martes, 21 de marzo de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: el tiempo es horo y para algunas cosas pareciera no importar

Uno siempre ha escuchado la expresión “el tiempo es oro” y, en otras ocasiones, “el tiempo es dinero”. Ante eso, para explicar su importancia en economía, solía hacerles a mis estudiantes de economía una sencilla pregunta: ¿Qué prefieren ustedes, que les regale ya mil colones, o que se los regale dentro de un año? Casi que rápidamente una mayoría -no todos- me decía que les diera ya la plata y. cuando les pedía que me explicaran por qué esa era su preferencia, me daba cuenta cuáles eran los que habían entendido el significado. Las respuestas buenas oscilaban entre un “porque si tengo esa plata ahora, la puedo poner a trabajar, ganando intereses, que, al final del año, me daría algo más que lo que inicialmente me entregó” o bien “porque si me lo da ahora, puedo hacer algo con ella que me dé frutos -bienes y servicios- en el futuro” y, otra más, “porque si me da esa plata, puedo gastarla en satisfacer mis deseos y necesidades ya y no hasta después: entre más antes, mejor.”

En esencia todas las respuestas tenían muy clara la importancia del tiempo cuando se toma cualquier tipo de decisión: las cosas valen más hoy que en el futuro. Y de aquí es donde surge concepto económico llamado interés.  Si yo ahorro hoy -dejo de consumir en la actualidad- esperaré recibir como compensación en el futuro algo más que ese ahorro de hoy, por el sacrificio actual que he hecho. Igualmente, si le presto plata a alguien hoy, por las razones que sea, esperaría que en el futuro me devolviera eso que hoy le presto, más algo más (los intereses), pues he incurrido en un costo de oportunidad que debe ser compensado: no es lo mismo gastar ese dinero hoy satisfaciendo así mis gustos, en vez de hacerlo hasta en el futuro, a menos que pueda satisfacer mis gustos en un grado mayor que el actual.

También hay otro caso en que el tiempo -su desperdicio- es importante. Suponga que usted tiene dinero ahora y lo puede dedicar a producir algo que le dará un servicio en el futuro. Por ejemplo, digamos, dinero para comprarse una casa. Así, si usted lo hace hoy -asumamos que dispone de toda la información requerida-, de inmediato recibirá esos servicios de la vivienda. Si por el contrario, se dedica a dejar todo para después, a procrastinar, y compra la casa hasta en, digamos, un año, usted sufrió un costo, como lo es el no haber recibido esos servicios de la vivienda durante ese período.

Cuando uno observa que el estado costarricense dispone de los recursos para hacer alguna obra pública, que presuntamente beneficiaría a todos, aumentando así su riqueza, pero que, por diversas razones, principalmente de corte burocrático, no se llevan a cabo, los ciudadanos sufriremos diversos costos. Uno, porque, si se pidió la plata prestada, posiblemente tendrá que pagar dos tipos de costos usuales: uno por lo que se llama “comisiones”, las que, por ejemplo, cobran los organismos financieros internacionales por separar esos fondos que se usarían en obra pública en el país y, el otro, porque si retiró los fondos para usarlos y no los dedica a producir la obra pública, ya han empezado a correr los intereses usuales del préstamos. Pero, también hay otro costo muy importante: los ciudadanos se han retrasado en recibir el beneficio que supuestamente esa obra pública les ha de brindar.

Teniendo estas cosas en mente, veamos cómo, como lo expone un comentario de La Nación titulado “MEP invierte a paso de tortuga millones para hacer escuelas: Sólo ha usado 4% de $167 millones de fondo educativo,” se han desperdiciado los recursos que se pidieron prestados y que no se han ejecutado.

Resulta que, en marzo del 2013, los diputados aprobaron un fideicomiso -que, en sencillo, no es más que una forma de administración de los fondos- por $167 millones (más o menos ₡94.000 millones) de un crédito del BID para construir 80 centros educativos en el país. Los dineros del Ministerio de Educación serían administrados por el Banco Nacional. A la firma Consorcio Estudio Calvi & FSA Ingeniería y Arquitectura S.A. se le adjudicó la ejecución del fideicomiso. Esto ya fue en mayo del 2015.

¿En qué se han usado los fondos?  Hasta el momento (inicios del 2017) de ochenta centros educativos que se habrían de construir, sólo se han entregado dos -el Liceo de Mata de Plátano en Goicoechea y el Liceo Rural de San Isidro de León Cortés (un 2.5% de la totalidad de centros educativos que se habrían de construir).  De un préstamo total de $167.5 millones, se han usado tan sólo $6.7 millones; esto es, apenas un 4%.

Al momento hay otros 16 centros educativos esperando a que se contrate la empresa que los construirá -esto es, un 20% de total; otros 10 en espera de que se publique el cartel de licitación para su construcción (un 12.5% del total) y los restantes 52 centros -un 65%- están en espera, “pues apenas están en proceso de búsqueda, negociación o firma del contrato de adquisición de los terrenos.” 

Asimismo, en el préstamo inicial se contempló la construcción de 23 canchas deportivas techadas, de las cuales ninguna ha sido entregada, 6 están pendientes de la contratación de la empresa constructora, para 8 aún no se publica el cartel de licitación y 9 aún ni siquiera tienen el terreno.

Tanto los dineros para las escuelas como para las canchas nos están costando a los ciudadanos, no sólo por comisiones e intereses, sino por el atraso en los beneficios a los usuarios, que presuntamente se derivarían de su edificación y funcionamiento.

¿A qué se atribuyen los atrasos? “Dificultades con la búsqueda, compra y desafectación de terrenos; atrasos en los diseños y de las adjudicaciones. Sólo la conformación de la autoridad ejecutora, encargada de administrar la gestión del fideicomiso, atrasó seis meses el programa por las apelaciones que se presentaron a la licitaciones.” Y si no se ha asignado el monto total del proyecto antes de julio del 2018, que es cuando caduca el fideicomiso, el MEP tendrá que pedirles a los diputados que amplíen el plazo de ejecución, además de que, me imagino, se tendrá que renegociar con el BID y el Banco Nacional, todo lo cual mandará los proyectos a las calendas griegas. Todo ello es síntoma de una burocracia estatal ineficiente incluso para gastar las platas, lo que nos hace incurrir a los ciudadanos en costos innecesarios que habremos de sufrir.

Jorge Corrales Quesada

martes, 14 de marzo de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: que la paguen quienes la disfrutarán

Se hace una carretera costosa a un lugar, la cual podría ser objeto de peaje pues claramente se puede determinar quiénes son los beneficiarios de ella, pero el costo de la carretera lo obligan a que sea pagado por todos los ciudadanos por medio de los impuestos, aportados por quien se fuma un cigarrillo hasta el que tiene que pagar el impuesto de ventas o el de la renta. Es decir, lo que si bien es directamente beneficioso para un grupo concreto de personas, termina en que su costo es cargado a todos, incluso los que ni siquiera lleguen a usar esa carretera. 

Por contraste, se hace un nuevo muelle de carga en el Atlántico, por medio de una concesión a una empresa privada.  El pago de su costo será sufragado por aquellos que efectivamente utilicen los servicios de ese muelle, no como un gravamen que recae sobre todos los ciudadanos del país, usen o no dicho muelle. 

Ahora se nos presenta una situación relativamente similar a la primera: resulta que Acueductos y Alcantarillados (AyA) ha planteado una solicitud ante la ARESEP, para elevar los cobros que lleva a cabo por el servicio de agua a los más de 500.000 abonados que sirve (por supuesto, excluyendo a los que usan su agua “desperdiciada” y que de hecho no pagan nada por ella), para aumentar la producción de agua potable en Guanacaste. Según una información suministrada por La Nación del 4 de enero, titulada “AyA pide 14% más en tarifa para llevar agua a todo Guanacaste: Abonados de todo el país financiarían obras de emergencia en Pacífico norte,” habría un aumento para cada usuario de entre ₡43 y ₡218 al mes, en función de su volumen de consumo. 

La razón de tal petición es atender “la emergencia por el faltante de agua en Guanacaste”, lo cual es obviamente una tarea en la que presuntamente debería de estar interesada el AyA. Pero, en lugar de pensar en cobrar por esos servicios nuevos que va a brindar en Guanacaste, la ocurrencia es que todos los consumidores de AyA, desperdigados en todo el país, tengamos que asumir el costo del proyecto. Es claro que el beneficio es a una región concreta del país y que beneficiará sólo a los habitantes de esa región, población que incorpora desde el más pobre peón de finca, hasta el más rico dueño de propiedades de recreo en esa zona, posiblemente -por ser el calorcito lo usual- poseedor de una piscina, sin dejar de lado al poderoso dueño de hoteles, con lo cual terminaríamos subsidiando el costo a turistas que llegan a pasear por allá. 

El monto estimado de los tres principales proyectos -el Acueducto Costero de Santa Cruz, el acueducto de Bagaces y el de Las Trancas para la región de Papagayo y vecindades- no es poca cosa: ₡13.659 millones, de lo cual, poco menos que la mitad (₡7.735 millones) sería la inversión en el Acueducto Costero, ₡4.449 en el de Bagaces y ₡1.475 en el acueducto de Las Trancas. No dudo que sean obras necesarias, aunque en cierto momento se ofreció, creo que de parte de China, financiar proyectos de desalinización que parecían tener costos menores que los propuestos con las perforaciones alternativas. No se supo qué impidió seguir con aquellos proyectos. Es claro que el de Bagaces resulta de un mal manejo previo de un agua contaminada peligrosa, que ahora debe ser reparado por quien la suplió inadecuadamente.

