martes, 19 de junio de 2018

La columna de Carlos Federico Smith: falta de competencia en el país

Recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mejor conocida como la OCDE, presentó un informe al gobierno (y al país) en torno al tema de la falta de competencia en importantes sectores de la economía.

En dicho informe, comentado en el artículo de La Nación del 18 de abril titulado “OCDE alerta que falta de competencia afecta a pobres: Entidad sugiere fortalecer la Comisión para Promover la Competencia,” se señala que “las regulaciones que restringen la competencia pueden obstaculizar las mejoras en términos de eficiencia, innovación y asignación de recursos para aumentar la productividad y contribuir al aumento de la desigualdad al subir los precios al consumidor y hacer más amplia la distribución de los salarios.” Francamente, esto no es nada nuevo para muchos de nosotros, quienes hemos venido impulsando una mayor competencia en el país, para lograr disminuir lo caro que resulta vivir en esta economía. 

El tema lo analiza la OCDE bajo el capítulo de las regulaciones del mercado y señala que en el país las regulaciones de mercado que limitan la competencia, “son más restrictivas que en cualquier país de la OCDE (de paso, actualmente la conforman 35 naciones de todas partes del mundo), excepto en Turquía y también se comparan desfavorablemente con otros países de América Latina, incluidos Chile, Colombia y México.” Esto es, somos “excelentes” en el ranquin de regulaciones de mercados -impedimentos para la competencia- y sólo Turquía, Brasil y Argentina son “peores” en cuanto a regulaciones anti-competitivas.

Según La Nación, el economista principal de la OECD, Álvaro Pereira, dijo que “en Costa Rica un tercio de los sectores no están en competencia; por ejemplo, la electricidad, la distribución de las gasolinas, la destilación de alcohol, el azúcar, arroz y el transporte marítimo.”

Ya conocemos a esos sectores y sabemos que algunos empresarios privados gozan de privilegios proteccionistas que impiden la competencia, como resultado de un cabildeo muy eficiente. Asimismo, nos damos cuenta de que la mano visible está detrás de toda esta regulación anti-competitiva, como son elevados aranceles a las importaciones (en la lista del párrafo previo quedaron por fuera otros sectores muy importantes hoy protegidos ante la competencia externa). Pero, también es notorio que muchos de esos entes regulados para protegerlos de la competencia, son empresas públicas, quedando también fuera de lista algunas que no son monopolios estatales como los otros citados, a la vez que son objeto de diversas preferencias exclusivas de las que no disfrutan (en realidad nadie debería tenerlas) los competidores privados; por ejemplo, la garantía estatal a los depósitos en los bancos del estado o la exclusividad institucional en la provisión de ciertos seguros al ente estatal.

El jalón de orejas o el aterrizaje a la realidad “real” que nos hace la OECD, no debe pasar inadvertida, si es que en verdad se quiere proteger a los consumidores con precios más bajos y con ingresos limitados, los que en un alto porcentaje se dedican al consumo de algunos de esos productos excluidos de la competencia, obviamente a precios mucho más elevados que a los que sería factible acceder bajo un régimen de competencia.

Eso sí, me inquieta la sugerencia que la OCDE hace de fortalecer a la Comisión para Promover la Competencia. Ello porque, no lo duden, los burócratas estatistas y los buscadores de rentas proteccionistas que otorga el estado -el capitalismo de los amigotes- saben bien que una alta regulación aquí se interpretaría como poner más obstáculos a la actividad económica privada, como controles de precios, regulación de cantidades, distribución de mercados (“mercados regulados”), subsidios, etcétera, todo lo cual más bien va en contra de la competencia. Regulación aquí es muy distinto a lo que interpreta la OCDE: fomentar la competencia. Aquí regulación es introducir limitaciones a la actividad productiva en competencia

Lo que debe buscarse es que la Comisión para Promover la Competencia se dedique a una mayor apertura y competencia en la economía y, más bien, lograr que se archive la palabra “regulación,” pues ella más bien se interpreta como menor libertad para entrar y salir libremente de la actividad económica. Los estatistas entienden por regulación todo lo contrario: restringir a la entrada principalmente de más eficientes productores de otros lados del mundo y así lograr la existencia de mercados cautivos para ciertos monopolios.


Jorge Corrales Quesada

martes, 5 de junio de 2018

La columna de Carlos Federico Smith: la informalidad en la economía y los aumentos de impuestos

Posiblemente vieron el comentario de La Nación del 30 de abril titulado “Informalidad golpea con mayor fuerza grupos más vulnerables: En Costa Rica, cuatro de cada 10 trabajadores son informales,” basado en un estudio hecho por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), como parte de su informe sobre Costa Rica del 2018. (No olviden que tal informe es parte del proceso para la admisión de Costa Rica a la OCDE).

Se entiende por trabajo informal cuando el trabajador no tiene contrato laboral, carece de seguro social, trabaja sin remuneración o labora en empresas no inscritas u ocasionales. Resulta que, según el OCDE, 4 de cada diez trabajadores trabajan en la informalidad. En efecto, la tasa de informalidad en el país en el IV trimestre del 2016 fue de un 44.7% y el promedio del período 2012-2016 fue del 42.6%.

El medio señala, con base en las cifras de la OCDE, que “la informalidad es más alta en grupos menos favorecidos. Por ejemplo, entre mujeres es poco mayor al 40%, (en) los mayores de 60 años y entre quienes no terminaron la primaria alcanza casi 70% y en personas de bajos ingresos es casi del 80%.” “También es mayor entre trabajadores rurales y (entre) quienes laboran en agricultura y servicios domésticos.”

Para la OCDE, hay tres explicaciones para esos niveles de informalidad: (1) las altas contribuciones a la Caja, que en una gran porción es aporte de los patronos; (2) altos salarios mínimos y (3) la migración. 

Bien apunta el economista Pablo Sauma, al advertir que “la informalidad no se debe exclusivamente al no aseguramiento, sino que considera el pago de patentes, los registros contables, etc.” En resumen, el alto costo de la formalidad que incorpora esos aspectos, entre otros, constituye el incentivo que esencialmente conduce a la informalidad en la economía: simplemente les sale más barato a las partes vivir en la informalidad, que en ella.  Cuesta más ser formal que informal; o sea, el beneficio de ser formal (por ejemplo acceso al crédito bancario, así como tener el amparo de leyes) es menor que el de ser informal.

Reconozco que tanto políticos como empresarios han buscado recientemente aliviar esta fuerte informalidad de nuestra economía. Pero, la realidad es que en el país se están tomando medidas que más bien aumentarán la informalidad. Concretamente, se están elevando fuertemente los impuestos, los que, al incrementar el costo de la operación formal de las empresas y de las personas, estimulará a que acudan a producir y laborar fuera de la formalidad; esto es, se incentiva a que se incremente el ya elevado nivel de informalidad en la economía nacional. 

Una propuesta que se ha mencionado para disminuir la informalidad es cargar tasas menores a las empresas hoy informales en vez de las altas cargas sociales hoy existentes en la economía formal (“37% en Costa Rica versus 26% promedio de países de la OCDE”). Creen que con esa medida se reduciría el “costo de la formalidad”. Pero eso, en momentos en que se nos augura un aumento de impuestos por parte del gobierno -IVA, ganancias de capital, impuesto sobre la renta, entre otros- más bien podría inducir a negocios hoy formales, para que se vayan hacia la informalidad, pues más bien estimula que siga siendo más rentable ser informales.

Simplemente se deben reducir los elevados impuestos para la economía como un todo, a la vez que eliminar una serie de formalidades legales y contables y costos similares, para que disminuyan los incentivos que lanzan, por lo general a grupos relativamente desvalidos, hacia la informalidad para así poder sobrevivir con sus familias.



