jueves, 30 de septiembre de 2010

ECONOMÍA: ¿Hacia un nuevo orden económico?


Debido a que la imposición de regulaciones financieras internacionales más estrictas podría desacelerar la recuperación mundial de la actual crisis, el nuevo orden económico internacional demorará en surgir.

El cambio más patente que ha ocurrido a raíz del severo colapso del sector financiero y el declive en los volúmenes de comercio provocado por la recesión ha sido la aparición del G-20 como el grupo que guía a la economía mundial.

Sin embargo, el orden emergente puede que termine siendo muy similar al orden económico pre-crisis si EE.UU. logra contener las potenciales presiones inflacionarias de una incesante política monetaria laxa y si el tipo de cambio del dólar se mantiene firme. Esto requerirá, eventualmente, de un retiro oportuno de las extraordinarias infusiones monetarias que se están llevando a cabo para ayudar a que la economía estadounidense y la mundial se recuperen.

Además, serán necesarias reformas que eliminen los desequilibrios fiscales masivos en los países desarrollados para prevenir que sigan aumentando los impuestos y se mantenga el incentivo de las generaciones más jóvenes para continuar invirtiendo en capital humano y físico.

Mantener las tasas tributarias lo más bajas posibles es claramente una precondición para mantener el crecimiento de la productividad a futuro y para satisfacer los próximos retos en varios frentes: la población, el envejecimiento, el ahorro energético, el cambio climático, los crecientes costos de atención médica, entre otros. No obstante, el escepticismo está creciendo en cuanto a sí todos los asombrosos retos de políticas económicas pueden resolverse a tiempo.

También a nivel microeconómico es poco probable que el orden económico post crisis detenga la erosión de la seguridad económica para los trabajadores en las naciones desarrolladas —de hecho, probablemente sucederá lo contrario. Si el nuevo marco regulatorio que se está debatiendo preserva exitosamente el proceso de integración económica global, los trabajadores en el mundo desarrollado continuarán experimentando una creciente inseguridad en sus trabajos y una mayor competencia por parte de trabajadores extranjeros. De tal forma, se verían obligados a adaptarse adquiriendo nuevas destrezas y siendo más móviles. Por lo tanto, los tomadores de decisiones en los países desarrollados se enfrentarán a crecientes presiones políticas para reducir estas incertidumbres a través de protecciones sociales crecientes.

La crisis económica de 2007-2009 ha provocado respuestas distintas en distintos países. Muchos han introducido paquetes de estímulo para extender la ayuda para los desempleados, han expandido los proyectos de obras públicas, han respaldado las inversiones y brindado asistencia a instituciones financieras para que estas puedan volver a prestar.

Aunque estas ayudas deberían ser removidas conforme se vayan recuperando las economías, puede que no sea posible revertirlas completamente ya que las presiones económicas, anteriormente mencionadas, de la globalización se volverán más intensas y las tasas de desempleo permanecerán altas.

Es probable que el nuevo orden económico se enfoque en someter a las entidades financieras privadas a regulaciones más severas de tal manera que se reduzca su exposición al riesgo. Pero eso restringiría el flujo global de capitales, cuando más bien es necesario expandirlos —y no solo a corto plazo para acelerar la recuperación de la actual recesión.

La clave para expandir los flujos de capitales, especialmente hacia los países del “sur”, es reformar los sistemas financieros de los países emergentes de tal manera que estos tengan una mejor gobernabilidad corporativa, menos corrupción y políticas macroeconómicas orientadas hacia el crecimiento. Estas reformas beneficiarían tanto a países desarrollados como a los que están en vías de desarrollo.

En general, tanto las fuerzas que detendrían la globalización como aquellas que la promoverían están presentes. La reciente crisis financiera ha debilitado las economías del mundo desarrollado, ha promovido políticas nacionalistas que beneficiaron a algunas naciones a costa de otras y ha socavado el respaldo para que continúe la globalización.

Pero puede ser que los intereses regionales promuevan la globalización de una manera fragmentada conforme los países busquen maximizar las ventajas del comercio y de la integración internacional sin que un poder global haga cumplir y respetar las leyes, normas e instituciones internacionales. Sin embargo, un orden económico como este trae consigo una considerable incertidumbre y podría ser inestable en última instancia.

La aversión a las consecuencias de un colapso del orden económico internacional —lo que ocurrió después de 1914 con la destrucción económica y física de dos guerras mundiales— podría brindar suficiente impulso para permitir que el orden liderado por EE.UU. continúe por unas cuantas décadas más.

No obstante, ninguna nación parece capaz de llenar los zapatos de EE.UU. como este país lo hizo cuando Gran Bretaña estuvo económicamente exhausta luego de la Segunda Guerra Mundial. Los únicos candidatos son Europa, China e India —pero cada uno de ellos o no están interesados o no son económicamente y militarmente capaces de asumir de manera exitosa el papel de poder hegemónico global.

Jagadeesh Gokhale

miércoles, 29 de septiembre de 2010

Flash Legislativo


La semana anterior, la Fracción del Movimiento Libertario presentó dos nuevos proyectos de ley tendientes a garantizar la responsabilidad fiscal del Gobierno. Se trata del Expediente N° 17.867, que procura reformar el artículo 176 de la Constitución Política para impedir el financiamiento de gasto corriente con deuda y el Expediente N° 17.868, Ley de Responsabilidad Fiscal, que busca establecer una serie de reglas y sanciones para el manejo financiero de los Presupuestos Públicos.

En ASOJOD celebramos que se intente poner límites al gasto público y al despilfarro de recursos que hacen los gobiernos de turno y que sólo sirven para aumentar la corrupción, el clientelismo y justificar la posterior voracidad fiscal.

Ya es hora que los gobernantes tengan que sujetarse a reglas claras y sepan que no pueden estar por encima de la ley ni pueden generar un desorden en las finanzas públicas sin que hayan consecuencias legales en su contra. Ya es hora de que el gobierno vuelva a ser responsable ante los ciudadanos y preserve los recursos que los individuos crean mediante su trabajo y capacidad.

lunes, 27 de septiembre de 2010

Tema polémico: Reforma a la Sala Constitucional


Mucho se ha hablado en los últimos días sobre la necesidad de reformar las competencias de la Sala Constitucional. Algunos dicen que este órgano ha sobrepasado sus competencias, en el sentido que, actualmente, cogobierna; otros critican el alcance de los fallos, que impiden la administración de un Estado y sus instituciones de acuerdo con lo planificado por los jerarcas. Para otros, el problema está en que los magistrados son prácticamente inamovibles, toda vez que su destitución requiere el voto de 38 Diputados. En el caso de la Asamblea Legislativa, ese debate no ha pasado desapercibido, hasta el punto de que ya se conformó una subcomisión que verá 5 proyectos de ley tendientes a ese objetivo.

Lo que hay que preguntarse es si realmente se requiere reformar a la Sala Constitucional y, en caso afirmativo, qué tipo de reforma se requiere. Precisamente, en este Tema polémico queremos aportar nuestra contribución.

