martes, 12 de diciembre de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: comentario acerca del déficit fiscal

Un artículo reciente de La Nación, firmado por su autora, la periodista Patricia Leitón, me da la oportunidad de hablar un poco en torno al concepto de déficits en la economía. Empiezo por mencionar que ese artículo no trata -ni lo haré aquí extensamente- del déficit internacional del país, el cual usualmente se suele llamar el déficit en la balanza de pagos. Pero, en realidad, es el producto de comparar una serie de distintas partidas del país con el resto del mundo, dando lugar a conceptos tales como déficit en la balanza comercial o déficit en la balanza de la cuenta corriente o a un déficit en la cuenta de capital, que forman parte de un todo, como es el déficit de la balanza de pagos (que pueden ser déficits o superávits) y si se incluye la variación que al final de cuentas dan a lugar esos déficits o superávits como son las reservas de divisas del banco central, pues, la tal balanza estaría siempre balanceada; no habría ni déficit ni superávit.  Lo que la gente suele llamar déficit (o superávit) en la balanza de pagos, en realidad se refiere a una de aquellas balanzas parciales, pues la total está, repito, siempre balanceada, por definición.

Quiero aclarar que, cuando menciono en mi comentario a un “déficit”, el cual da una idea de que las salidas son mayores que las entradas, también puede ser que haya un superávit, que es cuando las entradas son mayores que las salidas.

Pero, tanto el artículo de doña Patricia como mi comentario, tienen que ver con otro déficit distinto a los internacionales citados, que frecuentemente escuchamos mencionar en nuestro medio, el llamado “déficit gubernamental.” Es aquí en donde es muy útil la exposición citada para entender claramente los conceptos. El artículo se titula “Deterioro en ICE y CCSS reduce el superávit público:

Señalamiento del Banco Central en último informe mensual,” el cual compara los resultados tenidos al acumulado de agosto del año pasado, con el acumulado a agosto de este año, ambos como porcentajes de valor total de la producción final de los costarricenses, conocido como el Producto Interno Bruto (PIB). 

Lo que entre legos, o personas comunes y corrientes, por ponerlo de una forma, se suele mencionar cómo déficit del gobierno, contrasta con el término expuesto por profesionales de la disciplina de la economía, que suele ser más puntual, y se le denomina déficit del Sector Público Global. Este déficit está compuesto (es resultado de) por tres déficits que tienen que ver con el sector público como un todo: uno es el déficit del Gobierno Central (constituido este último por los tres poderes de la República, el Tribunal Supremos de Elecciones y órganos auxiliares y otros menores); un segundo es el déficit del Banco Central y el tercero se conoce como el del Resto del Sector Público no Financiero (que comprende una muestra de seis entes estatales, el ICE, la Caja, RECOPE, AyA, la Junta de Protección Social y el Consejo Nacional de Producción (CNP)). El conjunto de estas tres “partes” importantes del estado costarricense, define lo que se llama el déficit del Sector Público Global.

Cuando se escucha hablar del déficit fiscal que, por ejemplo, fue de un 5.2% del PIB en el 2016, se refiere al déficit del Sector Público Global y trata del resultado para un año completo. De modo que, los datos que a continuación se presentan de acuerdo con el artículo arriba citado, deben entenderse como una comparación al acumulado a agosto de un año, con respecto al acumulado a agosto del año siguiente, pero no al total del año.

La historia del déficit del Sector Público Global o Total se puede resumir en que suele haber un déficit en el Gobierno Central (usualmente el déficit más significativo como porcentaje del PIB), un déficit del Banco Central (producto de deudas del banco que tienen un costo que debe ser amortizado y por operaciones de crédito subsidiadas no propias de un banco central) y un superávit en el llamado Resto del Sector Público no Financiero. El conjunto de esos tres, nos da el resultado del Sector Público Global, que es, por ejemplo, aquél 5.2% del PIB citado en el párrafo inmediato anterior.

Por tanto, por ejemplo, lo que pueda suceder con el superávit -ya sea mayor en un año que en otro- del Resto del Sector público no Financiero, suele incidir en el déficit Público Global del período correspondiente.

El acumulado a agosto de este año, comparado con el acumulado a agosto del año pasado, nos da que, de un déficit para el 2016 del 1.7% del PIB, ya para agosto del 2017 era un déficit mayor en un 0.5%, elevándolo al 2.2% del PIB. Esta no es una noticia agradable, pues hace temer que, al finalizar este año, sea superior el 5.2% del PIB del año pasado. (Una información pública reciente señala que, según la CEPAL, en el 2017 el déficit total del gobierno será de alrededor de un 6% del PIB).  Ahora bien, ¿a qué se debe este aumento del 0.5% del PIB en el déficit del Sector Público Global? Por una parte, porque entre esos dos años aumentó el déficit del Gobierno Central de un 1.4% del PIB a un 1.5% del PIB, a pesar de que el déficit correspondiente del Banco Central disminuyó de un 0.4% del PIB a un 0.3%, pero, a su vez, disminuyó el superávit del Sector Público no Financiero, que es el que compensa a esos dos déficits, pues pasó de un 1.5% del PIB a un 1.3% en dicho lapso.

Por tanto es relevante ver, tal como lo hace el artículo de La Nación, el porqué del menor déficit, como porcentaje del PIB, del Resto del Sector Público no Financiero. De acuerdo con el Informe de Coyuntura del Banco Central a octubre de este año, la caída se debe a “la desmejora en las finanzas particularmente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS),” que sabemos que, además del Gobierno Central, son las entidades con los mayores presupuestos del país. En palabras del gerente del Banco Central, don Eduardo Prado, “en estas instituciones se observó tanto un menor crecimiento de los ingresos como una aceleración en sus gastos.” Ambas instituciones cuestionan la interpretación de la cifra que brinda el Banco Central.

Pero, las luces de alarma se encienden y habrá que ver con cuidado como cierran estas diversas cifras al final del año. En mucho era de esperarse lo sucedido a agosto, porque el estado costarricense no parece seguir una línea fuerte para reducir los gastos, sino que quiere aumentar los impuestos y las tarifas y cuotas a como haya lugar. Esto es, el estado sólo busca tener más ingresos para reducir el problema de sus déficits, pero no disminuir los gastos.  Qué lindo, ¿verdad?



Jorge Corrales Quesada







martes, 5 de diciembre de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: reempaque a los impuestos

No hay duda que la fuerte reacción del pueblo contra nuevos y mayores impuestos ha impactado la disposición que tenía el gobierno actual, de proponer un impuesto al valor agregado (IVA) del 15%, pues en la Asamblea Legislativa este no tuvo apoyo.
 
Lo que el Estado hace ahora es ligeramente diferente; en esencia, incluir más bienes y servicios gravados con el IVA, que anteriormente no lo estaban. A pesar de la angurria flagrante de este gobierno, incluso al meterle ese tributo a todos esos nuevos bienes y servicios -los que luego señalaré- simplemente no será posible que grave una serie de servicios, como los de capital, de trabajo, de renta de la tierra, etcétera, ni tampoco a otros más difíciles de controlar, como hacer el amor o respirar o tomar agua de un río, entre muchos más posibles en el imaginario fiscal.
 
Aun así, se comete o conserva un error técnico en lo referido a los IVAs, cual es tener dos tasas distintas para el universo impositivo.  Se me dirá que ya existía, que había una tasa de cero para bienes y servicios exentos y otra del 13% para el resto; o sea, que había ya una tasa dual, pero, eso sigue con la propuesta, sólo que, de aceptarse esa argumentación, ahora tendría tres tasas: una de cero para los exentos, otra del 4% para algunos bienes y servicios y otra del 13% para la mayoría de bienes o servicios.  Esto es, se incrementa la multiplicidad de tasas.
 