Jorge Corrales Quesada


martes, 29 de mayo de 2018

La columna de Carlos Federico Smith: un millón de millones

Sí. Un billón; esto es, un millón de millones. Es casi lo que todos los costarricenses, mediante el presupuesto del gobierno de la República, les pagaremos en este año a unas 60.000 personas que están afiliadas a alguno de los 18 sistemas de pensiones a cargo de ese presupuesto. Es una enorme transferencia de todos los contribuyentes, pues esos fondos serán financiados mediante impuestos, hacia relativamente unos pocos favorecidos.

La información la suministra La Nación en su edición del 16 de abril, bajo el titular “Presupuesto Nacional paga al año casi ₡1 billón en pensiones.” Exactamente el monto presupuestado asciende a ₡953.756 millones, lo que significa un aumento de ₡67.346 millones entre el 2017 y el 2018. Es decir, un incremento de un 7.6% en la partida. Y no es por un ajuste ante la inflación, pues, según el Banco Central, en este año estima que será en promedio del 3%, lo cual significa que, en términos reales ajustados por la inflación, tendrá un crecimiento de aproximadamente un 4.6%. ¡Casi nada!
 
Es importante destacar que “del gasto estimado (en pensiones), casi el 10% será aportado por quienes están jubilados bajo los regímenes especiales administrados por el Ministerio de Trabajo.” Destaca que, en el caso del llamado Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional cubre a 43.151 jubilados, y el aporte para este régimen especial equivale al 61% del total antes citado. El medio indica que los pensionados de este régimen “solo aportan el 5% del gasto previsto en pensiones.” En ese régimen, el 16% recibe una pensión por encima de ₡1.5 millones, que es aproximadamente el máximo de pensión que paga la Caja del Seguro Social en su régimen de pensiones.

Por otra parte, en la edición digital de La Nación del 15 de abril del 2018, bajo el título “Poder Judicial tiene los jubilados con las pensiones más altas de Costa Rica,” se indica que, de las pensiones que están a cargo del presupuesto nacional, la más alta en promedio es la de Hacienda y Diputados, con ₡2.7 millones, mientras que la más alta en promedio en el régimen del Magisterio es de ₡2.4 millones.

Un informe de la Superintendencia de Pensiones, señala que, “a noviembre del 2017, había 9.869 personas que recibían pensiones de lujo en el país, es decir aquellas mayores de ₡1.5 millones mensuales.” Esas 9.869 personas reciben, en conjunto, cada mes, ₡25.000 millones.

Indica Álvaro Ramos, quien dirige la Superintendencia de Pensiones, que “el 63% del total de pagos en pensiones (mensuales en el Poder Judicial) se realiza a jubilados cuyo monto es superior a ₡1.5 millones.”

Ya se han puesto en marcha reformas al sistema de pensiones del Poder Judicial -insuficientes, lo reconozco, pues las pensiones siguen siendo exageradamente altas y no fueron los beneficiados con ellas quienes pagaron lo suficiente para recibirlas sino es con el aporte de todos los ciudadanos- pero esas reformas van en el camino correcto de corrección de la injusticia. También al régimen de Hacienda y diputados se le han hecho ajustes convenientes, como aumentar las cotizaciones, pero todavía hay un claro abuso.  Asimismo, el magisterio ahora tendrá que aportar más para mantener su régimen.


Pero ciertamente, el privilegio seguirá campante, pues es un beneficio para grupos de relativamente pocos, cargados sobre las espaldas de todos los contribuyentes, en donde la presión política organizadas de esos grupos seguirá en su presión por mantener el statu quo. Y esa pensión no es un derecho, pues de ser derechos los tendrían iguales todos los ciudadanos. En contraste, un privilegio es cuando se les da una prerrogativa a unos pocos bendecidos por el poder. Algún día habrá justicia. Se hará una realidad “dar a cada uno lo que es suyo.” Muy diferente de darles a algunos lo que no es de ellos, sino algo que es extraído obligadamente de todos, para el lujo de unos relativamente pocos.

Jorge Corrales Quesada

martes, 22 de mayo de 2018

La columna de Carlos Federico Smith: de buenas intenciones está lleno el infierno

Me imagino que muchos lectores consideran deseables los objetivos del programa del IMAS conocido como Red de Cuido, por el cual se brindaría cuido a los hijos de mujeres cuando ellas salían a trabajar o a estudiar.  Por eso, debe prestarse mucha atención a lo que expone el comentario de La Nación del 11 de abril, bajo el titular “Estado cuida a miles de madres que están en la casa: Red de Cuido acepta a niños de mamás que no trabajan.”

Según el IMAS, institución rectora del programa, “de las 17.572 familias que reciben subsidio de la Red de Cuido, en 4.156 (23.6%) de estas, las madres no estudian ni trabajan. Esto ocurre a pesar de que 1.893 familias se hallan en la lista de espera por un cupo para obtener el beneficio del cuido en el IMAS.” 

Les soy franco, más bien me sorprende que tan pocas familias estén en “lista de espera,” pues el único condicionamiento que uno esperaría para ese subsidio, como es que la madre trabaja o estudia, evidentemente no es objeto del control esencial a su cumplimiento, que debería ejercerse en el uso de recursos públicos para tal objetivo.

Acerca de otra entidad participante del programa, como es el conocido como CEN-CINAI, se señala que “de 11.764 niños beneficiarios de Red en los CEN-CINAI, cuyas madres son jefas de hogar, el 18.6% (2.188) tampoco tiene trabajo ni estudian. De otros 10.977 menores” que también reciben beneficios en la Red de Cuido del CEN-CINAI, “no se tiene reporte de a qué se dedica la mamá, porque solo se registra la ocupación del jefe de hogar y, en estos casos, no es la mamá.”

Además, acerca de los casos en que el cuido es financiado por el PANI, no se tiene “la información centralizada de a qué se dedican las progenitoras de los 4.126 chiquitos...” 

El IMAS dedicó en el 2017 ₡29.230 millones y no se tiene conocimiento en el ente rector del programa, el IMAS, de cuánto gastaron los CEN-CINAI ni el PANI en tal proyecto. 

Lo cierto es que, si no se certifica que la madre está trabajando o estudiando y que se pueden obtener los beneficios de la Red de Cuido sin tener que cumplir con alguna de esas tareas, las madres no se verán incentivadas a trabajar o a estudiar, sino a dedicarse a cualquier otra cosa menos a eso, que implica un sacrificio y un esfuerzo.

Este comportamiento lo revela una afirmación de una representante de los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI): “Nosotros hicimos un trabajo de campo y fuimos a lugares que son de pobreza y pobreza extrema ahí en Alajuela. Y vimos que a las mujeres que viven en casas humildes, con piso de tierra, no les interesa trabajar porque están completamente asistidas.” Ello es lo esperable al crearse una cultura de dependencia en la asistencia estatal, que no estimula a que las familias superen sus condiciones de pobreza, de ignorancia y de desarrollo de los hijos. Si papá estado se encuentra allí para mantenerlos, pues los beneficiarios harán lo antes expuesto, utilizando los recursos de todos los costarricenses y sin tener que esforzarse en algún grado... tal vez, excepto haciendo filas para que les entreguen la plata. Triste, pero eso sucede cuando los programas de esa naturaleza se diseñan inadecuadamente, más bien creando incentivos perversos.