En ASOJOD compartimos con muchos que la Sala se ha extralimitado: si bien su función es hacer cumplir la letra de la Constitución, nos parece inapropiado que ese Tribunal decida que hay que darle tratamiento para disfución eréctil a unos a costa de otros o que una persona que está en lista de espera para recibir un tratamiento médico en la CCSS se salte a todas las otras que le preceden sólo porque la Sala declara con lugar un amparo. Sin lugar a dudas, unos magistrados están tomando decisiones de política pública que le competen a otros funcionarios y eso no sólo está causando un problema de claridad en las competencias, sino que también deja dudas sobre la necesidad de tener a dichos funcionarios cobrando sueldos y a instituciones gastando sus presupuestos, si el máximo Tribunal es el que va a tomar las decisiones.

Pero, además, dicha situación plantea el cuestionamiento si las decisiones de los Magistrados, que al fin y al cabo son operadores del Derecho y no médicos, ingenieros, economistas, etc. son tomadas con arreglo a criterios técnicos en la materia o son sólo, como nos parece, interpretaciones de la letra de una norma que no siempre se adecuán a la realidad y a la necesidad. En otras palabras, para obligar a la CCSS a atender a un paciente, digamos que está en el puesto 124, la Sala debe decidir que su condición es prioritaria sobre los otros 123, a pesar de no conocer el historial clínico de estos.

Ni qué decir de los costos generados por sus sentencias. Cada vez que a los Magistrados se les ocurre que el derecho a la salud incluye pastillas de viagra, perjudica a los demás costarricenses, pues quien deberá pagar por el tratamiento no es la CCSS, sino todos los ciudadanos mediante sus impuestos. Y conforme va aumentando la lista de "derechos", más disminuye el patrimonio de los individuos.

También compartimos criterio con quienes critican la cuasi inamovilidad de los Magistrados. Nos parece que en un Estado democrático y, más aún, en una sociedad que aspire a ser libre, el relevo en los puestos de poder es una condición sine qua non. Lord Acton nos advertía que "el poder corrompe y el poder absoluto, corrompe absolutamente". Cuando estos funcionarios detentan el poder que sus competencias le otorgan, no sólo no rinden cuentas a nadie, sino que tampoco tienen limitaciones: prácticamente se han situado por encima del bien y del mal, por encima de la ley. El hecho de que, cada vez que se conoce en el Congreso la continuidad de los Magistrados, se requiera 38 votos en contra para impedir que permanezca en su puesto, debe llamarnos a reflexionar.

Ahora bien, donde nos apartamos del criterio de algunos quejosos es en el tema de las consultas de constitucionalidad. Desde tiempo atrás, legisladores, académicos y hasta los mismos Magistrados, han insistido que debe eliminarse el control a priori de la constitucionalidad de las normas, especialmente como mecanismo utilizado para retrasar el proceso decisional. En ASOJOD somos de la opinión de que el Reglamento Legislativo, aún con todos sus fallos, contiene un instituto fundamental, que es la consulta facultativa de constitucionalidad. Su importancia radica en que se ha convertido en un instrumento de defensa de los derechos de la minoría parlamentaria sobre la tiranía de las mayorías.

Un par de ejemplos pueden ayudar a clarificar la cuestión. Hace unos años, cuando se tramitaba el Plan Fiscal en la Administración Pacheco de la Espriella, prácticamente un sólo Diputado logró detenerlo: Federico Malavassi se valió de la aplicación del Reglamento en el proceso de formación de la ley y logró cimentar un bloque de legisladores dispuestos a firmar una consulta de esa índole. Al final, la Sala encontró vicios de procedimiento y eso se trajo abajo el paquetazo de impuestos. Recientemente, en la Comisión Plena II se aprobó en primer debate el proyecto de ley que pretende eliminar el porteo como actividad privada para convertirlo en un servicio público. A pesar de que el PLN, el PAC y el PUSC estaban decididos a imponerse como mayoría, el trabajo de tres legisladores libertarios permitió que se tenga paralizada la reforma, mientras la Sala decide.

Si el Congreso es el reflejo de la sociedad, la existencia de procesos decisionales basados en la fórmula mayoritaria, donde es muy posible que se atropellen los derechos de las minorías, podría provocar que se institucionalice esa práctica en la cultura política de los costarricenses y de ese ámbito, pasar a sus relaciones interpersonales, de forma que la imposición y la falacia ad numerum se conviertan en valores que sustituyan al diálogo, el convencimiento, la persuación y la negociación. Por eso resulta importante que las minorías no sólo puedan expresar sus criterios, sino también que existan instrumentos para que logren aplicarlos de forma que sirvan como freno a la tiranía de las mayorías. De ahí que la consulta a la Sala sea una salvaguarda de esos derechos y un mecanismo de control al poder Legislativo para consolidar el sistema de frenos y contrapesos en un régimen democrático.

Como pueden ver, la reforma a las competencias de la Sala IV no es poca cosa. Se requiere de una reflexión seria, de una discusión apropiada y de una conciencia sobre los beneficios y perjuicios que se pueden generar. Ojalá ese proceso estuviera orientado a la consolidación de una sociedad libre, dejando más espacios para el orden espontáneo en lugar de aspirar al diseño planificado. Sin embargo, la clase política costarricense no se distingue por su aprecio a los valores de la libertad, por lo que el panorama se antoja bastante oscuro a priori. Esperemos a ver cómo avanza.

viernes, 24 de septiembre de 2010

Viernes de recomendación


En este día queremos compartir un artículo titulado "Indeterminismo y democracia en Popper" de Manuel Pavón, en donde se explica que la noción de la democracia de ese gran pensador se acerca a su visión del indeterminismo en la cosmología.

De esta forma, la sociedad liberal está más cerca entonces a un sistema no ordenado pero cohesionado, algo similar a una "nube de mosquitos" sin orden y regulación aparente.

miércoles, 22 de septiembre de 2010

Flash Legislativo


El pasado jueves, la Asamblea Legislativa dio fin a un debate esteril y absurdo que se venía gestando desde días atrás. Se trata de la aprobación, en primer debate, del proyecto N° 17.815 para declarar a Juan Rafael Mora Porras (1814-1860) como Libertador y Héroe Nacional.

Desde hace unos días, el Diputado del PLN, Fabio Molina, atizó el debate al oponerse a tal declaratoria, insistiendo que en Costa Rica sólo puede haber un héroe: Juan Santamaría. Por supuesto, los ataques de otros Diputados no se hicieron esperar y tras un estira y encoge, se logró aprobar el mencionado expediente con 41 votos a favor y 1 en contra. Además, el pasado lunes se aprobó en segundo debate, convirtiéndose prácticamente en Ley de la República (sólo falta la sanción del Poder Ejecutivo).

Probablemente, los lectores se preguntarán qué necesidad había de hacer de este tema, un debate en el Congreso. En ASOJOD no sólo cuestionamos lo mismo, sino más: qué necesidad hay de dedicar tiempo y recursos valiosos para discutir algo tan estéril e inútil como una declaratoria de héroe o un benemeritazgo cuando la agenda legislativa está rebosando de proyectos que merecen ser discutidos.