En todo caso, tal vez lo conveniente, desde el punto de vista de eficiencia tributaria, sea que haya una tasa única (naturalmente espero que nunca la puedan aplicar a casos extremos, como respirar, hacer el amor, tomar agua del río o sobre los factores de producción en general, por lo cual, de hecho, siempre habría dos tasas: la de cero para los exentos o sobre los “imposibles” y una única para el resto). Pero, lo que está en juego no es un gobierno que quiere lograr la eficiencia tributaria, sino ver cómo agarra más plata. Si buscara la eficiencia tributaria, se lograría con una tasa única y uniforme del 10% o 12% sobre todos los posiblemente gravables bienes y servicios (incluyendo los nuevos que se propone), en vez de la propuesta del 13% actual (y más con la del 15% que, por el momento, fue lanzada al basurero de la historia legislativa del país), de forma que la recaudación global de hoy más o menos se mantenga y no que se eleve. Esto es, que se incorporen al IVA todos los bienes y servicios factibles, pero a una tasa única más baja que la actual.
 
Pero, veamos lo que dice la nueva propuesta del gobierno (la información básica proviene de un artículo de La Nación del 10 de noviembre, titulado “Maquinaria, boletos aéreos y libros pagarían 4% de IVA: Nueva propuesta de reforma fiscal que impulsa el gobierno.”):
 
Con un gravamen del IVA del 4% (la nueva categoría impositiva):
 
(1) A los servicios privados de medicina, así como los de educación. Esto es interesante pues ya estos últimos estaban exentos y cabe reflexionar si la educación privada no le salva la tanda a la educación pública, al suplantar obvias ineficiencias e insuficiencias de esta última. Este castigo impositivo encarece la educación privada, lo que hace que disminuya su cantidad demandada, la que ahora se desviaría hacia la educación pública.
 
La existencia de servicios médicos privados en mucho es producto simplemente de una realidad ante los problemas del servicio médico universal, que ha hecho que muchos usuarios, con derecho a acudir a servicios en la Caja, prefieran hacerlo con médicos privados, tal vez por la certeza de que serán prontos, algo que en muchos casos es de vida o muerte. Un encarecimiento de los servicios médicos privados hará que, en el margen, los usuarios de esos servicios trasladen su demanda hacia los públicamente brindados. Y no me voy a meter aquí en lo que significaría ese aumento de demanda de los últimos, en un sistema que sabemos se encuentra en problemas para brindar el suministro que los ciudadanos esperan por sus cotizaciones obligadas.
 
(2) A los libros en todo formato. Se encarecen con el nuevo impuesto y, por fortuna, ante las grandes posibilidades que hay de lectura por medios electrónicos, afectaría básicamente a quienes brindan el servicio de la producción de libros físicos. Aquí hay algo interesante: esa lectura electrónica gratuita es generalmente de obras no muy recientes, y que, en algunos casos, son bastante anticuadas, al menos en campos técnicos. Con ello, el fuerte impacto del impuesto citado se vería en el caso de libros técnicos que sí se venden en el país.
 
(3) A la compra de empaques y embalajes y a las materias primas de las que se hacen esos, tales como maquinaria y equipo.  Pero, se indica la excepción para el caso de exoneración expresa, como por ejemplo el régimen de zonas francas. El efecto recaería sobre la producción dirigida al mercado doméstico, encareciéndose respecto a la producción para el exterior. En el país se debería pensar, más bien, en ampliar los beneficios para los consumidores nacionales mediante una más profunda integración con el comercio global.
 
(4) A los tiquetes aéreos que salen de Costa Rica. Esto no me calza muy bien, pues, dado que, si lo es para no afectar el ingreso de turismo al país, sería válido sólo si el turista llegara con tiquetes de ida y vuelta, pero no si compra afuera el de ingreso y luego decide comprar el de salida en el país. No tengo idea de cuánto podía significar eso. Pero, la pretensión de que el tiquete de salida que se compra en el país, que incluye normalmente el viaje de ida y el de regreso, sea objeto del gravamen, va obviamente en contra del principio de libre movilidad. No obstante, incentivara que nacionales compren sólo el tiquete de salida en el país y el de regreso lo hagan en el país adónde fueron.  Eso sería muy fácil de hacer en especial en viajes por motivos empresariales de empleados de firmas que tienen sedes en otros países. Y, afortunadamente, con las nuevas formas electrónicas de adquisición de boletos
 
(5) A los servicios agrícolas, como siembra, cosecha, recolección, fumigación, control mecánico y clínico de malezas, transporte y clasificación de productos; alquiler de terrenos, almacenaje y venta de servicios de producción agropecuaria.  Es obvio que, en vez de gravar al bien final (el producto agrícola), se grava a los insumos, lo que eleva los costos de producción y el precio de venta, ocasionando un descenso en las ventas y consumo del bien final.
 
Con un gravamen del IVA del 13%:
 
(1) A las telecomunicaciones, la radio y la televisión, al igual que los servicios ligados a préstamos (caja fuerte y peritos). No sé sí es deseable que el Estado los grave en una sociedad que se precia de la libertad de expresión, de prensa y de comunicación. No hay duda que pronto se derivará la pretensión de gravar a servicios hoy gratuitos, como los mensajes que cada uno de nosotros pone en la internet (no sé si el pago del servicio de la internet ya está gravado).  Y llama la atención eso de servicios de cajas fuertes, que en mucho son brindados por bancos y por los que los consumidores tendrían que pagar más. Ante la inseguridad en que crecientemente vive la ciudadanía, se encarece el costo de prevenir la inseguridad que dan cajas fuertes más seguras.
 
(2) A los servicios que brindan los informáticos, los abogados, los gimnasios, los espectáculos, Netflix y Spotify. Lo que sucederá, al igual que muchos servicios que ahora se contratan de jardineros, plomeros, reparadores de techos, pintores, carpinteros, lavado de carros en los hogares, entre muchos otros (afortunadamente), es que la gente los contrate mediante el pago en efectivo. El problema radica en la capacidad que tenga el Leviatán de ejercer el control fiscal, que podría ser incluso tan costoso, como que para que se vaya lo comido por lo servido. (Nos dirán entonces: Lo que necesitamos es más plata para ejercer la vigilancia en cuanto al pago del impuesto hecho en efectivo por esos servicios.)
 
(3) A los alquileres superiores a los ₡425.000 mensuales, lo que incitaría a fraccionar los alquileres superiores a esa suma. Por ejemplo, un alquiler básico y, por aparte, un alquiler por instalaciones adyacentes.
 
(4) A la electricidad, que me parece, como dice el pueblo, que ¡eso es un crimen!, pues bien sabemos del alto costo que la electricidad en nuestro país (no sólo para usuarios finales, sino para empresas que la usan como insumo). De hecho, parece haber un claro componente fiscal en el precio actual de nuestra electricidad, al ser un precio fijado por el estado para proveedores monopólicos de su propiedad, lo que, a su vez, se refleja en el precio de servicios que dan otros pequeños productores privados.
 
(5) Al transporte, excluyendo al servicio público.  Me olfateo que, con ello, el estado alegará que le cobrará un impuesto a Uber y a los piratas y no a los taxis oficiales, encareciendo a los primeros para beneficio de los últimos, que ahora tendrían menor competencia. En cuanto al transporte restante, no hay duda que tendrá un impacto sobre el costo de los productos, que será trasladado a los consumidores.
 
La fiera voraz abre sus fauces y el que trabaja, el que produce, el que lo hace sirviendo a los demás, más bien es castigado. Y el consumidor tendrá que pagar más para darle recursos al estado, para que prosiga con un gasto que tiene sumamente molestos a los ciudadanos.  Claro, al político en el poder lo que le interesa es gastar el dinero, en vez de que lo haga usted, pues creen que saben mejor que usted cómo debe gastar lo que tanto le cuesta a usted obtener con su esfuerzo.  Una enorme arrogancia creer en esa presunta superioridad.


Jorge Corrales Quesada


martes, 14 de noviembre de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: que el que viene atrás pague la cuenta

La frase del título, en mi opinión, resume la situación ante la propuesta hecha recientemente para arreglar el faltante actuarial en el régimen del IVM de la Caja de Seguro Social. “Patear la bola hacia adelante” puede ser un titular alternativo. Lo cierto es que el serio problema estructural de nuestro régimen de pensiones de la Caja no se ha resuelto, sino que se le han aplicado parches porosos para aliviar el mal. 

Hay cosas básicas que se deben tener presentes acerca de nuestro régimen de IVM. El primero, -esto en sencillo- es que quienes, como grupo, actualmente cotizan al régimen se supone que generan lo suficiente como para mantener, como grupo, a los pensionados del futuro. La pensión no depende de cuanto haya aportado el eventual beneficiado, sino de cuánto están aportando otros al momento de su retiro. No hay un ligamen entre cuánto puso usted para su pensión y cuánto recibe. Se supone que es una especie de “solidaridad” intergeneracional. 

