martes, 20 de febrero de 2018

La columna de Carlos Federico Smith: las consecuencias del cuasi monopolio eléctrico

Según la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela No. 7.200 de 1990 y sus reformas de 1995, se le garantiza al ICE las decisiones acerca de quién puede producir y venderle la luz, de forma que permite que esa entidad conserve prácticas monopólicas y monopsónicas. 

Al ser el ICE el que autoriza quién puede producir electricidad, al exigir que sólo el ICE la adquiera para revenderla y que su tamaño se limite a un máximo 50 megavatios (MW), además de que el conjunto de empresas así limitado en su producción no supere el 15% de la potencia de producción del Sistema Eléctrico Nacional, el ICE se asegura el control de la producción y la distribución de la electricidad en el país. Tiene espacio para ser casi el único productor y casi el único comprador de electricidad en el país. 

Obviamente, las posibilidades de ejercer prácticas monopólicas perjudican a los consumidores, quienes tienen menos alternativas donde escoger cual es el productor del bien según sus preferencias, al estar esencialmente sujeto a un producto único, más el de otras pocas empresas relativamente pequeñas (usualmente cooperativas). Al mismo tiempo, como cualquiera que entre a producir -obviamente de un tamaño pequeño, dada la ley citada- está obligado que vender su producción al ICE como único comprador, ello posibilita situaciones potencialmente corruptas, en donde una empresa de esas puede ejercer influencias para que lo que compre por el ICE lo haga a un precio relativamente elevado, en comparación al costo al cual podría producirla otro potencial productor. Pero, por otra parte, también el comprador único define el precio al cual compra la energía, inferior al habría en un mercado competido. 

Al igual que el monopolio buscar equilibrar su posición óptima, reduciéndola hasta un punto en donde el precio es mayor y la cantidad vendida menor a las de una situación de competencia, en el caso del monoposonio, el único comprador también define su posición óptima adquiriendo una cantidad inferior y a un precio menor que lo que tendría que haber pagado en competencia. En el primer caso, el monopolista explota al consumidor y, en el segundo caso, el monopsonista explota al vendedor del cual adquiere el bien. El ICE es casi el único vendedor de electricidad a los consumidores del país y casi el único comprador de electricidad a los productores independientes.

La exclusividad legal otorgada al ICE tiene otro efecto importante que recientemente que fue objeto de un comentario en La Nación del 20 de enero, bajo el título “Costa Rica dejó ir inversiones por $1.000 millones en energía limpia: Ley ahuyenta a privados al prohibir instalaciones mayores a 50 MW.” 

En palabras de Jorge Sequeira, director de CINDE, “el modelo actual no permite que un inversionista venga y gaste $100 millones en una planta solar y venda energía a clientes. La ley se lo impide.” Y claro, hay mucho inversionista extranjero en dicho sector quien, ante esta situación, mejor lleva su empresa potencial hacia otro país, incluso cercano, de donde, por la interconexión centroamericana, puede terminar vendiéndola más caro al ICE desde el extranjero, en ciertos momentos de escasez (y el consumidor pagaría así un precio mayor). 

Lo interesante es que CINDE ha indicado que, en los últimos 5 años, el país ha perdido más de mil millones de dólares en inversión en producir energía eléctrica renovable (eólica y solar), por dichas restricciones legales. Dice el medio que “eran emprendimientos de países como China, Canadá, Estados Unidos y naciones europeas y árabes, que habrían generado cientos de empleos...” Pero, también, con una mayor competencia en la producción, nos podríamos haber haber beneficiado con una disminución de los altos costos de la electricidad, factor que sin duda, no sólo deprime la llegada de empresas con tecnología moderna que utilizan intensivamente a la electricidad, sino también a todos los consumidores cautivos.

Datos de Bloomberg New Energy Finance indican que en el 2017 la inversión mundial en energías renovables y tecnologías inteligentes para la electricidad llegó a $333.500 millones; $324.600 millones en el 2016 y $360.300 millones en el 2015. Y noten, “México registró en el 2017 inversiones por $6.200 millones (516% más respecto al 2016); Argentina $1.800 millones (777% más), y Chile, $1.500 millones (55% adicional respectivamente respecto al 2016.)” 

¿No creen que podían haber invertido aquí si hubiéramos tenido las restricciones menores de esos países? ¿Será que, por el afán de preservar al monopolio/monopsonio del ICE, estamos dejando de percibir una importante inversión extranjera en momentos en que caería como anillo al dedo en una economía trastabillante como la nuestra? ¿Será por temor a la competencia de un ente estatal que los ciudadanos tendremos que seguir teniendo una producción menor y precios más elevados de la electricidad que los potencialmente posibles?


Jorge Corrales Quesada

martes, 13 de febrero de 2018

La columna de Carlos Federico Smith: nuestra costosa electricidad

No deben pasar inadvertidos ciertos datos de la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL) divulgados a fines de año pasado, en torno al costo comparativo de la electricidad en nuestro país, con respecto a los de los otros países del área.  

La información aparece en la edición de La Nación del 5 de enero, en un artículo titulado “Inversión se aleja para no pagar luz más cara del Istmo: CINDE e informe de la CEPAL confirman alto precio de energía.”

Según el medio, ese informe “señala que los precios de la energía en el país son los más altos para todo tipo de consumo: residencial, comercial e industrial y casi todo segmento de demanda, según necesidad de voltaje y potencia.” Para la CEPAL, “en el 2016 el costo promedio en Centroamérica de un kilovatio hora (kWh) fue de 13.48 centavos de dólar mientras que en Costa Rica fue de 18.47 centavos de dólar; 37% más para consumos industriales de 100.000 kWh.”

Veamos algunos de los datos comparativos país presentados en dicho artículo:
 
Guatemala: en el 2016 el costo promedio de un kilovatio hora fue de 11.54 centavos de dólar. Entre el 2015 y el 2016 elevó su producción en un 5.6%.
 
El Salvador: en el 2016 el costo promedio de un kilovatio hora fue de 11.03 centavos de dólar.
 
Panamá: en el 2016 el costo promedio de un kilovatio hora fue de 10.92 centavos de dólar. Entre el 2015 y el 2016 elevó su producción en un 5.7%.
 
Honduras: en el 2016 el costo de un kWh para consumo industrial en el bloque de 15.000 kWh costó 14.08 centavos por hora; el equivalente en el 2015 había sido de 23.57 centavos de dólar (una reducción del 40%). Entre el 2015 y el 2016 elevó su producción en un 3.8%.
 
Nicaragua: en el 2016 el costo de un kWh para consumo comercial en el bloque de 1.000 kWh costó 19.36 centavos por hora; el equivalente en el 2015 había sido de 24.69 centavos de dólar (una reducción del 21%).
 
Costa Rica: en el 2016 el costo de un kWh para consumo comercial en el bloque de 1.000 kWh costó 21.25 centavos por hora; el equivalente en el 2015 había sido de 23.07 centavos de dólar (una reducción del 7%).
 
El efecto de estos precios más elevados de nuestra electricidad, en opinión de CINDE, ya afecta la atracción de inversiones al país. Señala su director, señor Jorge Sequeira, que una electricidad barata es crucial para atraer industrias que cada vez más utilizan robots para su producción. Dice que “el problema que tenemos es que, por lo general, comparar el costo de electricidad entre países es fácil. Las empresas ya traen información. Es más evidente la falencia y es la primera impresión que se llevan de Costa Rica. De entrada, empezamos con el pie izquierdo y hay que ver cómo se compensa eso con otros atractivos del país.” ¿Quedó clarito?

Las razones parecen apuntar a que, en opinión de Sequeira, “el país ‘sigue atrincherado’ a un único proveedor cuyos costos de operación son muy elevados y que hace plantas dos o tres veces más caras de lo previsto.” Todo ello por la cerrazón del mercado eléctrico, que impide el crecimiento de energías alternativas, tal como se ha observado en países que han decidido abrir ese mercado a la inversión global.
 
Asimismo, la Cámara de Industrias ha manifestado su preocupación por los altos costos de la energía. Según Carlos Montenegro, de dicha Cámara, el encarecimiento de la energía local se debe a que se han construido “plantas de energía renovable de alto costo.” “Sea por mala planificación, falta de competencia o desinterés en el consumidor, al no buscar que la inversión abarate las tarifas.”
 
Este mercado eléctrico cerrado, casi monopólico o bien monopsónico (único comprador), impide esa reducción de costos que ya está afectando la atracción de inversión externa.
 
También, el sector de los consumidores parece estar pagando tarifas mucho más altas que en el resto de países de Centro América; sin embargo, esa información y análisis comparativos requeridos lamentablemente no se hacen o no se publican.  No quiero recordar la famosa frase de programa del Chapulín Colorado, de que “ahora quien vendrá a defendernos,” pero, en realidad, los consumidores domésticos no parece que en este país tangamos valor alguno, excepto como clientes cautivos a los cuales explotar. Tal vez mayor competencia, menor regulación y ampliar las posibilidades de importar libremente desde el resto de Centro América, puedan ayudarnos a los consumidores, en una nación que, ya tristemente lo sabemos, es bastante cara.


Jorge Corrales Quesada











martes, 6 de febrero de 2018

La columna de Carlos Federico Smith: a pagar las consecuencias

La prepotencia de ciertos grupos que simplemente radica en que creyeron que, para construir una carretera en serio, sólo se requería que hubiera voluntad política y que, una vez disuelto el contrato con la firma constructora OAS para construir la carretera a San Ramón y que “la hiciera el estado” en vez de la empresa privada por medio de una concesión, pronto se tendría una supercarretera, como si se tratara de soplar y hacer botellas. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que huestes triunfales se alegraron que la obra no sería concesionada y que todos los fondos simplemente estaban allí y que sólo era cosa de que el estado la hiciera, para disponer rápidamente de una carretera que incluso sería mucho más barata?  

