martes, 15 de agosto de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: el falso y el verdadero problema

He observado cómo dirigentes políticos de diversos partidos, algunos economistas y personas en general, hacen diferentes propuestas para resolver el serio problema del déficit gubernamental, pero considero que hay un error conceptual al puntualizar al déficit como el problema, lo cual intentaré explicar de seguido.
En una ocasión Milton Friedman dijo lo siguiente en una conferencia en www.freetochoose.tv, titulada “Is Tax Reform Possible?”: 

“El verdadero problema es lo que el gobierno gasta, no lo que toma en forma de impuestos. El problema real no es el déficit. El problema real no es la deuda del gobierno. El problema real es el gasto del gobierno.

Yo prefería más tener un presupuestó gubernamental de $200 mil millones con un déficit de $100 mil millones, que un presupuesto de gastos de $400 mil millones y sin déficit.  Ello porque el presupuesto de gastos del gobierno de $400 mil millones simplemente es el doble de lo que se quita de la disposición del ciudadano y que se gasta en su nombre por el gobierno.  Ese es el verdadero problema.”

Sus palabras son tan claras y directas que no requieren de mayor explicación; no obstante, vale la pena hurgar un poco más en el señalamiento, pues dicha situación es igualmente la que observo en la actualidad en nuestro país.

Tal vez lo que justifica aquella impresión es que uno, en su casa, si se da cuenta de que se gasta más de lo que se recibe; o sea, que hay un déficit, hará todo lo posible para, por una parte, reducir los gastos y, por la otra, ver como aumentan los ingresos al hogar. Es muy diferente en lo que tiene que ver con el estado, pues la forma en que, por una parte, obtiene sus ingresos, es quitándoselos, por medio de impuestos, a los ciudadanos y, por la otra, porque cuando el estado gasta -demanda- logra para sí bienes y servicios que ya no estarán disponibles para la ciudadanía. En ambos casos se afecta a las personas, a usted y a mí, a las familias.

Si aumentan los impuestos, se afectan las posibilidades de crecimiento de las empresas y las personas, quienes ahora tendrán menos recursos para satisfacer sus necesidades, incluso su ahorro, lo que reduce la inversión. Al bajar la inversión, la economía crece menos y, entre otras cosas, las empresas disminuyen su demanda de mano de obra, fomentando que el desempleo aumente (así como estimulando que las empresas se vayan a la economía subterránea, a la que acuden, entre otras razones, porque no pagan los altos impuestos que sí deben cubrir en la economía formal).

También es posible que esos impuestos se trasladen de alguna manera a los consumidores, a través de precios más elevados o con un deterioro de la calidad de los productos. Además, al disminuir la actividad económica, se reduce la base sobre la cual se cobran los impuestos, con lo que lo que recauda el fisco se ve, comparativamente, disminuido.

En resumen, son efectos claramente indeseables si se quiere que una economía crezca (pienso en alrededor de un 6% anual, en vez de un raquítico 3.5% o 3.8%) y que permite que se dé una generación de riqueza de la ciudadanía, incluyendo a los grupos menos favorecidos. 

El verdadero problema no lo constituyen, como bien apunta Friedman, esas recaudaciones de impuestos, sino lo que gasta. Dice Friedman:

“Si el gobierno gasta $60 mil millones más que lo que toma en forma de impuestos... ¿quienes creen ustedes que son los que pagan por los $60 mil millones extras?... ¡Usted pagará la cuenta! Debido a que eso tiene que ser pagado, pero, en vez de serlo directamente en forma de impuestos a los ingresos o a las ventas o a las planillas, será pagado indirectamente en la forma de una inflación...”

O acudiendo a endeudarse, agrego yo, para financiar muy posiblemente una serie de gastos inútiles, cuando se tiene un gobierno sin limitaciones para efectuarlo, deuda que podrá seguir colocándola hasta el momento en que los inversionistas dejen de confiar en que la economía crecerá lo suficiente, como para que pueda repagar obligaciones e intereses. El problema es que ese gasto gubernamental, al usar los recursos privados que extrae mediante impuestos, no se dirige ya a actividades productivas generadores de riqueza, con lo cual el progreso es menor y, por tanto, la recaudación impositiva se reduce.

Al tenerse presente que los políticos piensan pagar los préstamos que ha adquirido el estado para financiar su gasto por medio de impuestos, volvemos al hecho de que esos impuestos retiran recursos privados, que se podían haber dedicado a actividades productivas. Así, lo irrelevante no es cómo se financia el déficit, sino que el problema es el gasto gubernamental, cuyos efectos negativos se sentirán más tarde o más temprano, al afectarse el crecimiento de la economía que trae la inversión y la iniciativa privada disminuida.  

El error al enfatizar que el problema es el déficit y no el elevado gasto del gobierno, conduce a propuestas de aumentar los impuestos o aumentar el endeudamiento o, si bien a menudo no se expresa con toda la claridad, a que una parte del estado, como lo es el Banco Central, emita dinero, provocando la inflación. Esa inflación también se usa como medio para disminuir el monto nominal adeudado en la moneda que se devalúa.  Con cualquiera de esas propuestas para reducir el déficit, y dejando de lado el tema del gasto gubernamental, surgen efectos nocivos sobre los fondos que se dedicarían a la inversión en la economía, afectando el crecimiento futuro y con ello disminuyendo las posibilidades de progreso y crecimiento. Por ello, el problema no es el déficit como tal, sino el gasto del gobierno, que sustrae recursos de la economía que no se podrán dedicar a actividades productivas.


Jorge Corrales Quesada

martes, 8 de agosto de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: las consecuencias no anticipadas o imprevistas

Con frecuencia economistas y especialistas en otras ciencias sociales (modernamente, por primera vez el concepto lo desarrolló un famoso sociólogo estadounidense, Robert K. Merton, en un artículo en 1936) nos referimos a la ley de las consecuencias no previstas o no anticipadas o no intencionadas, al hecho de que las acciones de las personas, así como frecuentemente del gobierno, tienen resultados que no se esperaba que sucedieran. Esta creencia -la de que sus acciones no tienen resultados inesperados o imprevistos- es frecuente hallarla no sólo entre políticos, sino en las personas en general; en especial en cuanto a legislación o regulación de los mercados.

Para tener una idea de esta ley de las consecuencias no previstas, uso un ejemplo frecuentemente observado en la historia económica: el control de los precios. Hacia el año 2.800 antes de Cristo, el faraón Henku del Egipto intentó controlar la producción de precios de los granos y, cuarenta siglos después, en Venezuela, el gobierno actual pretende regular y controlar los más diversos precios.

Todos estos intentos poseen como meta algo supuestamente “deseable,” como es ayudar a los consumidores de menos recursos, pero tienen en común que los resultados derivados  suelen ser muy diferentes a los pretendidos al imponer esa política.  Pero, dan lugar a la escasez, a mercados negros, al descenso en los abastecimientos, a una baja en la producción y a un declive de la economía, en función de la intensidad y extensión aplicada de esas medidas pretendidamente buenas.

Debemos ser francos. No son sólo los políticos, sino muchas personas que piden, aplauden y estimulan este tipo de medidas, creyendo que el resultado logra beneficiar a los consumidores, especialmente de menos recursos, así como ciertos casos de productores usualmente denominados “pequeños.” Los propósitos puede ser buenos, pero los resultados son evidentemente malos, no deseados, no buscados, a menudo impulsados por especialistas que no señalan más allá de lo que se ve y no toman en cuenta lo que no se ve, como diría el economista francés Bastiat.
 
Con esto mente, me refiero a una medida hace poco tomada en el país, cual es la llamada “reforma procesal laboral.” Un excelente comentario de un destacado abogado laboral, don Marco Durante, publicado en La Nación del 25 de julio (se obtiene en http://www.nacion.com/opinion/foros/nueva-legislacion-partir-hoy_0_1648035191.html,) expone un resultado no anticipado, de dicha legislación, al escribir que, al exigirlo esa ley, el sector patronal debe “diagnosticar todas sus prácticas laborales, revisar (formas de contratación de personal, salarios y beneficios, jornadas, reportes a la seguridad social entre otros) y tratar de formalizar y documentar los contratos vigentes.” Agrega que “La falta de reglas claras tales como contratos escritos, políticas y procesos internos, procedimientos disciplinarios, boletas de salarios, pagos de vacaciones, aguinaldo y otros derechos laborales podrán convertirse en un verdadero dolor de cabeza.” Y concluye una parte de su comentario con algo crucial: “...vale la reflexión de que en nuestro país el 87% de la mano de obra nacional es contratada por la empresa privada y que del parque empresarial costarricense aproximadamente un 90% son pymes (micros, pequeñas y medianas empresas).”
 
