La columna de Carlos Federico Smith: ingobernabilidad

Esta es una palabra que de pronto parece estar de moda, desaparece del panorama por un rato y luego regresa a la palestra. Creo es necesario meditar acerca de la forma en que se le suele emplear en algunos círculos, para ver si es así posible discernir su verdadero significado.

A menudo por ella se suele entender la incapacidad de algún poder del Estado, normalmente el Poder Ejecutivo, para llevar a cabo ciertas propuestas, en un tiempo el cual ese mismo ente u otros consideran apropiado. La dimensión tiempo es crucial y por ello, como ejemplos, es factible que se escuche la opinión de que la Contraloría contribuye a la ingobernabilidad, porque retarda mucho el proceso “ágil” de contratación requerido, o bien que la Asamblea Legislativa es el semillero de la ingobernabilidad, porque allí no se aprueban los proyectos urgentes y necesarios (a criterio de alguien), usualmente debido a un ambiente de discusión interminable e incluso por la imposibilidad de llevar a cabo una votación requerida, a causa de la manipulación de un reglamento legislativo operativamente ineficiente y engorroso.

Los anteriores son tan sólo dos ejemplos de lo que algunos suelen llamar ingobernabilidad, aunque, sin duda, el más de moda es que la ingobernabilidad en este país tiene su fuente en el Poder Legislativo. Es por ello que me referiré a este último caso, más que a otras aplicaciones del término a otras entidades o situaciones.

Quien más debe aborrecer la ingobernabilidad es el tirano. Dado que el Poder Legislativo es la expresión del poder legítimamente enraizado en el pueblo, en donde éste delega en aquél su poder, una voluntad diferente de la del dictador que emane de dicha institución, sin duda que constituye, como mínimo, un estorbo ante los ojos del tirano, quien así se ve impedido para ejercer su única voluntad. Por ello no es de extrañar que, por ejemplo, Hitler, el 2 de febrero de 1933, con sólo dos días de haber asumido como Canciller o Jefe de Estado de Alemania, lo primero que hizo fue disolver el Parlamento de ese país, para poder así ejercer dictatorialmente su capricho. Algo similar sucede hoy en Venezuela, en donde, por las razones que sean, el Poder Legislativo está casi copado por el partido de gobierno, razón por la cual el Presidente Chávez está en capacidad de lograr la aprobación de cualquier apetencia que se le ocurra.

Fue con la aprobación de la Carta Magna en Inglaterra en 1215, que el rey quedó sujeto a la voluntad de la ley, al igual que lo estaba cualquier otro ciudadano, y se vio obligado a escuchar la opinión de los barones o señores, quienes con anterioridad estaban sujetos a obedecer sus deseos. En realidad no pasó mucho tiempo para que, de tan importante acuerdo, surgiera evolutivamente lo que se considera constituye el primer parlamento moderno, allá por el año 1265. Este desarrollo institucional del parlamento en mucho se debió a que, por necesidades militares reales, el rey simplemente imponía su voluntad sobre sus súbditos, cargándoles de impuestos para financiarlas. Pero lo que solía ser potestad incuestionable, se vio limitada por la voluntad del pueblo, que exigió que cualquier tributo debiera de obtener primero su aprobación. Esto es, el requisito de que los gravámenes no podían ser impuestos sin el consentimiento del “consejo general del reino”. Para ello se hizo necesario parlamentar (palabra de origen francés), que significó diálogo, acuerdo y, ante todo, limitación de la voluntad real.

El tirano es antitético al parlamento por el simple hecho de que éste le limita en su arbitrio. El orden de la libertad en mucho descansa en instituciones destinadas a limitar el poder del Estado y, por supuesto, más para el caso hipotético de un gobernante que pueda pretender ser el único que defina las decisiones públicas. Las ideas de supremacía de la ley, de igualdad ante ella, de no impuestos sin representación, de un Estado limitado, del derecho a la resistencia, de compensación y representación, de una división de los poderes que integran el Estado, de la existencia de frenos y contrapesos entre esos poderes, son instituciones que han surgido para que ninguna persona pueda imponer al pueblo su única y propia voluntad, siendo que es en éste en donde en el poder reside en última instancia.

El parlamento o Asamblea Legislativa se supone que constituye la representatividad del pueblo. Por ello los impuestos tienen que ser aprobados por el parlamento y no por la voluntad de un poder ejecutivo. Si bien dicha aprobación legislativa constituye una manera indirecta de aprobación popular, bien podría ser efectuado de manera directa, como sería el caso de hacerlo mediante un referendo en que se consulte la opinión ciudadana sobre el tema. Es así como se hace en lo que tal vez sea la democracia más avanzada, como es en los cantones suizos.

Si se tiene en mente el origen de los parlamentos modernos, en mucho para refrenar las posibilidades del soberano de utilizar para sus propósitos los recursos de los ciudadanos -mediante impuestos principalmente usados para financiar guerras- se entiende porqué es que los temas impositivos son especialmente sensibles, en donde se debe tomar en cuenta, lo más ampliamente posible, la expresión de la voluntad soberana de los ciudadanos. En una Asamblea Legislativa o parlamento se supone que los diputados son quienes deciden acerca de, por ejemplo, la propuesta tributaria proveniente de otro poder, como el ejecutivo. Pero, de nuevo, es una expresión indirecta de la voluntad popular, que bien podría ser directamente definida en este tema, por medio de la expresión en un referendo.

La llamada ingobernabilidad actual se ha concentrado, a decir de algunos, en la incapacidad de nuestra Asamblea Legislativa, nuestro parlamento, para aprobar el proyecto de impuestos del momento, que el poder ejecutivo considera urgente para financiar su gasto excesivo. Se ha aseverado que se utilizan argucias procedimentales con el fin de entrabar el trámite (¿expedito? ¿apurado?) de aprobación de esos mayores gravámenes. Pero resulta interesante destacar que es de esperar que la aprobación de impuestos no sea una cosa fácil, rápida de lograr, en donde haya poca discusión del proyecto. Este principio, no debe olvidarse, de control profundo en cuanto a la aprobación de impuestos, fue factor esencial en la creación del parlamento moderno, tal como brevemente lo reseñamos con anterioridad.

Así como es esencial el control que indirectamente puede ejercer el pueblo por medio de la Asamblea Legislativa, también lo es que la aprobación de gravámenes no sea un asunto de un simple trámite, de lo que se somete a la aprobación de esa Asamblea. Si hay algo, según históricamente lo ha determinado el poder popular, en lo cual es indispensable restringir el abuso potencial del Estado, es el caso de la imposición de gravámenes. Incluso este escrutinio escrupuloso puede ser aún mayor que el requerido en otros asuntos de interés ciudadano.

La idea de que se requiere de un consentimiento del ciudadano para ser objeto del pago de impuestos, fue claramente expuesta por el político y estadista británico, William Pitt, al señalarnos que “la imposición no es parte del gobierno o del poder legislativo. Los impuestos son una concesión voluntaria o una donación tan sólo de la gente” [John Phillip Reid, The Constitutional History of the American Revolution, The Authority to Tax, Madison, Wisconsin, 1986, p. 145]. Por ello, mientras que otras leyes normalmente no tenían que ser objeto del consentimiento del ciudadano para ser aprobadas, ese no era el caso al tratarse de la imposición de gravámenes. De aquí es de esperar que la posible aprobación de impuestos no sea un proceso común, sino excepcional. Por supuesto, que esa excepcionalidad exige el mayor grado de vigilancia del contenido de la propuesta de impuestos, meticulosidad y recelo acerca de sus detalles, pero, sobre todo, precaución ante el abuso posible que se puede estar cometiendo, por parte del poder del Estado.

“Un mal impuesto, entonces, es cualquier impuesto que la gente no quiere y que no apoya. No es un asunto de expertos decidir sobre el tema. Lo que la gente quiere deberá ser el árbitro final de la política impositiva. Cuando la evasión es generalizada, el gobierno deberá leer el mensaje. Una sociedad inclinada hacia la evasión, como lo fue en la España imperial, en su momento declinará. Algunas veces la coerción puede estabilizar una sociedad rebelde, como fue el caso de Roma bajo Diocleciano, quien solucionó el problema de la evasión mediante la fuerza y la esclavitud. En una democracia, ese no es un camino fácil, pero los gobiernos parecen pensar que es una buena política”, nos advierte Charles Adams (For Good and Evil: The Impact of Taxes on the Course of Civilization, Lanham, Maryland: Madison Books, 1999, p. 385). Por ello, debe darse un cuidado riguroso a cualquier proceso de aprobación de gravámenes y, sobre todo, que sean vislumbrados como apropiados, justos y mesurados por parte de los ciudadanos, quienes son los que en última instancia deben de pagarlos.

Por ello es de cierta manera sorprendente, que lo que exige la revisión más profunda y exhaustiva del ejercicio del poder del Estado, cual es la imposición de gravámenes, en el caso actual se le aplique el procedimiento parlamentario conocido en nuestro país como de “vía rápida”, el cual incluso se ha ejercitado, aparentemente, mediante formas indebidas; esto es, a contrapelo de ley, como lo ha indicado el propio Presidente de la actual Asamblea Legislativa.

La llamada “ingobernabilidad”, entendida como el impedimento en la aprobación de leyes, más bien resulta ser una virtud, cuando se pretende sancionar un proyecto de ley inconveniente, malévolo, grosero, abusivo e indeseado, tan sólo con fundamento en que hay una mayoría relativa, obediente de los ordenamientos que le envía un poder particular, deseosa de su rápida aprobación. Pero se efectúa con insuficiente discusión, sin que medie negociación de cara al pueblo que en algún grado pueda equilibrar daños, sin que se escuche, con posibilidades de una efectiva variación de la propuesta inicial del rey (perdón, del gobierno), la voz popular en contra del proyecto en mención. Una ciudadanía que, al menos según encuestas al respecto, ha señalado, en cerca de un 75% de los entrevistados, que el pretendido aumento de impuestos no reducirá el problema del déficit gubernamental. Más bien propone otras medidas, como reducir el gasto, disminuir tareas del gobierno, vender activos públicos, entre otras soluciones para un problema actual.

En ese sentido, la ingobernabilidad” deviene en una virtud: impedir el abuso del soberano contra el pueblo. Evitar un estricto y amplio escrutinio de las pretensiones impositivas del gobierno, mediante una aprobación “rápida”, “fácil”, “expedita” como lo quieren algunos, principalmente los gobernantes de turno, puede ser el mejor resultado que nos puede suceder a los ciudadanos.
En este sainete incluso sorprende ver a algunos que se quejan, ante una presunta variación en los gravámenes a ciertos sectores hoy favorecidos con una excepción impositiva, clamar porque se pretende afectar sus derechos consolidados y hablan de “inseguridad jurídica”, pero al mismo tiempo se lamentan de la “ingobernabilidad” en el país, por la no aprobación del nuevo paquete de impuestos que el gobierno propone. To be or not to be that is the question.

Si los impuestos son indeseables por su naturaleza, como se ha mostrado a través de la Historia, un mayor escrutinio, un mejor coladero, es algo conveniente, en especial cuando se tiene una Asamblea Legislativa compuesta, en parte importante, por diputados que no parecen haberse dado cuenta de que ellos no son sino representantes del pueblo, el cual no quiere este paquete de gravámenes, y que más bien parecen actuar como simples siervos del poder, ejercido por algunos otros políticos de turno.