Mucho tiempo ha pasado y las pretensiones ilusas se han desnudado descarnadamente y, en la actualidad, no hay ni planos, ni estudios financieros ni estudios ambientales y tampoco se han expropiado las tierras por donde pasaría la carretera. No contaron con la ineficiencia propia de los gobernantes, tal vez porque creían que si el estado era el que hacía la obra, todo sería gloria y felicidad. Ojalá que aquellos grupos hayan recapacitado y reconocido que el mecanismo de concesión es el adecuado y viable y que su objeción se reducía al desagradable contrato con OAS.

Para acabar: la responsable de la obra en el Banco de Costa Rica, fiduciario del proyecto, en un fideicomiso creado en febrero del 2015 por la administración Solís, señaló recientemente que se ha estimado que se requerirá de “37 meses (1.126 días) para tener listos los estudios técnicos, económicos y financieros, gestionar los permisos ambientales, ejecutar expropiaciones, reubicar asentamientos y conseguir el dinero necesario para la edificación.” Nótese que es posible que el gobierno ni siquiera tiene la plata requerida para hacer la obra (bajo concesión eso no sería problema pues corre a cargo de la empresa, que no obtendría el contrato si no dispone de los recursos). 

La información está contenida en un artículo de La Nación del 3 de enero, titulado “Trámites de nueva vía a San Ramón tardarían tres años: CONAVI y BCR buscan $35 millones para financiarlos.” O sea, ni siquiera hay plata para financiar la parte pre-operativa del proyecto. Se calcula que, de esa suma de $35 millones, se usarían $15 sólo para pagar expropiaciones.

Recuérdese cuando en abril del 2003, la presidenta Chinchilla accedió a quitarle el contrato de $524 millones a la empresa OAS -de mala reputación en Brasil por escándalos con funcionarios de los gobiernos de Lula y Dilma- porque un grupo de ciudadanos –me imagino que sumamente mal asesorados- se opuso a que tuviera un costo para el usuario de ₡1.965 por sentido y de ₡3.930 ida y vuelta.  El actual ministro de Transportes, señor Valverde, indicó en junio del 2017 que “es muy probable que el importe del peaje por viajar en ambos sentidos sea mayor a ₡4.000,” si bien, al no estar definidos todos los costos (planos, estudios financieros, etcétera) no es posible afirmar con exactitud cuál será el peaje final. 

Entre tanto, para angustia de los que creyeron que era cuestión de soplar y hacer botellas y que rápidamente tendrían esa carretera, así como de los ciudadanos presuntamente beneficiados con dicha ampliación, se requiere de 37 meses más tan sólo para poder iniciar la obra. Estoy casi seguro que, para cuando esté totalmente terminada dados los términos actuales, ya no estaré en la tierra para quejarme de la estupidez cuando se toman malas decisiones. ¿Cuánto le ha costado a la ciudadanía todo el tiempo pasado sin que se haya hecho nada de la obra física –que ni siquiera se ha iniciado? El tiempo es oro, excepto en la mentalidad de obstruccionistas ilusos y de una burocracia estatal ineficiente. 


Jorge Corrales Quesada



martes, 30 de enero de 2018

La columna de Carlos Federico Smith: más plata y menos estudiantes de primaria

La realidad es muy sencilla. Mientras que en el 2007 se matricularon 513.805 estudiantes en primaria, el equivalente en el 2017 fue de sólo 443.291. Esto es, un descenso del 16% en dicho lapso.  A la vez, mientras que en 21007 había 57.728 maestros, el número en el 2017 fue de 82.502. Es decir, un aumento del 43%. 

Esas cifras tomadas aisladamente, sin ubicarlas en el debido contexto, nos dicen pocas cosas. Veamos algunos elementos al respecto.  Por una parte, siempre me acuerdo que, cuando hace muchos años estaba en primaria, oía decir que las aulas estaban saturadas y que los maestros mencionaban que la relación alumno maestro era muy alta. Bueno, hagamos una comparación semejante en los años mencionados arriba y vemos que, de un relación de 8.9 alumnos matriculados por maestro, pasamos en el 2017 a una de 5.4. Esto, sin duda, debería alegrarnos, si es que esa relación menor alumnos/maestros se refleja en un mejor rendimiento de nuestra educación. Pero, información que recientemente se ha expuesto, indica que los resultados en la educación de nuestro país siguen siendo flojos. Esto es, más maestros por alumno y más plata por estudiante y los rendimientos no parecen mejorar significativamente

No deseo ser tajante al juzgar las cosas con un señalamiento negativo, pero ciertamente deben dar lugar a una preocupación seria por parte de la ciudadanía.

Para tener una idea del impacto económico de una población en descenso y de una cantidad de dinero, ligada a una producción de la economía, que va a dar a la educación (a todos los niveles de educación pública), exige que las autoridades responsables del buen uso de los recursos de los ciudadano, le expliquen a los ciudadanos la realidad de los resultados de nuestros sistemas educativos y particularmente de la educación primaria. Da la impresión de que se está gastando más y más dinero y los resultados van de mal en peor.

Un análisis interesante lo expone la edición del periódico La Nación del 24 de diciembre, bajo el encabezado “MEP tiene más dinero y maestros pero menos niños: Matrícula escolar cayó en 70.000 alumnos en diez años.”

Es relevante destacar la inquietud de la Contraloría General de la República, que en su Informe Técnico Presupuesto 2018, dice en lo pertinente: “Para el 2016 (noticia ya “vieja” y tal vez desactualizada) la cantidad de estudiantes matriculados en este nivel educativo (preescolar y primaria) fue de 0.5% menos que en el 2015 mientras que el monto del presupuesto por estudiante aumentó un 2.3%, alcanzando ₡1.236.868 anuales.” O sea, la Contraloría vislumbra que, de seguir las cosas, el gasto por estudiante va a seguir creciendo fuertemente. De hecho, a pesar de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) estima que seguirá descendiendo la población en edad entre 0 y 14 años (lo que da una idea de la población en edad escolar), “los docentes y el presupuesto en el MEP continuarán en alza. En el 2018, el Ministerio contratará 2.600 docentes más y su presupuesto crecerá 3.6%, para llegar a los ₡2.66 billones,” informa el medio. Es hora de dar cuentas exactas o el desperdicio ayudará al hundimiento del barco fiscal y a la baja en la calidad de la educación recibida con tanto sacrificio de la ciudadanía.

No estoy inventando resultados acerca de su calidad. El VI Informe del Estado de la Educación expone que “de acuerdo con una serie de pruebas para evaluar conocimientos, los niños en las escuelas se ubican apenas en los niveles más bajos de desempeño en Español, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias,” y no repetiré los resultados conocidos con las pruebas PISA, que no nos enorgullecen. Creo que la esperanza la resume ese informe del Estado de la Educación, al señalar el medio que “justamente, una menor cantidad de niños en las aulas es una oportunidad para mejorar la calidad educativa,” lo cual es, sin duda, deseable, pero debemos tener presentes las manos visibles de los sindicatos, que seguirán buscando tener más  empleados y, por ende, más asociados y, mayores ingresos por sus cuotas, así como que clamarán por nuevos pluses, pues, no sin razón, se imaginan que la plata crece en los árboles.

Las cosas estarían bien si es que ese gasto mayor se reflejara en una educación mejor, en especial al disminuir el indicador número de estudiantes por maestro, pues uno espera que ello se traduzca en una mejor atención del alumno y del proceso de enseñanza, con lo cual mejoraría el conocimiento y el desempeño del alumno.  Pero, las cosas no parecen ser así, sino más bien ir por el camino opuesto.



Jorge Corrales Quesada

martes, 23 de enero de 2018

La columna de Carlos Federico Smith: la "competencia desleal"

Siempre que hay algún grado de competencia, el “afectado” por ella la llama desleal. Por eso, siempre que aparece una referencia a la “deslealtad”, lo primero que hay que cuestionar es “leales con quién.” Yo me imagino que un empresario que vende un producto tiene que ser “leal” con sus clientes consumidores (leal, según la real academia de la lengua española, es ser “Fidedigno, verídico y fiel, en el trato o en el desempeño de un oficio o cargo.”) O sea, si al consumidor o cliente se le miente, se le es desleal, se le engaña, se le vende cinco con hueco, pues ese empresario, tarde o temprano, verá como sus fieles y leales consumidores desparecerán y optarán algún otro proveedor que les satisfaga, además del poder optar por mejores precio y la calidad, además de un trato leal y correcto.

Creo que una de las mayores fuentes de lealtad hacia el consumidor es, todo lo demás constante, ofrecerle el producto más barato. Por ello, si alguien vende ese bien más barato al consumidor, es muy posible que arraigue más la lealtad mutua entre vendedor y consumidor.

A veces el sentido como se interpreta es cuando hay deslealtad entre competidores, al vender alguno de ellos más barato que el otro y, muy concretamente, si se trata de un acto que riña con leyes internacionalmente acordadas acerca del dumping. Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), “Si una empresa exporta un producto a un precio inferior al que aplica normalmente en el mercado de su propio país, se dice que hace “dumping”.  Pero, esa venta a un precio inferior al normal en el país de origen tiene muchos bemoles, que obviamente hacen que no haya razón para considerarles como impropios legalmente.  Por ejemplo, suponga que una empresa doméstica es muy eficiente y competitiva en producir un bien en su país, pero no lo es en, digamos, el mercado de una nación del extranjero, en donde la competencia existente en ese país le deja fuera de mercado por ser relativamente ineficiente.  Ahora bien, suponga que esa empresa descubre una nueva forma (tecnología, mejor administración, etcétera) que le permite de pronto producir ese bien más barato que anteriormente. No hay razón para reducir el precio en el país en donde lo produce, pues sigue él siendo más barato que cualquier otro competidor, pero, ahora, con la nueva forma de producir sí puede exportar competitivamente al exterior. Esto dará lugar a un “daño” a la o las empresas existentes en aquel país, pues ahora éstas son relativamente más caras y con ello pierden su mercado. 