Los tax payers esperamos de la Asamblea Legislativa una inversión apropiada, eficiente y eficaz de sus recursos; elegimos representantes para que promuevan o bloqueen los proyectos de ley que consideramos buenos o malos respectivamente. Sin embargo, dedicar tiempo a algo tan absurdo como declarar que un fulano debe ser héroe o un sultano debe ser Benemérito de la Patria, nos parece lamentable.

Por eso planteamos la duda y la dejamos picando para que los lectores opinan: ¿debería la Asamblea Legislativa destinar tiempo para declarar héroes y beneméritos? ¿Quién podría hacerlo en su lugar, para así aligerar la agenda legislativa? O es más, ¿requiere Costa Rica que se estén otorgando esos títulos honoríficos? ¿Qué ganamos los ciudadanos actuales con esto?

martes, 21 de septiembre de 2010

Seminario de dolarización en Costa Rica


En ASOJOD queremos invitarlos a la siguiente actividad organizada por ANFE:

Seminario de dolarización en Costa Rica


Expositores:

* Dr. Rodrigo Bolaños, Presidente del Banco Central
* Dr. Roberto Brenes, Gerente de la Bolsa de Valores de Panamá
* Dr. Claudio de Rosa, Ex Asesor de la Presidencia de El Salvador
* Dr. Juan Muñoz, Catedrático Universitario
* Sr. Thelmo Vargas, Ex Ministro de Hacienda
* Dr. Norberto Zúñiga, Ex Funcionario del Banco Central
* Sra. Mónica Araya, Presidenta de CADEXCO
* Dr. Luis Loría, Redactor de Propuesta
* Dr. Jorge Corrales Quesada, Moderador

Lugar: Hotel Radisson, Salones Zurquí 1 y 2

Fecha y hora: Martes 28 de Septiembre del 2010, de 2:00 a 6:45 p. m.

Costo: ¢ 6.000 (Incluye refrigerio).

Reservaciones:

Telf.: 2253-4460 / 2224-7350 / 8996-6569 / Fax 2253-4497;
E-Mail: anfe@anfe.or.cr ,
Oficinas de ANFE: Barrio Francisco Peralta, frente Costado Iglesia Sagrado Corazón de Jesús.

lunes, 20 de septiembre de 2010

Tema polémico: ¿celebrar la independencia?


El pasado 15 de septiembre los costarricenses celebraron el Día de la Independencia. La antorcha de la independencia cruzó calles y avenidas mientras se alumbraba la noche con los tradicionales faroles. Miles cantaron el Himno Nacional y otros tantos desfilaron. Múltiples formas de celebrar la historia pero, en la mayoría de los casos, conmemoraciones carentes de sentido crítico que invite a pensar sobre el significado de ser independientes en la actualidad.

Es, también, época en que retumban los discursos ligeros, aludiendo al “sentido profundo de la patria”, a los “valores comunes” que le son propios y le da identidad. “Hacer patria es subordinar el interés individual al interés supremo de la nación” dijo la señora Presidenta de la República, demostrando hasta dónde el colectivismo ha calado hondo en la mentalidad de nuestros gobernantes, en perjuicio de los derechos y valores individuales.

En ASOJOD no podemos tomar con ligereza tales conceptos y declaraciones. Hemos señalado en diversas ocasiones el peligro existente en conceptos aparentemente bien intencionados y loables: el bien común, la patria, el pueblo y otros tantos de tinte tan difuso como colectivista, pero cuya amenaza yace, precisamente, en su carente objetividad de contenido y, por ende, en la facilidad con que cada quien (generalmente quienes detentan el poder) los dota del significado más ventajoso. ¿Cuántas políticas públicas diseñadas para favorecer el “bien común” han terminado por afectar a cada uno de los costarricenses?

Pero, más allá de la forma en que la independencia se llena de contenido, debemos preguntarnos por la vigencia del concepto mismo ¿Qué significa ser independientes bajo el paradigma de la interdependencia global?

La era de las redes nos convierte en ciudadanos del mundo donde las fronteras tradicionales territoriales carecen completamente de sentido. Ser independiente es antítesis del sometimiento, sin embargo, dependemos más que nunca de las decisiones, aparentemente insignificantes, tomadas en cualquier parte del mundo. Particularmente los gobiernos lucen inútiles para atender, y mucho menos, regular los problemas nacionales o globales, cediendo, en muchos casos, el protagonismo ante instancias supranacionales o transnacionales.

En definitiva, entendemos la independencia bajo la lógica de la aldea cuando vivimos en la era de las redes. Celebramos contemplando al pasado, pero enfrentando los desafíos que nos impone la actualidad.

Conviene entonces preguntarnos ¿de qué somos realmente independientes? Tal vez nos demos cuenta que la independencia carece de toda validez empírica y que su significado nos remite, cada vez más, a un pasado romántico de nuestra historia, cuya celebración no es otra cosa que la excusa perfecta para invocar un colectivismo contrario a la libertad individual.

viernes, 17 de septiembre de 2010

Viernes de Recomendación


Para el día de hoy les presentamos el ensayo: ¿Ciudadanía o síndrome de Estocolmo? del Profesor Julio Cesar de León Barbero. En dicho trabajao, se muestra como se ha levantado una falsa visión de la ciudadanía, en donde la misma se obtiene y se practica a la luz de estar al servicio del Estado y en función de sus caprichos.

jueves, 16 de septiembre de 2010

ECONOMÍA: China: Represión financiera


El gran paquete de estímulo de China y la rápida expansión del crédito han mantenido andando el motor del crecimiento, pero a expensas del sector no estatal. La asignación de crédito a través de los bancos estatales ha favorecido a las empresas estatales y a los gobiernos locales. Aunque los grandes bancos no están frente a un peligro inmediato, hay señales que advierten que el sector bancario está más frágil de lo que muchos creen.

Los políticos locales, bajo la fuerte presión de desarrollar la infraestructura, han utilizado plataformas de inversión para evadir restricciones sobre los préstamos directos de los bancos. Si se emprenden muchos proyectos de alto riesgo, los préstamos bancarios podrían deteriorase y podrían florecer préstamos vencidos. Las decisiones de inversión están todavía altamente politizadas y la evaluación del riesgo es débil. Tratar de servir a dos jefes —el mercado y el Estado— es difícil. Los préstamos a los gobiernos locales constituyen alrededor de un 20% del crédito bancario total y 20% de esos préstamos se encuentran ahora vencidos.

El crédito se expandió en un 34% el año pasado. Aunque la emisión de nuevos préstamos bancarios se ha desacelerado en alrededor de un 18% este año, se está haciendo recurrente la práctica de prestar y mantener estos préstamos fuera de la hoja de balances. En un reporte reciente, Fitch indicó que el uso de la creación informal de títulos valores está conduciendo a una “predominante subestimación del crecimiento del crédito y de la exposición al crédito”. De manera que el crecimiento real de los préstamos podría estar subestimado en un 28% para la primera mitad de este año.