Pero, en especial los proyectos costeros, no veo por qué no pueden ser pagados claramente por quienes los usarán de forma directa, como es lo justo y lógico: que el que lo utiliza, pague por ello. Sé que se argumentará que hay gente pobre que no podría hacerlo, pero eso lo que nos dice no es que todos los ciudadanos, incluyendo los no usuarios de esos pozos, tengan que pagarlo, sino que el estado, si desea subsidiar tal consumo, lo haga explícitamente, pero los que tienen recursos en esa zona sí deben pagar por el agua que usarán. Me parece justo.

Jorge Corrales Quesada

martes, 7 de marzo de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: oscuridad en contrataciones, peligro de chorizos

Es importante aclarar, desde un principio, algo esencial del sistema de contratación del estado en el país: se fundamenta en la llamada licitación pública, mediante la cual se publica un aviso de la licitación en La Gaceta y otros medios, el cual ha sido aprobado previamente por la Contraloría y, luego, el ente estatal adjudica al ganador de la licitación pública, bajo reglas de competencia que están establecidas por la Contraloría General de la República. El resultado de esa adjudicación puede ser apelado ante el ente contralor, por alguien que considere que la adjudicación efectuada fue incorrecta. Usualmente la licitación pública es exigida para contrataciones de altos montos.

Hay posibles y legales excepciones a esta regla de la contratación administrativa, como lo es la llamada contratación directa, la cual no pasa por el control previo que realiza la Contraloría, pero que sí debe autorizar esa forma de contratación (a menudo por razones tales como emergencias o, tal vez, por tratarse de montos relativamente bajos). Este último tipo de contratación deja la decisión de la elaboración del cartel y su adjudicación, en manos del ente que hace el contrato. A menudo lo hacen por medio de CompraRed, organismo por el cual cual el ente estatal anuncia y recibe las ofertas. La adjudicación se hace a lo interno del organismo, tanto en la selección del ganador, como en su aprobación. La Contraloría queda fuera de este procedimiento.

Evidentemente, el sistema de licitación pública es más transparente y, por tanto, presenta mayores virtudes para detener posibles actos indebido (corrupción es la palabra), que es más fácil que se presente cuando se adquieren bienes y servicios mediante contratación directa. Por ello, este último sistema se supone no sólo que es por excepción, sino que debería ser una parte relativamente pequeña de la contratación total dentro del estado costarricense.  La licitación pública, tal como está diseñada, tiene un peligro menor de lograr que medien chorizos en la adquisición de bienes y servicios de parte de los organismos estatales, lo cual contrasta con la posible contratación directa.

Dicho esto, debe señalarse que se está dando un fenómeno preocupante y que aparentemente va en crecimiento, como es que las autoridades administrativas de los entes del estado no utilizan a plenitud el sistema de contratación por licitación y sí mediante otros, por la vía de excepciones, como lo es la contratación directa. Pero… ya casi es la regla en vez de la excepción.  De acuerdo con un informe de La Nación del 3 de enero, titulado “Contraloría: Estado abusa de compras directas: Contrataciones con menos requisitos,” según datos de la propia Contraloría, en el 2015 el proceso de contrataciones directas ascendió a un 46.5% del total de contratos que se adjudicaron. O sea, tan sólo un poco más de la mitad (53.3%) sí fue adjudicado mediante el sistema clásico competitivo de la licitación pública.
Tal como indicó don Allan Ugalde, gerente de la División Administrativa de la Contraloría, “los organismos internacionales advierten que eso (contrataciones directas y similares) va en contra de la transparencia,” los cuales “alertan sobre esa tendencia a evitar las licitaciones públicas.”

De acuerdo con la Memoria Anual de la Contraloría del 2015, “si bien el 80% de las compras se hace por vía de licitación (pública o abreviada) lo adjudicado correspondió a un 53.5% del dinero (₡470.501 millones), mientras que el 20% de las compras fue por vía directa, para un 46.5% de los dineros adjudicados (₡409.125 millones), lo cual es, sin duda, un montonal de plata que se adquiere por medio de procedimientos que no son lo transparentes como es lo deseable. En dos palabras, facilitan el chorizo (no digo que lo haya, sino que el control de los fondos públicos es mucho menor y, en río revuelto, ganancia de pescadores).

También, la llamada “evitación de la Contraloría” se da en un ámbito diferente, cual es acudir a que el control de este ente, pase a manos de organismos internacionales, como lo fue en el pasado el uso del BCIE -que al final de cuentas tuvo el visto bueno de los tribunales, lo que no quita el propósito por el cual se empleó- e incluso en gobiernos previos se pretendió utilizar a organismos de Naciones Unidos en vez de la Contraloría y, ahora uno ve en problemas -no por su culpa, sino por la ineficiente burocracia nacional- al ente de Naciones Unidas llamado UNOPS. Vale preguntarse si también no está siendo usado para evitar la forma tradicional de control mediante la Contraloría.  Ojalá no sea así.

Jorge Corrales Quesada

martes, 21 de febrero de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: paguen más impuestos o tarifas para seguir gastando la plata

Se estima que el déficit del fiscal para este año que empieza será ligeramente inferior a un 6% por PIB, según el Banco Central. Por lo tanto, uno esperaría que las autoridades gubernamentales moderaran en sus distintos entes estatales el crecimiento de los gastos programados para este año. Ya hemos visto la presión del gobierno para que la Asamblea Legislativa apruebe nuevos y mayores impuestos, pero uno esperaría algún grado de congruencia con la urgente reducción de gastos, en especial no prioritarios.

Por tan poderosa razón, llama mucho la atención la noticia divulgada en la edición de La Nación del 31 de diciembre del 2016, bajo el titular “Autónomas abrirán llave del gasto en publicidad en 2017: 11 entes que gastaron ₡7.685 millones este año [2016] presupuestan ₡10.128 millones para el entrante [2017]”. Irónicamente, lució como un regalito para los ciudadanos al cierre del año o como una cobranza para no celebrar con tranquilidad el inicio del nuevo.
En sencillo, esos 11 entes -instituciones autónomas que forman parte del estado- gastarán ₡2.443 millones más en este año, en comparación con el previo. Es decir, un “ligero” incremento ¡del 32% tan sólo en el rubro de publicidad!
Veamos algunos datos acerca de esas once entidades y lo que planean gastar en publicidad en el 2017 (y si es posible, compararlo con el 2016):
  • Acueductos y Alcantarillados (AyA): se aumenta de ₡123 millones en el 2016 a ₡409 millones en el 2017; esto es, un incremento del 232%.
  • El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS): se eleva de ₡85 millones en el 2016 a ₡207 millones en el 2017; esto es, un aumento del 144%.
  • La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL): se incrementa de ₡243 millones en el 2016 a ₡518 millones en el 2017; es decir, un alza del 131%.
  • La Reinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE): se acrecienta de ₡525 millones en el 2016 a ₡681 millones; es decir, un engrosamiento del 30%.
  • El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE): no hay datos, pues son “confidenciales” (una especie de secreto de estado, que los ciudadanos -ni siquiera los usuarios que pagamos por sus servicios- podemos conocer).

Lamentablemente, la información periodística mencionada no brinda datos del gasto en publicidad en el 2016 de las restantes 7 entidades autónomas, sino tan sólo lo presupuestado para el 2017, de forma que no es posible ver su tasa de crecimiento.

  • La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS): el gasto del 2017 en publicidad ascendería a ₡2.123 millones.
  • El Consejo Nacional de la Producción (CNP): para el 2017 gastaría en publicidad ₡383 millones (¿Sabe usted qué produce esa entidad?)
  • El Patronato Nacional de la Infancia (PANI): en el 2017 el gasto correspondiente se elevaría a ₡1.339 millones.
  • La Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA): el gasto que efectuaría para publicidad en el 2017, sería de ₡32 millones.
  • El Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA): para el 2017 presupuestó como gasto en publicidad un monto de ₡895 millones.
  • El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU): planea gastar en publicidad en el 2017, la suma de ₡318 millones.
  • El Instituto Nacional de Seguros (INS): estima gastar en publicidad en el 2017, la cantidad de ₡3.223 millones.
No hay duda que la cosecha de la “abundancia” se desparrama en el país…
Con los gastos en consultorías sucede algo parecido, según lo reporta La Nación del 30 de diciembre en su comentario titulado “9 instituciones triplicarán su gasto en consultoría en el 2017: Partida crecerá de ₡5.270 millones a ₡18.816 millones.” Esto es, se dará un aumento del 257% en este año, en comparación con el anterior -₡13.546 adicionales.
Veamos algunos ejemplos:
  • El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA): pasa de ₡444 millones en el 2016 a ₡7.210 millones; un “ligero” aumento del 1.524%.
  • El Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA): pasa de ₡274 millones en el 2016 a ₡2.291 millones para el año 2017; un alza del 736%.
  • Acueductos y Alcantarillados (AyA): aumenta de ₡425 millones en el 2016 a ₡1.232 en el 2017; un incremento del 190%.
Todo esto da mucho qué pensar y, por supuesto, los jerarcas de turno darán diversas explicaciones de por qué tales montos y aumentos, tanto en publicidad, como en consultorías -algunas de ellas más o menos entendibles- pero, para un país aquejado por serios problemas de escasez de recursos fiscales, la mesura requerida no aparece en esas parcelas del poder. Son gastos que todos terminamos pagándolos, con impuestos, costos de servicios públicos, etcétera. Son aumentos enormes, en especial para una sociedad que no está boyante en su situación económica.