Si un proyecto está mal concebido, si va a generar más daño que bienestar al ciudadano, si simplonamente se trata de poner impuestos a cuanta cosa se mueva, respire o exista en la Tierra, con independencia de los efectos nocivos que pueda causar sobre la acción del ser humano, si impulsando su aprobación algunos creen que es así como se gobierna, pues prefiero un país ingobernable, como el nuestro, pues es la única manera de proteger al ciudadano de un daño mayor, de la violencia del poder.

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Tema polémico: la gran oportunidad

Hasta el día de hoy, el Gobierno inédito de la Presidente Laura Chinchilla ha pasado con más pena que gloria. Nos encontramos ante una administración monotemático que ha puesto todas sus fichas en la aprobación de un paquete de impuestos que empobrecerá a la ciudanía costarricense (¡vaya empeño en perjudicarnos!). En el apartado de obra pública, nada más encontramos una carretera en la frontera norte que su utilidad y beneficio resulta, como mínimo dudosa, y que parece más un intento electorero para capitalizar el conflicto de Nicaragua. De igual manera tampoco se ha observado ningún avance en el tema de reformas políticas o en el apartado de derechos civiles.

A pesar de este transitar sin destino alguno que ha emprendido el Gobierno, en el medio del camino ha topado con la suerte de encontrar una salida al laberinto en el que solito se metió. Precisamente, la mano amiga ha venido por parte del Gobierno de Guatemala, que ha puesto en la palestra internacional el eterno tema de las drogas. Pero esta vez por fin pareciera que los gobernantes están entendiendo que la verdadera solución del problema consiste en la legalización de las mismas, legalización que acabará con las mafias, el mercado negro, la violencia y todos los problemas generados a partir de la prohibición.

La guerra de las drogas ha resultado sumamente gravosa para los países de nuestra región, nos ha costado recursos, seguridad, violencia, muertes, corrupción, etc. El Gobierno de la Presidente Chinchilla se encuentra ante una oportunidad única para dejar una imagen positiva, aunque sea en un campo. La pregunta es: ¿tendrá este Gobierno la inteligencia y el liderazgo político para asumir el presente reto y pasar a la historia como una Administración? O, por el contrario, ¿hará su mirada a un lada para continuar siendo el gobierno hueco que es hasta ahora?. Esperaremos la respuesta como el siguiente capítulo de una novela.

Viernes de recomendación

Para este viernes de recomendación queremos compartir con ustedes un interesante libro del politólogo italiano Giovanni Sartori, llamado "Homo videns: la sociedad teledirigida", donde el autor presenta una serie de ideas acerca del problema de la comunicación política y cómo el mensaje ha sido tan desvirtuado por los medios de comunicación masiva, que pretenden "informar" sobre cosas importantes en apenas unos pocos segundos, haciendo sobresimplificaciones que impiden que los ciudadanos obtengan lo suficiente para sacar conclusiones serias y sostenibles y los hacen susceptibles a guiarse por la opinión de los presentadores mediáticos, muchas veces llena de errores y prejuicios.

Jumanji empresarial: ¿de quién es la lucha hoy?

Hitler, en Mi lucha (1924), señalaba con respecto a la misión educadora del Estado: “su objetivo consiste, en primer término, en formar hombres físicamente sanos; en segundo plano está el desarrollo de las facultades mentales y aquí, a su vez y en lugar preferente, la educación del carácter y sobre todo el fomento de la fuerza de voluntad y de decisión, con la finalidad de que los educandos asuman gustosos la responsabilidad de sus actos. Solo después de todo eso, viene la instrucción científica”.

Si se quita el nombre de Hitler y los otros clisés nazis al párrafo anterior, posiblemente una persona bien intencionada y con ganas de ser inspirada por alguien, diría que el párrafo tiene no solo lógica, sino que también posee un carácter humanista. Ahora bien, si retornamos al contexto histórico todos conocemos la verdadera tragedia que acarreó el discurso hitleriano, causada en gran parte porque la mayoría de la gente de aquella época estaba tan ocupada buscando guía y dirección a sus empobrecidas vidas, que no lograron distinguir el auténtico vector histórico en palabras como estas.

El problema con los movimientos nacionalistas es que todo el mundo sabe dónde terminan, pero nadie sabe dónde comienzan. La razón de tal distorsión histórica tiene que ver con un fenómeno que podríamos llamar la "falacia narrativa". Y es que la historia que leemos hoy, es la historia narrada por aquellos que sobrevivieron a los acontecimientos o tragedias y que tuvieron la iniciativa de escribir sus propias narrativas, aunque la narrativa de aquellos menos afortunados que no vivieron para contar sus experiencias siempre se pierda en la historia. Este es el caso precisamente de los inicios de los movimientos nacionalistas o perfeccionistas de comienzos del siglo XX. Muchas de las acciones inocentes y sutiles de aquel periodo solo nos permiten ahora una especulación tardía acerca de sus intenciones originales.

El asunto es digno de meditación; y si nos preguntamos por lo que estamos viviendo hoy, cuando se observan tendencias intervencionistas del Estado y de sus agentes con poder de coerción y coacción legalizada y cuando se siente una inquietante pasividad y sumisión por parte de la mayoría de los ciudadanos, advertimos más semejanzas que diferencias entre nuestra actualidad y el ambiente que reinaba durante los años que precedieron a los movimientos nacionalistas y posteriormente bélicos de la era nazi.

La escuela, con sus protocolos de iniciación y conformación, es siempre el foro ideal para el adoctrinamiento nacionalista y perfeccionista de una juventud hambrienta de sentimientos e ideales inspiradores, alejados de la verdadera misión de la escuela, que es el descubrimiento por parte del individuo de su naturaleza y de la naturaleza de todo lo que lo rodea.

En Costa Rica, las apariencias de buenas intenciones sobran en el discurso de los burócratas con poder, como el Ministro de Educación y demás, pero la pregunta es: ¿buenas intenciones de acuerdo a quién? Tener el apoyo de las masas no significa tener la razón; y sin embargo, esta es la excusa que utilizan los ingenieros sociales a la hora de justificar sus intervenciones y restricciones a la libertad individual. La historia nos dice, y es una lección que ya debiéramos haber aprendido, que la consecuencia inevitable de la intervención excesiva del Estado acaba desintegrando la familia y que este es el primer paso hacia el control total de las mentes de los jóvenes, víctimas propiciatorias de un Estado cada vez más autocrático e intolerante. O sea, el tipo de Estado por el que luchó Hitler.

Andrés Pozuelo Arce

Desde la tribuna: el síndrome de improvisación fiscal

Las propuestas de reforma fiscal recientes, corresponden a propuestas de improvisación fiscal. Los nombres de los proyectos, tanto como los argumentos para defender la improvisación, no son más que mala cosmética para una incoherente colección de ocurrencias.

Si la materia fiscal no fuera causante de distorsiones económicas ni angustias y dificultades para las familias, podrían excusarse estas propuestas simplemente como guiones de comedia bananera. Sin embargo, además del daño directo e indirecto, a las oportunidades de las personas, se produce lentamente una degradación, cada vez más aguda, del debate acerca de los asuntos fiscales y nacionales y se mengua la vida democrática y republicana.

Lo fiscal se encasilla en el tema de impuestos y nunca del gasto. Cuando se habla del gasto es para argüir, con rodeos y triquiñuelas conceptuales, que es intocable o, que lo corregible es tan pequeño, que no se justifica tampoco tocarlo. Siempre se descalifica, por alguna vía, la discusión del gasto a no ser como justificante global de más impuestos.

La justificación de los impuestos es muy sencilla: se necesitan más para pagar un gasto intocable, pero creciente. La estructura tributaria no interesa y se expresa una ambigua y torticera meta con estribillos como hacer que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres. El significado, sin embargo, de esa expresión, se encuentra volcado al revés.

El trámite de la improvisación es siempre alegado como urgente y, en consecuencia, sin maduración popular, ni estudio técnico serio, ni debate. Surge entonces el tema, entre los aficionados a la ciencia política y en todos los medios, de la gobernabilidad. Pero al ponerla bajo examen, es una seca y revertida gobernabilidad, tan dañina como la improvisación tributaria. A secas porque no se refiere al concepto de buen gobierno, sino de cualquier gestión de gobierno. Al revés, porque no se quiere que la población participe ni se entere del asunto y hasta se prohíben las consultas populares. No es gobernabilidad republicana ni democrática, es lo contrario: de camarilla política y de favoritismo.

Los objetivos de la improvisación tributaria, son de lo más simplista y dañino. Por ejemplo, quedar bien con las calificadoras de riesgo de la deuda pública, pero solo en cuanto a impuestos, nada en materia de gasto, ni de manejo monetario. O quedar bien con los bancos que contratan préstamos con los estados, para que sigan financiando directa o indirectamente, los proyectos mascota de los políticos. De esos miles de millones dólares de préstamos no hay rendición de resultados.

Por eso, la improvisación tributaria que vive Costa Rica es tan dañina. Prolonga la carcoma del gasto público, arrincona a los ciudadanos en su participación y acorrala a las familias con menos oportunidades, las golpea con mayor costo de vida, hipoteca el futuro y… esclaviza a todos a una gavilla irresponsable, politiquera y clientelar.

Mario Quirós Lara

La columna de Carlos Federico Smith: el caso griego, según el Ministro de Hacienda

Mucho se puede comentar acerca de la actual situación económica de Grecia. Así lo he hecho en el pasado. Ahora me motivan hacerlo unas declaraciones del Ministro de Hacienda, don Fernando Herrero. Él señaló que los costarricenses deberíamos de prestar atención a lo que sucede en Grecia, porque constituye un ejemplo de un país que entró en una crisis económica. Ello porque, según el señor Herrero, su ciudadanía no quiso aprobar un aumento en los impuestos, ante el enorme déficit que se estaba experimentando.

Tengo una visión distinta de la que el señor Herrero posee de la crisis griega. Creo que no hace un buen análisis de esos hechos. Me parece que tan sólo busca una justificación al rechazo manifiesto de los costarricenses, a su propuesta de aumento de los impuestos para cubrir el déficit del sector público. Casi que nos tilda de ciegos por no darnos cuenta de que, ante la situación fiscal del país, lo que nos conviene, para evitar algo similar a lo que sucede en Grecia, es que corramos a aprobarle su malquerido paquetazo tributario.

La historia económica reciente de esa nación es el resultado claro de cómo el social-estatismo o la social-democracia, en especial la de ciertos países de Europa, pretendió lograr un elevado estado de bienestar, acudiendo a un incremento del gasto público por encima de la recaudación tributaria, de que disponían en esos momentos. Se decidió gastar por encima de los impuestos que percibían y ello se llama déficit en Grecia, la China y en Costa Rica. El problema no surge por los bajos impuestos, sino por el elevado gasto. Darle vuelta al asunto, como pretende el señor Herrero, solo intenta trasladar la responsabilidad, no a los políticos, quienes tomaron la decisión de seguir el camino del gasto fácil, sino a quienes se rehusaron pagar los mayores impuestos, que se requerían para que aquello no generara un déficit.

Según la lógica del señor Herrero, si, por ejemplo, los griegos hubieran aprobado impuestos en exceso de su gasto gubernamental (creando, por tanto, un superávit), esa economía no tendría problemas fiscales. En rigor contable, ello es cierto, pero eso obliga a formular un pregunta muy sencilla: ¿en cuál situación estaría mejor el ciudadano griego: pagando más o pagando menos impuestos? ¿Teniendo un mayor ingreso disponible para cubrir sus deseos y necesidades o uno menor después del pago de impuestos?