Según aquella definición de la OMC, en el país del extranjero se alegaría que ahora se está en presencia de una “competencia desleal” y, por tanto, como es lo usual, hay un caso para que en esa nación se pida la aplicación de medidas compensatorias, por el daño que el nuevo competidor más barato les ha ocasionado a los productores ya establecidos. 

Obviamente, el problema no lo constituye el productor extranjero que ahora vende más barato.  De hecho, lo sucedido beneficia a los consumidores del país al cual se exporta el producto más barato. Lo que deben hacer los productores domésticos ante esa nueva competencia desde el exterior, es ver cómo reducen sus costos, mejoran sus tecnologías, etcétera, para tratar de restaurar su competitividad relativa.
 
Un caso reciente, divulgado por La Nación del 5 de diciembre bajo el título “Lecheros salvadoreños acusan a Dos Pinos de competencia desleal,” debe obligarnos a meditar a los costarricenses, por qué, en el mercado doméstico en donde se está vendiendo más cara la leche que al otro país al cual se exporta (que incluso debe tomar en cuenta el costo del transporte), puede ser que la empresa nacional venda más barato en el mercado extranjero, mientras que aquí lo vende más caro.
 
La importancia del libre comercio resalta en estos casos. Puede ser que en El Salvador, por ejemplo, se pagan menos impuestos por la leche que aquí (si tal fuere el caso), con lo cual, comparativamente, el precio final del mismo producto las dos naciones debe diferir o bien podría ser que los consumidores de una nación tienen mayores ingresos y, por tanto, pueden adquirir la leche a un precio más elevado, mientras que en el extranjero, al disponer de menores ingresos, sólo pueden pagar por la leche un precio menor y el exportador en el nuevo país se adapta a ello.
 
Pero hay uno muy importante que puede tener relevancia en este caso: que los aranceles en el país de origen sean mucho mayores, permitiendo así que, en dicha nación, exista una menor competencia y, así, el productor doméstico puede cargar un precio más elevado a sus consumidores. Por el contrario, por hipótesis, en el otro país los aranceles de importación son más bajos y por tal razón hay una mayor competencia en dicho mercado, la cual obliga que, para poder ingresar a ese mercado, se tenga que reducir los precios a los que vende sus productos en esa nación.
 
Este caso hipotético y muchos otros, nos indican que el llamado “dumping” debe ser algo diferente al hecho de que, mientras en el país de origen el producto que se vende es más caro, en aquel adonde se exporta es más barato. Por tanto, es difícil a priori juzgar si el caso calificaría -obviamente en detalles que no consigna debidamente la definición de la OMC antes expuesta- como para permitir que el país “perjudicado” pueda imponer restricciones a  la importación mediante medidas, como, por ejemplo, aranceles compensatorios y otras, que restrinjan la entrada a ese país del producto más barato.
 
Hay varias consideraciones adicionales que quiero hacer. Una trata de si se perjudica al país con esa competencia “desleal.” Lo crucial es que, con ella, los consumidores salvadoreños se estarían beneficiando, pues pueden adquirir un producto que les permita satisfacer sus necesidades a un precio menor. Eso no sólo les permitiría consumir más de ese mismo bien, sino que, al reducirse se precio, también queda disponible más dinero para comprar otras cosas que supuestamente son deseadas o necesitadas por los consumidores salvadoreños. Se trata, obviamente, de seres de carne y hueso, claramente identificables, no de una afectación a algo denominado “país,” que no es un ser concreto usuario final del bien. Por ello, se puede hablar de “afectación” a las industrias que ahora no pueden vender más caro, pero al mismo tiempo hay otros que son favorecidos con ella, los consumidores, que ahora disponen del producto más barato.
 
¿Y de qué nos puede servir a nosotros los costarricenses este caso en particular? Bueno, alguien podría proponer que se obligue a vender la leche aquí al precio más bajo (incluso ahorrándose, entre otros, el costo de transporte), al igual que como se vende en El Salvador. Pero en esa propuesta hay un error de fondo. El precio que se podría lograr con tal rebaja regulada no va a poder ser más barato que el que surgiría si se abriera el mercado a la competencia internacional; esto es, sin aranceles a la importación, lo que nos permitiría conseguir el bien al precio más bajo posible (quien quita que se hasta de leche proveniente de El Salvador).
 
Ante esto, alguien diría que, aún en este caso, hay muchos productores internacionales que harían dumping con su producción en nuestro país y que aquellos posiblemente son subsidiados por los gobiernos de sus naciones.  La gran pregunta es si, aún en tal caso, imaginando incluso esa leche nos la vendieran sin costo alguno, de a gratis, debería de impedirse que se nos haga tal rebaja o regalo: siento que los consumidores -la totalidad de los costarricenses somos consumidores- estaríamos cometiendo un error, al rechazar de tal forma a una donación de la riqueza de los extranjeros que ellos nos hacen, al vendernos su en tales condiciones de subsidio, si es que lo hay.



Jorge Corrales Quesada

lunes, 22 de enero de 2018

Tema polémico: Opciones para la libertad

El día de hoy queremos invitarlos al debate de candidatos a Diputados por la provincia de San José que organizan nuestros amigos de la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE). La actividad contará con la participación  de Marta Blanco Cordero, candidata por el Partido Liberal Progresista, Danilo Cubero Corrales, candidato por el Partido Movimiento Libertario y Laura Fernández Delgado, candidata por el Partido Alianza Demócrata Cristiana. 

En ese debate, podrán conocer las propuestas de los tres partidos que más se acercan, con sus respectivos matices, a las ideas de la libertad que defendemos en ASOJOD. Por supuesto, habrá diferencias en el abordaje de ciertos temas y se habrán dado situaciones en el pasado que nos generan cierta reticencia, pero lo cierto es que excepto estas, las demás opciones están muy alejadas de lo que queremos. 

La inversión es de ¢5.000 para público general pero los asociados de ANFE que estén al día en el pago de sus cuotas, ingresan gratis. El pago puede realizarlo mediante depósito a la cuenta cliente 15100010012208242 del Banco Nacional a nombre de Asociación Nacional de Fomento Económico, cédula jurídica 3-002-045006. Favor enviar el comprobante a Olga Sánchez al correo guita61@hotmail.com y confirmar su participación. 

Recuerden que el precio de la libertad es la eterna vigilancia.

martes, 16 de enero de 2018

La columna de Carlos Federico Smith: otra irresponsabilidad del MEP

La pregunta obvia es ¿qué está pasando administrativamente con el Ministerio de Educación Pública (MEP)?  Con anterioridad nos referimos al uso desagradable de recursos obtenidos con un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que no se ha destinado oportunamente a construir las obras propuestas. Ahora resulta, según informa La Nación del 2 de diciembre, en un comentario que lleva por título, que un “Grave error del MEP deja en el limbo 23 colegios: Traspasó centros completos en vez de una porción para construir canchas.”

Una inquietud adicional aparece en el panorama del fideicomiso que el MEP hizo para que el Banco Nacional administrara aquellos mismos fondos del citado préstamo del BID. Según tal fideicomiso, el MEP debía traspasar las partes de terreno en donde se construirían 23 canchas deportivas en igual número de centros educativos, pero, no lo hizo de la forma correcta, pues no sólo traspasó tales tierras sino que también hizo el traspaso incluyendo instalaciones ya existentes, todo por un lapso de 20 años. Así, el nuevo dueño registral de todos esos bienes es el Banco Nacional a través de su fideicomiso con el MEP. El valor estimado del traspaso (en lo que se pudo medir) supera los ₡5.760 millones.

El argumento que esbozó el MEP para hacerlo así es que, en palabras de su viceministro de administración, todo se traspasó porque “segregarlo (y traspasar sólo los terrenos para las canchas) conllevaría una gestión adicional por parte de las juntas” administrativas de educación, entes que dependen en alto grado del MEP en cuanto a sus políticas y presupuestos. Se trata de gastos por “contrataciones de profesionales externos, lo cual representa tiempo y costos para culminar el proceso de segregación.” Informa el medio que la Contraloría, que para esos asunto hizo el informe DFOE-SOC-IF-13-2017, rechaza tal argumento y dice que “El MEP no valoró alternativas o modalidades que permitieran proporcionar mayor seguridad en cuanto a la protección y conservación del patrimonio público.”

¿Cuál es el problema con esto?   En realidad hay dos directos: uno que, con ello, el mantenimiento obligado que se debe dar a esas propiedades completas está en un limbo, pues no existe la responsabilidad del MEP, ni tampoco del Fideicomiso del Banco Nacional, para así hacerlo. La Contraloría exige que ello se defina formalmente entre esas dos partes. El segundo es que, señala esta última entidad, si se llegaran a cobrar impuestos municipales por esos terrenos, el Fideicomiso del Banco Nacional debería efectuar su pago, tomando los recursos del fondo original del préstamo del BID por $167.5 millones para construir 103 obras. El problema es que, como comentamos anteriormente, se estima ya hay un faltante de entre $57.8 millones y $67.2 millones para construir todas aquellas obras, pues 55 de ellas se llevan un monto de $157.8, quedando muy poco para las 48 restantes que requieren de esos fondos. Estos recursos tendría el MEP que conseguirlos, posiblemente provenientes de su propio presupuesto. Lo paradójico es que el aporte del MEP a las juntas de educación para que haga obras como esas, se redujo en un 45%, entre 2017 y lo presupuestado para el 2018.