En segundo lugar, factores claves inciden en la posibilidad de que no se presenten faltantes en los desembolsos por pensiones futuras. Por ejemplo, si la población deja de crecer gradualmente al ritmo que venía –le suelen llamar envejecimiento de las sociedades, como lo que se está dando en muchos países europeos- posiblemente los que, en ese momento en el futuro se pensionen, serán muchos, comparados con los mucho menos que en ese momento estén en edad productiva para aportar para tales pensiones.

Otro ejemplo de este segundo aspecto: que una nación sea muy exitosa, como creo que es el caso de nuestro país, pues la población vive cada vez más años.  A esto se le llama aumento en la esperanza de vida al nacer. Se relaciona en cuanto a que, al llegar el momento de pensionarse -a una edad determinada-, esa persona vivirá pensionada muchos años más de lo que viviría en el momento en que se definieron los aportes para las pensiones. Obviamente, significaba que las personas no vivirían tanto tiempo recibiendo una pensión, contrario de lo que sucede al aumentar la esperanza de vida.

Estos dos factores son parte crucial en la estructura del régimen de pensiones del IVM (y de todo aquel en donde lo que uno recibe de pensión no depende de lo que uno haya aportado, sino de lo que contribuirán generaciones que le sigan).

Asimismo, otro elemento básico es la tasa que se paga en vida laboral -ya sea tanto por la persona, como por la empresa o por todos nosotros por medio del estado- para la pensión de la Caja.   Usualmente se calcula tomando en cuenta los beneficios establecidos, la edad promedio esperada de años de pensión, cuántos meses de cotización, el costo administrativo del sistema, la edad de la pensión, qué porcentaje del salario se recibe como pensión, traslado del beneficio a descendientes del pensionado, pensiones mínimas y topes, entre otros. Esa tasa, que supuestamente permitiría generar los recursos suficientes, también queda sujeta a los cambios de aquellas variables que cité en párrafos previos. 

También, no debemos olvidar que lo que en cierto momento se consideró era la población beneficiaria cubierta por el régimen de pensiones de la Caja, no fue algo inmutable. Por ejemplo, políticamente se decidió otorgar -si es bueno o malo o es la forma apropiada de hacerlo es otro tema- una pensión a mucha gente pobre, que tal vez nunca había aportado al régimen de pensiones y que ahora reciben una especie de transferencia de toda la sociedad hacia ellos, transferencia que es cargada al IVM.

Este no es un trabajo académico exhaustivo de nuestro régimen de pensiones de la Caja, sino que lo que trato es explicar, lo más claro que me es posible, que un sistema que puede ser diseñado financieramente viable para un momento histórico dado, al darse cambios importantes en variables como las citadas anteriormente, exigen que el sistema se replantee en cuanto a si tendrá los recursos suficientes para enfrentar las nuevas obligaciones con los pensionados del futuro.

Para una transformación impostergable, se estableció una “mesa de diálogo” que supliera a la Junta Directiva de la Caja con propuestas de reformas para lograr esa estabilidad financiera. Bueno, ya se han llegado a conocer las propuestas, entre las cuales se destacan (la fuente de información es La Nación del 7 de noviembre en su artículo “Mesa de diálogo propone 33 remiendos en el IVM: 
Recomendaciones para salvarlo del colapso no tocan ni edad ni cuotas.”):
 
1.- Un aumento proporcional de las cuotas, de forma que cada 3 años aumentará en 0.5% (en proporción entre trabajadores, patronos y estado) hasta llegar a un 12.6% en el 2029.
 
2.- Aprobar ley que traslada del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) al IVM recursos por ₡60.000 millones.
 
3.- Aprobar una ley para trasladar ₡25.000 millones del aporte de los trabajadores al Banco Popular (un 0.25% de los salarios) al IVM.
 
4.- Actualmente si el trabajador ha cotizado 240 cuotas y sigue laborando, aumenta su pensión al posponerla. Ahora eso será aplicable sólo después de 300 cuotas.
 
5. Aumentar el rendimiento real del fondo de inversión de las pensiones a un 4.8%.
Quiero hacer un comentario general y luego otros específicos a cada una de estas medidas sugeridas.  

El general es que con la propuesta brindada se sigue encareciendo el costo de la mano de obra formal en la economía, lo que incidirá aún más en una creciente economía subterránea -informal- y, por ende, se abarata relativamente el uso del capital, con lo que, en vez de usarse más el factor relativamente abundante en la economía -el trabajo- se usará más el relativamente más escaso, el capital. Pensemos en el efecto negativo que tendrá en el nivel de empleo. 

En cuanto a aumentar los aportes proporcionales tripartitos un 0.5% cada tres años, lo cierto es que será un tema permanente en la presión de los diferentes grupos involucrados y, entre tanto, en vez de hacer un ajuste debido posiblemente mayor, se escogió el camino de la gradualidad, con lo cual el dolor simplemente ser pospone y que tal vez luego será mayor. (Eso se sí se complace a grupos interesados en que se mantenga el status quo del régimen de pensiones o que la cuenta no la paguen los beneficiados sino la generalidad de los costarricenses).

El traslado de fondos de FODESAF y del Banco Popular al IVM, simplemente es abrir un hueco en otras partes, en donde las presiones políticas probablemente incidirán para crear nuevas cargas que repongan los recursos así trasladados. Premiar la antigüedad con base en un número mayor de cuotas no me parece descabellado.
 
Y, en cuanto al crecimiento real esperado de los fondos de pensión del régimen, me parece que es una claro señal de que no se ha buscado, hasta el momento, el mayor rendimiento posible, tal vez por ineficiencias administrativas, pero lo importante es si es viable obtener ese rendimiento y ojalá mayores, en donde el mercado lo permite. (De paso, las propuestas de la mesa espero que introduzcan propuestas para mejorar la eficiencia del rendimiento del fondo de pensiones).

Lo cierto es que se han dejado intocadas importantes áreas del IVM. Me refiero a la edad de retiro, que se contrapone al hecho de que los costarricenses vivimos cada vez más años, así como al monto de pensión, que obviamente no va a acorde con los aportes personales, sino los que puede brindar el sistema, que incluso castiga a quienes aportan más de lo requerido para las pensiones que se reciben. Tampoco se toma en cuenta los porcentajes que aportan los diversos sectores, trabajadores, empresas y estado.  Sabemos que el estado lo somos todos y es con nuestro aporte, por medio de impuestos, como se financia el estado, para hacer esos pagos.
 
En síntesis: no hay un “arreglo” al problema con el sistema de pensiones del IVM. Sólo se ha aplicado un cataplasma para seguir pateando la bola, para que sean las próximas generaciones las que deban pagar la cuenta verdadera. Mi consejo: que cada trabajador haga lo posible por tener su propio sistema de pensiones voluntarias -por poquito que sea- pues, a cómo está la situación, si no se arregla en serio no habrá pensiones. De paso, se ha dicho que ahora, con las medidas sugeridas, el régimen es estable hasta el 2038. Estoy seguro de que muchos de nosotros y también posiblemente los responsables de haber diseñado esas propuestas, no estaremos vivos para dar la cara cuando las generaciones futuras tengan que pagar las holguras de las actuales y que digan que les cargó el costo de las jaranas de quienes disfrutaron en el pasado pensiones, para las cuales no contribuyeron lo suficiente.


Jorge Corrales Quesada



martes, 7 de noviembre de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: moderar nuestra insatisfacción

Parece ser evidencia de bondad humana, alegrarse cuando se toman decisiones que uno interpreta son justas. Un ejemplo es cuando, ante un régimen claramente injusto como es el privilegiado de pensiones del Poder Judicial, la Asamblea Legislativa aprobó, aunque sólo en el primer debate, una importante reducción de algunos de los privilegios de quienes se pensionan acogidos a ese sistema actual.