Jorge Corrales Quesada

martes, 15 de mayo de 2018

La columna de Carlos Federico Smith: Hacinamiento en las cárceles

Ante justas inquietudes ciudadanas por el hacinamiento en las cárceles, algo que no debe suceder por ser un castigo indebido e impropio de una sociedad civilizada, la respuesta usual de los burócratas es que no hay plata para construir las obras, además de la exitosa oposición de los sindicatos de Albino que impidieron que hubiera una cárcel privada, moderna, en la zona Atlántica, simplemente porque perderían como asociados a los guardianes de las actuales cárceles estatales.

Por es sumamente esclarecedor, y ciertamente provoca cólera, ver que hay recursos financieros destinados para ello y que lo que ha sobrado es la desidia de los burócratas en construirlas. Esto lo reseña en La Nación del 19 de marzo, en un comentario titulado “Hacienda critica baja ejecución de presupuesto para construir cárceles: Análisis de Autoridad Presupuestaria entre 2014 y 2017.” Dicha inacción a pesar de que el ´hacinamiento carcelario ronda el 13%, 13 de las prisiones tienen cierre técnico por sobrepoblación (ni un solo reo más puede ingresar a esos centros) y el único centro penal para indiciados debe desalojarse por completo.” Adicione que “el nivel de encarcelamiento aumenta” al pasar de 9.000 reos en el 2012 a más de 14.000 en el 2017.

Según la Autoridad Presupuestario del ministerio de Hacienda, entre el 2014 y el 2017 la partida de bienes duraderos del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes (PIAB), ente adscrito al ministerio de Justicia, durante el período 2014-2017 se ejecutó apenas un promedio del 24.5% de lo presupuestado, que en gran parte se usaría para construir cárceles.

La burocracia respondió, ante las críticas, que esas partidas anuales requieren de tiempo para ejecutarse, pero lo cierto es que no se han llevado a cabo en su totalidad en ese lapso de 4 años. Y eso es lo que importa en última instancia. Pero, como es lo usual, atribuyen el problema a la Ley de Contratación Administrativa, pero, aun cuando se permiten contrataciones directas más sencillas, como es el caso reciente del enorme retraso en la construcción de escuelas, simplemente la obra no se hace.

Por eso, plata hay, pero también inutilidad para invertirla y una evidente falta de programación de las obras para las cuales se requirieron los fondos del presupuestos público. Lo triste es que, de 12 proyectos que, de acuerdo con el PIAB, están en proceso y para los cuales hay destinados ₡20.930 millones, sólo uno de ellos, que se ubicaría en La Reforma, genera nuevos espacios, en este caso para mujeres. Los demás proyectos en proceso no son para disponer de más campos, sino para “modelaciones o construcciones de áreas administrativas o de visita infantil, entre otros.” 

Claro, una de las razones, nos han dicho los burócratas, para soltar las “golondrinas” es el problema del hacinamiento, por lo que, según lo expuesto, en nuestro futuro no hay previstos más espacios, por lo que debemos esperar que aumente la bandada de golondrinas, pues “no habrá campos y, ante el hacinamiento, mejor soltarlos.”

Jorge Corrales Quesada

martes, 24 de abril de 2018

La columna de Carlos Federico Smith: Gobierno Central crece y sin orden

Si le damos más plata, producto de los impuestos al gobierno central, ¿cree usted que dejará de este dejará de crecer y que más bien reducirá su alcance? Yo no. Creo que será como darle droga al adicto o alcohol al borracho o poner al ludópata en la puerta del casino. Creo que, al tener más recursos, el gobierno central seguirá con su práctica de un crecimiento desordenado, tal como lo ha hecho durante la última década.

La Nación del 9 de abril, en un artículo titulado “Gobierno Central evidencia crecimiento desordenado: Informe de MIDEPLAN cuestiona aumento de entidades adscritas a ministerios en última década,” nos hace una radiografía interesante de cómo el gobierno ha venido aumentando su tamaño institucional en los últimos diez años.  Por eso, creo que los políticos escogerán aumentarnos los impuestos y poder con ello seguir creando nuevas entidades, en vez de reducir su demasía.

Indica La Nación que, en la última década, hubo “un total de 682 cambios organizacionales, que aumentaron la dimensión de las entidades gubernamentales.” Note que habla de dimensión, lo cual uno interpretaría como el alcance, la extensión, el tamaño, a lo cual se debe adicionar el ya bien sabido aumento del gasto público (nominal y real) en esa misma década. O sea, podemos pensar en un estado más grande y más gastón. Y eso sin meternos a los efectos generales que sobre la libertad de los individuos tiene esa intrusión estatal.

De acuerdo con el informe de MIDEPLAN, “el crecimiento de los ministerios se hizo de forma ‘desordenada y atomizada,’” y que “no se cumplió con los criterios técnicos que sirvieron de fundamento para muchos de los cambios.” O sea agregue al desorden y a la fragmentación del Poder Ejecutivo, la ausencia de bases para gran parte de los cambios. Y agrega el informe de MIDEPLAN, que esos cambios responden “al crecimiento administrativo de la institución.” A la metástasis burocrática, podría llamársele.

Veamos un detalle de los 682 cambios de la organización del gobierno central en la última década: un 72.4 por ciento (494) de los cambios fueron creaciones de “unidades dentro de las estructuras de los ministerios;” un 12.8 por ciento (87) de los cambios fue la supresión y fusión de ellas (lamentablemente fue 5 veces y media más la creación que la supresión o fusión); el resto, un 14.8% (101) fue por elevación o descenso de rango, cambio de dependencia jerárquica y otros.

En el lapso enero del 2016 a marzo del 2018, hubo cien creaciones, “de las cuales 26 fueron en el Ministerio de Justicia, 19 en el Ministerio de Seguridad y 11 en Hacienda.”

Según MIDEPLAN, aquel crecimiento se debe a la Asamblea Legislativa, “debido a la creación, mediante leyes específicas, de entidades adscritas a ministerios,” siendo, a la fecha, 81 las entidades adscritas a ministerios. Esas 81 adscripciones se distribuyen así, al menos para los 4 principales casos: Cultura con 15; Salud con 10, MINAE con 9, al igual que Justicia. Y todas esas entidades adscritas desconcentradas de los ministerios, reciben “los recursos para pago de salarios y operación de la recaudación de impuestos y emisión de deuda hecha por el Ministerio de Hacienda.” Esto, se carga a las generaciones actuales de contribuyentes o a las futuras, con todo e intereses.

El 50.9% de las 682 modificaciones se llevó a cabo en las áreas técnicas y, en las áreas administrativas, el 28.7% de ellas, de acuerdo con el informe de MIDEPLAN. Si tomamos como ejemplo los 15 órganos adscritos en el Ministerio de Cultura, operan independientemente a pesar de que “efectúan labores idénticas, como la adquisición de bienes y servicios para sus funciones.”

Lo más serio es lo que señala el medio, en cuanto a que, “de la mano de las nuevas instituciones públicas también se iniciaron las duplicaciones, principalmente en área técnica o administrativa.” Cuando nos quiere poner nuevos y mayores impuestos, los políticos de turno dicen que eso es lo posible, en tanto que reducir el gasto gubernamental es difícil de lograr. Bueno, esos cambios es posible lograrlos en la Asamblea Legislativa, pero, lo que uno básicamente escucha de los políticos en el Congreso, es aumentar los impuestos, pero no de reducir el gasto. Y, por otra parte, como dicen “tras cuernos, palos” el presidente entrante ya propuso la creación de un nuevo ministerio para el deporte.