Jorge Corrales Quesada

martes, 14 de febrero de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: ecámela en el sombrero

No olvidemos aquel lema popular: “No quiero, no quiero, pero, echámela en el sombrero”, que se solía expresar acerca de aquellos políticos de turno, quienes siempre negaban una precandidatura para algo o bien para obtener un privilegio o un puesto público, pero quienes, en el fondo, la ansiaban o la buscaban.
 
Si alguien me diera la oportunidad de asentar un lema, tal como se escribió en el frontón del templo de Delfos, lo haría en la entrada de la Asamblea Legislativa: “No legislarás en tu propio beneficio.” Tal deseo coyuntural lo estimuló la decisión reciente de los diputados de aumentar el número de miembros de la Junta Directiva del Banco Popular, suavizando los requisitos para un puesto tan delicado, al rechazar una propuesta de la diputada doña Rosibel Ramos, para que los diputados actuales y los del próximo período, no pudieran ser nombrados como miembros de la Junta Directiva, el Directorio de la Asamblea de Trabajadores o en los puestos gerenciales  del Banco.
 
La información aparece en un artículo de La Nación del 31 de enero, que lleva por título “Diputados se abren puerta a cúpula del Banco Popular: Legisladores apuran plan de ley para subir de 7 a 9 el número de directivos.” La razón: esos directivos recibirían hasta ₡2.4 millones al mes y ya sabemos de los jugosos salarios de los gerentes de dicho banco. Por supuesto, nos dirán que su ambición bancaria surge por su disposición a seguir sacrificándose por la patria y por las luchas de los trabajadores, entre otras historias políticas similares que suelen ser lanzadas, como cortinas de humo, para esconder la conducta usual de los políticos de maximizar su poder.
 
Así, el “excelso” diputado Jorge Rodríguez alegó que rechazaron aquella propuesta citada de la diputada Ramos, porque sería “quitarles el derecho. ¿Qué culpa tiene uno de ser diputado? ¿cuál es el pecado? ¿y la experiencia que se ha adquirido? No podemos desechar los conocimientos de una persona…” Increíble verdad, como si no hubiera muchos otros quienes sí están efectivamente capacitados para esos puestos, calificaciones que no las otorga un paso efímero por una vocinglera diputación. Ciertamente, la culpa de que tengamos diputados ejemplares como ese, radica en los ciudadanos que votaron de cierta manera: ahora se merecen lo que tienen.
 
Otra diputada, la señora Suray Carrillo, diputada del Frente Amplio, quien llegó al Congreso de rebote, cuando el diputado al que sustituyó fue coaccionado por sus compañeros de partido al acusársele de agresión sexual, alegó que la propuesta de la señora Ramos “violenta la Carta Magna y que estaría dispuesta a ejercer un cargo en el Banco Popular”, por supuesto, después de dejar de ser diputada, dado que siempre está dispuesta a “sacrificarse por el pueblo”.
 
Asimismo, el cerebro detrás de la reforma legislativa a la Ley del Banco Popular, el diputado Víctor Morales, dijo: “Por mí que ni se preocupen. No tengo interés de formar parte del Popular. Tal y como lo conversé con los proponentes del plan, ninguno quiere beneficiarse con él.” Recuerden: “No quiero, no quiero, pero, echámela en el sombrero.”
 
Recuerde el lector que el Banco Popular obliga a un aporte de todos los trabajadores del país y que son muchos los fondos que administra, por lo cual, es deseable que, para velar por su buen manejo, se lleve a cabo no sólo por gente honesta, sino también calificada, que tenga experiencia real en asuntos de banca.
 
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), el cual se encarga de supervisar los órganos del sistema financiero del país, ya había indicado la importancia de que el Banco Popular contara con directivos capacitados para dicha labor, sugerencia y directriz que se esperaría fuera corregida al discutirse el proyecto en  el plenario. Eso sí, no pondría en duda que, aún con esa reforma deseable, contaremos en la Junta Directiva y en los órganos principales de dirección del Banco Popular, gracias a la “sabiduría” y la “experiencia” en temas bancarios que los diputados actuales impartirán en el manejo de los recursos de todos los costarricenses, quienes, por ley, están obligados a cotizar para dicho banco.

Jorge Corrales Quesada

martes, 7 de febrero de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: ahorrar en el desperdicio de agua

Una publicación de La Nación del 31 de diciembre, bajo el encabezado “Enorme desperdicio de agua pone a correr al AyA: Mitad de líquido se pierde por fugas, tomas ilegales y medidores alterados,” nos muestra a plenitud el derroche del agua producida por Acueductos y Alcantarillados.

El triste antecedente es ver que muchos ciudadanos se dieron cuenta hasta hace poco de los serios problemas financieros del sistema de pensiones de la Caja (IVM), a pesar de que, desde hace mucho tiempo atrás, se habían realizado estudios serios que confirmaban tan angustiante situación. Pero lamentablemente, en aquellos momentos -hace años- no se tomaron las medidas correctivas del caso y, ahora, es urgente resolver como enfrentar un problema que se ha hecho mucho más grande.
 
Algo igual sucede con el caso del desperdicio del agua potable que sirve AyA, tanto en el Gran Área Metropolitana  (GAM), como fuera de ella. Desde hace ya mucho tiempo era conocido el problema, ante lo cual, ahora, son meritorias dos cosas: que La Nación se refiriera al enorme desperdicio y que las autoridades de AyA, a partir de este año y durante 5 años, impulsarán “un plan para reducir el desperdicio’’.  [Ojala fuera para eliminarlo, pero, si hay razones poderosos, tanto prácticas como económicas, para tan sólo reducirlo, que al menos lo sea significativamente.]
 
AyA produce 230 millones de metros cúbicos de agua para el consumo  de 1.6 millones de personas y, de acuerdo con el periódico, AyA “ha sabido que la mitad… se desaprovecha”. “Tuberías viejas, numerosas fugas subterráneas sin detectar, tomas ilegales, medidores obsoletos o alterados y la lenta atención de averías” son las causas del desperdicio.
 
Todo ello tiene un impacto financiero sobre AyA, aun cuando no se tiene o expone el monto estimado de aquél –inconcebible, ¿verdad?, porque es casi increíble que pueda acudirse a organismos internacionales para pedir fondos prestados para resolver el problema, sin saber la cuantía de los ingresos que, por el desperdicio, actualmente se dejan de percibir y que, se presume, se recuperaría total o parcialmente, como para que el préstamo para la inversión ($162 millones) sea recuperado. En la actualidad, AyA “factura ₡115.000 millones al año por el líquido que sí llega a sus 428.022 conexiones oficiales.”
 
Eso sí, se ha estimado que, con el plan propuesto, se reduzca aquel 50% hoy desperdiciado, hasta un 33%, y que aumenten sus ingresos anuales en más o menos $11.7 millones (unos ₡6.435 millones anuales). Mi regla de tres sencilla me da un número muy diferente, pero, posiblemente, estaré equivocado: si hoy en día AyA factura ₡115.000 millones al año, con una utilización del 50%, como con las mejoras consideradas se espera que la utilización sea del 67% -el 33% en que, de acuerdo con el ICE, se reduciría el porcentaje de agua sin cobrar-, esperaría que mi facturación se elevara en ₡39.100 millones; pues pasaría de ₡115.000 en la actualidad, a ₡154.100 cuando se esté desperdiciando tan sólo un 33% y cobrado el 67% de lo producido. Además, creo que “no me sale el cálculo”, porque, con esa recuperación anual de $11.7 millones de ingresos que indica el medio, para repagar sólo el principal de $162 millones, sin intereses ni comisiones, AyA (los consumidores, de hecho), tomaría casi 14 años, que no sé si calza dentro del plazo estimado de redención de la deuda.
 
Tampoco se señala si en el cálculo anterior de aumento en los ingresos, ante el ahorro en el desperdicio, AyA está considerando una reducción de las tarifas cobradas a los consumidores, tal como podríamos esperar, dada la economía lograda con la inversión.
 
Adicionalmente, la información periodística expresa algo interesante, cual es el señalamiento de don Rolando Araya, director de del Área de Desarrollo Tecnológico de AyA, de que “Hay una cultura de burlar el cobro. Enfrentamos un creciente fenómeno de alteraciones de todo tipo en medidores y tomas en barriadas y precarios, las cuales son incobrables…. Dicha anomalía ocurre en comunidades enteras donde hay grupos organizados que realizan las alteraciones a pedidos de cuarterías, sodas, precarios, hoteles, servicios de lavado de carros y bares.” Y agrega que “el factor humano en zonas materialmente pobres, es muy complejo. Hablo de sitios donde nuestro personal ni siquiera puede ingresar a hacer registros por riesgo a su propia seguridad.” Algo similar a lo que sucede con el ingreso de policías, bomberos y hasta de la Cruz Roja en comunidades en donde no parece existir la vigencia de la ley.
 
No sólo lo expuesto es grave, sino que el incentivo vigente es claro. El agua tiene un costo para producirla; no es un bien gratuito, como normalmente suele serlo el aire. Si no se cobra de todo o casi del todo lo que cuesta el agua, como parece indicarlo el señor Araya, el usuario -si así le podemos llamar- no tiene incentivo alguno para economizar en su utilización, sino que se está estimulando la sobre-utilización y el desperdicio (en cierto momento, leí que en la ciudad de Buenos Aires, cuando el estado suministraba el servicio, el precio cobrado era tan bajo dado el costo, que estimulaba una enorme utilización del agua, incluso en piscinas de ricos). Si se quiere racionalizar la actividad, lo que hay que hacer es cobrar debidamente por el uso del agua, incluyendo la participación de las autoridades debidas, además de que, ojalá, la Sala Constitucional se dé cuenta de que, si algo no se cobra lo que vale, se utiliza más de la cuenta y hasta se desperdicia. Ese desperdicio es pagado por el resto de los consumidores, ciudadanos que pagarían una tarifa más elevada, al no tenerse un control del desperdicio y del abuso.