Creo que lo justo es que la persona que recibe una pensión, haya hecho los aportes adecuados -esto es, suficientes a lo largo de su vida laboral y con los rendimientos de esos fondos- como para que la ciudadanía -todos nosotros- no tengamos que aportar por medio de impuestos, las transferencias que el estado hace para que sean lo requerido ante las jugosas pensiones que se reciben.
Ahora bien, en la Asamblea Legislativa se han hecho algunas reformas importantes, que van en el camino de tratar de que el sistema de pensiones del Poder Judicial se mantenga por sí mismo con el aporte de sus miembros, pero claramente parece que no son suficientes.  

Por ello he titulado mi artículo “Moderar nuestra satisfacción,” por el hecho de que la reforma, aún en proceso de aprobación legislativa, si bien va en el camino correcto, lo cual nos satisface, se queda corto en lo requerido, especialmente si se le compara tomando con referencia al sistema actual de pensiones de la Caja, conocido como IVM. 

Mucha de la información aquí señalada se suministra en el artículo de La Nación del 1 de octubre, “Diputados elevan edad y aportes para pensión judicial: Cuota de funcionarios subirá de 11% a 13% y se retirarán a los 65.”

Una de las reformas más importantes en proceso, se refiere a la base para el cálculo de la pensión.  Mientras que en el IVM la pensión equivale al 60% del promedio de los últimos 240 salarios, la nueva propuesta para el Poder Judicial, si bien la reduce del 100% del promedio de los últimos 24 salarios, ahora es de un 60% del promedio de los últimos 240 salarios.


Asimismo, el proyecto de ley en discusión en la Asamblea eleva la edad de retiro a los pensionados del Poder Judicial a 65 años, desde 60 años como era antes, y es la misma edad que en el régimen del IVM.

En cuanto a los años laborados necesarios para pensionarse, se propone, para el sistema del Poder Judicial, aumentarlo a 35 años; esto es, 5 años más que los 30 de la actualidad, pero siempre inferior al sistema de la Caja, en el cual para los hombres -dejando de lado la igualdad real- han de haber trabajado 38 años y medio, en tanto que si se trata de mujeres, es de 37 años y medio.

Otra característica de los sistemas de pensiones es la edad mínima al cual un trabajador puede acceder a la jubilación. En el caso actual del Poder Judicial es a los 55 años y la reforma la elevaría a 62 años, si es hombre, y 60 si es mujer, mientras que en la Caja es casi igual que este último (61 años y 11 meses si es hombre y 59 años con 11 meses si es mujer).

El tema de cuál es la pensión máxima sigue siendo polémico. Veamos la situación actual, las reformas y la comparación con la Caja. Actualmente el monto de pensión es ilimitado, mientras que ahora el tope es de ₡4 millones, mientras que el de la Caja es de alrededor de ₡1.5 como límite (Hay un error en la información citada del medio, en un cuadro en que se indica que no hay límite en la Caja, lo cual es falso).  Pero, eso debe ser visto en conjunto con el exceso de una pensión que supera esos ₡4 millones; esto es con lo que se denomina el “aporte solidario” de los pensionados. Mientras que en la situación actual, al igual que con la Caja, no existe tal aporte, con la reforma propuesta para el Poder Judicial sucede lo que describo en el párrafo siguiente.

Si usted tiene derecho a una pensión superior a los ₡4 millones (recientemente hemos visto algunas que rondan los ₡9 millones), no es que su pensión tope o límite será de esa suma, sino que, dependiendo de cuánto sea el exceso sobre esos ₡4 millones, una parte se queda como pensión y la otra pasa a ser una contribución solidaria de los pensionados al sistema de Pensiones del Poder Judicial. ¿En qué porcentaje es dicha contribución?  Oscila entre un 35% y un 55% según sea el monto de pensión que supera a aquellos ₡4 millones. Voy a poner dos ejemplos, uno con un nivel relativamente cercano a esos ₡4 millones y otro bastante alejado.

Así, supongamos que la pensión que usted recibiría bajo el nuevo sistema de pensiones del Poder Judicial es de ₡5 millones. Usted recibiría ₡4 millones MÁS -digamos que se aplica la tasa más baja de un 35% sobre el millón en exceso del tope de ₡4 millones- ₡650 mil colones. Esto es, al tope de ₡4 millones se le suma el 65% del millón en exceso y los restantes ₡350 es el aporte “solidario” que ese pensionado haría al Sistema. La pensión final sería de ₡4.650.000 al mes.

Por contraste, veamos otro caso extremo (no muy lejano del monto mayor que hoy se recibe por una pensión bajo ese régimen). Digamos que su pensión sería de ₡10 millones. De ella, ₡4 millones son el tope y del exceso (esto es, de ₡6 millones) se le aplica una contribución del 50%, con lo cual a la pensión de ₡4 millones hay que sumarle ₡3 millones más, con lo cual la pensión que recibiría al final de cuentas es de ₡7 millones.

Estas dos cifras son ejemplos de que el tope real no es de ₡4 millones (como lo es el de ₡1.5 millones con el IVM), sino superior.  Pero, también -no tengo claro bien lo que exactamente define el proyecto- podría hasta ser más alto que lo expuesto en ese último caso, si es que esas tasas de contribución de 35% y 55% son aplicadas por tramos de pensiones; por ejemplo, digamos, que por los dos primeros millones en exceso del tope la tasa de contribución es del 35% y del 50% para el exceso del tope superior a dos millones. O, también, si en ese rango de 35-55% hay rangos intermedios a tasas intermedias.

Finalmente, es importante comparar la estructura de las cotizaciones de cada funcionario.  Hoy día, en el sistema de pensiones del Poder Judicial el funcionario cotiza el 11% de su salario y el estado aporta un 15.6% (un 14.36% por el Poder Judicial como patrono y el estado, como tal, en un 1.24%). Ese 15.6% lo pagamos todos con nuestros impuestos. En el caso del régimen de la Caja, el empleado cotiza un 3.34%, mientras que el patrono aporta un 5.08% y el estado como tal un 1.24. Con la reforma propuesta, el funcionario aportaría un 13%, en vez de un 11%, pero el aporte del Poder Judicial como patrono y el del estado como tal, quedarían en los mismos porcentajes (un 15.6%). 

Si se compara el del IVM con el propuesto para el Poder Judicial, en este último los trabajadores aportarán más que antes, pero los ciudadanos, mediante impuestos al estado que después de devuelven como aportes para el régimen de Pensiones del Poder Judicial, seguirían dando un aporte muy superior en el caso del Poder Judicial, en comparación con el IVM.

En síntesis, en algún grado se modera el privilegio que son las pensiones del régimen del Poder  Judicial, pero todavía sigue existiendo en un grado muy superior al de la Caja. Hay razón para sentirse un poquito mejor, pero el sistema continúa siendo claramente injusto.



Jorge Corrales Quesada

martes, 31 de octubre de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: otra vez UNOPS

Recordarán mi comentario previo acerca del contrato entre el gobierno de Costa Rica y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para los Proyectos (UNOPS), en el cual manifesté mi malestar por la cesión del control propio de la Contraloría General de la República aplicable a la obra pública, que incluso se reflejó en negativas de ese ente de la ONU para entregarle a la Contraloría documentos propios de contratación de obra pública a empresas privadas específicas.  Y aunque la burocracia del estado dice que “este conflicto ya está resuelto”, el hecho es que el aparato jurídico nacional nunca debió permitir que se le excluyera de la obligación constitucional sobre la contratación de obra pública a ser regulada y supervisada por la Contraloría.

La Nación del 22 de setiembre revela otro hecho inquietante en torno a la relación contractual entre el estado costarricense, por medio de CONAVI, y UNOPS, en un artículo titulado “CONAVI le adelantó $60 millones a UNOPS sin recibir garantías: Organismo mantiene dinero en una cuenta a su nombre en Nueva York.” Esos montos fueron adelantados a UNOPS debido a que, en palabras de la viceministra de infraestructura del MOPT, señora Guiselle Alfaro, “Teníamos tanta expectativa de que UNOPS iba a ser tan acelerado, y se pactó hacer un desembolso grande, para avanzar muy rápidamente y no limitar a UNOPS en la ejecución. Pero, diay (sic) no ha sido tan acelerado y posteriormente se decidió hacer desembolsos menores.” 

