martes, 10 de enero de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: ruin para todos; bondadoso para pocos

En estos días ha salido mucha cosa en torno al sistema de pensiones del Poder Judicial, por lo que he escogido referirme, al momento, sólo a lo que publica La Nación del 24 de octubre, bajo el titular “Poder Judicial infló pensiones con mala interpretación legal: SUPEN objeta la combinación de dos leyes para establecer montos de jubilaciones.”

El problema lo detectaron dos entidades diferentes. Una, la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), en su informe SP-629-2016 del 18 de mayo de este año, en que, de acuerdo con La Nación, “el Fondo de Jubilaciones otorgó pensiones con la mezcla de beneficios entre la Ley Marco de Pensiones y la Ley Orgánica del Poder Judicial.” Como resultado, “se otorgaron jubilaciones con montos sobrevaluados que representan casi el 100% del salario del trabajador jubilado”;  esto es, algo así como salir pensionado con el 100% del último salario que se disfrutaba.

La otra entidad fue la Auditoría Judicial, quien remitió al Consejo Superior -encargado de administrar el Fondo de Pensiones del Poder Judicial- su oficio 539-31-SAFJP-2016, “Evaluación sobre el otorgamiento y ajustes de jubilaciones y pensiones,” en donde señala que el sistema otorgó “montos de pensiones sobrevaluados y beneficios que se dieron de manera anticipada, cuyo efecto económico se replica en el tiempo.” Esa Auditoría advirtió que “641 empleados se jubilaron, entre el 2010 y el 2015, y no tenían la edad mínima de retiro (55 años), ni 30 años laborados, o bien ninguna de las dos condiciones.” Y agrega, luego, que “había un grupo de 938 servidores que podrían jubilarse con base en la interpretación errónea.”
 
¿Cómo fue posible “lograr” que “se diera” tal cosa? Como buen “enredo” legal, veamos su origen. Está en lo que se denomina el “beneficio del 2 X 1”, que es aquella mezcla arriba citada, que permite que, por cada dos años de servicio en el Poder Judicial, un empleado puede descontar un año de edad para pensionarse. Esto hizo (en apariencia así lo aplicó el Consejo Superior del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial), que la edad de jubilación pudiera ser inferior a la norma de 62 años, hasta el límite de 55 años, gracias a ese mecanismo del “beneficio de 2 X 1”.
 
Para la SUPEN, ese “beneficio del 2 X 1” era aplicable sólo para quienes, al menos, hubieran trabajado dos años en el Poder Judicial y tuvieran 55 años de edad, cuando estuvo vigente la Ley Marco de Pensiones de 1992. Para la SUPEN, deberían haber trabajado 30 años o más, para poder pensionarse.
 
Por otra parte, para la Auditoría Judicial, para obtener la pensión bajo el Fondo de Pensiones del Poder Judicial, se requería una edad mínima de 62 años. Para la Auditoría, deberían haber trabajado 30 años o más para tener derecho a la pensión.
 
¿Qué hizo el Consejo Superior?  Efectivamente exigió que se hubiera trabajado durante 30 años o más, pero, al aplicar el “beneficio del 2 X 1”, hubo gente que pudo pensionarse aun cuando hubiera laborado menos de esos 30 años. Además, la Auditoría Judicial en su informe señaló que detectó casos de jubilados que tenían menos de 55 años de edad.
 
En dos palabras, con esa mezcla de interpretaciones legales, “perdimos” los ciudadanos, pues sabemos que las pensiones del Poder Judicial no son financiadas por los beneficiarios en su totalidad y que, una parte importante de cada una de las pensiones en ese Régimen, es financiada con recursos del presupuesto de la República; esto es, mediante fondos de todos los ciudadanos contribuyentes del país. De esta manera, vemos un sistema -un estado- que es “bondadoso” para unos pocos, pero “ruin” para todos los ciudadanos que pagan impuestos
 
El accionar bondadoso del Consejo Superior, al mezclar esas dos leyes, permitió que unos pocos dentro del Poder Judicial, obtuvieran pensiones superiores. ¿Cómo es que tan duchos abogados o asistentes o aprendices o conocedores, o lo que sea, dentro de toda esta cosa de pensiones del Poder Judicial, no detectaron en el tiempo debido el problema de dicha interpretación? No tengo idea, pues son los mejores conocedores de las leyes. ¡Dios santo, protégenos de tantas “leyes” y de algunos que las aplican!
 
Jorge Corrales Quesada

martes, 20 de diciembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: dos ejemplos de culto a la mediocridad

Dos acontecimientos, que han visto la luz en estos días en nuestro país, son síntomas, en mi opinión, de un mismo problema. Me refiero, por una parte, al reciente recrudecimiento de llamados para que el bachillerato se elimine, supuestamente por afectar al futuro de quienes fracasan en dicho examen o bien porque no ayuda en nada a la educación de los estudiantes.  Por otra parte, La Nación publicó el 7 de diciembre un artículo bajo el titular “Solo 49 empleados públicos perdieron bono por desempeño: Evaluación en 2015 dio anualidades a un 99.99% de planilla dentro del Régimen del Servicio Civil,” que, aunque no lo parezca a primera vista, tiene mucha similitud con el primero.
 
En el caso de la propuesta de eliminar el bachillerato, eso les quitaría la “enorme” carga a los estudiantes de secundaria, de tener que estudiar duro y prepararse para una evaluación de lo aprendido. Ciertamente, el fracaso puede, en parte, ser atribuido a una mala labor de los maestros responsables, pero, esto tiene un corolario, que, asimismo es reflejo del mismo ámbito de mediocridad: los gremios sindicales correspondientes se oponen a que maestros y profesores sean evaluados en el desempeño de sus funciones. Es así como el camino fácil, la ley del mínimo esfuerzo, dominan este campo de la educación: que no haya exámenes de bachillerato para que todos los que terminan la secundaria sean automáticamente aprobados. No habría una regla de evaluación, como lo es el bachillerato. Tampoco avanza la idea de que los profesores y maestros sean objeto de la evaluación correspondiente, lo cual sin duda que incidiría en la rendición de cuentas que debe dar todo funcionario público, así como permitiría analizar la capacidad profesional de maestros y profesores para ejercer tal profesión y, si el resultado es negativo, señalaría, al menos, la necesidad de hacer una reingeniería de sus capacidades.
 
Por otra parte, los datos que el informe de La Nación nos brinda en su relato arriba mencionado, son apabullantes. Un total de 35.558 funcionarios fueron evaluados en el 2015, acerca de si había un cumplimiento adecuado de sus tareas, de forma que así se les hiciera merecedores del bono o anualidad por “desempeño”, que actualmente oscila entre un 1.94% y un 2.56% del salario, según sean los montos, en el caso de que la calificación recibida fuera de “buena”, “muy buena” o “excelente.”
 
Los resultados de la evaluación de esos 33.558 empleados sujetos al régimen del Servicio Civil, indican que 24.134 de ellos (esto es, un 72%) fueron valorados como “excelentes”, 8.616 (un 26%) como “muy buenos” y 759 (un 2%) como buenos, de forma que ¡todos fueron acreedores de aquel plus! Sólo 41 empleados fueron evaluados como “regular” (un 0.1%) y 6 como “deficientes”(o sea, 2.4 por cada diez mil empleados). En dos palabras, casi todos fueron  estimados como excelentes, muy buenos y buenos y, una cantidad ínfima, como regulares o deficientes. ¡Sin duda alguna que estamos en presencia de una maravilla mundial!
 
Todo se reduce a disponer de un camino fácil para lograr las cosas: usted no tiene que esforzarse para ser un empleado en verdad excelente o muy bueno, para que así se le incentive con una bonificación pagada por todos los ciudadanos; tampoco tendrá que preocuparse por trabajar duro para aprender en los colegios, de forma que se gane el examen de bachillerato. El facilismo permite que el “éxito” sea garantizado, sin esfuerzo alguno.
 
¿Saben, de paso, cuánto les costó a los contribuyentes, a los ciudadanos de este país, ese plus por desempeño de los empelados sujetos al Servicio Civil?  La ominosa suma de ₡806.368 millones, repartida así: ₡539.183 millones para los empleados de las instituciones autónomas y de las descentralizadas y ₡267.163 millones para los del gobierno central. Esos datos ni siquiera incluyen a “policías, maestros y a otros 1.789 empleados no evaluados por diversas razones.” Francamente, no sé si también todos esos empleados públicos citados reciben bonificaciones por desempeño y si todos son tan “perfectos”, como los del Servicio Civil.  Es un dato que nos quedó debiendo el comentario de La Nación.
 
Al menos existe un proyecto en la Asamblea Legislativa, presentado por la diputada Sandra Piszk, “que reservaría el pago de la anualidad únicamente a los empleados en las categorías muy ‘bueno’ y ‘excelente’”, pero, si se mantuviera el mismo sistema realmente ausente de valoraciones, tal como lo hubo en el 2015, ese plus se pagaría al 97.5% del total de empleados del Servicio Civil; o sea, casi a todos. El proyecto también considera que se “limitaría el porcentaje del plus entre un 2.5% y un 1.9% para los “excelentes” y entre un 1.9% y un 1.4% para los ‘muy buenos.’” En síntesis, la tasa del plus quedaría igual para el 72% de los empleados del régimen del Servicio Civil, si es que se mantiene el sistema de valoración vigente y tan sólo se rebajaría un poco para los empleados “muy buenos,” que, en la evaluación actual, son el 26%.
 
No sé si en las negociaciones en proceso en la Comisión de Asuntos Sociales, en donde un bloque de diputados del PAC + FA + PLN le están echando agua a la sopa, para diluir las propuestas de reforma de los salarios en el sector público propuesto por la diputada Piszk, ya se habrá aceptado esta propuesta de ella en torno al plus por desempeño o si también la han aguado. El proyecto de doña Sandra apenas toca un poquito al problema evidente, para cuya solución es crucial una reforma real y profunda de todo el sistema actual de evaluación de los empleados públicos, de manera que efectivamente se estimule a quienes desempeñan su trabajo muy bien o excelentemente y que se desestimule a quienes apenas lo llevan a cabo, quienes no recibirían bonificación alguna y, a aquellos malos o “deficientes”, como se les llama, que haya la posibilidad de sustituirlos por otros relativamente más eficientes.
 
Las reformas deben hacerse en serio, sino pronto estaremos, de nuevo, sumidos en gastos irracionales en nuestra política salarial del empleo público.

