viernes, 30 de julio de 2010

Viernes de Recomendación


Para el día de hoy les presentamos el artículo La Paz y el Libre Comercio de Juan Ramón Rallo Julián. En este, don Juan Ramón explica como el libre comercio genera instrumentos que facilitan la instauración de paz.

miércoles, 28 de julio de 2010

Flash legislativo


En este día queremos abordar un proyecto de ley que, desde días atrás, viene generando polémica y circo en la Asamblea Legislativa. Se trata del expediente Nº 14.757, que pretende reformar el inciso 14 a) del artículo 121 de la Constitución Política, mejor conocido como la protección constitucional del agua.

Esta iniciativa, de varios Diputados, ronda los pasillos legislativos desde 2002 y, aunque en el papel contaba con el apoyo de diversas fracciones, hasta 2010 no ha sido aprobado. Por el contrario, en las últimas semanas, el PLN le ha retirado su apoyo y se ha unido al ML en la oposición a este proyecto, por cuanto el agua ya está suficientemente protegida por la legislación costarricense. Por supuesto, la protesta y el circo del PAC no se ha hecho esperar. La semana pasada, los miembros de esa bancada asistieron a Plenario con botellas donde acusaban la privatización del agua.

Nada más alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque la iniciativa lo que pretende es que las aguas de dominio público y las fuerzas que puedan obtenerse de ellas. El cambio respecto a la norma vigente está en que se incluye, dentro de los bienes demaniales, el agua de dominio público. En otras palabras, el pretendido efecto jurídico de tal modificación sería otorgarle carácter público al recurso hídrico, lo que implicaría que no pueda ser apropiable por ningún particular, al quedar sometido a un régimen de Derecho público conforme al cual, pasa a tener carácter inalienable e imprescriptible.

Lo que no han considerado los proponentes de esta reforma, es que la protección del agua es diversa y se encuentra presente en gran cantidad de normas, entre las que destacan la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Aguas, la Ley del SENARA y el Decreto Nº 32868-MINAE, entre otras. Entonces, ¿qué se gana con estatizar el agua? Absolutamente nada, pues el deterioro que se presenta en nuestro país no responde a la falta de legislación y reglamentación, sino a problemas de otro orden como la implementación, el cumplimiento efectivo de las disposiciones y la coordinación institucional.

La propia Sala Constitucional, en el fallo Nº 2004-1923 detectó, atinadamente, el verdadero problema en ese campo, al decir que

“En nuestro sistema jurídico no existe un único cuerpo normativo sistemático y coherente que regule de forma global la protección, extracción, uso, gestión y administración eficiente de los recursos hídricos”. Se estimó además, que “…se puede constatar en esta materia una dispersión normativa y un conjunto fragmentado, caótico y ambiguo de normas sectoriales que regulan aspectos puntuales quedando serias lagunas y antinomias, todo lo cual también dificulta, seriamente, la gestión ambiental por parte de los entes públicos encargados de la materia”.
Se puede deducir del análisis de lo expresado por la Sala Constitucional, que no es elevando a rango constitucional el carácter demanial del agua como se mejorará su gestión ambiental. Es más bien, ordenando la caótica normativa secundaria, actualizándola, definiendo reglas conforme al actual nivel de conocimiento científico, como podría evitarse las amenazas que preocupan legítimamente a los legisladores que promueven esta innecesaria e inconducente reforma constitucional.

Los Diputados del PAC, PUSC y Frente Amplio -partidos que están defendiendo la aprobación de esta reforma- no han comprendido que el agua no estará más segura en manos del Estado de lo que está hoy. De hecho, para dar un ejemplo, el marco normativo establece que corresponde al AyA promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección del recurso hídrico. No obstante, como se desprende del Informe Nº DFOE-ED-19-2008 del 31 de octubre de 2008 de la Contraloría General de la República,

“dichas obligaciones han sido parcialmente cumplidas por el AyA y no ha tenido ese Instituto la coordinación adecuada con las entidades respectivas, aduciéndose como causa de ello la falta de asignación de los recursos que son necesarios para crear capacidad institucional regional, situación que ha limitado la protección de las fuentes de abastecimiento actuales y futuras del AyA”.
Ante esta inoperancia, han sido las asociaciones privadas, comunidades de vecinos y las mismas empresas privadas las que han tomado algunas medidas para proteger las nacientes de agua, comprando los terrenos donde estas se encuentran, reforestando o recolectando basura, sea con fondos propios o gracias a la cooperación de organismos internacionales que financian proyectos de conservación ambiental. Ese tipo de iniciativas confirman que existe un interés genuino de las ciudadanos, organizaciones locales o empresas por la sostenibilidad de sus propios recursos, en este caso nacientes, con eco en la comunidad internacional y es una señal que las cosas pueden hacerse diferente a la que tradicionalmente y hasta ahora, se ha considerado como la única posible, es decir, una gestión hídrica que convirtió al sector público en su eje central pero que, con el tiempo, terminó convertido en su peor enemigo.

lunes, 26 de julio de 2010

Tema polémico: investigaciones clínicas en seres humanos en Costa Rica


Para este Tema polémico, en ASOJOD tenemos interés en comentar un suceso que poco se ha discutido en Costa Rica. El pasado mes de febrero, por orden de la Sala Constitucional, se suspendieron las investigaciones clínicas en seres humanos en nuestro país, como consecuencia de una acción de inconstitucionalidad presentada por José Miguel Corrales en 2003, donde se aducía que estas investigaciones deben estar reguladas por alguna ley de la República. La Sala falló a su favor, fortaleciendo la visión de que debe ser el Estado y no el individuo, el que escoja entre lo posible y lo imposible, entre lo aceptable y lo inaceptable, so pretexto de que salvaguarda los intereses de las personas, a pesar que ni siquiera los toma en consideración.

Lo primero que debemos preguntarnos es si existen evidencias de que estos estudios ameriten ser regulados o es simplemente una decisión antojadiza de un grupo de personas. Todo pareciera indicar que, efectivamente, la segunda opción es la más probable. ¿Por qué? Porque los médicos y empresas que realizaban este tipo de investigaciones en el país lo hacían siguiendo procedimientos muy éticos y cuidadosos, con el respaldo de grandes compañías transnacionales que actúan bajo estándares mundialmente aceptados y que no están dispuestas a sacrificar su buen nombre por nada. Cuando finalmente el estudio era autorizado, las empresas se aseguraban de que los pacientes estuvieran totalmente enterados de los beneficios y posibles consecuencias que podrían experimentar durante y después del estudio; es más, a los pacientes los obligaban a llevarse toda la información por escrito durante varios días y los invitaban a consultar con personas con un mayor conocimiento del campo del estudio.

Sin embargo, gracias a la Sala Constitucional, muchas personas que requieren tratamientos pero no pueden costearlos se quedarán sin oportunidad de mejorar su salud, pues estos estudios representaban una gran opción para ellos. Ahora, están condenados a acudir al sistema de salud de nuestro país, bien conocido por su ineficiencia. Gracias al máximo Tribunal costarricense, se ha enviado una peligrosa señal a los innovadores y emprendedores: el Estado costarricense pondrá freno a la investigación y desarrollo cada vez que alguien pida regulación.