No dudo que todas estas regulaciones se traducirán en un aumento sustancial en los costos de diversas empresas -costos que tendrán mayor peso relativo entre más pequeña sea la firma- lo que significa que, por una parte, se encarezcan los costos asociados con la contratación de mano de obra, lo que incide en una disminución de su demanda y, por otra, la sustitución de ésta por otro factor de producción, como la maquinaria y equipo que ahorran mano de obra. Es conocido el agobiante desempleo abierto en nuestra economía, que en los últimos tiempos ha oscilado en, más o menos, un 9% de la mano de la mano de obra.
 
Además de un efecto imprevisto e indeseable sobre la demanda de mano de obra por la regulación impuesta por la ley de “reforma procesal laboral”, debe notarse otro impacto derivado del comentario antes mencionado del licenciado Durante, en lo referente a las llamadas pymes -micro, pequeñas y medianas empresas- y particularmente en las empresas existentes en nuestra economía subterránea.
 
Hay estadísticas del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), de que el desempleo informal en el lapso 2010-2015 tuvo su nivel más alto en el primer trimestre del 2015, al llegar a un 45.3 por ciento de los trabajadores. Si bien dicho porcentaje ha disminuido en algún grado al llegar un año después a un 41.4%, no deja de ser alto.
 
La razón bien conocida del empleo informal es el alto costo de la economía formal, al considerarse elementos como altos impuestos, llevar libros contables, tener salarios mínimos y beneficios o cargas sociales posiblemente altos, pagos de permisos para instalaciones y para empezar a operar, costos de patentes y factores similares, a lo cual ahora se adiciona todo lo que bien indica el licenciado Durante en su comentario, que significan costos mucho mayores para las empresas de la economía subterránea, solo para llevar a cabo sus gestiones diarias.
 
Antes de que alguien salte diciendo que lo que hay que hacer es cerrar esas empresas “explotadoras” en la economía subterránea, tal vez pueda conmover su impertinencia el hecho de que así cuatro de cada diez trabajadores, tiene algún grado de ingresos para sus personas y sus familias, pues la alternativa sería la plena y abierta desocupación.
 
La consecuencia no prevista de esa decisión de los políticos es que disminuirá (o no crecerá tanto) la demanda de trabajo; en consecuencia, aumentará el desempleo abierto, en especial de trabajadores marginalmente productivos, poco calificados, como los recién ingresados al mercado de trabajo. Al encarecerse más la operación de las empresas que operan en la formalidad, impulsará la cantidad de firmas que operan en la informalidad. ¿Se dará el Armagedón que anticipa este comentarista? Siempre habrá posibilidades de empleo en la economía subterránea, pero no en las mismas condiciones que las del mercado formal; esto es, habrá empleo pero con salarios más bajos. Para muchos trabajadores, esa será su única opción.
 
Lo que puede considerarse como un objetivo deseable -una mejora de los trabajadores en su relación laboral- ante esa ley surgirán consecuencias no previstas por políticos que la aprobaron, también sorprendiendo negativamente a personas no familiarizadas con estos resultados no esperados, pero que sin duda terminarán observándolos. 


Jorge Corrales



lunes, 7 de agosto de 2017

Tema polémico: los mitos acerca del liberalismo

Para esta ocasión, queremos invitarlos a la presentación de la Segunda Edición del Libro "Mitología acerca del liberalismo", escrito por nuestro apreciado amigo y colaborador, Jorge Corrales Quesada. 

De verdad esperamos que asistan. La lucha por las ideas de la libertad comienza por derribar los mitos que nuestros enemigos crean y esparcen. De ahí la importancia de leer este maravilloso libro, como una lección para refutar las mentiras que el totalitarismo y el estatismo inventan y que se han convertido en cadenas culturales y educativas que pesan sobre la ciudadanía.

La actividad se realizará este jueves 10 de agosto a las 6:00 pm en el Hotel Radisson (cruce de La República). Será gratuita y, al final, habrá un coctel cortesía de ANFE y la Fundación Academia Stvdivm. Para reservar su espacio, deben comunicarse con Olga Sánchez al teléfono 8996-65-69 o al correo electrónico guita61@hotmail.com.

martes, 1 de agosto de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: la tragicomedia de la carretera a San Ramón

No hay duda que llamar “tragicomedia” a lo sucedido con la nueva carretera a San Ramón es más que apropiado: tiene rasgos trágicos y cómicos simultáneamente. Pero determinarlos exactamente se los dejo al amigo lector.

Para que pueda hacerlo, para mi comentario me baso en un artículo publicado en La Nación del 21 de junio, titulado “Ministro prevé que peaje a San Ramón será mayor a ₡4.000: Costo superará el planteado por constructora brasileña OAS en 2013”. 

No tengo ni idea de en qué momento se empezó a hablar de “rehacer” la actual carretera entre San José y San Ramón, que, me imagino, se tradujo en una propuesta concreta que incluía alguna estimación del peaje de ida y vuelta. Al otorgarse la concesión de la construcción y operación de la nueva vía a la empresa brasileña OAS, esta consideró que el peaje sería de casi ₡4.000 (exactamente, de ₡3.930).  Entre paréntesis y hablando de partes trágicas, esta empresa está en serios problemas en Brasil por haber practicado una serie de sobornos, entre los cuales se ha citado como beneficiado al expresidente Lula, quien, en su momento, vino al país para promover las actividades de esa firma. 

Ese costo tan elevado lo objetaron grupos “cívicos” de San Ramón y otros lugares (¿se acuerdan del llamado Foro de Occidente?), que señalaron que el peaje sería de más o menos ₡2.800, en contraste de los casi ₡4.000 que había dicho OAS.  Tal vez haya algo de comedia en esto: no sólo se “exhibía” un cobro de un peaje diferente al pretendido por OAS, sino que la presión “popular” terminó con la ruptura del contrato de construcción (y su posterior operación), estimado en $524 millones, entre el gobierno y la empresa OAS.  Dicha ruptura se tradujo luego en que el gobierno -todos los costarricenses- tuvimos que pagarle una indemnización a OAS por $35 millones. 

Sigue la comedia: la solución entonces se encontró en construir la carretera ya in OAS y con un cambio importante, como fue ampliar en un carril la vía actual en el trayecto Aeropuerto-San Ramón. Pero el tiempo siguió pasando y nada –la tragedia... 

Ahora bien, noten los cambios del peaje estimado a lo largo del tiempo. En el 2013, OAS dije que sería de ₡3.930, con el diseño inicial. Luego, según informa el medio, los grupos organizados opuestos a la concesión dijeron, en marzo del 2014, que, el peaje estimado era de ₡1.200 (me imagino que sólo de ida o vuelta, pues la información del dato no es clara), lo que condujo a la rescisión del contrato con OAS. En mayo del 2104, una “nueva estimación de los lugareños” del costo del peaje fue de ₡3.500 y la “última tarifa calculada por los vecinos en 2017” fue de ₡2.800.” Si entiende estos vaivenes en las estimaciones del peaje, admiro su capacidad imaginativa.
 
En todo caso, como la mejora de la carretera estaba varada, los ínclitos diputados, dado el clamor popular, crearon la figura de un fideicomiso (en sencillo, un fideicomiso es que el estado ponga la plata a cargo de alguien, para que en un cierto tiempo haga la obra). En febrero del 2016, el Estado, por medio del CONAVI, le encargó la administración del fideicomiso al Banco de Costa Rica (BCR), pero, al momento, todo sigue paralizado (la triste comedia), porque el Banco exige la adecuación del contrato para entregar la obra llave en mano y eso no se ha decidido aún (extrañamente se pide una “adecuación” a lo ya decido). 
 
¿Ahora por dónde anda el costo del peaje? Según La Nación, “la tarifa exacta de los peajes y el valor total de la carretera se conocerán hasta que el BCR defina los diseños, costos y realice la estructuración financiera del proyecto.” Según el optimista nuevo ministro de transportes, saberlo tomará más de un año o más. Lo sorprendente -las tragicomedias suelen tener sorpresas- es que, según los proponentes de la ley (me imagino que se refieren a los creadores del fideicomiso) “el costo de ampliar la ruta sería de $440 millones”.  Si entiendo bien, no es que la obra pasó de los $524 millones estimados en el contrato con OAS a sólo $440 (sorprendente sería la comedia), sino que, ahora, a aquellos $524 millones hay que sumarle $440 millones (la también sorprendente tragedia). Esto último se debió no sólo al paso del tiempo (¿cuál fue la inflación del lapso 2013-2017?), sino por la ampliación propuesta.
 
Ahora se considera que el peaje será, en doble vía, de ₡4.000. Pero, ¡sigue la comedia!, el periódico informa que, según los vecinos, el cálculo de la tarifa en el 2017 sería de ¡₡2.800! Bueno, la tragicomedia se ha tornado en comedia negra o en obra de misterio en cuanto a estos vaivenes en los cálculos de los peajes. Ojalá que la explicación no radique en que, como dijo el ministro entrante, la solución al problema está en “fijar un peaje sombra -¿serán los ₡2.800? (menor al importe real)- con algún aporte del Estado para que el peaje sea socialmente aceptado.” Esto es, disimular el costo verdadero, pues el aporte del estado sería de todos los ciudadanos por medio de impuestos, para abaratar el peaje que disfrutarían los usuarios: para que paguen sólo ₡2.800 en vez de ₡4.000, el peaje presuntamente verdadero. Al señalar el ministro que es para que sea “socialmente aceptado” no es más que un eufemismo para decir que algunos (la ciudadanía contribuyente) pagaremos por el verdadero costo, para subsidiar a los usuarios. Simple redistribución de unos hacia otros. Mejor que el que lo use, que pague el costo verdadero... si es que esas cifras son ciertas (la tragicomedia).