Jorge Corrales Quesada

martes, 13 de diciembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: la regulación no es gratuita

Con suma frecuencia uno escucha propuestas de personas para que se regule tal o cual cosa; esto es, que el estado, de alguna manera, restrinja la plena libertad en los mercados para lograr producir los bienes que una sociedad desea, la forma de hacerlo y para quien son esos bienes. Algunas veces tales sugerencias se hacen teniendo en mente una percepción de que algo no es correcto o que causa daño a quienes los usan, daño que no es cubierto por quienes lo provocan, así como cuando hay una práctica monopólica de algún agente económico.  Pero, en otras ocasiones, la motivación para pedir una regulación descansa en la falsa impresión de que el estado sabe y tiene un conocimiento mayor que todos y cada uno de los individuos que toman decisiones en un mercado y que, por tanto, está en capacidad de enderezar apropiadamente lo que se considera que no está bien. No debe descartarse, tampoco, que factores tales como la envidia motiven tales requisiciones, a fin de afectar a alguien a quien no se considera merecedor de algo o porque simplemente las acciones de este no van en beneficio particular del proponente de la regulación. Esto último es frecuente cuando, mediante una regulación, se logra impedir que haya una mayor competencia en el mercado.

Cualesquiera que sean las motivaciones para la regulación, ella nos señala que, en algunas circunstancias -usualmente no muchas- se trata de una posibilidad deseable para que el estado intervenga en corregir algo que no funciona tan bien como podría serlo. Un caso de una regulación conveniente puede ser, por ejemplo, fijar la velocidad máxima a que puede transitar un vehículo en ciertas calles o zonas. Pero, el punto al cual quiero llegar en esta ocasión, es que esa intervención, conveniente o no, siempre tiene un costo, y que éste debe ser comparado con los posibles beneficios que traiga dicha regulación.  Tal comparación nunca se suele hacer en nuestro medio, pues las regulaciones suelen surgir ya sea porque a algún burócrata estatal o bien a un grupo de diputados, se le puede haber ocurrido que tal regulación era conveniente en sí, sin hacer la comparación debida de su costo con su beneficio.  Tan sólo vislumbran a un presunto beneficio para la sociedad -el cual, incluso muchas veces cuesta distinguirlo- resultante de una regulación, pero nunca siquiera toman en cuenta a los costos que trae asociada.

Además, es posible que mucho de ese incremento regulatorio, provenga de un deseo de políticos de introducir regulaciones, bajo la creencia de que con nuevas medidas de ese tipo, van a dejar huella de su enorme capacidad como gobernantes.  Pero, lo cierto, es que más bien con sus acciones suelen provocar un daño a consumidores y productores.

Esos costos de la regulación se puede decir que aparecen en dos grandes áreas de análisis. Uno de ellos, que me permito llamar el impacto económico, es esa estimación de los costos y los beneficios de la propuesta regulatoria que tiene sobre la sociedad como un todo, pues usualmente dicha regulación afecta la asignación de los recursos productivos en el mercado, imponiendo costos adicionales a la producción de la actividad que se regula.

La otra área, que llamo impacto financiero o monetario, y que es parte de ese marco general antes referido, suele ser muy evidente, pues es el costo formal de la regulación, usualmente mediante cánones o cobros a los entes regulados, quienes, a su vez, tienen la posibilidad legal de trasladar esos costos directamente hasta los usuarios.  Esto es, tales costos terminan siendo pagados por los consumidores, pues van incluidos dentro de los precios de los servicios regulados.

Por ello, es interesante el artículo de La Nación del 17 de noviembre, titulado “Regulación de servicios públicos costará ₡15.000 millones a clientes: Canon de supervisión cargado a tarifas subirá 6.6% en el 2007.” Pero, desde ya, observen y que quede muy claro, que estos datos se refieren únicamente a lo que tiene que ver con la regulación que hace la ARESEP, y no la totalidad de la regulación estatal en la economía, que en mucho trasciende a la que practica la ARESEP, pues aquella se presenta en muy diversas entidades y por muy diferentes leyes. Incluso, no se tiene idea del costo de este último ámbito regulatorio estatal, diferente y en comparación con el de ARESEP, el cual nos lo brinda el artículo periodístico bajo comentario.  Este otro costo monetario podría ser mayor o menor que el de la ARESEP, pero posiblemente es significativo. 

Veamos algunos datos importantes del costo financiero o monetario del servicio regulatorio de ARESEP. Para el 2017, se estima que se recaudará de los clientes regulados -mediante los llamados cánones- la suma de ₡15.354 millones. Eso significa un aumento de más del 6.6% con respecto a los ₡14.401 del año que recién concluye.  Pero, hay más: tan sólo desde el 2014, el ingreso por canon aumentó en ₡5.202 millones; esto es, en tres años ha habido un aumento de más de un 51.2% (o sea, un promedio anual de aumento del 17% aproximadamente). Ciertamente, el personal en la ARESPEP ha aumentado en número -algunos han dicho también en calidad, pero eso no lo puedo comprobar- llegando ya a casi 3.000 empleados. 

Por supuesto, los jerarcas de la ARESEP dicen que esos aumentos de recursos, provenientes de los cánones, serán empleados en un mejor control de los servicios de buses y taxis, pero, sépase que esos mayores recursos son pagados por la vía de las tarifas que ARESEP le permite a sus regulados, cobrarlas a los consumidores finales. 

Las principales fuentes de ingresos de cánones para el 2017 (los ₡15.354 millones) provienen del transporte en un total de ₡4.565 millones, básicamente de autobuses ₡2.829 millones y de taxis ₡1.714 millones.  Luego, de los combustibles ingresarían uno ₡4.006 millones; en esencia, de los combustibles de RECOPE, ₡2.737 millones y ₡1.269 millones de distribuidoras y transportistas de aquellos. Le sigue en importancia el canon del agua por ₡3.291 millones, siendo casi todo proveniente del servicio de AyA (₡3.265 millones). Luego están los costos de la regulación de electricidad, por la suma de ₡2.249, en donde destacan, el ICE con ₡1.368 millones, Fuerza y Luz con ₡450 millones y otros relativamente menores. Otra fuente importante se denomina regulación portuaria, que generará ingresos por el canon de ₡1.110 millones y, finalmente, hay otros ingresos menores de algunas otras actividades reguladas.
 
Lo cierto es que ese costo será pagado por todos los ciudadanos, sin quite alguno, porque muchos de estos servicios son brindados en condiciones no competitivas o poco competitivas para entes del mismo estado, que no permitirían al consumidor dejar de pagarlo.
 
La regulación no es gratuita y lo descrito en los últimos párrafos es sólo una parte -la financiera o monetaria- de todo en lo que incurre la sociedad e incluso es lo correspondiente a uno sólo de los reguladores, la ARESEP, faltando lo de otros entes que regulan actividades dentro del estado. Lo que es más inquietante es que por ningún lado se muestran estimaciones del costo económico total de la regulación (ni de su posible beneficio), por el impacto de alterar las decisiones de consumo, producción y distribución en la economía. Como ven, estamos en un hoyo negro de costos regulatorios, que los pagamos, ya sea tanto directamente en los precios de los bienes y servicios regulados, como indirectamente por las distorsiones que introduce en la economía.  La jarana de la regulación siempre sale a la cara; sólo que nosotros la pagamos, para que la burocracia pueda seguir imponiendo más y más regulaciones, sin ton ni son.

Jorge Corrales Quesada

martes, 6 de diciembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: situación del empleo en el país al último trimestre

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó la Encuesta Continua de Empleo correspondiente al tercer trimestre del 2016 y presenta algunos datos interesantes acerca de la condición del empleo en el país, según dicha encuesta.

Uno dato usualmente esperado de este proceso continuo, es la situación del empleo en la economía, reflejada por su tasa de desocupación, la cual esencialmente se define como el porcentaje de la fuerza de trabajo que no trabajó en la semana de la encuesta y que estaba buscando empleo.  No es tan buena la noticia al respecto, dado que la tasa aumentó a un 9.7%, comparada con la equivalente del trimestre anterior de un  9.4%, así como si se le compara con aquélla del mismo trimestre del 2015, que fue de 9.2%. No obstante, señala el informe del INEC citado que la diferencia entre trimestres de ambos años “no presentó variación significativa”; y posiblemente igual respecto a los dos trimestres del 2016 que se comparan.

Asimismo, es útil ver el indicador de la situación de empleo en el país, conocido como la tasa neta de participación, que es el porcentaje de la fuerza de trabajo (la población en edad de trabajar que en esos momentos se encontraba trabajando o buscando trabajo) respecto a la población total en edad de trabajar. De acuerdo con este indicador, la tasa neta de participación subió a un 57.7% en el tercer trimestre del 2016 comparado con en el segundo trimestre de este año, lo cual es algo positivo; sin embargo, resulta negativo al comparar los resultados con el respecto al mismo trimestre del año pasado cuando fue de 61%.  Es decir, vamos mejorando en lo que estaba mal; o sea, mejor que en el trimestre pasado, pero aún por debajo del indicador de los años previos, en que ha oscilado entre el 60% y el 63%.

Panorama similar se presenta en cuanto a otro indicador del mercado laboral en Costa Rica, como es el del empleo informal.  Éste indicador es importante por varias razones, por lo que, para entenderlo bien, les brindo su definición del INEC: “comprende el total de empleos que cumplen las siguientes características, según la posición en el trabajo de la persona: i) Personas asalariadas que no están inscritas en la seguridad social a través de sus patrones, ii) Ayudantes no remunerados, iii) Trabajadores por cuenta propia y empleadores que tienen empresas no constituidas en sociedad (no están inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad y no llevan una contabilidad formal).” Es muy similar a lo que se suele llamar el empleo en la economía subterránea o, al menos, es un indicador de ella.

Pues bien, en el tercer trimestre del 2016, el porcentaje de ocupados con empleo informal fue de un 42.7% del total de personas empleadas, mientras que para el mismo trimestre del 2015 fue de 45.7%, lo que nos da una buena impresión a primera vista -¡un descenso del empleo informal!- pero, ello no parece deberse a que la gente dejó de estar en el empleo informal para integrarse al empleo formal. Para el tercer trimestre del 2015, la población ocupada en la informalidad fue de, aproximadamente, 942.844 personas y pasó a, más o menos, 842.099 personas en el tercer trimestre del 2016: un descenso de 100.745 trabajadores. Uno desearía que estos cien mil trabajadores hayan dejado la informalidad y trasladado a la formalidad, pero, el número de trabajadores formales pasó tan solo de 1.120.273 en el tercer trimestre del 2015, a 1.130.029 en el trimestre correspondiente del 2016, es decir, un aumento en dicho lapso de 9.756 trabajadores empleados en la formalidad, lo cual implica que la diferencia por 90.989 habría dejado de trabajar. 