Obviamente, si a la gente le diera lo mismo, pues no le importaría tener que pagar más impuestos que menos.

Lo cierto es que en Grecia –y tan parecido aquí, como lo escuché quejándose a don Fernando Naranjo por las pensiones juveniles a los 48 años- los empleados públicos se pensionaron con montos jugosos y con edades sumamente bajas, lo cual terminó por quebrar las finanzas públicas. También es cierto que allá -y me parece que en ese camino vamos por aquí- los altos sueldos de los empleados públicos no guardaban comparación con su baja productividad. Además, estaban muy por encima de los sueldos pagados en el sector privado, que casualmente es quien paga en última instancia aquellos salarios por la vía de los impuestos. Finalmente, dados estos privilegios y la naturaleza política de los gobiernos estatistas, la planilla gubernamental había crecido enormemente en los últimos años.

Por supuesto, de algún lado tenían que salir esos mayores recursos, para mantener una frondosa planilla de empleados estatales, muy bien pagados, y con una población pensionada relativamente joven, con costos que se cargaban a los presupuestos públicos. Esos recursos los obtenía el Estado endeudándose cada vez más o bien solicitando aumentos de impuestos, que lógicamente tenían que ser rechazados por la ciudadanía. Si no hubiera sido por ese gasto gubernamental tan elevado o un endeudamiento creciente, que en algún momento tenia que ser pagado a los acreedores, no hubiera habido necesidad de aumentar los impuestos.

Pero el tema es aún más interesante: en mucho aplica el lema de que “voy a estar en favor del gasto público, siempre y cuando no sea yo quien tenga que pagarlo y que, más bien, me genere réditos”. Es muy parecido a lo que en una ocasión me dijo un amigo empresario, quien me criticó porque yo me oponía a un crecimiento muy alto del gasto público. Me dijo que por qué me oponía a que la Caja gastara más plata, si ella era la que le compraba sus medicinas. Por supuesto que quienes se benefician del gasto público, no querrán ser ellos quienes tengan que pagar los mayores impuestos, necesarios para financiar ese gasto más alto. Si esto último fuere el caso, estoy casi seguro que se opondrían a la mayor erogación estatal. Pero el cálculo va más allá: por supuesto que estarán a favor de ese más elevado gasto público, si son otros quienes tienen que sufragarlo pagando los mayores impuestos. Por eso hay que ponerle mucho ojo a ese jueguito de quienes están a favor del gasto público, siempre y cuando sean otros los que deban cubrirlo mediante impuestos.

En síntesis, lo que en este caso guía la conducta humana es si en el neto, el beneficio del mayor gasto más que compensa el costo de tener que pagar más impuestos. Esta parece ser la tragedia de muchas de las denominadas democracias.

Pero hay algo muy importante que debe tenerse presente en este análisis: una política de déficit del sector público que se deba financiar con impuestos(o con deuda, que no son sino impuestos a futuro), no es siempre la más conveniente en cuanto a lograr el crecimiento de una economía. En ese caso todos perdemos. Tengo la impresión de que mucha de esta apreciación explica la reciente fuerte oposición al nuevo paquete tributario propuesto: el efecto negativo que tendría sobre el crecimiento nos afecta a todos nosotros.

Don Fernando Herrero agarra el rábano griego por la raíz y no por las hojas. La razón del desorden económico griego es porque ha llegado la hora en que deben de pagar por el exceso de gasto público tenido durante tanto tiempo. Es la hora del juicio final. Deben de pagar por la deuda gubernamental usada para pagar salarios y pensiones excesivas. Por supuesto, los vividores de siempre tratarán de no ser ellos, sino otros los que deban de pagar por esas obligaciones (como, por ejemplo, los laboriosos obreros y empresarios alemanes o bien los empresarios de su propio país, aunque en verdad muchos de estos han sido usufructuarios directos del excesivo gasto estatal). Por eso hoy los griegos se oponen a ser ellos los que paguen esas obligaciones con impuestos. Pero son ellos los que debieron de haber pagado en el momento en que se expandió excesivamente el gasto público.

Parece que los costarricenses, y así lo demostró una reciente encuesta sobre el tema, prefieren reducir el gasto gubernamental en muchas áreas, en vez de que se les cobren mayores gravámenes para financiar el gasto estatal excesivo. Se han dado cuenta de que, si le dan más plata al Estado, éste va a gastar y volverá luego a presentarse una vez más el déficit en el sector público. Para ese entonces, de nuevo les volverán pedir que paguen más y más impuestos. Es cosa de nunca acabar, a menos que se decida poner orden en la fuente del problema: el exceso de gasto gubernamental.

Jorge Corrales Quesada

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Tema polémico: la libertad se escapa por rendijas

Nuestro amigo y colaborador, Jorge Corrales Quesada (ex Presidente de ANFE), decía en la coyuntura del TLC que "la libertad entra por rendijas", para referirse a que es necesario aprovechar las aperturas logradas que, aunque no fueran las deseadas, al menos representaban un pequeño respiro del intervencionismo estatal que corta nuestra libertad de intercambio.

Si bien es un punto cierto y válido para muchos aspectos de las políticas públicas, lo cierto es que la realidad de nuestros tiempos parece ir dirigiéndose a un punto tal donde la frase se invierte: la libertad se escapa por rendijas. Para ejemplificar nuestro punto podríamos dar miles de ejemplos en que el Estado costarricense cada día más se va metiendo en nuestra esfera privada de actuación y decisión y, por tanto, nos hace perder cada vez más libertad. No obstante, un ejercicio de tal magnitud nos llevaría miles de párrafos y perderíamos la atención de nuestros lectores. Por eso vamos a centrarnos en dos recientes casos que ilustran nuestro punto: la reciente aprobación en Primer Debate de la Ley Anti tabaco y la decisión del MEP de regular la venta de comidas en sodas escolares.

Primero que todo hay que decir lo obvio: son dos completas estupideces orquestadas por los amantes del intervencionismo, del Estado niñera que tiene que cuidarnos de nosotros mismos, de los políticos que creen que somos lo suficientemente inteligentes para votar por ellos pero no para tomar decisiones sobre nuestras vidas y por eso deben tratarnos, cual misión salvadora, como nuestras nanas hasta alcanzar la "edad intelectual" suficiente para valernos por nosotros mismos, cosa que por supuesto nunca sucederá para estos entrometidos con poder.

A pesar que se ha dicho que estas medidas son válidas porque se cimentan en la protección de los derechos de terceros -y que por eso se justifica la intervención-, lo cierto es que ese argumento es fácilmente criticable. La maravilla del mercado, decía Frank H. Knight, es que los ciudadanos pueden votar con su dinero: cada dólar que tienen les permite decidir qué cosas premian y qué castigan. Así, por ejemplo, en un bar, quien debería decir si se puede fumar o no es el dueño, en función de sus intereses o deseos. Si la mayoría de su clientela es de no fumadores, el propietario tendrá un claro incentivo económico para impedir que se fume en su local, pues el humo ahuyentará a quienes le dejan dinero. Pero, por el contrario, si la mayoría de clientes son fumadores, la prohibición podría afectar su asistencia y le acarrearía una pérdida financiera que ni el Estado ni los idiotas políticos que impulsan esta norma asumirán.

En el mismo orden de ideas, el argumento del "derecho a aire limpio" no es más que una mala salida al problema. Si bien es cierto que los fumadores afectan el dercho de los no fumadores y generan un costo en atención de salud en el que estos últimos no habrían tenido que incurrir de no ser por la acción de aquellos, la solución tampoco la brinda esta ley. Las personas no están obligadas a compartir el mismo espacio con los fumadores: cuando se trata de espacios públicos -entendiéndose como tales la propiedad del lugar y no la estúpida interpretación en función de si están abiertos o no al público- ya existía la Ley N° 7501, que imposibilitaba fumar en edificios de instituciones públicas. Eso era suficiente. En espacios privados, como dijimos ya, la decisión debe ser del propietario y si una persona no está satisfecha, simplemente puede caminar y buscar otro lugar más placentero.

Si el problema es el costo de atención médica, la solución tampoco es la prohibición. La CCSS no dejará de gastar millones de colones atendiendo a personas con afecciones producidas por el tabaco tan solo porque se prohíba fumar en determinados sitios. Además, el cigarrillo no es la única causa de problemas respiratorios. Lo que pasa es que nadie quiere poner el dedo en la llaga y entrarle a la contaminación que generan los camiones y buses y, mucho menos, encontrar la inconsistencia en la política ambiental de los diferentes Gobiernos, pero más visible en este, cual es el establecimiento de altos impuestos -aumentados aún más por el proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria (el famoso PACquetazo de impuestos)- que desincentivan la migración a vehículos con tecnologías más limpias, al tiempo que desperdician los recursos de los tax payers en foros internacionales sobre el cambio climático.

Para evitar que los ciudadanos paguen los costos de los fumadores y de las personas con malos hábitos alimenticios, hay que hacer algo que ningún politicucho o intelectual progresista desea, pero que representa la única solución responsable: que cada quien pague por su atención médica. Sea que se cierre la CCSS -como lo hemos propuesto reiteradamente en ASOJOD- y que cada quien costee su propio seguro médico, o que, al menos (como todo en este país se hace a poquitos) se le cobre una cuota mayor por riesgo a quien tenga condiciones que hagan más probable la necesidad de recurrir a los servicios.

Esta incesante necedad de nuestros políticos de meterse en lo que no les importa solo llevan a tonterías. Ahora habrá que pagar burocracia para fiscalizar las loncheras, ejércitos de nutricionistas para supervisar la preparación de la comida en las sodas escolares, inspectores para tratar de luchar contra el contrabando de cigarrillos, etc., etc., etc., y todo en una época de déficit fiscal que amenaza con garrotearnos con un incremento de impuestos.

Gracias a las sandeces de nuestros políticos, la libertad se escapa por rendijas, pero cada vez en proporciones más grandes.

Viernes de Recomendación

Los ciudadanos difícilmente se cuestionan el entorno social y económico en que viven, a menos que se presenten circunstancias extraordinarias que permitan experimentar nuevas ideas, antagonistas al statu quo.

Las condiciones económicas que viven muchos países europeos, por señalar un ejemplo, hacen propicio el advenimiento del liberalismo como una respuesta a los excesos de los poderes públicos, ¿podremos aprovechar este momento?

Jumaji Empresarial: Estado versus empresa

El Estado nos quita poder social y económico: poder de auto-organización ciudadana, poder de autorregulación y poder de defensa personal, por medio de impuestos depredadores y a través de una regulación restrictiva; y a la vez pretende devolvernos seguridad social y económica bajo la forma de instituciones no evolutivas, sistemas de reparto y un capitalismo estatal elitista. No hay manera posible de que esta fórmula sea beneficiosa para generar la prosperidad general.

El Estado busca imponer un curioso sistema moral basado en la extorsión y el robo. El hombre de empresa, por el contrario, solo cierra acuerdos contractuales o de mutuo acuerdo con su cliente o capitalista. En los negocios privados, y debido a este contrato (aristotélico), todo el mundo gana. En ningún momento, el empresario pretende detentar una moral más elevada que su cliente ni robarle el dinero o su libertad para reasignárselo a otro o quedárselo él mismo; lo único que pretende, como su cliente, es obtener el máximo provecho con el menor costo posible.