Aquí no termina el sainete: resulta que, supongo que para hacerla “socialmente aceptable,” los diputados que crearon el fideicomiso decidieron que éste no pagara impuestos.  Mientras que OAS -se acuerdan, la de costo del peaje estimado en ₡4.000- sí tenía que pagar impuestos por un total de “$1300 millones a lo largo de la concesión de 30 años”, pues “OAS debía retribuir un 1.25% correspondiente a un canon de concesión y un 2.5% para financiar la fiscalización y operación de la obra,” según lo informa un artículo de La Nación titulado “Peaje a San Ramón será más caro pese a exoneración fiscal: Fidecomiso de obra no pagará impuestos ni cánones.” Aún con este regalo de Santa Claus al fideicomiso, el costo sale parecido al que OAS había estimado en el 2012 y que provocó la ruptura del contrato en la administración Chinchilla.
 
La puntilla a la obra la pone el economista especializado en temas de infraestructura, Federico Villalobos, quien señaló que “además de esos recursos que se dejarían de percibir por el pago de impuesto sobre la renta, hay que considerar que ahora será el Estado [todos nosotros] el que asumirá los riesgos y aporte de recursos que hubiese realizado el concesionario en el modelo de concesión.”  

La tragicomedia se ha convertido en sainete: grotesco, ridículo y a veces tragicómico. Ante el espectáculo, el Foro de Occidente guarda un silencio sepulcral, para ver si se olvida su osadía.


Jorge Corrales Quesada


martes, 25 de julio de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: jineteando su pensión

La expresión “jinetear el dinero” es sencilla de entender.  Pongamos un ejemplo. A usted alguien le tiene que devolver una plata en un momento dado.  Sin embargo, no lo reconoce o la entrega o le permite que usted disponga de ella, sino hasta tiempo después.  Ese lapso que medió entre la fecha en que debería de habérsele dado la plata y en la que efectivamente se le entregó, es un dinero del acreedor que lo puede jinetear el deudor.  Esto es, el deudor puede colocarlo en un ente financiero y ganar “algo” por ese lapso, o bien puede utilizarlo como si hubiera hecho un pago obligatorio a un ente, pero no lo hace con el dinero propio, sino con el suyo, ahorrándose así los intereses que tendría que haber pagado, para tener la plata que debería cubrir en aquel momento.  Por eso, se habla también de jugar con la plata ajena: “jinetear el dinero.” 

Recientemente se analiza un caso interesante en un artículo de Patricia Leitón en La Nación del 19 de junio, titulado “Desvío temporal de los aportes reduce pensión complementaria: Parte de las cuotas hacen paradas en el Banco Popular y el Fondo de Capitalización Laboral.” Podrá considerarse que se trata de “pichuleos”, pero, en realidad, parece ser mucha la plata que se jinetea en este caso. Vale la pena conocer el dato exacto de cuánta plata ganan el Banco Popular y el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) de la CCSS, al recibir de paso esos fondos, en el lapso que va del aporte efectivo del patrono o el empleado y el momento en que ese monto suyo (más algunos intereses, como luego se verá) se deposita en la cuenta del fondo de pensión del trabajador (ROP).

Veamos la ruta del jineteo de los fondos de pensiones complementarias.  Según la ley, los patronos y trabajadores aportan un 4.25% del salario para el llamado Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). El ROP es el depósito final que va teniendo cada ahorrante, para su pensión complementaria en algún momento futuro. 

De ese 4.25%, directamente entra un 1.50% al fondo del trabajador en el ROP. En éste, el trabajador empieza a ganar interés por tales depósitos que se acumularán para la pensión complementaria (aportes más intereses). Pero, de aquel 4.25%, hay un 0.25% que va a dar a la cuenta del trabajador en el Banco Popular. Allí se queda, sin que el trabajador obtenga rendimiento alguno durante un lapso de entre 18 y 30 meses, antes de trasladarse al ROP (y que el trabajador así gane intereses). 

Del 2.5% que nos sobra (4.25-1.50-0.25), un 1.00% queda depositado en una cuenta en el Banco Popular, a nombre del empleado. Estos recursos se acumulan mensualmente en la cuenta del trabajador y, en marzo de cada año, se traslada al ROP la mitad de esos fondos acumulados el año anterior y sólo se reconoce como rendimiento la tasa de inflación (normalmente los intereses en el mercado de fondos prestables suelen ser superiores a la tasa de inflación).  El restante 1.5% se deposita en el FCL y el empleado puede retirarlo del ROP cada cinco años o bien al terminarse la relación laboral. 

En resumen, sólo el 1.5% del aporte patronal y laboral (un 4.25% del salario) va directamente al ROP (y generarle rendimientos), en tanto que al Banco Popular le ingresa un 1.25%, que luego lo traslada al ROP, y un 1.50% al Fondo de Capitalización Laboral (FCL) de la Caja de Seguro Social, que también concluye después de cierto lapso en el ROP. O sea, hay una clara intermediación y jineteo de parte del Banco Popular y del FCL, pues los fondos no van de inmediato al ROP, en donde ganan a plenitud los rendimientos esperados de mercado (inflación más algo).

No hay razón alguna para que, con la tecnología de información moderna disponible en los mercados, haya tal intermediación y jineteo de fondos por parte de entes que así ganan y se dejan intereses de depósitos que son realmente propiedad de los trabajadores (quedan depositados en el Banco Popular y el FCL). 

Según el informe del medio citado, la Superintendencia de Pensiones “estimó que si los dineros llegaran directamente a la cuenta de los afiliados, sin pasar por el Banco Popular, la pensión complementaria que obtendría el jubilado sería de un 2.8% mayor. Y si la mitad de los recursos del FCL también se depositara en forma directa, con sus rendimientos, la jubilación subiría en un 3.8% adicional.” En sencillo, el voraz estado le está quitando hasta parte de las pensiones complementarias a los trabajadores.


Jorge Corrales Quesada








martes, 18 de julio de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: total imprevisión

Francamente cuesta entender a veces cómo es que se toman decisiones que claramente muestran inconsistencias, las que, más tarde o más temprano, conducen a fuertes y posiblemente mayores erogaciones, al tratar de resolverse un problema que debió de haberse resuelto antes, pues era ya conocido.

Un buen ejemplo de ello lo expone La Nación en su edición del 8 de mayo, en un artículo titulado “Error convertirá en embudos los puentes de vía a San Carlos: Carretera de cuatro carriles tendrá siete plataformas con sólo dos vías.”

Resulta que, en los aproximadamente 30 kilómetros entre Sifón, en San Ramón, y La Abundancia en San Carlos –parte en construcción de la eternamente diferida carretera San Ramón-San Carlos- hay 8 puentes, de los cuales, 7 presentan el siguiente problema: que cada uno de ellos tiene 2 carriles, mientras que la carretera tiene 4. (Otro puente tiene 3 carriles en una carretera con 4 y sólo uno tiene los 4 carriles).

El problema es sencillo: estamos en presencia de embudos en cada puente: los vehículos pasarán de andar en cuatro vías, a sólo dos o tres carriles, lo cual provoca lo que se conoce en la jerga como embudos, al tener el paso por el puente un carril o dos menos, lo que obliga a que los vehículos tengan menos espacio por el cual circular. Un simple cuello de botella: presas seguras... sin contar con posiblemente más accidentes, gasto de combustible y pérdida de tiempo por las presas que vendrán.

El LANAMME de la Universidad de Costa Rica había advertido al MOPT del problema con los puentes de ese tramo, pues, en palabras del ingeniero Luis Guillermo Loría, “...se va a generar conflictos de flujo vehicular, porque al triangularse la carretera, debe haber una reducción de la velocidad y eso va a provocar presas” y agrega “Dios quiera que no, pero eso probablemente va a generar accidentes de tránsito graves.” 

La razón del MOPT para no hacer debidamente las cosas es que, aparentemente, no hay dinero, pero su falta posiblemente se resuelva solicitando un préstamo adicional.  Claro, el problema sería menor si se cobrara el peaje debido por la nueva carretera a quienes la usen y no con fondos provenientes de impuestos a todos los costarricenses, lo cual sin duda que facilitaría la obtención del préstamo adicional. 

