martes, 23 de agosto de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: un impuesto absurdo

Ya el gobierno, insaciable como siempre, nos anuncia un nuevo impuesto: gravar las transacciones por Internet que llevan a cabo los ciudadanos del país.  Esta información la suministra La Nación en su edición del 9 de junio, bajo el titular “Gobierno cobraría IVA a todas las compras en línea: Proyecto de ley de impuesto al valor agregado abre opción para aplicar tributo.”

No es que las importaciones que a la fecha se hacen por medio de Internet estén exentas de impuestos: uno lo paga cuando retira el producto del servicio dedicado a procesar la traída al país, en donde se le cargan aranceles, que es un impuesto en este caso similar al papel que desempeñaría el nuevo gravamen.  La pretensión de Hacienda es la de cobrarnos un mismo impuesto bajo diferente nombre y posiblemente con diferente tasa, pero aplicado sobre el mismo bien y en el mismo acto de importación.

La pretensión gubernamental es usar como medio de control impositivo el uso que se hace de tarjetas de crédito para cancelar la transacción.  Esto no es tan fácil, pues incluso en los Estados Unidos no ha sido posible ponerlo en práctica, no sólo porque allá rompe el principio de libertad de comercio entre diferentes estados -hecho que se muestra en la ausencia de impuestos al comercio interestatal- sino que también las tarjetas de crédito se emiten en diversos estados distintos de aquellos de adónde y hacia dónde se dirige la transacción.

Ello abre el camino para que el ser humano, que intenta seguir disfrutando del beneficio derivado de la libertad de comercio y que le permite adquirir lo que prefiera, a un costo menor y posiblemente mejor calidad, pueda seguir haciéndolo.  Simplemente se utilizará en la transacción una tarjeta de crédito emitida en un tercer país.  Por ejemplo, Nicaragua y Panamá les entregarán tarjetas de esos países a ciudadanos de Costa Rica, para que las usen en pagos internacionales entre Costa Rica y un tercer país.

Me imagino que esta es la razón por la cual el proyecto de gravar con el IVA del 15% que ya pretende imponernos este gobierno, no puede entrar pronto en vigencia (además de que tendría que ser aprobado por la Asamblea Legislativa), pues, en palabras del viceministro de Hacienda, señor Fernando Rodríguez, apenas “trabajan con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), para definir el mejor mecanismo para gravar esas operaciones.”

A mí me llama la atención el papel que puede desempeñar la OECD en estas cosas, casi como la de un gobierno supranacional, coadyuvando a poner impuestos no sólo en un país que todavía no es miembro de la OECD, según entiendo, pero bajo un espíritu que me permito de calificar de imperialismo tributario, cual es imponer gravámenes como si fuera un agente tributario en esta nación. Incluso hay países miembros de la OECD que no tienen tales gravámenes incorporados en sus legislaciones internas, a fin de cobrar el IVA a transacciones por medio de Internet y que usan tarjetas de crédito como medio de pago. Ciertamente que nos dirán que lo que la OECD brinda es asistencia “técnica” y que la decisión final la tomara el país correspondiente.  Pues, ¡no me ayudes, compadrito de la OECD, a cargarnos de nuevos y mayores impuestos!

Apenas el ser humano tiene un respiro frente al Leviatán, en este caso gracias a ese maravilloso avance tecnológico que es la Internet, el estado mete sus muy visibles manos, para extraernos parte de los beneficios que esa tecnología nos permite. Es la aplicación de la primera parte de la famosa frase de Reagan: “Si se mueve, ponle un impuesto; si se sigue moviendo, regúlalo; si deja de moverse, subsídialo.” Cuando la persona realiza transacciones por Internet, entonces, el estado, al ver que se mueve, corre a grabarlas con impuestos.  Luego, ante la incapacidad de detenerlo, si se sigue moviendo, introducirá la regulación, que en este caso podría ser la de asumir el control de la privacidad de Internet. Y tal vez, una vez muerto, y al darse cuenta de que ya no le produce ingresos al fisco, habrá algún genio de turno en el gobierno a quien se le ocurrirá subsidiarlo, a fin de revivirlo y poder así seguir ordeñando la vaca tributaria.  Claro, hasta esta última circunstancia la pagaríamos todos los ciudadanos contribuyentes: en conclusión siempre pagamos al todopoderoso estado, hasta el día en que la cosa se extinga, que desaparezca de la tierra, como le sucedió al pobre tiranosaurio o al triceratops o al pliosaurio, a quienes afortunadamente el ser humano, a través del estado, nunca pudo lograrlo por la vía de los impuestos.

Jorge Corrales Quesada

martes, 16 de agosto de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: la libertad no es gratuita; tiene un costo

Empezaré mi comentario con algo que parecerá obvio: los humanos nos vemos obligados a escoger. La razón surge de la escasez natural de las cosas, de las ideas, de las posibilidades, que una persona encara cuando busca satisfacer sus diversos deseos o necesidades. Si la escasez no existiera, no habría necesidad de escoger entre alternativas, pues, en términos sencillos, habría de todo y sin costo alguno.  La realidad es que los recursos con que se producen las distintas cosas son escasos y ello se traduce en que la producción sea por definición limitada. Exige que tengamos que escoger cuáles de esas de esas necesidades o deseos preferimos satisfacer.  No podemos tener de todo. Siempre habrá que escoger, que optar entre alternativas.

Nos pasamos la vida escogiendo entre opciones.  Dada la limitación de recursos -todos tenemos un presupuesto limitado, no infinito, para gastar- usamos nuestro dinero en aquello que nos satisfaga relativamente más, tanto material como espiritualmente. Si gasto en un libro, no podré gastar esa misma plata en comprarme un lápiz y así con todas las cosas.  En nuestra vida personal debemos elegir cuál es la mejor manera en que podemos usar nuestras habilidades y nuestros esfuerzos. Lo mismo sucede en las empresas, que han de elegir cuál es la mejor forma en que pueden usar el trabajo y la maquinaria para producir. La escogencia es omnipresente.

Al elegir algo, sacrificamos optar por otra alternativa.  Cuando compro aquel libro, estaré sacrificando, o sea, perdiendo el beneficio o satisfacción que me brindaría la alternativa, como, por ejemplo, la de comprar aquel lápiz. Así sucede con todas las cosas en una economía.

