede a tal número de sesiones no serían pagadas (no sé en qué grado puede suceder eso):
MÁXIMO DE 2 SESIONES MENSUALES: Las subsidiarias del Banco Popular, del Bancrédito, del Banco de Costa Rica y del Banco Nacional.
MÁXIMO DE 4 SESIONES MENSUALES: La Operadora de Pensiones de la Caja.
MÁXIMO DE 5 SESIONES MENSUALES: Las Juntas Directivas del Banco Central, del Banco de Costa Rica y del Banco Nacional.
MÁXIMO DE 8 SESIONES MENSUALES: Las Juntas Directivas del Instituto Nacional de Seguros, la del Bancrédito y la del Banco Hipotecario de la Vivienda.
MÁXIMO DE 12 SESIONES MENSUALES: La Junta Directiva del Banco Popular.
Un cálculo de la moda (medición estadística que indica el valor que tiene la mayor frecuencia absoluta) de las dietas que cada miembro de una junta directiva recibe por reunión, asciende a ₡202.960, calculado para 3 de cada 4 miembros que asistan.
Algo interesante: tanto los bancos comerciales (el Costa Rica, como el Nacional, el Popular, el Bancrédito), así como el Banco Central, a diferencia de los otros entes que forman parte del análisis del medio, para definir sus dietas utilizan como base un 10% del sueldo del Contralor General de la República.  Si aumenta este último, aumentan proporcionalmente todas esas dietas. (¡Imagínense el deseo de que se le aumente el sueldo al Contralor!)
Cada directivo de esas entidades podrá ver sus ingresos aumentados en función de las reuniones de junta que realice la entidad correspondiente, que pueden llegar a 5 en el caso de los bancos, a 8 en el caso del Instituto Nacional de Seguros, Bancrédito y el Banco Hipotecario de la Vivienda y a 12 en el Popular.  Caso contrario sucede con las subsidiarias de los bancos, en donde como máximo las sesiones pagadas son 2 al mes. Esto podría servir como un indicador de que hay “manga ancha” en ciertos casos.
En el Banco Popular, dentro de esas 12 reuniones posibles se incluyen “las sesiones de la Junta y la participación en alguna de las nueve comisiones que existen en la agrupación.” Por tal razón, “la Junta Directiva acumuló un total de 276 reuniones en el 2015,” casi que una diaria en todos los días hábiles del año y quitando las vacaciones. 
El pago de dietas en las comisiones del Banco Popular permite que los miembros de su junta directiva puedan cobrar montos anuales, en promedio, de ₡29.086.960, que resulta de dividir el presupuesto total para dietas de ₡470.164.680 entre los 7 miembros que integran su junta directiva.
Las dietas promedio anuales per cápita fueron: Banco Popular, ₡29.088.960; Bancrédito, ₡18.548.686; Banco de Costa Rica, ₡18.040.845, BANHVI, ₡14.056.902 y Banco Nacional, ₡13.485.714
Me surgen varias preguntas a partir de esta información. Menciono algunas: (1) ¿por qué hay bancos que realizan casi las mismas funciones, como el Costa Rica, el Nacional o el Bancrédito, pero pagan dietas tan diferentes?, (2) ¿Es apropiado que entidades que sí pueden requerir una junta directiva altamente calificada, como el Banco Central, reciban dietas mucho menores que las de, por ejemplo, el Banco Popular, en donde su junta directiva no está integrada con base en calificaciones profesionales, sino por la membresía en agrupaciones sociales específicas?, (3) ¿por qué las dietas de los bancos están en función del sueldo del Contralor de la República y otras no?, (4) ¿por qué las dietas no se pagan en función de la complejidad de la labor esperada de un miembro de su junta directiva?, (5) ¿por qué tanta diferencia en el número de sesiones que pueden realizar los diferentes entes cuando en apariencia hacen tareas similares?, y ¿por qué eso de pagar dietas por asistencia a comisiones, cuando debería de serlo por sesiones de la junta directiva?
Todo esto da mucho que pensar…
Jorge Corrales Quesada

lunes, 1 de agosto de 2016

Tema Polémico: Derecho de los animales

En días pasado fue aprobado en primer debate el proyecto de ley contra el maltrato animal. No nos interesa aquí abordar las particularidades de dicha normativa, sino utilizar la coyuntura para reflexionar sobre un tema más abstracto y general: los derechos de los animales.