Pero hechos como lo antes descritos hacen perfectamente entendible que la Contraloría General de la República haya rechazado la pretensión del CONAVI para ampliar el presupuesto autorizado en la suma de $24.6 millones, además de elevar el plazo de la obra en 320 días, con la empresa Sánchez Carvajal. Las razones de la Contraloría son evidentes, claras, razonables y esperadas, tal como lo informa La Nación en su artículo del 13 de julio, titulado “Contraloría rechaza cambios en contrato de vía a San Carlos: Ente señala falta de estudios, diseños y definición de costo.” Noten que, con este aumento, el costo esperado del proyecto pasaría de un monto inicial de $164 millones (me imagino que del 2005), contrato que se ha variado por las más diversas razones, y que, de haberse aprobado el monto anterior, llevaría, doce años después, el costo total a $213 millones.

Según un comunicado de prensa de la Contraloría, denegó la autorización porque “el monto adicional no garantiza que la obra se finalizará, no hay claridad sobre cuando se terminará la vía ni tampoco existen estimaciones del costo final del proyecto.” En resumen, una chambonada más del estado ineficiente, que lamentablemente terminaremos pagando todos los costarricenses y sin que afloren los responsables del relajo de nuestra burocracia gubernamental.





Jorge Corrales Quesada

martes, 4 de julio de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: el mísero estatismo

Cuando en un mercado una empresa fracasa en servir a sus consumidores, cierra sus actividades y así los recursos aún rescatables, pueden ser usados en producir otra cosa. El cierre es la mejor indicación de que los recursos productivos usados en ella no eran lo que los consumidores deseaban: no se cumplía con el objetivo esencial de una economía de satisfacer los deseos y necesidades humanas. Lo bueno del sistema de mercado es que dispone de un mecanismo que impide la ineficiencia, al producirse algo que los consumidores no quieren: las pérdidas son señal de que la sociedad no valora que esos recursos se destinen a producir algo que no se desea.

Ha de ser evidente para el amigo lector, que no hay tal cosa como una forma eficiente de asignar los recursos escasos en una economía estatizada. Suele haber empresas públicas que tienen pérdidas y nunca cierran, impidiendo que los recursos allí utilizados se usen en alguna otra opción rentable.  En las sociedades estatistas es extraño que una empresa estatal cierre ante una actividad permanentemente de pérdidas. Parece que, una vez creada, la empresa estatal tiene un destino eterno; una vida interminable; una existencia imperecedera; que usual es la permanencia aunque sea innecesaria; el cierre es impensable, no importando que siga usando recursos en actividades que los consumidores no desean.

Desde hace muchos, pero muchos años -tal vez en la mitad de la década de los ochentas, cuando el proteccionismo estatistas llegó a su límite- el Consejo Nacional de Producción, creado tal vez unos cuarenta años antes, cesó en su razón de ser. Para ponerlo en sencillo, era el encargado de una serie de políticas de precios de ciertos bienes que el estado consideraba importantes -aunque no necesariamente los consumidores- para, por una parte, mediante la fijación de precios máximos, favorecer a consumidores “pobres” y, por la otra, para favorecer a productores (pobres o ricos) mediante un precio mínimo de garantía, al cual el estado compraba la producción.

El resultado lógico económico fue el esperado: una producción excesiva por el precio de sustentación más elevado que el precio de equilibrio del mercado y una venta a consumidores supuestamente mayor que aquella al menor precio de equilibrio del mercado.  Pero, todo esto ocasionaba enormes pérdidas al Consejo Nacional de Producción, que en última instancia serían cubiertas por tributos de los ciudadanos. Incluso, cuando se trató de vender aquellos excedentes en mercados internacionales, el precio al que allí se podía vender era muy inferior a lo que costaba en el país: en síntesis: las exportaciones generaron enromes pérdidas al país. 

Lo previo es un resumen, para entender qué fue lo que los brillantes políticos hicieron a través del tiempo, para conservar con vida al monstruo económico que habían creado. En su momento, los precios se liberaron, no escaseó a producción, aunque si escasearon los chorizos al obligadamente el estado tener que pagar más caro por lo que se producía domésticamente. Se eliminaron las pérdidas por los subsidios señalados

Pero, en vez de cerrar a un CNP sin objetivos (a la vez deshaciéndose de un cuasi monopolio que tenía como era la Fábrica Nacional de Licores), se le tenía que buscar un brete: que hiciera lo que fuera, con tal de mantener con vida a la burocrática entidad. Así, se obligó a distintos entes del estado -algunos dedicados a la atención de enfermos en hospitales, otros a presos en las cárceles quienes requieren de alimentación y muchos para dar alimento a estudiantes de bajos recursos- a adquirir únicamente por medio del CNP lo que requerían para esos fines -siempre con el viejo pretexto de ayudar a los agricultores “pobres”; la “justicia social- por supuesto que teniéndose que pagar más por esos productos, con atrasos en las entregas, la intermediación burocrática del estado, la mala calidad de los productos y hasta un cobro ineficiente. 

El colmo del cinismo público: obligar a entes estatales a pagar más para dar alimentación a quienes obligadamente deben dársela, todo con el fin exclusivo de mantener con vida un ente que ya no tenía razón alguna para existir.

Esto no es algo reciente: conocí del caso desde fines de la década de los noventas, cuando el CNP pretendía obligar al Hospital Nacional de Niños para que le comprara alimentos más caros para los niños, únicamente -con el nuevo monopolista intermediario- a través del CNP. En su momento no se dejó que el monopolio del CNP tuviera éxito, pero ahora me doy cuenta por la prensa, que la decisión libre, correcta, sana, económica, competitiva que en aquel entonces en algún momento pudo ejercer el Hospital de Niños -gracias a una decisión de la Contraloría- para seguir comprando los alimentos más baratos entre diferentes cotizaciones de oferentes, no continúa. Por el contrario, señala la información periodística que, en 4 años, la Contraloría “ha recibido 65 solicitudes” para que se permita a centros educativos, contratar a otro proveedor distinto del CNP, “y la mayoría han sido denegadas en virtud del mandato establecido por una reforma del 2008 en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo.”

Eso a todas luces da vergüenza, es doloroso y hasta corrupto, pues se ha impuesto un monopolio en la adquisición de alimentos a un grupo socialmente muy necesario, probablemente con el interés único de que siga existiendo lo que debe de desaparecer, que ahora se mantiene gracias a costos mayores pagados por todos los ciudadanos. En el 2017 tan sólo las ventas del CNP al Ministerio de Educación Pública (MEP) fueron de ₡13.000 millones y “en los últimos tres años el MEP ha recibido 172 denuncias de centros educativos sobre la calidad, atrasos, precios y servicios en general del CNP”. La comisión del CNP oscila entre un 5% y un 7% de cada producto que venda.

La información correspondiente aparece en La Nación del 6 de junio bajo el titular “Ley exige a escuelas comprar alimentos más caros al CNP: Normativa del 2008 afecta a 1.200 centros educativos”, así como en la valiosa respuesta que da el señor José Manuel Jiménez en La Nación del 26 de junio, titulada “Escuelas sí pagan más caro al CNP.” Espero que los ciudadanos no sólo defiendan a estos consumidores cautivos -escuelas, cárceles, hospitales- para que no se vean obligados a pagar más caro y con menor calidad. Ese monopolio no es más que una vil treta para mantener vigente una entidad estatal que debería estar en el basurero de la historia. 

La vulgaridad con esta política la resume en el hecho de que, de acuerdo con don Rubén Salas, director del CTP de Orotina, “El precio se encarece por tres o cuatro manos antes de llegar al plato de los niños; los productos son más caros que comprarlos en el mercado, ya que el CNP, desde el 2014, es el intermediario entre nosotros y los proveedores. Para completar el menú, algunas veces se les pide colaboración a los alumnos, ellos aportan entre ₡200 y ₡500.” Leer esto da vergüenza y causa dolor por el cinismo que hay detrás de ciertas políticas públicas.

Jorge Corrales Quesada



martes, 27 de junio de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: del uso de recursos en las Universidades Estatales

Hace poco vio la luz un nuevo estudio de la Academia de Centro América. En esta ocasión se titula ¿Qué produce y cuánto cuesta la educación universitaria estatal en Costa Rica?, que posteriormente lo reseñó La Nación del 25 de mayo, bajo el encabezado “Fondos de ‘U’ públicas crecen más que su matrícula y diplomas.” El estudio citado es importante, pues el estado -esto es, todos los ciudadanos contribuyentes; ustedes y yo- aportamos fondos para la educación universitaria estatal.

Antes de citar cifras para lograr una idea acerca de algunos resultados en los entes públicos de educación superior, debe mencionarse que hay series de datos en el informe con bastantes limitaciones, en cuanto a que los investigadores encontraron problemas porque la información “no fue suministrada por las fuentes oficiales, por ser inexistente, por problemas en la cobertura, la periodicidad, falta de desagregación de variables y por la ausencia de la estandarización en las metodología de cálculo de algunas variables relevantes.” Y, agregan los autores del informe de la Academia, que “En algunos casos se hizo la solicitud oficial para conseguir la información, pero no se obtuvo respuesta.” Me abstengo de calificar este rechazo impropio, pero, a pesar de los serios problemas de datos que hallaron los investigadores, se pueden hacer inferencias importantes, lamentando que una disponibilidad de mejores datos podría haber enriquecido la valoración -tema del interés de las propias autoridades universitarias- pero, ante todo, porque la cantidad de recursos que los costarricenses les entregamos para el desempeño de esa actividad, es un monto muy elevado. Sólo en el 2016, los recursos trasladados fueron de poco más del 1.4% del PIB; esto es, del valor de la producción total de bienes y servicios finales producidos en la economía en ese año. Y, si se toma como porcentaje del gasto en educación pública, en el 2016 fue de aproximadamente un 17%.