Jorge Corrales Quesada








martes, 17 de abril de 2018

La columna de Carlos Federico Smith: la plata está, lo que falta son las obras

Cuántas veces hemos escuchado el cuento de que se necesita más plata, más impuestos, para hacer obras públicas y, específicamente, carreteras. Y más de uno ha corrido a sugerir que se aumenten los impuestos para financiar esas importantes obras. Esto último es un absurdo, pues, si entrara más plata por impuestos para dirigirlos a esas obras, eso serviría para liberar recursos ya programados en el presupuesto público para obras y así dirigirlos a sufragar gastos corrientes del gobierno. El dinero es fungible: como dos granos de maíz.

Pero, además, cabe preguntarse cuántas carreteras no se podrían hacer sin necesidad de que el estado deba encontrar los fondos para hacerlas: el mecanismo de concesión de obra pública, bien hecho y en donde se cumplan con las responsabilidades contractuales, podría liberar las limitantes financieras del estado y que ese sea suministrado por el concesionario, quien recuperaría su inversión con el rendimiento adecuado, al cobrar a quienes efectivamente usan las obras concesionadas.

Aparte de todo eso, lo cierto es que el gobierno cuenta con importantes préstamos para realizar la construcción de carreteras, los que, al momento, no se usan plenamente, sino que permanecen ociosos en gavetas de la burocracia, por así decirlo (en realidad, está en los bancos, ya sea nacionales o internacionales).

Un esclarecedor artículo de La Nación del 6 de abril, bajo el titular “Futuro Gobierno dispondrá de $1,000 millones para carreteras: Carlos Alvarado afronta el desafío de usar dinero de créditos internacionales,” expone la disponibilidad de fondos y su falta de uso expedito, provenientes de créditos externos obtenidos entre el 2011 y el 2014 (o sea, hace ya bastantes años) y que no su utilizan sino en parte o, incluso, del todo.

CONAVI (otra vez en la palestra) no “ha logrado ejecutar por atrasos con expropiaciones, procesos de contratación y discrepancias entre los contratistas interesados en los proyectos.” Lo que uno no entiende es por qué los fondos que ya se han obtenido, están sin usar, pagando intereses por ellos como si ya se hubieran utilizado, por no solucionar, en lo posible, problemas como expropiaciones, contrataciones y similares. O sea, sólo pedirlos cuando ya “todo está casi listo” y no mucho antes, en que hay problemas obvios no resueltos y que complican la ejecución de las obras. No creo que los organismos internacionales nos obligan a pedirles plata y así ganar con ello. Es que piden la plata sin estar totalmente listos para usarla.

Actualmente, dice el medio, el gobierno tiene “engavetados” (sin usar) $1.000 millones de dólares para obras de carreteras: “De acuerdo con la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, hay $155 millones sin desembolsar del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial (PIV), $400 millones del Programa de Infraestructura de Transporte (PIT) y $306 millones de la nueva vía a Limón,” además de $140 millones del programa “BID-Cantonal II para reparar y construir caminos y puentes cantonales.”

Veamos detalles de esos “programas”:
 
Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial (PIV):
 
Préstamo del BCIE, obtenido en el 2012, por $340 millones. Tan sólo se ha usado un 54%. Cubre la 

Circunvalación Norte, tres pasos a desnivel en las rotondas de la Circunvalación, los puentes sobre el 

Virilla en Santa Ana y Tibás y el acceso al nuevo Puerto de Moín (me imagino que es aquel que se diseñó mal). Por mantener engavetados esos fondos, ya se ha pagado $7.2 millones.
 
Programa de Infraestructura de Transporte (PIT):
 
Préstamo del BID por $450 millones, aprobado por la Asamblea Legislativa en el 2014. Sólo se ha ejecutado un 11%; así, apenas se han usado $50 millones. Se emplearía, entre otros, para las vías 

Cañas-Barranca y Paquera-Playa Naranjo, en La Lima y Taras de Cartago y en la carretera Birmania de Upala-Santa Cecilia de La Cruz. “Por ese financiamiento se han pagado $188.000 en intereses” y “$6.3 millones en comisiones.”
 
Nueva Vía a Limón:
 
Préstamo del Eximbank de China por $395 millones, aprobado en el 2013. Se han desembolsado $89 millones; esto es, un 22% del préstamo. Y no se han pagado intereses.
 
BID-Cantonal II:
 
Supongo que fue prestado por el BID. El comentario periodístico no indica la fecha de su concreción ni tampoco si hay intereses pagados, al igual que no detalla las obras en que se usaría.
 
Ante estas situaciones, el señor Randall Murillo, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción indicó, según el medio, que “el Gobierno queda en deuda con el país por no crear una forma más eficiente de hacer infraestructura pública” y el señor Olman Vargas, director ejecutivo del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, dijo que “no se ha tenido” el apoyo decidido de la Casa Presidencial,” lo cual hace necesario que se hagan “cambios estructurales.” Así como que se debe ajustar “la legislación de CONAVI” y hacer en ese organismo “un cambio administrativo... para dotarlo de una mayor capacidad para la definición de las unidades ejecutoras.”
 
El gobierno entrante ya dispone de recursos para hacer obras viales indispensables y, por ello, es deseable que tenga éxito en evitar ese empantanamiento de fondos en el gobierno, que tan caro le sale a los contribuyentes, como si no fuera suficiente el sacrifico que actualmente se les está imponiendo con múltiples nuevos gravámenes. 


Jorge Corrales Quesada.




martes, 10 de abril de 2018

La columna de Carlos Federico Smith: terminar de quebrar a Bancrédito

En alto grado sabemos del cierre del Banco Crédito Agrícola; los detalles de esa situación espero que se conocerán con el paso del tiempo, incluyendo, ojalá, la responsabilidad de las autoridades actuales del país que no han tomado las medidas de cierre adecuadas y que ha provocado pérdidas mucho mayores, que si se hubiera actuado a tiempo. No entraré a pedir cuentas, pues es sabido que probablemente nunca saldrán a la luz los responsables de todo eso. Más bien quiero ahondar acerca de ciertas medidas y situaciones recientes que parecen destinar al banco hacia una quiebra plena.

La base del comentario se encuentra en el artículo de La Nación titulado “Interventor: Bancrédito se encamina a la quiebra técnica: Pérdidas de ₡30.000 millones se comieron 45% del patrimonio en un año.” Entendamos lo que significa patrimonio: básicamente la diferencia entre lo que se tiene y lo que se debe: su valor neto; si pagara todo lo que debe, lo que le termina quedando. El banco tenía al cierre del 2016 un patrimonio de ₡68.130 antes de entrar en la crisis ya conocida. Si se toman en cuenta las pérdidas del 2017 más las de enero recién pasado, su patrimonio quedaría en sólo ₡37.407 millones: esto es, en un año el banco ha perdido un 45% de su patrimonio. Lo que al final de todo le queda a los ciudadanos, dueños de ese ente público, en ese lapso se ha reducido fuertemente.

Las razones de las pérdidas en este año, el medio las atribuye al “menoscabo de la cartera de crédito debido a operaciones que entraron en morosidad o pasaron a cobro judicial”... y “por el registro del gasto para crear la provisión de cesantía de los empleados de la institución.”  El gobierno intervino el banco a fines del año pasado, después de que en mayo de ese año cerrara su operación financiera y “transformarlo en un banco de fomento. No obstante, dicho plan nunca prosperó.” 

