martes, 30 de noviembre de 2010

La columna de Carlos Federico Smith: par de gastos ejemplares


Hay gente que se especializa en decir que “no es posible reducir el gasto estatal”. En realidad no es sino una excusa para promover el crecimiento de la burocracia gubernamental. En esta ocasión no haré un recuento de posibles reducciones del gasto público. Si hay alguien interesado en ello podría leer el artículo de don Carlos Federico Smith en el Boletín de ANFE del mes de noviembre, el cual se espera salga a la luz en una semana.

Pero hay ocasiones, como ésta, en que me cuesta refrenarme en mis propósitos de reducir el gasto público. Hoy daré dos ejemplos que me han molestado, tal vez por ser de reciente factura y que aún no se han consolidado en el ego estatista de la ciudadanía como para excusar su existencia. Prueba de esta última afirmación mía es formular la pregunta de si alguien recuerda cuál fue la última reducción de gasto significativa en el Estado costarricense o si puede traer a colación el cierre de alguna institución gubernamental una vez que fue creada en, digamos, estos últimos diez años. Me quedaré esperando una respuesta y si fuera afirmativa, al menos eso a mi me alegraría, aunque se me desmienta.

En días recientes en distintos medios (prensa y televisión) apareció la noticia de una propuesta para subsidiar o garantizar un auxilio a los toreros aficionados que participen en nuestras corridas criollas. Yo, como aficionado, no logré entender cómo es posible que se vaya a subsidiar alguien quien voluntariamente se lanza a un ruedo dizque torear. Me imagino que quienes así lo hacen son conscientes de que se arriesgan al hacerlo y que no hay razón alguna para que Juan Pérez en Machorcado de Güelta de Jorco tenga que pagar impuestos para subsidiar a ese osado torero. Se que es muy fácil pedir fondos públicos y algo más difícil el que se otorguen, pero en asuntos de gasto estatal es fácil observar la mayor diversidad imaginable, resultado de presiones políticas que ejercen algunos grupos específicos o bien de la actitud de políticos de usar el gasto estatal para lograr atraerse votantes. No sería nada raro ver que la Asamblea Legislativa apruebe una ley para subsidiar a los toreros improvisados, pero tendría que apurarla, pues las Fiestas de Fin de Año ya están a la puerta y es la hora de dispensar favores con platas ajenas que pertenecen a la ciudadanía.

Más triste es lo sucedido con una oleada de anuncios reciente de Acueductos y Alcantarillados; “anunciadera” en televisión que cuesta toda una bicoca. En parte por la naturaleza inclemente, así como por haber la Municipalidad de Escazú otorgado tierra hace varios años a gente relativamente pobre para que allí construyeran sus casitas en Calle Lajas (o Río Lajas), las recientes inundaciones hicieron que esa pobre gente se quedara en la calle, sin casa en donde morar. Pero también hubo pérdidas al destruirse sistemas para el suministro de agua, entre otros daños graves.

Me interesa este aspecto del suministro de aguas: el país ha incurrido en grandes pérdidas financieras por los temporales y con los recursos tan limitados de que se dispone, no es posible que, de la noche a la mañana, se recuperen todos los daños. Uno esperaría que el gobierno fuera especialmente frugal en estas circunstancias y que hiciera todos los esfuerzos posibles para redirigir los escasos fondos hacia la reposición de los daños. Obligado a cumplir con su deber de restablecer el servicio de agua, Acueductos y Alcantarillados paga un costoso programa de anuncios en diversos medios para decirnos a los ticos que ha cumplido con su deber. Esa era su obligación y blasonar con tal actuación es una muestra de una gran insensibilidad e irresponsabilidad que debería ser políticamente castigada. El montón de plata que Acueductos y Alcantarillados desperdicia hubiera sido mejor empleada si la dedicara a reparar los enormes daños. Eso se lo agradecerían los ciudadanos. El tema es que como no son fondos de alguien, sino públicos, los jerarcas de esa entidad estatal no tienen reparo en gastarlos, aunque sea en su autobombo.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 29 de noviembre de 2010

Tema polémico: maniqueísmo puro


Después de la tan esperada sentencia del caso Crucitas, las distintas manifestaciones no se hicieron esperar. Entre quienes celebraban el histórico fallo parecía repetirse una consigna: los jueces le habían devuelto la confianza, credibilidad y fe al sistema judicial, virtudes todas ellas que si no estaban perdidas al menos en el mejor de los casos se encontraban en cuidados intensivos. ¿Pero, es esto cierto, es acaso esta una lectura apropiada? No. Lo cierto es que muchos de los impúdicos que pronunciaron dichas declaraciones no tienen ni la menor idea en que consistían las excepciones de forma y fondo que fueron rechazadas, el mérito de los autos o el objeto del proceso.

Así que una pregunta incómoda salta a la vista: ¿Cómo se puede valorar de forma positiva o negativa la labor de los jueces sino se tienen elementos o conocimientos para realizar dicho juicio? Por supuesto que no existe manera racional alguna para avalar dicho proceder. Lo cierto es, que lo que les devolvió la confianza –incluso la esperanza dijeron algunos- fue que el veredicto resultara a su favor, en realidad lo que verdaderamente importaba es el fallo, su fundamentación no interesa ya que ni siquiera se entiende. ¡Cinismo puro!

Pero entonces, ¿cómo pueden estar tan seguros de que el Tribunal obró correctamente? Pues dicha seguridad proviene de su particular cosmovisión de entender el mundo. Estas personas creen a priori que la única forma en que un proyecto como Crucitas pueda darse en el país es a partir de la mala fe, deshonestidad y corrupción. Menos se les puede ocurrir pensar que una empresa transnacional con ganancias obscenas –si es que tal cosa existe- y que para colmo de males tenga la poca vergüenza de dedicarse a la pecaminosa industria minera, pueda tener derecho o interés legítimo alguno. En estas mentes tal cosa resulta imposible de concebir. Así, lo que proporciona el sentido y la legitimidad al fallo, es simple y llanamente su visión maniquea y binaria de ver el mundo: ellos como los buenos y todos los que se le opongan, como los malos

Mientras esta forma de ver el mundo siga siendo la predominante en el país, estamos condenados a repetir nuestros errores de siempre.

viernes, 26 de noviembre de 2010

Viernes de recomendación


José Ortega y Gasset (1883-1955), fue un filósofo y ensayista español, pero sobre todo, fue un gran defensor del individuo y, a lo largo de su vida intelectual, llegó a desarrollar, como lo señala Vargas Llosa, un discurso político inequívocamente liberal. El siguiente documento titulado "Rescate liberal de Ortega y Gasset" pone en evidencia esa faceta ideológica del brillante pensador.

jueves, 25 de noviembre de 2010

Jumanji empresarial: regulación sin Estado (Parte II)


Problemas de los mercados regulados

A los grupos de presión les interesa la promulgación de regulaciones, tal y como se ha explicado más arriba. Por su parte, los reguladores no pagan los costes derivados de sus acciones, los mercados regulados. En consecuencia, los mercados regulados presentan determinadas características, algunas de las cuales presentamos a continuación.

Tendencia a la expansión de los organismos reguladores. El ansia de construir imperios es una ambición compartida por todo tipo de organizaciones, pero conseguirlo en un mercado competitivo depende en buena medida de la resistencia que opongan los adversarios. Sin embargo, no existe ningún método infalible para evaluar de forma objetiva qué cantidad de regulación resulta beneficiosa. Por eso resulta muy difícil controlar la acción de las instituciones reguladoras, y el aumento en la regulación se nutre de la discrepancia entre los costes soportados por los reguladores y los costes totales de la acción reguladora (ver Apartados 3 y 4). Como son los demás los que pagan casi todos los costes, los organismos reguladores no tienen motivo alguno para reducir esos costes. Muy al contrario, tienden a favorecer situaciones en las que se coarta y obstaculiza la innovación tecnológica. En el campo de la salud y la seguridad, por ejemplo, lo que desean por encima de todo es demostrar que han hecho todo lo que es técnicamente posible para evitar que se les eche la culpa de los posibles accidentes. Recurrir a un análisis coste/beneficio carece de utilidad, porque los costes y los beneficios son todos futuribles, es decir inciertos y de evaluación estrictamente subjetiva. Por regla general, el interés de los reguladores les llevará a exagerar los beneficios, subestimar los costes y sobrestimar la demanda de regulaciones.

Regulación a favor de algunas empresas. En algunos casos, determinadas empresas ya consolidadas en un sector se muestran favorables a la regulación, porque es una forma de evitar posibles competidores al aumentar los costes de acceso al mercado. Sabemos que en EEUU, a finales del siglo XIX, los mismos productores estaban a favor de la introducción de medidas reguladoras. Tal y como se deduce de otros estudios, la Ley Federal de 1938 que estableció un salario mínimo proviene en realidad de la voluntad de los políticos y los trabajadores textiles de Massachusetts para obstaculizar la competencia de la industria textil de los Estados sureños, con sueldos más bajos. Más recientemente, se ha comprobado que por regla general las grandes empresas oponen menos resistencia que las pequeñas a imposiciones como la del salario mínimo. La consecuencia de todo ello es que en los mercados regulados suele desaparecer la competencia, con lo que los consumidores soportan precios más altos y peores servicios.