Jorge Corrales Quesada

martes, 31 de enero de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: más dinero nuestro para las pensiones del Poder Judicial

De entrada les digo que las decisiones que comentaré, tomadas por la Corte Plena para obtener mayores ingresos para el fondo de pensiones del Poder Judicial, creo que están debidamente fundamentadas en la legislación que nos cubre.  No podía ser de otra manera, pues no podríamos imaginarnos a un Poder Judicial tomando decisiones contrarias a la ley.
 
Eso sí, tal estructura legal le permite a dicho Poder obtener fondos para sus pensiones provenientes de toda la ciudadanía, por medio del presupuesto de la República. Esto se consigna en la edición de La Nación del 30 de noviembre, en el artículo titulado “Gobierno deberá girar más dinero a pensiones de Corte: Magistrados aprobaron subir aporte patronal de 13.75% a 14.36% en Fondo del Poder Judicial.”

Las cifras arriba consignadas no exponen la totalidad del aumento que se hizo recientemente para el fondo de pensiones del Poder Judicial. Por una parte, resulta que, en una sesión del 3 de octubre pasado, la Corte Plena votó, “de forma unánime e inmediata” elevar el aporte que el estado costarricense -téngase claro de una vez por todas, de fondos de todos nosotros- desde un 13.75% a un 14.36% del salario; esto es, un incremento de 0.61% en dicho aporte. Se estima que el aporte anual adicional sería de alrededor de ₡1.950 millones al año (de trece meses). Esta decisión de aumentar en 0.61% al aporte estatal, se basa en “la independencia administrativa de la Corte para tomar decisiones”, según lo indicó el viceministro de Hacienda, señor José Francisco Pacheco.
 
No obstante, lo anterior fue tan sólo una parte del aumento total en el aporte  que hace el estado a las pensiones del Poder Judicial,  pues hubo otro aumento de 0.66% de los salarios, debido a que, en setiembre, la Caja Costarricense de Seguro Social, aprobó -también es su facultad discrecional- un aumento de la contribución estatal al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, que  pasó de 0.58% a 1.24% de los salarios; esto es, un aumento del 0.66% de la base de salarios. Esta correspondencia entre la decisión de la Caja y la de la Corte se sustenta en que, cuando la Caja aumenta la contribución, la ley le permite al Poder Judicial hacer algo igual para su régimen de pensiones.
 
Entonces, a aquel incremento del 0.61%, se adicionó otro por el 0.66%, con lo cual el aporte total nuevo adicional del estado al régimen de pensiones aumentó en un 1.27% del total de los salarios, con lo cual, al final de cuentas, el aporte del estado al sistema de pensiones del Poder Judicial a partir del año entrante, será de un 15.02% del total de los salarios.
 
Legalmente, todo lo anterior está sustentado, pero tenemos que ser claros en que seremos todos los ciudadanos del país quienes estaremos aportando estos montos adicionales, para financiar a ese régimen de pensiones.  Cuando la directora ejecutiva del Poder Judicial, señora Ana Eugenia Romero, nos dice que este aporte es una “forma de garantizar la sostenibilidad del Fondo,” a uno le queda un fuerte sabor amargo en la boca, al leer cómo, en el marco de una situación fiscal tan difícil como la que vivimos en la actualidad, en vez de ser los beneficiarios del régimen de privilegio de las pensiones del Poder Judicial los que aporten los recursos para darle “sostenibilidad” a su régimen, seamos todos los costarricenses, por medio de la intermediación del estado, quienes efectivamente estamos dándoles los fondos para asegurar la “sostenibilidad” de un sistema de pensiones de un gremio estatal.
 
Se está en presencia de una ausencia de justicia, en cuanto a que somos todos los costarricenses quienes estamos pagando una parte sustancial de las pensiones de ese Poder: sencillamente es un privilegio para unos pocos, quienes, en vez de pagar ellos por la totalidad de sus pensiones, es la ciudadanía, como un todo, la que debe apechugar con esa parte. Es urgente que este vicio se termine. 

A ver si los diputados hacen algo, porque me parece que la ciudadanía ya está muy molesta ante cosas como estas. 

Jorge Corrales Quesada

lunes, 30 de enero de 2017

Tema polémico: el futuro de las pensiones en Costa Rica

Para el día de hoy, queremos compartir con ustedes la invitación al seminario "El futuro de las pensiones en Costa Rica, organizado por nuestros amigos de la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE).

Fecha: jueves 9 de febrero del 2017
Lugar: Hotel Crowne Plaza, costado norte del Parque La Sabana
Hora: 6:30 pm

Programa

6:30 pm Inscripción de participantes
7:00 pm Marielos Alfaro, Directiva de la CCSS
7:20 pm Álvaro Ramos, Superintendente de Pensiones
7:40 pm Edgar Robles, ex Superintendente de Pensiones
8:00 pm Eliecer Feinzaig, Economista
8:20 pm Preguntas o comentarios del público

Costo: 5.000,00 (cinco mil colones)
Asociados al día con el pago de sus cuotas: entrada
gratuita
Cuenta: 100-1000220824-8
CC: 15100010012208242
Banco Nacional de Costa Rica.
Ced Jurídica: 3002045006
Pasar a Olga Sánchez copia de la transferencia

Reservaciones: Olga Sánchez. guita61@hotmail.com
Teléfonos: 2253-4460 / 2224-7350 / 8996-6569
Teléfono: 2253-4460 *Telefax: 2253-4497 * Apartado 3577-1000 San José, Costa Rica
E-mail: guita61@hotmail.com

martes, 24 de enero de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: recorte marginal de pensiones

De escasa, calificó la Contralora General de la República, señora Marta Acosta, a la propuesta de reducción de las pensiones del Poder Judicial, que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa. Tal es la información brindada en un artículo de La Nación del 17 de noviembre, que se titula “Contralora: recorte a pensiones judiciales es insuficiente: Marta Acosta compareció ante comisión legislativa.”

Sus palabras muestran claramente su preocupación por la deficiencia, al externar el criterio de la Contraloría de que, “sin ser expertos actuariales, (la propuesta) tendría un efecto marginal, porque las variables que están afectando la sostenibilidad futura del régimen de Pensiones del Poder Judicial están cambiando poco o no están cambiando (en el plan de ley)”.

La información suministrada por la Contraloría es reveladora de ello, en muchos aspectos a los que vale la pena referirse. Por ejemplo, el aporte del estado costarricense a dicho régimen es de un 13.75% del salario, por ser patrón de los empleados judiciales, al cual hay que agregarle otro de 1.2% del salario, llamado “aporte estatal.” Así, el aporte completo y real que el estado hace (en realidad, por todos los ciudadanos) para dicho régimen de pensiones, asciende a un 15% del salario. En contraste, el estado otorga un 6.32% de aporte, como tal, para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja del Seguro Social. 

Aprovechó la Contralora para recordar un voto pertinente de la Sala Constitucional, por el cual “No debe haber una contribución del Estado (como tal y como patrono) que sea excesivamente desigual a otros regímenes.” Obviamente, la pregunta que de inmediato le formulo al lector es si ¿no le parece “excesivamente desigual” el aporte del 15% de los salarios al Poder Judicial, en tanto que al IVM de la Caja sea de solo un 6.32%? Ojalá no nos aparezca un caradura por allí, que alegue que, entonces, lo que hay que hacer es subir el aporte estatal que hoy hace para el Poder Judicial, igual para TODOS los regímenes de pensiones. Así se haría gala de la mentalidad usual de creer que el dinero crece en los árboles y de la ignorancia de que, bajo el nombre de que sea “el estado” ponga más dinero, la realidad es que, quienes en última instancia lo pagarían, son los ciudadanos, quienes se ven obligados a transferir recursos al estado.

Hay tres particularidades del régimen de pensiones del Poder Judicial que se propone reformar mediante el proyecto enviado a la discusión legislativa: (1) cambia el cálculo que se hace para obtener la pensión, así como en la edad de retiro; (2) pone un tope o monto máximo a las pensiones en el futuro y (3) fija una contribución “solidaria” para los pagos que hoy se excedan del monto indicado en (2). 

Veamos la primera, acerca del cálculo de la pensión. Mientras que, en la actualidad, el régimen de Poder Judicial considera para la pensión, el promedio de los mejores 24 salarios (en contraste, el IVM es el promedio de los últimos 240 salarios), la reforma propone mantener el sistema actual para quienes ya hayan laborado bajo ese sistema durante los últimos 20 años y reduciría gradualmente aquel número de años-salario hasta llegar a un promedio de los últimos 120 salarios, para los nuevos pensionados. Esto es, siempre habría un trato evidentemente preferencial con respecto a los del sistema de IVM de la Caja.

Asimismo, dado que en la actualidad en el Poder Judicial se tiene una edad para pensionarse, que oscila entre 55 y 62 años, en el proyecto se fijarían 62 años para los hombres y 60 para las mujeres (obviamente ignorando la filosofía tan proclamada de igualdad real, pero ese diferencial de edad para pensionarse sucede, creo, en todos los diferentes regímenes de pensiones). 

En cuanto al segundo punto, se fijaría un tope máximo a las pensiones del Poder Judicial de ₡4.7 millones (hoy en el IVM es inferior a ₡1.5 millones). 