El interventor del banco, don Marco Hernández, de acuerdo con el medio “resaltó que la situación financiera del banco dependerá de la gestión que se realice en la recuperación de los activos -cartera de crédito- así como del comportamiento del pago que tengan” que hacer quienes le deben al banco. Pero, y he aquí lo sorprendente y hasta malévolo, es que, en primer debate, los diputados aprobaron el pasado 8 de marzo, dar a los 694 empleados (477 ya despedidos y 217 que aún laboran en el banco) un monto adicional de ₡3.000 millones a todas las prestaciones laborales ya contempladas en su proceso de administración de la crisis. O sea, se otorga un monto adicional a las estimaciones de ley que se debe pagar a los trabajadores en caso de liquidación o cierre de la firma, que equivalen, en promedio, a cuatro meses más de salarios, lo que significa un monto promedio de ₡4.322.766, adicionales a los pagos que por ley se dan por el cierre del banco. 

¿Nos debe sorprender este nuevo olio indebido de recursos públicos que hacen algunos políticos y que será cubierto por toda la ciudadanía?  Realmente no, pues por otro lado, en un banco -el Nacional-, debido a que en este año las ganancias no fueron tan altas como el previo, al financiar proyectos que no fueron rentables, se reduciría lo que se les reparte a los empleados como bonificación del 15%. Eso ha hecho que los empleados -como si fueran dueños del ente- amenacen con ir a huelga por esa rebaja de su privilegio.

El serio daño de la decisión de obsequiar recursos públicos o privilegiar a unos pocos con fondos pagados por todos los ciudadanos, fue claramente expuesto por el interventor del banco, quien dijo que se preveía una utilidad para el mes de febrero de ₡697 millones y que “no esperaban mayores pérdidas”, pero, “el panorama dio un giro” debido a esa concesión graciosa de diputados, que es así como usan el dinero de todos los ciudadanos. En un comentario de La Nación del 9 de marzo, “Empleados de Bancrédito se van con ₡3.000 millones,” se lee la oportuna manifestación del interventor Hernández, de que aprobar ese proyecto -como se dio afortunadamente sólo en una primera instancia- “implicaría una carga que elevaría sobremanera el pasivo laboral y para lo cual el Banco no tendría la liquidez para su pago oportuno.”

Sonrientes, 14 diputados de casi todos los partidos políticos hoy representados en la Asamblea Legislativa, han decidido quitarles esos recursos a las personas (posiblemente por medio de mayores impuestos), para dárselos a un grupo específico. Nada más rico que regalar plata ajena... Después de todo, dicen no explicarse (o no querer aceptar) por qué la gente está tan molesta con la acción de los políticos tradicionales.

La buena noticia es que, poco antes de publicar este comentario, el presidente de la República indicó que vetaría ese proyecto, lo cual mucho me alegra.  El escéptico se preguntará por qué, si se sabía de la aprobación legislativa de ese proyecto antes de las elecciones, no que lo vetaría informó antes de que se realizaran. El realista dirá que eso no reduce el exceso de gasto público, pues nunca se realizó y, si se le considera un esfuerzo tardío por reducir el gasto, lamentablemente, si bien ejemplar, es poca cosa comparado con lo que se debería hacer en vez de aumentarnos los impuestos a los ciudadanos.



Jorge Corrales Quesada 




martes, 3 de abril de 2018

La columna de Carlos Federico Smith: cuando lo barato sale más caro

No hace mucho tiempo, en uno de mis comentarios me referí al atraso enorme que se ha presentado en la reconstrucción de 145 escuelas dañadas por el terremoto del 2012. Recientemente un análisis que presenta La Nación del 24 de febrero, titulado “MEP renuncia al control para procurar que se aceleren obras: Procesos de construcción abreviados no logran su objetivo,” nos puede dar alguna luz acerca de por qué tan infausto atraso.

Resulta que el Ministerio de Educación decidió seguir lo que se denomina un proceso abreviado de contratación de obra pública, que impone menos limitantes y restricciones que el conocido proceso usual de contratación pública.  Para ello, determinó que fueran las Juntas de Educación, generalmente integradas por ciudadanos que no son duchos en aspectos de construcción y de contratación administrativa, para que ellas se encargaran de contratar “al ingeniero a cargo de la construcción,” de hacer las “licitaciones para escoger las empresas que aportarán la mano de obra y los materiales,” y “de elegir los mejores precios del mercado y la mejor calidad.”
 
Antes de setiembre del 2015, el costo máximo de una obra para poder usar ese proceso abreviado no podía exceder de ₡150 millones, pero luego se elevó el tope hasta un máximo de ₡600 millones. No obstante, parece que, de hecho, ha ido en aumento el monto máximo para poder seguir el procedimiento abreviado delegado a las Juntas de Educación. De ello, el medio señala varios ejemplos; así, el año pasado se aprobó que para el Instituto de Alajuela se siguiera un proceso abreviado aun cuando el valor estimado fue de ₡3.786 millones y “lo mismo ocurrió con los Colegios Técnicos Profesionales (CTP) de Santa Rosa, en San Carlos, de Guácimo y del barrio Irving en Guanacaste, cuyos costos fueron de ₡2.000 millones; ₡1.700 millones y ₡1.400 millones, respectivamente.” Hay más ejemplos en donde se superó aquel tope de ₡600 millones citado para poder hacer uso de procedimientos abreviados de contratación.
 
Pero, ¿qué ha sucedido? Que naturalmente las Juntas de Educación son muy limitadas en todo el manejo y puesta en marcha de las obras y eso ha tenido efectos tales como, por ejemplo, que las Juntas tengan que contratar a profesionales para que les asesoren. Y, según datos del MEP, “este desembolso para los profesionales externos sobrepasa los recursos para los salarios de los 110 ingenieros con que cuenta el Ministerio.” Debe hacerse notar que, para los procesos ordinarios de contratación, no así para los procesos abreviados, dicha tarea está a cargo del MEP, por medio de su Departamento de Ejecución y Control (DEC) de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), que ahora se concentra en proyectos de gran complejidad y de montos sumamente elevados. Ante esto, es así como, en el 2017, de 184 proyectos que “entraron” a la DIEE, 175; esto es el 95% de aquellos, se usó el proceso abreviado.
 
Ello podría explicar “por qué proyectos desarrollados con procesos abreviados presentan sobreprecios, retrasos importantes, construcciones nuevas con alto deterioro u obras inconclusas.” Esto es, simple y sencillamente, hay mucho mayores costos. Lo que se buscó resolver no se logró. Lo que se esperaba que fuera más barato (más económico, más eficiente), terminó saliendo más caro. El esquema de menos controles del MEP y de una tramitología menos engorrosa terminó con un efecto contrario, pues “la mayor parte de las escuelas y colegios del país se levantan bajo la dirección de padres o vecinos sin experiencia.”
 
¿Y en qué quedó la DIEE, que se suponía acompañaría a las Juntas de Educación en todo el proceso de construcción o reparación de los centros y fiscalizaría la labor de los servicios de profesionales contratados por las Juntas? La respuesta la brinda el señor William Sáenz, jefe del Departamento de Ejecución y Control (DEC) de la DIEE, quien desde el 2012 señaló que los inspectores suelen “estar colmados de apretadas cargas de trabajo,” que les limita atender “tareas adicionales” como por ejemplo servir de fiscales de los procesos abreviados. En síntesis, las Juntas de Educación están en las manos de Dios. Uno esperaría que, naturalmente, los miembros de las Juntas encuentren serios problemas y riesgos al tomar decisiones que muchas veces no comprenden o no están familiarizados con ellas y que incluso pueden generar responsabilidades personales. Aceptar un puesto en una de esas Juntas de Educación significa correr riesgos enormes, que podría explicar la parálisis relativa en las construcciones de centros educativos.
 
Llama la atención cómo las autoridades del MEP saben bien de estos asuntos desde hace buen rato y el problema sigue hoy tan vigente como antes, como lo muestra el hecho de que las obras quedan sin hacer o a medio palo y que los recursos se queden sin utilizarse como es lo debido. Todo esto tiene un enorme costo social que todos los ciudadanos terminamos pagando. ¿Y los responsables del desorden y del desperdicio?