Se ha señalado que esa caída de la población en informalidad se debe en mucho a disminución de empleo doméstico en los hogares costarricenses; incluso se ha indicado que eso podría reflejar problemas con la demanda de familias de ingresos medios en el país. Ello parece ser así y nos permite explicar por qué se ha gestionado en entes gubernamentales un tratamiento tributario y medidas similares, que tiendan a disminuir el costo por tales servicios, pues ello bien puede estar incidiendo en esa menor demanda de mano de obra de servicios domésticos.  Por ejemplo, el elevado costo del aguinaldo -una y media veces el salario mensual, debido a que se considera que se debe pagar aguinaldo por lo que al trabajador se le da por alimentación, considerado con un valor del 50% del salario nominal normal- sin duda que hace que la gente de recursos medios lo piense dos veces antes de contratar tal mano de obra.

La explicación del problema descrito en torno a que el descenso en el empleo informal no se refleja en un aumento del empleo formal, parece surgir del descenso de la tasa neta de participación que, como indicamos antes, pasó de un 61% en el tercer trimestre del 2016, a un 57.7% en el trimestre correspondiente del 2016. Ello había significado que, como lo indica el INEC, que “alrededor de 89 mil personas salieron de la fuerza de trabajo.” 

Al observar los descensos en dicha tasa, ya sea para trabajadores masculinos o femeninos, el descenso fue mayor (-4%) en la tasa de participación de las mujeres que en la de hombres (-2.8%), según el informe del INEC, en mucho por una disminución en el empleo de trabajadoras domésticas.

En síntesis, en el panorama laboral algunos indicadores señalan una mejoría relativa en cuanto a una disminución ligera del desempleo, pero, persisten serios problemas derivados de una disminución en la tasa neta de participación, que compara la fuerza de trabajo con la población total en edad de trabajar, pues se dio un descenso en la fuerza de trabajo de casi 91.000 personas en ese lapso, aunado a un crecimiento usual de la población en edad de trabajar (población de 15 años o más).

Esperamos que en el campo laboral haya mejores noticias en los próximos meses, pero su positividad está en función de una serie de políticas que, al momento, están en juego en la economía, como son los planteamientos de mayores impuestos, que es muy posible que, de aprobarse, tengan una incidencia negativa sobre la demanda de mano de obra.


Jorge Corrales Quesada

martes, 29 de noviembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: asuento, eufemismo para regalar vacaciones

En nuestro país las leyes laborales y las regulaciones administrativas de muchas instituciones gubernamentales, determinan claramente la cantidad de vacaciones a que tienen derecho sus empleados.  Esto es, que por tomar vacaciones no se les reduce el salario correspondiente, tal como si hubieran trabajado esos días.  Pero, también, puede ser posible, en algunos casos, que si el trabajador decide no tomar tales vacaciones, se les pagan esos días adicionalmente tal como si los hubieran trabajado.

Pero, ¿es posible que un trabajador pueda tomar la totalidad de sus vacaciones, a la vez que se le otorgan otras adicionales, mediando un pago como si hubiera trabajado efectivamente? Bueno, sí es posible. Sucede cuando se declara un asueto. Esto es, son unas vacaciones que se toman y se recibe el salario como si en esencia hubiera trabajado en esos días.  Eso se ha visto recientemente en el país, en algunas ocasiones, por ejemplo, si no me equivoco, cuando el gobierno decretó asueto para los empleados públicos al regresar al país la Selección Nacional de su gesta victoriosa en Brasil, hace un par de años. Y, también, en días recientes, cuando, ante la amenaza de daño grave por el huracán Otto, el gobierno decretó asueto por un par de días para un número importante de trabajadores del sector público.
 
Ahora resulta que el rector de la Universidad de Costa Rica, señor Henning Jensen, decretó hace poco un asueto de cinco días para los empleados de esa entidad (me imagino que también incluye al propio rector). ¿Cómo es esto? La información -que lamentablemente provocó pocas reacciones ciudadanas, probablemente a la luz de otros acontecimientos que en esos días sacudieron al país- nos la brinda La Nación del 19 de noviembre, en su comentario titulado “Rector regala a empleados de UCR cinco días libres: Tendrán 3 semanas de descanso a fin de año.”
 
Así es, la rectoría decidió que, en este fin de año, los trabajadores de la UCR tengan tres semanas de vacaciones -del 17 de diciembre al 9 de enero- pero, de las vacaciones a las cuales ellos tienen derecho, se les reducirán tan sólo 10 días y los cinco días restantes se les darán porque sí; esto es, no se les reducirán de las vacaciones anuales a las cuales tienen derecho. A eso le llaman “asueto”. Una palabra “bonita” para dar a entender que la ciudadanía estará pagando cinco días de sueldo a los funcionarios de la UCR, sin que ellos trabajen. Pagándoles por hacer nada.
 
La historia es que, inicialmente, se iban a dar las tres semanas de vacaciones (obviamente pagadas), que se descontarían de aquellas a las que los empleados tienen derecho. Pero, ¡pobrecitos!, la secretaria del sindicato de empleados de la UCR, doña Rosemary Gómez, envió una carta al rector, pidiéndole que sólo se les rebajaran dos semanas y que la tercera les fuera dada -¡vean que expresión más linda!- como “receso institucional,” a fin de “no afectar a los empleados nuevos que acumulan pocos días de vacaciones,” según señala el comentario periodístico. Dado, que si los empleados no podían tomar vacaciones cuando las quisieran, “se les provoca un estado de indefensión.”
 
El rector aceptó la “sugerencia” y adujo que él tenía la facultad para declarar tal asueto, pues podía hacerlo “dentro de días laborales para asistir a actividades que interesen a la Universidad o al país.” O sea, al país y a la Universidad les interesa que tengan tres semanas de vacaciones y que se les carguen tan sólo dos a las que tienen derecho en el año. Lo que hay detrás de esto es una farsa: se pretende encubrir el donativo vacacional como si fuera algo que le interesa al país y -se arguye así- a la Universidad. Les interesa que no trabajen y que sean pagados por esa semana adicional.
 
Claro, si eso se diera en una empresa privada, ésta tomaría en cuenta el costo que tal donación tiene sobre sus ganancias y el administrador responsable de la decisión tendría que dar cuentas a los accionistas y, en caso de que ese administrador fuera accionista, pues sería por su propio gusto donar lo que alternativamente podría ser suyo. Pero, la UCR puede incurrir en ese gasto porque no tiene que darle cuentas a nadie más que a sí misma, pero son los ciudadanos, quienes pagan impuestos al estado y con ellos les hace una transferencia multimillonaria a las universidades estatales, entre ellas a la UCR, quienes en verdad están incurriendo en ese costo. Porque, como dice el rector, ¡pobrecitos!, “sólo se les rebajan diez días porque fíjese (me imagino que se lo dice al periodista) que, de lo contario, perjudicamos demasiado al trabajador.”
 
Al trabajador no se le está perjudicando. Se están aplicando las leyes usuales y, si acaso, lo que se está haciendo es una interpretación abusiva de las cosas. Son los costarricenses contribuyentes del erario público, quienes están sufragando el beneficio para los “indefensos”; los “perjudicados.” A veces no quiero pensar mal, pero cosas como éstas a uno lo irritan: No sé si esta actitud “mangancha” e irresponsable del rector, para favorecer indebidamente a los empleados de la Universidad, al pagarles por días que no laboran, no es más que una muestra de cariñito, ante acusaciones que el sindicato de la UCR ha hecho recientemente acerca de ciertas actuaciones del rector.  Ojalá no sea esa la razón, pero no encuentro otra que me explique tal dadivosidad con los fondos de la ciudadanía.

Jorge Corrales Quesada

martes, 22 de noviembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: pagaremos con creces el sarcófago legislativo

Ciertamente gran parte del actual edificio que ocupa nuestra Asamblea Legislativa es un cucarachero. Por más que alguno pueda malquerer a los diputados por su comportamiento, no debería decir que es un cucarachero, porque allí moran tales bichos. En consciencia, algo se debe hacer para que dicha edificación sea más adecuada, de forma que, preservando cosas históricamente valiosas de dichas instalaciones, económicamente valga la pena hacerlo.
 
Parece haber una especie de maldición con todo lo que pasa por las manos públicas: ni siquiera algo tan notorio, como esa posible edificación de tan importante estructura, se lleva a cabo de forma que el ciudadano sienta que las cosas se hacen debida y correctamente. Esas manos, que todo lo que tocan, lo terminan pudriendo. ¿Cómo es posible que sean cuestionados los procedimientos contractuales para la nueva obra, si en ellos están puestos los ojos de casi 5 millones de ciudadanos? Ni siquiera en el uso de esos recursos se cuidan debidamente, a fin de que esos mismos ciudadanos sientan que las costas se hacen bien, correctamente, todo a la luz del día.
 
La contralora general de la República, doña Marta Acosta, acudió a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea, y denunció que “tres diputados ordenaron pagar, de manera indebida, $690.000 (₡385 millones) en el proyecto para la construcción de un nuevo edificio para la Asamblea Legislativa.” Esto aparece en el comentario de La Nación del 7 de octubre, bajo el encabezado “Contralora denuncia apago indebido en edificio legislativo: Planos del proyecto para construir nueva sede del Congreso.” Los nombres de esos tres miembros del Directorio de la Asamblea que laboró en el año legislativo 2014-2015, los cita el medio: “Henry Mora (del PAC), Luis Vásquez y Jorge Rodríguez (del PUSC).”
 
Resulta que, señaló la contralora, al puro final de su mandato ese Directorio le ordenó al Banco de Costa Rica (BCR), fideicomisario del proyecto, girar al arquitecto a cargo del proyecto, “el 60% del monto pactado para la elaboración de los planos de la construcción, pese a que él no había obtenido los permisos respectivos.” El problema en el cual se cae es que el contrato con el BCR señala que, para pagar ese porcentaje, se tenía que contar con los permisos debidos, de los que no se disponían, dado que el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, entidad del ministerio de Cultura, se negó a otorgarlo por razones públicamente señaladas. Reitero: ese era un requisito que se debía de cumplir para que fuera recibido y se pagara el trabajo.
 