En esta oportunidad, como en muchas otras, han ganado los que creen que el Estado debe regularlo todo, los que consideran que los individuos no están preparados para tomar decisiones, los que apoyan la tesis del eterno infante que justifica la intervención del Estado en el ámbito decisional privado. La Sala IV ha dado un espaldarazo a una creencia que va en franco crecimiento como la espuma: la de que el principio de libertad que contiene la Constitución Política ya no debe entenderse como que "todo lo que no está prohibido, está permitido", sino que "todo lo que no está regulado, no está permitido". Gracias a la interpretación de los Magistrados, la libertad se escurre por boquetes cada vez más grandes, escapándose las posibilidades de que las personas tomen decisiones sobre lo que afecta sus vidas. Gracias a la Sala y a nuestros políticos, son los burócratas los que, tras su escritorio, definen el marco de acción de los individuos.

En ASOJOD advertimos, una vez más, que si seguimos en este camino, nos dirigiremos inexorablemente al abismo. Conforme se siga ampliando el ámbito de intervención del Estado, se reduce la libertad individual y si no se toman medidas ya, pronto nos veremos con el agua hasta el cuello: huyendo hacia otras latitudes con más libertad o soportando el calvario en Costa Rica. Como es costumbre, estamos advertidos.


viernes, 23 de julio de 2010

Viernes de Recomendación


Para este día compartimos el ensayo: "La metodología de la economía positiva" del difunto economista Milton Friedman. Este es uno de los trabajos más famosos en el campo de la metodología de la economía.

jueves, 22 de julio de 2010

ECONOMÍA: Una defensa moderada del euro


Contra la moneda única europea se han alzado durante los últimos años todo tipo de voces. Desde los socialistas que lamentan no ser capaces ya de devaluar e inflar sus monedas nacionales como antaño (“pérdida de soberanía monetaria”, lo llaman), a los ingenieros sociales de Chicago que insisten en que la Unión Europea (UE) no es un “área monetaria óptima”, hasta liberales bienintencionados que ven en el euro un monopolio sobrepuesto a un sistema de divisas nacionales en competencia.

En este último caso se encuentra mi amigo y colega Adrián Ravier, que en un interesante artículo defiende que los europeos debemos aprovechar la oportunidad que nos brinda la crisis para dinamitar el euro y regresar a la peseta, el drachma, la lira, el marco, el franco y demás especímenes monetarios extintos.

Ravier argumenta que la grandeza de la UE va mucho más allá de la moneda única y que se concreta en haber eliminado aranceles y en haber establecido reglas fiscales bastante rígidas —déficits públicos inferiores al 3% del PIB y deuda pública por debajo del 60%— que han permitido extender la prosperidad económica a países como Reino Unido o Suiza no integrados en el euro.

Es más, en opinión de Ravier el euro ha traído perjuicios evidentes como son la gestación de la burbuja inmobiliaria por parte del Banco Central Europeo y la extinción de la competencia monetaria entre países, que podría haber disciplinado el sesgo inflacionista de los distintos bancos centrales nacionales.

Por mi parte, sin ser un entusiasta del euro y mucho menor del proyecto unioneuropeísta, he defendido en distintas ocasiones la moneda única por ser mucho más parecida a un sistema de patrón oro de lo que lo serían una horda de minidivisas con tipos de cambio “flexibles” sometidas a los intereses inflacionistas de cada uno de sus Estados. El oro era una divisa internacional porque su aceptabilidad no se basaba en las leyes de curso forzoso y su valor era independiente de las atrocidades fiscales que cometieran los distintos gobiernos. El euro es un constructo mucho más imperfecto que el oro —porque, a la postre, su valor sí se ve influido por el comportamiento de los gobiernos que lo integran— pero mucho menos imperfecto que las divisas nacionales “en competencia”.

Las invectivas que se le suelen lanzar son profundamente injustas y las críticas que se suelen olvidar son las verdaderamente relevantes en este caso. Así, señala Ravier que el euro es un fracaso porque el Banco Central Europeo (BCE) promovió la burbuja inmobiliaria, pero entonces también deberíamos calificar como fracaso al dólar, al yen o incluso a la libra, divisa nacional esta última que se plantea como alternativa al centralismo de la moneda única europea. El fracaso no es que tengamos una divisa europea, el fracaso es que se trate de una divisa fiduciaria que un monopolio como el BCE pueda manipular a su gusto.

Se me dirá que, aún siendo cierto lo anterior, muchas divisas europeas en competencia habrían permitido que los países con bancos centrales más prudentes hubiesen esquivado la crisis. Pero la esperanza tiene menos fundamento de lo que aparente: es muy difícil para un banco aislado (o para un sistema bancario aislado) escapar de un proceso de expansión del crédito concertada por el resto de bancos. Es más, nada habría impedido a los agentes de una economía cuyo banco central no expandiera el crédito contraer sus deudas en divisa extranjera. El caso de Islandia es paradigmático, pero en Europa tenemos otros ejemplos igualmente llamativos como el de Hungría, cuyos ciudadanos despreciaron los altos tipos de interés que el banco central húngaro imponía sobre el florín y prefirieron aprovecharse de los bajos tipos de interés en euros que favorecía el BCE. A menos que queramos imponer controles de cambios y de capitales, me temo que una economía nacional, por mucha soberanía monetaria de la que disfrute, sería incapaz de esterilizar las expansiones del crédito de otros sistemas financieros extranjeros.

Tan poco razonable veo el argumento de que la burbuja europea se hubiese evitado el euro en once divisas nacionales como sostener que la burbuja estadounidense se hubiese contenido dividiendo el dólar en cincuenta divisas estatales (o, si de competencia se trata, ¿por qué no en más de 3.000 divisas, una por condado?).

De hecho, es curioso que Ravier defienda la competencia entre divisas como un mecanismo para lograr la disciplina monetaria y, en cambio, no defienda la competencia arancelaria dentro de la UE como una forma de alcanzar el libre comercio. Mi colega considera que uno de los grandes logros de la UE es el de haber promovido la eliminación de aranceles entre los Estados miembros, cuando siguiendo la misma lógica que aplica para criticar al euro debería concluir que resulta más provechoso que cada nación europea fije, en competencia con el resto, sus propios aranceles exteriores.

Pero diría más: considero más razonable criticar a la UE por cartelizar la política comercial de cada Estado miembro frente a países ajenos a la UE que criticar al euro por eliminar la competencia entre divisas. Comercialmente, la UE debería haberse convertido en un área de libre comercio (no hay una política arancelaria común) y no en una unión aduanera (sí la hay); el efecto de este torcido rumbo ha sido una mayor coordinación entre los Estados miembros para restringir el comercio frente a los Estados no miembros. Pero, ¿cuáles habrían sido los logros de un sistema de divisas en competencia frente al euro? Como ya he explicado, no veo ninguna mejora sustancial, si acaso más inflación, más expansión crediticia, más “devaluaciones competitivas” y menos reformas liberalizadoras. Porque, no lo olvidemos, gracias a que tenemos el euro los gobiernos europeos se ven obligados a competir en reducciones del gasto y en liberalizaciones de los mercados; la alternativa de las divisas nacionales les habría permitido devaluar y envilecer la moneda sin tocar ni una partida de gasto y sin abrir ni un poquito los mercados.

Tampoco es acertado, como hace Ravier, desligar la disciplina fiscal que impone Maastricht de la existencia del euro. Los países de la zona del euro no asumieron ese compromiso tantas veces incumplido porque estuvieran convencidos de los beneficios de un Estado más pequeño, sino porque eran requisitos mínimos para lograr que el euro funcionase. Sin el euro, con total seguridad podemos decir adiós a esa disciplina fiscal, especialmente cuando, incluso con el euro, la pauta general ha sido la del incumplimiento.