Jorge Corrales Quesada

martes, 20 de marzo de 2018

La columna de Carlos Federico Smith: para no causar alarma

Ha salido a la luz pública la información de que el diésel vendido por RECOPE ocasiona daños de alto costo a los vehículos que se ven obligados a comprarlo. Esto lo informa La Nación en su edición del 5 de marzo, bajo el titular “Choferes culpan al diésel por daños de alto costo en carros: RECOPE distribuye desde noviembre carburante que afecta bombas de inyección.”

Una vez más, podemos estar frente a un caso en que la burocracia toma medidas posiblemente con buenas intenciones, pero que resultan generando consecuencias no previstas o no consideradas, que dan lugar a costos indeseables. 

Resulta que, según RECOPE, decidió adquirir y distribuir a partir de noviembre del año pasado, un tipo de diésel que contenía menos azufre y sustancias conocidas como “aromáticos,” que se supone causarían menor daño a la salud y al ambiente. La información no señala que este “nuevo” diésel fuera más o menos costoso que el previamente importado, así como si la posible variación en el precio ya fue trasladada a los consumidores. Ese menor daño ambiental y a la salud, asumiendo costos similares, era un objetivo loable, pero resultó que su uso dañó motores de numerosos vehículos.

Concretamente, en una conferencia de prensa de RECOPE del 23 de febrero pasado, señaló que “habían recibido no más de 30 quejas de usuarios. Sin embargo, informes oficiales señalan que para el 26 de febrero los reclamos eran 45,” indica el medio. Asimismo, se indica que, en criterio de mecánicos y dueños de los vehículos envueltos en el asunto, los costos de hacer los arreglos de los motores dañados exceden de ₡500.000. RECOPE “admitió que el carburante daña los empaques de la bomba de inyección, pieza que regula el ingreso del hidrocarburo a la cámara de combustión del motor.”

Hasta aquí lo único que puede parecer sorprendente es que una institución estatal -el monopolio de RECOPE- acepte que lo que vendió causa el daño, aunque, de pronto, empiezan movimientos al costado tratando de eludir la responsabilidad que le corresponde. Así, la presidenta ejecutiva de RECOPE, según el medio, “afirma que el nuevo combustible solo evidencia faltas de mantenimiento preventivo para sustituir piezas desgastadas”.  Esto es, deberían los consumidores haber sabido que el nuevo diésel estaba provocando ese daño y, por ende, cuando los “ignorantes” se hubieran dado cuenta de la causa y efecto sobre su motor, acudir a que se reparara preventivamente el daño. Esto es, si se dieron cuenta del daño -deberían haberlo sabido, convertidos en expertos conocedores de los motores y de las características del nuevo diésel que les vendía el monopolio- y no acudieron a arreglarlo, ha de haber sido porque pretendían obtener beneficio de la pobrecita víctima RECOPE, al pedir después el resarcimiento de los costos. Me parece que RECOPE considera que hay mala fe o un intento de estafa de los denunciantes, al no haber acudido antes a arreglar sus vehículos y ahora pretender cobrarle -¿algo indebido?- a RECOPE.

Lo peor de la prepotencia es lo que sigue: se le preguntó a la presidenta ejecutiva de RECOPE, que “¿Por qué RECOPE no divulgó la situación si desde enero sabía de los problemas?” y la respuesta fue: “Para no causar alarma.” ¿Cuál alarma?  ¿No hay una seria responsabilidad de las autoridades de RECOPE al ocultar el hecho ya sabido de que un producto que vende monopolísticamente causa daño a la propiedad de automovilistas que usan ese producto? ¿En qué queda la transparencia en el sector público? ¿Por qué intentan ocultarle al consumidor la calidad y efectos del producto vendido? ¿Por qué RECOPE trata de no reconocer y con ello evitar el pago por los daños causados? Someter estas acciones del monopolio a la ignorancia y silencio ante los consumidores, puede no sólo reflejar una arrogancia inaceptable, sino que, desde ya, los órganos jurídicos de control correspondientes deberían actuar ante la pretendida ley mordaza. Que se sepa, desde ahora que cualquier gasto derivado de este desaguisado de la aristocracia administrativa de RECOPE no se le debe cargar de manera alguna a los ciudadanos por medio de aumentos en los precios de los combustibles. Esos daños deben asumirlo, responsablemente, quienes directamente lo provocaron.





Jorge Corrales Quesada

martes, 13 de marzo de 2018

La columna de Carlos Federico Smith: 5 años no han sido suficientes

Casi que es increíble la incapacidad de las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP), para que, cinco años después del terremoto de Nicoya, no hayan reparado las escuelas que con él resultaron dañadas.  Eso a pesar de que, en su momento, el gobierno publicó el decreto de emergencia No. 37305, por el cual se proveyeran los fondos requeridos por esta emergencia –estimados, en aquel entonces, en ₡8.000 millones.

Es así como en la actualidad, 5 años después de que se dañaran 145 centros educativos por ese terremoto, hay 65 de ellos que no se han podido terminar de reparar. La información aparece en La Nación del 25 de enero, bajo el encabezado, “MEP lleva 5 años ‘reparando’ escuelas dañadas por terremoto: Pendiente construcción de 65 afectadas por sismo de Nicoya.” Ese sismo se dio el 5 de setiembre del 2012; esto es, hace más de cinco años.

Es interesante reseñar que, de esos 65 establecimientos sin ser reconstruidos, “13 están en construcción, en 25 no se ha iniciado su levantamiento, 11 están en etapa de diseño, 9 en fase de contratación de servicios profesionales y los 7 restantes aún en primeras gestiones.” Y eso que la declaratoria de emergencia citada permitía la aceleración de las licitaciones: ¿qué habría pasado si el lento funcionamiento licitatorio hubiera estado operando a plenitud? Me temo exagerar, pero tal vez no habríamos logrado reparar escuela alguna.

Sin embargo, en el MEP, mientras “algunas otras cosas” avanzan con rapidez, algo básico como disponer de sitios apropiados para que los niños puedan recibir sus clases y no hacerlo en “estructuras dañadas y falseadas... o (que) se han tenido que acomodar en sitios no aptos” para recibir clases, como salones comunales, galerones o comedores, no se concluye a pesar de tanto tiempo. Pero, del 8% del PIB, que con gran sacrificio los ciudadanos han destinado a la educación pública, se descuida la provisión de los recursos necesarios para reparar algo básico, como es la educación infantil, pero, eso sí, no ha faltado para dárselo a entidades que ya parecen nadar en plata.



Jorge Corrales Quesada


martes, 27 de febrero de 2018

La columna de Carlos Federico Smith: sigue el jolgorio de pluses en RECOPE

¿Se acuerdan cuando RECOPE redujo el costo de su convención colectiva que en su presupuesto del 2015 había llegado a un máximo de ₡25.263 millones? A pesar de la reducción estimada en un monto de ₡5.048 millones en el lapso de tres años, si bien originalmente se consideró una reducción de ₡8.320 millones, las cosas están retrocediendo. Mientras que en el presupuesto del 2016 se estimó que el costo de la convención colectiva sería de ₡23.810 millones y el correspondiente al 2017 de ₡23.625 millones, ya en el del 2018, año en que todavía se esperaría una reducción de los privilegios en los montos acordados en el 2105, más bien los privilegios aumentan a ₡24.847 millones. O sea, una reculada significativa de lo acordado.