Ante lo sucedido, aquellos tres parlamentarios explicaron, ante la petitoria de la Contraloría -y que fue recibida con beneplácito- para crear en la Asamblea un órgano director, por el posible daño al erario público, y para que definiera las responsabilidades legales y políticas del caso, que se basaronn en que “el cobro efectuado por el contratista se acercaba a casi $1.5 millones, pero la negociación realizada por parte del personal técnico y el fideicomiso permitió reducirlo a $825.000.” Uno esperaría que esa “era” una función obligada en cuanto al manejo de recursos públicos y no es, por tanto, una excusa válida como para autorizar indebidamente ese pago al arquitecto.
 
Asimismo, en tanto que la Contraloría ordena recuperar ₡385 millones, además de indagar a ese Directorio, a partir de la información suministrada por el medio no es fácil deducir de dónde procede ese monto, porque, por una parte, se habla de que el 40% era por los planos, que fueron hechos, y que el 60% restante sería ante la recepción a conformidad con lo contratado, que no se satisfizo por la falta del permiso mencionado. Pero, los tres diputados en su comunicado señalan haber reducido el costo de la negociación a $825 mil, por lo que el 60% pagado impropiamente sería de $495.000, que equivalen a ₡276 millones y la Contralora habla de recuperar ₡385 millones. Así que, para tener ese chocolate espeso, necesitamos cuentas claras acerca de cuánto es lo que se debe recuperar.
 
También, llama la atención que el proyecto inicialmente se estimó que costaría $60 millones, pero ahora se calcula que ascenderá a un poco más de $100 millones; esto es, un 67% de incremento, según un documento de la Unidad Administradora de este edificio. Lo interesante es que, para este nuevo diseño, no se realizó un concurso para contratar a quien lo pudiera hacer, sino que se escogió al mismo arquitecto Salinas que había hecho el original, con base en razones “de conveniencia.” Eso podría ser explicable si fuera que el cobro por dicho servicio no variara (aun así no se sabe, por definición, si algún otro oferente habría salido menos caro), pero este detalle no lo informa el medio.
 
Igualmente, la contralora señaló en dicha comparecencia ante la comisión legislativa citada, que había otros problemas en el negociado, como son 4 contrataciones directas en donde no aparece la documentación que las autorice debidamente; 13 contrataciones sin que aparezca la solicitud de materiales, bienes o servicios que se deben hacer; 4 contrataciones sin términos de referencia, exigido por el reglamento de contratación administrativa y otras 3 contrataciones sin evidencia del contrato correspondiente. ¡Como que las cosas han sido manejadas con las extremidades inferiores!
 
Una vez más, hay decisiones del estado que se traducen en mayores gastos y, en este caso, aparentemente sin que se haya seguido el debido proceso licitatorio, en especial en cuanto a pagos plenos al arquitecto Salinas, quien fue contratado para cumplir un servicio que no obtuvo el requerimiento de tener los permisos indispensables. El Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, consideró que el diseño actual “era lesivo para los recintos patrimoniales da su alrededor” y, por tanto, no concedió el permiso debido. Estos costos cuestionados por indebidos por la Contraloría, no duden que serán cargados a los bolsillos de los ciudadanos contribuyentes. Al menos se pretende construir un sarcófago para enterrar a todos los ciudadanos con cuyos dineros es que se hará.
 
Jorge Corrales Quesada

martes, 15 de noviembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: el buen uso de los fondos escasos

Ha salido a la luz un informe de la Contraloría General de la República en torno al uso de recursos públicos para dar fondos a los ancianos.  Lo consigna la edición del 17 de setiembre de La Nación, en el artículo titulado “Contraloría señala desorden con ayudas a ancianos pobres: Informe sobre transferencia de recursos a adultos mayores.”

El principio que debe primar es que los fondos -públicos o privados; en este caso los primeros- son escasos y que, por tanto, es requisito esencial que se usen de la mejor manera posible, por dos razones: una, porque así se pueden obtener los mayores resultados buscados, al costo mínimo posible y, la otra, porque, al usarse esos fondos en una actividad específica -por ejemplo, transferirlos a ancianos- impide que se usen en otras cosas que podrían ser preferidas -¿qué sé yo?, salud, educación, caminos, y un largo etcétera- por lo que cualquier gasto debe tomar en cuenta el costo de oportunidad de esos recursos, cual es lo mejor uso que alternativamente se podría hacer con ellos.

El informe de la Contraloría destaca hechos que señalan que se podría mejorar el empleo de tales fondos e indica que las instituciones gubernamentales que entregan recursos a los ancianos pobres “carecen de la coordinación necesaria para evitar duplicaciones en la asignación de recursos y no poseen una estrategia unificada para atender a esa población.” 

Ambas observaciones son pertinentes, si se tiene en mente la búsqueda del mejor uso de los recursos escasos,  porque cualquier duplicación de ayuda significa que a alguien se le da más de lo que de alguna manera se considera conveniente y, también, porque,  ante la limitación natural de recursos, a otros en necesidades similares no se les da ayuda del todo o se disminuye lo que perciben quienes ya reciben alguna ayuda. 

Bien intencionada, pero creo que con total desconocimiento de un principio económico básico, cual es la existencia de recursos limitados para satisfacer una cantidad infinita de necesidades, la señora Zulema Villalta, presidenta ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), dice que “no podemos atropellar derechos del adulto mayor pensando en que con los ₡78.000 que recibe al mes” del Régimen No Contributivo de Pensiones de la Caja (RNC), “puede resolver sus necesidades.” 

Omite el hecho de que, no sólo es imposible que se puedan resolver todas las necesidades, sin que, también, cuando se duplica lo que algunos reciben de distintas fuentes, se deja de lado a otros que también podría requerir tales fondos.
 
Dice el informe citado de la Contraloría, que el financiamiento de hogares y centros diurnos está a cargo de diez instituciones diferentes, en donde “cada una transfiere por sí sola a los beneficiarios sin visión de conjunto,” adicionado a que, según lo consigna ese informe, “la Comisión Técnica del Protocolo de Coordinación (ente encargado de vigilar los asuntos de los ancianos)… no analiza la distribución de esas ayudas ni tampoco ha sistematizado controles para fiscalizar la entrega de esos fondos.” Esto significa que no sólo es posible que haya personas que reciben más de una (y no sólo dos, sino que pueden ser muchas más las fuentes adicionales), sino que, también, no hay conocimiento pleno de a quiénes se les entregan esos recursos -legalmente merecedores o no-, pues no se tiene la fiscalización debida.
 
Entre los entes que dan aportes a los ancianos o que intervienen en ello, de una u otra manera, además del CONAPAM, están, según un listado del artículo de referencia, la Junta de Protección Social, el Banco Central, el Instituto Nacional de Seguros, el Ministerio de Trabajo y el Régimen No Contributivo de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social.
 
Donde hay orden está Dios, dice la sabiduría popular, pero parecido lo piensa cualquier administrador en su juicio correcto. Lo pertinentemente, señalado por la Contraloría, debe ser corregido de inmediato, antes de que pase el tiempo sin que se haga nada, incentivando el desperdicio, la injusticia y la corrupción en el uso de fondos públicos mal administrados.
 
Jorge Corrales Quesada

martes, 8 de noviembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: correr más para permanecer en el mismo lugar

“¡Un país bastante lento! --replicó la Reina--. Lo que es aquí, como ves, hace falta correr todo cuanto una pueda, para permanecer en el mismo sitio. Si se quiere llegar a otra parte, hay que correr por lo menos dos veces más rápido.”
 
Lewis Carroll, A Través del Espejo

Esa cita del autor de “Alicia en el País de las Maravillas” (en efecto, “A Través del Espejo” es una continuación o segunda parte de éste), parece caer de perlas al analizar el último “Reporte Global de competitividad 2016-2017,” que anualmente produce el Foro Económico Mundial. De hecho, en lo particular, me interesa ver el análisis comparativo de 138 países en cuanto a la competitividad de sus economías y, más aún, por donde es que anda nuestro “¡país bastante lento!”, como lo menciona la Reina Roja o Reina de Corazones, en la referencia arriba citada. 

Ni siquiera hemos permanecido en un mismo lugar, sino que, de hecho, en comparación con el año pasado, hemos descendido un par de lugares, aun cuando tan sólo por una “caída ligera,” como lo dice el reporte antes señalado. Hoy estamos en la posición 54 entre esas 138 naciones. Suiza es la número 1 del mundo; Chile la mejor de Latinoamérica y nosotros, en Centro América, entre los cuatro mejores del ranking de la región, fuimos “el único que tuvo un deterioro”.
 
El informe citado lo analiza La Nación en su comentario “Costa Rica baja dos puestos en índice de competitividad global: País se ubicó en lugar 54, entre 138 naciones, en informe del Foro Económico Global”, publicado el 28 de setiembre.
 
El índice se elabora en función de lo que denomina como “pilares de competitividad” -un total de 12- que definen y estiman el grado de competitividad de las naciones, con base en el conjunto de instituciones, políticas y factores que la influyen.  Esos factores son: instituciones, infraestructura, macroeconomía, salud y educación primaria, educación superior y entrenamiento, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación de los negocios e innovación.
 
La información relevante para definir el posicionamiento del país señala que, “en el caso costarricense, el retroceso se atribuyó principalmente al pilar institucional, pues el país se ubicó en el puesto 60, aunque el año anterior estuvo en el 49. Es decir, bajó 11 lugares.” Este pilar de competitividad -instituciones- comprende temas tales como derechos de propiedad, uso de fondos públicos, su desperdicio, peso de la regulación, eficiencia de la legalidad, crimen organizado, confianza en los políticos y otros similares.
 
También, el país decayó, con respeto al año anterior, en el pilar llamado eficiencia del mercado, que trata de asuntos como competencia, efecto de impuestos en los incentivos para invertir, tasa total de impuestos, cantidad de procedimientos para empezar un negocio y similares. Costa Rica bajó al lugar 78, en contraste con el año pasado, en que fue el  67.
 
Asimismo, cayó en el pilar de sofisticación de los negocios e innovación, pasando a los lugares 41 y 48 respectivamente. “Pese a la baja de cuatro y once lugares respectivamente, el país aún es líder en la región en esas dos ramas”.
 
Por otra parte, es líder en América Latina en salud y educación primaria y “tuvo un avance en el pilar de desarrollo macroeconómico, al ubicarse en el lugar 82 frente al 94 el año anterior.” Y obtuvo el primer lugar en el mundo en el ranquin de inflación, cosa sin duda notable.
 
En cuanto a factores negativos para hacer negocios en el país, se señalan la infraestructura, la burocracia gubernamental, el largo proceso para pagar impuestos y el difícil acceso al financiamiento.
 