Lo primero que debemos destacar es el gran salto cualitativo de conciencia que ha alcanzado el ser humano. Si nos ponemos a pensar que en la Biblia -el texto antiguo de enseñanzas morales por excelencia- existen pasajes terribles contra los homosexuales o las mujeres, no cabe duda alguna que debemos felicitarnos a nosotros mismos toda vez que hemos superado los parámetros de un libro que supuestamente es fruto de la inspiración divina.

Resultan innumerables los casos y ejemplos de grupos que por distintas razones en el pasado fueron discriminados y señalados, y hoy en día son aceptados e incluídos, lo que definitivamente debe de ser motivo de regocijo. Con ello no queremos afirmar que ya no hay cosas que se deben mejorar, porque claro que las hay, y tampoco queremos dar la impresión de que este proceso resulta lineal e irreversible, todo lo contrario: ha sido un proceso de brincos y saltos que ha costado mucho y de muy diversas formas.

Hoy en día, la muestra incontestable de la superación moral humana es el tema de los derechos de los animales, es decir, ya no solo nos preocupa el otro de nuestra misma especie, sino que el grado de conciencia ha logrado extenderse hacia otros seres vivos, que merecen respeto y dignidad. Una vez más insistimos que no es un tema acabado ni sencillo, todavía se trata de un debate abierto, pero que al menos parece ir por buen camino.


El crecimiento “espiritual” no es algo que caiga desde el cielo, sino que es solo posible a partir de la reflexión constante y práctica disciplinada, no renunciemos a esa aspiración porque retroceder no puede ser una opción.

martes, 26 de julio de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: la nueva convención de RECOPE

En el marco de una revelación constante y profunda de una serie de privilegios que se cobijan bajo el manto de una convención colectiva, que hacen del gremio laboral de RECOPE uno de los más beneficiados con todo tipo de gollerías, de cosas que ni siquiera están disponibles -comparativamente- para otros sindicatos de diversas dependencias del estado en donde hay convenciones colectivas, creí que la convención de RECOPE iba a ser objeto de una profunda revisión de parte de su patrono, el estado costarricense.  Ilusionó pensar que negociaría la eliminación de una serie de privilegios y abusos de dicha convención, pues creí que estaríamos bien y firmemente representados en nuestros intereses, pues en última instancia somos nosotros quienes pagamos las cuentas de la convención. 

Bueno, ya se hizo conocer en qué terminó la nueva convención colectiva de RECOPE que regiría para el período 2016-2019. Fue anunciada con bombos y platillos, principalmente por los representantes del estado, así como por los administradores actuales de RECOPE. Por tanto, requiere que se analice cómo quedan los privilegios existentes, a ver si se logró cumplir con éxito la tarea que los ciudadanos aspiramos que se lograra: una eliminación de ellos.

Esto es crucial, en especial cuando la Sala Constitucional le ha dado manga ancha a RECOPE para tener todo tipo de privilegios, según un fallo suyo reciente, de manera que se obliga a la ARESEP –organismo que define los precios de los combustibles que nos vende obligadamente el monopolio- a simplemente cargarlos a esos precios: formal y oficialmente seremos los ciudadanos los que pagaremos esos privilegios y por tal razón es bueno saber cuáles son ahora las prebendas vigentes.

La Nación del 12 de julio en un escrito titulado “Rige modesto recorte en convención de RECOPE”, señala que el ahorro de la nueva convención en el primer año, será de tan sólo un 6% del costo de la convención que se tenía para el 2015. A todas luces, la rebaja es casi cualquier cosa: ciertamente muy alejada de la aspiración ciudadana de poner orden en la sarta de privilegios que otorgaba la convención laboral de RECOPE.

Empecemos por señalar cuáles fueron los ahorros con la nueva convención:

1.-Ya no se pagará por la fiesta navideña de los empleados, que ascendía a ₡6.2 millones.
 