Por tales razones, la Contraloría le pidió a la ministra del MEP que tramite a la mayor brevedad las exoneraciones tributarias ante los municipios donde se ubican las diversas obras cedidas al fideicomiso con el BN. Por supuesto, además de que consiga los fondos para suplir el faltante antes indicado, de entre $57.8 y $67.2. ¿Podemos acaso los ciudadanos contribuyentes a aspirar porque haya un buen manejo de los recursos públicos?

 
Jorge Corrales Quesada







martes, 9 de enero de 2018

La columna de Carlos Federico Smith: como si sobrara la plata

Realmente irrita lo que La Nación informa en su edición del 22 de noviembre, bajo el encabezado “MEP deja perder dinero destinado a construcción de centros educativos: Contraloría revela ineficiente inversión de préstamo del BID.” De acuerdo con un informe reciente de la Contraloría, “El pago de dichas comisiones (castigos por inmovilización de fondos)” por un monto de casi mil millones de colones, “se ha realizado con recursos del préstamo de Fideicomiso que están disponibles para la construcción de las 103 obras de infraestructura.”
 
Tratemos de entender el asunto. Primero el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo al país (al MEP) por la suma de $167.5 millones en noviembre del 2012 y el contrato se firmó a fines de enero del 2014. En marzo del 2103 se había aprobado el fideicomiso BID-MEP-Banco Nacional de Costa Rica en ese monto. Con el fideicomiso, el Banco Nacional administra esa plata y el MEP supervisa los proyectos.
 
Pasa el tiempo y esos fondos casi no se han utilizado en construir las obras para los que estaban destinados.  Así, a fines de noviembre de aquel préstamo sólo se habían desembolsado $25.9 millones con un monto pendiente por desembolsar de $141.6 millones. Pero, por ese no desembolso de fondos hay que pagarle al BID por el atraso en la ejecución y consiguiente desembolso de los recursos, la suma de $2.8 millones; aproximadamente ₡1.000 millones, plata que incluso salió de esos fondos que se habrían usado en la construcción de nuevos centros educativos. O sea, se está pagando un montón de plata por no hacer las obras.  El BID cobra por el no desembolso una comisión especial, porque tiene separados esos recursos y, por tanto, no los puede usar durante ese tiempo en préstamos a otros países o proyectos.
 
Dice el medio que, “según la Contraloría, al 30 de junio se había ejecutado un 9.12% (₡8.739 millones) del total de recursos.” En la actualidad de los 103 proyectos incluidos en dicho préstamo, sólo dos se han concluido, el liceo de Mata de Plátano y el rural de San Isidro de León Cortés, ambos en la provincia de San José, en tanto que se inició la construcción de la escuela Finca La Caja, en La Carpio, en la misma provincia. Los dos primeros centros educativos no tienen aún todo el mobiliario ni su manual de mantenimiento preventivo. O sea, aún no han sido entregados: un cero% terminado y entregado, de lo incluido en el proyecto total y todo esto en cinco años.

Según el informe referido de la Contraloría, “se determinó un atraso de dos años en la utilización de los fondos transferidos por el BID en el período 2014-2016.” A su vez, el MEP responsabiliza al Banco Nacional porque en dos años no constituyó la unidad ejecutora que se encargaría del proyecto, por lo que, en el decir del MEP, “no podían comenzar.” Una vez más observamos el típico pingpong de responsabilidades entre diferentes entes estatales.
 
Pero, el problema se ha empeorado, porque, de acuerdo con la Contraloría, “el dinero del fideicomiso no alcanzará para levantar todas las obras previstas,” en un estimado que oscila entre $57.8 y $67.2 millones de faltante de lo estimado en el financiamiento. Ante ello, dice el MEP que usará recursos propios de su Dirección de Infraestructura (DIEE), pero, esa fuente de fondos se vislumbra difícil de disponer, pues el presupuesto de las Juntas de Educación en áreas de mantenimiento y construcción de obras, se verá reducido en un 45% en el 2018.
 
Además, el fideicomiso BID-MEP-Banco Nacional vence en julio del 2018, pero la Contraloría dice que, para dicha fecha, sólo se podría -tal vez y ciertamente cada soy más escéptico acerca de la capacidad de hacer obras de parte del gobierno- entregar “sólo 25 de las 101 obras pendientes.” Sin duda que se va a requerir la ampliación del contrato con el BID, que, en palabras de la Contraloría “implica que el nuevo plazo otorgado para la ejecución de todas las obras será el 3 de julio de 2020.”
 
Ya se dan cuenta ustedes de por qué suelo encabezar muchos de mis comentarios bajo la muletilla “El Estado Ineficiente,” que actúa como si la plata sobrara en la economía. Obviamente, todos esos fondos los terminamos pagando todos los ciudadanos, pero más duele al tener que pagar por no usarla en el tiempo debido y ser dejada en un banco, por la ineficiencia del estado. Y, por supuesto, eso lo pagaremos con más impuestos.



Jorge Corrales Quesada

martes, 19 de diciembre de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: INA ¿un buen uso de los recursos?

Si una empresa privada no satisface la demanda de sus clientes, simplemente fracasa, termina quebrando, y los recursos que en ella se encuentran son así liberados para que puedan ser usados en cosas que los consumidores sí aprecian. Obviamente, el interés de una empresa debe centrarse en satisfacer qué es lo que sus clientes quieren, para suplirlo según sean sus voluntades. Eso exige que los recursos escasos de una empresa se dediquen a producir lo que se demanda en el mercado. Eso no sucede con instituciones del estado, como es el caso del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA): nunca cierra y los recursos allí (mal) utilizados por no tener demanda, siguen sin dedicarse a mejores usos.
 
El caso del INA parece mostrar que ese criterio elemental de eficiencia –producir aquello que el mercado demanda- no tiene un lugar en sus objetivos. Más bien parece ser producir cosas que la gente no quiere.

Es por eso entendible lo que sucede en esa entidad, cuando se brindan (se producen) carreras que en realidad no son demandadas por los ciudadanos interesados. Esto lo expone La Nación en un comentario del 11 de noviembre, titulado “INA mantiene 12 carreras con menos de 10 alumnos: Programas anuales para retratista, guía turístico en historia o impresión flexográfica.” La fuente esencial del medio parece serlo el informe “Modernización de la formación profesional en Costa Rica,” producto interno de la misma institución que lo divulgara recientemente. 

Veamos algunos datos interesantes: Mientras que en el 2016, se impartieron 281 carreras en el INA, con 52.911 matrículas (un alumno puede matricularse en más de una), “sólo 15 programas de estudios acumularon el 60% de la matrícula (32.066 alumnos),” siendo la carrera con mayor matrícula -17.661 o sea el 33% del total- “la carrera de Operador de Aplicaciones Ofimáticas” (que en lenguaje no tan eufemístico, es un paquete de paquetes para trabajos en oficinas, tales como Word, Excel o Power Point), sobre lo cual es conocida una oferta amplia del sector privado de la economía. Para todas las carreras del INA se tiene un promedio de 188 alumnos por carrera, mientras que quince carreras, que incluyen la llamada ofimática, inglés, embarco, asistente administrativo, inspector de inocuidad y auxiliar en empresa agropecuaria, tienen un promedio de 2.138 alumnos por carrera (esto es, poco más del 60% del total de alumnos) y en las 266 restantes carreras que brinda el INA, el promedio es de sólo 78 alumnos por carrera (un poco menos del 40 por ciento del total de alumnos).

Por otra parte, es interesante la información que se presenta de las 7 carreras más apetecidas (ofimática, con 17 611 alumnos; inglés para servicio, 4.646; embarco, 1.570 estudiantes; inglés conversacional, 1.375; asistente administrativo, con 860 alumnos; inspector de inocuidad, 815; y auxiliar administrativo agropecuario, con 716 estudiantes). El promedio de estudiantes en estas 7 carreras es de 3.941. 

Todo lo contrario sucede con la información brindada de las 7 carreras menos apetecidas (retratista, con 8 alumnos; artesano para el tratamiento textil, 7; diseñador páginas web, 7 estudiantes; guía de turistas en historia y cultura, 7; instalador de refrigeración y climatización, 7 alumnos; dirección de producción gráfica, 6; e impresión flexográfica, con 5 estudiantes).  El promedio de estudiantes en esas siete carreras es de 7.

Mientras que “el INA invierte ₡7.8 millones al año en pago de docentes, instalaciones, equipo, etcétera” para 17. 611 estudiantes (un promedio anual de ₡443 por alumno), para los 5 alumnos de arte para impresión, el monto equivalente es de ₡8.7 millones (un promedio anual de ₡1.740.000 por alumno).

La tristeza adicional viene en palabras del secretario general de los trabajadores del INA, señor Jara, quien dice “Usted llega a algunos centros y da miedo porque no hay estudiantes.” El medio cita al mismo señor Jara, al señalar que “uno de los problemas es que debido a los pocos alumnos que se anotan en las carreras, los docentes contratados terminan haciendo tareas diferentes.” 

No hay duda de que en el INA hay un divorcio pleno entre la demanda de personas preparadas que ejerce el aparato productivo nacional, y lo que ofrece esa entidad. No es por falta de recursos y obviamente no se trata, como alguien sugiere por ahí, que si se cierra con un superávit en las finanzas, “eso significa desperdiciar recursos que se pudieron haber aprovechado en la formación.”