Siempre prefiero tener la posibilidad de escoger en comparación con no tenerla.  Imagínese lo que es que usted no pueda -teniendo el dinero para así utilizarlo- comprar algo que desea adquirir.  Pero, también, deseo ser libre de escoger lo que prefiero: que sea yo quien defina lo que deseo adquirir.  Esto no significa que alguien no me puede sugerir o aconsejar acerca de la conveniencia de adquirir algo. Se trata de que dicha adquisición sea hecha por mi voluntad propia, sin que se me obligue a hacerlo. Alguno me dirá: ¿Y si está con una enfermedad terminal y tan sólo hay una medicina que puede adquirir, dejaría de ser libre de escoger, aunque tenga los recursos para comprarla?  Pueden existir restricciones tecnológicas, si bien casi siempre hay sustitutos, pero aun así tengo libertad de abstenerme de compararla.  El punto es que nadie debe imponer su voluntad por encima de la mía para que adquiera algo. Nadie mejor que yo puede saber cuáles cosas prefiero o deseo; unas más que otras. Y ¿qué en el caso de una adicción? Se me ocurre pensar que, en algún momento, esa persona escogió, tomó una decisión, en vez de elegir otra cosa. No hay duda que tener la información adecuada en el momento en que se toma una decisión, puede ser apropiado, aunque obtenerla en muchos casos puede significar incluso un costo alto.

El tema es apasionante y especialmente útil en circunstancias reales como cuando se nos quiere impedir o limitar nuestras posibilidades de escoger libremente. Tengo en mente el tema cuando en una economía surgen prácticas que, de hecho, me impiden escoger.  Tal es el caso de un monopolio, en donde existe un sólo oferente de un bien o servicio que deseo adquirir. Si lo quiero consumir, no tengo otra alternativa que adquirir el que se me ofrece en el mercado.  Por supuesto, que es posible adquirir un bien alternativo en algún otro mercado. Por ejemplo, viajando al exterior y trayéndolo al país, pero es obvio que eso acarrearía enormes costos, no sólo por gastos de viaje, sino posiblemente a causa de elevados impuestos y barreras arancelarias que, de hecho, suelen ser la razón que me impiden adquirirlo en el mercado doméstico, obligándoseme a consumir sólo lo que el monopolista local me ofrece. 

Los monopolios domésticos no pueden del todo impedir que la gente escoja, pero ciertamente no serán muchos los que pueden darse el gusto de pagar tan elevados costos para adquirir aquel producto en un mercado internacional, pues con todas esas restricciones posiblemente me resulta más caro que si se le compra al monopolio nacional. Pero ciertamente estaría en mejor situación si pudiera adquirirlo más barato (y posiblemente de mejor calidad) en el mercado doméstico, en donde existiera competencia, tanto de otros productores domésticos como del exterior. Por eso los monopolios domésticos se suelen oponer al libre comercio internacional: para obligarme a pagar más caro por el artículo producido domésticamente.

Creo que el ciudadano se ha dado cuenta gradual -y ello me ha motivado a escribir este comentario- de que ciertas actividades que le son ofrecidas en condiciones monopólicas o en arreglos de naturaleza similar (como los carteles y oligopolios), no son su mejor opción, pues desea tener alternativas que le brinden la posibilidad de escoger a precios y características preferidas que les sean más baratas o de mejor calidad. Creo que esa es la razón por la cual la ciudadanía considera deseable tener un mayor número de oferentes de combustibles en el país, en contraste con la obligación hoy impuesta de adquirir obligatoriamente los combustibles de RECOPE. Asimismo, el deseo de los consumidores de tener opciones ante el servicio monopólico de un gremio de taxistas, se ha reflejado en el enorme éxito de un competidor nuevo en el mercado, como es el llamado Über, al igual que sucedería con cualquier otro que pueda entrar a competir en el mercado con un sistema similar.

Hay una realidad en la economía y es que monopolios como esos existen porque el estado nos los impone a los consumidores. Igual lo pretendió en el pasado con la telefonía, la educación universitaria y la banca comercial, para dar algunos ejemplos.  Los usuarios y consumidores hemos logrado que en el mercado no estemos prisioneros de un cartel o de un monopolio protegido por el estado, sino que se abrieran las puertas para nuevas alternativas preferidas por los consumidores. Para quienes no les gustaron las nuevas opciones, siempre está la posibilidad de consumir tales bienes o servicios de los antiguos proveedores monopólicos, hoy sujetos a competencia.  Hoy nadie se ve obligado a adquirir la telefonía Kolby, del ICE estatal. Si adquiere ese servicio, es porque así lo prefiere. Similarmente, hoy a nadie se le obliga a usar los servicios del Banco de Costa Rica o del Banco Nacional si así lo prefiere. Actualmente uno no está obligado a acudir a estudiar en la Universidad de Costa Rica -monopolio que hasta hace poco más de 40 años nos era obligatorio, si queríamos estudiar en el país. Hoy lo hará libremente si lo prefiere y logra ser admitido.

Es necesario tomar en cuenta lo siguiente: desde que hay competencia en el país, creo que ha mejorado el servicio del antiguo cartel de bancos estatales, así como los previamente monopolizados de telefonía por parte del ICE. No comento por falta de información acerca de la calidad de la Universidad de Costa Rica, pues considero que mantiene la de antes, aun enfrentando competencia.

Pero bien sabemos del enorme crecimiento de transferencias de recursos (subsidios) de parte del estado -que en realidad son recursos de los ciudadanos utilizados así por el estado- para poder decir que es lo que puede haber permitido la permanencia de su calidad. Eso que cada cual lo valore como le parezca. Eso sí, la competencia en todas estas áreas ha aumentado la satisfacción de los consumidores, quienes ahora pueden escoger entre diversas opciones y, si no le gustan las nuevas, pueden quedarse con la vieja. Esa entrada de competencia, rompiendo monopolios, ha logrado que en mucho se reduzcan los costos previos y se mejoren los productos o servicios que ahora puede adquirir.

La lucha en contra del monopolio, que restringe nuestra libertad para escoger, nunca es fácil: la competencia no es gratuita. A ello es a lo que principalmente deseo referirme. Esa batalla es dura, porque, para empezar, el monopolio es, por definición, la existencia de un solo suplidor. Tal como con los casos de sus parientes institucionales restrictivos de nuestras posibilidades de escoger libremente, el oligopolio -unos pocos oferentes- o el cartel, organizado este último gracias al claro apoyo del estado, significan que siempre uno o pocos oferentes se quedarán con las enormes ganancias derivadas de la menor producción dedicada a satisfacer los deseos y necesidades de los consumidores. Así aumentan el costo en el mercado; el sobreprecio de más que paga cada consumidor, que individualmente puede ser alto para cada uno, siempre será inferior al monto total que quedará en manos del oferente único o de los pocos. 

La tajada cobrada de más por el monopolio o similares, en pedacitos de mayor o menor tamaño a cada consumidor individualmente, siempre será una minúscula parte del total, que queda en manos del monopolio o de entes monopolísticos similares. Esto se ha documentado claramente en el caso del arroz en el país, en donde el enorme total que va a dar a unos cinco productores protegidos, constituye una inmensidad, en comparación con el poco más –aunque ese poco es importante en el gasto personal o familiar- que paga cada consumidor cuando adquiere un kilo de ese producto. Piensen también en el caso del azúcar nacional o de los lácteos.