No diré que “músico pagado, nunca toca bien,” sino que llama la atención que se adelante una suma de más de $60 millones a UNOPS, equivalente al “55% del presupuesto de $108 millones designado para tales proyectos,” de recursos que se pidieron prestados mediante un crédito de $340 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El hecho es que, de aquellos fondos ya girados a UNOPS, sólo se había ejecutado al momento del reportaje, la suma de $4 millones, menor al 7% del monto separado para UNOPS para los puentes sobre el Río Virilla en Lindora y el de la Ruta 32 en Tibás, además de tres pasos a desnivel en la vía de Circunvalación y de supervisión de la Circunvalación norte.

Es interesante destacar lo que indica el medio en cuanto a que no existe una garantía de parte de UNOPS por esos fondos, que se sabe están en una cuenta propia de UNOPS en el banco JP Morgan Chase. Según el medio, “varios contratistas consultados (por La Nación) indicaron que no es usual que el Estado adelante montos tan altos para construir infraestructura,” ante lo cual dijo la viceministra que UNOPS no es el contratista usual, sino un “un aliado en procesos de ejecución; ellos no construyen nada por sí mismos,” lo cual es así, pero ¿qué pasaría con esos fondos si UNOPS no puede realizar la labor para la que se le contrató?  ¿Qué garantiza a esos fondos?

Hay más inquietudes: los fondos provenientes del BCIE casi es seguro que ganan intereses en el banco estadounidense, pero no se conocen las condiciones básicas de tal depósito, como, por ejemplo, los intereses que devengan, que se esperaría fueran al menos iguales o mayores que los que tiene que pagar el estado costarricense al BCIE. Ni CONAVI ni UNOPS han brindado información de las condiciones de esos depósitos, aunque se le señaló al medio que esos dineros de los intereses serán recibidos “cuando se terminen los proyectos.”  Y el Ministro dijo que “si no se pudieran ejecutar esos recursos, el dinero debe ser devuelto a la Administración.” A mí también me gustaría conocer el detalle correspondiente del acuerdo suscrito entre UNOPS y CONAVI acerca de las condiciones para la devolución de esos fondos.






Jorge Corrales Quesada

martes, 17 de octubre de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: vía rápida a la reforma legislativa de las pensiones del Poder Judicial

En muchas ocasiones me he referido al sistema de pensiones del Poder Judicial. Me había inquietado que se hubiera desmoronado el esfuerzo legislativo para sacar una resolución en torno a ese régimen mediante lo que se conoce como “vía rápida”. Ésta es la posibilidad de que con 29 votos (simple mayoría de votos) se pudiera aprobar la reforma a la ley correspondiente. Pero, ni lerda ni perezosa, la Corte Suprema de Justicia se había pronunciado de que dicha votación era improcedente, pues para cambiar la ley se requería del voto de, al menos, 38 votos.

Mal pensado que soy, dejando de lado el obvio interés que tendrían miembros del Poder Judicial de conservar su jugoso régimen de pensiones, el pronunciamiento de la Corte era un enorme obstáculo para la pronta aprobación de la reforma necesaria. Fue un paronazo casi lapidario al impulso que llevaba el proyecto en la Asamblea

La Corte señaló varias razones para alegar que ese proyecto requería de 38 votos, que aparecen resumidos en un artículo publicado en La Nación del 23 de agosto, bajo el encabezado “Diputados con vía libre para reformar pensiones de Corte: Fallos de Sala IV: ajustes jubilatorios no afectan labor judicial.” Esas razones fueron que “la reforma a las pensiones afecta el proyecto de vida de sus empleados,” que “obligaría a contar con funcionarios de edad avanzada,” que se “desestimula el ingreso de nuevos profesionales valiosos,” que le “resta competitividad al Poder Judicial en el mercado laboral,” y que “afecta la carrera judicial porque los empleados tendrán cargas en su salario a cambio de un beneficio menor.”

Pero, con base en dos sentencias previas de la Sala IV, una del 13 de junio de 1995 y otra del 10 de mayo del 2002, la Procuraduría General de la República dio una opinión jurídica que me parece es vinculante para la Asamblea Legislativa, en cuanto a que la reforma propuesta al sistema de pensiones del Poder Judicial “no afecta las funciones de la Corte ni siquiera por razones de presupuesto, por lo que no era necesario consultarle si está de acuerdo o no.” En sencillo, el Congreso puede continuar con su vía rápida para resolver. En ningún momento el proyecto violaba el artículo 167 de la Constitución, que requería de una aprobación de dos tercios de los diputados (38 votos) si la Corte se oponía a la propuesta de reforma a la ley. No era, por tanto, necesario que la Asamblea consultara a la Corte sobre esa reforma en concreto.

Como posiblemente, ante cualquier reforma legislativa, habrá acciones judiciales contra ella presentadas antes la dicha Sala IV, es importante destacar que los magistrados de la Sala IV se abstuvieron de participar en la reunión de la Corte en la que se decidió enviar su opinión contraria a la vía rápida en la Asamblea Legislativa.

Esto, por una parte, me alegra, pues parecería indicar que no se podrá rechazar a que miembros de esa Sala juzguen casos en torno a la eventual reforma de la ley, por haber opinado previamente sobre el caso, pero, a la vez, si hubieran votado en dicha sesión de la Corte Suprema, tendrían que integrarse otros miembros sustitutos de los actuales a la Sala IV que tal vez no tengan un interés directo en cuanto a las pensiones que eventualmente dejarían de percibir. Ahí se las dejo; recuerden, ciudadanos, que, una vez que se han implantado los privilegios, cuestan mucho que sean desterrados.

Jorge Corrales Quesada

martes, 10 de octubre de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: lo bueno y lo malo de las ideologías

He llegado a darme cuenta de que mucha gente, en un intercambio de opiniones, suele argumentar algo como esto: “el problema es que usted lo que dice es simplemente por razones ideológicas” o, más concretamente, escriben esto otro, presuntamente como forma de descalificar mi argumento: “usted, por razones ideológicas o de otro tipo, se empeñan (sic) en ensuciar lo hecho hasta ahora” por el gobierno.
 
Me interesa reflexionar un poco en torno al supuesto papel negativo que tiene una ideología -la que sea- al formularse críticas o argumentos acerca de una posición sobre alguna cosa. Como es usual, lo primero que hago es tratar de entender qué es una ideología y acudo a un buen diccionario, el de la Real Academia Española de la Lengua. Éste, si bien no tiene la profundidad analítica de un texto técnico especializado en política o filosofía, expone el uso sencillo, frecuente y común, que se hace de un término. En su definición aparecen dos acepciones, una de ellas, referente a una doctrina “que a finales del siglo XVIII y principios de XIX, tuvo por objeto el estudio de las ideas”, significado que no es relevante para mi objetivo, el cual más bien lo satisface la primera acepción que señala el diccionario, y que les transcribo:
 
“Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc.”
 
Me parece que todo ser humano posee “ese conjunto de ideas fundamentales”, en la mayor diversidad que uno se puede imaginar y que le permite a la persona que contemple los hechos que observa y sobre los cuales medita, tomando ese conjunto de ideas esenciales como referencia. Todos tenemos una ideología, excepto, me imagino, a quien la naturaleza le haya impedido pensar.
 
Así, creo que es un enorme sinsentido tratar de descalificar a una persona que expresa una posición diferente o contrapuesta, en el curso del intercambio de ideas, porque actúa con base en “razones ideológicas”, cuando en verdad, todo ese intercambio entre las partes está impregnado de ideas básicas del pensamiento de la persona, aplicadas a un caso concreto. Ese conjunto de ideas fundamentales -cualquiera que sea- es propio del ente que razona, que piensa, que intercambia ideas; no le es extraño.
 
Todos tenemos una ideología -ese conjunto primordial de ideas- si bien, eso sí, sus partes integrantes -ideas dentro del conjunto- pueden ser mejores o peores para entender y explicar un fenómeno. Por tanto, de lo que se trata es de usar ese conjunto de ideas para demostrar lo que uno considera es bueno (o malo) en una argumentación.
 