El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que es como se le llama a esa trasferencia citada en el párrafo previo, pasó de ₡46.426 millones en el 2001 a ₡440.773 millones en el 2016. Esto es, en quince años el aporte de la sociedad costarricense aumentó en, aproximadamente, un 850%; es decir, un promedio anual de más o menos el 56%. Nótese que, a partir de ahora, no se comparan series completas, digamos del año 2001 hasta el 2016, por la inopia antes señalada.

A su vez, la matrícula en esos entes estatales pasó, en el lapso del 2010 al 2016, de 92.127 estudiantes a 108.888.  Es decir, aumentó aproximadamente 18.2%; o sea, alrededor de un 1.2% anual. 

Los fondos del FEES pasaron de ₡226.211 millones en el 2010 hasta los ya sabidos ₡440.773 del 2016: un aumento del 81% en esos seis años. En ese lapso, la matrícula pasó de 92.127 a 108.888: un 18%. Al comparar ambas tasas de crecimiento, vemos que el aumento de la matrícula fue más de cuatro veces menor que el crecimiento de los recursos que la sociedad entregó a las universidades públicas mediante el FEES.

Para tener una idea de resultados en la “producción” de las universidades públicas, medidos por el número de diplomas otorgados, en tanto que en el 2000 se entregaron 9.590 diplomas, en el 2015 fue de 15.471 diplomas.  Es decir, durante esos 15 años hubo un aumento en los diplomas otorgados del 61%: un incremento anual promedio del 4%. En dicho lapso, el aumento del FEES fue de un 784%; o sea, un promedio anual de aumento de aproximadamente del 52%.  El aumento de ingresos por el FEES fue 13 veces superior al aumento de diplomas otorgados.

A su vez, la cobertura neta de matrícula en las universidades estatales; esto es, el número de matrículas en dichas universidades, como porcentaje de la población en edad de cursar estudios universitarios (18 a 22 años), aumentó aproximadamente desde un 17% a un 22% entre el 2000 y el 2016. Esto es bueno, pero, como dice el informe citado, tal aumento debe “evaluarse frente a otras consideraciones. Por una parte, incrementa los costos. Por otra parte, puede no significar mucho si no se contrasta con indicadores de calidad y eficiencia, como las tasas de deserción, repetición y duración. Desafortunadamente, no se cuenta con esta información...” 

También, el estudio se refiere a un tema objeto de discusión en el país, como es la distribución de los estudiantes según sea su procedencia por estratos de ingresos. Con base en estudios de la Encuesta Nacional de Hogares del 2016, “el 30.6 por ciento de los estudiantes en las universidades estatales pertenecen a hogares del quintil de mayores ingresos (quintil 5), porcentaje que se eleva a 57.8% cuando se agrega el segundo quintil más alto (quintil 4). En contraste, los estudiantes que pertenecen a los hogares del quintil más pobre (quintil 1) representan apenas un 7.2 por ciento del total que asiste a las universidades estatales, cifra que sube a 22.6 por ciento cuando se considera en conjunto con el segundo quintil más pobre (quintil 2).”

Los autores señalan que “el promedio anual del período 2012-2016, la población ubicada en el estrato de ingresos más alto tuvo una probabilidad bruta de asistir a una universidad estatal que resultó 4 veces mayor a la de la población del quintil más pobre, considerando solo la variable ingreso del hogar, similar a la que se registró en el 2012. Lo anterior significa que en el último quinquenio la equidad en el ingreso no mejoró, aun cuando las universidades recibieron recursos cada vez mayores.”

Este estudio de la Academia es muy valioso, ciertamente limitado por la falta de información apropiada. Optimista que soy, esperaría que las autoridades universitarias, particularmente, logren tener una mejor información y que la hagan plenamente disponible a los interesados, para poder evaluar más apropiadamente la enorme suma de recursos que los ciudadanos aportan para la educación superior pública y a quiénes es que benefician en lo particular.


Jorge Corrales Quesada

martes, 20 de junio de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: otro increíble retraso

Claro que son obras no comparables en su monto y magnitud, pero sí en cuanto a su duración. Piense cuánto tiempo ha tomado la ampliación de la Avenida Segunda, la cual no se vislumbra que suceda en nuestras vidas. La reparación del puente de la platina tomó -y al escribir esto a fines de mayo del 2107, todavía no está totalmente concluida- desde abril del 2009 hasta ahora -casi 9 años- pero, otro caso notable es la carretera nueva a San Carlos, cuya construcción se inició en octubre del 2005 y, casi doce años después, su conclusión aún está en veremos.

Eso pasa cuando no se estima de forma adecuada la obra, tomando en cuenta las demandas futuras de su uso. Cuando se empezó lo que comunicaría a San Ramón con Florencia de San Carlos, se pensó en dos carriles y el apoyo financiero aprobado de los chinitos de Taiwán fue esencial. Pero, el presidente de ese entonces, Oscar Arias, rompió relaciones con Taiwán y los chinitos se fueron para su casa. No, no fue porque decidiera cambiar la carretera por un estadio, pero, en cuanto a obras, se obtuvo una nueva y rápidamente lograda, hecha por los nuevos chinitos, y la anterior se fue quedando para las calendas griegas.

Ciertamente la nueva carretera varió de dos a cuatro carriles y eso significó cambios en las especificaciones y costos de la obra. Lo cierto es que, aparte del cambio de los taiwaneses, se han tenido que practicar 8 ampliaciones al contrato original y el ministro del ramo anuncia una novena –no; no es una oración a algún santo para que interceda ante la divinidad para que al fin la termine-  sino una novena ampliación del contrato. 

La información la suministra un artículo de La Nación del 21 de abril, titulado “Tramo de vía a San Carlos costará $23 millones más: Segmento central de 29.7 km ya va por $258 millones en 12 años.”

La información periodística señala que “hasta junio del 2016, el valor de la vía ascendía a $235.2 millones, desglosados en $164 millones del contrato original más $71.2 millones por el pago de reajustes debido a los atrasos.” En adición, hay que agregar $23 millones adicionales, llevando el total a $258.2 millones y a esto “deben sumarse los ₡2.131 millones que cobra” el ICE, por supervisar a la actual empresa constructora de la obra Sánchez Carvajal. Y falta, en palabras del entonces ministro Villalta de Transportes, “una adenda nueva que va a enfocarse en las soluciones geotécnicas que están en este momento en etapa de diseño.” ¡Nueve! y rece para que ya no haya más adendas, que no son sino obras previamente no consideradas, que requieren de su financiamiento.

Por supuesto que el costo de esa obra será pagado por todos los costarricenses, ya sea que usted la use o no, pues nunca se consideró que el costo fuera pagado por medio de peajes, por parte de quienes efectivamente la utilizaran., como me parece que sería lo más lógico. Tal vez no se les cobre peaje como compensación a los vecinos de ese proyecto, por la paciencia que han tenido para poder ver la obra concluida, y concebida hace 48 años: duraría menos que la terminación de la Avenida Segunda, pero más que la platina... si es que de récords se trata.

Jorge Corrales Quesada


martes, 13 de junio de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: problemas de eficiencia en el Poder Judicial

Creo que el Segundo Informe del Estado de la Justicia -parte del Programa del Estado de la Nación- el cual lo recoge La Nación en su edición del 20 de abril, hace un valioso aporte al país al revelar el serio problema de ineficiencia productiva de nuestro Poder Judicial, de acuerdo con diferentes e importantes indicadores. El comentario se titula “Productividad judicial cae pese a más personal y presupuesto: Informe del Estado de la Justicia no encuentra explicación a baja en rendimiento en 15 años.”

Quiero señalar algunos de los hallazgos de ese estudio. Empiezo por uno que considero debió ser mejor analizado, aunque el resultado siempre habría sido igual de revelador. Se trata de que, aunque el presupuesto de dicho Poder haya aumentado, su productividad ha disminuido, indicando que, “por ejemplo, hace quince años, el presupuesto por cada funcionario era de $32, mientras que en la actualidad para el 2015, pasó a $156.” La inflación en dólares en Estados Unidos en el período diciembre del 2010 a diciembre del 2015 fue de casi un 36%. Si asumimos que esa inflación en dólares fue igual en el país, en términos reales, el presupuesto por funcionario pasó de $32 a $115 aproximadamente, lo que daría una idea más exacta -pero similar- del problema: un aumento anual real promedio del 17.3%.