Si acaso, al euro se le puede criticar por haber cedido demasiado a menudo a los intereses inflacionistas nacionales (primero de Francia y Alemania, ahora de los PIGS — Portugal, Irlanda, Grecia y España). Es decir, por haberse convertido de tapadillo en un reflejo de lo que habría sido un sistema de divisas nacionales en competencia. Pero llegados a este punto, la solución difícilmente puede consistir en trocear el euro para incrementar la influencia de los gobiernos nacionales sobre sus divisas, sino en nombrar a un gobernador del BCE realmente sensato e independiente o, si reconocemos los riesgos que implica este ingenuo parche, abrir la zona del euro a una competencia real.

Y es aquí donde que se halla el germen del desacuerdo entre Ravier y un servidor: la competencia, como Hayek supo ver, no consiste en que tengamos un mayor número de proveedores (“competencia perfecta”, según los neoclásicos), sino en que haya libertad de entrada en el mercado. Un mercado que opere con licencias tendrá a muchos proveedores con precios y condiciones de venta tasados por ley, pero carecerá de competencia. Lo mismo sucedería con un eventual regreso a las divisas nacionales “en competencia”, donde los ciudadanos de cada nación están obligados a aceptar como pago las distintas divisas de curso legal.

Multiplicar el número de divisas monopolísticas (de curso legal) no abre el mercado a la competencia, simplemente incrementa el número de gobiernos con capacidad para extorsionar a la población a través del manejo de su propia divisa. Lo único que lograríamos con ello, pues, es hacer buena la máxima de Thomas Tooke de que “la libertad bancaria equivale a la libertad para estafar”.

La única forma saludable de implantar competencia monetaria en Europa no es volviendo al nacionalismo monetario que denunciara Hayek sino, como también propusiera el austriaco, eliminar las leyes de curso forzoso y desnacionalizar el dinero. La división territorial de los monopolios monetarios no es que sea un paso en la buena dirección, sino, al contrario, una precipitación de lo peor de cada mundo.

Juan Ramón Rallo

lunes, 19 de julio de 2010

Tema polémico: las Universidades públicas y el FEES: una historia de nunca acabar


La negociación entre el Gobierno y las Universidades Públicas en lo que se refiere al presupuesto de estas últimas por los próximos años, ha dejado de ser un estira y encoge para convertirse en una verdadera novela latinoamericana (ya que ya no son sólo las mejicanas) de muy mal gusto. Es por esto, que el día de hoy dedicamos nuestro tema polémico a intentar darle una solución a dicho problema.

Como bien es sabido en el mundo al que aspiramos cada quien se hace responsable de sus actos, y nadie obliga a otros individuos a cargar con sus cuentas. En este sentido, siempre hemos estado en contra de la educación pública y financiada por el Estado en todos sus niveles (primaria, secundaria y universitaria). Pero debemos aceptar que ese mundo ideal dista muchísimo del real, del que vivimos cotidianamente, por lo que debemos reajustar un poco nuestra propuesta a lo factible. Por ello el día de hoy pretendemos dar una solución posible a dicho problema, que si bien es cierto esta de lejos de ser la ideal, al menos mejora en mucho el panorama actual. Como bien ha dicho Jorge Corrales, Presidente de la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE) “la libertad entra por rendijas”, por lo que tenemos que aprovechar las que se abran.

Pareciera claro que la manera más fácil de acabar con este dilema del financiamiento, es que en lugar de buscar el mismo a través del Gobierno, las universidades los obtengan de sus estudiantes. Esto no significa la privatización, sino la eliminación del subsidio a la educación superior. Así, cada estudiante asumiría el costo de sus estudios, pagando la totalidad de la matrícula y demás cobros asociados. Para hacer la transición más viable, resultaría factible que incluso el Estado, a través de la banca nacional o el mismo CONAPE ofrezcan créditos a tasas de interés razonables a los estudiantes, los cuales una vez adentrados en la vida productiva deberán pagar. Esta propuesta traería varia ventajas:

1- Responsabilizaría a los estudiantes por sus propios estudios. Al estar pagando los mismos, tendrían un incentivo a aprovecharlos al máximo y a tener éxito en sus materias. Ya que reprobar un curso significaría mayores gastos, podríamos acabar con el "ejército" de eternos estudiantes que deambulan por los pasillos universitarios o con aquellos "calientacampos" que van a clase entre fiesta y fiesta.

2- No se estarían tocando los intereses de la burocracia, lo cual haría que sea más fácil de aprobar la mencionada reforma. Sin embargo, ahora esta burocracia recibiría sus salarios según su capacidad para ser eficientes y satisfacer las demandas del estudiantado.

3- Las Universidades tendrán un incentivo a utilizar de forma más eficiente sus recursos, para lograr abaratar los costos de la educación y con ello atraer a jóvenes. Ya no se pagarían salarios a profesores o administrativos que no hacen su trabajo, se evitaría el despilfarro de recursos y todo el dinero se destinaría a la razón de ser de las universidades: los estudiantes. Muy posiblemente, se acabarían las oficinas administrativas lujosas, las flotillas vehiculares del año y los viajes, para dar paso a inversión en aulas, equipo, material, capacitación, etc. que beneficiaría a los estudiantes.

4- Las carreras tendrán un contacto más cercano al mercado laboral. Simplemente es irreal e insostenible seguir subsidiando y haciendo viable estudiar una serie de carreras de nula o muy poca demanda laboral a cientos de cientos de personas.

5- Los recursos que hoy en día se utilizan en la educación superior podrían destinarse a la primaria y secundaria, tratando de acortar distancias para con la educación privada.

Quizá quedarán interrogantes como ¿qué pasará con las becas, la asistencia social o con la investigación? Pues bien, las universidades públicas no son ni deben ser instituciones de beneficencia. Esto quiere decir que no son ellas las que tengan que entregar becas y subsidios al estudiantado, sino que pueden utilizarse otras estructuras, tanto públicas como privadas. En el primer caso, ya hay institucines como CONAPE o FONABE que se dedican a facilitar el acceso a estudios superiores y en el segundo, podríamos encontrar un interesante nicho para la responsabilidad social corporativa o para la formación profesional de los empleados de las empresas.

En cuanto a la investigación, en ASOJOD creemos que el Estado no debe financiarla, pues ello la politiza y sesga el conocimiento. Si las universidades desean realizarla, deben buscar los fondos, sea mediante alianzas estratégicas con empresas o mediante la venta de servicios. Con ello podríamos tener una mayor vinculación entre el sector público y privado, donde el primero venda servicios al segundo, para que este consiga desarrollarse y, a la vez, este sea un posible empleador de los investigadores y estudiantes a futuro.

Así esta es nuestra clara y sencilla propuesta, la cual como pueden ver podría traer una serie de beneficios que el país necesita.

viernes, 16 de julio de 2010

Viernes de recomendación


Para este Viernes de recomendación, en ASOJOD queremos ofrecerles un interesante artículo de John Blundell y Colin Robinson titulado "Regulación sin el Estado", donde se explica de forma clara, sencilla y comprensible, la naturaleza nefasta de las regulaciones estatales (aumento de costos, fomento a la cultura del rent seeking, establecimientos de barrera de entrada a la competencia, populismo, desaceleración económica, entre otros) y se propone, como alternativa, la creación de acuerdos voluntarios entre los individuos para que sean ellos mismos, y no el gobierno, los que decidan qué es permitido y qué no lo es.

jueves, 15 de julio de 2010

Felicitaciones a los argentinos


En ASOJOD aplaudimos la decisión que tomó el Senado argentino de legalizar el matrimonio de personas del mismo sexo, siendo la primera nación latinoamericana que lo consigue. Gracias a ello, ahora las parejas homosexuales tendrán los mismos derechos que las heterosexuales, especialmente en cuanto a la adopción, herencia y otros.