La consecuencia de esta disyuntiva es que, en Costa Rica, ya se percibe hoy un ambiente donde conviene más anudar negocios ilegales que negocios legales. Cuando un empresario costarricense quiere trabajar dentro del marco de la ley puede estar seguro de que su "socio mayor", que es el Estado, siempre estará listo para participar de sus ganancias sin aportar mucho, y como muestra de gratitud –gratitud negra al fin–, le devolverá el favor con mayores regulaciones. Pero, además, cuando el empresario busque protección ante la ley siempre surgirá un burócrata de pelo largo que lo acusará públicamente de manipular la ley en su propio beneficio. Una práctica que no solo es nefasta sino que pone en riesgo el futuro de la misma nación y de cada uno de sus habitantes.

Muchos "intelectualoides" le echan la culpa al capitalismo por todos los males de la sociedad, pero no se dan cuenta de que sin capital (físico, intelectual, social) no puede existir bienestar colectivo. Capitalismo es: la libre transformación, transferencia y acumulación de capital, a través del intercambio. Esta fórmula nunca puede ser la causante de la pobreza, a no ser que el aparato estatal cree las condiciones para que dicho capital se acumule en pocas manos, fenómeno que sí ocurre por otros factores: exceso de regulación, multitud de impuestos y gasto improductivo del mismísimo Estado.

Andrés Ignacio Pozuelo

Desde la tribuna: ¿empresa pública?

Se ha puesto en boga hablar de la empresa pública, del empresario pública y de la gestión empresarial hecha desde el ámbito público.

En mi humilde entender, no son expresiones aceptables porque constituyen una contradicción o un delito.

El ICE no puede ser una empresa pública, sus administradores jamás pueden ser calificados de empresarios o expresión similar. Simplemente es una categoría que no corresponde.

En la empresa hay un riesgo y un emprendimiento que solo es compatible con la organización de los factores de producción o gestión de comercio desde el ámbito o sector privado. Hacerlo desde el sector público no es tomar riesgo y no es una organización propia de un empresario.

En el sector público podríamos estar hablando de un buen organizador, un gran administrador, un servidor fiel, un empleado inteligente y hasta con mucha iniciativa, pero nunca sería propio designarle con la calificación de empresario.

Al tratarse de bienes y administración pública hay incompatibilidad con la función social del empresario. Una razón es porque no hay el riesgo propio de la función del emprendedor privado. El otro motivo es que en la generalidad de los regímenes administrativos más bien es delictivo o prohibido arriesgar los bienes y patrimonio público. Competir desde el sector público no tiene gracia ni capacidad empresarial, todo lo contrario. Hacer negocios con el giro público fue típico de algunas organizaciones, pero no es labor empresarial. Sería más bien desleal o una actividad jurídicamente incompatible con la función pública.

Con la apertura de los mercados de telecomunicaciones y seguros, así como antaño con la banca (función de intermediación financiera) han emergido algunas de las contradicciones que se derivan de la confusión que algunos predican entre la administración pública y la actividad empresarial.

La administración pública, en términos generales, no cuenta con el riesgo ni con la competitividad propia de la actividad empresarial. Más bien, si se aprecia bien, la actividad de la administración pública se mueve en las regulaciones propias del principio de legalidad, el ajuste a los principios del Derecho Público, las características y regulación propia de las finanzas y administración de bienes públicos y la conformidad con el fin público. Lo propio es la transparencia y la rendición de cuentas. El ente público está obligado a coordinarse con el resto de la administración pública, a cumplir directrices (en Costa Rica incluso las emitidas por el Consejo de Gobierno), a seguir a rectorías de sector, a cumplir los principios del servicio público y una serie de regulaciones más. Cuando se intensifica en su estudio, se concluye que además hay una responsabilidad en el uso total de recursos públicos, incluidas las competencias, las potestades, los bienes y los ingresos. No debería haber campo para más discrecionalidad que la que permite el Ordenamiento Jurídico Administrativo ni para aprovecharse inventándola cuando se está frente a conceptos jurídicos indeterminados. No es propio de la Administración Pública andar inventando, improvisando, cambiando sistemas y modos, pues el derecho a la continuidad y las técnicas de rendición de cuentas más bien exigen que todo sea previsible.

En él giro de la empresa privada, en cambio, más bien aparece un conocimiento no articulado, un olfato y visión propias de algunos que miran y aprecian lo que los demás no percibimos. Hay innovación, introducción de nuevas técnicas, cambio de giro de producción, búsqueda de nuevos mercados, riesgo en la gestión y gran riesgo personal. Hay que crea riqueza, producir, vender, competir, innovar e incluso, arriesgar y arriesgarse. El lucro es un incentivo, pero hay muchas más motivaciones.

Estimo que un banquero privado puede ser un gran empresario, en tanto que el banquero público (en Costa Rica el Estado es dueño de banca comercial) tiene que ser un buen administrador.

Por ello, además de que es cuestionable todo el esquema de entes públicos haciendo actividad que es propia del giro privado, del comercio y la industria particulares, estimo que los esquemas planteados además son incompatibles. Una Junta Directiva de un ente público creyendo que hace empresa (¿empleomanía? ¿clientelismo electoral?) o arriesgando los fondos y recursos públicos (¿secretos comerciales?) o haciendo liberalidades con los recursos públicos (convenciones colectivas y crisis en algunas instituciones, incluyendo la CCSS) nos evidencia que estamos en un campo minado, mal concebido, de riesgo inaceptable para los usuarios de servicios públicos, ciudadanos y pagadores de impuestos y contribuciones obligatorias. Una Junta Directiva como la de RECOPE, apostando a una nueva refinería en un ámbito en que es discutible que haya refinería. ¿Quién asume la responsabilidad? ¿Quién paga la fiesta si el negocio sale mal? ¿Quién controla los malos manejos y usos si no hay competencia ni quién pueda pagar los riesgos que desnaturalizadamente se toman con nuestros haberes?

Hace algunos años cuestionamos la constitucionalidad de una serie de contenidos de convenciones públicas y tuvimos relativo éxito. Algunos jugaron de empresarios en una serie de instituciones públicas y los usuarios (obligados) y ciudadanos estábamos pagando la fiesta ajena. La desintoxicación no ha terminado, pero se ha abierto una nueva grieta que está permitiendo nuevamente jugar a la empresa con el dinero de los demás: alianzas estratégicas (Racsa con la Dirección de Tránsito, poniendo cámaras y sorteando las normas de la administración financiera), secretos comerciales (los diputados no pueden indagar qué pasa en el ICE) y nueva empleomanía. ¡Qué fácil ser regalón con el patrimonio ajeno!

Repito que no es compatible hablar de empresa en el ámbito público.

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: ¿qué pasa en ARESEP?

La reciente renuncia de dos distinguidos miembros de la Junta Directiva de ARESEP, los licenciados María Lourdes Echandi y Emilio Arias, no debe pasar desapercibida, no sólo por tratarse de dos buenos y preparados profesionales, sino por las razones que ellos han indicado.

Señala el Lic. Arias en declaraciones a un medio escrito, que “las actuaciones de las instituciones deberían ser en respeto al interés público y, ante todo, administrar los recursos públicos con apego a la legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas. La dirección que lleva la ARESEP es errada, confusa y no cumple dicho principio”. Por su parte, la Lic. Echandi expresa que debe “dejar constancia de grandes debilidades en la gestión de la ARESEP, las cuales se reflejan en situaciones tales como una muy deficiente ejecución presupuestaria y la reiteración anual de proyectos que no terminan de cumplirse”.

Son pocos los funcionarios que suelen presentar su renuncia, al observar cómo se administra mal una institución de la cual son miembros de su Junta Directiva. Su conducta, su decisión, es ejemplar y por tanto merece que la sociedad civil le ponga atención, pues constituye una nueva luz acerca de cómo es que se hacen las cosas en ciertos feudos públicos.

Ambos ex directores mencionaron una serie de temas que desde hace un buen rato han inquietado a la ciudadanía (no necesariamente a ciertos políticos dentro del gobierno, quienes deberían de ser los primeros en interesarse). Los respetables renunciantes reiteran el desorden en ARESEP, en lo que se refiere a la creación de muchas plazas nuevas a contrapelo de las decisiones del Poder Ejecutivo de controlar el gasto público (¿será que la ARESEP tenía como un nuevo objetivo convertirse en fuente de empleo de los pega-banderas de turno?), al mismo tiempo que, bajo un presunta reorganización de personal interna, se sujetó a los miembros de la Junta Directiva a la opinión del departamento legal de la ARESEP y no de una asesoría directa e independiente (de esta manera, la única opinión legal y técnica con que contaban era la oficial de los jerarcas administrativos de la ARESEP).

Además, ya en el pasado los altos jerarcas de la ARESEP se habían otorgado aumentos jugosos de sus salarios y, en el país de la verdad-verdadera en cuanto al gasto público, en vez de reducirlo, más bien lo aumentó a mansalva. Claro, ¡como si en el país no hubiera crisis fiscal! Según leo ahora, también el gasto dispendioso se ha dado en el rubro nebuloso de las consultorías, por lo que vale la pena que se detalle en qué consisten estas erogaciones, que es una forma por la cual ahora dentro del sector público se encubren gastos para que no aparezcan como salarios.

En cierto momento, cuando se denunció ante el país el caso del alquiler de un lujoso y amplio edificio para la ARESEP, lejos del alcance de la ciudadanía y en condiciones que en dicha ocasión se cuestionaron ampliamente, abrigué la esperanza de que las autoridades de control intervendrían, investigando el negociado, pero, aparentemente no es sino hasta hace poco que han decido investigar al menos parte de lo sucedido en ARESEP, en cuanto al tema presupuestario, Pero no sabemos nada en lo que trata de las nuevas y lujosas instalaciones a las que simplemente la ARESEP decidió trasladarse. Ahora parece que el desorden administrativo también se presenta en cuanto al alquiler del anterior edificio, ubicado en las inmediaciones de La Sabana. No quiero pensar que ahora no se investigan las cosas, simplemente porque las nuevas instalaciones de la ARESEP quedan muy lejos de la Contraloría.

El desorden en la ARESEP no llega hasta aquí. Al día siguiente de haberse conocido la renuncia de esos dos directores, en el mismo medio que las dio a conocer se informa que esa institución tiene un superávit acumulado de ¢9.338 millones. Recuérdese que la principal fuente de ingresos de ARESEP es el cobro de cánones a los entes que regula, que se supone debería ejecutar en diversos proyectos. Dichos cánones forman parte luego del precio que la ARESEP le autoriza a sus regulados cobrar a los usuarios.

Pero la ARESEP está obligada a operar bajo el principio del servicio al costo, según lo había expresado anteriormente la Contraloría General de la República, de manera que ARESEP está obligada a retornar a los usuarios de los servicios, el excedente entre los ingresos por cánones y lo que gasta. Aquí salta una clara divergencia entre lo que dice el auditor interno de ARESEP, en cuanto a la devolución de dichos excedentes y lo que dice la administración de ese ente. Mientras este último indica que la institución ha cumplido con dicha devolución, el auditor interno, en un informe a noviembre del 2011, señala que no ha sido así y, expresa el artículo de La Nación, que el auditor interno, señor Luis Fernando Sequeira, dice que “el rembolso que ha hecho la Autoridad en los últimos cuatro años es mínimo… En el año 2008, la devolución fue de ¢73,8 millones frente a ¢330 millones de superávit. Al año siguiente se devolvieron ¢85.2 millones de ¢730 millones de superávit…Posteriormente no se registran más devoluciones”.