A pesar de lo anterior, el incremento en el número de empleados varió: de “160 servidores por cada 100.000 habitantes; 15 años después esa cifra se elevó a 246.” Esto es, un aumento anual promedio aproximado de 3.6% anual. 

Por contraste, si medimos “la producción” del Poder Judicial, en términos de tres indicadores, primeramente, la cantidad de casos atendidos por un juez de primera y única instancia, pasó de “2000, [en que] ingresaron 844 procesos; en el año antepasado, entraron 529,” indicando un descenso anual promedio aproximado del 4%. En segundo lugar, otro indicador de producción que analiza el informe citado, señala que la cantidad de casos terminados por los jueces descendió “de 841 procesos terminados en el 2000 a 491 en el 2015”. Esto es, una caída anual promedio de alrededor de un 4.75%. Tercero, si se mide por el número de sentencias dictadas, varió de “958 sentencias en el 2000 a imponer sólo 135” en el 2015.  Es decir, una disminución anual promedio de más o menos un 40.6%. Este último dato es, sin duda, impresionante.

Otro dato relevante en ese mismo sentido es que en dicho lapso se acumularon los casos apilados en los despachos, a pesar de duplicarse en ese mismo período el número de “jueces, fiscales y defensores por cada 100.000 habitantes.” Así, el número de expedientes activos, que el medio llama “varados en un escritorio”, pasó por cada juez de primera instancia “de 824 en el 2000 a 839 en el 2015”; esto es, casi que se estancaron, en tanto que los que están en trámite -el periódico los llama como que estaban en una etapa más cruda- por cada juez pasó “de 467 en el 2005 a 563” en el 2015.  Esto es, la “presa” va aumentando. 

La investigadora que coordinó el informe, Evelyn Villarreal, indica, algo que lo deja a uno muy preocupado, es que no encontraron ante ese fenómeno determinado “que se haya dado un cambio procesal, o algo que hiciera los procesos más complejos. No encontramos nada, no encontramos una gran explicación.” Preocupa que no se señale el porqué de esa declinación tan significativa y que se sugieran remedios a la situación. Por ello, es crucial que las autoridades responsables administrativamente de estos asuntos, se dediquen de inmediato a encontrar las causas del descalabro.

En el caso particular del Organismo de Investigación Nacional (OIJ) -ente del Poder Judicial- tan sólo en el 2015, de cada 100 denuncias recibidas, 71 no se resolvieron. Se aduce que se debe a que “el 85% de las quejas interpuestas son contra ignorado; es decir, el ofendido no conoce el autor del supuesto delito.” Lo que se podría pensar como una justificación aceptable, más bien muestra una baja capacidad de resolver los procesos de investigación, en cuanto a la identificación de los denunciados. Son muchos los ciudadanos que posiblemente ni siquiera se molestan en denunciar hechos delictivos, pues el porcentaje de identificación de los delincuentes demuestra ser muy bajo. 

Este reporte es muy útil no sólo porque la sociedad destina una cantidad muy elevada de recursos para administrar la justicia, sino también porque, a pesar de ser unos fondos crecientes, la productividad va cada vez peor. Urge una acción definida de los diversos responsables de la administración de justicia, para enderezar esta situación tan lamentable, la cual sólo redunda en un mayor desprestigio y desconfianza de los ciudadanos, ante los entes encargados de llevar a cabo una tarea esencial del estado. La ineficiencia del Poder Judicial debe ser enfrentada prontamente.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 12 de junio de 2017

La libertad está de luto

En este día, nos unimos al dolor que embarga a los liberales costarricenses tras la partida de Cecilia Valverde Barrenechea, ex Presidente de ANFE, ganadora del Premio de la Libertad y luchadora incansable por la defensa y expansión de las ideas liberales en nuestro país. 

El legado de doña Cecilia permanecerá en nuestros corazones y su lucha no acabará: cada día somo más individuos quienes nos uninos y comprometemos en la promoción de los valores e ideas de la libertad. 

Paz a sus restos y fortaleza a sus familiares.


martes, 6 de junio de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: ¿será que en el Estado, el fin justifica los medios indebidos?

El fin no justifica medios indebidos, incluso en asuntos contractuales del estado.  No puede servir como justificación que se requería mucho tiempo lograr la aprobación, por otro ente estatal, la SETENA, de los planos finales corregidos, para haber sacado a licitación una obra pública, a sabiendas de que la vía que se pretendía contratar no se conectaba correctamente, como debería ser, con el muelle. Lo que se ha llamado pifia, en realidad se trata de un engaño, pues, conociendo que el contrato sacado a licitación estaba originalmente errado, finalmente se adjudicó la contratación.
 
Trataré de exponer el caso de manera sencilla, con base en un artículo de La Nación del 17 de abril, titulado “MOPT premeditó con datos falsos ‘pifia’ de 80 m(etros) en vía a megapuerto: Abrió concurso para construir acceso a sabiendas de que no conectaba con muelle.”
 
El MOPT, al sacar a licitación pública la construcción de una vía que conectaría la ruta 32 con el nuevo muelle de la empresa APM Terminals que se construye en Moín, lo hizo teniendo conocimiento de que los planos estaban mal, pues no cumplían con el empate correcto entre la vía y el muelle. De ello, el Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI) tuvo pleno conocimiento previo del error; así, se puede considerar que el “error” fue calculado, premeditado.
 
La licitación en mención fue así aprobada -incluso en su momento por la Contraloría General de la República- y adjudicada a la firma Consorcio del Atlántico, por un monto aproximado de $72 millones.
 
A la Contraloría se le presentaron los planos pifiados y, en apariencia, el CONAVI, dependencia directa del MOPT, nunca le informó de tal situación inapropiada. De tal forma que la conexión licitada era inexistente, irreal, equivocada en unos 80 metros del lugar en donde se debía conectar correctamente. Parte de las razones aducidas por las autoridades actuales del MOPT para actuar así, fue que, en el 2013, -administración Chinchilla- cuando se tramitó ante SETENA la aprobación del impacto ambiental de la obra, no se tenía definido aún el lugar de acceso al puerto por parte de los dueños del puerto concesionado, APM Terminals. [De paso: ¿por qué siempre se busca responsabilizar al gobierno anterior de hacer algo mal, si la entidad estatal existe independientemente del gobierno del momento y es, por tanto, la responsable del desaguisado?]. SETENA aprobó la conexión en el centro de la propiedad de las tierras dadas en concesión, en criterio del CONAVI, siendo que la entrada al puerto se ubicó a un costado de esa propiedad: de ahí los 80 metros falsos.
 
APM Terminals inscribió sus planos en el Catastro Nacional en diciembre del 2013 y SETENA le aprobó a CONAVI en febrero del 2014 “un permiso ambiental que no incluía la totalidad de los terrenos”, faltando más de dos años para que saliera a licitación el contrato de referencia. O sea, fue sólo dos meses el tiempo que pasó entre el trámite del CONAVI ante SETENA, que lo inició en octubre del 2013, y la inscripción en el Catastro con los planos definitivos del proyecto.  Pero, al proyecto le faltaban más de dos años para que fuera sacado a concurso.
 
No obstante, en abril del 2015, antes de que la obra saliera a concurso, CONAVI advirtió del error en el acceso y recomendó que se “analizar(a) detenidamente la situación”. Incluso, una vez que ya había sido adjudicada la obra, la Contraloría General de la República “advirtió sobre las coordenadas erróneas incluidas en el cartel y de las dificultades para que la obra concluyera a tiempo.”
 
Pero, esos no fueron los únicos que advirtieron del error. Uno de los oferentes en el concurso licitatorio alertó del problema y “ofreció una alternativa que sí conectaba con la mega-terminal a un costo menor, a $60 millones.” En contraste, con la pifia incluida, se otorgó la concesión a otra empresa, a un costo de cerca de $72 millones. La primera empresa -la que sí incorporó la corrección- y que incluso era más barata, la descartó CONAVI al proponer una vía no solicitada (la corrección al error) en el cartel.
 
Luego, para hacer la corrección, a los ganadores del concurso se les amplió el contrato por $14 millones, llevando el costo final de la obra a $86 millones.
 
El argumento esencial esgrimido por el MOPT para haber actuado de tal manera se reduce a dos puntos básicos: (1) que si le hubiera pedido a SETENA una aprobación con el enlace correcto, hubiera tomado más de un año, aunque, en verdad, la primera aprobación que hizo SETENA tomó sólo 4 meses y (2) que si se atrasaba en aquel momento el inicio de la obra, y no estaba lista para enero del 2018 -supuestamente al sufrir un año de atraso, que es lo que tomaría la aprobación de SETENA- el país incurriría en una multa contractualmente aprobada entre el estado y APM Terminals, por la cual el país perdería “un descuento de $20 en la tarifa de $246 que se fijó por cada contenedor que APM Terminals movilice.”
 