Se trata no de echar más plata al problema, sino adecuar las ofertas de profesionales con la demanda el mercado. Si sobran recursos se pueden emplear en cosas mejores. Lo contrario es desperdiciarlo en cosas que la sociedad no desea, como son evidentemente los gastos que hoy hace el INA en cuanto a la formación de los trabajadores que de verdad se necesitan.


Jorge Corrales Quesada

martes, 12 de diciembre de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: comentario acerca del déficit fiscal

Un artículo reciente de La Nación, firmado por su autora, la periodista Patricia Leitón, me da la oportunidad de hablar un poco en torno al concepto de déficits en la economía. Empiezo por mencionar que ese artículo no trata -ni lo haré aquí extensamente- del déficit internacional del país, el cual usualmente se suele llamar el déficit en la balanza de pagos. Pero, en realidad, es el producto de comparar una serie de distintas partidas del país con el resto del mundo, dando lugar a conceptos tales como déficit en la balanza comercial o déficit en la balanza de la cuenta corriente o a un déficit en la cuenta de capital, que forman parte de un todo, como es el déficit de la balanza de pagos (que pueden ser déficits o superávits) y si se incluye la variación que al final de cuentas dan a lugar esos déficits o superávits como son las reservas de divisas del banco central, pues, la tal balanza estaría siempre balanceada; no habría ni déficit ni superávit.  Lo que la gente suele llamar déficit (o superávit) en la balanza de pagos, en realidad se refiere a una de aquellas balanzas parciales, pues la total está, repito, siempre balanceada, por definición.

Quiero aclarar que, cuando menciono en mi comentario a un “déficit”, el cual da una idea de que las salidas son mayores que las entradas, también puede ser que haya un superávit, que es cuando las entradas son mayores que las salidas.

Pero, tanto el artículo de doña Patricia como mi comentario, tienen que ver con otro déficit distinto a los internacionales citados, que frecuentemente escuchamos mencionar en nuestro medio, el llamado “déficit gubernamental.” Es aquí en donde es muy útil la exposición citada para entender claramente los conceptos. El artículo se titula “Deterioro en ICE y CCSS reduce el superávit público:

Señalamiento del Banco Central en último informe mensual,” el cual compara los resultados tenidos al acumulado de agosto del año pasado, con el acumulado a agosto de este año, ambos como porcentajes de valor total de la producción final de los costarricenses, conocido como el Producto Interno Bruto (PIB). 

Lo que entre legos, o personas comunes y corrientes, por ponerlo de una forma, se suele mencionar cómo déficit del gobierno, contrasta con el término expuesto por profesionales de la disciplina de la economía, que suele ser más puntual, y se le denomina déficit del Sector Público Global. Este déficit está compuesto (es resultado de) por tres déficits que tienen que ver con el sector público como un todo: uno es el déficit del Gobierno Central (constituido este último por los tres poderes de la República, el Tribunal Supremos de Elecciones y órganos auxiliares y otros menores); un segundo es el déficit del Banco Central y el tercero se conoce como el del Resto del Sector Público no Financiero (que comprende una muestra de seis entes estatales, el ICE, la Caja, RECOPE, AyA, la Junta de Protección Social y el Consejo Nacional de Producción (CNP)). El conjunto de estas tres “partes” importantes del estado costarricense, define lo que se llama el déficit del Sector Público Global.

Cuando se escucha hablar del déficit fiscal que, por ejemplo, fue de un 5.2% del PIB en el 2016, se refiere al déficit del Sector Público Global y trata del resultado para un año completo. De modo que, los datos que a continuación se presentan de acuerdo con el artículo arriba citado, deben entenderse como una comparación al acumulado a agosto de un año, con respecto al acumulado a agosto del año siguiente, pero no al total del año.

La historia del déficit del Sector Público Global o Total se puede resumir en que suele haber un déficit en el Gobierno Central (usualmente el déficit más significativo como porcentaje del PIB), un déficit del Banco Central (producto de deudas del banco que tienen un costo que debe ser amortizado y por operaciones de crédito subsidiadas no propias de un banco central) y un superávit en el llamado Resto del Sector Público no Financiero. El conjunto de esos tres, nos da el resultado del Sector Público Global, que es, por ejemplo, aquél 5.2% del PIB citado en el párrafo inmediato anterior.

Por tanto, por ejemplo, lo que pueda suceder con el superávit -ya sea mayor en un año que en otro- del Resto del Sector público no Financiero, suele incidir en el déficit Público Global del período correspondiente.

El acumulado a agosto de este año, comparado con el acumulado a agosto del año pasado, nos da que, de un déficit para el 2016 del 1.7% del PIB, ya para agosto del 2017 era un déficit mayor en un 0.5%, elevándolo al 2.2% del PIB. Esta no es una noticia agradable, pues hace temer que, al finalizar este año, sea superior el 5.2% del PIB del año pasado. (Una información pública reciente señala que, según la CEPAL, en el 2017 el déficit total del gobierno será de alrededor de un 6% del PIB).  Ahora bien, ¿a qué se debe este aumento del 0.5% del PIB en el déficit del Sector Público Global? Por una parte, porque entre esos dos años aumentó el déficit del Gobierno Central de un 1.4% del PIB a un 1.5% del PIB, a pesar de que el déficit correspondiente del Banco Central disminuyó de un 0.4% del PIB a un 0.3%, pero, a su vez, disminuyó el superávit del Sector Público no Financiero, que es el que compensa a esos dos déficits, pues pasó de un 1.5% del PIB a un 1.3% en dicho lapso.

Por tanto es relevante ver, tal como lo hace el artículo de La Nación, el porqué del menor déficit, como porcentaje del PIB, del Resto del Sector Público no Financiero. De acuerdo con el Informe de Coyuntura del Banco Central a octubre de este año, la caída se debe a “la desmejora en las finanzas particularmente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS),” que sabemos que, además del Gobierno Central, son las entidades con los mayores presupuestos del país. En palabras del gerente del Banco Central, don Eduardo Prado, “en estas instituciones se observó tanto un menor crecimiento de los ingresos como una aceleración en sus gastos.” Ambas instituciones cuestionan la interpretación de la cifra que brinda el Banco Central.

Pero, las luces de alarma se encienden y habrá que ver con cuidado como cierran estas diversas cifras al final del año. En mucho era de esperarse lo sucedido a agosto, porque el estado costarricense no parece seguir una línea fuerte para reducir los gastos, sino que quiere aumentar los impuestos y las tarifas y cuotas a como haya lugar. Esto es, el estado sólo busca tener más ingresos para reducir el problema de sus déficits, pero no disminuir los gastos.  Qué lindo, ¿verdad?



Jorge Corrales Quesada







martes, 5 de diciembre de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: reempaque a los impuestos

No hay duda que la fuerte reacción del pueblo contra nuevos y mayores impuestos ha impactado la disposición que tenía el gobierno actual, de proponer un impuesto al valor agregado (IVA) del 15%, pues en la Asamblea Legislativa este no tuvo apoyo.
 
Lo que el Estado hace ahora es ligeramente diferente; en esencia, incluir más bienes y servicios gravados con el IVA, que anteriormente no lo estaban. A pesar de la angurria flagrante de este gobierno, incluso al meterle ese tributo a todos esos nuevos bienes y servicios -los que luego señalaré- simplemente no será posible que grave una serie de servicios, como los de capital, de trabajo, de renta de la tierra, etcétera, ni tampoco a otros más difíciles de controlar, como hacer el amor o respirar o tomar agua de un río, entre muchos más posibles en el imaginario fiscal.
 
Aun así, se comete o conserva un error técnico en lo referido a los IVAs, cual es tener dos tasas distintas para el universo impositivo.  Se me dirá que ya existía, que había una tasa de cero para bienes y servicios exentos y otra del 13% para el resto; o sea, que había ya una tasa dual, pero, eso sigue con la propuesta, sólo que, de aceptarse esa argumentación, ahora tendría tres tasas: una de cero para los exentos, otra del 4% para algunos bienes y servicios y otra del 13% para la mayoría de bienes o servicios.  Esto es, se incrementa la multiplicidad de tasas.
 
En todo caso, tal vez lo conveniente, desde el punto de vista de eficiencia tributaria, sea que haya una tasa única (naturalmente espero que nunca la puedan aplicar a casos extremos, como respirar, hacer el amor, tomar agua del río o sobre los factores de producción en general, por lo cual, de hecho, siempre habría dos tasas: la de cero para los exentos o sobre los “imposibles” y una única para el resto). Pero, lo que está en juego no es un gobierno que quiere lograr la eficiencia tributaria, sino ver cómo agarra más plata. Si buscara la eficiencia tributaria, se lograría con una tasa única y uniforme del 10% o 12% sobre todos los posiblemente gravables bienes y servicios (incluyendo los nuevos que se propone), en vez de la propuesta del 13% actual (y más con la del 15% que, por el momento, fue lanzada al basurero de la historia legislativa del país), de forma que la recaudación global de hoy más o menos se mantenga y no que se eleve. Esto es, que se incorporen al IVA todos los bienes y servicios factibles, pero a una tasa única más baja que la actual.
 
Pero, veamos lo que dice la nueva propuesta del gobierno (la información básica proviene de un artículo de La Nación del 10 de noviembre, titulado “Maquinaria, boletos aéreos y libros pagarían 4% de IVA: Nueva propuesta de reforma fiscal que impulsa el gobierno.”):
 
Con un gravamen del IVA del 4% (la nueva categoría impositiva):
 
(1) A los servicios privados de medicina, así como los de educación. Esto es interesante pues ya estos últimos estaban exentos y cabe reflexionar si la educación privada no le salva la tanda a la educación pública, al suplantar obvias ineficiencias e insuficiencias de esta última. Este castigo impositivo encarece la educación privada, lo que hace que disminuya su cantidad demandada, la que ahora se desviaría hacia la educación pública.
 