El tercer punto, el de la “contribución solidaria”, es muy interesante pues sería “de un 20% sobre el monto que se exceda a partir del tope establecido, con la posibilidad de subirlo a un 50% si un estudio actuarial demuestra que es necesario.” Deduzco de esto que, tal como se en el punto (2) se indicó que las pensiones tendrían un tope de ₡4.7 millones, eso sería sólo para efectos de quedar exento de tal “contribución solidaria”, pues dicha contribución sólo se aplicaría por encima de ese monto en los casos en que la pensión sea superior al tope arriba citado (en la actualidad, en este régimen, hay pensiones que superan a los ₡9 millones, según informa La Nación).

Por tal razón, la Contralora informa que esta propuesta de “contribución solidaria” alcanzaría relativamente a pocos pensionados que reciben montos por encima de ₡4.7 millones. Afectaría hoy a unas 29 personas, que, me parece, es un porcentaje relativamente muy pequeño de los pensionados actuales del Poder Judicial. De hecho, la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) “estableció que el impacto de la contribución solidaria sería mínimo, porque solo afectaría a cerca de 150 empleados judiciales de los 12.500 existentes.” La diferencia de esta cifra con la de la Contraloría podría deberse a que la de la SUPEN considera a los pensionados futuros de la base actual de empleados, mientras que la Contraloría se fundamenta en los pensionados hoy existentes. En ambos casos, los gravados con la tal “contribución solidaria”, cubren a una muy pequeña parte de los pensionados bajo el sistema del Poder Judicial.

En todo caso, es muy claro el pronunciamiento de la SUPEN, en voz de su superintendente, señor Álvaro Ramos, quien indicó, según el medio, que “la fijación del tope es solamente un ajuste mínimo”… “de 2% o 3% del  hueco (financiero en el régimen de pensiones).” La limitación del impacto de los ajustes señalados parece tener, como bien lo expresó, la contralora, “un efecto marginal.” A ello, agregue la preocupación ciudadana, que no observa una posición clara y firme de los diputados, para poner un freno a las prácticas abusivas que hoy reinan en las pensiones del Poder Judicial.

Jorge Corrales Quesada

martes, 17 de enero de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: historial de abusos con los recursos públicos

Realmente ha de causar angustia a los ciudadanos ver la evolución durante los últimos diez años de los privilegios salariales en el Poder Judicial. Siempre he mantenido un enorme respeto por las entidades del estado dedicadas a la administración de la justicia, en donde lo mínimo que he esperado es la prudencia y moderación en el uso de recursos que tanto le cuesta producir a la ciudadanía.  Todo ese gasto gubernamental proviene de impuestos que se les cargan a las personas y es JUSTO que su manejo sea sobrio y frugal, en atención a que mucho le cuesta a un pueblo generar riqueza, parte sustancial de la cual es tomada por el estado para realizar sus funciones esenciales, eso sí, siempre bajo la premisa de que el uso de recursos sea apropiado, sensato y comedido.

Felicito a La Nación por el estudio que presenta en un comentario del 2 de noviembre, titulado “Poder Judicial infló en ₡72.500 millones costo de pluses en última década: Presupuesto de incentivos creció 148%, el mayor registrado en todo el Gobierno Central.” La felicitación va por presentar ante nuestros ojos lo que uno no desearía ver, en especial, en entes respetados, como el judicial: un increíble “olio” de dineros, producto de lo que llaman “pluses”, que no son sino un trato diferenciado del uso de recursos públicos para beneficio de un grupo específico y que, como tales, no son otorgados a toda  la ciudadanía, pero, es sí, son sufragado con dineros de toda la ciudadanía.
Impresiona el historial de la última década. Lo reseño de acuerdo con el año en que se otorgaron, pero sólo de los últimos diez (no tengo conocimiento de otros de épocas previas). Debo indicar que, de acuerdo con dicha información, el número de empleados de dicho Poder asciende a 11.877.

Asimismo, que algunos de estos privilegios van a dar a grupos específicos dentro del propio Poder Judicial; incluso allí no están generalizados y, al no tener información acerca de la cantidad de personas que específicamente es favorecida, no puedo determinar el monto per cápita de cada uno de los siguientes “incentivos” o “aumentos” o “privilegios”, o como se les llamen.

1992: Se da un sobresueldo para los jueces (parece ser un sueldo por encima del sueldo ya establecido, según la reglamentación interna del Poder Judicial). En el presupuesto del año 2016, el monto por esta partida fue de ₡6.424 millones.

1998: Se otorga un pago adicional por “Responsabilidad por Ejercer la Función Judicial” –obviamente todo funcionario de un ente público o privado tiene una responsabilidad por ejercer, en cuya función se le paga un sueldo.  El monto para esta partida, contenido en el presupuesto del 2016, es de ₡15.741 millones. Se otorga a todos los empleados del Poder Judicial en un monto que va entre un 10 y un 30% según sea el sueldo.

2002: Se otorga un sobresueldo a los magistrados del 30% (francamente no sé si fue porque no les tocó con el adicional de 1998 o por otra razón). Lo cierto es que, en el presupuesto del 2016, se come la suma de ₡302 millones.

2002: Se da una bonificación por exclusividad policial (sólo para policías del Poder Judicial, no para los que uno conoce que forman parte del Ministerio de Seguridad). Su impacto presupuestario en el 2016 es de ₡1.384 millones.

2003: Se brinda otro sobresueldo a jueces (obviamente por encima de aquel del 2002).  En este caso, el efecto sobre el presupuesto de gastos es de ₡289 millones.
 
2007: Disponibilidad a chofer del magistrado, partida que asciende tan sólo -en el presupuesto de gastos del 2016- a la suma de ₡13 millones.
 
2008: Un pago adicional llamado Índice de Competitividad Salarial (ICS), que en el 2016 llegó a significar la gran suma de ₡17.298 millones (un nuevo beneficio, incluso aplicado a pensionados de ese Poder), presuntamente para que sus salarios fueran competitivos con los del resto de empleados del gobierno y, como dijo en su momento don Gilberth Armijo, en aquel entonces magistrado, “para que nuestros funcionarios tengan el salario que deberían estar disfrutando y no esperarnos a mendigar [sí; esa palabra aparece en el acta de la Corte Plena del 7 de abril del 2008] casi de aquí a tres años”. 
  
O, como lo expuso el entonces presidente de la Corte, don Luis Paulino Mora: “debemos aprovechar la bonanza transitoria de las finanzas públicas, porque quien sabe lo que ocurrirá en el próximo año.” Muy interesante: es cierto que en aquel entonces había una buena situación en las finanzas del gobierno durante los dos primeros años de la segunda administración de don Oscar Arias, pero, como lo “intuyó” –para envidia de muchos economistas predictores- don Luis Paulino, sabemos lo que “ocurrió”: una profunda recesión a fines del 2008, año en que se aprobó ese aumento en época de bonanza.
 
2008: Como que el llamado ICS aprobado este mismo año no satisfizo las apetencias de muchos. Así se aprobó un plus a puestos gerenciales, que se tradujo en un aumento en el presupuesto de gastos del 2016, por este ítem, de ₡73 millones.
 
2009: Como que el aumento grandote del 2008 -el llamado ICS- prendió la mecha a lo interno del Poder Judicial, pues ciertos grupos empezaron reclamar debido a que, el llamado plus a puestos gerenciales, tenía un “efecto negativo sobre el resto de la planilla”. Ante los reclamos por “equidad intraplanilla”, en el 2009 se aumentaron los salarios a jueces, defensores y profesionales en derecho 3.
 
2010: También ese huracán tuvo su coletazo, pues en tal año se tuvo que aumentar a los profesionales y, finalmente, aquel plus gerencial se trasladó a la base salarial.
 
2014: Se creó un nuevo incentivo llamado “regionalización en el Poder Judicial”, que en el presupuesto de egresos del 2016 llega a la suma de ₡319 millones.
 
Hay notas curiosas que destaca el reporte periodístico y de las que quiero hacerme eco.  Por ejemplo, que en el 2008 “los magistrados de la Sala Cuarte también fueron responsables de eliminar el tope de 30 años a las anualidades de todo el sector público, el plus más costoso en la actualidad.” Y que en 1991 “un voto de la Sala Constitucional ratificó la independencia de los poderes para fijar su política salarial.”
 
Veamos algunos datos que resumen el desborde. Los pluses aprobados desde aquella decisión citada de la Sala Constitucional en el párrafo previo, que, a la fecha, suman siete, ascienden a alrededor de ₡42 mil millones en el presupuesto del 2016, lo cual significa un 35% del gasto del rubro de pluses.
 
Dice el comentario periodístico que “En la actualidad [el Poder Judicial] es la institución con cargo al Presupuesto Nacional con los salarios bases más altos, con más incentivos específicos para todos sus funcionarios y la que paga porcentajes y rubros más altos por dedicación exclusiva y carrera profesional.”
 
Y adiciona, “en la última década ha sido el ente del Gobierno Central con el mayor aumento en su presupuesto de incentivos. Ese rubro creció 148% -₡72.500 millones… entre 2006 y 2016.” Sencillamente, esa partida pasó de ₡48.900 millones en el 2006 a ₡121.400 millones en el 2016.  Ninguna otra entidad tuvo “una mejora como la del Poder Judicial para sus casi 12.000 funcionarios.”
 
Vale la pena señalar que esos ₡121.400 millones en incentivos, pluses, subsidios o privilegios -llámelos como quiera- significa un tercio del presupuesto de gastos, que tanto que “en los ministerios a ese rubro se destina el 15% del gasto.”
 
¿Les parece que esto está bien?  ¿Les parece justo?  No digo nada más.