La crítica es esencial para el avance del conocimiento.  Guardo siempre en buen recaudo algo que escribió el pensador Karl R. Popper:
 
“...lo nuevo en la actitud científica consiste en que intentamos eliminar activamente nuestros intentos de solución [de un problema]. Sometemos nuestros intentos de solución a la crítica, y dicha crítica trabaja con todos los medios de que dispongamos y que podemos elaborar. ...mi tesis fundamental es que lo nuevo que diferencia la ciencia y el método científico de la preciencia y de la actitud precientífica, es la actitud conscientemente crítica ante los intentos de solución [a los problemas]; por lo tanto, la participación activa en la eliminación, los intentos activos de eliminación, los intentos de criticar; es decir, de falsear.” (Karl R. Popper, “La teoría de la ciencia desde un punto de vista teórico- evolutivo y lógico, en La Responsabilidad de Vivir (Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 1995, págs. 26 y 27)

Ese proceso permite que el conocimiento avance y, lo crucial para este comentario, es que las personas, para formular las críticas, tienen que hacer uso de su conocimiento acumulado, el conjunto de ideas de que dispone, y que constantemente debe estar sujeto a la crítica. Sin ese conjunto de ideas, no puedo organizar mi pensamiento crítico y sin crítica no avanza el conocimiento e incluso no habría razón para cambiar las ideas naturalmente temporales que se tienen.
 
Quienes, con cierta ligereza, buscan rechazar una tesis al simplemente aseverar que se afirma por razones ideológicas, no atinan al punto exacto crítico, cual es la bondad (o maldad) de un argumento, sino al instrumental que permite razonar ordenadamente. De hecho, Popper escribe lo siguiente:
 
“Diré simplemente, de modo muy general y vago, que emplearé el término ‘ideología’ para cualquier teoría, credo o visión del mundo no científicos que resulte atractiva y de interés para la gente incluidos los científicos. (Por tanto, puede haber ideologías muy útiles y otras muy destructivas desde un punto de vista, digamos, humanitario o racionalista.” (Karl Popper, El Mito del Marco Común (Barcelona: Ediciones Paidós S.A., 1997, p. 36).

Me imagino que, así quienes simplemente mencionan a la “ideología” de una persona como “destructiva”, debe serlo porque creen, sin hacer explícito que en la otra persona hay un atrincheramiento ideológico, que le impide razonar ante ideas que se formulen: algo así como una especie de acto de fe o de creencia inmutable. Pero, no debería serlo por el hecho de que esa persona tiene su ideología como cualquier otra, como le es propio. El problema no es la “ideología” como tal, sino si ese conjunto de ideas que posee la otra persona es bueno o malo para explicar, valorar, criticar y proponer alternativas acerca de los fenómenos que se comentan.
 
Quienes defendemos ciertas posiciones intelectuales ante la crítica, lo hacemos no para evitar aprender o que avance el conocimiento. Más bien, quienes alegan que la argumentación planteada es espuria por ser una “ideología”, posiblemente es porque la crítica les incomoda ante sus propias posiciones, negándose a incorporar en su pensamiento algo que convincentemente muestre su error previo.
 
Por lo tanto, al hablar de estar en contra de una proposición por “razones ideológicas” no se deberían referir al conjunto de ideas fundamentales de la otra persona, sino a una visión dogmática, de fe, de falta de imaginación, de intolerancia, de totalitarismo, de una moda intelectual, que se aleja del enfoque crítico. El liberal, por definición, no se caracteriza por este segundo grupo de “ideología total”, sino todo lo contrario: lucha contra la intolerancia y el totalitarismo en el campo de las ideas, contra el dogma muy propio de sistemas históricamente deterministas.
 
Termino con este concepto de Popper: 

“Así como hay religiones buenas y malas -religiones que estimulan lo bueno y lo malo en el hombre- así hay también ideas filosóficas buenas y malas, teorías filosóficas verdaderas y falsas. En consecuencia, no debemos reverenciar ni denigrar la religión en tanto tal, ni la filosofía en tanto tal. Más bien, debemos evaluar las ideas religiosas y filosóficas con mentalidad crítica y selectiva. El poder terrorífico de las ideas nos carga a todos con graves responsabilidades. No debemos aceptarlas ni rechazarlas irreflexivamente. Debemos juzgarlas críticamente.” (Karl Popper, El Mito..., Op. cit., p. 186.).

Cuando alguien le acuse de que usted argumenta con razones ideológicas, explique que eso es lo que razonablemente haría toda persona que quiera opinar sobre un asunto, pues de lo que se trata es de mostrar que hay ideas mejores o peores en torno a las cosas que se esgrimen en un acto crítico. Los llamados “argumentum ad hominem” o “argumento contra el hombre” podrá ser muy efectivo, principalmente en una discusión ligera, pero no pasa de ser una falacia: los argumentos se deben descalificar por sí mismos, no por las características de la persona que formula el argumento. 


Jorge Corrales Quesada

martes, 3 de octubre de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: de sepulcros blanqueados

Los hay, personas y grupos, que fingen ser una cosa, cuando en realidad son otra. Una frase proveniente del Evangelio de San Mateo, 23:27, nos ayuda a entender tantas cosas. Dice la frase: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia!
 
No me refiero a un ataque personal reciente que recibí en una columna de Facebook, de parte de un ser puro y perfecto de esta tierra, quien me atacó y condenó al sufrimiento eterno, por, según dicha persona, ser indiferente al dolor ajeno, al de los pobres y míseros, cuando lo que básicamente he hecho, según mi apreciación profesional, es brindar sugerencias, así como hacer señalamientos, para que la gente que sufre la pobreza pueda levantarse de ella.  Me complace, por ejemplo, saber que “En 1820, más del 90 por ciento de la población mundial vivía con menos de $2 al día y más del 80 por ciento vivía con menos de $1 al día (ajustados por la inflación y por las diferencias en el poder adquisitivo). Pero, para el 2015, menos del 10 por ciento de las personas vivían con menos de $1.90 al día, definición actual oficial del Banco Mundial de lo que se considera como una condición de pobreza extrema,” como lo demuestra Chelsea Follett en un artículo cuya traducción recientemente publiqué en Facebook, titulada, “Cinco Gráficos que Cambiarán su Impresión acerca de la Pobreza.”
 
Nadie está aseverando que se haya eliminado la pobreza, sino que se resalta que “Entre 1820 y el 2015, el número de gente bajo pobreza extrema se redujo de alrededor de mil millones a 700 millones, mientras que el número de personas que está mejor que aquella, se elevó de sólo 60 millones a 6.6 miles de millones.” Y que “la pobreza es de alrededor de una cuarta parte de lo que era en 1990.” Además, esperanzados ante este éxito del sistema productivo esencialmente basado en el mercado, especialistas predijeron que “en el escenario ideal... para el 2030, la pobreza llevará a un nivel verdaderamente insignificante, afectando sólo a un 1.4 por ciento de la población del planeta.”
 
No obstante, esos sepulcros blanqueados prefieren ignorar los datos, los hechos, y simplemente proceden con su verbo usual en contra del capitalismo. Yo no pido que sean castigados en los infiernos por el daño que causan, al promover políticas que impiden el progreso de los más pobres, hecho que considero es producto de una actitud de fe ideológica, más que de ignorancia, pues los datos se les han presentado.
 
La metáfora de los sepulcros blanqueados va más allá de ser reflejo de una conducta particular, sino que también se encuentra en grupos.  Por ejemplo, se está haciendo creer a las personas en el país, que todos los partidos políticos, o que todos los políticos, son corruptos y que están embarrados en el caso del cementazo, con una notable excepción, los de la izquierda del frente amplio. Eso es interesante, pues incluso, apropiadamente creo, incluyen a sus socios políticos cercanos del Partido Acción Ciudadana, pero, de alguna manera, tratan de mostrar que todo eso es propio de gobernantes de la derecha, no de la izquierda que, sin decirlo claramente, parece ser inmune a las tentaciones del dinero (no del poder).
 
Cuando hay acontecimientos que pueden representar actos de corrupción, es bueno tener presente que, al menos en el campo político, en donde es frecuente que, en vez de un sistema capitalista de mercado competitivo, sea uno de capitalismo de los amigotes, en donde el estado otorga privilegios -esto es, para unos, mas no para todos-los empresarios, ansiosos de tener ganancias, no producto de un esfuerzo competitivo satisfaciendo a los consumidores, sino buscando que el estado lance los dados a su favor, estarán dispuestos a dedicar recursos para lograr ese beneficio, en tanto este último sea mayor al costo del primero.
 