O sea, tenemos una mezcla de avances y retrocesos. Este señalamiento saca a la luz el fenómeno de que, a pesar de tenerse avances, hay otras naciones que lo hacen más rápido que nosotros, lo cual explica nuestro rezago relativo en importantes indicadores.  O sea que, tal como a la Reina Roja, requerimos avanzar más rápidamente, ya sea para, en comparación con otros países, permanecer en el mismo lugar o bien para adelantarse.
 
Por eso, la declaración que el ministro de Economía, Industria y Comercio, don Welmer Ramos, hace ante este informa, resulta ser una especie de verdad a medias, al señalar que “estoy seguro de que en la nota del índice avanzamos. Si otros países tuvieron mejor nota y el país fue desplazado no quiere decir que se desmejoró.” Haría bien en tomar en cuenta lo que se conoce como la hipótesis de la Reina Roja (citada al principio de este comentario), que simplemente se trata de un principio evolutivo, cual es que “Para un sistema evolutivo, la mejora continua es necesaria para sólo mantener su ajuste a los sistemas con los que está co-evolucionando.” Lo cual, en palabras sencillas, nos dice que lo hecho es comparativamente insuficiente, pues otros avanzan más rápido que nuestro país: sí, señor ministro, el país desmejoró relativamente. Por tanto, a duplicar esfuerzos para ver si no nos quedamos aún más atrás. Tal vez sea mucho pedir para un estado que parece constituir un enorme lastre para el logro de ese progreso.
 
Jorge Corrales Quesada

martes, 1 de noviembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: los consumidores siempre terminan pagando los gastos

Los datos que brinda La Nación en su edición del 29 de agosto, bajo un comentario titulado “Abonados de luz pagan $15 millones de más por equipos para la planta Toro III: ICE y JASEC cobran $41 millones por turbinas y generadores que le costaron $25.6 millones”, son preocupantes, pues muestran la imposibilidad de los consumidores de evitar ser cargados con gastos que, por el momento, llamaré dudosos, por quien, de hecho, son suplidores únicos del servicio eléctrico.
 
La historia narrada por el medio es complicada, por lo que haré un esfuerzo para señalar con claridad, en lo posible, cuál es la razón del cobro de más a los abonados del ICE y de JASEC, dado que el órgano regulador de las tarifas eléctricas, la ARESEP, aprobó los presuntos gastos de más, como parte de los costos que les son trasladados a los consumidores por medio de las tarifas eléctricas.
 
1.- “La obra fue desarrollada, en conjunto, por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC), mediante un fideicomiso administrado por el Banco de Costa Rica.” Este fideicomiso es un arreglo administrativo o contrato por el cual el Banco de Costa Rica, “administraba la consecución y operación del proyecto, así como conseguir el financiamiento, el cual sería cubierto con el dinero de las tarifas eléctricas.” Este fideicomiso se formalizó en el 2010.
 
2.- Pues bien, así se acordó, pero, antes de que entrara en el panorama el Banco de Costa Rica (BCR), tanto “el ICE como JASEC empezaron a desarrollar ciertas obras.” Así, entre el 2008 y el 2009 se adquirieron en $23.9 millones las turbinas, generadores y transformadores del proyecto.  Además, en el 2011, se adquirió un equipo de control por $1.7 millones, cual llevó el costo total del equipo turbogenerador a $25.6 millones.
 
3.- Debido a que, cuando se adquirió aquel primer equipo, aún no existía aquel fideicomiso con el BCR, JASEC tuvo que conseguir un préstamo con el Scotia Bank para hacer aquella compra.
 
4.- La sorpresa fue que, menos de tres años después de acordado aquel fideicomiso -a principios del 2012- en el contrato de construcción de la obra del ICE y de JASEC con el BCR, se consigna un monto de $41 millones, en vez de los $25.6 arriba citados, como parte del contrato de construcción que el ICE firmó con el BCR por $188 millones, firmado en enero del 2012. Obviamente, había un monto de más por $15.4 millones (los $41 millones señalados, menos los gastos totales antes indicados por el equipo turbogenerador por $25.6 millones).
 
Este monto adicional de $15.4 millones fue luego cargado en la fijación de la tarifa eléctrica que hace ARESEP y que es cobrada a los consumidores: estos terminan pagando los platos rotos.
 
El ICE, ante el cuestionamiento, por medio de su funcionario Javier Orozco, director de planificación y desarrollo eléctrico de esa entidad, brindó el detalle de los $41 millones, que incluye, “$28,7 millones (que) corresponden al valor de los equipos, y los restantes $12.4 millones a ‘costos distribuibles del proyecto’, que no forman parte del equipo turbogenerador,” según informa La Nación. Estos ‘costos distribuibles del proyecto’ incluyen los siguientes gastos: “escombreras para el material excavado, gestión socio-ambiental, incluyendo la gestión comuna, caminos de acceso, levantamiento y atención de campamentos, contratación de personal de apoyo en el proyecto, trasporte de quipo y personal de trabajo, servicios de ingeniería y electricidad.”
 
O sea, estos $12.4 millones, más un diferencial de $3 millones en equipos adicionales a los de turbo-generación, son básicamente costos adicionales que no se habían indicado previamente, al firmarse el fideicomiso con el BCR  y por el cual ahora se les pasa la cuenta a los consumidores cautivos.
 
Es afortunada la gestión de la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa, la cual le ha pedido a la ARESEP que “deje sin efecto una ‘contradicción insalvable’”, pues aumentó la tarifa de generación de JASEC en un 23.4%, sin haber tomado en cuenta los costos cuestionados descritos arriba. Asimismo, la ARESEP aprobó adicionalmente un alza de 2.96% en la tarifa que, supuestamente, pagarían 94.000 abonados de ese ente. Dichos aumentos regirían a partir del 1 de enero del 2017, razón por la que la Comisión le pide a ARESEP que justifique pronto dicho incremento. Todo ello aparece en el artículo de La Nación del 7 de octubre, bajo el título “Legisladores piden parar alza aprobada a JASEC: Tarifas eléctricas.”
 
Jorge Corrales Quesada

martes, 25 de octubre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: el intríngulis de las pensiones del Poder Judicial

Una reciente decisión de la Procuraduría General de la República le da la razón al Poder Judicial para que éste, como patrono, pueda elevar su contribución a su Fondo de Jubilaciones y Pensiones.  En sencillo, como bien sabemos, este régimen paga pensiones a quienes se acojan a ella, gracias a un aporte de la ciudadanía por medio del presupuesto de la República. Aquel Fondo no tiene el financiamiento requerido para hacerle frente a sus obligaciones. Con justicia, los ciudadanos hemos señalado, que tales pensiones deberían ser cubiertas por el aporte de los potenciales beneficiarios y los rendimientos que de ellos se obtengan con el paso del tiempo, pero no con los dineros escasos de los contribuyentes.

Resulta que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó en julio duplicar la contribución del estado a su sistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), lo cual tiene una incidencia en el régimen del Poder Judicial, pues -el ya conocido enganche- si el estado aumenta su aporte al régimen de IVM de la CCSS, también tiene que incrementar en cierto porcentaje el aporte que hace al régimen de pensiones del Poder Judicial. Así, dicha aportación pasará de 0.58% a 1.24%. Recuerden que, en última instancia, el patrono en el régimen de pensiones de la Corte no es ésta, sino el estado, pues la Corte recibe sus ingresos por la vía del presupuesto de la República: aquí la Corte y el estado son el mismo patrono. De hecho, en una instancia aún más profunda, quienes financiamos al presupuesto del estado somos los ciudadanos contribuyentes; somos nosotros los patrones finales; es de nosotros de donde saldrá ese aumento en la contribución al Fondo de Pensiones del Magisterio.

No obstante, formalmente es la Corte Suprema de Justicia la que debe aprobar dicho incremento, lo cual ahora lo consigna la Procuraduría General de la República, al decir, en un dictamen obligante, que el aumento del aporte patronal -en un lapso de dos años- del 11.75% al 13.75% se quedó corto y que debería de aumentar a un 14.36%, como resultado del aumento estatal al IVM de la CCSS, arriba comentado.  De nuevo, ese aporte patronal del Poder Judicial, sale directamente de recursos presupuestarios del estado, los que, a su vez, son fondos aportados por la ciudadanía.
 
“Si el aporte patronal y del Estado del 2015 (al Fondo de Pensiones del Poder Judicial) se le aplicaran los nuevos porcentajes de cotización, habría una contribución ADICIONAL (el énfasis es mío) de ₡1.450 millones y ₡1.544 millones, respectivamente (cada año),” según lo indica el artículo de La Nación del 31 de agosto, encabezado que reza: “Corte recibe aval para elevar aporte patronal a pensiones: Procuraduría concluyó que alza en contribución a fondo fue menor a la establecida por ley.”
 
No olvidemos que, en el 2014, la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) pidió el cierre del “régimen de jubilaciones judicial por considerarlo insostenible, debido al alto costo y los beneficios otorgados.” Un estudio del 2012, “determinó que el Fondo tiene un déficit actuarial de ₡4 billones y sería insolvente en el 2027.”
 
Lo que está pasando es que el gobierno, creo que apropiadamente, dadas las severas condiciones fiscales del país y la necesidad de frenar el abuso de las pensiones no cubiertas por sí mismas, sino acudiendo al erario público, ha dicho que no dará los recursos extras al régimen de IVM de la CCSS, para garantizar pensiones mínimas (aporte que pasaba del 0,58% al 1.24% y que equivaldría a una suma adicional cercana a los ₡60.000 millones adicionales a los ₡50.000 millones que ya hoy entrega). Por ello, en el nuevo presupuesto del gobierno enviado a la aprobación legislativa, no se incluyeron esos ₡60.000 millones, lo cual, de paso, repercute en el incremento que habría tenido que dar para las pensiones del Fondo del Poder Judicial.   
 
Ese “enganche” del Poder Judicial ante aumentos de la contribución estatal al régimen de IVM de la CCSS, también existe para el régimen de pensiones del Magisterio, que implicaría un aporte adicional del estado (los costarricenses) al magisterio, por la suma de ₡6.629 millones en el 2017, adicionales a los ₡6.744 millones que ya ha aportado presupuestariamente en este año. Esto datos aparecen en un comentario de La Nación del 6 de setiembre, bajo el encabezado: “Gobierno rehúsa entregar contribución extra al IVM: Hacienda no incluyó en el presupuesto del próximo año ₡60.000 millones para pensiones.”
 