Los datos provienen de un artículo de La Nación del 15 de enero, que lleva por título “Nuevo plus, extras y vacaciones encarecen convención de RECOPE: Costo de sobresueldos subiría ₡1.200 millones este año respecto al 2017.” 

Una pregunta obvia es ¿por qué tal aumento? Son varios los factores que están impulsado esta alza en los gastos presupuestos. Por una parte, en las negociaciones del 2016 se creó un nuevo privilegio llamado “incentivos a personal no profesional,” con un monto equivalente entre 3 y 5% de los salarios de esos trabajadores de RECOPE (además del aumento salarial del año por inflación). El impacto de este nuevo plus fue de ₡204 millones en el 2017 y de ¡₡758 millones en el 2018! Esto es, en este año el incremento de tan sólo ese rubro fue de ₡554 millones; o sea, de un 115% de aumento entre el 2017 y el 2018. Vaya usted a saber las razones de ello.

Pero, el mayor incremento en pluses de RECOPE se da en las partidas de vacaciones y horas extra, pues pasa de ₡1.276 millones en el 2017 a ₡2.293 millones en el 2018; esto es, un alza en este año de ₡1.017 millones con respecto al año anterior, lo que equivale a un acrecentamiento del 79% en el año. Casi nada. ...Y, de nuevo, “vaya usted a saber las razones de ello.”

Obviamente, esos gastillos los tendremos que pagar los consumidores cautivos de RECOPE con un aumento en los precios de los combustibles, del cual no nos podemos escapar pues la condición monopólica de RECOPE nos exige adquirir sus productos, sea cual sea el precio que se nos cobre. De hecho, el pasado 22 de diciembre RECOPE le pidió al órgano “regulador”, la ARESEP, que aumentara en ₡5.89 al litro de gasolina súper; de ₡5.45 al de la regular y de ₡4.80 al de diésel. Esta alza se debe al aumento de los gastos operativos de RECOPE que incluyen aquellos privilegios aumentados. 

Esta es la trágica historia usual: los privilegios de la burocracia son trasladados a los bolsillos de los consumidores, quienes nos vemos obligados por el monopolio a pagar el precio que, en contubernio con tal política, defina ARESEP. No tenemos escape: a pagar todos por los privilegios de algunos pocos.


Jorge Corrales Quesada



martes, 20 de febrero de 2018

La columna de Carlos Federico Smith: las consecuencias del cuasi monopolio eléctrico

Según la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela No. 7.200 de 1990 y sus reformas de 1995, se le garantiza al ICE las decisiones acerca de quién puede producir y venderle la luz, de forma que permite que esa entidad conserve prácticas monopólicas y monopsónicas. 

Al ser el ICE el que autoriza quién puede producir electricidad, al exigir que sólo el ICE la adquiera para revenderla y que su tamaño se limite a un máximo 50 megavatios (MW), además de que el conjunto de empresas así limitado en su producción no supere el 15% de la potencia de producción del Sistema Eléctrico Nacional, el ICE se asegura el control de la producción y la distribución de la electricidad en el país. Tiene espacio para ser casi el único productor y casi el único comprador de electricidad en el país. 

Obviamente, las posibilidades de ejercer prácticas monopólicas perjudican a los consumidores, quienes tienen menos alternativas donde escoger cual es el productor del bien según sus preferencias, al estar esencialmente sujeto a un producto único, más el de otras pocas empresas relativamente pequeñas (usualmente cooperativas). Al mismo tiempo, como cualquiera que entre a producir -obviamente de un tamaño pequeño, dada la ley citada- está obligado que vender su producción al ICE como único comprador, ello posibilita situaciones potencialmente corruptas, en donde una empresa de esas puede ejercer influencias para que lo que compre por el ICE lo haga a un precio relativamente elevado, en comparación al costo al cual podría producirla otro potencial productor. Pero, por otra parte, también el comprador único define el precio al cual compra la energía, inferior al habría en un mercado competido. 

Al igual que el monopolio buscar equilibrar su posición óptima, reduciéndola hasta un punto en donde el precio es mayor y la cantidad vendida menor a las de una situación de competencia, en el caso del monoposonio, el único comprador también define su posición óptima adquiriendo una cantidad inferior y a un precio menor que lo que tendría que haber pagado en competencia. En el primer caso, el monopolista explota al consumidor y, en el segundo caso, el monopsonista explota al vendedor del cual adquiere el bien. El ICE es casi el único vendedor de electricidad a los consumidores del país y casi el único comprador de electricidad a los productores independientes.

La exclusividad legal otorgada al ICE tiene otro efecto importante que recientemente que fue objeto de un comentario en La Nación del 20 de enero, bajo el título “Costa Rica dejó ir inversiones por $1.000 millones en energía limpia: Ley ahuyenta a privados al prohibir instalaciones mayores a 50 MW.” 

En palabras de Jorge Sequeira, director de CINDE, “el modelo actual no permite que un inversionista venga y gaste $100 millones en una planta solar y venda energía a clientes. La ley se lo impide.” Y claro, hay mucho inversionista extranjero en dicho sector quien, ante esta situación, mejor lleva su empresa potencial hacia otro país, incluso cercano, de donde, por la interconexión centroamericana, puede terminar vendiéndola más caro al ICE desde el extranjero, en ciertos momentos de escasez (y el consumidor pagaría así un precio mayor). 

Lo interesante es que CINDE ha indicado que, en los últimos 5 años, el país ha perdido más de mil millones de dólares en inversión en producir energía eléctrica renovable (eólica y solar), por dichas restricciones legales. Dice el medio que “eran emprendimientos de países como China, Canadá, Estados Unidos y naciones europeas y árabes, que habrían generado cientos de empleos...” Pero, también, con una mayor competencia en la producción, nos podríamos haber haber beneficiado con una disminución de los altos costos de la electricidad, factor que sin duda, no sólo deprime la llegada de empresas con tecnología moderna que utilizan intensivamente a la electricidad, sino también a todos los consumidores cautivos.

Datos de Bloomberg New Energy Finance indican que en el 2017 la inversión mundial en energías renovables y tecnologías inteligentes para la electricidad llegó a $333.500 millones; $324.600 millones en el 2016 y $360.300 millones en el 2015. Y noten, “México registró en el 2017 inversiones por $6.200 millones (516% más respecto al 2016); Argentina $1.800 millones (777% más), y Chile, $1.500 millones (55% adicional respectivamente respecto al 2016.)” 

¿No creen que podían haber invertido aquí si hubiéramos tenido las restricciones menores de esos países? ¿Será que, por el afán de preservar al monopolio/monopsonio del ICE, estamos dejando de percibir una importante inversión extranjera en momentos en que caería como anillo al dedo en una economía trastabillante como la nuestra? ¿Será por temor a la competencia de un ente estatal que los ciudadanos tendremos que seguir teniendo una producción menor y precios más elevados de la electricidad que los potencialmente posibles?


Jorge Corrales Quesada

martes, 13 de febrero de 2018

La columna de Carlos Federico Smith: nuestra costosa electricidad

No deben pasar inadvertidos ciertos datos de la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL) divulgados a fines de año pasado, en torno al costo comparativo de la electricidad en nuestro país, con respecto a los de los otros países del área.  

La información aparece en la edición de La Nación del 5 de enero, en un artículo titulado “Inversión se aleja para no pagar luz más cara del Istmo: CINDE e informe de la CEPAL confirman alto precio de energía.”