Jorge Corrales Quesada

martes, 10 de enero de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: ruin para todos; bondadoso para pocos

En estos días ha salido mucha cosa en torno al sistema de pensiones del Poder Judicial, por lo que he escogido referirme, al momento, sólo a lo que publica La Nación del 24 de octubre, bajo el titular “Poder Judicial infló pensiones con mala interpretación legal: SUPEN objeta la combinación de dos leyes para establecer montos de jubilaciones.”

El problema lo detectaron dos entidades diferentes. Una, la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), en su informe SP-629-2016 del 18 de mayo de este año, en que, de acuerdo con La Nación, “el Fondo de Jubilaciones otorgó pensiones con la mezcla de beneficios entre la Ley Marco de Pensiones y la Ley Orgánica del Poder Judicial.” Como resultado, “se otorgaron jubilaciones con montos sobrevaluados que representan casi el 100% del salario del trabajador jubilado”;  esto es, algo así como salir pensionado con el 100% del último salario que se disfrutaba.

La otra entidad fue la Auditoría Judicial, quien remitió al Consejo Superior -encargado de administrar el Fondo de Pensiones del Poder Judicial- su oficio 539-31-SAFJP-2016, “Evaluación sobre el otorgamiento y ajustes de jubilaciones y pensiones,” en donde señala que el sistema otorgó “montos de pensiones sobrevaluados y beneficios que se dieron de manera anticipada, cuyo efecto económico se replica en el tiempo.” Esa Auditoría advirtió que “641 empleados se jubilaron, entre el 2010 y el 2015, y no tenían la edad mínima de retiro (55 años), ni 30 años laborados, o bien ninguna de las dos condiciones.” Y agrega, luego, que “había un grupo de 938 servidores que podrían jubilarse con base en la interpretación errónea.”
 
¿Cómo fue posible “lograr” que “se diera” tal cosa? Como buen “enredo” legal, veamos su origen. Está en lo que se denomina el “beneficio del 2 X 1”, que es aquella mezcla arriba citada, que permite que, por cada dos años de servicio en el Poder Judicial, un empleado puede descontar un año de edad para pensionarse. Esto hizo (en apariencia así lo aplicó el Consejo Superior del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial), que la edad de jubilación pudiera ser inferior a la norma de 62 años, hasta el límite de 55 años, gracias a ese mecanismo del “beneficio de 2 X 1”.
 
Para la SUPEN, ese “beneficio del 2 X 1” era aplicable sólo para quienes, al menos, hubieran trabajado dos años en el Poder Judicial y tuvieran 55 años de edad, cuando estuvo vigente la Ley Marco de Pensiones de 1992. Para la SUPEN, deberían haber trabajado 30 años o más, para poder pensionarse.
 
Por otra parte, para la Auditoría Judicial, para obtener la pensión bajo el Fondo de Pensiones del Poder Judicial, se requería una edad mínima de 62 años. Para la Auditoría, deberían haber trabajado 30 años o más para tener derecho a la pensión.
 
¿Qué hizo el Consejo Superior?  Efectivamente exigió que se hubiera trabajado durante 30 años o más, pero, al aplicar el “beneficio del 2 X 1”, hubo gente que pudo pensionarse aun cuando hubiera laborado menos de esos 30 años. Además, la Auditoría Judicial en su informe señaló que detectó casos de jubilados que tenían menos de 55 años de edad.
 
En dos palabras, con esa mezcla de interpretaciones legales, “perdimos” los ciudadanos, pues sabemos que las pensiones del Poder Judicial no son financiadas por los beneficiarios en su totalidad y que, una parte importante de cada una de las pensiones en ese Régimen, es financiada con recursos del presupuesto de la República; esto es, mediante fondos de todos los ciudadanos contribuyentes del país. De esta manera, vemos un sistema -un estado- que es “bondadoso” para unos pocos, pero “ruin” para todos los ciudadanos que pagan impuestos
 
El accionar bondadoso del Consejo Superior, al mezclar esas dos leyes, permitió que unos pocos dentro del Poder Judicial, obtuvieran pensiones superiores. ¿Cómo es que tan duchos abogados o asistentes o aprendices o conocedores, o lo que sea, dentro de toda esta cosa de pensiones del Poder Judicial, no detectaron en el tiempo debido el problema de dicha interpretación? No tengo idea, pues son los mejores conocedores de las leyes. ¡Dios santo, protégenos de tantas “leyes” y de algunos que las aplican!
 
Jorge Corrales Quesada

martes, 20 de diciembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: dos ejemplos de culto a la mediocridad

Dos acontecimientos, que han visto la luz en estos días en nuestro país, son síntomas, en mi opinión, de un mismo problema. Me refiero, por una parte, al reciente recrudecimiento de llamados para que el bachillerato se elimine, supuestamente por afectar al futuro de quienes fracasan en dicho examen o bien porque no ayuda en nada a la educación de los estudiantes.  Por otra parte, La Nación publicó el 7 de diciembre un artículo bajo el titular “Solo 49 empleados públicos perdieron bono por desempeño: Evaluación en 2015 dio anualidades a un 99.99% de planilla dentro del Régimen del Servicio Civil,” que, aunque no lo parezca a primera vista, tiene mucha similitud con el primero.
 
En el caso de la propuesta de eliminar el bachillerato, eso les quitaría la “enorme” carga a los estudiantes de secundaria, de tener que estudiar duro y prepararse para una evaluación de lo aprendido. Ciertamente, el fracaso puede, en parte, ser atribuido a una mala labor de los maestros responsables, pero, esto tiene un corolario, que, asimismo es reflejo del mismo ámbito de mediocridad: los gremios sindicales correspondientes se oponen a que maestros y profesores sean evaluados en el desempeño de sus funciones. Es así como el camino fácil, la ley del mínimo esfuerzo, dominan este campo de la educación: que no haya exámenes de bachillerato para que todos los que terminan la secundaria sean automáticamente aprobados. No habría una regla de evaluación, como lo es el bachillerato. Tampoco avanza la idea de que los profesores y maestros sean objeto de la evaluación correspondiente, lo cual sin duda que incidiría en la rendición de cuentas que debe dar todo funcionario público, así como permitiría analizar la capacidad profesional de maestros y profesores para ejercer tal profesión y, si el resultado es negativo, señalaría, al menos, la necesidad de hacer una reingeniería de sus capacidades.
 
Por otra parte, los datos que el informe de La Nación nos brinda en su relato arriba mencionado, son apabullantes. Un total de 35.558 funcionarios fueron evaluados en el 2015, acerca de si había un cumplimiento adecuado de sus tareas, de forma que así se les hiciera merecedores del bono o anualidad por “desempeño”, que actualmente oscila entre un 1.94% y un 2.56% del salario, según sean los montos, en el caso de que la calificación recibida fuera de “buena”, “muy buena” o “excelente.”
 
Los resultados de la evaluación de esos 33.558 empleados sujetos al régimen del Servicio Civil, indican que 24.134 de ellos (esto es, un 72%) fueron valorados como “excelentes”, 8.616 (un 26%) como “muy buenos” y 759 (un 2%) como buenos, de forma que ¡todos fueron acreedores de aquel plus! Sólo 41 empleados fueron evaluados como “regular” (un 0.1%) y 6 como “deficientes”(o sea, 2.4 por cada diez mil empleados). En dos palabras, casi todos fueron  estimados como excelentes, muy buenos y buenos y, una cantidad ínfima, como regulares o deficientes. ¡Sin duda alguna que estamos en presencia de una maravilla mundial!
 
Todo se reduce a disponer de un camino fácil para lograr las cosas: usted no tiene que esforzarse para ser un empleado en verdad excelente o muy bueno, para que así se le incentive con una bonificación pagada por todos los ciudadanos; tampoco tendrá que preocuparse por trabajar duro para aprender en los colegios, de forma que se gane el examen de bachillerato. El facilismo permite que el “éxito” sea garantizado, sin esfuerzo alguno.
 
¿Saben, de paso, cuánto les costó a los contribuyentes, a los ciudadanos de este país, ese plus por desempeño de los empelados sujetos al Servicio Civil?  La ominosa suma de ₡806.368 millones, repartida así: ₡539.183 millones para los empleados de las instituciones autónomas y de las descentralizadas y ₡267.163 millones para los del gobierno central. Esos datos ni siquiera incluyen a “policías, maestros y a otros 1.789 empleados no evaluados por diversas razones.” Francamente, no sé si también todos esos empleados públicos citados reciben bonificaciones por desempeño y si todos son tan “perfectos”, como los del Servicio Civil.  Es un dato que nos quedó debiendo el comentario de La Nación.
 
Al menos existe un proyecto en la Asamblea Legislativa, presentado por la diputada Sandra Piszk, “que reservaría el pago de la anualidad únicamente a los empleados en las categorías muy ‘bueno’ y ‘excelente’”, pero, si se mantuviera el mismo sistema realmente ausente de valoraciones, tal como lo hubo en el 2015, ese plus se pagaría al 97.5% del total de empleados del Servicio Civil; o sea, casi a todos. El proyecto también considera que se “limitaría el porcentaje del plus entre un 2.5% y un 1.9% para los “excelentes” y entre un 1.9% y un 1.4% para los ‘muy buenos.’” En síntesis, la tasa del plus quedaría igual para el 72% de los empleados del régimen del Servicio Civil, si es que se mantiene el sistema de valoración vigente y tan sólo se rebajaría un poco para los empleados “muy buenos,” que, en la evaluación actual, son el 26%.
 