Según esto último, el atraso salía más caro por tales multas, que era mejor si la obra se iniciaba a sabiendas de la pifia y luego se arreglaba sobre la marcha, pero que se terminaba a tiempo. [De paso, errores en la construcción de pilotes por parte de APM Terminals impedirán que operen antes del 18 de enero del 2018].  Ahora el Ministerio Público ha abierto un expediente para ver cómo fue ese proceso de contratación y me imagino que la Contraloría también hará el suyo. Entre tanto, veremos desde la llanura el grado de ineficiencia a que puede llegar nuestro pifiador estado.

Jorge Corrales Quesada


martes, 30 de mayo de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: lo único que parece importar es tener más plata

Francamente es la impresión que me da por lo que sucede actualmente en la Asamblea Legislativa, en donde ciertos políticos hacen todo tipo de maniobras para tomar más plata de los ciudadanos y poder gastarla en sus propias apetencias.

Conocemos bien el problema fiscal de Costa Rica: un estado que aproximadamente gasta un 6% más que los ingresos que percibe. En sencillo: disipa más plata que la que le entra. Tener claro esto, es crucial para entender las opciones más significativas que el estado tiene para emparejar sus gastos con sus ingresos. 

Eso sí, entendamos que un 6% del déficit gubernamental no es extraño en muchos países, en donde hasta puede ser porcentualmente mayor, pero hay diferencias importantes con el caso nuestro, al considerar alternativas de solución del déficit. Una es si nuestro estado busca conseguir plata prestada, ya sea en el país o afuera, para seguir con su nivel de gasto y dados los ingresos esperados.

Lo que pasa es que algunas de aquellas naciones, al contrario del nuestro, gozan de algo que no disfrutamos: gente dispuesta a prestarle al estado a un costo relativamente barato (esto es, intereses y otras condiciones relativamente favorables para el país). Una razón de porqué no gozamos de esa posibilidad, es que, en los últimos años, el gobierno se ha endeudado mucho para financiar sus gastos y, al tener ese endeudamiento niveles que la comunidad financiera considera es de una recuperación riesgosa, aumenta el costo de un endeudamiento adicional (mayores intereses que, a su vez, son un gasto estatal mayor) o bien del todo no le prestan recursos al gobierno. 

La otra “gran” solución estándar para rellenar el déficit estatal es que el Banco Central emita dinero, pero una mayor colocación de dinero en la economía es similar a un aumento en la deuda del estado con los ciudadanos, quienes reciben un papel con la esperanza de que, a futuro, al menos puedan usarlo en adquirir bienes y servicios. El problema grave con esta medida, el cual está harto comprobado, es que un aumento de la emisión monetaria en exceso del crecimiento de la economía (con suerte de alrededor de 3-4% en este año en el país) generará inflación. E imagino que la ciudadanía aprendió la lección con lo sucedido a mediados de los años ochenta: algo totalmente indeseable y dañino desde muchos puntos de vista y, por tanto, se espera que la ciudadanía la rechace como forma de resolver un déficit gubernamental.

Esto nos deja casi sólo con dos alternativas de política para corregir el exceso de gasto del gobierno sobre sus ingresos: una, aumentar los ingresos; esto es, incrementar los impuestos y, la otra, reducir el gasto. 

La primera alternativa -que en esencia la está promoviendo el contubernio legislativo entre el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Partido Liberación Nacional (PLN)- es aumentar diversos impuestos -renta, valor agregado, a los intereses de los ahorros, nuevos gravámenes sobre el agua, la electricidad y la educación, entre otros- a fin de que el estado se apropie de mayores ingresos.

Debemos entender el porqué de esa nueva y clara colusión legislativa entre el PAC y la PLN. El PAC considera, en su visión estatista que, aunque esos nuevos ingresos no ingresan en su administración -y, creo, no parece haber una posibilidad alta de que sean reelectos al Poder Ejecutivo- sea el sector privado el que sufra los efectos del aumento de los impuestos, antes que reducir el tamaño y el alcance del estado, además de que el empleo público -sindicatos de ese sector- es un bastión político del PAC (sin olvidar a empresarios que se oponen a reducir el gasto estatal, pues venden sus productos o sus servicios al estado). A su vez, Liberación Nacional cree que ganará las próximas elecciones y, de ser así -dudas aparte- tendría una caja del estado más llena de dinero, para así llevar a cabo “su misión”, que no es nada más que la de ejecutar lo que los políticos de ese gobierno futuro prefieren hacer, en vez de que sean las mismas personas contribuyentes quienes lo gasten en lo que prefieran o necesitan. 

En resumen, lo único que parece interesar en el amancebamiento del PAC-PLN es tener más plata de los costarricenses para gastarla como a sus políticos les parezca, incumpliendo así el objetivo pregonado de aumentar los impuestos para cerrar el déficit: disponer de más dinero para gastarlo es la historia fiscal de las últimas décadas en nuestro país; siempre aumentan los gravámenes para eliminar el déficit, pero, poco después, éste vuelve a aparecer y el ciclo se reinicia.

Elevar los impuestos no deja de tener consecuencias no previstas indeseables, que no suelen reconocer los proponentes de mayores gravámenes: que muy posiblemente afectará el crecimiento precario y la leve recuperación de la economía. Así, no aumentará la demanda de mano de obra (y menos en las circunstancias actuales, en que la inversión extranjera se contrae por acontecimientos internacionales), ante una tasa de desocupación en el país que ha oscilado en los últimos años en alrededor de un 9% de su fuerza de trabajo, así como se estimula que crezca más la economía subterránea, profundamente influenciada por los altos costos de la formalidad, en donde destaco los impuestos que ahora se pretenden aumentar.

Esto deja una sola opción por analizar, en cuanto a reducir el déficit: reducir el gasto gubernamental. La muletilla de los adoradores del gasto gubernamental es bien conocida: nos dicen que no es posible reducir ese gasto. Por tanto, ante ello, sólo queda la opción de aumentar los impuestos.  Es como si un alcohólico o un drogadicto dijera que la solución a su problema no está en que se le quite el licor o la droga, sino en que se le dé más plata para seguirlos consumiendo...

Otros apocados defensores de la tesis de la imposibilidad de reducir el gasto estatal, dicen que han hecho un “esfuerzo máximo” por disminuirlo, pero, si se analiza el tema, a la hora de plantear los presupuestos los gastos gubernamentales -fuente que los autoriza- no “reducen” el gasto, sino que inicialmente piden aumentos fuertes (una tasa de crecimiento elevada), para lograr, luego, una tasa menor de crecimiento que la previa, pero siempre el gasto sigue aumentando. Así, no se reduce el gasto gubernamental, sino que se reduce su tasa de crecimiento.  Hipocresía

Así las cosas, concluyo mi comentario con una reflexión en torno al conciliábulo por el cual el PAC y Liberación están cocinando nuevos y mayores impuestos en la Asamblea Legislativa.  Son muchos los amigos dentro de este último partido quienes, por distintos medios y ocasiones, han planteado su inquietud y malestar ante el crecimiento de los impuestos en el país, para sufragar una expansión del estado costarricense que ha afectado importantemente a los ingresos familiares, a las ventas de negocios pequeños y grandes. Pero, también se han dado cuenta de que, en ese estado gastón, existen gremios sindicales con privilegios enormes no disfrutados por sus compatriotas y que son los contribuyentes quienes en última instancia pagan por ellos.  

No es necesaria una cirugía cosmética, encebada para que allí resbalen las buenas cosas y prevalezcan los privilegios. Nada se gana con decir que, para pagar aumentos de salarios de los trabajadores públicos, sólo se hará para los calificados como muy buenos o excelentes. Lo que sucederá -no lo dude- es que “todos” serán calificados como “muy buenos o excelentes”. Igualmente, los responsables del aumento legislativo proyectado de los impuestos callan ante un gasto odioso en los presupuestos públicos, como es el enorme y corrupto subsidio a varios sistemas públicos de pensiones, en donde los ciudadanos pagan fuertes impuestos para que algunos se lleven sumas multimillonarias como pensión, para la que nunca sus beneficiarios contribuyeron lo suficiente.

Tampoco mencionan esos políticos maximizadores del poder, que nuestra economía no está en capacidad de pagar prestaciones a ciertos grupos sindicales del sector público por 20 años y no por 8 años, como todos los restantes costarricenses. Y podría seguir citando muchas otras situaciones similares. 

Lo sucedido en Grecia debe servir de lección. Ese país, para sobrevivir como nación con posibilidades de progreso, bajo un gobierno socialista ha tenido que imponer medidas draconianas, sobre todo tipo de gasto gubernamental, antes de aumentar los impuestos para reducir el déficit.  La situación llegó a un estado tan grave que, para resolver el problema, no fue suficiente reducir el gasto en el momento oportuno, sino que se tuvo que aumentar los impuestos, aun cuando esto último haya afectado sus posibilidades de tener algún crecimiento en el corto plazo.  