Según el medio, ese informe “señala que los precios de la energía en el país son los más altos para todo tipo de consumo: residencial, comercial e industrial y casi todo segmento de demanda, según necesidad de voltaje y potencia.” Para la CEPAL, “en el 2016 el costo promedio en Centroamérica de un kilovatio hora (kWh) fue de 13.48 centavos de dólar mientras que en Costa Rica fue de 18.47 centavos de dólar; 37% más para consumos industriales de 100.000 kWh.”

Veamos algunos de los datos comparativos país presentados en dicho artículo:
 
Guatemala: en el 2016 el costo promedio de un kilovatio hora fue de 11.54 centavos de dólar. Entre el 2015 y el 2016 elevó su producción en un 5.6%.
 
El Salvador: en el 2016 el costo promedio de un kilovatio hora fue de 11.03 centavos de dólar.
 
Panamá: en el 2016 el costo promedio de un kilovatio hora fue de 10.92 centavos de dólar. Entre el 2015 y el 2016 elevó su producción en un 5.7%.
 
Honduras: en el 2016 el costo de un kWh para consumo industrial en el bloque de 15.000 kWh costó 14.08 centavos por hora; el equivalente en el 2015 había sido de 23.57 centavos de dólar (una reducción del 40%). Entre el 2015 y el 2016 elevó su producción en un 3.8%.
 
Nicaragua: en el 2016 el costo de un kWh para consumo comercial en el bloque de 1.000 kWh costó 19.36 centavos por hora; el equivalente en el 2015 había sido de 24.69 centavos de dólar (una reducción del 21%).
 
Costa Rica: en el 2016 el costo de un kWh para consumo comercial en el bloque de 1.000 kWh costó 21.25 centavos por hora; el equivalente en el 2015 había sido de 23.07 centavos de dólar (una reducción del 7%).
 
El efecto de estos precios más elevados de nuestra electricidad, en opinión de CINDE, ya afecta la atracción de inversiones al país. Señala su director, señor Jorge Sequeira, que una electricidad barata es crucial para atraer industrias que cada vez más utilizan robots para su producción. Dice que “el problema que tenemos es que, por lo general, comparar el costo de electricidad entre países es fácil. Las empresas ya traen información. Es más evidente la falencia y es la primera impresión que se llevan de Costa Rica. De entrada, empezamos con el pie izquierdo y hay que ver cómo se compensa eso con otros atractivos del país.” ¿Quedó clarito?

Las razones parecen apuntar a que, en opinión de Sequeira, “el país ‘sigue atrincherado’ a un único proveedor cuyos costos de operación son muy elevados y que hace plantas dos o tres veces más caras de lo previsto.” Todo ello por la cerrazón del mercado eléctrico, que impide el crecimiento de energías alternativas, tal como se ha observado en países que han decidido abrir ese mercado a la inversión global.
 
Asimismo, la Cámara de Industrias ha manifestado su preocupación por los altos costos de la energía. Según Carlos Montenegro, de dicha Cámara, el encarecimiento de la energía local se debe a que se han construido “plantas de energía renovable de alto costo.” “Sea por mala planificación, falta de competencia o desinterés en el consumidor, al no buscar que la inversión abarate las tarifas.”
 
Este mercado eléctrico cerrado, casi monopólico o bien monopsónico (único comprador), impide esa reducción de costos que ya está afectando la atracción de inversión externa.
 
También, el sector de los consumidores parece estar pagando tarifas mucho más altas que en el resto de países de Centro América; sin embargo, esa información y análisis comparativos requeridos lamentablemente no se hacen o no se publican.  No quiero recordar la famosa frase de programa del Chapulín Colorado, de que “ahora quien vendrá a defendernos,” pero, en realidad, los consumidores domésticos no parece que en este país tangamos valor alguno, excepto como clientes cautivos a los cuales explotar. Tal vez mayor competencia, menor regulación y ampliar las posibilidades de importar libremente desde el resto de Centro América, puedan ayudarnos a los consumidores, en una nación que, ya tristemente lo sabemos, es bastante cara.


Jorge Corrales Quesada











martes, 6 de febrero de 2018

La columna de Carlos Federico Smith: a pagar las consecuencias

La prepotencia de ciertos grupos que simplemente radica en que creyeron que, para construir una carretera en serio, sólo se requería que hubiera voluntad política y que, una vez disuelto el contrato con la firma constructora OAS para construir la carretera a San Ramón y que “la hiciera el estado” en vez de la empresa privada por medio de una concesión, pronto se tendría una supercarretera, como si se tratara de soplar y hacer botellas. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que huestes triunfales se alegraron que la obra no sería concesionada y que todos los fondos simplemente estaban allí y que sólo era cosa de que el estado la hiciera, para disponer rápidamente de una carretera que incluso sería mucho más barata?  

Mucho tiempo ha pasado y las pretensiones ilusas se han desnudado descarnadamente y, en la actualidad, no hay ni planos, ni estudios financieros ni estudios ambientales y tampoco se han expropiado las tierras por donde pasaría la carretera. No contaron con la ineficiencia propia de los gobernantes, tal vez porque creían que si el estado era el que hacía la obra, todo sería gloria y felicidad. Ojalá que aquellos grupos hayan recapacitado y reconocido que el mecanismo de concesión es el adecuado y viable y que su objeción se reducía al desagradable contrato con OAS.

Para acabar: la responsable de la obra en el Banco de Costa Rica, fiduciario del proyecto, en un fideicomiso creado en febrero del 2015 por la administración Solís, señaló recientemente que se ha estimado que se requerirá de “37 meses (1.126 días) para tener listos los estudios técnicos, económicos y financieros, gestionar los permisos ambientales, ejecutar expropiaciones, reubicar asentamientos y conseguir el dinero necesario para la edificación.” Nótese que es posible que el gobierno ni siquiera tiene la plata requerida para hacer la obra (bajo concesión eso no sería problema pues corre a cargo de la empresa, que no obtendría el contrato si no dispone de los recursos). 

La información está contenida en un artículo de La Nación del 3 de enero, titulado “Trámites de nueva vía a San Ramón tardarían tres años: CONAVI y BCR buscan $35 millones para financiarlos.” O sea, ni siquiera hay plata para financiar la parte pre-operativa del proyecto. Se calcula que, de esa suma de $35 millones, se usarían $15 sólo para pagar expropiaciones.

Recuérdese cuando en abril del 2003, la presidenta Chinchilla accedió a quitarle el contrato de $524 millones a la empresa OAS -de mala reputación en Brasil por escándalos con funcionarios de los gobiernos de Lula y Dilma- porque un grupo de ciudadanos –me imagino que sumamente mal asesorados- se opuso a que tuviera un costo para el usuario de ₡1.965 por sentido y de ₡3.930 ida y vuelta.  El actual ministro de Transportes, señor Valverde, indicó en junio del 2017 que “es muy probable que el importe del peaje por viajar en ambos sentidos sea mayor a ₡4.000,” si bien, al no estar definidos todos los costos (planos, estudios financieros, etcétera) no es posible afirmar con exactitud cuál será el peaje final. 

Entre tanto, para angustia de los que creyeron que era cuestión de soplar y hacer botellas y que rápidamente tendrían esa carretera, así como de los ciudadanos presuntamente beneficiados con dicha ampliación, se requiere de 37 meses más tan sólo para poder iniciar la obra. Estoy casi seguro que, para cuando esté totalmente terminada dados los términos actuales, ya no estaré en la tierra para quejarme de la estupidez cuando se toman malas decisiones. ¿Cuánto le ha costado a la ciudadanía todo el tiempo pasado sin que se haya hecho nada de la obra física –que ni siquiera se ha iniciado? El tiempo es oro, excepto en la mentalidad de obstruccionistas ilusos y de una burocracia estatal ineficiente. 


Jorge Corrales Quesada