Me imagino que parte de las razones de la renuncia de los dos directivos antes mencionada se debe a la falta de claridad en situaciones como la expuesta, pues a diferencia de lo que dice el Auditor Interno de la ARESEP, el Regulador General insiste en que el superávit siempre se devuelve, aunque luego acepta que “hay mucha razones por las cuales (el superávit sigue acumulándose)” y luego agrega, “Acordate que no siempre gastar es bueno”. Si aceptamos esto último, ello no significa que entonces, no se nos devuelva a los usuarios lo cobrado de más. No se trata de que se considere un pecado el que no se gaste ese dinero, como dice el Regulador. Se trata de que, en vez de que lo gaste el Estado (o la ARESEP), se devuelva ya, sin darle más largas al asunto, a manos de los ciudadanos, quienes hemos sido los que lo hemos venido pagado, mediante los precios más altos de los bienes regulados que nos ha impuesto la ARESEP.

Todas estas cosas, expuestas en las renuncias dignas de los licenciados Arias y Echandi, deben ser aclaradas pronto por las autoridades de control, pues parecen constituir un grave daño a los ciudadanos de parte de una entidad que, se supone, fue creada para regular ciertas entidades privadas en beneficio de la ciudadanía.

Jorge Corrales Quesada

Este artículo también aparece en el foro “Políticamente incorrecto” del sitio http://latforum.org

Tema polémico: direcciones a la tica

Los costarricenses somos reconocidos entre otras cosas, por nuestras “direcciones a la tica”, o el país en el que no hay direcciones, al punto que para orientarse aquí sin ser local, usted necesita un gran sentido de la ubicación o un buen samaritano que le sirva de guía.

Lo cierto es que en Costa Rica no se acostumbra a indicar las direcciones por el nombre de las calles y avenidas, y las casas difícilmente poseen número de identificación; sino que las direcciones se basan en la narrativa, utilizando el ingenio para orientarnos, tomando como punto de referencia lugares comunes como la soda o la cantina del barrio, el árbol antiguo o la iglesia…

Esto es visto por algunos como algo sin importancia, o como parte del colorido de nuestra idiosincrasia; eso que nos hace ser “ticos”. Después de todo, en cuál otro país a usted le van a decir: “Suba carretera a la montaña, como un kilómetro más o menos, luego tome a la derecha, donde está la señal del alto, luego siga hasta topar con cerca y ahí pregunta porque sino se confunde más..."

Si alguien piensa que este es un tema fundamental para el desarrollo económico de un país probablemente otra persona le diría que está hilando muy delgado, pero la verdad es que sí lo es.
Contar con un sistema de referencia preciso y una nomenclatura clara y concisa de direcciones es un factor elemental para cualquier país desarrollado. Piense en lo complejo que resulta para un cartero entregar la correspondencia, los problemas para ejecutar las notificaciones judiciales, lo frustrante para un turista extranjero, e incluso local, dar con el destino; piense en el costo asociado al envío de un paquete cuando no encuentran la dirección correcta, o lo inútil que se vuelve un sistema de posicionamiento local cuando es imposible rastrear una localización que no está referenciada; piense en la persona que llama al 911, y en la dificultad para el servicio de emergencia que necesita llegar con urgencia a la casa de un doliente, o la escena de un accidente. De pronto algo que nos parece tan intrascendente toma tintes de importancia.

Créalo o no, desde 1965 en Costa Rica existe una Comisión Nacional de Nomenclatura, creada mediante la ley 3535. Según dicha ley, la comisión será “encargada de velar porque los edificios y parajes públicos tengan nombres que constituyan homenaje a personas o sucesos de trascendencia histórica, social o cultural, y de preservar los nombres tradicionales y autóctonos de la geografía costarricense; a ese efecto procurará que no se produzca duplicidad en la nomenclatura, y tratará de que desaparezcan, dentro de lo posible, las repeticiones que existan.”

Igualmente existe un reglamento (decreto ejecutivo No 21608-C del 18 de setiembre de 1984), que establece las atribuciones, organizaciones y funcionamiento de la Comisión, para otorgar el nombre que se solicite para los bienes públicos, y el decreto No 26852-C de 1998, que reforma dicho reglamento, “con el fin de que la labor que realiza la Comisión Nacional de Nomenclatura, sea más ágil”.

Bueno, no se necesita ser un genio para entender que desde 1965 esta comisión no ha venido trabajando correctamente, resultando ser de todo menos “ágil”. Sólo hace falte salir a cualquier calle para notar que, con excepción de algunos municipios que se han dado a la tarea de señalizar calles y avenidas, la gran mayoría de las nuestras rutas nacionales o cantorales no se encuentran claramente referenciadas.

Correos de Costa Rica se ha dado a la tarea desde el año 2003, a través del Sistema Nacional de Direcciones, de dar orden y otorgar nombre a muchos de nuestros espacios y edificaciones, a través del Reglamento para la identificación de Direcciones creada por Correos de Costa Rica S.A, oficializado mediante decreto ejecutivo 32793-MP-MOPT del 2005; sin embargo, pareciera que el esfuerzo aún no es suficiente.

Como muchos otros, pareciera que este uno de esos temas que duermen el sueño de los justos; un problema cultural, de desprecio por el orden urbano. Una de esas cosas a las que nadie, o casi nadie le presta atención, pero que significaría un gran paso si se lograra concretar.

Viernes de Recomendación

En este paper del Chicago Journals llamado Large Changes in Fiscal Policy: Taxes versus Spendin escrito por Alberto Alesina y Silvia Ardagna se demuestra que las políticas para reducir el deficit fiscal del Gobiero central basadas en recortes del gasto y no en incremento de impuestos son mucho más efectivas. Esta lectura tiene especial importanciaen este momento que se está discutiendo un nefasto paquete de impuestos en la Asamblea Legislativa.

Jumanji empresarial: ¿qué le ha hecho el Gobierno a nuestras familias?

En su pequeño libro Burocracia, Ludwig von Mises apunta que el socialismo moderno “lleva con mano firme al individuo de la cuna a la tumba”, al tiempo que “los niños y adolescentes se integran firmemente en el omnicomprensivo aparato de control del estado”. En otro contexto, contrasta “capitalismo” con “socialismo” y concluye: “No hay compromiso posible entres estos dos sistemas. Al contrario que la falacia popular, no hay una vía intermedia, ningún posible tercer sistema como patrón de un orden social permanente”. Mi comentario se centrará en la validez de la última afirmación, vista a través del destino de una familia e hijos en la quintaesencia del estado de “vía intermedia” que es la Suecia moderna.

Al mirar a Suecia, encontramos un caso clásico de manipulación burocrática para destruir al principal rival del estado como centro de lealtad: la familia. Al ver esta rivalidad entre estado y familia, es importante entender que en todas las sociedades es constante un nivel básico de “dependencia”. En toda comunidad humana hay niños, personas muy ancianas, individuos con minusvalías importantes y otros que están seriamente enfermos. Esta gente no puede cuidar de sí misma. Sin la ayuda de otros, morirían. Toda sociedad debe tener una forma de prestar atención a estos dependientes. Bajo el predominio de la libertad, la institución natural de la familia (complementada y apoyada por las comunidades locales y las organizaciones voluntarias) proporciona la protección y el cuidado que necesita esta gente “dependiente”. De hecho, es la familia autónoma (y solo en la familia) donde funciona realmente el principio socialista puro: de cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades.

El auge del estado del bienestar puede describirse como la constante transferencia de la función de “dependencia” de la familia al estado, de las personas ligadas por lazos de sangre, matrimonio o adopción a las personas ligada a funcionarios públicos. El proceso empezó en Suecia a mediados del siglo XIX, a través de proyectos burocráticos que empezaron a desmantelar las relaciones entre padres e hijos. Como es habitual, la primera afirmación del control del estado sobre los niños se produjo en la década de 1840, con la aprobación de una ley de asistencia obligatoria a la escuela. Aunque justificada como una medida para mejorar el conocimiento y bienestar del pueblo, la dinámica profunda era la socialización del tiempo de los niños, a través de la suposición de que los funcionarios del estado (los burócratas del reino de Suecia) sabían mejor que los padres cómo debían emplear los niños su tiempo y de que no podía esperarse o confiarse en que los padres protegieran a los hijos ante la explotación.

El siguiente paso se produjo en 1912, con la legislación que prohibía el trabajo infantil en las fábricas y hasta cierto punto en las granjas. De nuevo, se suponía implícitamente que los funcionarios del estado del bienestar eran mejores jueces del uso del tiempo de los niños y más compasivos con ellos de lo que serían o podrían ser los padres.

El paso final se produjo casi al mismo tiempo, cuando el gobierno sueco implantó un programa de pensiones de ancianidad o jubilación que rápidamente se convirtió en universal. El hecho subyacente fue aquí la socialización de otra función de la dependencia, esta vez la dependencia de los “muy viejos” y los “débiles” respecto de los adultos maduros. Durante milenios, el cuidado de los ancianos había sido asunto de la familia. A partir de aquí, iba a ser cosa del estado. Juntando todas estas reformas, el efecto neto era socializar el valor económico de los niños. La economía natural de las familias y el valor que los niños habían producido a los padres (ya sea como trabajadores en la empresa familiar o como “póliza de seguro” para la vejez) se eliminaron. A los padres se les dejaba todavía los costes de criar a los niños, pero la “sociedad”, en el sentido del estado burocrático, se había apropiado de la ganancia económica que acababan representando

El resultado predecible de este cambio, como os diría un economista de la “Escuela de Gary Becker”, sería una menor demanda de niños y esto es exactamente lo que pasó en Suecia. Desde finales del siglo XIX, la fertilidad sueca estuvo en caída libre y en 1935 Suecia tenía la menor tasa de natalidad del mundo, por debajo del nivel de crecimiento cero en el que una generación se limita a reemplazarse a sí misma.

La teoría habitual de la transición demográfica ha sido desde hace mucho que esta caída en la tasa de natalidad era la consecuencia necesaria e inevitable de la industrialización moderna: que los incentivos de una economía capitalista destruyen las relaciones familiares tradicionales. Aunque es verdad que la estructura tradicional de la familia afronta nuevos tipos de problemas en la sociedad industrial, trabajos más recientes sugieren que, de hecho, el mayor desafío lo produce el crecimiento del estado.

Viendo la experiencia de muchas naciones, el demógrafo de la Universidad de Princeton, Norman Ryder, considera como la principal causa común de la baja en la fertilidad a la educación pública masiva. “La educación de las jóvenes generaciones es una influencia subversiva”, dice. “Las organizaciones políticas, como las económicas, reclaman lealtad y tratan de neutralizar el particularismo familiar. Hay una lucha entre la familia y el estado por la mentes de los jóvenes”, en la que la escuela estatal obligatoria sirve como “el instrumento principal para enseñar ciudadanía, apelando directamente a los niños por encima de los padres”. Confirmando la validez universal del ejemplo sueco, Ryder añade que mientras que la educación obligatoria aumenta los costes de los padres, las prohibiciones del trabajo infantil reducen aún más su valor económico. Además, un sistema público de seguridad social recorta los lazos naturales entre generaciones de una familia de otra manera, dejando al estado como centro de la lealtad primaria.

Aunque el sistema familiar de la nación puede reorganizarse, durante un tiempo, alrededor de la unidad nuclear de reproducción “marido-esposa”, incluso esa base de independencia acaba disolviéndose. El resultado final de la intervención del estado, dice Ryder, es una fertilidad que decrece progresivamente, con los individuos viviendo solos en una relación dependiente con el gobierno.