Las fauces del gasto público están así abiertas para que lo terminen devorando los beneficiados directos y que así el costo de la cena sea cubierto por todos los ciudadanos. Por tal razón, es encomiable, en este punto, la firmeza del gobierno para impedir un mayor desborde de sus finanzas. 

Recuerde el amigo lector, que un mayor gasto gubernamental se traducirá inevitablemente en aún mayores impuestos o inflación o endeudamiento: no hay salida gratis en el restaurante de los fondos públicos. 
 

Jorge Corrales Quesada


martes, 18 de octubre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: indetenible crecimiento de la deuda gubernamental

Cuando un gobierno gasta más de lo que ingresa, se tiene un déficit.  Para disminuir ese exceso de gasto, lo obvio es reducir esa exageración de pagos. Sin embargo, lo que los políticos suelen hacer antes de reducir el gasto, es acudir a tres opciones: prefieren, como lo vemos en la actualidad, aumentar los impuestos que pagan los ciudadanos. La otra opción es emitir dinero por medio del Banco Central, lo cual aumenta la inflación. Así se reducen los pagos reales que el gobierno tienen que hacer; esto es, si bien debe sufragar los mismos gastos nominales, el valor real de estos -o sea ajustados por una inflación mayor- disminuye o, lo que es casi lo mismo, el Banco Central nos entrega billetes, que puede imprimir casi sin costo, a cambio de servicios reales que recibe o que debe pagar, en particular, los del gobierno en el caso hipotético.  La tercera alternativa para enfrentar aquel derroche que ocasiona el déficit citado, es pedir prestado, ya sea a nacionales o  extranjeros, que en cierto momento deberá cancelar (incluyendo intereses), para lo cual deberá obtener nuevos recursos tributarios que le permitan hacer frente al gasto en el futuro.

En nuestro medio mucho se ha hablado, recientemente, acerca de la desgracia de los impuestos, así como en el pasado hubo mucha referencia a otro infortunio, la inflación, de formas tales que los ciudadanos miran su prospecto con angustia. Pero es relativamente poco lo que se ha dicho acerca del endeudamiento del gobierno para sufragar un exceso de gastos.
 
Por ello, considero muy importante el esfuerzo que hace La Nación en un artículo reciente, para introducir el análisis del tema del endeudamiento gubernamental, como lo hace en “Últimos tres presidentes triplicaron deuda del Gobierno: Endeudamiento total pasó de ₡3,9 billones a ₡13,4 billones entre 2006 y 2016,” en su edición del 12 de setiembre de este año.
 
El primer punto esencial que debe citarse es que se trata únicamente -reitero, tan sólo- del endeudamiento del gobierno central, lo cual deja de lado el endeudamiento del resto de las instituciones estatales. Ello se puede deber a la creencia en que los préstamos obtenidos en estos últimos casos se usarán para inversiones, las que generarán un rendimiento que permitirá pagar las obligaciones más las cargas de intereses. Pero nada nos dice que, en este último caso, parcialmente y en un monto relativamente pequeño, los fondos podrían ser usados en gastos de inversión, contrario a como suele suceder en el gobierno central que es todo lo contrario.
 
En todo caso, al menos en el 2015, en tanto que el endeudamiento total del Sector Público (que incluye al Gobierno Central, Banco Central y algunas instituciones públicas) con respecto del PIB (el valor de la producción de la economía en ese año) fue de un 63.2%, el correspondiente de la deuda del Gobierno Central respecto al PIB fue de un 44%. En datos absolutos, una estimación burda nos diría que, para el 2016, el endeudamiento del Gobierno Central será de un poco menos de 14 billones y el correspondiente al sector público no financiero, será de algo menos de 18 billones; esto es, en número absolutos cerca de un 30% más que el Gobierno Central.
 
Como un segundo aspecto interesante del comentario periodístico, aparece el comportamiento de la deuda del Gobierno Central durante la última década.  Se destacan varias cosas:
 
(1)    Mientras que en diciembre del 2005 la deuda del Gobierno Central fue de ₡3.6 billones, en diciembre del 2015 había ascendido a ₡12 billones y se estima, de manera burda, que en diciembre del 2016 ascienda a ₡14 billones. O sea, en el lapso de 11 años, la deuda del gobierno central habría crecido en un 288%; esto es, un crecimiento promedio anual de alrededor de un 26.3%.
 
(2)    Una comparación de la deuda del gobierno central como porcentaje del PIB,  nos aísla los efectos del crecimiento de los precios, al ser el cociente de dos magnitudes monetarias (la deuda del gobierno central y el PIB). De acuerdo con eso, el porcentaje de la deuda del gobierno central con respecto al PIB pasó de un 33.6% en el 2006 a un 43.2% en julio del 2016 (un período de 126 meses), por lo cual se puede expresar que el crecimiento anual promedio es de aproximadamente un  3,8%.

El informe de La Nación concentra su esfuerzo en lo más notable sucedido en las últimas tres administraciones, en torno al endeudamiento del gobierno central y concluye lo siguiente:
 
(1)    Las variaciones anuales más importantes (tres picos de crecimiento) que se dieron en el porcentaje de crecimiento de la deuda en esas tres administraciones fueron, 
 
(a)    en el año 2010, en la segunda administración Arias, se aumentó un 21,7% con respecto al año anterior;
 
(b)    en el año 2012, en la administración Chinchilla, se incrementó un 25% en relación con el año previo, y
 
(c)    en el año 2014, en la administración Solís se elevó en un 18% comparado con el año que le precedió.
 
(2) Resulta interesante ligar tales aumentos de impuestos, con ciertos hechos económicos importantes que sucedieron en esos momentos y los que podrían explicar tales crecimientos. Así,
 
(a)    en el caso del fuerte aumento durante la administración Arias en el 2010, la posible explicación radica en que se desencadenó “una serie de ajustes salariales para los empleados del Gobierno y se pusieron en práctica el Plan Escudo y el Plan Nacional de Alimentos, que implicaron un aumento del gasto público para reducir los efectos de la crisis económica mundial.” El problema con estos gastos -inspirados en una burda filosofía Keynesiana- radica en que, siendo “la crisis económica mundial” referida un fenómeno naturalmente temporal, esas medidas tuvieron un impacto permanente en la economía, lo cual, sin duda, continuó impactando el nivel de gasto gubernamental durante los años subsecuentes;
 
(b)    en cuanto al incremento mayor en la administración Chinchilla en el 2012, se puede explicar por el uso del endeudamiento de ese gobierno de una primera emisión de cuatro emisiones de $1.000 millones cada una, “de títulos valores conocidos como ‘eurobonos’ instrumento que (el Ministerio de) Hacienda utilizó para financiar el pago de deuda externa,” así como que el resto del gasto gubernamental no se redujo y se dejó que creciera vegetativamente; y
 
(c)    en lo que se refiere al aumento porcentual relativamente más alto sucedido en el 2014, en opinión del articulista del medio citado, “coincidió, entre otros factores, con una nueva colocación de $1.000 millones en ‘eurobonos’ y con el incremento salarial que el gobierno del presidente Solís decretó en el segundo semestre y que elevó el gasto en ₡62.000 millones,” a lo cual, pienso, podría adicionarse el no pequeño aumento de ₡38.000 millones para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que elevó el monto total de esa transferencia esperada para dicho año, a casi ₡360.000 millones.
 
Otras informaciones importantes consignadas en el comentario de La Nación, son las siguientes:
 
(1)    Que, dado el gasto real devengado del gobierno central en el 2015 de ₡5,8 billones (de un presupuesto total de ₡7,9 billones), respecto a la deuda total acumulada a finales de ese año, de ₡12 billones, dicha deuda superó al gasto devengado (aquellos que surgen de obligaciones de pago debidamente reconocidas por bienes o servicios previamente contratados) en un 207%; esto es, que es la deuda es más del doble del gasto devengado.
 
(2)    Por su parte, para el presupuesto del gobierno central del 2017, el servicio de la deuda del gobierno se estima que será de alrededor de una tercera parte (un 33%) del plan de gastos del presupuesto de la República, que se considera que ascenderá a ₡8,9 billones. Sin duda que un monto significativo de los gastos presupuestados se va en el pago de la deuda gubernamental.
 
El gobierno central, en su petición porque se aprueben nuevos y mayores impuestos, señala el elevado costo de una significativa deuda de ese gobierno, que, en sencillo, lo que quiere decir es que los ciudadanos tendremos apechugar con el costo de ese endeudamiento incurrido de manera creciente por el estado a lo largo de estos años. O sea, llega la hora en que se nos pasa la factura por las cuentas de ese mismo gobierno. Lo triste es que el esfuerzo indispensable para reducir el gasto gubernamental de manera significativa, ha sido relativamente muy débil, lo que parece augurar que el gobierno acudirá a un mayor endeudamiento para llenar su elevado déficit –el exceso de gastos por encima de sus ingresos: la jarana siempre sale a la cara.
 
Jorge Corrales Quesada

martes, 11 de octubre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: opinión acerca de lo sucedido en Limón y el financiamiento propuesto.

No les negaré a mis amigos lectores que, al darme cuenta de los hechos recientemente sucedidos en Limón, la furia me atacó. Era una mezcla de ira y dolor. Con el paso de los días, el dolor permanece, pero la ira ha sido superada, por lo cual considero que es el momento apropiado para referirme a algunos aspectos, especialmente financieros, relacionados con dicha tragedia.

De entrada, debo decir que creo haber entendido bien el ex abrupto del ministro de seguridad, don Gustavo Mata, de quien no tengo un mal concepto, aunque ello tampoco sea mucho que decir en un  gobierno tan malo como éste. Me parece que lo que lo motivó a amenazar con renunciar, fue que le daba oportunidad a la Asamblea Legislativa para que, antes de treinta días, aprobara el impuesto a las sociedades anónimas, lo que le daría recursos a su ministerio. Pero, afortunadamente, dicho proyecto está en el debido proceso de discusión y aprobación, si acaso, por el Congreso, y el ejercicio de ese derecho constitucional, de parte de la Asamblea, le ha de haber importunado mucho. Por ello, me imagino que su impropia salida la hizo como muestra de un alto grado de impotencia, a la luz de los ataques sucedidos en Limón, que los atribuye a la falta de recursos necesarios para eliminar dicho problema.
 
Lo digo así, porque tenemos que entender algo que es muy peculiar, en cuanto a la amenaza de la droga en nuestro medio y la cual que es nada diferente a lo sucedido en otros países que ya conocemos: el enorme resultado económico positivo para quienes se dedican al tráfico y venta de la droga, a pesar del elevado costo y riesgo que se tiene para producirla y trasegarla. Tales costos son muy poca cosa, en comparación con los cuantiosos ingresos que el negociado produce.
 