La existencia de servicios médicos privados en mucho es producto simplemente de una realidad ante los problemas del servicio médico universal, que ha hecho que muchos usuarios, con derecho a acudir a servicios en la Caja, prefieran hacerlo con médicos privados, tal vez por la certeza de que serán prontos, algo que en muchos casos es de vida o muerte. Un encarecimiento de los servicios médicos privados hará que, en el margen, los usuarios de esos servicios trasladen su demanda hacia los públicamente brindados. Y no me voy a meter aquí en lo que significaría ese aumento de demanda de los últimos, en un sistema que sabemos se encuentra en problemas para brindar el suministro que los ciudadanos esperan por sus cotizaciones obligadas.
 
(2) A los libros en todo formato. Se encarecen con el nuevo impuesto y, por fortuna, ante las grandes posibilidades que hay de lectura por medios electrónicos, afectaría básicamente a quienes brindan el servicio de la producción de libros físicos. Aquí hay algo interesante: esa lectura electrónica gratuita es generalmente de obras no muy recientes, y que, en algunos casos, son bastante anticuadas, al menos en campos técnicos. Con ello, el fuerte impacto del impuesto citado se vería en el caso de libros técnicos que sí se venden en el país.
 
(3) A la compra de empaques y embalajes y a las materias primas de las que se hacen esos, tales como maquinaria y equipo.  Pero, se indica la excepción para el caso de exoneración expresa, como por ejemplo el régimen de zonas francas. El efecto recaería sobre la producción dirigida al mercado doméstico, encareciéndose respecto a la producción para el exterior. En el país se debería pensar, más bien, en ampliar los beneficios para los consumidores nacionales mediante una más profunda integración con el comercio global.
 
(4) A los tiquetes aéreos que salen de Costa Rica. Esto no me calza muy bien, pues, dado que, si lo es para no afectar el ingreso de turismo al país, sería válido sólo si el turista llegara con tiquetes de ida y vuelta, pero no si compra afuera el de ingreso y luego decide comprar el de salida en el país. No tengo idea de cuánto podía significar eso. Pero, la pretensión de que el tiquete de salida que se compra en el país, que incluye normalmente el viaje de ida y el de regreso, sea objeto del gravamen, va obviamente en contra del principio de libre movilidad. No obstante, incentivara que nacionales compren sólo el tiquete de salida en el país y el de regreso lo hagan en el país adónde fueron.  Eso sería muy fácil de hacer en especial en viajes por motivos empresariales de empleados de firmas que tienen sedes en otros países. Y, afortunadamente, con las nuevas formas electrónicas de adquisición de boletos
 
(5) A los servicios agrícolas, como siembra, cosecha, recolección, fumigación, control mecánico y clínico de malezas, transporte y clasificación de productos; alquiler de terrenos, almacenaje y venta de servicios de producción agropecuaria.  Es obvio que, en vez de gravar al bien final (el producto agrícola), se grava a los insumos, lo que eleva los costos de producción y el precio de venta, ocasionando un descenso en las ventas y consumo del bien final.
 
Con un gravamen del IVA del 13%:
 
(1) A las telecomunicaciones, la radio y la televisión, al igual que los servicios ligados a préstamos (caja fuerte y peritos). No sé sí es deseable que el Estado los grave en una sociedad que se precia de la libertad de expresión, de prensa y de comunicación. No hay duda que pronto se derivará la pretensión de gravar a servicios hoy gratuitos, como los mensajes que cada uno de nosotros pone en la internet (no sé si el pago del servicio de la internet ya está gravado).  Y llama la atención eso de servicios de cajas fuertes, que en mucho son brindados por bancos y por los que los consumidores tendrían que pagar más. Ante la inseguridad en que crecientemente vive la ciudadanía, se encarece el costo de prevenir la inseguridad que dan cajas fuertes más seguras.
 
(2) A los servicios que brindan los informáticos, los abogados, los gimnasios, los espectáculos, Netflix y Spotify. Lo que sucederá, al igual que muchos servicios que ahora se contratan de jardineros, plomeros, reparadores de techos, pintores, carpinteros, lavado de carros en los hogares, entre muchos otros (afortunadamente), es que la gente los contrate mediante el pago en efectivo. El problema radica en la capacidad que tenga el Leviatán de ejercer el control fiscal, que podría ser incluso tan costoso, como que para que se vaya lo comido por lo servido. (Nos dirán entonces: Lo que necesitamos es más plata para ejercer la vigilancia en cuanto al pago del impuesto hecho en efectivo por esos servicios.)
 
(3) A los alquileres superiores a los ₡425.000 mensuales, lo que incitaría a fraccionar los alquileres superiores a esa suma. Por ejemplo, un alquiler básico y, por aparte, un alquiler por instalaciones adyacentes.
 
(4) A la electricidad, que me parece, como dice el pueblo, que ¡eso es un crimen!, pues bien sabemos del alto costo que la electricidad en nuestro país (no sólo para usuarios finales, sino para empresas que la usan como insumo). De hecho, parece haber un claro componente fiscal en el precio actual de nuestra electricidad, al ser un precio fijado por el estado para proveedores monopólicos de su propiedad, lo que, a su vez, se refleja en el precio de servicios que dan otros pequeños productores privados.
 
(5) Al transporte, excluyendo al servicio público.  Me olfateo que, con ello, el estado alegará que le cobrará un impuesto a Uber y a los piratas y no a los taxis oficiales, encareciendo a los primeros para beneficio de los últimos, que ahora tendrían menor competencia. En cuanto al transporte restante, no hay duda que tendrá un impacto sobre el costo de los productos, que será trasladado a los consumidores.
 
La fiera voraz abre sus fauces y el que trabaja, el que produce, el que lo hace sirviendo a los demás, más bien es castigado. Y el consumidor tendrá que pagar más para darle recursos al estado, para que prosiga con un gasto que tiene sumamente molestos a los ciudadanos.  Claro, al político en el poder lo que le interesa es gastar el dinero, en vez de que lo haga usted, pues creen que saben mejor que usted cómo debe gastar lo que tanto le cuesta a usted obtener con su esfuerzo.  Una enorme arrogancia creer en esa presunta superioridad.


Jorge Corrales Quesada


martes, 14 de noviembre de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: que el que viene atrás pague la cuenta

La frase del título, en mi opinión, resume la situación ante la propuesta hecha recientemente para arreglar el faltante actuarial en el régimen del IVM de la Caja de Seguro Social. “Patear la bola hacia adelante” puede ser un titular alternativo. Lo cierto es que el serio problema estructural de nuestro régimen de pensiones de la Caja no se ha resuelto, sino que se le han aplicado parches porosos para aliviar el mal. 

Hay cosas básicas que se deben tener presentes acerca de nuestro régimen de IVM. El primero, -esto en sencillo- es que quienes, como grupo, actualmente cotizan al régimen se supone que generan lo suficiente como para mantener, como grupo, a los pensionados del futuro. La pensión no depende de cuanto haya aportado el eventual beneficiado, sino de cuánto están aportando otros al momento de su retiro. No hay un ligamen entre cuánto puso usted para su pensión y cuánto recibe. Se supone que es una especie de “solidaridad” intergeneracional. 

En segundo lugar, factores claves inciden en la posibilidad de que no se presenten faltantes en los desembolsos por pensiones futuras. Por ejemplo, si la población deja de crecer gradualmente al ritmo que venía –le suelen llamar envejecimiento de las sociedades, como lo que se está dando en muchos países europeos- posiblemente los que, en ese momento en el futuro se pensionen, serán muchos, comparados con los mucho menos que en ese momento estén en edad productiva para aportar para tales pensiones.

Otro ejemplo de este segundo aspecto: que una nación sea muy exitosa, como creo que es el caso de nuestro país, pues la población vive cada vez más años.  A esto se le llama aumento en la esperanza de vida al nacer. Se relaciona en cuanto a que, al llegar el momento de pensionarse -a una edad determinada-, esa persona vivirá pensionada muchos años más de lo que viviría en el momento en que se definieron los aportes para las pensiones. Obviamente, significaba que las personas no vivirían tanto tiempo recibiendo una pensión, contrario de lo que sucede al aumentar la esperanza de vida.

Estos dos factores son parte crucial en la estructura del régimen de pensiones del IVM (y de todo aquel en donde lo que uno recibe de pensión no depende de lo que uno haya aportado, sino de lo que contribuirán generaciones que le sigan).

Asimismo, otro elemento básico es la tasa que se paga en vida laboral -ya sea tanto por la persona, como por la empresa o por todos nosotros por medio del estado- para la pensión de la Caja.   Usualmente se calcula tomando en cuenta los beneficios establecidos, la edad promedio esperada de años de pensión, cuántos meses de cotización, el costo administrativo del sistema, la edad de la pensión, qué porcentaje del salario se recibe como pensión, traslado del beneficio a descendientes del pensionado, pensiones mínimas y topes, entre otros. Esa tasa, que supuestamente permitiría generar los recursos suficientes, también queda sujeta a los cambios de aquellas variables que cité en párrafos previos. 

También, no debemos olvidar que lo que en cierto momento se consideró era la población beneficiaria cubierta por el régimen de pensiones de la Caja, no fue algo inmutable. Por ejemplo, políticamente se decidió otorgar -si es bueno o malo o es la forma apropiada de hacerlo es otro tema- una pensión a mucha gente pobre, que tal vez nunca había aportado al régimen de pensiones y que ahora reciben una especie de transferencia de toda la sociedad hacia ellos, transferencia que es cargada al IVM.