No sé si en las negociaciones en proceso en la Comisión de Asuntos Sociales, en donde un bloque de diputados del PAC + FA + PLN le están echando agua a la sopa, para diluir las propuestas de reforma de los salarios en el sector público propuesto por la diputada Piszk, ya se habrá aceptado esta propuesta de ella en torno al plus por desempeño o si también la han aguado. El proyecto de doña Sandra apenas toca un poquito al problema evidente, para cuya solución es crucial una reforma real y profunda de todo el sistema actual de evaluación de los empleados públicos, de manera que efectivamente se estimule a quienes desempeñan su trabajo muy bien o excelentemente y que se desestimule a quienes apenas lo llevan a cabo, quienes no recibirían bonificación alguna y, a aquellos malos o “deficientes”, como se les llama, que haya la posibilidad de sustituirlos por otros relativamente más eficientes.
 
Las reformas deben hacerse en serio, sino pronto estaremos, de nuevo, sumidos en gastos irracionales en nuestra política salarial del empleo público.

Jorge Corrales Quesada

martes, 13 de diciembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: la regulación no es gratuita

Con suma frecuencia uno escucha propuestas de personas para que se regule tal o cual cosa; esto es, que el estado, de alguna manera, restrinja la plena libertad en los mercados para lograr producir los bienes que una sociedad desea, la forma de hacerlo y para quien son esos bienes. Algunas veces tales sugerencias se hacen teniendo en mente una percepción de que algo no es correcto o que causa daño a quienes los usan, daño que no es cubierto por quienes lo provocan, así como cuando hay una práctica monopólica de algún agente económico.  Pero, en otras ocasiones, la motivación para pedir una regulación descansa en la falsa impresión de que el estado sabe y tiene un conocimiento mayor que todos y cada uno de los individuos que toman decisiones en un mercado y que, por tanto, está en capacidad de enderezar apropiadamente lo que se considera que no está bien. No debe descartarse, tampoco, que factores tales como la envidia motiven tales requisiciones, a fin de afectar a alguien a quien no se considera merecedor de algo o porque simplemente las acciones de este no van en beneficio particular del proponente de la regulación. Esto último es frecuente cuando, mediante una regulación, se logra impedir que haya una mayor competencia en el mercado.

Cualesquiera que sean las motivaciones para la regulación, ella nos señala que, en algunas circunstancias -usualmente no muchas- se trata de una posibilidad deseable para que el estado intervenga en corregir algo que no funciona tan bien como podría serlo. Un caso de una regulación conveniente puede ser, por ejemplo, fijar la velocidad máxima a que puede transitar un vehículo en ciertas calles o zonas. Pero, el punto al cual quiero llegar en esta ocasión, es que esa intervención, conveniente o no, siempre tiene un costo, y que éste debe ser comparado con los posibles beneficios que traiga dicha regulación.  Tal comparación nunca se suele hacer en nuestro medio, pues las regulaciones suelen surgir ya sea porque a algún burócrata estatal o bien a un grupo de diputados, se le puede haber ocurrido que tal regulación era conveniente en sí, sin hacer la comparación debida de su costo con su beneficio.  Tan sólo vislumbran a un presunto beneficio para la sociedad -el cual, incluso muchas veces cuesta distinguirlo- resultante de una regulación, pero nunca siquiera toman en cuenta a los costos que trae asociada.

Además, es posible que mucho de ese incremento regulatorio, provenga de un deseo de políticos de introducir regulaciones, bajo la creencia de que con nuevas medidas de ese tipo, van a dejar huella de su enorme capacidad como gobernantes.  Pero, lo cierto, es que más bien con sus acciones suelen provocar un daño a consumidores y productores.

Esos costos de la regulación se puede decir que aparecen en dos grandes áreas de análisis. Uno de ellos, que me permito llamar el impacto económico, es esa estimación de los costos y los beneficios de la propuesta regulatoria que tiene sobre la sociedad como un todo, pues usualmente dicha regulación afecta la asignación de los recursos productivos en el mercado, imponiendo costos adicionales a la producción de la actividad que se regula.

La otra área, que llamo impacto financiero o monetario, y que es parte de ese marco general antes referido, suele ser muy evidente, pues es el costo formal de la regulación, usualmente mediante cánones o cobros a los entes regulados, quienes, a su vez, tienen la posibilidad legal de trasladar esos costos directamente hasta los usuarios.  Esto es, tales costos terminan siendo pagados por los consumidores, pues van incluidos dentro de los precios de los servicios regulados.

Por ello, es interesante el artículo de La Nación del 17 de noviembre, titulado “Regulación de servicios públicos costará ₡15.000 millones a clientes: Canon de supervisión cargado a tarifas subirá 6.6% en el 2007.” Pero, desde ya, observen y que quede muy claro, que estos datos se refieren únicamente a lo que tiene que ver con la regulación que hace la ARESEP, y no la totalidad de la regulación estatal en la economía, que en mucho trasciende a la que practica la ARESEP, pues aquella se presenta en muy diversas entidades y por muy diferentes leyes. Incluso, no se tiene idea del costo de este último ámbito regulatorio estatal, diferente y en comparación con el de ARESEP, el cual nos lo brinda el artículo periodístico bajo comentario.  Este otro costo monetario podría ser mayor o menor que el de la ARESEP, pero posiblemente es significativo. 

Veamos algunos datos importantes del costo financiero o monetario del servicio regulatorio de ARESEP. Para el 2017, se estima que se recaudará de los clientes regulados -mediante los llamados cánones- la suma de ₡15.354 millones. Eso significa un aumento de más del 6.6% con respecto a los ₡14.401 del año que recién concluye.  Pero, hay más: tan sólo desde el 2014, el ingreso por canon aumentó en ₡5.202 millones; esto es, en tres años ha habido un aumento de más de un 51.2% (o sea, un promedio anual de aumento del 17% aproximadamente). Ciertamente, el personal en la ARESPEP ha aumentado en número -algunos han dicho también en calidad, pero eso no lo puedo comprobar- llegando ya a casi 3.000 empleados. 

Por supuesto, los jerarcas de la ARESEP dicen que esos aumentos de recursos, provenientes de los cánones, serán empleados en un mejor control de los servicios de buses y taxis, pero, sépase que esos mayores recursos son pagados por la vía de las tarifas que ARESEP le permite a sus regulados, cobrarlas a los consumidores finales. 

Las principales fuentes de ingresos de cánones para el 2017 (los ₡15.354 millones) provienen del transporte en un total de ₡4.565 millones, básicamente de autobuses ₡2.829 millones y de taxis ₡1.714 millones.  Luego, de los combustibles ingresarían uno ₡4.006 millones; en esencia, de los combustibles de RECOPE, ₡2.737 millones y ₡1.269 millones de distribuidoras y transportistas de aquellos. Le sigue en importancia el canon del agua por ₡3.291 millones, siendo casi todo proveniente del servicio de AyA (₡3.265 millones). Luego están los costos de la regulación de electricidad, por la suma de ₡2.249, en donde destacan, el ICE con ₡1.368 millones, Fuerza y Luz con ₡450 millones y otros relativamente menores. Otra fuente importante se denomina regulación portuaria, que generará ingresos por el canon de ₡1.110 millones y, finalmente, hay otros ingresos menores de algunas otras actividades reguladas.
 
Lo cierto es que ese costo será pagado por todos los ciudadanos, sin quite alguno, porque muchos de estos servicios son brindados en condiciones no competitivas o poco competitivas para entes del mismo estado, que no permitirían al consumidor dejar de pagarlo.
 
La regulación no es gratuita y lo descrito en los últimos párrafos es sólo una parte -la financiera o monetaria- de todo en lo que incurre la sociedad e incluso es lo correspondiente a uno sólo de los reguladores, la ARESEP, faltando lo de otros entes que regulan actividades dentro del estado. Lo que es más inquietante es que por ningún lado se muestran estimaciones del costo económico total de la regulación (ni de su posible beneficio), por el impacto de alterar las decisiones de consumo, producción y distribución en la economía. Como ven, estamos en un hoyo negro de costos regulatorios, que los pagamos, ya sea tanto directamente en los precios de los bienes y servicios regulados, como indirectamente por las distorsiones que introduce en la economía.  La jarana de la regulación siempre sale a la cara; sólo que nosotros la pagamos, para que la burocracia pueda seguir imponiendo más y más regulaciones, sin ton ni son.

Jorge Corrales Quesada

martes, 6 de diciembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: situación del empleo en el país al último trimestre

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó la Encuesta Continua de Empleo correspondiente al tercer trimestre del 2016 y presenta algunos datos interesantes acerca de la condición del empleo en el país, según dicha encuesta.

Uno dato usualmente esperado de este proceso continuo, es la situación del empleo en la economía, reflejada por su tasa de desocupación, la cual esencialmente se define como el porcentaje de la fuerza de trabajo que no trabajó en la semana de la encuesta y que estaba buscando empleo.  No es tan buena la noticia al respecto, dado que la tasa aumentó a un 9.7%, comparada con la equivalente del trimestre anterior de un  9.4%, así como si se le compara con aquélla del mismo trimestre del 2015, que fue de 9.2%. No obstante, señala el informe del INEC citado que la diferencia entre trimestres de ambos años “no presentó variación significativa”; y posiblemente igual respecto a los dos trimestres del 2016 que se comparan.

Asimismo, es útil ver el indicador de la situación de empleo en el país, conocido como la tasa neta de participación, que es el porcentaje de la fuerza de trabajo (la población en edad de trabajar que en esos momentos se encontraba trabajando o buscando trabajo) respecto a la población total en edad de trabajar. De acuerdo con este indicador, la tasa neta de participación subió a un 57.7% en el tercer trimestre del 2016 comparado con en el segundo trimestre de este año, lo cual es algo positivo; sin embargo, resulta negativo al comparar los resultados con el respecto al mismo trimestre del año pasado cuando fue de 61%.  Es decir, vamos mejorando en lo que estaba mal; o sea, mejor que en el trimestre pasado, pero aún por debajo del indicador de los años previos, en que ha oscilado entre el 60% y el 63%.