Reguladores captados por las empresas. Una vez establecida la regulación, el regulador ha de confiar en la información que le suministran las empresas del sector en cuestión (se produce por tanto una situación de "asimetría informativa"), por lo que, al menos en parte, depende de la empresa sujeta a regulación. Más aún, es muy posible que el regulador se lance a pensar en una futura carrera profesional en el sector regulado, y hay un largo historial de reguladores que acaban encontrando trabajo en sectores sobre los cuales tuvieron poder o responsabilidad reguladora. Se producirá una situación de "captación" o "seducción reguladora", por así decirlo, cuando el regulador se solidariza con los productores y actúa en interés de estos últimos. O tal vez se dé el caso de un regulador seducido o captado por otro tipo de grupos de presión (por ejemplo, grupos "medioambientales"). Siempre que los reguladores actúan en interés de los productores o de otros grupos de presión, son los consumidores los que acaban pagando el precio.

Los políticos adoran las regulaciones. La popularidad de las regulaciones se debe a que dan la impresión de que se está "haciendo algo" ante un problema determinado. Los medios de comunicación y los programas informativos, con frecuencia presionados por grupos de interés, se aferran a los accidentes, a las posibles situaciones de emergencia y a errores humanos de toda índole. Invocan el principio de precaución y exigen todo tipo de medidas, aun cuando suele haber escasa certeza científica acerca de lo que suele ser relevante en esos casos y acerca de las actuaciones necesarias. Un ejemplo reciente son las medidas draconianas adoptadas en el Reino Unido para combatir el supuesto riesgo de la BSE (enfermedad de las vacas locas) en relación con la enfermedad de Creutzfeld-Jakob en los seres humanos. En términos generales, la respuesta política a hechos como éste suele consistir en abrir una investigación, promulgar más regulaciones e incluso crear un nuevo organismo regulador. El estado tiene plena conciencia de que este tipo de reacción impulsiva beneficia muy poco a la gente, por no decir nada. En realidad, se actúa para responder a las demandas de medidas suscitadas por la asimetría en la información (predominio de las malas noticias).
Costes elevados y consecuencias perversas
El auge de la regulación tiene poco que ver con cualquier consideración sobre el interés general. Es la niña mimada de los grandes grupos de presión, de los reguladores y de los políticos. Y como los costes que origina son dispersos, los consumidores que los pagan no tienen suficientes motivos para oponerse a ella.

Aun así, los costes de la regulación son considerables. Como ya se ha explicado, es posible evaluar algunos de estos costes, por ejemplo los que figuran en las partidas de los presupuestos del Estado, o los costes de cumplimiento de las normas que pagan los afectados por la regulación. Pero los costes invisibles son con diferencia los más elevados. Consisten en precios más altos y menor calidad para los consumidores; en la tendencia a favorecer los intereses de determinadas empresas; y, lo que es tal vez más importante, en desincentivar la iniciativa empresarial, la innovación y por tanto el desarrollo tecnológico y organizativo. Unas reglas rígidas, incapaces por naturaleza de tener en cuenta el futuro desarrollo de la tecnología, obstaculizan cualquier innovación, ya sea en cuanto al producto en sí o a su comercialización. En consecuencia, se bloquean los avances y la vida de la gente no progresa ni mejora como podría haberlo hecho en otro caso.

La regulación estatal actúa en muchas ocasiones como un elefante en una cacharrería. Por el motivo que sea, un proceso o una situación concentran la atención del público. Se aprueba una regulación basada en los conocimientos y la tecnología del momento. Por mucho que los burócratas y funcionarios (ver Apartado 7) aspiren a un estándar de calidad alto, al poco tiempo los conocimientos se han multiplicado, se producen avances tecnológicos y aparecen nuevas formas, mejores y más fáciles, de hacer las cosas. Pues bien, la introducción de esas valiosas novedades se verá obstaculizada por una regulación encaminada, en principio, a mejorar la situación. Hasta que los burócratas o los políticos no vuelvan a plantearse el asunto, la regulación seguirá sin reflejar todos los cambios que se han producido. Por otro lado, los cambios en la regulación que se impone a los mercados se producirán en pequeñas dosis mientras que los que afectan a la tecnología o a los conocimientos avanzan a una rapidez vertiginosa.

Así pues, la regulación estatal se basa en principios inciertos y aboca a dificultades prácticas. No es lícito afirmar, como suelen hacer los partidarios de la intervención estatal, que a largo plazo ésta resulta beneficiosa y consigue su objetivo de satisfacer un concepto tan poco objetivo como el del "interés general". No sólo los costes de la regulación tienden a ser muy elevados, sino que casi con toda seguridad la regulación obstaculizará cualquier solución rentable de los problemas que esa misma regulación pretendía resolver. Con el tiempo, el prolijo entramado de regulaciones será un obstáculo para que se produzca cualquier avance en la satisfacción de los deseos de la gente, incluida la demanda de servicios de salud, seguridad, o protección medio ambiental. Los fallos a la hora de satisfacer las demandas de los consumidores aparecen sobre todo en sectores donde no hay libertad de elección, es decir en aquellos que están intervenidos por el Estado, como la educación, la sanidad y el transporte, donde prevalecen los intereses de monopolios que no tienen ningún interés en defender su prestigio.

Más aún, la regulación estatal suele tener resultados perversos. Hasta hace poco, el Reino Unido estaba sujeto a controles en el mercado inmobiliario que dificultaban el alquiler de viviendas y locales comerciales; las restricciones salariales echaban a perder multitud de vocaciones, capacidades profesionales y oportunidades de empleo; y los precios intervenidos incrementaban las presiones inflacionistas que querían aliviar. El medio ambiente es uno de los sectores en los que más presiones hay en pro de la regulación estatal. Pues bien, en el medio ambiente los efectos perversos de la regulación han alcanzado proporciones espectaculares. La antigua Unión Soviética y los países del Este son los mejores ejemplos de los desastrosos efectos en el medio ambiente que producen las medidas más extremas de regulación, como son las derivadas de la planificación centralizada. El sector eléctrico nacionalizado de Inglaterra y de Gales, obligado por el estado a recurrir al carbón y a la energía nuclear, es un ejemplo más de cómo la intervención estatal es causa directa de una excesiva contaminación, así como de una reducción en la seguridad del suministro.22

No siempre las consecuencias de la regulación son tan graves como en estos casos. Pero sí es frecuente que el ingenio humano, puesto a prueba por las regulaciones, obtenga resultados inesperados. Un reciente estudio expone algunos de los efectos de una regulación norteamericana de los años 70 según la cual los pijamas para niños debían estar fabricados en materiales resistentes al fuego.23 En la práctica, esta regulación impedía el uso del algodón, pero como los padres querían para sus hijos ropa de algodón, que es mucho más cómoda, los fabricantes inventaron nuevos nombres, como "conjuntos de algodón peinado", para designar los pijamas de toda la vida. En 1996, y demostrada la inutilidad de la regulación, se permitió la ropa de algodón. Pero la nueva regulación obliga a que la ropa sea lo más ajustada posible para evitar los riesgos de quemaduras, con lo que los padres han acabado comprando tallas más grandes. Resulta difícil evaluar la cantidad de recursos desperdiciados en este tipo de juegos en los que los reguladores se dedican a regular, los regulados a sortear las reglas, los reguladores a promulgar nuevas regulaciones, y así sucesivamente.

Regulación sin Estado
Por muy extendida que esté la idea de que los mercados "se equivocan", lo cierto es que en la práctica los objetivos que persigue cualquier regulación se alcanzan sobre todo gracias a la interacción cotidiana de consumidores y productores. Los individuos, ya sea como productores o como consumidores, demandan servicios de salud y seguridad, protección en el trabajo y protección del medio ambiente. A medida que aumenta el nivel de vida y se van cubriendo las necesidades básicas de los consumidores, estas demandas aumentan a un ritmo superior al de los ingresos. Este efecto puede observarse durante un período de tiempo en un país determinado, o comparando países con distintos niveles de vida en un momento dado. En consecuencia, los productores actuales o futuros deberían estar interesados en satisfacer estas demandas. Es una forma de tener éxito y conseguir prestigio.

Desde un punto de vista más amplio, las alternativas voluntarias a la regulación estatal permiten el funcionamiento de los mercados, asegurando la existencia de remedios legales o de otra índole para quienes se ven perjudicados por las acciones de otros. También abren la posibilidad de formas de protección rentables y compatibles con el mercado, como los seguros, la puesta en vigor voluntaria de estándares e incluso de establecimiento de estándares propios. Sin duda el resultado será imperfecto, pero también lo son todas las soluciones imaginables.