2.- El aporte de RECOPE al Fondo de Ahorro y Préstamo de los trabajadores se reduce de un 10% a un 8%., que significaría una reducción de ₡717 millones. El subsidio que RECOPE le da a dicho Fondo para asuntos administrativos (un 10% anual), se reducirá gradualmente hasta eliminarlo del todo.
 
3.- El aporte patronal para la compra de útiles escolares, que en el 2015 fue de ₡5,6 millones, será ahora de ₡3 millones; o sea hay un ahorro de ₡2.6 millones.
 
4.- Se elimina la póliza de protección sobre aportes de trabajadores a su Fondo de Ahorro (no hay datos del monto que se ahorraría por esta partida).
 
5.- El número de días que se autorizaba para capacitación sindical internacional se redujo en un 65% (no se dispone de información de cuántos días era antes y de cuánto se gastó en el 2015 en dicha partida).
 
6.- Se redujo a la mitad el número de días con licencia para capacitaciones y congresos cooperativos, así como para congresos nacionales (no se presenta información de cuántos días era antes y de cuánto se gasté en el 2015 en esas partidas).
 
7.- El aporte de la institución para cursos sindicales se redujo en un 35% (no se brinda información de cuánto se gastó en el 2015 en dicha partida).
 
8.- Se redujo el aporte de RECOPE para que sus empleados participen en cursos de cooperativas en un 65% (no se tiene de información de cuánto se gastó en el 2015 en dicho rubro).
 
9.- Se elimina la licencia de dos días para los trabajadores por el matrimonio de hijos (no hay información de cuánto se gastó por ello en el 2015).
 
10.- Se elimina la licencia de 5 días cuando el trabajador cambia de vivienda (no se presentan datos de cuánto se gastó por ello en el 2015).
 
11.- Se elimina el aporte de RECOPE de ₡39.000 cuando el trabajador se casa (tampoco hay información de cuánto se gastó por esa partida en el 2015).
 
12.- Se elimina el aporte de RECOPE de ₡28.000 por el nacimiento de un hijo del trabajador (no hay información de cuánto se gastó por tal razón en el 2015).
 
De acuerdo con las autoridades de RECOPE, la renegociación de la convención colectiva significará un ahorro de ₡5.048 millones en tres años, desglosados de la siguiente manera: ₡1.362 millones en el primer año de vigencia de la nueva convención; ₡1.571 millones en el segundo año de vigencia de la nueva convención y de ₡2.115 millones en el tercero y último año de vigencia de la nueva convención.
 
La “gran reducción” de privilegios de RECOPE en el primer año de la nueva convención colectiva asciende a un “enorme” 6% del total gastado como resultado de la convención colectiva en el 2015, que ascendió a ₡22.720 millones.
 
Pero, aquí no termina la cosa: también viene una nueva “conquista social”; un nuevo “derecho adquirido” para la convención colectiva que regirá en el período 2016-2019. Se establece “un aumento salarial de entre 3% y 5% para los trabajadores no profesionales de RECOPE”, que conforman el 74% de la planilla de 1.740 empleados. RECOPE estima que dicho aumento significará tan sólo ₡250 millones más para cada año, pero no hay suficiente información del efecto de ese aumento en los salarios sobre el total de remuneraciones, que incluyen las cargas sociales ligadas, entre otros privilegios, a los salarios de los empleados.
 
Si le sirve de consuelo, lean lo que al respecto comentó Carlos Alvarado, ministro de Trabajo y Seguridad Social: “Revertir una tendencia de tantos años en sólo dos no es sencillo.” Claro que no es sencillo, especialmente cuando se vive en la tiranía del estatus quo. Lo “sencillo” de todo esto es que el enorme privilegio restante para los próximos tres años (casi un 95% del costo de la convención colectiva del 2015) simplemente será trasladado a los consumidores.  Estos se quejan, es cierto, pero poco más hacen para que se frene el abuso.  Así que, a seguir aguantando el fabuloso costo de la convención colectiva de RECOPE…
 
Jorge Corrales Quesada