Para hacerlo, el vivazo buscará qué políticos y qué partidos en donde se insertan esos políticos, tienen el poder suficiente para lograr medidas que les favorezca.  Entrarán en contacto con quienes detentan el poder y, aunque sean de “oposición”, en el tanto en que puedan influir sobre quienes toman finalmente las decisiones.  Sabemos que esas decisiones serán remunerados, por cosillas como recursos para sus campañas, transporte de sus votantes el día de las elecciones, dinero en efectivo, y un largo etcétera.
 
Por eso -y bien lo han de entender políticos de la izquierda de nuestro país- buscarán para obtener eses preferencias a políticos con posibilidad de ejercer influencia en el poder decisorio. Por esa razón, al menos en los últimos años en el país los políticos de izquierda fuerte no han sido muy buscados para que, por cercanía con los gobernantes del momento, puedan favorecer los intereses privados de algunos.
 
No es que esos “algunos” no estén dispuestos a cubrirse en cuanto a resultados electorales, razón por lo cual se han visto casos de reuniones de empresarios poderosos, presuntamente de una ideología alejada de esa izquierda extrema, hacerlo con dirigentes de la izquierda, y no precisamente para hablar de misa.  Es por aquello de “por si acaso”.
 
Lo hacen porque los que buscan el servicio de los políticos saben que ser de izquierda extrema no los hace inmune a la corrupción; que no es cierto que ella sea propia exclusivamente de la derecha o, tal vez, del centro.  Lo que saben es que les conviene la cercanía con el poder, no importando si es de derecha o de izquierda o de centro o de lo que sea, con tal de que les proteja de la competencia en sus actividades y en su búsqueda de privilegios. Por eso buscan “cubrirse” recompensando sus favores.
 
La izquierda en Costa Rica no es tan atractiva simplemente porque no tienen poder, pero no hay nada que nos garantice que, de llegar al gobierno, como naturalmente puede aspirar a ello, no será objeto de corrupción, dada su presunta ideología.
 
Cuando la izquierda toma el poder, también se suelen presentar casos claros de corrupción. Piense el lector en la corrupción en Nicaragua o Venezuela o Cuba, etcétera, pero, para la ocasión tengo en mente referirme a un ejemplo notorio, como es el reciente de Brasil, en donde el poder gubernamental lo asumió la izquierda dura del Partido de los Trabajadores (el mismo de Lula) en coalición con el Partido Movimiento Democrático Brasileño, de izquierda más moderada. Los notorios aferes conocidos como la Operación Lavado de Carros, de Petrobras, Braskem, entre otros, que enviaron a prisión o encontraron culpables o están en juicio, a destacados miembros de la izquierda, como Joao Vaccari Nero, tesorero del Partido de los Trabajadores, o Renato Duque, también de ese partido, o José Dirceu, ex ministro de Relaciones Exteriores de Lula, o Antonio Palocci, ex ministro de Hacienda de Lula y de Dilma. Y, notablemente, al presidente Lula.
 
Pero no sólo del Partido de los Trabajadores.  Es claro el involucramiento de Aécio Neves, del diputado Rocha Loures y del propio presidente actual Temer, en cuanto al escándalo conocido como de J&F parte del grupo JBS, que es la empresa más grande del mundo en proteína de carne.
La corrupción entre políticos no suele ser privativa de la derecha y de la que se excluye, por su ideología, a la izquierda. Se da alrededor del grupo que tiene el poder o en donde se tiene la capacidad para influenciar a aquel grupo que ostenta el poder. La parábola de los sepulcros blanqueados se aplica no sólo para los corruptos de cierta ideología política, sino que es propia de la naturaleza del hombre.

Jorge Corrales Quesada

martes, 26 de septiembre de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: una opinión esperada de defensa de privilegios

Una vez que los privilegios se crean, es muy difícil quitarlos, excepto si se le sustituye por un privilegio aún mayor.  En el caso de los esfuerzos de los diputados por introducir alguna disminución, alguna mesura, cualquiera aunque poca, a los privilegios del Poder Judicial, era de esperarse que fuera rechazado fácilmente por los mismos beneficiados del privilegio actual y que harían todo lo posible por conservarlo.

Por ello, no es de extrañar la noticia que aparece en la edición de La Nación del 18 de agosto, que lleva como titular “Criterio de Corte deja en coma reforma a pensiones judiciales: Pronunciamiento impide aprobar proyecto mediante vía rápida.”

Dice el medio que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dieron un criterio negativo al proyecto que se discutía en la Asamblea que “cerraría el gigantesco déficit de dinero que tienen las pensiones judiciales”, indicando, además, que “la Corte también advirtió a los diputados que el plan afecta el funcionamiento del Poder Judicial.” Si alguien pensó que los magistrados iban a decir que la medida de moderar sus pensiones no iba a afectar el funcionamiento de ellos, esto es, del Poder Judicial, merece el premio mayor a la credulidad. 

El portillo era claro: el artículo 167 de la Constitución dice: “Para la discusión y aprobación de proyectos de ley que se refieran a la organización o funcionamiento del Poder Judicial, deberá la Asamblea Legislativa consultar a la Corte Suprema de Justicia; para apartarse del criterio de ésta, se requerirá el voto de dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea”; esto es, 38 votos, mientras que el procedimiento abreviado propuesto se podría lograr con simple mayoría (29 votos). Esto es, se hace cuesta arriba el camino para la reforma propuesta. Era de esperar, pues cualquier cosa que se refiera a ese Poder, algo que afecte en un centavo su funcionamiento u organización, va a requerir tal cantidad de votos, en la interpretación de marras que se hace.  Es una coraza ante cualquier propuesta de moderación del gasto en el Poder Judicial, por más correcto moralmente como es, en mi opinión y creo que también la de muchos ciudadanos, que nosotros no paguemos las pensiones de unos pocos que personalmente no han cotizado lo suficiente para recibir tales montos.

El altruismo en los políticos no existe y este caso los magistrados están actuando sólo para proteger su privilegio, pues lo permite ese artículo. Algunos pocos se frotarán las manos pues obstaculizaron el proyecto que rebajaría sus privilegios, pues, para nada piensan en la sudada de manos de quienes trabajan y pagan impuestos, para ganar dinero que luego se les quita para pagar pensiones a los beneficiados con el poder.

Afortunadamente, una vez escrito lo anterior, la Procuraduría General de la República, en una respuesta a una consulta hecha por la Comisión legislativa que analiza esas pensiones, indica que “la Asamblea Legislativa tiene no solo la posibilidad, sino el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad de los diversos regímenes especiales de pensiones, mediante la aprobación de las leyes que se requieran para el logro de ese objetivo.” La Procuraduría acepta el argumento -lógico en mi opinión- de que la reforma propuesta a las pensiones del Poder Judicial, no afecta el funcionamiento de ese Poder, pudiendo, por tanto, proceder la Asamblea Legislativa, si así lo desea, a seguir con el proceso previo consultado. Esta referencia al pronunciamiento de la Procuraduría puede leerse en, en la edición del diario digital crhoy.com del 3 de octubre, en este link.

Hay esperanzas de que en serio venga un saneamiento de los abusos con las llamadas pensiones de privilegio, en especial porque es el primer caso importante que al respecto trata el Poder Legislativo, y debemos creer que un accionar rápido de éste en tal sentido, abre las puertas para que se actúe con similar correcta intención en otros sistemas hoy abusivos similares.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 25 de septiembre de 2017

Tema polémico: extinción de dominio

Para este día queremos invitarlos al debate que está organizando la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE) sobre el proyecto de ley de extinción de dominio que se discute en estos momentos en la Asamblea Legislativa. El evento tendrá lugar el próximo jueve 28 de septiembre a las 6:30 pm en el Hotel Crowne Plaza Corobicí (costado norte de La Sabana). 

Este tema es de suma importancia por cuanto se trata de una iniciativa desarrollada en el marco del combate al narcotráfico pero, para lo cual, ha trastocado el debido proceso y amenaza a las libertades individuales. Con la forma en que se plantea la extinción de dominio, se invierte la carga de la prueba y se anula el principio de inocencia, de forma tal que quien sea investigado por presunta legitimación de capitales deberá ahora demostrar la legalidad de sus bienes -cuando en cualquier Estado de Derecho corresponde al acusador demostrar que los bienes son producto de actividades ilícitas- y, de no hacerlo, se le quita su propiedad privada.