En ausencia de regulación estatal, el suministro de los bienes que este tipo de regulación intenta garantizar depende de las demandas de los consumidores. Los consumidores compran un artículo por sus características y su marca, no sólo por el artículo en sí. Por lo tanto, las empresas compiten para proteger y aumentar su prestigio, produciendo bienes que ofrecen las características que exigen los consumidores (lo que incluye la seguridad del producto, los beneficios que ofrece para la salud y los efectos benéficos o no agresivos para el medio ambiente). El prestigio de una empresa es, potencialmente, su mejor activo, y en condiciones de libre competencia, las empresas son las primeras interesadas en defender y aumentar su prestigio respondiendo a las necesidades y a las demandas de los consumidores, así como en distinguir su propio producto del de los demás, con la consiguiente creación de una marca. Las empresas también compiten a la hora de ofrecer buenos salarios y condiciones de trabajo adecuadas a sus empleados, porque quieren defender el prestigio que da tener a los mejores trabajadores.

Siempre que lo crean conveniente, las empresas se asociarán para ofrecer estándares de calidad para sus productos y procedimientos de certificación destinados a captar la confianza de los consumidores. Surgirán oportunidades rentables para la creación de servicios independientes y privados de normalización y certificación, por lo que surgirán nuevas empresas y nuevos servicios. Otras empresas ofrecerán servicios de información al consumidor. El auge de Internet permite prever un aumento de las oportunidades para los consumidores, gracias a los llamados "infomediarios", que ayudarán a los consumidores a reducir los costes de búsqueda y selección de un producto en un entorno complejo.

En esta situación, es probable que se recurra con mucha mayor amplitud que hoy en día a los seguros privados. Por ejemplo, la gente se protegerá a sí misma asegurándose contra eventualidades tales como el desempleo, la enfermedad o la vejez, y también se protegerá contra posibles defectos en los bienes y servicios que adquieren. Estas protecciones están ya incluidas en muchas hipotecas y en contratos de venta a plazos, así como en compras realizadas con tarjeta de crédito.

Cambiar los incentivos de los reguladores
Una forma de reducir la cantidad de regulación y de limitar sus efectos adversos que no provoca demasiadas alteraciones en el régimen existente es cambiar los incentivos de los reguladores con el fin de frenar su tendencia a construir imperios y a oponerse a otro tipo de regulaciones. A este respecto, se ha conseguido cierto éxito en la regulación de los suministros públicos básicos en el Reino Unido al imponer a los reguladores la obligación de fomentar o facilitar la competencia. En el momento en el que se aplicaron estas imposiciones, no se comprendió la amplitud de su significado, a pesar de que se sabía que transformar un sector industrial y hacerlo pasar del monopolio a la competencia requería este tipo de medidas. Sin embargo estos incentivos se han extendido más de lo previsto. No sólo han permitido a los reguladores tomar la iniciativa a la hora de fomentar la apertura de los mercados, sino que han cambiado la naturaleza de los incentivos. Los reguladores son conscientes de que una de las formas más importantes por las que se juzgará su comportamiento (por ejemplo, cuando se estudie la renovación de su mandato) es conocer hasta dónde han llegado a la hora de fomentar la competencia en el mercado que controlan. Por lo tanto, si se acepta que la competencia es la mejor forma de salvaguardar los intereses de los consumidores, al ofrecerles más opciones, se deduce que los reguladores de los suministros básicos en el Reino Unido tenderán a actuar en la mayor medida posible en interés de los consumidores. La "titularidad de los derechos" de los productores no ha supuesto un problema tan importante en el sector británico de los suministros como lo ha sido en EEUU.

Además, el fomento de la competencia significa que a medida que ésta se va desarrollando en los mercados de suministros básicos, disminuye la necesidad de regular. La deducción lógica es que la regulación sólo cubre áreas de "monopolio natural" en estado puro (como por ejemplo las redes de cableado, las tuberías y las vías). En otras palabras, existe un mecanismo dentro del régimen de regulación de los suministros básicos en el Reino Unido que impone una coacción a la regulación y que con el tiempo hará que se vaya reduciendo el tamaño de los organismos dedicados a esta tarea.

Es cierto que el sector de los suministros básicos presenta algunas características especiales, como el poder que ejercen en el mercado los nuevos propietarios inmediatamente después de la privatización, por lo que las medidas obligatorias de defensa de la competencia son indispensables. Sin embargo, la idea de imponer una medida que obligue a los reguladores a actuar en interés de los consumidores y que haga poco atractivo su afán de expansión puede aplicarse a muchos otros mercados que siguen regulados y no sólo en el Reino Unido. Por ejemplo, una imposición que fomente la competencia podría incluirse en las responsabilidades de los reguladores financieros para impedir que se vuelvan excesivamente poderosos y frenar así sus ansias expansionistas. Contribuiría a evitar que se intensificara la regulación que tiende a producirse en los sistemas reguladores que no están controlados y que asfixian el mercado. Se podrían aplicar imposiciones similares en otros sectores regulados.

Formas voluntarias de regulación
Es muy útil estudiar algunos casos en los que la regulación ha surgido de forma natural, en vez de venir impuesta por los gobiernos, con el fin de saber si estos casos tienen aplicaciones más amplias.

Procedimientos de conformidad y establecimiento de estándares de calidad. Hay que distinguir claramente entre el establecimiento de estándares de calidad y los procedimientos de conformidad y control (por ejemplo, la inspección, los tests y la certificación) que se utilizan una vez que se han alcanzado los estándares. La intervención de terceras partes independientes en los procedimientos de conformidad y en el establecimiento de estándares de calidad tiene una larga historia. En ausencia de una regulación estatal, ambos procedimientos se producen a través de una acción voluntaria, tal y como demuestran los siguientes ejemplos.

El caso de Underwriters Laboratories. En EEUU, Underwriters Laboratories (UL) es una organización privada sin ánimo de lucro que otorga certificaciones de seguridad independientes en sectores tan diversos como los aparatos eléctricos, los accesorios del automóvil, los aparatos médicos, los sistemas de alarma o los productos químicos. No sólo realiza tests y emite certificados, sino que también establece estándares de calidad después de realizar un proceso de análisis transparente y profundo. A pesar de que han surgido otras entidades, esta organización se ha convertido en los últimos cien años en la entidad más importante en su campo. Su prestigio es tal, que los vendedores minoristas se resisten a vender productos que no lleven una certificación de UL, o de uno de sus competidores, a pesar de que no existe una obligación legal de ofrecer esta certificación. Aunque la certificación sólo se refiere a la seguridad, si el producto no lo obtiene, su comercialización será extremadamente difícil. El sistema voluntario funciona muy bien porque los estándares de calidad son perfectamente reconocibles. Por eso los fabricantes y los minoristas tienen un poderosísimo incentivo para cumplir con ellos.

En lo que se refiere a la eficacia y a la capacidad de respuesta del mercado, UL se sitúa en una posición muy diferente de la de un organismo estatal. Opera en un mercado competitivo (cuenta con doce competidores y el acceso al mercado está abierto) por lo que tiene suficientes incentivos para controlar sus costes y adaptarse a las circunstancias. Además, todos los gastos que conlleva establecer los estándares de calidad y de conformidad tienen que estar dentro de un margen aceptable para sus clientes. Por lo tanto, se evita la tendencia a una regulación excesiva que suele producirse cuando la entidad reguladora sólo soporta una pequeña fracción de los gastos de sus propias actividades.

El éxito de UL y del programa "Kite Mark" de la British Standards Institution, demuestra las ventajas de la acción voluntaria sobre la regulación estatal obligatoria. El propio interés de las compañías les incita a obtener la certificación del regulador y la entidad reguladora tiene mayores incentivos que un organismo regulador estatal.

El Mar del Norte. La seguridad de las plataformas en alta mar es un asunto especialmente complicado. Sin embargo (o quizás debido a su complejidad), el gobierno quiere involucrarse cada vez menos en la letra pequeña de la regulación sobre seguridad.

Después del trágico accidente que se produjo en 1988 en la instalación Alpha de la plataforma petrolífera Occidental's Piper en el que murieron 167 personas, y tras la investigación realizada por Lord Cullen, se sustituyó el régimen de seguridad demasiado riguroso que regía en el momento del accidente y que, evidentemente, había resultado totalmente ineficaz. A partir de ese momento no se establecerían condiciones detalladas para cada plataforma en alta mar; por el contrario, se dejaba a los empresarios y a los propietarios libertad para formular sus propios planes de seguridad (los llamados "expedientes de seguridad") que deberían contar con la aceptación del Departamento de Seguridad e Higiene (HSE). Los empresarios y los propietarios podrían escoger entre seis entidades autorizadas de certificación para realizar los estudios de sus instalaciones.