Tan enorme ganancia hace que los privilegiados dediquen recursos a proteger su feudo, que ofrezcan apoyo político al gobierno que les protege de la competencia, sin mencionar otras cosas, pues lo que tiene que invertir el protegido en su “búsqueda de rentas”, usualmente no es mucho en comparación con el pedazote total que logran extraer con el sobreprecio a los consumidores.  Creo que vamos entendiendo parte de las razones por las que Costa Rica es tan cara para sus consumidores.

De un libro de Milton y Rose Friedman, Tyranny of the Status Quo (La Tiranía del Estado de las Cosas), escrito en 1983, extraigo la conclusión para esta parte de mi comentario: “Cualquier medida que afecte significativamente a un grupo concentrado -ya sea para favorecerlo o desfavorecerlo- tiende a tener efectos sustanciales, ocurren rápidamente y son altamente visibles sobre miembros individuales de esos grupos. Los efectos de esas mismas medidas sobre los miembros individuales de un grupo difuso -de nuevo para favorecerlo o desfavorecerlo- tienden a ser triviales [de poca monta], ocurren más lentamente y son menos visibles. Una reacción rápida y concentrada es la fuente más importante de la fuerza de los grupos de interés especiales en una democracia.” (P. 6). De esta manera podemos entender por qué cuesta tanto lograr ciertos cambios en nuestra economía.

Esa es la realidad: los consumidores estamos sujetos a la tiranía del status quo, tal como lo enfrentamos en estos momentos en que luchamos por tener mayores opciones entre las cuales escoger. Conscientes de esa realidad es que debemos fortalecer nuestros esfuerzos cívicos en favor de tener una mayor libertad para escoger. La libertad no es algo gratis; obtenerla significa un costo que incluso a veces es muy elevado.  No fue ni fácil ni barato poder alejarse de la tiranía de los faraones egipcios;  tampoco lo fue el levantamiento de los barones ingleses en contra del tirano rey Juan Sin Tierra, hasta que lograron aprobar sus derechos mediante la firma de la Carta Magna. Y aún más difícil y onerosa lo fue la lucha contra el nazismo y el comunismo en el siglo XX.  La libertad nunca nos ha caído del cielo, sino que ha sido lograda por el esfuerzo de personas deseosas de ejercer su autodeterminación. Que puedan escoger libremente de acuerdo con sus preferencias individuales, que sus elecciones no sean impuestas por un estado o por un grupo de privilegiados protegidos por ese mismo estado, sino que sean el resultado de su propia conciencia y voluntad.
 

Jorge Corrales Quesada
  

martes, 9 de agosto de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: comparando dietas bancarias

Tal vez resulta difícil hacer una comparación clara de las dietas pagadas en distintos entes bancarios. Esto por las siguientes razones, entre otras: cada entidad principal (banco o similar) tiene un número diferente de subsidiarias en donde se pagan dietas; asimismo, los bancos tienen distintos máximos mensuales de sesiones en las que se pagan dietas; también porque algunos de esos entes pagan dietas en función de los sueldos de otras entidades; asimismo, porque tienen operaciones diferentes y ello puede impactar en la calidad de los directivos que se deben pagar.

El informe de La Nación del 20 de mayo, titulado “Popular paga hasta el triple en dietas que otros bancos: Análisis de retribuciones a directivos en banca pública,” brinda luces acerca de un tema del cual la ciudadanía conoce relativamente poco.

Empiezo señalando la ejecución de presupuestos del 2015 en el rubro de dietas de las juntas directivas de algunos entes, indicando el número de subsidiarias en las que se pagan dietas:

BANCO POPULAR: Presupuesto ejecutado en dietas ₡470.164.680, con 4 subsidiarias.
BANCO DE COSTA RICA: Presupuesto ejecutado en dietas ₡242.998.122, con 4 subsidiarias.
BANCRÉDITO: Presupuesto ejecutado en dietas ₡188.468.301, con 3 subsidiarias.
BANCO NACIONAL: Presupuesto ejecutado en dietas ₡143.600.000, con 4 subsidiarias.
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA: Presupuesto ejecutado en dietas ₡98.398.320, sin subsidiarias.
OPERADORA DE PENSIONES DE LA CAJA: Presupuesto ejecutado en dietas ₡76.485.849, sin subsidiarias.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS: Presupuesto ejecutado en dietas ₡52.470.000, con 5 subsidiarias.
BANCO CENTRAL: Presupuesto ejecutado en dietas ₡20.898.640, sin subsidiarias.
Una forma que podría indicar si hay “mano suelta” en cuanto a dietas es el número máximo de sesiones que pueden realizarse mensualmente; esto es, si se excede a tal número de sesiones no serían pagadas (no sé en qué grado puede suceder eso):
MÁXIMO DE 2 SESIONES MENSUALES: Las subsidiarias del Banco Popular, del Bancrédito, del Banco de Costa Rica y del Banco Nacional.
MÁXIMO DE 4 SESIONES MENSUALES: La Operadora de Pensiones de la Caja.
MÁXIMO DE 5 SESIONES MENSUALES: Las Juntas Directivas del Banco Central, del Banco de Costa Rica y del Banco Nacional.
MÁXIMO DE 8 SESIONES MENSUALES: Las Juntas Directivas del Instituto Nacional de Seguros, la del Bancrédito y la del Banco Hipotecario de la Vivienda.
MÁXIMO DE 12 SESIONES MENSUALES: La Junta Directiva del Banco Popular.
Un cálculo de la moda (medición estadística que indica el valor que tiene la mayor frecuencia absoluta) de las dietas que cada miembro de una junta directiva recibe por reunión, asciende a ₡202.960, calculado para 3 de cada 4 miembros que asistan.
Algo interesante: tanto los bancos comerciales (el Costa Rica, como el Nacional, el Popular, el Bancrédito), así como el Banco Central, a diferencia de los otros entes que forman parte del análisis del medio, para definir sus dietas utilizan como base un 10% del sueldo del Contralor General de la República.  Si aumenta este último, aumentan proporcionalmente todas esas dietas. (¡Imagínense el deseo de que se le aumente el sueldo al Contralor!)
Cada directivo de esas entidades podrá ver sus ingresos aumentados en función de las reuniones de junta que realice la entidad correspondiente, que pueden llegar a 5 en el caso de los bancos, a 8 en el caso del Instituto Nacional de Seguros, Bancrédito y el Banco Hipotecario de la Vivienda y a 12 en el Popular.  Caso contrario sucede con las subsidiarias de los bancos, en donde como máximo las sesiones pagadas son 2 al mes. Esto podría servir como un indicador de que hay “manga ancha” en ciertos casos.
En el Banco Popular, dentro de esas 12 reuniones posibles se incluyen “las sesiones de la Junta y la participación en alguna de las nueve comisiones que existen en la agrupación.” Por tal razón, “la Junta Directiva acumuló un total de 276 reuniones en el 2015,” casi que una diaria en todos los días hábiles del año y quitando las vacaciones. 
El pago de dietas en las comisiones del Banco Popular permite que los miembros de su junta directiva puedan cobrar montos anuales, en promedio, de ₡29.086.960, que resulta de dividir el presupuesto total para dietas de ₡470.164.680 entre los 7 miembros que integran su junta directiva.
Las dietas promedio anuales per cápita fueron: Banco Popular, ₡29.088.960; Bancrédito, ₡18.548.686; Banco de Costa Rica, ₡18.040.845, BANHVI, ₡14.056.902 y Banco Nacional, ₡13.485.714
Me surgen varias preguntas a partir de esta información. Menciono algunas: (1) ¿por qué hay bancos que realizan casi las mismas funciones, como el Costa Rica, el Nacional o el Bancrédito, pero pagan dietas tan diferentes?, (2) ¿Es apropiado que entidades que sí pueden requerir una junta directiva altamente calificada, como el Banco Central, reciban dietas mucho menores que las de, por ejemplo, el Banco Popular, en donde su junta directiva no está integrada con base en calificaciones profesionales, sino por la membresía en agrupaciones sociales específicas?, (3) ¿por qué las dietas de los bancos están en función del sueldo del Contralor de la República y otras no?, (4) ¿por qué las dietas no se pagan en función de la complejidad de la labor esperada de un miembro de su junta directiva?, (5) ¿por qué tanta diferencia en el número de sesiones que pueden realizar los diferentes entes cuando en apariencia hacen tareas similares?, y ¿por qué eso de pagar dietas por asistencia a comisiones, cuando debería de serlo por sesiones de la junta directiva?
Todo esto da mucho que pensar…
Jorge Corrales Quesada