Nos parece que esta noticia muestra un avance en el reconocimiento de las libertades individuales, especialmente en tierras donde esos conceptos no han sido respetados durante los últimos años. Celebramos que se haya derrotado al discurso conservador-medieval que sigue valiéndose del dogma religioso para impedirle a las personas decidir y actuar sobre sus vidas.

Ojalá este hecho sirva para evitar que en Costa Rica se continúe con la desafortunada intención de someter el reconocimiento de un derecho al capricho de las masas.

ECONOMÍA: Mientras que Europa lamenta el estado de bienestar, EE.UU. lo construye


Mientras que el Presidente Obama se reunía con los líderes del G-20 en Toronto, era cada vez más aparente que EE.UU. y los países europeos se están moviendo en direcciones diametralmente opuestas.

La administración de Obama ha estado apurándose para convertir a EE.UU. en una copia del sistema de bienestar social europeo, mientras que al mismo tiempo los países europeos se han visto forzados a lidiar con el fracaso de ese mismo estado de bienestar. Grecia, Hungría y Portugal han recibido gran parte de la atención de los medios mientras su creciente deuda ha amenazado la viabilidad del euro. Pero a lo largo de la Unión Europea, los países están descubriendo que ya no pueden pagar el costo masivo de proveer beneficios estatales desde la cuna hasta la tumba.

Francia: El caso ejemplar del euro-socialismo se enfrenta a una deuda nacional de 1,49 billones de euros, alrededor de 77% de su PIB. Aquello no incluye las obligaciones no financiadas del sistema de pensiones del país, las cuales podrían exceder 200% del PIB por sí solas. Reformar el sistema francés de beneficios estatales ha sido considerado como políticamente imposible desde hace mucho, pero los datos fiscales han obligado al gobierno francés a que finalmente proponga un aumento en la edad de jubilación. El gobierno francés también está vendiendo tierras en posesión del estado y otras propiedades. Y el sistema de atención médica francés ha aumentado gradualmente los deducibles y otras formas de compartir los costos con el consumidor.

Alemania: Cada persona que trabaja en Alemania carga consigo una deuda de 43.000 euros ($53.000). Como respuesta a esto, el gobierno alemán ha anunciado planes de reducir en más de 80.000 millones de euros el gasto público, alrededor de 3% del PIB, a lo largo de los próximos cuatro años. Ya ha anunciado reducciones de $3.000 millones de euros en el presupuesto de este año, incluyendo una reducción en los beneficios para los desempleados. La edad de jubilación aumentará de 65 a 67 años para 2029. Las universidades estatales, anteriormente gratuitas, empezaron a cobrar matrícula.

Gran Bretaña: La deuda nacional de Inglaterra es de 90.000 libras ($133.000) por cada hogar. El nuevo gobierno del Primer Ministro conservador David Cameron ya ha anunciado que el presupuesto se reducirá en más de 6.000 millones de libras. Planea aumentar la edad de jubilación dentro de su sistema de Seguridad Social y abolir los pagos a los padres con niños recién nacidos. El gobierno también planea implementar una reforma al sistema de beneficios estatales al estilo estadounidense, incluyendo el requisito de empleo para aquellos que reciban beneficios.

Italia: Incluso el notoriamente disfuncional gobierno italiano se ha visto forzado a lidiar con una deuda nacional más grande que todo su PIB. El Primer Ministro Silvio Berlusconi ha propuesto una reducción en el presupuesto de más de 30.000 millones de euros a lo largo de los próximos dos años, incluyendo una reducción de 1.000 millones de euros en su sistema nacional de atención médica, además de un control severo de los pagos fraudulentos por discapacidad. Berlusconi también pidió un congelamiento de 3 años de los salarios de todos los burócratas.

España: Enfrentándose a la peor crisis económica del país en décadas, el Primer Ministro Jose Luis Rodríguez Zapatero ha reducido el gasto público en 15 millones de euros. Los pagos de los padres de niños recién nacidos fueron eliminados, y los pagos por discapacidad han sido reducidos. El gobierno español también ha propuesto aumentar la edad de jubilación para los hombres de 65 a 67.

Estos países están descubriendo una verdad económica básica: eventualmente se acaban los Pedros que le pagarán a Pablo.

Mientras tanto, EE.UU. está encaminado hacia un nivel de gasto público y endeudamiento comparable con el europeo. Desde ya, la deuda nacional de EE.UU. supera los $72.000 por hogar. La Oficina del Congreso para el Presupuesto (CBO, por su sigla en inglés) proyecta que la deuda equivaldrá a 90% del PIB para 2020. Aquello sería un endeudamiento más alto que cualquiera de los países mencionados anteriormente con la excepción de Italia —y estamos acercándonos a esa meta rápidamente.

El año pasado, el gasto federal de EE.UU. llegó a constituir 24,7% del PIB —alrededor de un cuarto de cada dólar ganado en este país. Mientras la fuerza total de los programas de beneficios estatales llega a sentirse completamente, el gobierno federal consumirá más que un 40% del PIB para mediados de este siglo. Y la trayectoria del gasto público se proyecta que continuará aumentando más allá de 2050, eventualmente llegando a un increíble 80% del PIB, de acuerdo a la CBO.

Pateando y gritando, Europa está dándose cuenta del error que es el estado de bienestar y dando los primeros pequeños pasos para volver a la cordura fiscal. El congreso estadounidense, en cambio, parece más inclinado a repetir los errores de Europa que a aprender de ellos.

Michael Tanner

miércoles, 14 de julio de 2010

Flash legislativo


Para hoy queremos reseñar el expediente Nº 16.280, "Exoneración de impuestos sobre bienes inmuebles a toda organización religiosa", presentado por el ex Diputado libertario Carlos Gutiérrez. Este proyecto procura reformar el inciso g) del artículo 4 de la Ley del impuesto sobre bienes inmuebles, para desafectar del pago de este tributo a “los inmuebles dedicados, únicamente, al culto y a obras sociales, inscritos ante el Registro Público pertenecientes a las iglesias y aquellas organizaciones religiosas sin fines de lucro legalmente constituidas como asociaciones o fundaciones y debidamente acreditadas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, incluyendo las temporalidades de la iglesia Católica: la Conferencia Episcopal de Costa Rica, arquidiócesis y las diócesis del país”.

La iniciativa se enmarca en un intento general de lograr los cambios necesarios para equiparar los derechos de las demás denominaciones religiosas frente a la Iglesia Católica. Al respecto, ha dicho la Sala Constitucional en su resolución Nº 3173-93, referente al artículo 75 constitucional:

“(...) Esta norma constitucional no puede interpretarse en sentido restrictivo, por el contrario, se entiende que el Estado tiene una obligación en sentido general, de cooperar con las diferentes confesiones religiosas que profesan los habitantes del país, y en forma específica con la religión Católica”.

Sin embargo, el inciso g) del artículo 4 de la Ley del impuesto sobre bienes inmuebles resulta contrario al principio constitucional de igualdad ante la ley, pues su redacción beneficia exclusivamente a la Iglesia Católica, mientras que en el caso de las organizaciones no católicas, solo los bienes inmuebles que se dediquen al culto, están exentos de ese pago.