Las contradicciones propias de este método de organización social se aprecian en Suecia a principios de la década de 1930. Habiendo caído tasa de natalidad por debajo del nivel de crecimiento cero, los conservadores suecos se desesperaban por la “amenaza de despoblación” y la desaparición de los niños suecos. Estas voces argumentaban que el problema profundo era la dislocación espiritual o el declinar del cristianismo o el aumento del materialismo o el egoísmo personal. Nadie (ni un alma en la derecha política) reparaba en los problemas que se encontraban en la legislación educativa y social de los últimos 90 años. Así que cuando la “crisis de población” se hizo candente en Suecia, la situación estaba madura para la demagogia y la explotación.

En esta situación, dos jóvenes sociólogos suecos, Gunnar Myrdal y su esposa, Alva Myrdal, dieron un paso al frente. Antes de empezar con su uso y abuso del asunto de la población, dejadme que os diga unas pocas cosas acerca de sus antecedentes y las influencias que pusieron en práctica en su trabajo.

La paternalismo burocrático tenía una larga historia en Suecia, enraizado en el aparto estatal creado por los reyes Vasa a principios del siglo XVI y evolucionado a través de la aplastante autonomía regional a la estela de la fracasada revuelta de Nils Dacke en la década de 1540. Aún así, los Myrdal representaban algo nuevo, y “muy siglo XX”. Eran sociólogos (intelectuales académicos) dedicados a un nuevo tipo de activismo de estado. Como explicaba la propia Alva Myrdal: “La política [hoy] ha (…) caído bajo el control de la lógica y el conocimiento técnico y por tanto se ha visto obligada a convertirse en esencia en ingeniería social constructiva”.

Segundo, aunque a los estadounidenses se les haya acosado con repetidos comentarios sobre la sabiduría del “modelo sueco”, es importante apuntar cuánto del nuevo estado sueco de bienestar se basaba en la experimentación estadounidense. Ambos Myrdal dedicaron el año académico 1929-1930, los últimos meses de la “era progresista”, a viajar a Estados Unidos, con becas proporcionadas por la Fundación Laura Spelman Rockefeller. En este periodo, Alva Myrdal cayó bajo la influencia de la llamada “escuela de sociología de Chicago”. En particular, William Ogburn, imprimió en ella su opinión de que el estado y la escuela habían crecido inevitablemente a costa de la familia y que la familia afrontaba una progresiva “falta de funciones” al retirarse de la necesidad histórica a una preocupación exclusiva por la personalidad. Alva Myrdal también estuvo bastante tiempo en el Instituto de Desarrollo Infantil de la Universidad de Columbia y visitando guarderías experimentales y centros de atención de día operando bajo concesiones de la Fundación Rockefeller, ejemplos de cría social que la impresionaron profundamente.

Por su parte, el trabajo de Gunnar Myrdal en Columbia y la Universidad de Chicago le hicieron consciente del tremendo potencial político que podía encontrarse en el emergente debate de la “crisis de población” sueca.

En un importante artículo de 1932, “El dilema de la política social”, para el progresista periódico sueco, Spektrum, Gunnar Myrdal movía la palanca política necesaria. Empezaba remontando el compromiso en Europa antes de 1914 de un “socialismo de influencia liberal” con un “liberalismo con influencia socialista”. Bajo este acuerdo, decía, el liberalismo del siglo XIX había abandonado su pesimismo maltusiano y dogmatismo librecambista y había abrazado en su lugar la necesidad de reformas para proteger a los trabajadores, mientras que los socialistas habían abandonado los objetivos de la revolución y la redistribución masiva de propiedades, contentándose con pasos progresivos en la ayuda a la clase trabajadora.

Sin embargo, la Guerra Mundial había hecho trizas este compromiso. Myrdal declaraba que el liberalismo clásico estaba muerto y sus partidarios dispersados. También argumentaba que el movimiento de los trabajadores tenía que volver a radicalizarse y buscar un nuevo tipo de política social. Bajo el viejo compromiso, decía Myrdal, la política social se había orientado a los síntomas, dando ayuda a los pobres o los enfermos. La nueva política social, declaraba, debía ser de naturaleza preventiva. Los sociólogos, utilizando técnicas modernas de investigación, la tenían ahora en su poder de usar el estado para impedir que aparecieran patologías sociales. Cuando se basaban en premisas de valores orientados humanamente y una ciencia racional, decía, estas políticas sociales preventivas llevaban a un “matrimonio natural” de la solución técnica correcta con la solución radical política. Myrdal apuntaba concretamente a la crisis sueca de la población, como una oportunidad para un análisis sociológico racional para producir ideas eficaces y radicales para un cambio forzado por el estado.

Los Myrdal dieron cuerpo a este programa en su libro superventas de 1934, Crisis n la cuestión de la población, un volumen brillantemente argumentado que transformó sustancialmente a los suecos. Mientras que los conservadores suecos continuaron preocupándose por la inmoralidad sexual, los Myrdal apuntaban directamente a las contradicciones creadas por un incompleto estado del bienestar. Anteriores acciones del gobierno, como la asistencia obligatoria a clase, la prohibición del trabajo infantil y las pensiones públicas de vejez, admitían, habían eliminado el valor de los niños para los padres. Pero los costes de los niños seguían en casa. En consecuencia, los niños se habían convertido ahora en la principal causa de pobreza. Dados los incentivos establecidos por el estado, las mismas personas que más contribuyeron a la supervivencia de la nación al tener hijos se habían visto arrastradas a la pobreza, las malas viviendas, la malnutrición y las pocas oportunidades de ocio. Lo que ahora afrontaban los jóvenes era una elección voluntaria entre pobreza con hijos o un nivel superior de vida sin ellos. A los jóvenes adultos se les obligaba a apoyar a los jubilados y los necesitados a través del sistema del bienestar y también a los hijos que tuvieran. Bajo esta múltiple carga, habían elegido reducir el número de hijos como único factor que podían controlar. El resultado, para Suecia, era la despoblación y el fantasma de la extinción nacional.

Según los Myrdal, solo había dos alternativas. La primera (desmantelar la escolarización estatal, las leyes de trabajo infantil y las pensiones públicas para restaurar la autonomía familiar) “no merecía la pena siquiera explicarse”. La otra, la única alternativa práctica, era completar el estado de bienestar y eliminar los desincentivos existentes de los niños socializando prácticamente todos los costes indirectos que implicaban su nacimiento y cría. El argumento real era algo así: para resolver los problemas causados, en gran parte, por anteriores intervenciones del estado, el gobierno tiene ahora que intervenir completamente.

Esto significaba un nuevo tipo de bienestar: “Se refiere a una política social preventiva, guiada íntimamente por el objetivo de aumentar la calidad del material humano y al mismo tiempo poner el práctica políticas radicales de redistribución que hagan a que una parte significativa de la carga de sostener a los niños concierna a toda la sociedad”. La burocracia del Estado nunca había disfrutado antes de una capacidad como ésa. Por la misma naturaleza de la palabra, una política “preventiva” abría a todas las familias suecas a subvenciones, escrutinio y control. Uno nunca podía saber dónde podía producirse un problema: por tanto, debían implantarse medidas universales de intervención burocrática para hacer de la prevención una realidad.

Destacando este imperativo, los Myrdal concluían: “la cuestión de la población se transforma así en el argumento más eficaz para una remodelación socialista integral y radical de la sociedad”. La alternativa, decían simplemente, era la extinción nacional.

Su programa abarcaba asignaciones universales para ropa para niños, un plan universal de seguro sanitario, un derecho universal a guardería, campamentos públicos de verano para niños, desayuno y comida gratuitos en las escuelas, alojamiento familiares financiados por el estado, primas de maternidad para cubrir los costes indirectos de tener niños, préstamos por matrimonio, el expansión de los servicios públicos de maternidad y parto, planificación económica centralizada, etcétera. Su objetivo era en la práctica la socialización del consumo, proporcionando a todas las familias una serie de servicios estatales determinada racionalmente y bastante uniforme, gestionada por funcionarios públicos y financiada por impuestos a los ricos y los que no tenían hijos.

Las críticas de que su programa, en realidad, amenazaba a la familia, producían la respuesta característicamente tajante: “la pequeña familia moderna es casi (…) patológica”, decían los Myrdal. “Los viejos ideales deben morir con las generaciones que los apoyaban”.

Las apelaciones a la libertad y la autonomía familiar traían respuestas igualmente mordaces. Los Myrdal acusaban al “falso deseo individualista” de los padres de “libertad” para criar a sus propios hijos de tener un origen enfermizo: “mucho del cansino patetismo que defiende la ‘libertad individual’ y la ‘responsabilidad por su propia familia’, se basa en una disposición sádica a extender esta ‘libertad’ a un derecho ilimitado y descontrolado a dominar a otros”.

Para educar a los niños apropiadamente para un mundo socialmente cooperativo, “debemos liberar más a los niños de nosotros”, entregándolos a expertos certificados por el estado para su cuidado y formación. La guardería colectiva gestionada por expertos controlados por el estado, en lugar de la patológica familia pequeña, estaba más en línea con los objetivos apropiados de eliminar las clases sociales y construir una sociedad basada en la democracia económica.

Entre 1935 y 1975, el programa doméstico de los Myrdal guió, a trancas y barrancas, la evolución del estado sueco del bienestar. Periodos de activismo políticos y burocrático (de 1935 a 1938, de 1944 a 1948 y de 1965 a 1973) se vieron salpicados por una evidente terca resistencia entre el pueblo sueco o por restricciones presupuestarias que retrabaron su completa implantación. Aún así, al final del proceso se habían implantado la mayoría de los elementos del programa familiar de los Myrdal.

¿Cuáles fueron los resultados concretos? Con la familia privada, por cortesía del estado, de toda función productiva, de toda función de seguro y bienestar y de la mayoría de las funciones de consumo, debería sorprender poco que cada vez menos suecos decidan vivir en familia. La tasa de matrimonios cayó a un récord mínimo entre las naciones modernas, mientras que aumentó la proporción de adultos viviendo solos. Por ejemplo, en el centro de Estocolmo dos tercios de la población vivían en familias unipersonales a mediados de la década de 1980. Con los costes y beneficios de los niños completamente socializados y eliminadas por ley las ganancias económicas naturales del matrimonio, también se separó el cuidado de los niños del matrimonio: en 1990, muchos más de la mitad de los nacimientos suecos fueron extramatrimoniales.

También los niños disfrutaban como “derechos” de una gran parte de los beneficios ofrecidos por el estado: atención médica y odontológica gratuita, transporte público abundante y barato, comidas gratis, educación gratuita e incluso “abogados de niños” preparados para intervenir cuando los padres superaran sus límites. Tampoco los niños necesitaban ya una “familia”: el estado servía ahora como su padre real.

De hecho, el sociólogo de la Universidad de Rutgers, David Poponoe, sugiere que el término “estado de bienestar” ya no hace justicia a esta forma de dependencia personal total del gobierno. En su lugar utiliza la etiqueta “sociedad clientelar”, para describir una nación “en la que los ciudadanos son en su mayor parte clientes de un gran grupo de funcionarios públicos que se ocupan de ellos a lo largo de sus vidas”.