En 1996, el gobierno británico introdujo (concediendo un periodo transitorio de dos años) una nueva forma de comprobación. Al empresario o al propietario de una plataforma petrolífera no se le exime de elaborar un expediente que debe aceptar el HSE, pero no está obligado a dirigirse a una de las seis entidades de certificación existentes para realizar los expedientes de seguridad de la plataforma. De esta forma, el empresario o el propietario identifica él mismo las llamadas "situaciones de peligro extremo" y contrata a un "profesional independiente y competente" (por ejemplo, una compañía eléctrica o un especialista en pozos artesianos). De esta forma, los propietarios y los empresarios establecen sus propios estándares de calidad, a través de los servicios de un profesional que tan sólo ha de ajustarse a las definiciones del HSE de las palabras "independencia" y "competencia".

Autorregulación del alcohol en el Reino Unido. En el Reino Unido, los proveedores de bebidas alcohólicas actúan dentro de un marco de licencias y de regulación que establece el estado. Pero, dentro de este marco, ha surgido un sistema de regulación voluntaria, sobre todo gracias a Portman Group (una entidad financiada por el sector de bebidas y cuyo objetivo es impedir el abuso del alcohol y fomentar el "consumo responsable"). Las campañas de educación del consumidor que se pueden ver en la televisión y en otros medios de comunicación, algunas de ellas patrocinadas por la industria de las bebidas, han contribuido a reducir el número de fallecidos o heridos graves en accidentes de tráfico relacionados con la bebida en el Reino Unido más que en el mayoría de los países. Las cifras han pasado de 1.800 anuales en 1980 a menos de 600 en la actualidad. Otros países que se han decantado por medidas reguladoras estatales han visto cómo las cifras descendían a menor ritmo. Por ejemplo, EEUU ha aumentado a veintiún años la edad mínima para comprar alcohol; Australia ha introducido pruebas de alcohol aleatorias a gran escala; y en los países escandinavos, se imponen cuantiosas multas y se dictan sentencias de cárcel.

Para hacer frente al problema del consumo de alcohol por parte de los menores, Portman Group creó en 1990 una tarjeta que certificaba la edad, llamada "Proof of Age", para ayudar tanto a los vendedores minoristas (responsables de cumplir la ley que prohíbe vender bebidas alcohólicas a los menores de 18 años) como a los compradores legítimos que no tenían un pasaporte u otra identificación que probara su edad.

Otra iniciativa de Portman Group está dirigida a reducir la confusión que se generó con el lanzamiento de las "alcopops" (bebidas alcohólicas que se presentan como refrescos sin alcohol). En abril de 1996 se introdujo un Código Deontológico sobre Denominación, Empaquetado y Comercialización de Bebidas Alcohólicas, que se revisó en 1997, y cuyo objetivo es evitar la confusión entre bebidas alcohólicas y no alcohólicas, así como impedir que se asocie el consumo de bebidas alcohólicas con comportamientos antisociales. Además, Portman Group ofrece un servicio de asesoramiento a los fabricantes. De esta forma, las compañías pueden obtener una orientación previa para saber si los productos que quieren lanzar se adaptan al Código en cuestión.

Otros casos de regulación voluntaria
Se podrían dar más ejemplos de regulación voluntaria que funcionan con éxito, y también áreas en las que podrían sustituir con ventaja a la regulación estatal. Tal y como se indica en un estudio norteamericano, "la regulación se suele identificar con el estado o con el gobierno federal, pero es un concepto erróneo. Hoy en día existe un gran número de entidades privadas que regulan un segmento considerable de la actividad del mercado sin la intervención del estado".

Hay un sinfín de modelos. En algunos casos, el estado proporciona un marco de regulación y las compañías del sector crean una organización de autorregulación que da contenido a ese marco, evitando de esta forma los inconvenientes de unas leyes estatales demasiado inflexibles y restrictivas. El caso de Portman Group es un ejemplo de este modelo.

En otros casos, un sector industrial es responsable en gran medida de sus propias actividades pero tienen que darse ciertas condiciones legales en la inspección (por ejemplo, con la mediación de un "profesional competente"). La seguridad en las plataformas petrolíferas del Mar del Norte es uno de los ejemplos que ilustra este caso.

Hay otros ejemplos (como el de Underwriters Laboratories) en los que la regulación está totalmente en manos del sector privado. Ha surgido un sistema de regulación natural como respuesta a las demandas de productores y consumidores. Entidades independientes proporcionan al mercado estándares de calidad, así como procedimientos de conformidad (tests, certificaciones, etc.).

La gran ventaja de los sistemas que han surgido de forma natural es que evitan gran parte de las dificultades prácticas que tiene la regulación estatal y de los que ya se ha hablado en este artículo. Dado que para las entidades privadas de regulación los costes de regulación no son externos, se evita la tendencia a la sobrerregulación que se produce en los sistemas estatales. Además, este sistema se adapta con más facilidad a las circunstancias cambiantes. Tal y como se explica en el Apartado 8, uno de los costes más importantes de la regulación estatal (además de los costes "invisibles") es el freno que impone a la iniciativa empresarial y a la innovación, fruto de la rigidez de las leyes dictadas por la regulación estatal.

La mayor flexibilidad de los sistemas privados supone una ventaja considerable. Además habrá que reconocer a los mercados su capacidad para crear incentivos que propicien comportamientos seguros y prudentes. Por ejemplo, hace poco, uno de los autores de este artículo tuvo que suscribir un seguro de automóvil en el que el primer conductor era su hijo adolescente. El agente de seguros le pidió una fotocopia de las últimas notas escolares de su hijo. Al comprobar que eran excelentes le ofreció un jugoso descuento. También se puede obtener un descuento adicional si el asegurado realiza un curso completo de educación vial. El agente envía una fotocopia de las notas y el certificado de haber realizado el curso, junto con el resto de la documentación, a la compañía de seguros: el descuento por tener buenas notas es ligeramente superior al del curso. Es evidente que el mercado está haciendo un tipo de distinciones sutiles que las entidades reguladoras son incapaces de tener en cuenta.

Por último, vale la pena considerar lo que ocurriría si se privatizara el sistema de concesión del permiso de conducir en el Reino Unido. En este momento, se concede a un joven de 17 años un permiso que es válido durante 53 años, es decir, hasta que cumple 70. No tiene que hacer nada más, ni asistir a ningún cursillo de adaptación, y los escasos incentivos al buen comportamiento consisten en pequeños descuentos anuales en su póliza de seguros si no tiene siniestros. Si el sistema recayera en manos privadas, y por qué no en las de las compañías de seguros, asistiríamos con toda seguridad a muchas novedades, y surgiría un gran número de cursillos de adaptación. Además es inconcebible que el sector privado otorgara un permiso por más de 50 años.

Conclusiones
Un estudio americano sobre regulación terminaba así: "... Hay todo un mundo de regulación privada que ha sido ignorada por los reguladores, los miembros del Congreso, el presidente y los periodistas". Lo mismo se puede decir del Reino Unido, a pesar de que en ambos países la regulación privada está aplastada por la regulación estatal. Pero de todas formas debería estudiarse la magnitud de la regulación privada y sus efectos: en el Reino Unido sería una buena tarea para la Better Regulation Task Force y el nuevo departamento llamado Regulatory Impact Unit, ya que la regulación voluntaria parece tener ventajas insustituibles sobre la estatal. Con mucha frecuencia, la regulación estatal no parece ser efectiva a la hora de alcanzar los objetivos que ella misma establece. Los costes para su cumplimiento suelen ser elevados y por consiguiente la iniciativa empresarial se debilita. Podría compararse con un enorme y costoso martillo que no acierta a clavar un clavo relativamente pequeño. Podríamos hacer cuatro recomendaciones, que van de la menos a la más radical:

o Imponer a otros reguladores contratados por el estado la obligación de fomentar la competencia que ahora se aplica a los reguladores de los suministros básicos (o una imposición que tuviera un impacto similar) con el fin de frenar las tendencias expansionistas de las entidades reguladoras;

o Transferir el control y los procedimientos de conformidad (inspección, tests y certificación), siempre que sea posible, de los reguladores estatales al sector privado. Por ejemplo, la obligatoriedad de recurrir a los servicios de un "profesional competente" (como en el caso de las plataformas del Mar del Norte) podría sustituir a las leyes de obligado cumplimiento. De esta forma, el estado exige la regulación pero no establece estándares pormenorizados ni se implica directamente en los procedimientos de conformidad;

o Permitir que las compañías privadas establezcan estándares de calidad (que pueden rivalizar con los que establecen los reguladores estatales); y/ o hacer que el cumplimiento con los estándares establecidos por las entidades privadas sea voluntario, de tal forma que la regulación privada siga manteniendo su carácter no coercitivo. Los fabricantes deciden si se acogen o no a ciertos estándares en particular, y si eso contribuye a mejorar su prestigio. Uno de los factores más importantes en las decisiones de compra de los consumidores sería valorar la importancia de ciertos estándares de calidad.