En principio, las exoneraciones de impuestos que contempla nuestro ordenamiento jurídico se caracterizan por ser selectivas, de forma que mientras unos ciudadanos tienen que pagar los tributos, otros, por cualesquiera razones, gozan de un beneficio no extendible para el resto de la sociedad. Ahora bien, dado que vivimos en un país altamente estatista, donde los impuestos son pan de cada día y no se vislumbra, al menos en el corto plazo, una reforma fiscal tendiente a reducir la carga tributaria que pagan los costarricenses, en ASOJOD no vemos tan mal que, poco a poco, mediante diversas iniciativas, distintos grupos y actividades comiencen a ser exoneradas.

Por tanto, debe considerarse que en el contexto conservador católico costarricense, cualquier iniciativa tendiente a eliminar privilegios a la Iglesia Católica y equiparar a visiones religiosas y no religiosas en términos de derechos, es un avance, aunque todavía falta mucho camino por recorrer.

martes, 13 de julio de 2010

Entrevista a Andrew Napolitano



En esta entrevista el ex-juez y presentador de Fox Andrew Napolitano, conversa acerca de su libro: "Lies the Goverment told you: myth, power and deception in American History" donde se detalla el camino desafortunado que ha tomado el Estado americano.

lunes, 12 de julio de 2010

Tema polémico: estudiantes violentos, adultos complacientes


En este Tema polémico queremos abordar una situación que nos resulta realmente preocupante: los reiterados actos de violencia en que incurren los estudiantes y la increíble complacencia y alcahuetería de los adultos. Ya en ASOJOD nos hemos referido al problema de lainstitucionalización de la violencia frente a situaciones conflictivas, lo cual se refleja en la actuación de los estudiantes en los últimos años. Sin embargo, el nuevo capítulo de esta triste historia es el del adolescente de secundaria que decidió dispararle a la directora de su centro de estudio, lo cual le causó la muerte.

Las reacciones no se han hecho esperar, pero no han ido en la dirección debida. En lugar de repudiar el acto irracional y estúpido del joven, muchos han salido a justificarlo, diciendo que la directora era muy estricta, que el estudiante tenía problemas familiares o cuanta otra excusa se le ha ocurrido a unos adultos que aplauden y ríen las gracias de los adolescentes de hoy día. Pero no son sólo los padres quienes cometen este error; hay todo un grupo de profesionales, especialmente psicólogos y trabajadores sociales, que han desarrollado un discurso en defensa de los estudiantes, aduciendo que no se les puede disciplinar ni corregir y, mucho menos, responsabilizar de actos indebidos, pues ellos son "víctimas" de procesos disfuncionales de crianza, violencia en la televisión y videojuegos o, simplemente, porque se acomplejarían ante una llamada de atención.

Sin lugar a dudas, esta "corriente" ha provocado que nuestros jóvenes anden impunemente irrespetando los derechos y la integridad de las personas, destrozando cuanto se encuentran a su paso y granjeándose una extensa carrera delictiva. Y cuando llegan a adultos, continúan su vida sin asumir responsabilidades, escudados en el discurso justificador, alcahueta y complaciente de un sinnúmero de adultos que continúan culpando a la sociedad por "haber formado" delincuentes. Ese pensamiento es el que nos tiene sumidos en una situación de completa inseguridad e impunidad, violentando nuestros tres elementales derechos: libertad, vida y propiedad privada.

En ASOJOD hacemos un llamado para que comencemos no sólo a asumir las responsabilidades de nuestros actos, sino también para que permitamos que los otros asuman las suyas, lo cual implica que, como padres, docentes, profesionales y adultos, evitemos justificar las acciones injustificables de los niños y jóvenes. Tenemos la responsabilidad de inculcar ese valor en las generaciones que nos preceden, pues de lo contrario, volveremos a vivir en la edad de las cavernas.

No se trata de retornar a la época de los golpes y las patadas para "educar" a los niños. En ASOJOD repudiamos la violencia contra menores, pero esto no quiere decir que pensemos que los padres no puedan ni deban establecer reglas de conducta y disciplinar a los hijos dentro del marco de lo aceptable. Se trata de una disciplina sensata, que no se base en la violencia o en la imposición, sino en la definición clara de las reglas del juego, es decir, de lo que es válido e inválido como comportamiento. Y la mejor forma de hacerlo es, como hemos dicho, asumiendo nuestras responsabilidades y dejando que los demás asuman las suyas.

Esperemos que esta lamentable muerte derive en un castigo al irracional joven que disparó, evitando que se le tenga compasión por el solo hecho de ser menor de edad. Pero que también sirva para poner barbas en remojo y cambiar la forma en que tratamos estos hechos violentos.

viernes, 9 de julio de 2010

Viernes de Recomendación

De los adelantos en neurociencia ha surgido la neuroeconomía, dedicada al estudio de la relación entre lo que sucede en el cerebro humano durante la toma de decisiones y la conducta de los agentes económicos. El siguiente artículo pretende dar algunas reflexiones iniciales en torno a esta disciplina.

jueves, 8 de julio de 2010

ECONOMÍA: Mitos Agrícolas


Al igual que ocurre con las distintas culturas, en las actividades económicas también hay mitos. Dada cierta condición rural que la sociedad latinoamericana aún conserva, así como un innegable romanticismo con el que muchas personas miran la vida en el campo, en el caso de la actividad agrícola son varios los mitos que la rodean. La existencia de estos mitos, al desfigurar la realidad y adoptar un carácter de verdad indiscutible, dificulta la implementación de políticas efectivas que logren afianzar procesos de transformación y cambio necesarios para conseguir una agricultura dinámica y moderna capaz de competir en mercados globalizados.


Veamos algunos de dichos mitos y tratemos de desvelar su mítica existencia.


1) El problema de la agricultura latinoamericana se resuelve con la reforma agraria. En este contexto, reforma agraria se entiende en su acepción más tradicional, como la repartición de tierras. En este mito prevalece la idea, muy propia de los fisiócratas y de los tiempos feudales, que la principal fuente de riqueza es la tierra y, en concreto, su posesión. Con esta idea se ignoran dos cosas: una, que más que poseer la tierra como activo productivo importa el acceso efectivo a la misma; la otra, que en el mundo moderno son más importantes las capacidades que los activos como fuentes generadoras de ingresos y riqueza. De allí el énfasis que recibe tanto la educación como la conformación de capital social como medios para alcanzar el progreso individual y colectivo. El conocimiento es el único capital verdadero.


2) Los principales beneficiarios de la protección agrícola son los pequeños productores. Este es un clásico mito que se alimenta de la existencia de posiciones ideológicas extremas, ignorando lo que las cifras y los análisis dicen. En Latinoamérica, los pequeños productores dedican el grueso de sus esfuerzos a producir bienes alimenticios que fundamentalmente se dirigen a los mercados regionales, los que a su vez se caracterizan por tener una muy escasa competencia del exterior. La geografía en estos casos se convierte en la mejor protección, pues la protección arancelaria no cobija este tipo de cultivos, como sí ocurre con otros cultivos modernos. Las protecciones benefician generalmente a los agricultores grandes organizados e ineficientes, desplazando a los agricultores pequeños a terrenos menos productivos o a las ciudades

3) Los principales perjudicados con la apertura de los mercados son los pequeños productores. Si hay un grupo social que conoce de la realidad de los mercados, en donde los distintos bienes se someten a la indefectible ley de la oferta y la demanda, es el de los pequeños productores, quienes a diario los encaran. En Latinoamérica la formación del precio de un grupo importante de alimentos no se origina en la existencia de un arancel alto o de un mecanismo de estabilización, sino en las condiciones operantes en los distintos mercados regionales.