En Suecia, los viejos están “libres” de dependencia potencial respecto de sus hijos adultos; niños y adolescentes están “libres” de depender de sus padres para su protección y apoyo básico; los adultos están “libres” de obligaciones positivas respecto de sus padres o hijos biológicos y los hombres y mujeres están “libres” de cualquiera de las promesas mutuas que en un tiempo encarnaba el matrimonio. Esta “libertad” ha llegado a cambio de una dependencia universal común del estado y la casi completa burocratización de lo que en un tiempo fue la vida familiar. Von Mises tenía razón: aquí se prueba que no hay una “vía intermedia”; por ele contrario, Suecia representa una versión más completa y por tanto más opresiva del orden doméstico socialista, uno que supera en su integridad incluso al de la Unión Soviética. Pero el moderno estado de bienestar sueco contiene sus propias contradicciones, problemas que ahora van apareciendo.

Para empezar, la “contradicción demográfica” del estado de bienestar no se elimina tan fácilmente. En un orden democrático de búsqueda de rentas, los que controlen la mayor cantidad de votos disfrutarán de mayores ganancias. En incluso en Suecia sigue siendo cierto que los viejos votan, mientras que los niños no. Aunque la “política familiar” de Suecia haya sido suficientemente eficaz como para destruir a la familia como entidad independiente, no ha tenido éxito a la hora de acabar con el flujo de programas públicos y rentas de los relativamente jóvenes a los relativamente viejos.

Segundo, el estado clientelar nunca podrá proporcionar toda la atención que necesite una sociedad, sencillamente porque hacerlo sería demasiado caro. Al mismo tiempo a las familias en el estado del bienestar se las penaliza cuando se prestan atención a sí mismas, porque así renuncian a los beneficios de la atención pública y solo se les recompensa con atención pública cuando dejan de dar atención de carácter familiar. El funcionario danés del bienestar, Bent Andersen, ha explicado así el problema:

El estado del bienestar justificado racionalmente tiene una contradicción interna: si ha de cumplir sus funciones atribuidas, sus ciudadanos deben evitar explotar al máximo sus servicios y provisiones; es decir, deben comportarse irracionalmente, motivados por controles sociales informales, que, sin embargo, tienden a desaparecer a medida que crece el estado del bienestar.
Esta contradicción ha sido lo que ha impulsado la reciente rebelión contra el estado clientelar moderno, una rebelión que empezó (en los países escandinavos) en Dinamarca y Noruega mediante el éxito de los Partidos del Progreso antiestatistas y que ahora se ha extendido a Suecia. El mes pasado, los socialdemócratas suecos sufrieron una gran derrota electoral, perdiendo el poder en las elecciones nacionales ante una coalición de centro-derecha, unida bajo la promesa común de recortar el estado del bienestar. Muy sorprendente fue la aparición de dos nuevos partidos, que ahora tienen escaños en el Riksdag (o Parlamento) sueco por primera vez.

El primero de ellos (los cristianodemócratas) hizo del lamentable estado de la vida familiar sueca el tema principal de su programa. Reclamaban una reducción de la interferencia burocrática en las relaciones familiares y acabar con los incentivos del estado que animan a los nacimientos extramatrimoniales y desaniman el cuidado de los niños por los padres. El otro nuevo partido, llamado Nueva Democracia, combina temas libertarios de grandes reducciones de impuestos, grandes reducciones de prestaciones y acabaran con la ayuda exterior con medidas para acabar con la inmigración. Juntos, estos nuevos grupos resultan la bisagra del poder parlamentario. La eliminación de las prestaciones del bienestar raramente ha tenido éxito, pero por primera vez desde la década de 1930, los suecos tienen una oportunidad de recobrar algo de autonomía familiar y libertad personal.

Así que todo señala que parecería que el modelo sueco, la “vía intermedia”, la tercera opción, ha sido desacreditada, igual que se ha derrumbado el comunismo, la segunda vía. Sin embargo, por desgracia, el modelo sueco pervive (y puede prosperar pronto) aquí en Estados Unidos, donde la misma lógica y argumentos utilizados por los Myrdal en la década de 1930 están cerca del éxito político.

En un libro de 1991 titulado When the Bough Breaks, publicado por Basic Books (la principal editorial neo-conservadora), la economista Sylvia Ann Hewlett escribe: “En el mundo [moderno] no solo los niños resultan ‘improductivos’ para sus padres, sino que conllevan grandes gastos de dinero. Las estimaciones del coste de criar un niño van de los 171.000$ a 265.000$. A cambio de esos gastos, ‘se espera que un niño proporcione amor, sonrisas y satisfacción emocional’, pero no dinero ni trabajo”.

Continúa: “Lo que nos lleva a un dilema estadounidense crítico. Esperamos que los padres gasten cantidades extraordinarias de dinero y energía en criar a sus hijos, cuando es la sociedad en su conjunto la que recoge las recompensas materiales. Los costes son privados, los beneficios son cada vez más públicos. (…) En la era moderna, confiar en un cariño paternal irracional para aceptar la empresa de criar niños es un negocio arriesgado, insensato y cruel. Es hora de que aprendamos a compartir los costes y cargas de criar a nuestros hijos. Es hora de tomar alguna responsabilidad colectiva para la siguiente generación”.

Hewlett continúa exponiendo un nuevo programa político para Estados Unidos, incluyendo bajas de paternidad obligatorias, acceso gratuito garantizado a atención sanitaria maternal e infantil, provisión pública de atención infantil de calidad, más “inversión educativa”, grandes subvenciones familiares a familias con hijos, etcétera.

¿Suena familiar? Debería: son los mismos argumentos y el programa básico propuesto a los suecos por Alva y Gunnar Myrdal, ya en 1934, aunque desprovisto de su retórica más radical y abiertamente socialista. Sin embargo es un libro que llevó al presidente (jubilado) de Proctor and Gamble, Owen Butler, a declarar: “La conclusión es inevitable. Si no invertimos más inteligentemente hoy en nuestros hijos, el futuro económico y social de la nación está en peligro”. Son también los argumentos que dominan la llamada nueva política infantil, en Washington.

Al mismo tiempo, la “política social preventiva” se ha convertido en el grito de guerra de otros defensores estadounidenses del cambio. Los argumentos suenan familiares: la ayuda por parte de funcionarios del estado al principio de la vida es más económico y eficaz que ayudar después; cuanto más esperemos antes de descubrir los síntomas de estrés, más costoso será; “las intervenciones tempranas presentan el problema de todas las inversiones en crecimiento: los dividendos llegan más tarde”, etc., etc. Todo suena razonable, en cierto modo, pero el producto final sería una pesadilla de gobierno burocrático y la virtual destrucción de la familia en Estados Unidos.

En el informe de septiembre del Consejo Asesor de EEUU sobre Maltrato y Abandono de Niños, vemos el aroma de este amenazante nuevo orden estadounidense. Este consejo, nombrado exclusivamente por las administraciones de Reagan y Bush, calificaba al maltrato de niños como una “emergencia nacional”, añadiendo: “Ningún otro problema puede igualar su poder de causar o exacerbar una serie de males sociales”. El descubrimiento clave del informe es que los gobiernos federal y estatales han gastado demasiado tiempo investigando casos sospechosos de maltrato; por el contrario, el gobierno federal debería centrarse en prevenir el maltrato y el abandono antes de que se produzcan. El Consejo recomienda que el gobierno federal desarrolle inmediatamente un programa nacional de “visitas a casa” a todos los nuevos padres y sus bebés por parte de trabajadores sanitarios e investigadores sociales públicos, que identificarían potenciales maltratadores y les ayudarían.

Además de esta postura de “un burócrata del bienestar en cada casa”, el Consejo pide una “política nacional de protección infantil”, en la que el gobierno federal garantizaría el derecho de todos los niños a vivir en un entorno seguro, con medios apropiados de aplicación.

Por supuesto, Hewlett tiene razón acerca de los defectos en el actual sistema estadounidense de bienestar: hemos socializado aquí el valor económico de los niños, pero hemos dejado los costes a los padres. Estados Unidos en 1991, como Suecia en 1934, tiene una versión incompleta del modelo puro del estado del bienestar. También tiene razón en que esto tiene un precio: el número de niños estadounidenses nacidos anualmente dentro del matrimonio se ha estancado a lo largo de la década de 1980, a un nivel un 30% por debajo de la tasa de crecimiento cero. Sencillamente los estadounidenses no están invirtiendo su tiempo y dinero en más de uno o dos hijos, en buena medida porque no merece la pena. (Es verdad que la tasa general de natalidad ha crecido algo, pero esto se debe completamente al gran aumento en los nacimientos extramatrimoniales de 665.000 en 1980 a más de 1.000.000 en 1990; parece que estos nacimientos los subvenciona bien nuestro sistema de bienestar).

Pero hay una alternativa a la “solución sueca”. Es una que declina mencionar la Dra. Hewlett y es la que los Myrdal rechazaban como “fuera de cualquier debate razonable” hace sesenta años. Esta opción se llama una “sociedad libre”, en la que en lugar de completar el estado clientelar/del bienestar extendiendo los tentáculos burocráticos completamente alrededor de los niños, desmantelamos lo que ya hemos hecho. El programa es sencillo, radical y pragmáticamente antiburocrático:

acabar con la educación obligada y controlada por el estado, dejando la formación y cuidado de los hijos a sus padres y tutores legales;
abolir las leyes de trabajo infantil, razonando de nuevo que los padres y tutores son los mejores jueces de los intereses y el bienestar de sus hijos, mucho mejores que cualquier combinación de burócratas del estado y
desmantelar el sistema de Seguridad Social, dejando que la protección o la seguridad en la vejez la proporcionen, de nuevo, los individuos y sus familias.
Estas acciones devolverían los beneficios económicos de los niños a los padres y así se acabaría con la contradicción anti-niños que está en el centro del estado incompleto del bienestar.

La mayoría de los comentaristas responderían que éstas serían acciones imposibles e inconcebibles en una sociedad industrial moderna. Dadas las realidades o complejidades del mundo moderno, dirían que el caos sería el seguro resultado si realizamos esas obras reaccionarias.

Mi respuesta sería apuntar a los grupos dispersos en Estados Unidos que, por algún capricho histórico o milagro político, siguen habitando en unas de nuestras pocas restantes “zonas de libertad” y que sobreviven bajo un régimen “imposible”.

Un ejemplo inesperado pero interesante serían los amish, que rechazan las presiones del gobierno sobre sus limitadas prácticas educativas (a saber, escolarización solo con profesores amish y solo hasta el octavo grado), que hacen un uso intenso del trabajo infantil y evitan la Seguridad Social (así como las ayudas públicas a la agricultura) por principio. Los amish no solo han conseguido sobrevivir en un entorno industrial y de mercado: han prosperado. Sus familias tienen tres veces el tamaño medio estadounidense. Cuando afrontan una competencia justa, sus granjas obtienen beneficios en “buenos y malos tiempos”.

Su nivel de ahorro es extraordinariamente alto. Sus prácticas agrarias, desde un punto de vista medioambiental, son ejemplares, marcadas por una administración comprometida de la tierra y por evitar los productos químicos y fertilizantes ratifícales. Durante un tiempo en que el número de granjeros estadounidenses ha caído abruptamente, las colonias agrícolas amish se han extendido ampliamente, desde el sudeste de Pennsylvania a Ohio, Indiana, Iowa, Tennessee, Wisconsin y Minnesota.

Probablemente sea cierto que relativamente pocos estadounidenses contemporáneos elegirían vivir como los amish con una verdadera libertad de elección. Pero repito que nadie puede estar muy seguro de cómo sería Estados Unidos si se liberara de verdad a los ciudadanos del gobierno burocrático sobre las familias que empezó a imponerse aquí, empezando con el aumento de la escuela pública obligatoria.

Sin embargo, no tengo ninguna duda de que bajo un verdadero régimen de libertad, las familias serían más fuertes, los niños más abundantes y los hombres y mujeres más felices y satisfechos. Para mí, basta.