Estas recomendaciones deberían interesar a los gobiernos de muchos países, que están preocupados por los efectos de la regulación y que han sabido reconocer sus peligros. El coste de la regulación estatal es tan elevado que es esta razón suficiente para sustituir una gran parte de sus actividades por la regulación voluntaria con el fin de mejorar los resultados económicos. Además, muchos de los problemas que intenta resolver la regulación estatal se abordarían mejor por medios voluntarios. Ya sea para mejorar las condiciones sanitarias o de seguridad, conservar el medio ambiente, establecer condiciones de trabajo propicias, fomentar un código ético en la venta de productos financieros, o abordar otros problemas que conciernen a la regulación estatal, hay poderosas razones para argumentar que deberíamos decantarnos por la regulación voluntaria.

John Blundell y Colin Robinson

miércoles, 24 de noviembre de 2010

Flash Legislativo


En ASOJOD hemos sido duros con los Diputados, tanto del periodo constitucional anterior como los del actual. En muchas ocasiones, hemos criticado con dureza las tonterías cometidas y hemos explicado cómo ellas afectan la libertad y el desarrollo del país.

Una de ellas fue el sonado intento de aumento salarial. Si bien somos concientes que los sueldos de los legisladores no son los apropiados y que el respeto y la investidura se han perdido con el pasar de los años, insistimos en que no era prudente el momento de plantearlo. Una crisis internacional y, particularmente, un cuantioso déficit del sector público no se los salta cualquiera y un aumento de ese calibre, sin duda, habría complicado más la situación y abierto las puertas para la voracidad fiscal, con el pretexto de generar más impuestos para tener mayor presupuesto. En definitiva, no era el momento de plantearlo, aunque creemos que, cuando sea oportuno, el debate debe darse.

Sin embargo, gracias a la presión popular, los legisladores decidieron dar marcha atrás. Y por dicha que lo hicieron: el pasado jueves, enterraron definitivamente el proyecto de ley en cuestión y se acabó, por el momento, esta novela. Ellos aprendieron la lección de la forma más dura: con toda la protesta popular en su contra y con un costo político importante, pero que, como todo en este país, probablemente no vaya más allá que en el momento.

martes, 23 de noviembre de 2010

La columna de Carlos Federico Smith: una de las funciones del Estado


Adam Smith es uno de los más importante pensadores del liberalismo clásico. Suelo leerlo pues siempre de él derivo grandes enseñanzas. Lo que experimentamos actualmente en nuestras relaciones con la vecina Nicaragua, me animó a releer parte de su libro La Riqueza de las Naciones, en la sección en donde expone lo que considera son las funciones esenciales del Soberano: o sea, la República o el Estado. Dice Adam Smith:

"La primera obligación del Soberano, que es la de proteger a la sociedad de la invasión y violencia de otras sociedades independientes, no puede desempeñarse por otro medio que el de la fuerza militar.” (La Riqueza de las Naciones, Tomo III, Libro V, Cap. 1, Parte 1, San José: Universidad Autónoma de Centro América, 1986, p. 5).

Y agrega luego,

“Cuando una nación fía enteramente su defensa a una milicia, se encuentra en todo tiempo expuesta a ser vencida y conquistada por cualquier otra bárbara nación que pueda habitar en sus fronteras… Ahora bien, como un ejército de esta especie no lo puede mantener sino una nación civilizada y culta, pudiendo solo él defenderla de las invasiones enemigas, no existe otro medio de conservar o perpetuar la propia cultura y civilización que el de sostener un ejército de tal naturaleza.” (Op. Cit., p. p. 20-21).

Además de esa función del estado, Smith señala otras dos. Una de ella es:

“proteger a cada individuo de las injusticias y opresiones de cualquier otro miembro de la sociedad, o sea establecer una recta administración de justicia…” (Op. Cit., p. 23),

en tanto que la tercera obligación es:

“erigir y mantener aquellos públicos establecimientos y obras públicas, que aunque ventajosos en sumo grado a toda sociedad, son no obstante de tal naturaleza que la utilidad nunca podría recompensar su coste a un individuo o a un corto número de ellos, y que por lo mismo no debe esperarse se aventurasen a erigirlos ni a mantenerlos.” (Op. Cit., p. 36).

En el ideario liberal no hay en realidad un límite definitivo a la cantidad de funciones que puede desempeñar el Estado; de hecho hay pensadores liberales, como Hayek, Friedman o Epstein, quienes adicionan otras labores, pero lo característico de todos ellos es que suelen ser relativamente pocas y por ello se dice que son proponentes de lo que se considera como un estado mínimo.

La posición de Costa Rica en torno a su defensa ante la amenaza externa es relativamente reciente: la posición formalmente expuesta durante la Administración Monge Alvarez tiene si acaso cerca de 30 años. Es una ilusión pensar que es una posición que va más allá de la liberal clásica expuesta por Adam Smith. No se trata de eliminar esa función al Estado, sino que, de alguna forma, la obligación del estado costarricense de defendernos ante el enemigo externo fue trasladada hacia organismos o acuerdos internacionales, en mucho por la decisión de abolir el ejército tomada por José Figueres a finales de los años cuarenta.

El Estado costarricense, en lo referente a su obligación de defender a los ciudadanos de los enemigos externos, dejó de lado lo que se denomina el principio de jurisdicción territorial, mediante el cual los fallos de los jueces se enmarcan en la generalidad institucional del Estado. Por ello acude a organismos supranacionales o acuerdos internacionales que garanticen tal defensa, en vez de asumirla por sí mismo. En sencillo, nuestra defensa ya no depende de nosotros mismos sino de un conjunto de instituciones externas al país.

Hasta el momento, esa política ha tenido un buen resultado, si se tiene presente que tener un ejército para tal defensa no suele ser muy barato y los recursos así liberados pueden dedicarse a otras actividades que la sociedad costarricense pueda considerar más apropiadas, como educación y medicina pública. Hasta hoy, cuando el país ha sido objeto de amenazas significativas de parte de otra nación, ha existido una reacción apropiada de tales entidades internaciones que han garantizado la integridad del ciudadano costarricense ente la invasión del exterior.

El problema con tal política puede radicar en la precariedad de sustentar tal obligación básica del Estado en organismos que bien pueden ser incapaces de reaccionar de forma que garantice la seguridad del costarricense. Por ejemplo, es notorio que los Estados Unidos, nación que solía ser clara defensora de la integridad de naciones amigas, hoy no muestra tal disposición, tal vez abrumado por la enorme carga que impone sobre su país la amenaza del terrorismo internacional, en especial en estos momentos económicos difíciles, y muy posiblemente por la desaparición de un mundo bipolar, que se caracterizaba por la existencia de un orden liberal enfrentado al comunismo, hoy casi desaparecido de la faz de la Tierra.

Pero también debe tenerse presente que no siempre esas entidades alheñen defensa del agredido o del agraviado. Por ejemplo, en el orden judicial internacional se ha podido observar cómo dictadores como Pinochet o los militares argentinos de la Guerra Sucia han sido debidamente enfrentados a las coartes, pero también lo han experimentado personas como Ariel Sharon o Donald Rumsfeld, que si bien son polémicos, están lejos de ser tiranos. Pero, por aún. Aún si dejo de lado lo sucedido en Ruanda ante los ojos torvos de cierto organismos, ¿acaso vio usted un proceso internacional contra Yasser Arafat, quien hasta fue homenajeado por algún ex diputado y una ex diputada en nuestra Asamblea?; asimismo, ¿se ha enfrentado a algún tribunal internacional el dictador de 50 años, para dar cuentas del sufrimiento y daño practicado a su pueblo, como lo es Fidel Castro?, y acaso se ha acercado el brazo de la justicia a ese asesino de su pueblo en Africa como es el tirano Mugabe?

En cuanto al tema de nuestra defensa ante la agresión externa podríamos mirar hacia una nación que por muchos siglos no ha sido objeto “de invasión y violencia de otras sociedades independientes”, como escribió Smith, a la vez que se caracteriza por su profunda democracia, el respeto a los derechos humanos y la plena vigencia de la libertad. Se trata de Suiza (tal vez se le pegue a la que se ha llamado la “Suiza de América“), la cual posee un poderoso ejército que nunca ha participado en guerra alguna contra nadie y menos contra sus propios ciudadanos a los cuales sirve. Vale la pena pensar -enfatizo, pensar- en una posibilidad similar para Costa Rica, mediante la cual dependeríamos de nosotros mismos, manteniendo nuestra posición de paz hacia el mundo y teniendo la capacidad de defendernos a quien intente invadirnos o ejercer violencia contra nosotros.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 22 de noviembre de 2010

Tema polémico: menor desigualdad no significa mayor desarrollo


Existe la hipótesis, muy popular y aceptada por diversos sectores, según la cual, si un país desea alcanzar elevados estándares de desarrollo debe cerrar, o al menos implementar políticas públicas en orden a reducir, la brecha que separa a quienes poseen mucho y quienes poseen pocos bienes materiales.