4) Las grandes oportunidades comerciales que se presentan en los mercados externos están en los bienes tradicionales. Este constituye un clásico mito que nos mantiene anclados en el pasado. La realidad actual del comercio mundial agrícola muestra que bienes como las frutas y hortalizas, los pescados y las carnes rojas ocupan un alto porcentaje de dicho comercio, en tanto que los bienes tradicionales han perdido participación al punto que además de ocupar los últimos lugares de participación en el comercio exterior agrícola presentan las menores tasas de crecimiento. Adicionalmente, los mercados mundiales privilegian la variedad de la oferta y no la homogeneidad, como en el pasado, con lo cual se premian la innovación y el ingenio.


5) En agricultura no aplican las ventajas comparativas. No se puede concebir que la muerte de las ventajas comparativas, concepto económico fundamental de la teoría del comercio internacional, nazca de las visiones erradas que se tienen de la agricultura latinoamericana. Por el contrario, si hay un sector que puede mostrar la vigencia de este concepto económico es la agricultura. Los casos de las flores, banano, pina, para señalar sólo dos experiencias, ilustran cómo a partir de la disponibilidad de un factor natural específico, que permite obtener una productividad relativamente alta, se desarrolla una creciente y dinámica actividad exportadora que da lugar al desplazamiento o la sustitución de otros cultivos que como el arroz, la papa o el maíz presentan bajos niveles de productividad y que, por ende, resulta mejor importar.


6) Desarrollo agrícola es sinónimo de la mecanización del campo. Infortunadamente, esta concepción ha prevalecido en el país durante los últimos cincuenta años. Debido a esta visión, y a la aplicación de políticas inspiradas en la misma, en pasadas décadas se presentó la acelerada migración de la población rural pues, en vez de promover alternativas productivas intensivas en mano de obra, factor abundante en el sector rural latinoamericano, se incentivaron cultivos que utilizaban intensamente la maquinaria agrícola, factor relativamente escaso en las economías en desarrollo. La mayoría de los cultivos de exportación innovadores, cuya producción debe competir abiertamente en los mercados externos, son dominantemente intensivos en mano de obra y no en maquinaria.


7) Seguridad alimentaria equivale a autoabastecimiento a cualquier costo. Al final de la Segunda Guerra Mundial prevaleció entre el grupo de los hoy denominados países desarrollados la necesidad imperiosa de garantizarle a su población el acceso a los alimentos básicos como manera de asegurarse contra una nueva confrontación global. De allí nacieron los famosos subsidios agrícolas de estos países. En la actualidad, a nivel internacional ya no se habla de seguridad alimentaria en los términos de autoabastecimiento, sino que, según la FAO, dicha seguridad se da cuando las personas, en todo momento, tienen acceso físico, social y económico a suficientes alimentos para tener una vida activa y saludable; en este caso no importa el origen de la oferta.


8) Los mercados de exportación representan un alto riesgo para los países en desarrollo. El corolario que necesariamente se sigue de este mito es que, como medida para mantener y desarrollar sus agriculturas, es mejor proteger las economías agrícolas de los países en desarrollo, pues las distorsiones reinantes en los mercados agrícolas hacen imposible que los dichos países puedan derivar beneficios del comercio de exportaciones. La experiencia de muchos países en desarrollo de distintos continentes es que el comercio exterior, por el contrario, constituye una fuente cierta de crecimiento económico, innovación y de progreso social.


9) Los subsidios de los países desarrollados impiden el progreso agrícola. Este mito es el preferido de algunas tendencias ideológicas y de ciertos funcionarios públicos como justificación para imponer barreras al comercio de bienes agrícolas y para evitar la apertura de los mercados a la competencia. La evidencia inobjetable y cierta es que los países desarrollados tienen una estructura de subsidios que aunque afecta el comportamiento del comercio mundial de bienes agrícolas no constituyen el factor determinante del mismo. Como se dijo anteriormente, en la actualidad el comercio mundial agrícola está dominado por bienes no tradicionales y las tendencias señalan que cada vez más se abren mayores posibilidades de crecimiento a estos bienes, contrario a lo que se espera que ocurra con los tradicionales.


10) Los comerciantes y la industria son los que se quedan con las ganancias del agricultor. Si este mito fuera enteramente cierto no habría actividad en el campo, pues la agricultura no sería rentable. La verdad es que cada vez más los agricultores entienden la necesaria especialización que se tiene que dar en las cadenas productivas y que tanto ellos como los otros agentes que intervienen en dichas cadenas, juegan un papel vital en el interior de las mismas y que su presencia se justifica mientras agreguen valor.


Otras realidades:


La protección de monocultivos como la caña de azúcar, siempre tendera a ir en contra de la seguridad alimentaria del país. El énfasis en precios altos al consumidor interno y a la exportación de excedentes vía cuotas preferenciales, crea distorsiones en usos de suelos, transferencias de consumidor pobre a productor y una baja remuneración de la mano de obra agrícola.


El proteccionismo que aplica un país, lo hace en contra de sus propios consumidores y no en contra de otros países. Criticar el proteccionismo de otra nación es totalmente inútil, dado que es una decisión soberana, la de empobrecerse encareciendo los productos que compran sus ciudadanos.


La protección o subsidio de una actividad económica siempre tendera a castigar a otro grupo económico más grande y más relevante para la economía. Las actividades subsidiadas nunca encuentran un punto óptimo de eficiencia y el uso indiscriminado de los recursos a su disposición hace que estas tarde o temprano desaparezcan.

Andrés I. Pozuelo Arce

miércoles, 7 de julio de 2010

Flash Legislativo

Para este día, queremos informar que en la Asamblea Legislativa, se tramita un proyecto que, a pesar de los serios problemas que contiene, ha estado en la corriente por más de 14 años, siendo esto, quizá, un record. Se trata del expediente N° 14.352, Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas.

En términos generales, la iniciativa pretende proteger y promover el desarrollo integral, la cultura autóctona y la autonomía plena de los pueblos indígenas costarricenses, mediante la creación de un marco jurídico que respalde financiera, social y legalmente a los pueblos indígenas del territorio costarricense, amparado en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Hasta ahí, todo parece estar bien, lleno de buenas intenciones, pero cuando se analiza la letra menuda de la iniciativa, se encuentran los problemas y se confirma aquella frase popular que dice "de buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infiero".

En primer lugar, hay que señalar que este proyecto contiene una visión de lo que, para la institucionalidad centralista, debería ser la autonomía de los pueblos indígenas, pues si bien le reconoce potestades de autoorganización y autodeterminación, los condiciona a los lineamientos contenidos en la iniciativa. Entonces ¿cuál autonomía? No son los pueblos indígenas los que van a decidir en plena libertad, sino que tendrán que limitarse a las estipulaciones de la ley, lo que refleja la crítica que siempre hemos hecho en ASOJOD: la fatal arrogancia de nuestros planificadores de creerse capaces de saber todo lo que los individuos necesitan y desean. Tan separada está esta iniciativa de lo que los individuos necesitan que tanto la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) como la gran mayoría Asociaciones de Desarrollo Indígena que la componen y que tienen la representación legal de las Comunidades Indígenas, se han pronunciado reiteradamente en contra de ese proyecto de ley.

Seguidamente, cuando se entra al análisis del articulado, se encuentran las ocurrencias típicas de nuestros gobernantes. Por un lado, varias de las disposiciones van en dirección de instituir la propiedad colectiva de la tierra, inscrita a nombre de los Consejos Territoriales Indíngeas y afectada por la declaratoria de la tierra como inalienable, inembargable, imprescriptible e intransferible a personas no indígenas o a personas indígenas a título personal. Se dice que esto se hace en virtud de una tradición indígena en la propiedad de la tierra, pero si bien, en la actualidad, las tierras de los indígenas están inscritas a nombre de la Asociación de Desarrollo Integral de la comunidad en donde habitan, la realidad ha demostrado que personas no indígenas poseen tierras dentro de las reservas. De hecho, uno de los culpables de esto es el mismo Estado, toda vez que la expansión agrícola ha alcanzado las zonas donde habitan pueblos indígenas y el mismo IDA ha entregado títulos de propiedad a muchos parceleros no indígenas de tierras ubicadas dentro de las reservas.