Allan Carlson

La columna de Carlos Federico Smith: todo menos la renuncia

Hace pocos días renunció un ministro inglés debido a que hace más de 8 años se vio involucrado en un accidente de tránsito. Él había señalado que su esposa conducía, cuando en verdad era él quien lo había hecho. Su renuncia fue inmediata, dado el daño que causaba al gobierno conservador del cual formaba parte, a pesar de ser él de otra agrupación política, de los llamados demócratas liberales. La responsabilidad política que tenía ese ministro por los hechos comentados fue la causa de su renuncia e ida respetable hacia su hogar.

Más impactante fue lo que políticamente sucedió en Japón, a raíz del tsunami que destruyó las instalaciones nucleares de Fukushima, el 11 de marzo del 2011. En mayo de ese mismo año renunció Masataka Shimizu, jefe de la poderosa firma TEPCO (Tokio Electric Power Company), entidad encargada de la administración de las instalaciones nucleares de Fukushima, como forma de asumir la responsabilidad por lo sucedido a causa del maremoto.

Poco antes había renunciado Toshiso Kosako, tal vez el más alto consejero del gobierno en asuntos de energía nuclear, quien indicó que el gobierno había ignorado sus consejos acerca de la seguridad nuclear, dados los acontecimientos de Fukushima.

En julio de ese mismo año, renunció el Ministro para la Reconstrucción del Japón, Ryu Matsumoto, por haber formulado unas declaraciones que se consideraron “insensibles” en torno a la crisis de la planta nuclear de Fukushima.

Poco tiempo después, el Primer Ministro del Japón, Naoto Kan, presentó su renuncia al cargo, a fin de cumplir con su palabra empeñada en junio, de renunciar debido a la responsabilidad política por los acontecimientos sucedidos, una vez que a su gobierno se le aprobaran ciertas acciones.

Como si fuera poco, el recién electo Ministro de Comercio, Yoshio Hachiro, presentó la renuncia a su cargo en setiembre del 2011, con tan solo ocho días de desempeñarlo, a causa de unas declaraciones “infantiles” en torno a la tragedia.

En noviembre del 2011, Masao Yoshida, quien era el director de la planta nuclear devastada, presentó su renuncia.

Lo que sorprende es ver cómo los altos funcionarios japoneses asumen la responsabilidad política que resulta de acciones que su pueblo considera como indebidas, impropias o descuidadas, incluso frente a un hecho tan fortuito, como fue el tsunami que destruyó la planta nuclear de Fukushima.

Comparemos la dignidad y civilidad que rodean estas renuncias de funcionarios públicos, como manera de responsabilizarse por sus gestiones políticas, con lo sucedido tan sólo recientemente en nuestro país, pues en verdad no vale la pena hurgar toda una triste historia al respecto, como es el caso nuestro.

Para que soltara la chamba, un infeliz alcalde de una importante ciudad del sur del país, fue necesario que el pueblo realizara un plebiscito y de esa manera mostrar su voluntad de destituir, a quien no había servido a cabalidad con las obligaciones para las cuales fue electo. El vía crucis de la ciudadanía para tener a alguien nuevo que encabezara su gobierno local, no tiene parangón. Fue deprimente observar el papelón que al respecto desempeñó el Tribunal Supremo de Elecciones, que medroso acogió cuanto recurso le plantearan los cercanos al destituido alcalde. Con posterioridad, esa entidad pretendió mostrar que era el portaestandarte de la voluntad popular, cuando lo cierto es que se vio forzada, indirectamente por decisión de la Sala Constitucional, a acoger la destitución franca del alcalde, que el pueblo había tomado mediante su plebiscito. Más que cólera daba ver la actitud del alcalde, apegado a las faldas de su esposa diputada del partido oficialista, con el fin de conservar su chamba a como hubiera lugar. Francamente daba lástima, pues uno no puede concebir a un político que se divorcia más de la voluntad de un pueblo, cuando éste vota por su destitución y aun así él insiste en quedarse. ¡Qué escasa es la dignidad!

Hay muchas cosas buenas en este episodio de destitución de un alcalde, mediante un referendo que realiza su pueblo, y que se deben rescatar. Por una parte, que el contrato que un pueblo hace con un gobernante de turno no es algo irreversible y eterno. En este caso, el plebiscito fue la salida escogida para deshacer un contrato que resultaba a todas luces desventajoso para la ciudadanía. En segundo lugar, muchos otros alcaldes incapaces y corruptos en nuestro país deben poner sus barbas en remojo, al darse cuenta que, cuando un pueblo noble y honesto se organiza, los pueden destituir. Si esos malos políticos soñaron que, cuando fueron electos, lo era por siempre, pues se equivocaron: lo único que los alcaldes de turno deben hacer es dedicarse honrada y efectivamente a servir los propósitos para los cuales se les eligió. En tercer lugar, los apadrinadores de las alturas político-institucionales deben de tener mucho cuidado cuando pretendan ignorar la voluntad de los ciudadanos libres. El pueblo es el soberano: los gobernantes son sus servidores y, quienes administran las reglas, también lo son. Ambos deben servir a la voluntad suprema de la sociedad civil; esto es, al pueblo. Servir a aquello que no es el gobierno y menos todavía a los políticos oportunistas del momento, quienes con frecuencia lo único que pretenden es proteger a sus adláteres del peso de la voluntad popular, libremente expresada.

Parece que tener un buen nombre no es algo importante para ciertos políticos. Ello lo deduce uno de la conducta de cierto diputado de la Asamblea Legislativa, cuestionado desde muy diversas partes, hasta de su propio partido político oficialista, aunque tratado “suavecito”, con poca firmeza. Si se respetara a sí mismo o si al menos honrara a las personas que lo eligieron con base en cierta información acerca de su comportamiento público, de la cual disponían en aquel momento electoral, ante las graves acusaciones que hoy se le hacen y por la evolución de los acontecimientos en los tribunales y en la misma Asamblea Legislativa, ¿por qué no renuncia a su curul y a su inmunidad y se dedica a defender su buen nombre, si es que ha sido injustamente acusado? Si ese diputado aprecia en algo el respeto que debe tener una Asamblea Legislativa, lo que le corresponde hacer es despedirse con dignidad y señalar, si fuere el caso y ante la evidencia, que se apresta a defender su honra, presuntamente mancillada. Lo que no puede hacer es esconderse tras un privilegio legislativo, usado para garantizar la independencia de sus decisiones en el Congreso, usado como medio para retrasar o impedir la sanción moral y legal. Puede ser que, para algunos, París bien vale una misa, pero no parece ser que una diputación cuestionada sea algo de la cual un buen ciudadano se puede enorgullecer.

El robo de más de 250 pistolas de las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas, concretamente de la Dirección General de Tránsito, se ha visto dramáticamente rodeado de la renuncia (separación forzada, de momento) de algunos funcionarios de esta última entidad.

Resulta evidente la gravedad de lo sucedido. No dudo de la capacidad de una horda de 250 facinerosos, con esas armas debidamente arregladas, de casi poder tomar el poder mediante un golpe de estado. Pero no creo que ello vaya a suceder. La impresión que me dejó ese señalamiento de una persona amiga, fue tan fuerte, al exponer las posibilidades que en nuestro medio puede tener un grupo de delincuentes comunes y corrientes, armados hasta los dientes con equipo moderno, que aprovecho para transmitírsela a los apreciados lectores, a fin de que cada uno de ustedes medite acerca de la trascendencia de ese acto delincuencial.

Parece haberse presentado toda una cadena de hechos que evidentemente deben ser apechugados por quienes tenían la responsabilidad básica de cuidar esas armas. Se ha dicho públicamente, por ejemplo, que con anterioridad se había denunciado ante la Contraloría General de la República, la precariedad en que se encontraban guardadas esas armas del Estado costarricense, en instalaciones de la Dirección General de Tránsito. Si se recibió esa denuncia y el órgano de control no hizo nada al respecto, por su trascendente importancia debería de implicar la asunción de responsabilidades por el mal manejo de la denuncia, por parte del órgano contralor. Debo decirlo: si hay una entidad que conoce del tema de las responsabilidades de los funcionarios públicos es la propia Contraloría. Así que, ¡a aplicar lo correspondiente!

Lo que uno no entiende es cómo parte tan importante del arsenal costarricense yacía en unas instalaciones totalmente inadecuadas, en donde ni siquiera había instaladas cámaras de vigilancia (sí, aunque fuera una de esas que las mismas autoridades de tránsito han querido poner en muchas de nuestras calles). Se ha mencionado que si acaso estaban protegidas por un par de candados comunes y corrientes y que su seguridad y cuido recaían en manos privadas, algo que ciertamente confunde hasta los cuasi-anarquistas, quienes claramente juzgarían que aquellas sí son funciones propias del Estado.

No se trata ahora de dejar que la cuerda se rompa por lo más delgado, aunque sea en varias partes de esa “cuerdita floja”: es necesario que se analice diáfanamente ante la ciudadanía si las autoridades superiores que tienen a su cargo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y bajo cuya responsabilidad está el manejo de la Dirección General de Tránsito, no deberían, casi desde el momento en que ingresaron esas armas a las instalaciones de estas últimas, supuestamente de manera transitoria, haber ordenado su traslado casi de inmediato al Arsenal nacional. Se supone que allí sí se le daría el cuido apropiado al armamento estatal.

Más aún, debe investigarse -y mostrar al país- si esas autoridades superiores del Ministerio de Obras Públicas (así como las del Ministerio de Seguridad) tuvieron conocimiento previo alguno del precario estado en que estaban cuidadas esas armas, en instalaciones inadecuadas, con poca protección, en manos privadas y no de la policía del Estado, casi sin vigilancia y con una infraestructura totalmente inapropiada para el cuido que se debe dar a los armamentos. Si las autoridades superiores llegaron a tener conocimiento o se les hizo saber de ese estado de cosas por sus subalternos y no hicieron nada para remediarlo, deberán ellas asumir la responsabilidad de no haber cuidado debidamente el armamento nacional.

Ni siquiera estoy pidiendo que hagan lo que hicieron los dignos funcionarios japoneses que describí al inicio de este comentario. No estoy solicitando que simplemente renuncien y con ello asumir la responsabilidad política por sus acciones. Sólo planteo que, si tenían algún conocimiento de lo que pasaba con el cuido de esas armas en las instalaciones de la Dirección General de Tránsito, y no hicieron nada al respecto, entonces, que asuman su responsabilidad por tan grave falta y se vayan para sus casas.

Yo sé que, como toreros en una plaza de toros mexicana o española, le han hecho el “ole” a cualquier pedido de renuncia. Recuerden que en Costa Rica, para los políticos mediocres todo se vale menos la renuncia. Tal vez esta sea la oportunidad histórica en que se colma el vaso político por la incapacidad en su desempeño. La ciudadanía debe exigir que renuncien los irresponsables. Hechos de tal gravedad no deben concluir únicamente con que se echen de sus puestos a funcionarios medios, si es que sus superiores no hicieron nada para averiguar acerca del estado precario en que se encontraba tan importante armamento. Pero aún más grave es el incumplimiento irresponsable si es que tenían conocimiento del descuido en el manejo de esas armas y no hicieron nada para arreglarlo… tal vez excepto hablar paja…

Algo huele a podrido en Dinamarca, dijo Shakespeare… Todo menos la renuncia, es lo que algunos pigmeos dicen por aquí.


Jorge Corrales Quesada

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