lunes, 1 de agosto de 2016

Tema Polémico: Derecho de los animales

En días pasado fue aprobado en primer debate el proyecto de ley contra el maltrato animal. No nos interesa aquí abordar las particularidades de dicha normativa, sino utilizar la coyuntura para reflexionar sobre un tema más abstracto y general: los derechos de los animales.

Lo primero que debemos destacar es el gran salto cualitativo de conciencia que ha alcanzado el ser humano. Si nos ponemos a pensar que en la Biblia -el texto antiguo de enseñanzas morales por excelencia- existen pasajes terribles contra los homosexuales o las mujeres, no cabe duda alguna que debemos felicitarnos a nosotros mismos toda vez que hemos superado los parámetros de un libro que supuestamente es fruto de la inspiración divina.

Resultan innumerables los casos y ejemplos de grupos que por distintas razones en el pasado fueron discriminados y señalados, y hoy en día son aceptados e incluídos, lo que definitivamente debe de ser motivo de regocijo. Con ello no queremos afirmar que ya no hay cosas que se deben mejorar, porque claro que las hay, y tampoco queremos dar la impresión de que este proceso resulta lineal e irreversible, todo lo contrario: ha sido un proceso de brincos y saltos que ha costado mucho y de muy diversas formas.

Hoy en día, la muestra incontestable de la superación moral humana es el tema de los derechos de los animales, es decir, ya no solo nos preocupa el otro de nuestra misma especie, sino que el grado de conciencia ha logrado extenderse hacia otros seres vivos, que merecen respeto y dignidad. Una vez más insistimos que no es un tema acabado ni sencillo, todavía se trata de un debate abierto, pero que al menos parece ir por buen camino.


El crecimiento “espiritual” no es algo que caiga desde el cielo, sino que es solo posible a partir de la reflexión constante y práctica disciplinada, no renunciemos a esa aspiración porque retroceder no puede ser una opción.

martes, 26 de julio de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: la nueva convención de RECOPE

En el marco de una revelación constante y profunda de una serie de privilegios que se cobijan bajo el manto de una convención colectiva, que hacen del gremio laboral de RECOPE uno de los más beneficiados con todo tipo de gollerías, de cosas que ni siquiera están disponibles -comparativamente- para otros sindicatos de diversas dependencias del estado en donde hay convenciones colectivas, creí que la convención de RECOPE iba a ser objeto de una profunda revisión de parte de su patrono, el estado costarricense.  Ilusionó pensar que negociaría la eliminación de una serie de privilegios y abusos de dicha convención, pues creí que estaríamos bien y firmemente representados en nuestros intereses, pues en última instancia somos nosotros quienes pagamos las cuentas de la convención. 

Bueno, ya se hizo conocer en qué terminó la nueva convención colectiva de RECOPE que regiría para el período 2016-2019. Fue anunciada con bombos y platillos, principalmente por los representantes del estado, así como por los administradores actuales de RECOPE. Por tanto, requiere que se analice cómo quedan los privilegios existentes, a ver si se logró cumplir con éxito la tarea que los ciudadanos aspiramos que se lograra: una eliminación de ellos.

Esto es crucial, en especial cuando la Sala Constitucional le ha dado manga ancha a RECOPE para tener todo tipo de privilegios, según un fallo suyo reciente, de manera que se obliga a la ARESEP –organismo que define los precios de los combustibles que nos vende obligadamente el monopolio- a simplemente cargarlos a esos precios: formal y oficialmente seremos los ciudadanos los que pagaremos esos privilegios y por tal razón es bueno saber cuáles son ahora las prebendas vigentes.

La Nación del 12 de julio en un escrito titulado “Rige modesto recorte en convención de RECOPE”, señala que el ahorro de la nueva convención en el primer año, será de tan sólo un 6% del costo de la convención que se tenía para el 2015. A todas luces, la rebaja es casi cualquier cosa: ciertamente muy alejada de la aspiración ciudadana de poner orden en la sarta de privilegios que otorgaba la convención laboral de RECOPE.

Empecemos por señalar cuáles fueron los ahorros con la nueva convención:

1.-Ya no se pagará por la fiesta navideña de los empleados, que ascendía a ₡6.2 millones.
 
2.- El aporte de RECOPE al Fondo de Ahorro y Préstamo de los trabajadores se reduce de un 10% a un 8%., que significaría una reducción de ₡717 millones. El subsidio que RECOPE le da a dicho Fondo para asuntos administrativos (un 10% anual), se reducirá gradualmente hasta eliminarlo del todo.
 
3.- El aporte patronal para la compra de útiles escolares, que en el 2015 fue de ₡5,6 millones, será ahora de ₡3 millones; o sea hay un ahorro de ₡2.6 millones.
 
