lunes, 30 de noviembre de 2009

Tema polémico: flexibilidad laboral


En ASOJOD consideramos que la forma más efectiva de eliminar el problema de la pobreza es por medio de la generación de empleo. Para poder lograr esto, se deben propiciar las condiciones necesarias para que empresas de capital nacional y extranjero se desarrollen. El Tem a polémico de hoy queremos dedicarlo a hablar sobre el tema de flexibilidad laboral como una herramienta para mejorar la competitividad del país y generar mayores oportunidades de trabajo.

Actualmente es normal que los países tengan leyes que regulan las condiciones laborales con el objetivo de proteger a los trabajadores y garantizar estándares mínimos de vida. Estas leyes, si bien es cierto se originan de buenas intenciones, en algunas ocasiones tienen un efecto contrario al que desean lograr. Leyes laborales de protección al trabajador muy rígidas normalmente desfavorecen a las personas que no tienen empleo, dado que desincentivan al empleador para contratar más personal o invertir más en el país.

Además, leyes laborales más rígidas no redundan en mejores condiciones de empleo. Según el reporte anual “Doing Bussines” presentado por el Banco Mundial, los países con mayor libertad en el tema laboral son Australia y Singapur. Estos países tienen tasas de desempleo de 3% y 1.7% respectivamente. Por otro lado, Costa Rica (que ocupa el puesto 110 de 183 países en este tema) tiene una tasa de desempleo de 5.5% y según recientes estimaciones de la OIT, podría llegar 7.8% en el 2009.

El tema de la necesidad de una reforma en el código de trabajo para permitir una mayor flexibilización en las jornadas laborales ha cobrado más vida recientemente a causa de la crisis económica global y de la cual Costa Rica no es ajena. Las empresas, para mejorar su nivel de productividad y ser más eficientes en tiempos de poca demanda, necesitan tener mayor libertad para modificar en forma estratégica sus jornadas laborales. Esta medida les ayudaría a superar la crisis con mayor rapidez y despedir a la menor cantidad de personas posible. Sin embargo, muchos grupos en el país se enorgullecen de que actualmente tenemos leyes laborales rígidas y más bien desearían que fueran aun más todavía. En ASOJOD hemos llegado a la conclusión de que hay personas que no reconocerían la realidad ni aunque les chocara directo en la cara.

El actual proyecto de ley N° 16030 “Ley para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de los trabajadores”, nos parece una buena medida para enfrentar la crisis y, de paso, abrir espacios para la libertad en las relaciones laborales. Este proyecto de ley propone nuevas medidas como la jornada de 12 horas diarias y la jornada anualizada. La jornada de 12 horas consiste en modificar la cantidad máxima de horas laborales diarias a un máximo de 12 respetando siempre el mínimo de 6 y el máximo de 48 horas por semana. Esto le permitiría a las empresas tener la posibilidad de trabajar 4 días por semana. La jornada anualizada propone darle a las empresas la libertad de cambiar sus jornadas laborales durante el año a turnos de un mínimo de 6 horas diarias para épocas de poca demanda y de turnos de máximo 10 horas diarias para épocas de alta demanda.

Estas medidas le permitirían a las empresas enfrentar la crisis con mayor capacidad estratégica y no está en detrimento de los derechos que tienen los trabajadores actualmente.También, con este tipo de reformas aumentaría la competitividad del país incentivando una mayor generación de nuevas empresas y una mayor llegada de inversión extranjera directa esto con el propósito de crear nuevas fuentes de empleo en el país.

Reconocemos que iniciativas como estas son necesarias, pero no suficientes. Para nosotros, es necesario avanzar hacia la flexibilización del marco jurídico laboral, no sólo modificando la jornada, sino también, eliminando salarios mínimos, privilegios sindicales, restricciones de despido, parámetros de contratación, cuotas de género, discapacidad o edad y cualesquiera otras disposiciones que signifiquen la intervención del Estado en relaciones que sólo deberían definir patrones y trabajadores, según lo que más convenza a sus interéses y en estricto apego a la oferta y la demanda.

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