El negocio de la droga no ha podido ser eliminado exitosamente por nación alguna, mediante el uso del mecanismo coercitivo de la fuerza armada, pues incluso muchos gobernantes, que se supone pondrían de primero al interés de sus ciudadanos, que el personal, caen seducidos por las fortunas deparadas por aquel negociado. Y, cuando digo gobernantes, generalizo por ello a altos, medianos y bajos cargos de los órganos represivos de toda índole, ya sea militar o judicial, e incluso internacional. E incluyo allí a muchos profesionales muy preparados en diversas ramas, que venden sus servicios a aquellos “negociantes” a cambio de jugosos pagos. Eso sí, considero que, tarde o temprano, la solución vendrá, al lograrse alguna forma de legalización de ciertas drogas, que haría que se elimine ese enorme sobreprecio e ingresos fuera de cualquier monto que uno pueda hoy señalar como normal, que hoy es posible apropiarse debido a aquella prohibición.
 
Por tal razón, considero que, en la situación actual, es muy difícil que, con los recursos limitados de las sociedades, éstas pueden, por medio del estado y su poder y monopolio de la coerción, combatir y eliminar al negociado, incluso después de incurrir en numerosas pérdidas humanas y materiales.  De manera que, si nuestro país está en la mira de los narcotraficantes, al considerársele parte esencial como vía rentable para su operación comercial, lo seguirá utilizando, con todos los males consiguientes, como los que hemos observado recientemente en Limón. Pienso que, tal vez, el ministro se imagina que, con un poco más de recursos, podrá eliminar la calamidad, pero creo que difícilmente alcanzará la plata para lograrlo, en tanto exista un mercado en el Norte (Estados Unidos y Europa), que sea tan lucrativo, como lo es hoy para los traficantes.
 
Dicho esto, considero que, por varias otras razones, no es apropiada la exigencia del ministro a los diputados, implícita en su renuncia, efectiva si, antes de un mes, no se aprueba el nuevo impuesto a las sociedades anónimas. En primer lugar, porque el mismo proyecto de ley que parece estarse definiendo, es claro en cuanto a que los recursos que aportaría (me imagino que ni siquiera de inmediato, sino después de cierto tiempo) no podrán dedicarse a contratar más policías, tal como ha dicho el ministro de seguridad que sería su uso inmediato al aprobarse tal impuesto.  El proyecto de ley es claro, según se ha llegado a conocer, en cuanto a que el destino de los recursos no podría ser el pago de salarios y servicios de apoyo de seguridad, sino para infraestructura policial. Por ello es que, si se quiere contratar los 1.000 policías adicionales que ha señalado el ministro (como si fueran suficientes para contener la marea arriba mencionada), habrá que buscar otros recursos en el presupuesto de la República.  Por lo tanto, si se desea que la Asamblea haga la voluntad del ministro, deberá empezar por cambiar lo que ya se ha negociado y ello dentro del ultimátum de un mes. Sépase que la redacción que hoy frenaría al ministro en su intención de usar los recursos para contratar más policías, fue una propuesta del propio poder ejecutivo, según el borrador de proyecto que remitió al Congreso.
 
En segundo lugar, me ha sorprendido que, en el fragor de la discusión política cerca del tema, se haya dado a conocer que hay partidas presupuestarias en el ministerio de seguridad, que no se han erogado, de manera que, si existiera la urgencia de contratar más policías, sería ya factible hacerlo. El Partido Unidad Social Cristiana, que ha sido fuertemente atacado por el presidente de la República, por ser uno de los responsables en la Asamblea de que no se le den esos recursos tributarios, respondió que, del presupuesto del 2015, no se ejecutaron ₡23.629 millones de lo correspondiente al ministerio de seguridad. Ante ello, se brindaron explicaciones oficiales no del todo convincentes, acerca de por qué no se ejecutaron (renuncias, incapacidades, contrataciones de personal en proceso y similares), lo cual debe inducir a la reflexión acerca de si no es posible que se haga un uso más eficiente de tales recursos, que simplemente pasarlos al final del ejercicio presupuestario como gastos no efectuados.
 
En tercer lugar, seamos honestos intelectualmente y así reconocer que este gobierno, que ahora clama, por medio del presidente y de su ministro de seguridad, por mayores ingresos presupuestarios para contratar más policías, fue el que redujo significativamente este año fiscal los recursos de presupuesto destinados a dicho ministerio.  Así, mientras que para el 2014, el presupuesto del ministerio de seguridad fue de un 3.4% del total presupuestado para el gobierno central, en el de 2015 descendió a un 2.5%, que es la participación relativa más baja desde el 2010. Eso sí, al Patronato Nacional de la Infancia en el presupuesto de este año se le aumentó su partida presupuestaria en ₡50.000 millones y el subsidio a la educación superior -FEES- tan sólo el aumento para este año no fue una bicoca, sino un montón de plata adicional, pues el presupuesto que se le entregaría creció un  9%.
 
O sea, en buena lid, el presupuesto que definió el gobierno actual y que aprobó el Congreso, incorporaba una reducción de recursos para el ministerio de seguridad y, ahora ese mismo gobierno se queja, urbi et orbi, de que no tiene los recursos necesarios, culpando por ello a la no aprobación de los diputados de un nuevo impuesto a las sociedades anónimas.
 
En cuarto lugar, al aprobarse un impuesto, aunque pueda ser para algo loable, como podría ser aumentar la seguridad en la zona de Limón, es necesario considerar los posibles efectos negativos (e incluso ver si hay opciones mejores) que pueda tener ese gravamen.  El impuesto a las sociedades, que inicialmente se aprobó indebidamente y que la Sala Constitucional por ello lo consideró como inconstitucional, debido a varias razones técnicas, también tiene potenciales efectos dañinos importantes sobre ciertos sectores de la economía. A veces parece que la información, que con frecuencia nos brinda la Dirección General de Estadísticas y Censos, acerca del crecimiento del empleo informal y, en general, de lo que se podría considerar como una economía subterránea, es ignorada olímpicamente. Esa economía furtiva, informal, se ve estimulada por los muchos impuestos que hacen más rentable que muchos, usualmente pequeños, empresarios, en lugar de seguir el camino tortuoso y oneroso de la formalidad, escogen la subterraneidad, en donde surgen numerosos costos sociales, que no vale la pena volver a señalar en esta ocasión.
 
Ese estímulo de mayores impuestos, que incentiva la existencia de la economía subterránea, puede dar lugar a un descenso del total de recaudaciones formales del estado, con lo cual el total de recursos que iría al sector público, más bien, conceptualmente, podría hasta disminuir.
 
En quinto lugar, dado que el gobierno actual ha tratado, en este caso, de mostrar a los diputados como si fueran timoratos o titubeantes, por la no aprobación expedita y a su gusto del impuesto a las sociedades anónimas, podría ser que, motivados por tal reproche gubernamental, los haya motivado a formular una propuesta que podría brindar los recursos, que ahora se solicitan para el ministerio de seguridad.  Antes de referirme a ella, deseo indicar que siempre he considerado como deseable, en las circunstancias actuales de nuestra economía, y, particularmente, ante el exceso de gasto gubernamental, que se dé la mayor reducción posible de esos gastos.  Pero, tal vez en esta ocasión, podría ser que la ciudadanía preferiría que el gasto estatal se haga en seguridad, en vez de lo que se ha propuesto reducir.  Me refiero a la propuesta del diputado don Mario Redondo, para que, en el presupuesto del 2017, se reduzca el monto que se destinaría a la deuda política, actualmente equivalente a un 0.19% del PIB, a un 0.11%, con lo cual se liberarían recursos por aproximadamente unos ₡25.000 millones, que permitirían, sin duda, aumentar el número de policías.
 
Esta última posibilidad la considero más apropiada que un simple aumento de un tributo que tiene efectos negativos, aunque soy consciente de que, ante la amenaza del negociado de las drogas, tal vez nunca alcanzará el presupuesto de gastos de la nación, para eliminarlo: los gastos en su represión tendrían un peso desorbitantemente elevado sobre la ciudadanía, en tanto que el tráfico y el consumo sea penalizado, como actualmente se hace en los mercados de destino, y que da lugar al surgimiento de  mercados negros profundamente extendidos y poderosos, los cuales permiten el logro de  fortunas inimaginables. Ante el riesgo de una mayor represión, los partícipes de dicho mercado, posiblemente continuarán concurriendo, pues los beneficios seguirían excediendo en mucho, pero mucho, a los costos.

Jorge Corrales Quesada

martes, 4 de octubre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: el gran engaño en ciernes

No parece haber duda de que la inconsistencia que suelen exhibir en asuntos cruciales los diputados de nuestra Asamblea Legislativa, indignan a quienes nos dicen representar: a los ciudadanos.
 
¡Con qué satisfacción vimos cómo recientemente esos mismos diputados impusieron algunas restricciones -ciertamente no las deseables en su totalidad- para que prosiguiera en el país el jolgorio de ciertas pensiones, que en la actualidad siguen estando a cargo, en gran parte, de los fondos del presupuesto del gobierno de la República, que son dineros aportados por la generalidad de los ciudadanos para beneficio de algunos privilegiados! Al ver aquella decisión, muchos pensamos que en la Asamblea Legislativa realmente se estaba poniendo algún grado de orden en las finanzas gubernamentales, cuyo déficit es hoy en día usado como pretexto por los políticos  para cargarnos de nuevos y mayores impuestos.
 
Aquella golondrina, creímos, sería augurio de un buen verano. Esos diputados parecían estar seriamente dispuestos a impedir que el abuso entronizado en algunos de nuestros sistemas de pensiones, que en muy alto grado dependen de lo que todos los ciudadanos aportamos, se conservara en momentos en que, no la envidia, sino una justificada furia de los ciudadanos ante el despilfarro y el abuso, exige un freno al desborde.
 
Aun así, permanecieron, en ese momento, intocados los regímenes ya conocidos, como el de pensiones del Poder Judicial y el del Magisterio, entre otros, que no exige que las jugosas pensiones que se reciban sean producto del ahorro de los beneficiarios -y de la sabia inversión de tales recursos para que generen rendimientos positivos- suficientes para pagar las pensiones de gollería que han podido amasar, legalmente. Reitero lo de “legalmente”, porque es producto de su influencia política, en el marco de un inoperante sistema democrático, que no ha podido frenar las demandas de gasto de grupos especiales. Demandas que pueden sintetizarse en una creación de privilegios, mal llamados derechos, mediante el cual han logrado, a cambio de apoyo político, sin duda, que los partidos políticos de los diputados se los aprobaran.
 