4.- Se elimina la póliza de protección sobre aportes de trabajadores a su Fondo de Ahorro (no hay datos del monto que se ahorraría por esta partida).
 
5.- El número de días que se autorizaba para capacitación sindical internacional se redujo en un 65% (no se dispone de información de cuántos días era antes y de cuánto se gastó en el 2015 en dicha partida).
 
6.- Se redujo a la mitad el número de días con licencia para capacitaciones y congresos cooperativos, así como para congresos nacionales (no se presenta información de cuántos días era antes y de cuánto se gasté en el 2015 en esas partidas).
 
7.- El aporte de la institución para cursos sindicales se redujo en un 35% (no se brinda información de cuánto se gastó en el 2015 en dicha partida).
 
8.- Se redujo el aporte de RECOPE para que sus empleados participen en cursos de cooperativas en un 65% (no se tiene de información de cuánto se gastó en el 2015 en dicho rubro).
 
9.- Se elimina la licencia de dos días para los trabajadores por el matrimonio de hijos (no hay información de cuánto se gastó por ello en el 2015).
 
10.- Se elimina la licencia de 5 días cuando el trabajador cambia de vivienda (no se presentan datos de cuánto se gastó por ello en el 2015).
 
11.- Se elimina el aporte de RECOPE de ₡39.000 cuando el trabajador se casa (tampoco hay información de cuánto se gastó por esa partida en el 2015).
 
12.- Se elimina el aporte de RECOPE de ₡28.000 por el nacimiento de un hijo del trabajador (no hay información de cuánto se gastó por tal razón en el 2015).
 
De acuerdo con las autoridades de RECOPE, la renegociación de la convención colectiva significará un ahorro de ₡5.048 millones en tres años, desglosados de la siguiente manera: ₡1.362 millones en el primer año de vigencia de la nueva convención; ₡1.571 millones en el segundo año de vigencia de la nueva convención y de ₡2.115 millones en el tercero y último año de vigencia de la nueva convención.
 
La “gran reducción” de privilegios de RECOPE en el primer año de la nueva convención colectiva asciende a un “enorme” 6% del total gastado como resultado de la convención colectiva en el 2015, que ascendió a ₡22.720 millones.
 
Pero, aquí no termina la cosa: también viene una nueva “conquista social”; un nuevo “derecho adquirido” para la convención colectiva que regirá en el período 2016-2019. Se establece “un aumento salarial de entre 3% y 5% para los trabajadores no profesionales de RECOPE”, que conforman el 74% de la planilla de 1.740 empleados. RECOPE estima que dicho aumento significará tan sólo ₡250 millones más para cada año, pero no hay suficiente información del efecto de ese aumento en los salarios sobre el total de remuneraciones, que incluyen las cargas sociales ligadas, entre otros privilegios, a los salarios de los empleados.
 
Si le sirve de consuelo, lean lo que al respecto comentó Carlos Alvarado, ministro de Trabajo y Seguridad Social: “Revertir una tendencia de tantos años en sólo dos no es sencillo.” Claro que no es sencillo, especialmente cuando se vive en la tiranía del estatus quo. Lo “sencillo” de todo esto es que el enorme privilegio restante para los próximos tres años (casi un 95% del costo de la convención colectiva del 2015) simplemente será trasladado a los consumidores.  Estos se quejan, es cierto, pero poco más hacen para que se frene el abuso.  Así que, a seguir aguantando el fabuloso costo de la convención colectiva de RECOPE…
 
Jorge Corrales Quesada

lunes, 25 de julio de 2016

Tema polémico: repensar las medidas para reducir las presas

Desde hace muchos años, las personas que habitamos en la Gran Área Metropolitana de nuestro país sufrimos un verdadero calvario con las presas. Recorridos de 10 o 15 km, que perfectamente podrían hacerse en 30 o 40 minutos, terminan consumiendo hasta 2 horas a la ida y otras 2 horas al regreso.

El deterioro de la salud física y mental de los trabajadores es incuestionable. Según algunas investigaciones, los costarricenses pasamos atrapados en las presas el equivalente a 15 días al año, lo que sin duda merma nuestra productividad y, por ende, la competitividad del sector productivo, pues el caos vial genera termina elevando los costos de producción.

También es usual que este fenómeno derive en grandes frustraciones para los conductores, que reaccionan con agresividad y violencia ante cualquier situación en carretera. Ni qué decir sobre la pérdida de espacios de descanso y recreación con nuestras familias, ya que después de un largo día de trabajo más las presas, terminamos llegando a casa con deseos únicamente de acostarnos para madrugar al día siguiente y salir un poquito antes para reducir la tortura.

La causa del problema es clara: contrario a lo que algunos creen, no es porque existen muchísimos vehículos -por el contrario, eso demuestra que estamos frente a una sociedad cuya riqueza ha crecido y se manifiesta a través de la compra de automotores- sino porque la infraestructura vial no ha crecido al ritmo necesario para dar fluidez al tránsito.

Tenemos más de dos décadas de rezago en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de las carreteras y caminos. Un Ministerio de Obras Públicas absorbido por la ineficiencia, que consume gran parte del tiempo y recursos en trámites sin que esto genere obras; un sistema de contratación pública intrincado, complejo y que termina siendo vulnerado por el contubernio entre algunos funcionarios públicos y empresas constructoras, entre otros males.

Por si fuera poco, carecemos de un buen sistema de transporte público que motive a la gente a dejar sus carros en casa. Los autobuses, en su mayoría, se encuentran en malas condiciones -es usual que se queden varados-, son sumamente incómodos (especialmente en época lluviosa), inseguros frente a la ola de asaltos o, simplemente, tardan mucho más que el vehículo para llegar de un punto a otro.

El tren, que podría ser un excelente remedio, se ha convertido en el hazmerreir. Constantes fallas mecánicas, saturación del servicio (sus vagones repletos a veces evocan la triste realidad de los trenes en La India) y los cada vez más frecuentes retrasos en el servicio, además de tener un horario limitado, hacen que mucha gente tampoco lo considere como una opción.

Frente a este panorama tan desalentador, ¿cuál solución salta a la vista? Bueno, no hay solución fácil en este tema. Por supuesto que, a largo plazo, lo ideal es ejecutar con prontitud los recursos disponibles para la construcción de nueva infraestructura o la ampliación y mejoramiento de la existente, lo cual implica corregur las fallas del MOPT y de las municipalidades. Pero en el corto plazo, puede haber una que otra salida que vale la pena valorar como paliativo.