Panorama similar se presenta en cuanto a otro indicador del mercado laboral en Costa Rica, como es el del empleo informal.  Éste indicador es importante por varias razones, por lo que, para entenderlo bien, les brindo su definición del INEC: “comprende el total de empleos que cumplen las siguientes características, según la posición en el trabajo de la persona: i) Personas asalariadas que no están inscritas en la seguridad social a través de sus patrones, ii) Ayudantes no remunerados, iii) Trabajadores por cuenta propia y empleadores que tienen empresas no constituidas en sociedad (no están inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad y no llevan una contabilidad formal).” Es muy similar a lo que se suele llamar el empleo en la economía subterránea o, al menos, es un indicador de ella.

Pues bien, en el tercer trimestre del 2016, el porcentaje de ocupados con empleo informal fue de un 42.7% del total de personas empleadas, mientras que para el mismo trimestre del 2015 fue de 45.7%, lo que nos da una buena impresión a primera vista -¡un descenso del empleo informal!- pero, ello no parece deberse a que la gente dejó de estar en el empleo informal para integrarse al empleo formal. Para el tercer trimestre del 2015, la población ocupada en la informalidad fue de, aproximadamente, 942.844 personas y pasó a, más o menos, 842.099 personas en el tercer trimestre del 2016: un descenso de 100.745 trabajadores. Uno desearía que estos cien mil trabajadores hayan dejado la informalidad y trasladado a la formalidad, pero, el número de trabajadores formales pasó tan solo de 1.120.273 en el tercer trimestre del 2015, a 1.130.029 en el trimestre correspondiente del 2016, es decir, un aumento en dicho lapso de 9.756 trabajadores empleados en la formalidad, lo cual implica que la diferencia por 90.989 habría dejado de trabajar. 

Se ha señalado que esa caída de la población en informalidad se debe en mucho a disminución de empleo doméstico en los hogares costarricenses; incluso se ha indicado que eso podría reflejar problemas con la demanda de familias de ingresos medios en el país. Ello parece ser así y nos permite explicar por qué se ha gestionado en entes gubernamentales un tratamiento tributario y medidas similares, que tiendan a disminuir el costo por tales servicios, pues ello bien puede estar incidiendo en esa menor demanda de mano de obra de servicios domésticos.  Por ejemplo, el elevado costo del aguinaldo -una y media veces el salario mensual, debido a que se considera que se debe pagar aguinaldo por lo que al trabajador se le da por alimentación, considerado con un valor del 50% del salario nominal normal- sin duda que hace que la gente de recursos medios lo piense dos veces antes de contratar tal mano de obra.

La explicación del problema descrito en torno a que el descenso en el empleo informal no se refleja en un aumento del empleo formal, parece surgir del descenso de la tasa neta de participación que, como indicamos antes, pasó de un 61% en el tercer trimestre del 2016, a un 57.7% en el trimestre correspondiente del 2016. Ello había significado que, como lo indica el INEC, que “alrededor de 89 mil personas salieron de la fuerza de trabajo.” 

Al observar los descensos en dicha tasa, ya sea para trabajadores masculinos o femeninos, el descenso fue mayor (-4%) en la tasa de participación de las mujeres que en la de hombres (-2.8%), según el informe del INEC, en mucho por una disminución en el empleo de trabajadoras domésticas.

En síntesis, en el panorama laboral algunos indicadores señalan una mejoría relativa en cuanto a una disminución ligera del desempleo, pero, persisten serios problemas derivados de una disminución en la tasa neta de participación, que compara la fuerza de trabajo con la población total en edad de trabajar, pues se dio un descenso en la fuerza de trabajo de casi 91.000 personas en ese lapso, aunado a un crecimiento usual de la población en edad de trabajar (población de 15 años o más).

Esperamos que en el campo laboral haya mejores noticias en los próximos meses, pero su positividad está en función de una serie de políticas que, al momento, están en juego en la economía, como son los planteamientos de mayores impuestos, que es muy posible que, de aprobarse, tengan una incidencia negativa sobre la demanda de mano de obra.


Jorge Corrales Quesada

martes, 29 de noviembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: asuento, eufemismo para regalar vacaciones

En nuestro país las leyes laborales y las regulaciones administrativas de muchas instituciones gubernamentales, determinan claramente la cantidad de vacaciones a que tienen derecho sus empleados.  Esto es, que por tomar vacaciones no se les reduce el salario correspondiente, tal como si hubieran trabajado esos días.  Pero, también, puede ser posible, en algunos casos, que si el trabajador decide no tomar tales vacaciones, se les pagan esos días adicionalmente tal como si los hubieran trabajado.

Pero, ¿es posible que un trabajador pueda tomar la totalidad de sus vacaciones, a la vez que se le otorgan otras adicionales, mediando un pago como si hubiera trabajado efectivamente? Bueno, sí es posible. Sucede cuando se declara un asueto. Esto es, son unas vacaciones que se toman y se recibe el salario como si en esencia hubiera trabajado en esos días.  Eso se ha visto recientemente en el país, en algunas ocasiones, por ejemplo, si no me equivoco, cuando el gobierno decretó asueto para los empleados públicos al regresar al país la Selección Nacional de su gesta victoriosa en Brasil, hace un par de años. Y, también, en días recientes, cuando, ante la amenaza de daño grave por el huracán Otto, el gobierno decretó asueto por un par de días para un número importante de trabajadores del sector público.
 
Ahora resulta que el rector de la Universidad de Costa Rica, señor Henning Jensen, decretó hace poco un asueto de cinco días para los empleados de esa entidad (me imagino que también incluye al propio rector). ¿Cómo es esto? La información -que lamentablemente provocó pocas reacciones ciudadanas, probablemente a la luz de otros acontecimientos que en esos días sacudieron al país- nos la brinda La Nación del 19 de noviembre, en su comentario titulado “Rector regala a empleados de UCR cinco días libres: Tendrán 3 semanas de descanso a fin de año.”
 
Así es, la rectoría decidió que, en este fin de año, los trabajadores de la UCR tengan tres semanas de vacaciones -del 17 de diciembre al 9 de enero- pero, de las vacaciones a las cuales ellos tienen derecho, se les reducirán tan sólo 10 días y los cinco días restantes se les darán porque sí; esto es, no se les reducirán de las vacaciones anuales a las cuales tienen derecho. A eso le llaman “asueto”. Una palabra “bonita” para dar a entender que la ciudadanía estará pagando cinco días de sueldo a los funcionarios de la UCR, sin que ellos trabajen. Pagándoles por hacer nada.
 
La historia es que, inicialmente, se iban a dar las tres semanas de vacaciones (obviamente pagadas), que se descontarían de aquellas a las que los empleados tienen derecho. Pero, ¡pobrecitos!, la secretaria del sindicato de empleados de la UCR, doña Rosemary Gómez, envió una carta al rector, pidiéndole que sólo se les rebajaran dos semanas y que la tercera les fuera dada -¡vean que expresión más linda!- como “receso institucional,” a fin de “no afectar a los empleados nuevos que acumulan pocos días de vacaciones,” según señala el comentario periodístico. Dado, que si los empleados no podían tomar vacaciones cuando las quisieran, “se les provoca un estado de indefensión.”
 
El rector aceptó la “sugerencia” y adujo que él tenía la facultad para declarar tal asueto, pues podía hacerlo “dentro de días laborales para asistir a actividades que interesen a la Universidad o al país.” O sea, al país y a la Universidad les interesa que tengan tres semanas de vacaciones y que se les carguen tan sólo dos a las que tienen derecho en el año. Lo que hay detrás de esto es una farsa: se pretende encubrir el donativo vacacional como si fuera algo que le interesa al país y -se arguye así- a la Universidad. Les interesa que no trabajen y que sean pagados por esa semana adicional.
 
Claro, si eso se diera en una empresa privada, ésta tomaría en cuenta el costo que tal donación tiene sobre sus ganancias y el administrador responsable de la decisión tendría que dar cuentas a los accionistas y, en caso de que ese administrador fuera accionista, pues sería por su propio gusto donar lo que alternativamente podría ser suyo. Pero, la UCR puede incurrir en ese gasto porque no tiene que darle cuentas a nadie más que a sí misma, pero son los ciudadanos, quienes pagan impuestos al estado y con ellos les hace una transferencia multimillonaria a las universidades estatales, entre ellas a la UCR, quienes en verdad están incurriendo en ese costo. Porque, como dice el rector, ¡pobrecitos!, “sólo se les rebajan diez días porque fíjese (me imagino que se lo dice al periodista) que, de lo contario, perjudicamos demasiado al trabajador.”
 
Al trabajador no se le está perjudicando. Se están aplicando las leyes usuales y, si acaso, lo que se está haciendo es una interpretación abusiva de las cosas. Son los costarricenses contribuyentes del erario público, quienes están sufragando el beneficio para los “indefensos”; los “perjudicados.” A veces no quiero pensar mal, pero cosas como éstas a uno lo irritan: No sé si esta actitud “mangancha” e irresponsable del rector, para favorecer indebidamente a los empleados de la Universidad, al pagarles por días que no laboran, no es más que una muestra de cariñito, ante acusaciones que el sindicato de la UCR ha hecho recientemente acerca de ciertas actuaciones del rector.  Ojalá no sea esa la razón, pero no encuentro otra que me explique tal dadivosidad con los fondos de la ciudadanía.

Jorge Corrales Quesada