Los bancos estatales ahora trabajan de cerca con empresas que administran fondos para estructurar préstamos y revenderlos como “productos de administración de riqueza”, los cuales pagan una tasa de interés más alta que los depósitos bancarios. Estos productos vienen con una garantía, por lo que su demanda es alta y la oferta está satisfaciendo la demanda. En mayo, los bancos en conjunto con las empresas que administran fondos emitieron alrededor de 615.000 millones de yuanes (HK$704.000 millones) de estos productos, casi igualando la cantidad de los nuevos préstamos bancarios.

Mientras no haya propiedad privada transparente de los bancos y otras instituciones financieras, China podría enfrentar una creciente cantidad de préstamos vencidos ya que los préstamos son concedidos a gobiernos locales y a empresas estatales que no sobrevivirían en el mundo de la empresa privada. Las distorsiones aumentarán.

Si el Banco Popular de China no desacelera adecuadamente la máquina de imprimir billetes, la inflación actual de 3% podría aumentar fácilmente, resultando en controles de salarios y de precios, la pérdida de libertad económica y un aumento en el desempleo y la pobreza.

“La limpieza continua de los vehículos de inversión de los gobiernos locales es crítica para contener los riesgos del sector fiscal y bancario a mediano plazo”, dice Tao Wang, economista de UBS. China necesita más libertad de capitales y menos intervención estatal. Insertar la creación de títulos valores en una economía socialista de mercado es una receta para el desastre: El apalancamiento aumenta y el riesgo es socializado.

China necesita tomar medidas que permitan que se desarrollen verdaderos mercados de capitales y para que los fondos fluyan al sector privado con criterios comerciales. Las tasas de interés necesitan liberalizarse y la cuenta de capitales debe abrirse aún más. La reciente eliminación de la restricción al libre flujo del yuan en Hong Kong es un paso en la dirección correcta, así como lo es el anuncio de que el tipo de cambio será más flexible.

Hu Xiaolian, la gobernadora del Banco Popular de China, ha reconocido el riesgo de inversión inherente en el actual sistema de represión financiera. En su reciente anuncio, publicado en el sitio web del banco, ella citó al tratado liberal de Milton Friedman, Libre para elegir, al enfatizar que la “inflación es una enfermedad que si no se controla a tiempo puede destruir una sociedad”.

Pekín necesita sopesar las ideas que han funcionado y acelerar la transición hacia un mercado de capitales libre. El problema de riesgo moral surge cuando el Estado es demasiado grande y el mercado demasiado pequeño.

El proceso de reforma de China desde fines de los setenta ha transformado la sociedad y ampliado la gama de opciones disponibles para las personas. Sin embargo, la represión financiera todavía limita las opciones para inversiones y favorece a las empresas y bancos del Estado. El problema de “demasiado grande para quebrar” y el riesgo moral no afecta únicamente a Occidente.

James A. Dorn

miércoles, 15 de septiembre de 2010

Flash Legislativo


La semana anterior se votó unánimemente de forma negativa el proyecto de ley N° 17.337 que pretendía autorizar al Poder Ejecutivo para incumplir temporalmente con el artículo 6 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos de la República, que dispone que no se podrán financiar gastos corrientes con ingresos de capital.

Por supuesto que esto no sucedió por una repentina responsabilidad fiscal del PLN, pues con la excusa de la crisis y la consecuente caída en los ingresos fiscales, los legisladores de esa bancada más bien han enfatizado en que se debe seguir aumentando el endeudamiento para poder cumplir con los compromisos del gasto. Se logró gracias a la enorme presión del Movimiento Libertario y del PUSC, que en conjunto le interpusieron más de 1.000 mociones a tan nefasta iniciativa, tanto en Comisión como en Plenario.

Ahora bien, es claro que con la entrada del nuevo Proyecto de Presupuesto, el oficialismo vuelve a la carga con su tesis y corresponderá a las fracciones de oposición vigilar que no se ponga en peligro la estabilidad financiera de Costa Rica.

lunes, 13 de septiembre de 2010

Tema polémico: Costa Rica para llorar


El Foro Económico Mundial ha publicado su nuevo estudio de Competitividad Global. Así que este día, dedicaremos nuestro Tema polémico para resaltar los elementos más importantes que señala el mencionado informe.

Los índices de competitividad global más problemáticos que señala el informe se refieren a la infraestructura, el ambiente macroeconómico, y la falta de desarrollo de un mercado financiero. Entre los obstáculos más grandes para desarrollar negocios se vuelven a encontrar la infraestructura, la obtención de financiamiento y la estructura burocrática. Esto se refiere a los índices de forma general, pero si se leen los aspectos específicos algunas cifras resultan simplemente alarmantes.

Costa Rica ocupa el puesto 115 en lo que se refiere a los costos de los negocios sobre crimen y violencia. En el apartado de crimen organizado, el país ocupa el puesto 101, cosa que debería llamarnos la atención a todos. A su vez, en el campo de protección al inversionista el país ocupa el deplorable puesto 127. En el área de la infraestructura se muestra el total abandono y rezago en que se encuentra el país, siendo el caso de los puertos el ejemplo más dramático, al ocupar el puesto 132 de 139. En el punto macroeconómico cabe destacar que, en lo que se refiere a inflación, el país ocupa el puesto 113, lo cual muestra el claro fracaso en política monetaria que ha atravesado el país en los últimos 30 años.

Si bien lo anterior apenas es una pincelada de los preocupantes datos que arroja ese estudio, es material suficiente para afirmar que el país requiere de una agenda de competitividad seria y agresiva. En el campo macroeconómico se requiere una inflación controlada y baja, siendo la dolarización una posibilidad viable para alcanzar dicho objetivo. A su vez, se necesita un sano desenvolvimiento de las finanzas públicas, acabando con esos déficits presupuestarios que tanto daño le hacen a la economía. Mejorar estos dos factores ayudaría de forma clara el clima de inversión en el país.

En el campo de la infraestructura, se requiere de mayor participación privada, reformar y mejorar el esquema de concesiones que se tienen hoy en día, el cual ha sido un verdadero fracaso, siendo el caso de los puertos una situación de emergencia nacional. En el campo de los negocios, se necesita agilizar los trámites, simplificar los mismos, reducir los costos de legalidad, eliminar barreras de entradas y salidad e impulsar el gobierno digital, entre otras cosas.

Como se puede ver existe mucho trabajo por hacer, pero la pregunta del millón de dólares es: ¿será capaz este gobierno de realizar el mismo? Quedamos pendientes de una respuesta.

viernes, 10 de septiembre de 2010

Viernes de recomendación

Para este Viernes de recomendación, queremos compartir con ustedes un interesante texto de Antonio Argadoña, titulado "Orden espontáneo y ética: una sugerencia", donde se da una breve pero clara explicación de los postulados principales de la Escuela Austriaca, especialmente la teoría de la acción y la teoría del orden espontáneo.