No nos referimos a la restricción vehícular, que carece de sentido, toda vez que además de representar una limitación arbitraria e injustificable a la libertad de tránsito, ni siquiera ha dado resultados en cuanto a la disminución de consumo de combustible o de presas. La gente simplemente evita la zona con restricción aunque esto implique manejar mayores distancias o, como se dice popularmente, "se la juega" esperando no encontrar un Oficial de Tránsito. 

Las medidas que, a nuestro criterio, podrían contribuir en el corto plazo a reducir las presas no son nuevas, ni mucho menos las inventamos nosotros: se trata de teletrabajo y flexibilidad laboral. Con la primera, sería posible lograr que muchas personas dejaran de ingresar a la GAM y pudieran trabajar desde sus casas, lo que a su vez representa grandes ventajas para el empleado: no tendrá que gastar dinero en transporte, alimentación, vestido y, sobre todo, tiempo de desplazamiento, lo que le permitiría realizar otras actividades que mejoren su calidad de vida.

Por su parte, la flexibilidad laboral consiste en replantearse la idea antigua de que el trabajador tiene que pasar 8 horas sentado frente a un escritorio y dar paso a un trabajo por objetivos, de forma que la persona pueda cumplir con metas establecidas indistintamente del horario. Otra forma de ver esta medida es a través de la transformación de los horarios de trabajo propiamente dichos: en lugar de trabajar, digamos, 8 horas al día durante 5 días para un total de 40 horas semanales, se podría distribuir ese tiempo de forma distinta: por ejemplo, 10 horas por día durante 4 días, lo que permitiría tener ya no 2 días libres sino 3. En este caso, una medida como esta permitiría no solo que menos gente ingrese a las áreas congestionadas sino que también le daría al trabajador tiempo de descanso, que redundará en mayor productividad al regresar a labores, permitiría que las familias pasen más tiempo juntas (fortaleciendo los lazos y contribuyendo a reducir situaciones sociales problemáticas) así como  incentivar la economía, pues en los fines de semana largos, la gente tiende a pasear, lo cual se traduce en consumo de bienes y servicios que aumentarán la producción de otros sectores como turismo, servicios, etc.

En síntesis, queda mucho margen para pensar, para ser creativos en la búsqueda de soluciones que contribuyan a reducir el caos vial en el corto plazo sin perjudicar la libertad y los derechos de las personas.

martes, 19 de julio de 2016

La Columna de Carlos Federico Smith: Impuestos por Decreto

Desde hace rato en Costa Rica se usa el mecanismo de decretos del Poder Ejecutivo a fin de ponernos impuestos. Se ha dicho que no son impuestos, sino cánones o tarifas. Estos últimos significan el precio unitario que fijan las autoridades por los servicios públicos que tiene a su cargo. Por ejemplo, nos queda muy claro en el caso de tarifas eléctricas o del servicio de agua y alcantarillado, en donde uno paga un precio por el servicio que ha consumido y que nos ha vendido una empresa estatal. Es evidente, entonces, que hay un pago hecho por un servicio que uno ha percibido directamente como cliente o usuario.  Un impuesto, por otra parte, es un pago que se hace por el ingreso, riqueza, consumo o gasto de la persona, usualmente mediante ley, a fin de que el gobierno obtenga ingresos. El fin primario del impuesto es recaudar fondos para el estado, mientras que un canon o tarifa pretende recuperar el costo de brindar un servicio de parte del estado a un beneficiario. Se debe distinguir del término tarifa, con que usualmente se conoce también a los aranceles a la importación.

Usted paga una tarifa cuando paga la luz o el agua que ha usado.  Usted paga un impuesto cuando recibe ingresos, consume bienes o sobre riqueza que ha acumulado. Veamos la diferencia con un par de ejemplos: cuando usted paga un impuesto de ventas al adquirir un producto, se supone que para recaudar fondos para el estado; por otra parte, cuando se cobra por tener una licencia para conducir, se supone que el fin primordial no es tanto allegarle recursos al estado, como cobrar por un servicio brindado o por obtener un permiso específico.

La confusión la hace el estado al tomar una medida como la expuesta en La Nación del 9 de junio, bajo el título “Decreto crea nuevo canon de $2 para salir del país: Ingresos serán para el SENASA.” Simplemente se trata de una tasa que el estado cobra por un servicio, pero que se pretende convertirlo en un impuesto por la salida del país.

SENASA (siglas de Servicio Nacional de Salud Animal) es una entidad estatal que brinda diversos servicios relacionados con la salud animal. No tiene, como tal, que ver con que un ciudadano viaje al exterior. Tales servicios brindados por el estado deberían ser cobrados a quienes los usan y no a quienes no lo hacen. Veamos la diferencia: si usted viaja al exterior con un animal (o algo relacionado con asuntos de salud animal) y si se requiere que lleve un permiso del gobierno del país para que el animalito pueda ingresar a la otra nación, es entendible pagar por obtener tal servicio de certificación estatal.  Es muy distinto cuando usted viaja al exterior y no lleva algo en su equipaje o junto con la persona que tenga que ver con la salud animal (incluso si va con piojos, no hay que tener certificado de autorización) y, aunque los humanos somos animales, no se considera que SENASA deba extender su servicio como tal a los viajeros.

Por lo tanto, si el estado costarricense necesita financiar su operación de sanidad animal, debería obtener los recursos cobrando a quienes usan directamente el servicio, por las razones que sean. Lo que uno no entiende es ¿por qué diablos tiene que pagar el simple viajero al exterior, si no necesariamente usa el servicio que da SENASA?

Para evitar abusos como esos fue que, en la historia de los tributos, surgió la afirmación de que “No hay impuestos sin representación”, originalmente expresado en inglés y que traduje de: “No taxation without representation.” Significó que la aprobación de impuestos quedara en manos exclusivas de los ciudadanos o de sus representantes, como en una Asamblea Legislativa.

En este caso, el cobro de $2 para salir del país no fue objeto de una aprobación legislativa; no lo aprobó la Asamblea, sino que es una simple decisión burocrática, llamada “decreto”. En tiempos totalitarios los impuestos los decretaba el rey: simplemente daba la orden y se asumía que había que acatarla (eso sí muchos reyes cayeron degollados, al oponerse la gente de forma violenta).  En el mundo moderno no se concibe que el estado ponga impuestos de esa manera, aunque le llamen canon o tarifa o lo que sea, pues coerce a todos -en este caso a quienes viajen- aunque no utilicen el servicio sanitario que brinda el estado, como SENASA.