Participarán las siguientes personas:

  • Guillermo Araya Camacho, Director del Instituto Costarricense contra Drogas
  • Alfredo Chirino Sánchez, Decano de Facultad de Derecho UCR.
  • Federico Malavassi Calvo, Abogado Constitucionalista
  • Ronny Monge Salas, Diputado del Partido Liberación Nacional
El costo será de ¢5.000 para público general y gratis para los asociados de ANFE que se encuentren al día en el pago de sus cuotas. 

El pago puede realizarlo el día del evento o mediante depósito a la cuenta cliente 15100010012208242 del Banco Nacional a nombre de Asociación Nacional de Fomento Económico, cédula jurídica 3-002-045006. Favor enviar el comprobante a Olga Sánchez al correo guita61@hotmail.com. 

Cualquier duda o comunicación pueden dirigirla a los teléfonos 2253-4460, 2253-4497, 2224-7350 y  8996-6569 o al email: info@anfe.cr.

martes, 19 de septiembre de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: ICE mete las de andar

El ICE puso un campo pagado en el periódico La Nación el 6 de agosto, como respuesta a diversas opiniones recientes expresadas en dicho medio acerca del ICE.  

En dicha opinión, el ICE divulgó que “su costo de generación es de 4,21 centavos de dólar por kilovatio, frente a 8,2 centavos de dólar por kilovatio en el caso de generadores privados,” aduciendo en dicho campo pagado que “es falso que la participación privada abarate las tarifas eléctricas.”

Esa información destinada a mostrar un costo comparativo inferior de la producción de electricidad del ICE vis a vis la privada, tuvo un rebote inesperado contra el propio ICE, pues reveló que su costo de producción era de 8,2 centavos de dólar, mientras que el costo promedio de la electricidad cobrado a los usuarios es de 16 centavos de dólar. Esto se informa en un artículo de aquel medio, titulado “Empresarios usan dato del ICE para pedir rebaja en luz: Cámara de Industrias presentó solicitud a la ARESEP.”

Ante ello, la Cámara de Industrias, con la nueva información brindada en ese campo pagado, estimó el costo promedio del kilovatio, pues el ICE aporta un 80% de la producción nacional y el sector privado un 20% y dados los costos comparativos señalados de $0.0421 el kilovatio del ICE y de $0.082 el costo del kilovatio producido privadamente, daría un costo promedio ponderado del kilovatio del ICE de $0.0499. Pero, el precio promedio que cobra el ICE, según la Cámara de Industrias, es de $0.16 (poco más de tres veces su costo promedio: 3.2 veces).

Si al costo anterior se le suman “los importes de generación, transmisión y distribución, el costo promedio que se debería de cobrar” -por aquello de que, según la ley 7593, en lo pertinente a servicios regulados, las tarifas se fijarían al costo- “se acerca a ocho centavos de dólar”, lo cual es la mitad del cobro promedio que practica el ICE.

De forma que, ni lerda ni perezosa, la Cámara de Industrias le solicitó a la ARESEP reducir a la mitad de la tarifa eléctrica que cobra el ICE. No se sabe nada de la resolución de la ARESEP, que se supone ya debería de haberse definido para ver si procede su aceptación. Posiblemente el escéptico dirá que “estamos soñando” que se vaya a lograr tal reducción, pero, al menos, sabemos mejor qué tan caro nos sale el cuasi-monopolio eléctrico (el ICE es el mayor productor de energía eléctrica del país), que muchos nos vemos, de hecho, obligados a consumir y a pagar ese alto precio.

Esperamos conocer el desenlace de la solicitud de la Cámara de Industrias, ante la cual nosotros, y los medios de comunicación, debemos de de estar atentos, pues el tema reviste enorme importancia no sólo para el ICE, sino para sus consumidores, cuyos presupuestos para la electricidad se han visto crecientemente aumentados en momentos recientes.
 

Jorge Corrales Quesada

martes, 12 de septiembre de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: evitando un control indispensable



Con clara arrogancia, la burocracia de las Naciones Unidas -concretamente la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)- ante una solicitud de funcionarios de la Contraloría General de la República para revisar el expediente en manos de UNOPS, acerca de una contratación para acelerar la obra en el puente del Río Virilla, contestó que esos funcionarios de la Contraloría “deberán trasladarse a las instalaciones de... UNOPS...” y “deberán revisar los documentos bajo la vigilancia de representantes del organismo y en horario restringido.” O sea, ahora el UNOPS le ha dicho “tome chichí” a la Contraloría de la República, por no haberse opuesto ella desde el momento en que se pretendió que el gobierno de Costa Rica contratara “estudios, los diseños y la construcción (de un conjunto de obras viales públicas) de la infraestructura a cambio de un porcentaje del costo.” 

Lo informa un comentario de La Nación titulado “Oficina de ONU niega datos a Contraloría sobre contrato: UNOPS se aferra a inmunidad para no dar copia de expediente,” del pasado 16 de agosto. Es claro que se trata de fondos públicos y, como tales, deberían estar sujetos al control de la Contraloría.  Por más “San UNOPS” de que se trate, es básico que los fondos estatales en este país sean objeto de la supervisión constitucional que se debe hacer por medio de la Contraloría, en lo que se refiere al uso de esos recursos del país.

Contratar por un porcentaje del costo, como lo hace UNOPS, no me gusta para nada, pues, si éste aumentara, se elevaría el monto que se le paga. La entidad se beneficiaría con un aumento de costo, pues se crea un incentivo perverso para minimizar los costos. [La propia UNOPS, en voz de su ex-gerente, Mario Mazzucchelli, señaló que el dinero que se tenía para esos proyectos era “insuficiente para los dos puentes -el del Virilla en la ruta 32 y el de Lindora, en Santa Ana- pues las obras se habían encarecido por los atrasos.” O sea, ¿aumentó, ante el alza en costos por el atraso, lo que se le debe pagar a la UNOPS?].

No cuestiono la corrección atribuida a UNOPS o a Naciones Unidas, si bien en realidad en diversas ocasiones ésta ha sido cuestionada por el manejo de sus fondos en ciertas actividades, sino al hecho que el país haya permitido tal cosa, bajo el prurito de que con ese contrato se aceleraría la construcción de obra pública, lentitud que se presume -razón para hacer esa contratación- surge de restricciones, entre otras cosas, de la Contraloría. De no ser así, ¿para qué contratar un ente no sujeto al control jurisdiccional?

Son fondos públicos del gobierno de Costa Rica, del estado, obtenidos por un préstamo otorgando por el BCIE y que deberá reembolsarse con todo e intereses por los costarricenses, posiblemente por medio de sus impuestos (no olvido un par de intentos similares para evitar el control de fondos estatales mediante dicho banco) y, como lo hace ver el al ente contralor el propio CONAVI, por medio de su director interino, Carlos Solís, contraparte de UNOPS en el contrato de marras, “que ellos (CONAVI) también han pedido a UNOPS el expediente completo y se los han negado.” Para eso alegan la inviolabilidad de las Naciones Unidas, además de diversas inmunidades, pero la gran responsabilidad de todo este episodio sospechoso recae en el gobierno costarricense y principalmente en el órgano contralor constitucionalmente establecido, pues, antes de firmarse el contrato, deberían conocer estos factores, en vez de permitir que no rigiera la ley de contratación administrativa para obras o servicios para el estado.

Así, han surgido empresas que han apelado las contrataciones otorgadas por UNOPS y para lo cual ofertaron. Aquella averiguación permitiría determinar “la legalidad de la contratación del puente, la razonabilidad del precio de la obra, los cronogramas de trabajo y la experiencia de los profesionales involucrados.” No entiendo el temor a la luz y la transparencia en este tipo de cosas. No puede uno más que sospechar -con buenas razones- que podrían existir acciones incompatibles con la probidad y eficiencia que deba caracterizar el uso público de los recursos. Esto podría terminar en que la Contraloría suspenda el contrato con la firma ya elegida, atrasando aún más el arreglo del puente.

El que nada debe, nada teme. Y un poquito de dignidad no es mala, señores de la Contraloría y del gobierno de la República.


Jorge Corrales Quesada