Además, el autor realiza una serie de críticas constructivas a los postulados de este paradigma en función de la ética, con la intención de incorporar algunas consideraciones que, en su opinión, no estaban en los autores originales, para así perfeccionar los postulados austriacos.

jueves, 9 de septiembre de 2010

ECONOMÍA: EE.UU.: Cómo debería reformarse el mercado hipotecario


Al fin se está debatiendo una de las causas de la crisis financiera: nuestro profundamente defectuoso sistema de financiamiento de vivienda.

Para encontrar una solución verdaderamente efectiva, deberíamos hacernos algunas preguntas básicas acerca de lo que nuestro sistema hipotecario debería hacer y cómo debería funcionar. También debemos asegurarnos de que el rescate de Fannie Mae y Freddie Mac —que probablemente excederá el costo al contribuyente de todos los rescates bancarios combinados en la historia de EE.UU.— nunca se repita.

El defecto central de nuestro sistema actual es que las ganancias por la toma de riesgo no tienen relación con las pérdidas. Muchas veces los prestamistas, los propietarios de vivienda y la industria de bienes raíces obtienen ganancias mientras que el contribuyente asume los riesgos. Esto no puede seguir así.

También deberíamos reconocer que los propietarios de vivienda y los contribuyentes muchas veces son la misma persona. Las políticas que sacan un dólar de su bolsillo izquierdo solamente para ponerlo de vuelta en su bolsillo derecho no brindan un beneficio real. Por supuesto que los propietarios de vivienda tendrían buena suerte, como contribuyentes, si en realidad recuperaran un dólar por cada dólar que contribuyen. Una descripción más precisa sería pagar un dólar para obtener tal vez 50 centavos.

Además de alinear los costos con los beneficios en nuestro sistema de financiamiento hipotecario, estos costos y beneficios también deberían ser tanto transparentes como creíbles. Los subsidios implícitos y las obligaciones contingentes deberían ser algo del pasado.

Debe acabarse la era de políticos guiñándole el ojo y dándole señales de aprobación al estatus “privado” de Fannie Mae y Freddie Mac. Cualquier subsidio debería estar en el presupuesto de manera precisa y debe ser calculado de manera sensata. Esto significa que ya no se asumirá que los precios de las viviendas solo subirán o que el ciclo económico está muerto.

A pesar de los frecuentes episodios de bonanzas y colapsos de los precios de los bienes raíces, nuestro sistema de financiamiento hipotecario no está construido para soportar los colapsos. Luego de las pérdidas generadas por la crisis de los ahorros y préstamos y después de que se hayan registrado las históricas pérdidas de Fannie Mae y Freddie Mac, cualquier sistema regulatorio para el financiamiento de viviendas debería asumir que habrá otro colapso de los bienes raíces en el futuro.

En el intento por hacer a nuestro sistema más resistente a las crisis, deberíamos evitar políticas que concentren el crédito o el riesgo de tasas de interés en un pequeño número de entidades. Aún a pesar de lo grave que fue la crisis de ahorros y préstamos, no hubo una empresa cuya bancarrota haya amenazado nuestra economía. Lo mismo no se puede decir de Fannie Mae y Freddie Mac.

Las empresas a veces quebrarán y deben quebrar. Nuestro sistema de financiamiento hipotecario debería poder soportar la quiebra de cualquier empresa. La mejor manera de lograr esto es evitando la concentración del riesgo en un solo lugar.

Nuestras actuales políticas hipotecarias promueven un exceso de apalancamiento, tanto por parte de los propietarios de vivienda como por parte de las instituciones financieras. Propiedad y deuda no son sinónimos. Sin los subsidios a la deuda hipotecaria, las familias tendrían más patrimonio en sus casas, permitiéndoles tener un colchón más grande para el momento en que los precios de las viviendas caigan.

Mientras más subsidiemos la propiedad de la vivienda —algo que en sí deberíamos cuestionarnos— estos subsidios deberían estar diseñados de tal manera que sus beneficios los reciba en gran parte el propietario y, exclusivamente, las familias que no serían propietarias de otra manera. Una porción demasiado grande de los subsidios vigentes se queda en los bolsillos de las industrias de bienes raíces e hipotecas.

Gran parte de los actuales subsidios también hacen poco más que aumentar los precios de las viviendas sin, de hecho, mejorar la posibilidad de comprar las viviendas. Cualquier política que aumente el precio de una de las necesidades básicas de la vida —un techo— es una política que deberíamos cuestionar o más bien rechazar.

Tal vez más importante es que nuestro sistema de financiamiento hipotecario debe estar mejor aislado de la política. Las bonanzas siempre son populares cuando se dan y el instinto natural de los políticos es fortalecer lo popular. Mientras menos política invada el financiamiento hipotecario, menos posible es que el Estado le eche carbón al fuego durante la próxima bonanza de bienes raíces.

Por otro lado, el sistema de financiamiento de hipotecas ha sido utilizado frecuentemente por el Estado a lo largo de las últimas décadas como una herramienta para redistribuir la riqueza. Si el Estado debería redistribuir el ingreso, debería hacerlo de manera directa y transparente a través de los programas que conforman un Estado Benefactor. El único propósito del financiamiento de hipotecas debería ser financiar hipotecas, no resolver cada problema social que aparece bajo el sol.

Tenemos una oportunidad única en política pública: Corregir un defecto fundamental en nuestra economía. Mientras haya un amplio consenso de que nuestro sistema de financiamiento hipotecario es defectuoso, nos arriesgamos a aplicar unas cuantas curitas si no iniciamos una conversación seria y profunda acerca de lo que debería lograr el sistema. Antes de que nos preocupemos acerca de la política, deberíamos definir los principios.

Mark A. Calabria

miércoles, 8 de septiembre de 2010

Flash legislativo


Este día queremos abordar el proyecto Nº 16.306, Impuesto a las personas jurídicas, que está en la palestra legislativa. Para variar, nuestros ocurrentes gobernantes se sacan de la manga, una vez más, que para sanear las finanzas públicas se requiere crear o aumentar impuestos, pero nunca hacen, ni por asomo, el ejercicio de revisar la calidad del gasto, a fin de encontrar las partidas que podrían eliminarse.

Don Oscar Arias, al final de su gestión, decía que "le dejaba la mesa servida" a doña Laura, o sea, que era cuestión sólo de administrar la magna obra que él había edificado. Pero lo que la realidad nos demuestra, es que lo único heredado fue el vacío en las arcas del Estado. Arias se "comió" el superávit fiscal que, históricamente, había dejado el Gobierno de Abel Pacheco y ahora Chinchilla tiene que ver dónde consigue dinero para enfrentar sus populistas promesas de campaña.

La primera "idea" que se le vino a la mente a esta Administración fue impulsar el referido impuesto a personas jurídicas, que mediante una tasa de $300 anuales o su equivalente en colones, pretende generar recursos para Seguridad Pública. Dicen algunos que es hora de que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres, pero no se dan cuenta que, con esta medida, los pequeños empresarios y los microempresarios estarán en desventaja frente a las grandes empresas, lo que los obligará a quebrar o a mantenerse en la informalidad.