Este nuevo impuesto ya fue instaurado por un decreto publicado en La Gaceta del 25 de mayo, Alcance 83, como parte de una actualización de tarifas de SENASA y aprobado tanto por el ministro de agricultura y ganadería (MAG), señor Arauz, como por el presidente de la República. Esto hace que “el monto para salir de Costa Rica incluirá $27 del impuesto de salida, $2 de un canon ya vigente para programas de Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)”, el cual en mi criterio es también totalmente ilegal -aunque creo que nadie lo ha cuestionado ante las cortes- y ahora hay que hacer “el nuevo aporte para el Senasa, por lo que será en total de $31.” (Como si el estado buscara mantenernos enjaulados sin poder salir del país… y uno pensando en la libertad de movimiento, de dejadnos pasar…)

Pronto propondrán cualquier tipo de impuesto sin tener la aprobación esencial legislativa, consumándose en el país un abuso que uno habría esperado que formara ya parte del basurero de la historia. La verdad es que todo se reduce a que el estado espera “recaudar anualmente unos  $4.5 millones (₡2.452 millones…) por el nuevo canon”. La angurria total lo mueve a actuar de esa manera y no desperdicia oportunidad alguna para recaudar impuestos, aún sin la aprobación de quienes representan a los ciudadanos.

martes, 12 de julio de 2016

La Columna de Carlos Federico Smith: Evolución reciente de la pobreza en la humanidad



En varias ocasiones he leído a personas en lugares como Facebook, quienes alegan que la pobreza de la humanidad ha venido aumentando notoriamente y, generalmente, señalan, más o menos veladamente, que el responsable de ese aumento de la miseria es el sistema capitalista.  Incluso lo hacen a pesar de que en el pasado reciente presenté en Facebook, así como en otros sitios, una serie de estudios de economistas que cuestionan seriamente tal impresión.

Casualmente he estado leyendo un libro reciente de Steven Radelet, titulado The Great Surge: The Ascent of the Developing World [El Gran Surgimiento: El Ascenso del Mundo en Desarrollo], (New York: Simon & Schuster Paperbacks, 2015), el cual trata del tema que antes introduje.  El señor Radelet es profesor de desarrollo económico en la Universidad de Georgetown y autor de varios libros y de numerosos artículos acerca de dicho tema. Creo que, para los mal pensados de que se ha de tratar de uno de esos liberales clásicos, quienes no ven más allá del mercado, muchos de los trabajos desempeñados por el señor Radelet parecen acercarlo a administraciones demócratas de los Estados Unidos. Lo interesante para el caso es que su perspectiva se une a la de muchos otros economistas en cuanto al progreso de la humanidad, con las usuales divergencias en ciertos detalles, mas no en lo esencial. Me refiero a personas como Pedro Schwartz, Surjit Bhalla, Deepak Lal, Angus Maddison, Lloyd Reynolds, François Bourguignon, Christian Morrisson, Martin Ravallion y Shaohua Chen, quienes han estudiado el progreso humano logrado en cuanto a la eliminación de la miseria.

Empecemos por aclarar un par de detalles técnicos acerca del tema. Primero, que la pobreza, como número, puede ser definida de distintas maneras.  La usual de una persona en pobreza extrema es que se tiene ingresos menores a un $1 al día, aunque el Banco Mundial usa una de $1,25 al día.  La primera ha sido la más aceptada y surgió porque es, más o menos, igual al promedio de líneas de pobreza que utilizan los gobiernos de los 15 países más pobres del mundo. Pero siempre cualquier línea de pobreza será arbitraria (por ejemplo, en los Estados Unidos es de $16 al día, pero, interesantemente, señala el autor Radelet que  “por supuesto que la de $1 al día es una línea de pobreza especialmente baja… De manera que durante la última década los economistas se han enfocado en una línea de pobreza mayor de $1,25 al día…”. Lo importante es que “el patrón de cambio es similar” cualquier que sea la línea de pobreza utilizada en los estudios, aunque, “por supuesto, que el número de pobres es mayor entre más elevada se defina a la línea de pobreza.” (Op. Cit., p. 29). Ver la tendencia y su cambio a través del tiempo es lo útil y valioso y vemos que ellas se manifiestan independientemente de la forma en que se defina la línea de pobreza extrema.

Segundo, los datos se ajustan ante el comportamiento de la inflación de los diversos países a lo largo del tiempo –esto es, a los cambio en el nivel de precios. Tal ajuste se hace para que los datos se presenten en términos de precios “constantes”. También, dado que es importante poder hacer comparaciones entre países, los datos se ajustan mediante lo que se denomina “paridad del poder de compra”, que toma en cuenta los diferentes niveles de precios que existen entre los países, para lo cual se utiliza un tipo de cambio denominado en términos de su poder adquisitivo. De esta forma todos los bienes y servicios de los diferentes países son valorados a precios comparables, pues las mediciones internas son llevadas a cabo en monedas domésticas de los diferentes países y mediante un ajuste de “paridad del poder de compra” la medición se traduce a una moneda en común.

Asimismo, es crucial entender la diferencia que existe entre pobreza extrema absoluta y pobreza extrema relativa.  Al número total de personas que viven en pobreza extrema debajo de lo que hemos considera como la línea de pobreza, se le denomina “pobreza extrema absoluta”, en tanto que al porcentaje de personas con respecto al total de personas en el país cuyos ingresos diarios son inferiores a, digamos, $1 o un $1,25, se le llama pobreza extrema relativa.

Esto es muy conveniente, porque bien puede ser que en un país (o conjunto de ellos), la población en condiciones pobreza extrema es relativamente cada vez menor, al tiempo que población en pobreza extrema puede ser mayor. Por ejemplo, hace 50 años, cuando, supongamos, la población de un país era de 500.000 personas, 150.000 de sus habitantes estaban en condiciones de pobreza extrema estaban (esto es, la pobreza extrema relativa es de un 30%). Suponga, para efectos de hacer una comparación, que la población total actual del país es de 1.000.000 de habitantes y que hay un monto absoluto mayor de personas en condiciones de pobreza extrema; digamos que 200.000 personas. Si se comparan las cifras de pobreza absoluta -150.000 hace 50 años con 200.000 en la actualidad- es claro que la pobreza extrema en términos absolutos aumentó en dicho lapso: se incrementó en 50.000 personas. Pero, términos relativos sucede lo contario: se redujo de un 30% hace 50 años a un 20% en la actualidad (200.000 de la población total de un millón).  Por tal razón, el concepto básico para analizar el comportamiento de una población en condiciones de pobreza extrema a través de los años, se efectúa en términos relativos y no absolutos.

Previo a brindar algunos datos de la actualidad citados por Radelet, veamos algo histórico importante que él nos señala: “Según la mejor estimación que tenemos, elaborada por los economistas François Bourguignon y Christian Morrisson, en 1820 cerca de un 94% de la población mundial; o sea, cerca de mil millones de personas, vivía con menos de $2 al día (a precios de 1985). Esto es, casi 19 de 20 personas en el mundo vivían con ingresos sumamente exiguos… La mayoría de la gente vivía con mucho menos: 84% con menos de $1 al día. Lo que nosotros consideramos como pobreza extrema no sólo estaba ampliamente extendida, sino que era la norma, para casi todo mundo.” (Op. Cit., p. 24-25).