Pues bien, en un momento dado, allá por el 2005, un grupo de potenciales pensionados del privilegiado régimen de pensiones del Magisterio, aceptó, de forma  voluntaria, trasladarse al sistema de pensiones de la Caja del Seguro Social, el más importante y generalizado del país y el cual, en esencia, no depende del estado para su solvencia en cuanto a los pagos eventuales de pensiones que se habrán de hacer. Lo hicieron porque veían inevitable su cierre –y lo sigue siendo, en el momento en que el estado, plegado servilmente al interés de ciertos gremios, deje de financiar con el presupuesto nacional la insuficiencia de recursos para enfrentar las pensiones de ese (y otros ya bien conocidos) régimen. Claro, en la Caja tenían que pagar menos que lo que tendrían que aportar para su régimen de pensiones del Magisterio, para que este medio sobreviviera y se pudiera, por sí mismo, pagar al menos en parte las futuras pensiones.
 
Pero, ha pasado que el estado, servidor de grupos de privilegios e incapaz de decir no al abuso, aunque sí pretenda gravar con mayores impuestos a la ciudadanía a fin de seguir sufragando esas prebendas, sin duda que a cambio de apoyo político y de la garantía de conservación del poder de los políticos eternamente transitorios en una democracia, no definieron todas las medidas necesarias para terminar con el régimen de privilegio de esas pensiones. Ante esto, los tránsfugas de aquel momento, ahora buscan regresar al régimen que más les favorece. Conducta totalmente esperable y lógica: si pueden obtener una pensión mejor, pagando menos, pues el camino es presionar a los diputados para que los regresen al régimen aun privilegiado de antaño.
 
Nada más veamos sucintamente algunas de las diferencias entre los regímenes de pensiones de la Caja y el del Magisterio, para entender porque, ahora, ¡volver, volver, volver! es el mantra que cubre la petición de quienes pretenden regresar al manjar del privilegio.  Mientras en la Caja, al que se pensione bajo su régimen, se le paga el 65% del salario promedio de los últimos 20 años, en el Magisterio, en la actualidad, el porcentaje del salario para su pensión es el 80% de un promedio de un número menor de años y, claro, entre menor sea tal período, en un ámbito de un crecimiento anual por inflación y real de los salarios, por ese sólo hecho, la pensión esperada es mucho mayor en el régimen de pensiones del Magisterio vis a vis el de la CCSS.
 
También, mientras que en la Caja el hombre se pensiona a los 62 años de edad y la mujer a los 60 (igualdad real), en el Magisterio se puede pensionar con, al menos, 55 años de edad y 33 años y 4 meses de trabajar en el sector público. 
 
Asimismo, mientras que en el Magisterio, con todo y los subsidios que tiene el sistema, el trabajador que cotiza lo hace para su propia pensión (claro que subsidiada por todos nosotros), en la Caja es un sistema solidario, en donde quienes ya reciben las pensiones dependen de lo que coticen hoy los trabajadores y, quienes habían cotizado en el pasado, aportaron en aquella época para pagar las pensiones de los trabajadores en aquel entonces pensionados. Por esta razón, las autoridades de la Caja señalan que, de aprobarse la legislación para devolver hacia el régimen del Magisterio a quienes ahora son cotizantes para la CCSS, tendrían que conseguir aproximadamente unos ₡50.000 millones que se irían del fondo de la Caja hacia el del Magisterio, y esos fondos se han usado para el pago solidario de los pensionados actuales de la Caja.
 
Esta información aparece en el comentario de La Nación del 29 de setiembre –tan sólo hace pocos días- titulado “Proyecto echaría por la borda ahorro logrado en pensiones: diputados evalúan plan para devolver hasta 6.000 cotizantes del régimen de la CCSS al del Magisterio.”  Lo interesante es que el cambio propuesto se traduciría en un aumento del gasto de ₡11.000 millones anuales, que es aproximadamente la mitad de lo que el ministerio de Hacienda consideró que se ahorraría el país, con la reforma que la Asamblea hizo en junio de algunos de los sistemas de pensiones de privilegio. De hecho, se estima que el desembolso, en caso de aprobarse el traslado, le significaría al país un monto estimado de ₡535.000 millones por los hasta 6.000 cotizantes que se trasladarían durante un período de 40 años.
 
Por eso, brindo mi respaldo pleno al ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro, quien “alertó de ese eventual golpe a las finanzas públicas si avanza el plan (que lleva exactamente cuatro años en esa comisión [la Plena Primera de la Asamblea Legislativa]), esta vez con apoyo de la oposición.” Esos diputados perderán el respeto de una ciudadanía preocupada por unas finanzas gubernamentales desbocadas, que sólo nos auguran aún mayores impuestos de los que hoy se nos piensan cargar.  Afortunadamente, ya se acercan las próximas elecciones y sólo guardo la esperanza de que los ciudadanos electores no le den su voto a quienes no tienen el debido cuidado de los recursos que le son quitados por el estado para seguir financiando este tipo de privilegios. Debe haber cierta dignidad de parte de los ciudadanos y así negar el voto a quienes dilapidan lo que tanto les cuesta ganar a las personas.
 


Jorge Corrales Quesada 

martes, 27 de septiembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: cocinados en una prisión

Hay distintos enfoques en torno a los objetivos de la prisión a personas en cárceles. Para algunos, el objetivo es castigar a quien ha cometido un delito que la sociedad ha juzgado que ha de ser penado con cárcel.  Para otros, es disuadir la comisión de tales delitos no sólo por quienes ya experimentan la prisión, sino para quienes podrían verse tentados a cometerlos y, una tercera visión, es que la prisión sea un medio para reformar o rehabilitar a quienes ya han sido enviados al reclusorio.

Cualquiera que sea el enfoque apropiado como razón de ser para la existencia de cárceles, considero que hay un hecho innegable que debe siempre estar presente, cual es que se trata de seres humanos, quienes, como tales, por más horrendos los delitos cometidos, tienen derechos: derechos derivados por el hecho de ser humanos (aunque su delito puede ser llamado en ciertos casos inhumano). 
 
Lo anterior, en mi opinión, hace que cualquiera sea la razón para la existencia de prisiones, el trato dado a los prisioneros debe ser considerado como respetuoso de los derechos humanos, nos guste o no la profundidad o aberración del delito cometido. Existe en el mundo moderno mucha legislación al respecto, sin duda que inspirada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidos, recogida en 1948. Elementos como la tortura, de la que tanto hemos leído en la historia de la humanidad y que aún se practica en ciertas naciones, se consideran aberrantes, al igual que siempre se enfatiza el derecho del prisionero a tener un juicio justo.  Mi campo de experiencia profesional no es el derecho, como ha de ser obvio por estos comentarios, pero, personalmente, creo que la condena de prisión no debe ser una justificación para violar los derechos esenciales propios de todo hombre.
 
A esta reflexión he llegado, luego de leer el comentario de La Nación del 10 de julio, titulado “100 reos se ‘cocinan’ en nueva prisión de acero y zinc: Arco modular costó ₡495 millones y fue inaugurado en abril pasado.”
 
Resulta que el estado construyó una cárcel en La Leticia, en Pocorí, Limón, en donde “hay días en que la temperatura supera los 34 “(grados centígrados). Instalada en una zona particularmente caliente del país, los presos “se cocinan” con el calor que sufren.
 
No dudo que la intención de la construcción de la nueva prisión era la de que fuera un lugar mejor, comparativamente con otras prisiones del país. Sin embargo, siendo una instalación nueva, no hay razón para que “pocos pueden dormir en las camas. La mayoría… nos tiramos al piso para descansar; otros (prisioneros) se meten a bañar de madrugada,” tal como comentó uno de los 104 presos allí ubicados.
 
Se ha considerado que el sistema penitenciario del país tiene una sobrepoblación del 42%, por lo cual debería de ser bien vista esta nueva cárcel, como medio para disminuir el hacinamiento. “Este pabellón es de mínima contención, lo que significa que los reclusos que estén ahí deben cumplir su pena en ocho años o menos; deben tener buena convivencia y deben trabajar dentro del centro (en mantenimiento, cocina o en la finca, entre otros).”
 
La construcción en su mayoría es de láminas de acero, revestidas de zinc y sólo los baños son hechos de concreto. De acuerdo con el informe de periodistas del medio, “se comprobó (en una visita de ellos) el calor que hace, pese a que, en apariencia, hay aisladores térmicos y pese a que en el dormitorio hay ocho ventanas pequeñas y 26 abanicos que permanecen encendidos día y noche.” 

Aparentemente la obra se realizó de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas suministradas por el Ministerio de Justicia. No obstante, la directora del centro penal, señora Marianela Fallas, ya le pidió a la compañía constructora que brinde soluciones, pues hay una garantía de dos años y el problema se mantiene sin resolver. Mientras el estado pide que se arreglen las cosas, la empresa no lo hace; dependerá de si su responsabilidad surge de los planos que se le entregaron y que deberían de haber cumplido.
 
Estas son cosas que para nada le agrada a uno reseñarlas. Lo pone a uno a pensar si, cuando hace algunos años se trató de construir una cárcel administrada por concesión a una empresa privada, si esas habrían sido las condiciones de una vida penal. La empresa que las habría hecho tendría que cumplir con los requerimientos que le fijara contractualmente el estado y uno imaginaría que, tal vez, no se hubiera presentado la situación actual.  Aquella concesión no se hizo en mucho por la oposición de la ANEP, por una razón muy entendible: los trabajadores de la concesión posiblemente no serían sindicalizados bajo su égida, dejando ANEP lejos de percibir muchas cuotas de trabajadores afiliados y de tener así un mayor poder sindical y político. ANEP tuvo éxito en su oposición. Ahora, los prisioneros, asados o cocidos como si fueran tamales y no seres humanos, deben pagar por la ineficiencia de un estado, el cual ni siquiera pudo lograr que se hiciera una cárcel decente y, más bien, un centro que casi es de tortura, por haberse rendido ante la prepotencia de ANEP.
 
Como claramente lo dice Oviedo Vargas, un recluso, “Estar aquí es insoportable; estábamos mejor antes”. Que tan sólo lo imagine el amigo lector, quien, como ciudadano, también ha aportado su parte en los ₡495 millones gastados en hacer ese horno.
 
Jorge Corrales Quesada