Si por la víspera se saca el día, lo que ha sucedido con la desviación de los fondos tributarios recaudados por los impuestos al ruedo y a los combustibles, debería ponernos en alerta de que el fin específico del impuesto a las sociedades: la seguridad ciudadana, podrá ser variado según el manejo de la caja única del Gobierno y las urgentes necesidades de ingresos frescos. Pero eso no es todo: aún si todo el dinero recaudado se usara para seguridad ciudadana, ni siquiera hay claridad acerca del monto: en campaña nos decían que eran $100 millones; luego bajaron a $80 millones y ahora andan por $30 millones. Al final, nos encontraremos con un impuesto que podría consumir más recursos en su administración que los que generaría.

Definitivamente, en ASOJOD sostenemos que no es mediante más impuestos que se sanearán las finanzas públicas. Si aumentan los ingresos y también los gastos (como ocurre cuando cada nuevo Gobierno echa a andar sus ocurrencias de campaña), el problema seguirá como siempre. Por eso, si se quiere hacer algo inteligente en esa materia, se requiere revisar el gasto, reducirlo y mejorar la recaudación de los tributos existentes. Mientras eso no se haga, seguiremos viendo año con año, las estupideces de los irresponsables populistas.

martes, 7 de septiembre de 2010

Seminario de Dolarización en Costa Rica


En ASOJOD queremos invitarlos a la siguiente actividad organizada por ANFE:

Seminario de dolarización en Costa Rica


Expositores:

* Dr. Rodrigo Bolaños, Presidente del Banco Central
* Dr. Roberto Brenes, Gerente de la Bolsa de Valores de Panamá
* Dr. Claudio de Rosa, Ex Asesor de la Presidencia de El Salvador
* Dr. Juan Muñoz, Catedrático Universitario
* Sr. Thelmo Vargas, Ex Ministro de Hacienda
* Dr. Norberto Zúñiga, Ex Funcionario del Banco Central
* Sra. Mónica Araya, Presidenta de CADEXCO
* Dr. Luis Loría, Redactor de Propuesta
* Dr. Jorge Corrales Quesada, Moderador

Lugar: Hotel Radisson, Salones Zurquí 1 y 2

Fecha y hora: Martes 28 de Septiembre del 2010, de 2:00 a 6:45 p. m.

Costo: ¢ 6.000 (Incluye refrigerio).

Reservaciones:

Telf.: 2253-4460 / 2224-7350 / 8996-6569 / Fax 2253-4497;
E-Mail: anfe@anfe.or.cr ,
Oficinas de ANFE: Barrio Francisco Peralta, frente Costado Iglesia Sagrado Corazón de Jesús.

lunes, 6 de septiembre de 2010

Tema polémico: el credo de las ganancias inmerecidas.


En su libro "La virtud del egoísmo", Ayn Rand nos deleita con una grandiosa explicación de las virtudes que debe tener el hombre moral según la ética objetivista. Una de ellas es la virtud de la justicia, que no es otra cosa que los efectos se adecuén a las causas, de forma tal que cada cosa obtenga lo que merece. Según este principio, el hombre racional no buscará y otorgará lo inmerecido, sino lo merecido, tanto para él como para los demás que le rodean.

Quizá, una de las razones que expliquen por qué el mundo vive una época de perversión, una crisis moral, es haber olvidado ese sencillo pero importantísimo principio. Precisamente, este Tema polémico queremos dedicarlo a abordar los tres más recientes ejemplos en Costa Rica.

En primer lugar, tenemos el ya cacareado problema del FEES y las Universidades Públicas. Desde hace semanas, estudiantes, docentes, administrativos y autoridades universitarias nos han deleitado con un intercambio de comentarios contra el Gobierno porque este no quiere darles todos los recursos que se piden. Por supuesto, los argumentos populistas no se han hecho esperar: "que los pobres se quedarán sin becas", "que se están privatizando las universidades", "que con fondos tan reducidos no podremos crear los profesionales que el país necesita", "que el alma máter morirá", "que tendremos un país de ignorantes cavernícolas", bla bla bla. Sin embargo, los universtarios, en su Torre de Marfíl donde se encuentran completamente desvinculados de lo que ocurre en los campos mundanos, no se dan cuenta que sus pretensiones son inmorales e imposibles: aumentos salariales mucho mayores que los de los demás funcionarios públicos, inversiones estratosféricas que pondrían en aprietos las finanzas públicas y todo con el común denominador de ser inmerecido.

¿Qué han hecho las universidades para exigir tales gollerías? Absolutamente nada. El cuento de que "forman a los profesionales que el desarrollo del país exige" es una completa mentira, toda vez que el profesional se forma a sí mismo, con esfuerzo y dedicación, sin importar que lleve sus cursos en centros públicos o privados. Además, al estar adentro de esas universidades estatales, uno puede darse cuenta que muchos de los graduados, docentes y administrativos son mediocres e ineficientes porque están inmersos en una cultura igual a ellos. Son pocos los que destacan y quieren aprender, discutir, debatir, investigar, leer y, en fin, ser personas pensantes. La gran mayoría se acostumbra a crecer en un ambiente de burocracia y expoliación, repitiendo esas premisas cuando salen al mundo laboral.

Además, todo lo que han pedido en esta discusión del FEES es para gastos administrativos, para salarios, para oficinas de burócratas y casi nada para estudiantes. Basta ver los resultados de años anteriores y comparar el estado de las aulas y equipos para los aprendices frente al lujo y amplitud de las oficinas de los rectores. Sin lugar a dudas, desde hace mucho tiempo, las universidades estatales dejaron de tener al estudiante como su "raison d'être" y se convirtieron organizaciones corporativistas, en verdaderos "rent seeking" a costa de todos los demás ciudadanos.

El segundo ejemplo son los jugadores del fútbol costarricense. Desde hace días, la ASOJUPRO ha venido clamando por el otorgamiento de la calidad de "profesionales" a los futbolistas y, por ende, al establecimiento de salarios mínimos para los jugadores de Primera División (¢500.000) y Segunda División (¢300.000). Lo curioso del caso es que no han notado una cosa muy simple: el profesional requiere algún grado de preparación académica, así como el cumplimiento de ciertas exigencias (conocimiento, especialización, etc.), criterios que por supuesto no cumplen los jugadores. Ellos pretenden compararse, tanto en estatus como en retribución, a personas que se han preparado, adquirido conocimientos y destrezas y que, día a día, aplican sus capacidades racionales para el desarrollo de una actividad, mientras un jugador solamente tiene que correr tras una pelota.

Además del disparate que representa esta idea -una vez más, proveniente del credo de las ganancias inmerecidas- el establecimiento de salarios mínimos, como lo hemos dicho en ASOJOD, es contraproducente: primero, porque refuerza la idea de que debe ser el Estado, y no las partes, el que regule los acuerdos privados y, segundo, en lugar de ayudar a los jugadores, podría perjudicarlos, por cuanto muchos equipos no estarían dispuestos a pagarles ese salario y, por tanto, los despedirían. Como sólo saben correr detrás de un balón y patearlo, es muy probable que se queden desempleados por largo tiempo y que los tax payers tengamos que mantenerlos con subsidios, seguros y bonos.