También se han presentado problemas en cuanto a la delimitación, dificultades en la transacción de tierras, imposibilidad de otorgamiento de préstamos bancarios, imposibilidad de heredar a los hijos mestizos, depreciación del valor de la propiedad, todos los cuales se asocian a un régimen de propiedad colectiva que no pareciera estar adecuada a los intereses y necesidades de los propios indígenas, ya que en la práctica, ellos continúan transando sus tierras, con el agravante de no poder legalizar estas transacciones. Si esto es así, es porque no están de acuerdo con la propiedad colectiva, y nunca se les consultó si querían ese tipo de propiedad comunitaria, que más que un favor, los tiene en caos, y les mutiló el derecho a tener propiedad privada .

Este régimen no sólo niega el derecho de propiedad privada contenido en el artículo 45 constitucional, por cuanto se le impide a los individuos habitantes en esas comunidades disponer libremente de sus tierras, sea para heredarlas, venderlas, alquilarlas, etc., sino que al estar inscritas a nombre del Consejo Indígena Territorial, existe un fuerte riesgo de que algunas personas se aprovechen de su autoridad en el seno de esa figura y realicen actos indebidos, comprometiendo el patrimonio de los demás habitantes de la comunidad indígena.

Por si fuera poco, el proyecto plantea que cuando existan dentro de los territorios indígenas personas no indígenas que posean tierras de buena fe o con título de propiedad debidamente inscrito en el Registro Público de manera legitima, cada Consejo Indígena Territorial negociará con las personas titulares, a fin de acordar el precio y las demás condiciones de compra por medio del Estado costarricense. No obstante, con Parques Nacionales o áreas protegidas y declaratorias de Patrimonio Arquitectónico, ya se ha presentado la mala experiencia de que el Estado confisca propiedades y no paga la expropiación como lo establece el numeral 45 constitucional. Si por la víspera se saca el día, en ASOJOD tenemos serias dudas acerca de que el Estado costarricense asuma los pagos a los dueños registrales.

Otro problema que contiene esta iniciativa es que crea cuatro fondos financieros (Fondo para Crédito Indígena; Fondo de Becas para Capacitación Indígena, Fondo de Recuperación de Tierras Indígenas y Fondo de Consejo Indígena Territorial), pero algunos de ellos duplican los mecanismos creados por el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), así como los del Fondo Nacional de Becas (FONABE), INA e IMAS (Avancemos). Si es público y notorio que el SBD no ha funcionado y tiene miles de millones de colones congelados e inutilizados, sin aprobar préstamos para los emprendedores ¿qué le hace pensar a nuestros políticos que estos nuevos Fondos sí van a funcionar?

Pero eso no es todo. Dos de esos Fondos obtendrían recursos provenientes del impuesto único sobre los combustibles, un impuesto que tiene destino específico, por lo que no puede variarse su utilización, tal como la Sala Constitucional ha señalado en la sentencia N° 4528-99, donde señala que:

en un Estado democrático de derecho como el nuestro, el Poder Ejecutivo está sometido en materia presupuestaria, en forma total, al Legislativo. Por ello, constituye una violación al régimen de legalidad, base esencial de nuestra democracia, el que se actúe en contra de la voluntad del legislador, ya sea por acción o por omisión.
También la resolución N° 2005-13208, reitera este criterio, cuando indica que

al no girar los recursos que percibe para reparar las vías, el Ministerio de Hacienda incurre en la violación de los derechos de los habitantes del país. Por ello, esta cartera debe respetar todos los impuestos con destino específico cuando elabore el presupuesto
Todo lo anterior representa una pequeña pincelada de los grandes problemas que presenta ese proyecto de ley y que, por cuestión de espacio, no pueden ser expuestos aquí con mayor detalle. Pero, en todo caso, ellos permiten concluir que esta iniciativa no genera ningún escenario positivo para los pueblos indígenas, pues la autonomía ya está reconocida precisamente por el Convenio 169 de la OIT antes mencionado.

Antes bien, el proyecto tiene tantas fallas que el texto que actualmente está en Plenario a petición del PAC, ni siquiera ha sido consultado a las comunidades indígenas. Veamos: las consultas que se han hecho, se realizaron entre el 22 de julio y el 09 de septiembre del año 2006, donde participaron apenas 2.200 de los más de 64.000 indígenas existentes en el país; no obstante, el 18 de octubre de 2006 se aprobó un texto sustitutivo y en noviembre de 2009, se emitió un dictamen de mayoría afirmativo en la Comisión de Asuntos Sociales con un texto todavía más diferente que el sustitutivo, el cual, al igual que el anterior, tampoco ha sido consultado a los pueblos indígenas, a pesar que el Convenio señalado lo exige. Pero, por si esto no fuera suficiente, los textos que se consultaron -que no es el que se discute actualmente en la Asamblea- recibieron recomendaciones de las comunidades indígenas que, hasta la fecha, no han sido incluídas. Esta situación es increíble, máxime cuando ha sido precisamente el PAC el que más ha defendido que se consulte a los pueblos indígenas, especialmente cuando se tramitaron proyectos de la Agenda Complementaria del TLC.

Si las razones que hemos aportado para exponer por qué este proyecto no tiene ni pies ni cabeza no resultan suficientes, entonces no sabremos qué necesitarán los escépticos para darnos la razón.

lunes, 5 de julio de 2010

Tema polémico: ¿afrenta a la soberanía?


¡Nos invaden!, la sospecha y la paranoia levemente apaciguada volvió a florecer en la cabeza de muchos costarricenses. ¿Cuál es la razón, o sinrazón, de tan súbita alarma? Hace pocos días se informó a la ciudadanía sobre la aprobación, por parte de la Asamblea Legislativa, del ingreso de 46 buques de guerra estadounidenses a territorio costarricense entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de este año. El objetivo de la llegada de las fuerzas estadounidenses será, según se anuncia, realizar operaciones antinarcóticos y en misiones humanitarias.

Las reacciones ante la noticia entre los patriotas no se han hecho esperar, ¿Cómo se atreven los diputados a abrirle la puerta de la patria a los militares yankees?, ¿Cómo, si en este remanso de paz, eliminamos el ejército? La molestia ha provocado las más épicas declaraciones de advertencia: la flamante diputada del PAC, Carmen Muñoz lo ha dicho "¡nos preparamos para enfrentarnos a un conflicto bélico de grandes proporciones!". Como exclamó don Juanito Mora, "Compatriotas: ¡A las armas! Ha llegado el momento que os anuncié".

Entre tanto alboroto es natural que los costarricenses, no acostumbrados a las demostraciones de fuerza militar, se muestren impresionados ante el eventual despliegue. Después de todo, lo más cercano a un ejército que tenemos son las avionetas no artilladas, las pangas de seguridad y la Pancha Carrazco. Por supuesto, ¡46 buques de guerra anuncian un Apocalipsis en mares territoriales!

No obstante, es importante aclarar el panorama. El artículo 121 de la Constitución Política de Costa Rica, en el artículo 121, inciso 5) referente a las atribuciones que le confiere la Constitución de forma exclusiva a la Asamblea Legislativa contempla la posibilidad de presencia buques de guerra en nuestro territorio del Mar Caribe o el Océano Pacifico cuando señala, como parte de tales atribuciones, “Dar o no su asentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y para la permanencia de naves de guerra en los puertos y aeródromos”.