El instrumento por excelencia del que hacen uso los grupos “redistribucionistas”, es el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en los ingresos entre los miembros de una sociedad. El ideal para un “igualitarista”, sería que la medida del coeficiente de un país determinado sea 0, pues representaría una sociedad donde no existe desigualdad entre sus miembros; el peor de los escenarios sería aquel donde el coeficiente sea 1, esta sería, sin lugar a duda, la sociedad más desigual que se pueda imaginar. (Se suele medir igualmente de 0 a 100).

De nuevo, la hipótesis señala que si Costa Rica desea avanzar en el desarrollo de sus habitantes, es decir, alcanzar el nivel de los países con desarrollo humano alto, es imperativo borrar los altos niveles de inequidad.

Sin embargo, esta hipótesis tan difundida es falsa. El propio Índice de Desarrollo Humano se encarga de falsar la proposición. Basta con leer en Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2010, La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo humano, para darse cuenta de ello.

Veamos unos ejemplos que ofrece dicho documento: Chile, el país de Latinoamérica con mejores estándares de desarrollo humano posee un coeficiente de Gini de 52,0; no obstante, Zimbabwe, el país con peor nivel de desarrollo humano del mundo, posee un coeficiente de Gini de 50,1 y,la República Democrática del Congo, el segundo peor país del mundo en materia de desarrollo humano, posee un coeficiente de 44,4 que resulta superior al del tercer país con mejor nivel de desarrollo humano (Nueva Zelanda con un coeficiente de 47).

Por otra parte, Azerbaiyán, disfruta un coeficiente de 16,8 catalogándolo como el país con más igualdad del mundo, pero se ubica en el lugar 67 en IDH, por debajo de Costa Rica (62), a pesar que posee mejores niveles de igualdad que el país con mejor nivel de desarrollo humano (Noruega posee un coeficiente de Gini de 25,8)

Aún más, Etiopia, en el lugar 157 entre 169 en el IDH, y por tanto, uno de los países que cae en la categoría de desarrollo humano bajo, posee un coeficiente de Gini más positivo en términos distributivos que Estados Unidos, que se ubica en el lugar 4 en la lista del índice de desarrollo, con un coeficiente de 40,8.

Estos ejemplos nos permiten concluir algo muy interesante: desechan la hipótesis de los aficionados a las medidas distributivas y explican que el nivel de desarrollo de un país no depende de la igualdad o desigualdad existente entre los miembros que la conforman, sino de otras variables, a las cuales nos hemos referido en ASOJOD, pero que en nada se asimilan a las propuestas por los defensores de quitarle a unos para darle a otros.

Esperamos que estos sencillos datos sirvan para abrirle los ojos a muchos individuos que, para bien o para mal, hoy día creen que es mediante la acción afirmativa del Estado, al mejor estilo de Robin Hood, que los países se vuelven desarrollados.

viernes, 19 de noviembre de 2010

Viernes de Recomendación


Para este viernes de recomendación les presentamos el ensayo de Francisco Fontaine llamado Libertad e Igualdad. En este ensayo, Fontaine expone las grandes diferencias que existen entre la libertad individual y la igualdad desde un punto de vista económico, sin embargo, la igualdad que si es requisito para que pueda existir verdadera libertad es la igualdad de todos ante la ley.

jueves, 18 de noviembre de 2010

Jumanji empresarial: regulación sin Estado (I Parte)


En la actualidad, la "regulación" o la "desregulación" es un tema común de conversación. Los empresarios hablan de ella constantemente porque tiene un enorme impacto sobre sus actividades; de ella también se ocupan los grupos de presión; los programas de noticias de televisión la incluyen en sus espacios, y los individuos hablan sobre la influencia que ejerce en sus vidas privadas. Prácticamente todos los debates sobre temas de actualidad que se celebran en los medios de comunicación terminan haciendo sugerencias para establecer nuevas regulaciones. En general, por "regulación" se entiende los intentos que hacen los gobiernos, empujados por un sinfín de razones distintas, por imponer reglas a los demás, ya sea por vía legislativa o administrativa.

Las reglas son una parte fundamental de la vida. Pero hacerlas no es necesariamente una función del gobierno: pueden (y de hecho suelen) establecerse de forma voluntaria. En las democracias avanzadas de Europa Occidental y América del Norte, los acuerdos institucionales que rigen la conducta de individuos y organizaciones han evolucionado desde hace siglos a la luz de la experiencia.2 No sería posible vivir vidas relativamente ordenadas, tal y como hacemos, si las reglas que rigen nuestra vida y nuestras normas de comportamiento no hubieran surgido y se hubiesen ido convirtiendo en normas sociales a través de los años (algunas integradas, a posteriori, dentro de un marco de ley y orden).

Contrariamente a lo que dicen las teorías convencionales, la alternativa a la regulación estatal no es la ausencia de regulación, sino un amplio abanico de acuerdos voluntarios. En la práctica, se dan ambos tipos de regulación tanto en el Reino Unido como en otras sociedades democráticas, aunque, debido a la necesidad urgente de ofrecer soluciones instantáneas ante cualquier supuesta "crisis", la regulación estatal se impone sobre las soluciones voluntarias porque se da por supuesto que el estado siempre tiene en sus manos una solución que va a aportar más beneficios que costes, una idea que se encargan de defender muchos políticos de miras cortas.3 La experiencia nos enseña que esta presunción no está fundamentada. Una gran parte de la regulación estatal tiene consecuencias inesperadas: cuando una regulación no consigue los objetivos establecidos, de inmediato surge otra que supuestamente tendrá éxito. Así es como el estado regulador actúa, acumulando estratos de regulación cuyo efecto, entre otros, es la reducción de la transparencia democrática.

Este breve estudio analiza cómo surge la regulación estatal; evalúa los costes de la regulación, su incidencia en la actividad económica y los problemas que acarrea; también se recogen algunos ejemplos de regulación voluntaria; y concluye con algunas recomendaciones en un intento de ampliar el ámbito de estos medios voluntarios. Su intención es fomentar el debate sobre el alcance y el ámbito de actuación tanto del estado como de la regulación voluntaria.
Algunos problemas de principios

La regulación estatal adopta una gran variedad de formas, que van desde el extremo de la planificación central de la actividad económica, pasando por sistemas de planificación no coercitivos (la llamada "planificación indicativa"), hasta medidas encaminadas a mejorar el comportamiento del mercado, próximas al ideal de "competencia perfecta" que preconizaban los economistas neoclásicos. Los principios de la planificación económica, en cualquiera de sus múltiples variedades, han sido objeto de las críticas más duras. Además estas prácticas están muy desacreditadas debido a la experiencia de las economías planificadas de la Unión Soviética y de otros países.

A pesar de que la idea de "mejorar" el comportamiento del mercado haya merecido tantas críticas como las vertidas contra la planificación económica, este concepto sigue vigente en nuestros días. Se sigue recurriendo a ella para justificar la intervención del estado, por ejemplo a la hora de fomentar la salud y la seguridad, salvaguardar el medio ambiente, subvencionar la educación, mejorar la seguridad en el trabajo, establecer salarios mínimos, evitar la "explotación" del trabajador, y proteger a los inversores de sus propias decisiones.

En realidad, el establecimiento y el crecimiento de la regulación tienen poco que ver con estas ideas. Como resulta evidente, son antes que nada el resultado del comportamiento propio de buscadores de rentas que caracteriza a los grupos de presión y a los reguladores (ver Apartados 4 a 7, a continuación), sabedores de las ventajas que comporta la introducción y la expansión de la regulación estatal. Pero las justificaciones intelectuales que subyacen en la defensa de la regulación tienen bastante repercusión, ya que dan un barniz de respetabilidad a un proceso que casi siempre dista mucho de ser digno de respeto.

Los argumentos intelectuales, tal y como los expresan los economistas convencionales, suelen justificar la regulación estatal afirmando que se puede mejorar el comportamiento de un determinado mercado porque éste "falla", es decir no cumple los objetivos que dicta el "interés general". De esta forma, se afirma que el estado está obligado a intervenir para mejorar lo que debería ser sólo responsabilidad del mercado. Ahora bien, este concepto de "fallo del mercado" como fundamento teórico de una decisión política plantea un problema de fondo, al aceptar como medida de evaluación lo que estos economistas convencionales postulan como modelo a largo plazo de competencia perfecta.5 Como se trata de un estado idealizado que jamás existe en la práctica, el hecho de medir los mercados del mundo real según ese modelo condena una y otra vez al fracaso a todos los mercados, presentes y futuros. Por eso, el recurso al modelo del fallo del mercado conduce inevitablemente a fomentar una intervención cada vez más amplia del estado en todos los campos de la economía, no sólo porque sea cierto que existen problemas en el mercado, sino porque su comportamiento nunca estará a la altura de ese ideal inalcanzable. En realidad, muchos de estos "fallos" forman parte de los procesos normales del mercado, y no son desviaciones de una situación que habría de ser supuestamente emulada en la práctica.