Este no es un trabajo académico exhaustivo de nuestro régimen de pensiones de la Caja, sino que lo que trato es explicar, lo más claro que me es posible, que un sistema que puede ser diseñado financieramente viable para un momento histórico dado, al darse cambios importantes en variables como las citadas anteriormente, exigen que el sistema se replantee en cuanto a si tendrá los recursos suficientes para enfrentar las nuevas obligaciones con los pensionados del futuro.

Para una transformación impostergable, se estableció una “mesa de diálogo” que supliera a la Junta Directiva de la Caja con propuestas de reformas para lograr esa estabilidad financiera. Bueno, ya se han llegado a conocer las propuestas, entre las cuales se destacan (la fuente de información es La Nación del 7 de noviembre en su artículo “Mesa de diálogo propone 33 remiendos en el IVM: 
Recomendaciones para salvarlo del colapso no tocan ni edad ni cuotas.”):
 
1.- Un aumento proporcional de las cuotas, de forma que cada 3 años aumentará en 0.5% (en proporción entre trabajadores, patronos y estado) hasta llegar a un 12.6% en el 2029.
 
2.- Aprobar ley que traslada del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) al IVM recursos por ₡60.000 millones.
 
3.- Aprobar una ley para trasladar ₡25.000 millones del aporte de los trabajadores al Banco Popular (un 0.25% de los salarios) al IVM.
 
4.- Actualmente si el trabajador ha cotizado 240 cuotas y sigue laborando, aumenta su pensión al posponerla. Ahora eso será aplicable sólo después de 300 cuotas.
 
5. Aumentar el rendimiento real del fondo de inversión de las pensiones a un 4.8%.
Quiero hacer un comentario general y luego otros específicos a cada una de estas medidas sugeridas.  

El general es que con la propuesta brindada se sigue encareciendo el costo de la mano de obra formal en la economía, lo que incidirá aún más en una creciente economía subterránea -informal- y, por ende, se abarata relativamente el uso del capital, con lo que, en vez de usarse más el factor relativamente abundante en la economía -el trabajo- se usará más el relativamente más escaso, el capital. Pensemos en el efecto negativo que tendrá en el nivel de empleo. 

En cuanto a aumentar los aportes proporcionales tripartitos un 0.5% cada tres años, lo cierto es que será un tema permanente en la presión de los diferentes grupos involucrados y, entre tanto, en vez de hacer un ajuste debido posiblemente mayor, se escogió el camino de la gradualidad, con lo cual el dolor simplemente ser pospone y que tal vez luego será mayor. (Eso se sí se complace a grupos interesados en que se mantenga el status quo del régimen de pensiones o que la cuenta no la paguen los beneficiados sino la generalidad de los costarricenses).

El traslado de fondos de FODESAF y del Banco Popular al IVM, simplemente es abrir un hueco en otras partes, en donde las presiones políticas probablemente incidirán para crear nuevas cargas que repongan los recursos así trasladados. Premiar la antigüedad con base en un número mayor de cuotas no me parece descabellado.
 
Y, en cuanto al crecimiento real esperado de los fondos de pensión del régimen, me parece que es una claro señal de que no se ha buscado, hasta el momento, el mayor rendimiento posible, tal vez por ineficiencias administrativas, pero lo importante es si es viable obtener ese rendimiento y ojalá mayores, en donde el mercado lo permite. (De paso, las propuestas de la mesa espero que introduzcan propuestas para mejorar la eficiencia del rendimiento del fondo de pensiones).

Lo cierto es que se han dejado intocadas importantes áreas del IVM. Me refiero a la edad de retiro, que se contrapone al hecho de que los costarricenses vivimos cada vez más años, así como al monto de pensión, que obviamente no va a acorde con los aportes personales, sino los que puede brindar el sistema, que incluso castiga a quienes aportan más de lo requerido para las pensiones que se reciben. Tampoco se toma en cuenta los porcentajes que aportan los diversos sectores, trabajadores, empresas y estado.  Sabemos que el estado lo somos todos y es con nuestro aporte, por medio de impuestos, como se financia el estado, para hacer esos pagos.
 
En síntesis: no hay un “arreglo” al problema con el sistema de pensiones del IVM. Sólo se ha aplicado un cataplasma para seguir pateando la bola, para que sean las próximas generaciones las que deban pagar la cuenta verdadera. Mi consejo: que cada trabajador haga lo posible por tener su propio sistema de pensiones voluntarias -por poquito que sea- pues, a cómo está la situación, si no se arregla en serio no habrá pensiones. De paso, se ha dicho que ahora, con las medidas sugeridas, el régimen es estable hasta el 2038. Estoy seguro de que muchos de nosotros y también posiblemente los responsables de haber diseñado esas propuestas, no estaremos vivos para dar la cara cuando las generaciones futuras tengan que pagar las holguras de las actuales y que digan que les cargó el costo de las jaranas de quienes disfrutaron en el pasado pensiones, para las cuales no contribuyeron lo suficiente.


Jorge Corrales Quesada



martes, 7 de noviembre de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: moderar nuestra insatisfacción

Parece ser evidencia de bondad humana, alegrarse cuando se toman decisiones que uno interpreta son justas. Un ejemplo es cuando, ante un régimen claramente injusto como es el privilegiado de pensiones del Poder Judicial, la Asamblea Legislativa aprobó, aunque sólo en el primer debate, una importante reducción de algunos de los privilegios de quienes se pensionan acogidos a ese sistema actual.

Creo que lo justo es que la persona que recibe una pensión, haya hecho los aportes adecuados -esto es, suficientes a lo largo de su vida laboral y con los rendimientos de esos fondos- como para que la ciudadanía -todos nosotros- no tengamos que aportar por medio de impuestos, las transferencias que el estado hace para que sean lo requerido ante las jugosas pensiones que se reciben.
Ahora bien, en la Asamblea Legislativa se han hecho algunas reformas importantes, que van en el camino de tratar de que el sistema de pensiones del Poder Judicial se mantenga por sí mismo con el aporte de sus miembros, pero claramente parece que no son suficientes.  

Por ello he titulado mi artículo “Moderar nuestra satisfacción,” por el hecho de que la reforma, aún en proceso de aprobación legislativa, si bien va en el camino correcto, lo cual nos satisface, se queda corto en lo requerido, especialmente si se le compara tomando con referencia al sistema actual de pensiones de la Caja, conocido como IVM. 

Mucha de la información aquí señalada se suministra en el artículo de La Nación del 1 de octubre, “Diputados elevan edad y aportes para pensión judicial: Cuota de funcionarios subirá de 11% a 13% y se retirarán a los 65.”

Una de las reformas más importantes en proceso, se refiere a la base para el cálculo de la pensión.  Mientras que en el IVM la pensión equivale al 60% del promedio de los últimos 240 salarios, la nueva propuesta para el Poder Judicial, si bien la reduce del 100% del promedio de los últimos 24 salarios, ahora es de un 60% del promedio de los últimos 240 salarios.


Asimismo, el proyecto de ley en discusión en la Asamblea eleva la edad de retiro a los pensionados del Poder Judicial a 65 años, desde 60 años como era antes, y es la misma edad que en el régimen del IVM.

En cuanto a los años laborados necesarios para pensionarse, se propone, para el sistema del Poder Judicial, aumentarlo a 35 años; esto es, 5 años más que los 30 de la actualidad, pero siempre inferior al sistema de la Caja, en el cual para los hombres -dejando de lado la igualdad real- han de haber trabajado 38 años y medio, en tanto que si se trata de mujeres, es de 37 años y medio.

Otra característica de los sistemas de pensiones es la edad mínima al cual un trabajador puede acceder a la jubilación. En el caso actual del Poder Judicial es a los 55 años y la reforma la elevaría a 62 años, si es hombre, y 60 si es mujer, mientras que en la Caja es casi igual que este último (61 años y 11 meses si es hombre y 59 años con 11 meses si es mujer).

El tema de cuál es la pensión máxima sigue siendo polémico. Veamos la situación actual, las reformas y la comparación con la Caja. Actualmente el monto de pensión es ilimitado, mientras que ahora el tope es de ₡4 millones, mientras que el de la Caja es de alrededor de ₡1.5 como límite (Hay un error en la información citada del medio, en un cuadro en que se indica que no hay límite en la Caja, lo cual es falso).  Pero, eso debe ser visto en conjunto con el exceso de una pensión que supera esos ₡4 millones; esto es con lo que se denomina el “aporte solidario” de los pensionados. Mientras que en la situación actual, al igual que con la Caja, no existe tal aporte, con la reforma propuesta para el Poder Judicial sucede lo que describo en el párrafo siguiente.

Si usted tiene derecho a una pensión superior a los ₡4 millones (recientemente hemos visto algunas que rondan los ₡9 millones), no es que su pensión tope o límite será de esa suma, sino que, dependiendo de cuánto sea el exceso sobre esos ₡4 millones, una parte se queda como pensión y la otra pasa a ser una contribución solidaria de los pensionados al sistema de Pensiones del Poder Judicial. ¿En qué porcentaje es dicha contribución?  Oscila entre un 35% y un 55% según sea el monto de pensión que supera a aquellos ₡4 millones. Voy a poner dos ejemplos, uno con un nivel relativamente cercano a esos ₡4 millones y otro bastante alejado.

Así, supongamos que la pensión que usted recibiría bajo el nuevo sistema de pensiones del Poder Judicial es de ₡5 millones. Usted recibiría ₡4 millones MÁS -digamos que se aplica la tasa más baja de un 35% sobre el millón en exceso del tope de ₡4 millones- ₡650 mil colones. Esto es, al tope de ₡4 millones se le suma el 65% del millón en exceso y los restantes ₡350 es el aporte “solidario” que ese pensionado haría al Sistema. La pensión final sería de ₡4.650.000 al mes.

