miércoles, 16 de junio de 2010

Flash legislativo


En el primer lugar del Orden del Día en la Comisión de Asuntos Sociales, se encuentra el proyecto de Ley N° 15.406, planteado originalmente por los Diputados libertarios de la fracción 2002-2006. Esta iniciativa pretende modificar la Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica, que designa al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes como ente encargado de la conservación, la protección y la preservación del patrimonio histórico-arquitectónico del país, es decir, todo aquel inmueble público o privado declarado como Patrimonio por dicho Ministerio.

Tanto el artículo 89 de la Constitución Política como dicha ley obligan al Estado a conservar el patrimonio histórico-arquitectónico, lo cual se realiza mediante la declaración del Ministerio como monumento, centro, conjunto o sitio. Esto implica que el inmueble prácticamente deje de ser propiedad de su dueño, pues se establece la prohibición de demoler o cambiar la estructura del mismo y define una serie de obligaciones que debe cumplir el propietario, entre las que destacan permitir todo tipo de exámenes y estudios por parte de los investigadores designados por el Ministerio, solicitar autorización de esa entidad para reparar, reconstruir, rehabilitar, restaurar o ejecutar cualquier modificación al aspecto del inmueble.

En la práctica, la aplicación de dicha normativa ha terminado transformada en un instrumento que violenta la seguridad jurídica de las personas sobre sus propios bienes, sea porque las personas no cuentan con los medios económicos para cumplir con sus obligaciones de conservación y mantenimiento o, por el contrario, porque se les despoja de su propiedad, al impedírsele hacer las modificaciones que desee o requiera, así como vender o disponer de sus bienes inmuebles, sin que por ello exista la obligatoria indemnización económica. Así, la supuesta necesidad pública se impone arbitrariamente sobre la privada, sin resarcimiento, convirtiéndose en un verdadero atropello a los derechos individuales de los habitantes, pues cada declaratoria patrimonial que hace el Estado costarricense debería ir acompañada de la correspondiente indemnización al individuo que soporta la afectación pública sobre su propiedad, pues el artículo 45 de la Constitución dispone que “la propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley (…)”.

De no hacerlo, como en realidad ocurre, la en gestión del Ministro rozaría la llamada “colectivización del derecho mismo de propiedad”, como brillantemente lo expuso el ex magistrado Rodolfo Piza Escalante . A este respecto, la Sala Constitucional ha indicado, en su voto N° 5097-93 que “los límites razonables que el Estado puede imponer a la propiedad privada, de acuerdo con su naturaleza, son constitucionalmente posibles en tanto no vacíen su contenido. Cuando ello ocurre deja de ser ya una limitación razonable para convertirse en una privación del derecho mismo". Señala también en el voto N° 2345-96 que “pueden limitarse los atributos de la propiedad, en tanto el propietario reserve para sí la posibilidad de explotar normalmente el bien, excluida claro está, la parte o la función afectada por la limitación impuesta por el Estado. Fuera de estos parámetros, si el bienestar social exige sacrificios de uno o de algunos únicamente, debe ser indemnizado, lo mismo que ocurre cuando el sacrificio que se impone al propietario es de tal identidad, que lo hace perder en su totalidad el bien".

Precisamente, el proyecto de ley en cuestión pretende obligar al Estado a indemnizar al propietario cada vez que declare patrimonio un inmueble y que esto implique una prohibición para disponer o modificar de su propiedad. Con ello se evitaría el abuso que actualmente ocurre cuando un grupo de burócratas decide arbitrariamente que una edificación no puede ser tocada porque reviste, según ellos, de especial interés artístico, cultural, histórico u otro y por la simple ocurrencia del funcionario, el dueño del mismo pierde de facto la posibilidad de disponer de lo que legítimamente le pertenece.

Así las cosas, en ASOJOD nos parece maravilloso que se le impongan límites al Estado y su voraz ambición de apoderarse de todo lo que pueda. Si bien esto apenas es un pequeño paso, pues todavía falta mucho por hacer para evitar estas expoliaciones, al menos es un avance que vale la pena celebrar.

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