Más aún, el concepto de "fallo del mercado" implica la existencia de un Estado perfecto: un organismo omnisciente y altruista capaz de detectar y perseguir sin descanso el "interés público". Se le atribuye a este estado benévolo y bienintencionado la capacidad de detectar y corregir los fallos del mercado, con total independencia de los intereses de quienes forman parte de él y sin ulteriores consideraciones políticas. Pero resulta evidente que la comparación entre un mercado "imperfecto" y un estado perfecto no es neutra, y si se tuvieran en cuenta las imperfecciones del propio estado disminuiría la demanda de una mayor intervención estatal. Cuando se le preguntó a Alfred Marshall su opinión acerca de una intervención estatal destinada a resolver un problema particular, respondió: "¿Está usted pensando en un estado sabio, justo y todopoderoso, o en el estado tal como es?".

Curiosamente, muchos de los que reclaman más regulación estatal desconocen que en la base de sus argumentos, se encuentra un modelo de funcionamiento del estado y de los mercados que probablemente casi ninguno de ellos suscribiría. Más aún, dados los fallos de este modelo regulador subyacente, los problemas prácticos en la implementación de la intervención resultan imposibles de evitar. Trataremos seguidamente algunos de estos problemas, empezando con los costes de regulación.
Cuestión de costes

Mucha gente cree que los argumentos con que los gobiernos suelen justificar la imposición de regulaciones son respetables. La gente desea, entre otras cosas, gozar de buena salud, tener seguridad, minimizar los efectos adversos del entorno en la actividad humana, proporcionar una buena educación a sus hijos, que se trate bien a los trabajadores, e impedir que los delincuentes se infiltren en los mercados financieros. La cuestión es saber si esos objetivos, que casi todos, por no decir todos, consideramos deseables, se alcanzarán mejor mediante la regulación estatal o la acción voluntaria.

A medida que las regulaciones estatales han ido incrementándose en los últimos años, se han empezado a plantear serias preguntas al respecto en los países europeos, en EEUU y en Japón, a pesar de la dificultad que entraña su evaluación. Se conocen las partidas de gastos de los presupuestos estatales, pero éstas son sólo una parte del total. También es posible evaluar los costes, mucho más elevados, del cumplimiento de las regulaciones ("costes de cumplimiento"), que recaen sobre las empresas y los individuos, pero los costes "invisibles" (sobre todo los efectos adversos en el desarrollo empresarial y tecnológico, tal como se expone en el Apartado 8), son prácticamente desconocidos.

Las estimaciones realizadas acerca de los costes de la regulación federal en EEUU incluyen los costes de cumplimiento, pero no los costes invisibles. Un estudio evalúa los costes de cumplimiento en unos 700.000 millones de dólares, mientras que los costes soportados por las agencias gubernamentales federales se reducen a 15.000 millones de dólares. Según esta estimación, los costes de cumplimiento representan un 9% del PIB de EEUU, es decir casi 7.000 dólares por familia (aproximadamente el 19% de los ingresos de dos personas en una familia normal).9 En EEUU, los costes derivados de la regulación económica tienden a disminuir a causa de la desregulación que se ha producido en algunos grandes sectores (gas natural, telecomunicaciones, líneas aéreas y más recientemente el suministro eléctrico), mientras que los costes de la regulación "social" (incluida la regulación medioambiental) se han incrementado considerablemente, duplicándose, en términos reales, en los últimos diez años.

En otros países, los costes de regulación no están tan bien documentados. Pero no hay ninguna razón para suponer que la gigantesca disparidad entre los costes de regulación soportados por el estado y el total de los costes de regulación sea un fenómeno exclusivo de EEUU. Como explicamos en el siguiente apartado, esta disparidad es inherente al proceso mismo de regulación estatal. Más aún, la experiencia indica que el crecimiento acelerado de la regulación estatal "social" también se produce en otros países. En otras naciones desarrolladas, a pesar de la reducción de las barreras arancelarias y de la desregulación en los suministros básicos y en algún sector del transporte, esta forma de regulación sigue ganando terreno.
¿Quién paga el coste de la regulación?

La disparidad entre los costes totales y los costes que recaen en los reguladores en sumamente significativa. En EEUU, los costes que corren a cargo del estado alcanzan tan sólo un 2% del total de los costes de cumplimiento; representarían una parte aún menor del total si se tuvieran en cuenta los costes invisibles. En consecuencia, en lo que se refiere al estado y a las agencias estatales encargadas de la regulación, el grueso de los costes de la regulación son "externos" (es decir, los pagan otros). Más que cualquier otro factor, este hecho contribuye a explicar el frenético aumento de la regulación.

Los argumentos utilizados por los economistas convencionales en pro de la regulación no se tienen en pie. El argumento fundamental es que existen "externalidades" que los mercados privados no tienen ni tendrán nunca en cuenta. Por esa razón el estado debería intervenir con el fin de asegurar que se tiene en cuenta cualquier coste o beneficio externo. Pero en la práctica, lo que ocurre es que se crean nuevas externalidades. Estos costes que normalmente habrían sido "internos" (y por tanto tenidos en cuenta por los agentes implicados) no recaen sobre los reguladores y en consecuencia, por muy bien intencionados que sean, para ellos dichos costes pasan a ser externalidades. En tales circunstancias, y dado que el grueso de los costes no recae sobre los reguladores, la regulación no deja de aumentar superando con creces su nivel de "eficiencia", que en teoría, se sobrepasa cuando los costes derivados de una nueva regulación exceden los beneficios que se derivan de ella. En pocas palabras: aunque los "fallos" del mercado son el motivo que se suele aducir para reclamar más y más regulaciones, la propia regulación induce a una forma particular de "fallo".

Sobrerregulación


El proceso esbozado más arriba indica que si se tiene en cuenta el conjunto de costes y beneficios, la regulación estatal excederá siempre, sin excepción alguna, el nivel de eficiencia que la justificaría. Así pues, bienvenidos al mundo de la sobrerregulación.

La sobrerregulación es objeto de crítica y protestas en numerosos países, como ha sido reconocido por la OCDE, que ha propuesto un proyecto global, para todo el ámbito de la OCDE, de alternativas a la regulación. Se han puesto en marcha iniciativas de desregulación en varios países, entre ellos EEUU, Japón y el Reino Unido. En este último país, un estudio de 1998 concluía que "... las regulaciones impuestas para conseguir resultados socialmente deseables suelen tener consecuencias no esperadas y aciagas en el empleo y el crecimiento". De forma parecida, el presidente de la Better Regulation Task Force inglesa, Christopher Haskins, afirma que Gran Bretaña tiene demasiadas regulaciones y que las posibles alternativas privadas pueden conseguir los mismos objetivos con "más eficacia y menores costes". "La acción voluntaria de los individuos o de los grupos de individuos", sigue diciendo Haskins, "puede conseguir los mismos objetivos con mucha más eficacia que el estado. Demasiada gente depende del estado para conseguir formas de protección que podrían perfectamente organizar ellos mismos por su cuenta".

Resulta muy difícil introducir cambios en la regulación estatal a causa de la lentitud y la complejidad del proceso político. No es raro que se pongan en marcha regulaciones anacrónicas, que corresponden a épocas ya superadas (ver más abajo). Más aún, las regulaciones suelen sobrevivir a las circunstancias que las vieron nacer. La regulación inglesa sobre la apertura dominical del comercio (Sunday Trading) es un clásico ejemplo de regulación anacrónica.13 Probablemente la regulación no suscitaría tanto entusiasmo si se prestara más atención a su evolución histórica y a la experiencia de los países que han sabido reaccionar ante determinados problemas sin recurrir a la regulación del estado. Según un estudio reciente realizado por dos sociólogos británicos acerca de las restricciones reguladoras, "nuestras instituciones no tienen capacidad de respuesta porque vivimos en sociedades que no reflexionan sobre su propia historia. Siempre estamos pendientes de los posibles peligros que nos acechan en el futuro, y sin embargo, sólo si pensamos en la forma frívola y exagerada en que hemos reaccionado en el pasado a situaciones de pánico técnico o moral, sabremos reaccionar con racionalidad. (...) Hemos de volver la vista atrás y aprender a ser escépticos".

Las posiciones críticas ante la regulación excesiva también se han visto intensificadas por el hecho de que una regulación demasiado pormenorizada (o poderosa) resulta incompatible con las necesidades de unas empresas que han de competir en mercados sometidos a los vertiginosos cambios que produce la "globalización". Como dice Murray Weidenbaum, ex presidente del Consejo Económico Asesor de la Presidencia de EEUU: "Ningún país tiene un organismo especial destinado a sabotear la economía o a incrementar la inflación. Pues bien, muchas de las decisiones de los estados, en especial las referidas a fiscalidad, gasto público y regulación, tienen exactamente ese efecto. El coste de las regulaciones resulta particularmente peligroso. Son impuestos camuflados que reducen la competitividad de las empresas nacionales justo cuando han de enfrentarse a un mercado cada vez más globalizado".