Finalmente, el tercer ejemplo que queremos abordar es uno que no ha sido publicado en los medios de comunicación, pero que ya recorre los pasillos de la Asamblea Legislativa: el Sindicato de Trabajadores de esa institución, propuso al Directorio estudiar la posibilidad de firmar una Convención Colectiva que le otorgue beneficios especiales a los empleados. Como si la nefasta experiencia de JAPDEVA, RECOPE e ICE no fuera suficiente, ahora resulta que un grupo de trabajadores pretende obtener ganancias a costa de la explotación de los demás costarricenses: horarios de trabajo especiales, bonos por cumplir con sus obligaciones, incentivos salariales por el solo hecho de pertenecer a esa institución, en fin, tratos especiales que los demás trabajadores en el país no tienen. ¿Y por qué razón? Por ninguna que se le justifique, por puro antojo y capricho, por pretender que la ecuación sólo requiere pensar "quiero=merezco", sin haber hecho algo que derivara en la justa obtención de las cosas.

En ASOJOD criticamos y rechazamos las posiciones de estos y cualesquiera otros grupos que pretenden vivir a costa de los demás, utilizando a los tax payers como sus animales de inmolación. Repudiamos ese credo de las ganancias inmerecidas que tanto se ha expandido en nuestro país y despreciamos a quienes lo comparten. Un ser decente, moral, justo y racional no puede pretender usar a otros para obtener sus fines; cuando una sociedad no sólo tolera sino que incita ese tipo de conductas, se dirige indudablemente a la bancarrota en todas sus áreas.

sábado, 4 de septiembre de 2010

El totalitarismo democrático: Hayek, Mises y el color de mi coche


A pesar de que soy aficionado a los toros (tengo un abono en Las Ventas desde hace más de una década) he seguido con bastante despreocupación la aprobación en Cataluña de una Ley que prohibirá los espectáculos taurinos a partir del 1 de enero de 2012. No creo que sea algo especialmente grave ni para la fiesta ni para los catalanes, que ya hace tiempo dejaron de acudir a las plazas de sus pueblos y ciudades. La supresión de la docena de corridas que se dan cada año en Barcelona no dañará a los toros ni la mitad de lo que lo hacen los neotaurinos, que han encumbrado al medio-toro y al cuarto-y-mitad-torero en las últimas décadas y le han quitado al espectáculo gran parte de su atractivo. Además, muchas otras libertades mucho más importantes que ésta se han cercenado en Cataluña y en el resto de España sin que haya habido tanto revuelo.

Entre los que defendían los toros se han dado fundamentalmente dos tipos de argumentos: los culturales (estética, tradición, relevancia económica, turismo,…) y los anti-prohibicionistas (que el que quiera vaya a las corridas y el que no quiera no vaya). Sin embargo a ninguno he oído proclamar lo evidente: que el Parlamento de Cataluña no tiene derecho a decidir si debe haber o no espectáculos taurinos. El problema no es que el resultado de la votación sea “no a los toros”: el problema es que se haya votado.

Pensando en todo esto recordaba una cita de Mises en Gobierno omnipotente en la que afirmaba con su habitual precisión que “las mayorías no están menos expuestas al error y al fracaso que los reyes y los dictadores; el que la mayoría crea que una cosa es verdad no prueba que lo sea”. Quién vivió tan de cerca el nazismo sabía de lo que hablaba cuando pedía limitar a los gobiernos elegidos en las urnas.

En el último siglo, estamos viviendo una deriva hacia lo que podría denominarse como totalitarismo democrático. Se ha llegado a la conclusión de que una decisión tomada por una mayoría (o por sus representantes) es legítima per se, sin que nada ni nadie pueda oponerse a ella. Así, la democracia, que nació como un medio de protección de las minorías, para que cualquiera pudiera ejercer su libertad de opinión, religión o movimiento, se convierte en una apisonadora que se lleva tras de sí los derechos de aquellos a los que debería defender.

A mis amigos más intervencionistas a veces les intento convencer con algunos ejemplos. “Supongamos que yo viviera en un pueblo con otras cien personas. Un día, todos mis vecinos se reúnen y votan por 99 votos a favor y 2 en contra que mi coche debe ser rojo en vez de azul, puesto que rojo es el color de la bandera de la localidad; que mi primer hijo debe llamarse Sebastián, como el patrón, ya que no hay muchas parejas jóvenes en el pueblo y hay que perpetuar los nombres tradicionales; que no me puedo abonar a Digital +, porque el bar ya tiene una licencia y si quiero ver el fútbol mejor que lo haga allí tomándome unas cañas, que eso será bueno para la economía del pueblo; o que debo comprar tomates de la comarca, que son más sanos y, además, así les doy publicidad”. Pues bien, les recuerdo a mis conocidos, “a pesar de que la votación ha sido abrumadora -99 a 2-, nadie tendría derecho a inmiscuirse en ninguna de estas decisiones”.

Mis amigos me suelen mirar con condescendencia, como pensando que qué cosas se me ocurren, que nunca llegaremos a algo así y que, aunque la intromisión del Estado en nuestras vidas a veces puede ser molesta, hay límites que ningún Gobierno se atrevería a pasar. Entonces soy yo el que les miro, asombrado de su candidez.

En estos momentos, en España, están vigentes (o tramitándose) normas muy similares en su fondo y en su forma a los ejemplos arriba citados. Puede que nadie se meta en el color de mi coche, pero si quiero construirme una casa en mi pueblo tendré que ajustarme a los peculiares criterios estéticos del arquitecto municipal y de la ordenanza de urbanismo. Puede que nadie me obligue a llamar a mi hijo Sebastián, pero no me dejan rotular mi comercio, pagado con mi esfuerzo y mi trabajo, como a mí me dé la gana (en chino, alemán o castellano). Puede que no me obliguen a ver el partido en el bar, pero si quiero comprar unas cervezas en un súper después de las diez de la noche no podré hacerlo. Puede que no me fuercen a llevarme los tomates de la comarca, pero me obligan a subvencionar los de todos los agricultores europeos.

Y la lista no acaba aquí: no puedo decidir si en mi bar se fuma o no, ni si quiero publicar artículos de prostitución en el periódico, ni si quiero llevar un pañuelo musulmán en la cabeza, ni si quiero que mis hijos coman bollos en el colegio, ni si quiero conducir sin cinturón de seguridad… La lista sería interminable. Cada caso es diferente y merecería un comentario aparte, pero todos se caracterizan por lo mismo: un tipo cree que por haber recibidos más votos que otro puede decidir lo que quiera sobre mi vida durante cuatro años.