Entonces, es claro que la propia Constitución contempla la posibilidad de ingreso de tropas al territorio nacional bajo las condiciones señaladas. Caso contrario sería la incursión de fuerzas militares a territorio nacional sin contar con la autorización del Poder Legislativo. Bajo dicha hipótesis estaríamos, sin lugar a duda, ante la violación de la soberanía nacional. Pero en lo concerniente a la situación que da pie a este Tema Polémico, las cosas no son así. Por tanto, las voces que señalaban una afrenta a la patria y la entrega de la soberanía no tienen sustento; se percibe el fantasma de la paranoia.

Pero no sólo la Constitución lo contempla como texto, sino que el accionar de los diferentes Gobiernos así lo contempla. Desde 1998 los gobiernos de los Estados Unidos y Costa Rica firmaron un acuerdo de cooperación para combatir el tráfico ilícito de drogas, en las regiones costeras de Costa Rica. Dicho acuerdo fue ratificado por Costa Rica y firmado como ley de la República nº 7929 “Acuerdo con los Estados Unidos USA para suprimir el Tráfico Ilícito de Estuperfacientes” por el Presidente Miguel Angel Rodríguez en octubre de 1999. Pero la cooperación entre ambos países no se ha limitado a eso, sino que alcanza temas más diversos que se enmarcan dentro del Convenio General de Ayuda Económica y Técnica para propósitos afines entre Costa Rica y Estados Unidos de América. Así, la construcción de puentes colgantes en la zona indígena de Talamanca a cargo de 16 militares del Comando Sur de Estados Unidos en 2008, la cooperación entre la Comisión Nacional de Emergencia, el Ministerio de Salud y el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos para prevenir el contagio de la pandemia Influenza en 2009 o el envío de ayuda médica a la comunidad de comunidad de Piedra Mesa de Talamanca, son ejemplos de estos programas de cooperación.

Independientemente del debate de si debe o no darse la lucha contra la droga -que en ASOJOD hemos considerado que la mejor opción es la legalización- es claro que la entrada de buques y personal militar responde a una decisión tomada por ambos Gobiernos. Por tanto, la reacción de los "patriotas" está más que fuera de contexto. No hay, como algunos creen, intención de los estadounidenses de invadir nuestro pequeño país.

Sin embargo, no es de extrañar que aquellos que gustan de construir elaboradas fantasías e intrigas, pronto salgan a desmentir tales hechos y nos anuncien que este es el primer paso del gobierno "imperialista" por hacerce con la Isla del Coco, como ellos habían premonizado hace unos años atrás en la discusión del TLC. No peguemos el grito al cielo, clamando por sensatez, cuando los Nostradamus modernos nos informen que los marins vienen con un batallón de botellas vacías para llevarse toda el agua dulce de nuestro país. No exclamemos sorpresa cuando estos "patriotas", vigilantes de la pulcritud y la soberanía, nos digan que en el casco de los barcos se esconden figuritas indígenas de oro o nuestras codiciadas ballenas, tesoros todos que se venderán en el mercado negro a muy buen precio y del cual, no sacaremos tajada alguna.

Por eso, conforme pasan los días, en ASOJOD nos convencemos que con los costarricenses, cualquier cosa puede pasar. Ya perdimos la capacidad de sorprendernos con las ocurrencias de nuestros coterráneos y ahora, sólo quedamos a la espera que los nunca bien ponderados y apreciados defensores de la soberanía, desempolven sus bayonetas y sus figuritas de Juan Santamaría y de la Virgen de los Ángeles, para lanzarse a las armas contra el "malvado imperio gringo" y sacarlo, una vez más, de territorio costarricense. De por sí, ya hay muchos cabezas calientes que están haciendo la tarea de motivar a los guardianes de la patria para tan magna empresa.

viernes, 2 de julio de 2010

Viernes de Recomendación


En este documental, el activista y escritor sueco Johan Norberg explica como la globalzación ha favorecido a la humanidad. También muestra como la mayor parte de los mitos existentes en contra de la globalización son resultados de la ignorancia de principios económicos y de mentiras.

La Globalización es Buena Parte 1
La Globalización es Buena Parte 2
La Globalización es Buena Parte 3
La Globalización es Buena Parte 4
La Globalización es Buena Parte 5

jueves, 1 de julio de 2010

ECONOMÍA: Distorsiones históricas y la crisis


El historiador sueco Johan Norberg describe en Financial Fiasco cómo unas políticas monetaria y de vivienda, las regulaciones y las innovaciones financieras que resultaron de estas, se combinaron para formar la “tormenta perfecta”. Pero lo más interesante del libro es que el autor considera que la reacción a la crisis en EE.UU. se debe a una distorsión histórica: que Herbert Hoover, el presidente que estaba en el poder cuando la depresión estalló en 1929 era un dogmático de libre mercado y que Franklin D. Roosevelt (FDR), era un presidente pragmático que intervino en la economía y la sacó de la depresión.

Sin embargo, dice Norberg, el que puede ser justamente calificado como un presidente de libre mercado era Warren Harding, quien sacó al país de la depresión de 1921. Aunque Harding era proteccionista, en lo demás solía oponerse a la intervención estatal en la economía. Su respuesta a la crisis fue reducir los impuestos, disminuir el gasto federal en un 50% durante dos años, y permitir que los salarios caigan y que las empresas compitan entre ellas. Para 1922, la economía creció a 6% y el número de desempleados cayó de 4,9 millones a 2,8 millones. La depresión se acabó en poco menos de un año.

Pero cuando estalló la crisis de 1929, el Presidente Hoover creía en un estado más activo. Fue en su administración que se implementaron los altos aranceles de la ley Smoot-Hawley causando que la depresión afecte al resto del mundo. También “aumentó el gasto público, lanzó un programa federal de obras públicas y empezó a subsidiar el sector agrícola que él había destruido cuando inició la guerra comercial”, asevera Norberg. Hoover intervino para prohibir que los salarios caigan. Norberg dice que el resultado de la política de mantener los salarios altos fue que la tasa de desempleo llegó a casi 25%.

Para la campaña electoral de 1932, su opositor FDR lo acusó de ser un despilfarrador que aumenta impuestos, un proteccionista y centralista. No obstante, el hombre que se había quejado de que “el gobierno cuesta mucho” en 1932 triplicó el gasto federal incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Norberg concede que muchos de los programas creados en su administración “redujeron considerablemente el sufrimiento de la gente durante la crisis” mientras que “otros proyectos, en cambio, causaron un daño inmediato”. Un ejemplo de esto fue la idea de aumentar los precios de los alimentos para aliviar a los agricultores. Para lograr precios altos el gobierno de FDR destruyó grandes cantidades de tierra agrícola, cultivos y carne. El resultado fue más hambre y más desempleo entre los trabajadores agrícolas.

Norberg dice que un mito similar se está formando acerca de G.W. Bush a pesar de que durante sus dos administraciones 78.000 páginas de regulaciones federales al año fueron creadas. Además, Clinton redujo en 969 los burócratas federales, Bush los aumentó en 91.196. Durante la presidencia de Bush, el gasto público aumentó a un paso más acelerado que cualquier otro presidente desde Lyndon B. Johnson. Finalmente, aprobó el primer paquete de rescate para Wall Street. Obama simplemente parece estar continuando en la dirección intervencionista.

Gabriela Calderón de Burgos