No debemos llegar a tal grado y nuestros amigos liberacionistas tienen mucho que decir y hacer lo debido ─incluso lo que más les duele a los políticos maximizadores del poder: que no votarán por el candidato de ese partido en las próximas elecciones. Ante tan poderosa presión ciudadana, creo que se darán cuenta de que no somos unos tonticos, a quienes fácilmente se les puede rodar: incluso cuando se pretende asustarnos diciéndonos que, si no se aumentan los impuestos, vendrá Armagedón o cuando pretenden engañarlos con reducciones ficticias, leves, irrelevantes, del gasto estatal, como argumento de que con eso sí es justo poner fuertes gravámenes. Eso es lo que están aliñando los diputados del PAC y de Liberación Nacional, en su esperanza de que los ciudadanos nos traguemos impensadamente su veneno económico.

Jorge Corrales Quesada

martes, 23 de mayo de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: el Estado odia la competencia

En especial cuando es competencia para gremios protegidos.  Resulta que el estado fija el precio mínimo y el máximo al cual se puede vender el arroz de esos privilegiados, además de impedir, con un arancel casi prohibicionista, que alguien pueda traerlo más barato desde el exterior y que pueda vendérselo a los consumidores a un precio menor que el que, por arbitrio, el gobierno decidió fijar.

Incluso cuando alguien paga los aranceles de ley y que, aun con ellos incorporados al precio, puede todavía venderlo a los consumidores a precios más bajos que los oficiales, el estado suele intervenir ante denuncias de que el producto importado no satisface otros requisitos, como que contenga ciertas vitaminas o que sea procesado en fábricas de su complacencia y cosas similares y, en especial, ante argumentos de que los bienes se compraron a precios internacionales de dumping. A la vez, cuando alguien pretende vender un producto cuyo precio es regulado; o sea, que lo vendería al mismo precio a como lo vende el productor protegido, pero haciéndolo atractivo al consumidor al darle “gratis” un producto adicional, el estado le prohíbe que lo pueda hacer. Esto es, un importador trae el producto regulado, paga los aranceles usualmente elevados para que no se pueda importar libremente y, aun cuando lo vende al precio oficial, ahora no puede darle al consumidor una regalía al comprar ese producto. El argumento del gobierno para impedir esa práctica es que viola la fijación de precios del grano y, ante ello, modificó el reglamento de fijación de precios para que, a partir del 4 de abril, se prohibiera tal comportamiento en el mercado de consumo de arroz.
 
Se me ocurre pensar que, si un importador le brinda una sonrisa al venderle el producto, si lo empaca en mejores bolsas, si lo vende en locales mejor acondicionados, si le facilita a usted su compra llevándoselo, por ejemplo, a su casa o bien entregándole un cupón para que participe en una rifa de un viaje a la Cochinchina, el protegido podrá argüir que esas prácticas van en contra de la competencia -competencia desleal, suelen llamarle, aunque la única lealtad que exhiben es para obligarle a usted a tener que comprarle sólo a ellos- y el estado actuará, en consecuencia, para prohibirlas.
 
Sabemos lo dañino que es el proteccionismo en el caso del arroz. Para fortuna nuestra, tal política está siendo seriamente cuestionada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Ese privilegio ha permitido que haya una gigantesca transferencia de ingresos, de un pueblo que es medianamente pobre, hacia unos pocos poderosos y ricos productores nacionales de arroz. El bandeo, como se le llama a la práctica antes mencionada de dar un obsequio al consumidor, ciertamente facilita que el producto se venda más barato a los consumidores, aun cuando sea una práctica ineficiente, comparada con que una en donde hubiera libertad para vender el arroz importado más barato. Con el bandeo se “tiene” que llevar la regalía, pudiendo el consumidor estar mejor si no tuviera que llevarla -tal vez sin voluntariamente desearla- y simplemente si pudiera comprar más barato el producto. Pero, el estado no puede permitir que sus protegidos no prosigan explotando a los consumidores.
 
Así, no es de extrañar que el gremio protegido “presione” para que dicha práctica se frene y que el gobierno acceda a su petición.  Eso es esperable: por una parte, el beneficio para los relativamente pocos empresarios protegidos es sumamente elevado, en tanto que el costo para el consumidor es, para cada uno de ellos en particular, relativamente bajo (aunque no dude que, entre más pobres, el peso relativo es mayor, pues el arroz forma una parte más significativa de los presupuestos de los hogares pobres). Por otra parte, esa concentración del beneficio tan grande para unos pocos se da cambio de algo para los políticos que lo otorgan: tal vez un apoyo sustancial en procesos electorales; esto es, aportar a campañas en donde se reelijan a quienes otorgaron la protección.  Es un resultado esperable entre el costo del “apoyo” y el enorme beneficio que reciben los protegidos. Eso suele suceder en el proceso político de otorgar protección ante la competencia: un intercambio de “favores” o de “servicios”.
 
Lo único que acabaría con este problema es si se eliminan los aranceles proteccionistas, que haya libertad plena para competir, no sólo en el precio, sino en las diferentes características que suelen incorporarse en las transacciones libres de bienes entre personas. La distorsión en el mercado no es el “bandeo”, sino la práctica proteccionista del estado a grupos de privilegio en contra de los consumidores.

Jorge Corrales Quesada

martes, 16 de mayo de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: Financiamiento insuficiente de sus pensiones

No hay duda de que “en guerra avisada, mueren menos soldados”.  Yo no quisiera que, ante los problemas evidentes que surgen en torno al financiamiento de las pensiones del poder judicial, sea yo uno de los soldados que termine pagando -por medio del presupuesto nacional- los beneficios de algunos.

Un nuevo estudio realizado para el Poder Judicial por el actuario don Raúl Hernández -“Informe de flujo de ingresos y egresos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial”- muestra, de acuerdo con lo indicado por La Nación en su edición del 14 de marzo, en un artículo titulado “Corte utilizará reserva para pagar pensiones en el 2019: Aportes de empleados serán insuficientes para entender jubilaciones, revela estudio de actuario”, que “si el Fondo continúa con la tendencia actual de crecimiento del gasto, el aporte mensual de los trabajadores y pensionados será insuficiente para sostener los egresos.” En sencillo, la plata que entrará al Fondo de Pensiones del Poder Judicial, no alcanzará para pagar todas las pensiones a partir de agosto del 2019, obligando a usar las reservas -fondos ahorrados que generan intereses- para enfrentar beneficios futuros de sus pensionados.

De acuerdo con el medio, a partir de esa fecha, los ingresos del Fondo por aportes serían de ₡7.017 millones, pero las pensiones que habría que pagar ascenderían a ₡7.239; esto es, un déficit en el flujo financiero de ₡222 millones, que tendría que ser sufragado disminuyendo las reservas del Fondo.
Un factor que, sin duda, incide en este déficit es que, “desde el 2010, la Sala IV eliminó el tope a las pensiones. Esta situación genera beneficios altos para los jubilados con este sistema. De hecho, hay un grupo de menos de 700 personas que recibe la mitad del gasto anual; es decir, ₡27.000 millones.”

Hago la incómoda pregunta de ¿cuántos que votaron a favor de eliminar ese tope en el 2010, son beneficiarios de estas pensiones que rinden tanto para algunos pocos?  (Hoy en día hay 3.673 jubilados, por lo que cerca de un 19% son los beneficiados con esas “altas” pensiones).

Ciertamente ha habido algunos proyectos (tres: uno de la Corte Plena, otro de los trabajadores y otro de diputados) para poner algún grado de orden en el régimen de pensiones del Poder Judicial, pero, el principio esencial debería la búsqueda de una homogeneización con el actual sistema de pensiones de la Caja.  Sin duda que eso implicaría una fuerte limitación a tan altas pensiones, para las que los beneficiarios no han aportado lo suficiente a lo largo de sus vidas laborales. Por supuesto, es inaceptable que se pretenda acudir a mayor financiamiento mediante presupuestos estatales -esto es, pagado por todos los contribuyentes- como solución al problema de las pensiones del Poder Judicial.

El caso es tan grave que incluso en un informe reciente elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica, en donde analizó las tres reformas presentadas a la Asamblea Legislativa para reformar la ley del fondo de pensiones de los empleados del Poder Judicial -concretamente los citados previamente y no así el planteado recientemente por la Superintendencia de Pensiones-  se requeriría un alza del pago del 43% del salario de los trabajadores y tal monto es  “inviable” para poder pagar todos los privilegios y obligaciones de la actualidad.
 
Este último tema aparece expuesto en un comentario de La Nación del 11 de mayo, titulado “UCR dice que ningún plan salva pensiones de la Corte”. Entonces, ¿qué? ¿Pagaremos todos los costarricenses esos privilegios de un único gremio?  Francamente, la situación exhibe una enorme injusticia y, en mi opinión, una inmoralidad institucionalizada. Por ello, es el momento de que esos esquemas de pensiones se traten al igual que bajo el de pensiones de la Caja, incluso a sabiendas de que éste tiene problemas para su financiamiento a largo plazo -eso sí mucho menores- que requiere ya de reformas indispensables para poder salvarlo.


Jorge Corrales Quesada