Alexis de Tocqueville, en La democracia en América, ya advirtió hace más de 150 años, del peligro del gobierno de las mayorías. Lo que no se atreverían a hacer algunos tiranos por miedo a la reacción popular, lo hacen gobiernos democráticos que, revestidos por la legitimidad de los votos, saben que no tendrán esa contestación. Quizás fue Friedrich Hayek, en Camino de servidumbre, el que mejor lo expresó: “Dando al Estado poderes ilimitados, la norma más arbitraria puede legalizarse y una democracia puede establecer el más completo despotismo imaginable”.

No creo que a los tres maestros aquí citados les gustaran mucho los toros. Pero, desde este modesto tendido liberal, pido voluntarios para sacarlos a hombros, por la Puerta Grande.

Domingo Soriano
Libertad Digital

viernes, 3 de septiembre de 2010

Viernes de Recomendación


La telépolis es el tipo de organización social donde los individuos no se relacionan directamente, sino que lo hacen a distancia. Este tipo de sociedad se relaciona con el tipo de sociedad abierta planteada por Karl Popper donde la instancia decisoria es el individuo, que resuelve sus problemas a partir de la información fragmentada en la red.

jueves, 2 de septiembre de 2010

ECONOMÍA: EE.UU.: Contabilidad fiscal fabulosa


Ante el ostensible fracaso de las medidas de estímulo fiscal de la administración de Barack Obama con el manifiesto propósito de consolidar la recuperación económica de su país, ahora se les ocurrió echarle imaginación para innovar la pauta utilizada para medir el impacto de sus políticas.

Como la tasa de desempleo se ha mantenido tercamente en 9,5% de la población económicamente activa y previsiblemente regresará a niveles superiores al 10% en los próximos meses, los burócratas del gobierno federal estadounidense iniciaron sus esfuerzos inventivos definiendo los “trabajos salvados” por sus medidas.

Hace muchos años, cuando leí La Guerra y la Paz de León Tolstoy, se me quedó grabada una serie de preguntas alusivas a la estrategia con la que el Mariscal Kutuzov derrotó en Borodino al ejército invasor de Napoleón, que concluían que era imposible determinar qué hubiera pasado si lo que ocurrió no hubiera sucedido.

Es decir, Tolstoy denunciaba la inutilidad del juego especulativo del historiador que pretende saber cómo se hubiera modificado el resultado de una acción bajo premisas o circunstancias diferentes. El mismo razonamiento es válido en la economía al contar los trabajos salvados o creados por el enorme gasto deficitario del gobierno de EE.UU.

Si de por sí ya era inaceptablemente especulativa esta medida de la efectividad del gasto, se ha ido aún más lejos al inventar el concepto de “vidas tocadas” por los proyectos en los que se han gastado los recursos en los programas emprendidos por el gobierno de EE.UU. para “estimular” su economía.

El concepto de “vidas tocadas” lo inventó del Departamento de Energía del gobierno estadounidense pero aparentemente ya ha sido adoptado también por la entidad encargada por el Congreso de evaluar las acciones del Ejecutivo (Government Accountability Office, GAO), que suele ser una institución respetada y seria.

La definición del término “vidas tocadas” incluye no sólo a la gente empleada directamente en los proyectos emprendidos con el gasto público adicional del gobierno, sino también a las personas que de alguna manera han sido “apoyadas” por los dineros desembolsados en las obras emprendidas.

Los contratistas a cargo de llevarlas a cabo han sido instruidos que deben sumar al gran total de “vidas tocadas” a todos los trabajadores que hayan laborado por lo menos una hora en los proyectos realizados con los dineros del presupuesto de estímulo económico.

Ello significa que si alguien trabajó una sola hora en algunas de las obras que se han realizado con recursos de los programas de “estímulo” del gobierno de Obama, se considera que su vida ha sido “tocada” y pasa a ingresar a esta contabilidad fiscal fantástica que ahora se adoptado.

De acuerdo con el diputado republicano de Oregon Gregg Walden, el departamento de Energía ha gastado $1.900 millones, con los que generó 10.018 puestos permanentes de trabajo, lo que significa que cada uno de ellos le costó a la sociedad de EE.UU. la friolera de $189.650.

Los cálculos relativos a cuánto costó cada “vida tocada” parecen más complicados. De acuerdo a un contratista importante del departamento de Energía, su empresa había “tocado” 4.527 vidas hasta marzo pasado con contratos por un monto de $471 millones, es decir, $104.042 por “toque”.

Sin embargo el propio Departamento de Energía informa que el contratista en cuestión ganó proyectos por $1.200 millones creando 2,466 empleos —en su nueva denominación—, lo que significaría que las “vidas tocadas” por los 729 millones de diferencia, salieron apreciablemente más caras: más de $380.000 cada una.

Al margen de la estupidez de esta aritmética fantástica e imposible de seguir, lo que parece cada vez más claro es que la economía de EE.UU. marcha de regreso a una recesión pues los inversionistas privados están cada vez más preocupados por los extraordinarios niveles de deuda y gasto, por lo que no invierten.

Mientras tanto, en Alemania y otros países europeos dónde empezaron a recoger las velas del gasto público y adoptaron planes creíbles para restaurar el equilibrio fiscal en un plazo razonable, la economía y las expectativas mejoran y se consolida una robusta recuperación que, para no variar, casi ningún economista predijo.

Parece cada vez más claro que en el enfrentamiento entre parcos y manirrotos al que aludí a finales de junio en esta columna, los primeros, con Alemania a la cabeza, se perfilan vencedores mientras que EE.UU., campeón de los manirrotos, parece ir al estancamiento y al desempleo por muchas vidas que haya “tocado” su fantástica contabilidad fiscal.

Manuel Suárez-Mier

miércoles, 1 de septiembre de 2010

Flash legislativo


Hace unas semanas anunciamos que, por lo que se veía en la Convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo para el periodo de sesiones extraordinarias, no existía una estrategia clara y concreta de su parte para que el Congreso la adelantara. Pues bien, ayer terminó ese periodo y se confirmó nuestra sospecha.

En total, se convocaron 100 proyectos de ley, ninguno de ellos de mucha importancia. Si bien se convocó la Ley General de Electricidad, tal iniciativa cuenta con al menos 4 textos diferentes, incluyendo divergencias en los textos del Poder Ejecutivo, lo cual no da señales de claridad sobre el futuro de tan importante legislación, por cuanto ni siquiera se avanzó en la instalación de la Comisión Especial que los verá. Por otro lado, la mayoría de los proyectos convocados eran autorizaciones municipales para segregar o donar terrenos de su propiedad a varias organizaciones sin fines de lucro. Algunos de ellos se aprobaron como Ley de la República, pero no son dignos de análisis.

En síntesis, puede concluirse que el primer periodo de extraordinarias bajo la Administración Chinchilla Miranda pasó sin ton ni son. No se conoció ni se discutió nada relevante ni se adelantaron cosas significativas de la supuesta agenda de desarrollo que tiene el Gobierno. Si por la víspera se saca el día, los primeros ciento y pico días de la gestión de doña Laura demuestran que ella no tiene ni idea del rumbo que debe tomar. En definitiva, no vamos hacia Adelante, como nos prometió en campaña.