Por contraste, veamos otro caso extremo (no muy lejano del monto mayor que hoy se recibe por una pensión bajo ese régimen). Digamos que su pensión sería de ₡10 millones. De ella, ₡4 millones son el tope y del exceso (esto es, de ₡6 millones) se le aplica una contribución del 50%, con lo cual a la pensión de ₡4 millones hay que sumarle ₡3 millones más, con lo cual la pensión que recibiría al final de cuentas es de ₡7 millones.

Estas dos cifras son ejemplos de que el tope real no es de ₡4 millones (como lo es el de ₡1.5 millones con el IVM), sino superior.  Pero, también -no tengo claro bien lo que exactamente define el proyecto- podría hasta ser más alto que lo expuesto en ese último caso, si es que esas tasas de contribución de 35% y 55% son aplicadas por tramos de pensiones; por ejemplo, digamos, que por los dos primeros millones en exceso del tope la tasa de contribución es del 35% y del 50% para el exceso del tope superior a dos millones. O, también, si en ese rango de 35-55% hay rangos intermedios a tasas intermedias.

Finalmente, es importante comparar la estructura de las cotizaciones de cada funcionario.  Hoy día, en el sistema de pensiones del Poder Judicial el funcionario cotiza el 11% de su salario y el estado aporta un 15.6% (un 14.36% por el Poder Judicial como patrono y el estado, como tal, en un 1.24%). Ese 15.6% lo pagamos todos con nuestros impuestos. En el caso del régimen de la Caja, el empleado cotiza un 3.34%, mientras que el patrono aporta un 5.08% y el estado como tal un 1.24. Con la reforma propuesta, el funcionario aportaría un 13%, en vez de un 11%, pero el aporte del Poder Judicial como patrono y el del estado como tal, quedarían en los mismos porcentajes (un 15.6%). 

Si se compara el del IVM con el propuesto para el Poder Judicial, en este último los trabajadores aportarán más que antes, pero los ciudadanos, mediante impuestos al estado que después de devuelven como aportes para el régimen de Pensiones del Poder Judicial, seguirían dando un aporte muy superior en el caso del Poder Judicial, en comparación con el IVM.

En síntesis, en algún grado se modera el privilegio que son las pensiones del régimen del Poder  Judicial, pero todavía sigue existiendo en un grado muy superior al de la Caja. Hay razón para sentirse un poquito mejor, pero el sistema continúa siendo claramente injusto.



Jorge Corrales Quesada

martes, 31 de octubre de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: otra vez UNOPS

Recordarán mi comentario previo acerca del contrato entre el gobierno de Costa Rica y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para los Proyectos (UNOPS), en el cual manifesté mi malestar por la cesión del control propio de la Contraloría General de la República aplicable a la obra pública, que incluso se reflejó en negativas de ese ente de la ONU para entregarle a la Contraloría documentos propios de contratación de obra pública a empresas privadas específicas.  Y aunque la burocracia del estado dice que “este conflicto ya está resuelto”, el hecho es que el aparato jurídico nacional nunca debió permitir que se le excluyera de la obligación constitucional sobre la contratación de obra pública a ser regulada y supervisada por la Contraloría.

La Nación del 22 de setiembre revela otro hecho inquietante en torno a la relación contractual entre el estado costarricense, por medio de CONAVI, y UNOPS, en un artículo titulado “CONAVI le adelantó $60 millones a UNOPS sin recibir garantías: Organismo mantiene dinero en una cuenta a su nombre en Nueva York.” Esos montos fueron adelantados a UNOPS debido a que, en palabras de la viceministra de infraestructura del MOPT, señora Guiselle Alfaro, “Teníamos tanta expectativa de que UNOPS iba a ser tan acelerado, y se pactó hacer un desembolso grande, para avanzar muy rápidamente y no limitar a UNOPS en la ejecución. Pero, diay (sic) no ha sido tan acelerado y posteriormente se decidió hacer desembolsos menores.” 

No diré que “músico pagado, nunca toca bien,” sino que llama la atención que se adelante una suma de más de $60 millones a UNOPS, equivalente al “55% del presupuesto de $108 millones designado para tales proyectos,” de recursos que se pidieron prestados mediante un crédito de $340 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El hecho es que, de aquellos fondos ya girados a UNOPS, sólo se había ejecutado al momento del reportaje, la suma de $4 millones, menor al 7% del monto separado para UNOPS para los puentes sobre el Río Virilla en Lindora y el de la Ruta 32 en Tibás, además de tres pasos a desnivel en la vía de Circunvalación y de supervisión de la Circunvalación norte.

Es interesante destacar lo que indica el medio en cuanto a que no existe una garantía de parte de UNOPS por esos fondos, que se sabe están en una cuenta propia de UNOPS en el banco JP Morgan Chase. Según el medio, “varios contratistas consultados (por La Nación) indicaron que no es usual que el Estado adelante montos tan altos para construir infraestructura,” ante lo cual dijo la viceministra que UNOPS no es el contratista usual, sino un “un aliado en procesos de ejecución; ellos no construyen nada por sí mismos,” lo cual es así, pero ¿qué pasaría con esos fondos si UNOPS no puede realizar la labor para la que se le contrató?  ¿Qué garantiza a esos fondos?

Hay más inquietudes: los fondos provenientes del BCIE casi es seguro que ganan intereses en el banco estadounidense, pero no se conocen las condiciones básicas de tal depósito, como, por ejemplo, los intereses que devengan, que se esperaría fueran al menos iguales o mayores que los que tiene que pagar el estado costarricense al BCIE. Ni CONAVI ni UNOPS han brindado información de las condiciones de esos depósitos, aunque se le señaló al medio que esos dineros de los intereses serán recibidos “cuando se terminen los proyectos.”  Y el Ministro dijo que “si no se pudieran ejecutar esos recursos, el dinero debe ser devuelto a la Administración.” A mí también me gustaría conocer el detalle correspondiente del acuerdo suscrito entre UNOPS y CONAVI acerca de las condiciones para la devolución de esos fondos.






Jorge Corrales Quesada

martes, 17 de octubre de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: vía rápida a la reforma legislativa de las pensiones del Poder Judicial

En muchas ocasiones me he referido al sistema de pensiones del Poder Judicial. Me había inquietado que se hubiera desmoronado el esfuerzo legislativo para sacar una resolución en torno a ese régimen mediante lo que se conoce como “vía rápida”. Ésta es la posibilidad de que con 29 votos (simple mayoría de votos) se pudiera aprobar la reforma a la ley correspondiente. Pero, ni lerda ni perezosa, la Corte Suprema de Justicia se había pronunciado de que dicha votación era improcedente, pues para cambiar la ley se requería del voto de, al menos, 38 votos.

Mal pensado que soy, dejando de lado el obvio interés que tendrían miembros del Poder Judicial de conservar su jugoso régimen de pensiones, el pronunciamiento de la Corte era un enorme obstáculo para la pronta aprobación de la reforma necesaria. Fue un paronazo casi lapidario al impulso que llevaba el proyecto en la Asamblea

La Corte señaló varias razones para alegar que ese proyecto requería de 38 votos, que aparecen resumidos en un artículo publicado en La Nación del 23 de agosto, bajo el encabezado “Diputados con vía libre para reformar pensiones de Corte: Fallos de Sala IV: ajustes jubilatorios no afectan labor judicial.” Esas razones fueron que “la reforma a las pensiones afecta el proyecto de vida de sus empleados,” que “obligaría a contar con funcionarios de edad avanzada,” que se “desestimula el ingreso de nuevos profesionales valiosos,” que le “resta competitividad al Poder Judicial en el mercado laboral,” y que “afecta la carrera judicial porque los empleados tendrán cargas en su salario a cambio de un beneficio menor.”

Pero, con base en dos sentencias previas de la Sala IV, una del 13 de junio de 1995 y otra del 10 de mayo del 2002, la Procuraduría General de la República dio una opinión jurídica que me parece es vinculante para la Asamblea Legislativa, en cuanto a que la reforma propuesta al sistema de pensiones del Poder Judicial “no afecta las funciones de la Corte ni siquiera por razones de presupuesto, por lo que no era necesario consultarle si está de acuerdo o no.” En sencillo, el Congreso puede continuar con su vía rápida para resolver. En ningún momento el proyecto violaba el artículo 167 de la Constitución, que requería de una aprobación de dos tercios de los diputados (38 votos) si la Corte se oponía a la propuesta de reforma a la ley. No era, por tanto, necesario que la Asamblea consultara a la Corte sobre esa reforma en concreto.

Como posiblemente, ante cualquier reforma legislativa, habrá acciones judiciales contra ella presentadas antes la dicha Sala IV, es importante destacar que los magistrados de la Sala IV se abstuvieron de participar en la reunión de la Corte en la que se decidió enviar su opinión contraria a la vía rápida en la Asamblea Legislativa.

Esto, por una parte, me alegra, pues parecería indicar que no se podrá rechazar a que miembros de esa Sala juzguen casos en torno a la eventual reforma de la ley, por haber opinado previamente sobre el caso, pero, a la vez, si hubieran votado en dicha sesión de la Corte Suprema, tendrían que integrarse otros miembros sustitutos de los actuales a la Sala IV que tal vez no tengan un interés directo en cuanto a las pensiones que eventualmente dejarían de percibir. Ahí se las dejo; recuerden, ciudadanos, que, una vez que se han implantado los privilegios, cuestan mucho que sean desterrados.

Jorge Corrales Quesada