En los siglos XII y XIII los ingresos empezaron a aumentar lentamente, pero no de forma extensiva, pero ya para el siglo XIX la tónica general empezó a cambiar: “los inicios de la manufactura moderna y la industrialización ayudaron a crear millones de empleos para trabajadores pobres poco calificados… Al hacerse más sofisticada la manufactura y los trabajadores adquirieron habilidades especializadas, lo cual tomó varias décadas, los salarios empezaron a aumentar. Para mediados del siglo XIX, los ingresos estaban creciendo más rápidamente, comparado con cualquier otro período previo de la historia de la humanidad”. (Op. Cit., p. 25). Sólo pregunto si el lector puede decirme ¿cuál es el sistema económico que a mediados del siglo XIX impulsó ese crecimiento?  Por si no lo saben, lo resumo en la palabra “capitalismo.”

Ahora veamos algunos comentarios que nos presenta Radelet en torno a cómo fue evolucionando la pobreza en el globo. Tengamos presente que, al surgir tal desarrollo industrial capitalista, la porción de gente que vivía en pobreza extrema empezó a declinar constantemente por primera vez en la historia humana -esto es, empezó a reducirse la pobreza extrema relativa. Pero, como también la población crecía con mayor rapidez, es de esperar que creciera la cantidad de personas en pobreza extrema (absoluta). Esto es crucial: creció la pobreza extrema en términos absolutos, pero se redujo la pobreza extrema en términos relativos. Porcentualmente, por dos siglos, la pobreza relativa había venido decreciendo, pero, con el crecimiento de la población, la cantidad absoluta de personas en condiciones de pobreza extrema continuó aumentando. A pesar de ello, señala Radelet, “ese patrón o tónica general cambió radicalmente, empezando a inicios de la década de los ochentas y especialmente en la de los noventas.” (Op. Cit., p. 28).

Lástima que cueste tanto poner gráficos en este tipo de comentarios, especialmente en Facebook, pues demostraría evidentemente lo expuesto. De manera que trataré de exponer lo sucedido con la pobreza a través de un amplio período histórico, sin ayuda de gráficos, tanto sobre pobreza absoluta como relativa, tales como aparecen en el libro de Radelet, esperando que la explicación sea clara para los lectores.

El análisis de Radelet tiene como base principal la información proveniente de François Bourguignon and Christian Morrisson, “Inequality Among World Citizens: 1820-1992,” The American Economic Review, Vol. 92, No. 4 (Set. 2002), p.p. 727-744. Si alguien está interesado en obtenerlo puede hacerlo de manera gratuita en http://piketty.pse.ens.fr/files/BourguignonMorrisson2002.pdf

Según Radelet, “en 1820 cerca de 900 millones de personas estaban viviendo con menos de $1 al día (a los precios de paridad de poder de compra del año 1985). Debido al crecimiento de la población, para 1950 dicho número había crecido a casi 1.4 miles de millones… Luego empezó un período de transición: al recuperarse Japón y Europa de la Segunda Guerra Mundial y al empezar algunas naciones subdesarrolladas (como Corea del Sur y Taiwán) a tener un crecimiento económico más rápido, el número de personas viviendo con menos de $1 al día, dejó de crecer y permaneció relativamente invariable por cerca de 40 años. Eso puede no sonar como algo importante, pero lo fue.  Ningún cambio fue grande, en tanto que el crecimiento histórico continuo de los pobres había llegado a un alto, a pesar del crecimiento persistente de la población mundial.

Luego, empezó un cambio significativo a principios de los noventas. Por primera vez en la historia del mundo, el número total de gente viviendo en pobreza extrema empezó a caer, y cayó rápidamente (la letra en cursiva es del autor).” (Op. Cit., p.p. 28-29)

Debido a que los datos presentados por Bourguignon y Morrisson se extienden hasta 1992, se hace necesario acudir a información que presentan Shaohua Chen and Martin Ravallion, “The Developing World is Poorer than we Thought, but No Less Successful in the Fight Against Poverty,” The Quarterly Journal of Economics, Vol. 125, No. 4, (nov. 2010). Puede obtenerse en http://www.ppge.ufrgs.br/sabino/ecod03/bibl/qje%2017.pdf

Citando dicho trabajo, dice Radelet: “Según Ravallion y Chen, el número de personas viviendo con menos de $1 al día en 1993 fue de un poco más de 1.3 miles de millones, comparable aproximadamente al conjunto de datos previo (el de Bourguignon y Morrisson). Luego, este número empezó a descender. Asombrosamente, para el 2011 - 18 años después- el número de personas viviendo con menos de $1 al día se había reducido a 600 millones.  Traten de imaginar la enormidad del cambio: después de haber crecido incansablemente desde inicios de la historia del hombre, el número de personas alrededor del mundo viviendo en la pobreza abyecta se redujo en más de la mitad, en tan sólo dieciocho años (la letra cursiva es del autor).”  (Op. Cit., p. 29).

Continúa Radelet: “El número de personas en extrema pobreza permaneció estable en poco menos que 2 mil millones entre 1981 y 1993, cuando empezó a declinar –rápidamente. Para el 2011, el número había declinado a mil millones –un descenso de casi a la mitad en tan sólo dieciocho años (la letra cursiva es del autor). Aunque datos para después del 2011 no están disponibles, todas las indicaciones son de que la tendencia continúa, con algo como 50 millones o más de personas que cada año van siendo excluidas de la pobreza extrema.” (Op. Cit., p. 29)

La información valiosa que nos ha transmitido Radelet sobre la evolución de la pobreza absoluta no se queda aquí. Cabe preguntarse ¿qué ha sucedido en términos relativos?; esto es, ¿qué ha pasado con en el porcentaje de personas en pobreza extrema con respecto a la población total? 

Señala Radelet: “Entre tanto el porcentaje de la población mundial viviendo en pobreza extrema se ha venido reduciendo con mayor rapidez, En 1981, un 53% de la población en los países en desarrollo vivía en pobreza extrema. Pero para el 2011, dicha proporción se había reducido a tan sólo un 17% –un caída del 36% en 30 años: un logro notable. En tanto que una de cada dos personas vivía en pobreza extrema tan sólo hace 30 años, hoy día se ha reducido a una entre seis.”

Espero que la información que he suministrado basada en el libro de Radelet sirva para evitar una crítica desinformada de la evolución de la pobreza, especialmente en años recientes de la historia del hombre. ¡Como que el capitalismo de mercado funciona mejor que sistemas económicos alternativos!

Jorge Corrales Quesada