Es lo que está ocurriendo en los países de la Unión Europea. Carecemos de datos fiables acerca de la regulación en la Unión Europea, pero parece evidente que, a pesar de la promesa realizada por Jacques Santer de que el principio de subsidiariedad iba a significar "menos y mejores" reglas, la regulación comunitaria ha seguido creciendo. Según datos basados en estudios de la propia UE, el número total de disposiciones legales dictadas por la Comunidad y la Unión Europea creció de 1.947 en 1973 a 14.729 en 1990 hasta alcanzar 23.027 en 1996.16 Un signo indiscutible de la creciente actividad reguladora de Bruselas es el número de páginas producidas por el Departamento de Publicaciones de la UE, que se ha multiplicado en siete años, pasando de 886.996 en 1989 a 1.916.808 en 1996. Los costes de cumplimiento serán inevitablemente mayores en aquellos países en los que la interpretación nacional de las normas de la UE ha sido más estricta que la dictada por las propias normas, como ha ocurrido en el Reino Unido.17 También lo serán en los países con una fuerte tradición de respeto a la ley, a diferencia de aquellos otros en los que el respeto a la autoridad legal es más débil.

Regulación y grupos de interés

Otro motivo para el establecimiento y el incremento de las regulaciones es el hecho que existen numerosos grupos de interés, de todas clases, tamaños y categorías, que se benefician de ellas. La "búsqueda de rentas" mediante la cual algunos grupos de interés inclinan la intervención estatal en provecho propio explica el hecho, ampliamente observado, de que la intervención estatal suele estar dominada más por los intereses de determinados productores o grupos que por el interés general.

Si algunos grupos llegan a tener tanta influencia en la regulación (y en otras decisiones políticas), es porque los beneficios potenciales de la regulación son acaparados por los miembros de esos mismos grupos, mientras que los costes de la regulación se reparten entre un amplio número de consumidores o incluso entre todos los miembros de la sociedad. Pongamos por ejemplo un sector cuyos miembros saldrían beneficiados de la protección contra las importaciones. Si este sector tiene éxito, la totalidad de los beneficios (por ejemplo, mayores beneficios a corto plazo y salarios más altos) sólo repercutirán en sus miembros. Por el contrario, los costes (por ejemplo precios más altos para los productos en cuestión) repercutirían negativamente sobre un número muy amplio de consumidores.

Teniendo en cuenta la concentración de beneficios, el sector tiene un motivo muy poderoso para invertir recursos en presionar a favor de las medidas de protección, por ejemplo elaborando información acerca de la supuesta pérdida de puestos de trabajo que acarrearía la no intervención de Estado. Además, y como es de esperar, el sector industrial interesado está mejor informado sobre su situación que el propio estado, y tiene grandes posibilidades de llevarse el gato al agua.

Si la regulación se produce, los consumidores sólo soportarán una pequeña parte de estos costes. Por lo tanto, carecen de verdaderos motivos para invertir tiempo, dinero y energías en contra de las medidas de regulación. Más aún, muchos consumidores ni siquiera se darán cuenta de que la regulación ha acarreado costes. De ahí que, aunque llegue a haber millones de "perjudicados -por no decir víctimas- invisibles" de una determinada regulación, y aunque los costes totales excedan con mucho los beneficios obtenidos por el grupo de presión, los perjudicados apenas manifestarán alguna forma de oposición, si es que llegan a hacerlo.

El sector agrícola rebosa de ejemplos de prácticas de "búsqueda de rentas", beneficios concentrados y costes dispersos. En Beyond Good Intentions, Doug Bandow presenta el ejemplo de los productores de miel norteamericanos. En total, suman unos 2.500 y reciben unas ayudas anuales del Departamento de Agricultura norteamericano por un total de 100 millones de dólares (un promedio de 40.000 dólares por productor). En 1987, se introdujo una variación casi insignificante en estas ayudas, gracias a la cual los quince mayores productores empezaron a recibir 6 millones de dólares más al año, es decir un promedio de 400.000 cada uno. El beneficio para cada uno de los productores fue más que considerable, mientras que el promedio del coste para cada ciudadano norteamericano resultó extremadamente reducido, apenas dos centavos, es decir menos de lo que cuesta franquear una carta de reclamación.

La concentración de los beneficios de la regulación supera con creces a la dispersión de los costes y por esa razón, los beneficiarios de la regulación ejercen una presión mucho más significativa y tienen más capacidad de influencia en el poder público que los perjudicados.

John Blundell y Colin Robinson

martes, 16 de noviembre de 2010

La columna de Carlos Federico Smith: la deuda del Estadio


Generalmente se dice “estar en deuda” para dar a entender que se debe estar agradecido con alguien por algún gesto o cosa que dicha persona efectuó para beneficio de uno. Así, se ha dicho que estamos en deuda con el pueblo de China (continental) por el obsequio de la construcción del nuevo Estadio Nacional. No le hagamos caso al cínico que -con toda razón- nos dice que no fue por nuestro bello rostro que se nos obsequió el estadio, sino que es el pago por la decisión de la Administración Arias de terminar relaciones con China (Taiwan) y abrirlas, con razón o sin ella, con la antigua China comunista.

Siempre me pregunté si en el país no había mejores y más productivas opciones para usar la “donación” china que la de un estadio. Creo que la decisión facilota, torpemente opuesta en su momento por el ex ministro de Cultura Sáenz, que más bien estimuló a los proponentes de ese estadio, pronto empezará a mostrar que no fue la más inteligente.

Hoy día da pena ver a los ciudadanos de San Carlos realizar protestas respetuosas por el abandono de más de 25 años de la promesa de dotar a ese cantón de una carretera más adecuada que el viejo, sinuoso, si bien lindo, camino -porque eso es lo que en realidad es: un camino- para comunicarse con el Valle Central.

Fue hasta hace pocos años que con el apoyo de China (Taiwan) se había avanzado en dicha construcción, después de infructuosos intentos de arranques o labores a medias. Aquel mismo cínico me puede decir que esa carretera fue financiada por Taiwan a cambio de las relaciones que manteníamos con ellos. Eso es muy posible, pero el hecho es que gracias a esa decisión de los chinos de Taiwan la carretera venía avanzando.

En eso se tomó, sorpresivamente, la decisión de la Administración Arias de terminar relaciones con China (Taiwan) y hasta allí llegaron los aportes de este país para financiar la carretera a San Carlos. Uno creía que los chinos continentales dejarían de financiar esa carretera: que quedara inconclusa, como las relaciones con China (Taiwan). Sin embargo, recientes declaraciones de una diputada de la zona de San Carlos señalan que de ninguna manera los chinos continentales excluyeron apoyar la terminación de esa vía. Es más, en palabras -digámoslo mejor, en denuncia- de la diputada, China continental donó $30 millones para que se continuara la construcción de la carretera que estaba a medias. Ella dijo que tal cosa se lo manifestó el Encargado de Negocios de China continental y, continuó con la denuncia de que “ahora no se sabía adónde estaban esos fondos”.

Yo, como creyente en la “limpieza” gubernamental, creo que estas afirmaciones de la diputada de San Carlos constituyen una denuncia pública que debe ser atendida de inmediato, no sólo por los medios, los cuales casi que han sido omisos al respecto, sino también por quienes tienen la obligación formal de actuar, como son la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.

Lo triste es que se les pidió a los nuevos chinitos que construyeran un estadio, pues en el país no había algo similar. Evidentemente las autoridades gubernamentales no se preguntaron la razón por la cual no había en el país una edificación de tal magnificencia: simplemente, porque, al menos para el futbol, no hay demanda tal como para ameritar una inversión así. Si no creen en esto, piensen por qué el empresario Jorge Vergara, así como otros, no ha invertido en ampliar y modernizar al estadio Saprissa para hacerlo algo similar al nuevo estadio nacional.

Lo más grave ahora es que las nuevas instalaciones exigen un mantenimiento que resulta ser muy elevado y no parece haber la demanda suficiente de ellas como para se generen los recursos necesarios. Así, los gastos terminarán siendo cubiertos con fondos públicos, ya sea mediante impuestos que pagamos todos los costarricenses o por cobros en algún servicio que presta el Estado. Por supuesto, las autoridades gubernamentales tienen una posible salida a la que casi siempre han acudido: pedir a los nuevos chinitos que se nos regalen más plata, quien sabe ahora a cambio de qué. Así podrán cubrir el mantenimiento indispensable del elefante blanco que se vislumbra trotar en la distancia. En tanto, la carretera a San Carlos, algo productivo que podía haberse financiado si así lo hubieran solicitado los gobernantes de ese entonces, sigue en penurias, embalsamada en las promesas a ser incumplidas por los políticos de siempre. Pero, ahora si vamos a estar en deuda por el estadio…

Jorge Corrales Quesada

lunes, 15 de noviembre de 2010

Tema polémico: Reglamentos Técnicos


Decía el difunto Premio Nobel de la economía, Milton Friedman que no existía nada más nefasto que las buenas intenciones. Cuando decía esto se refería a todas esas medidas que los gobiernos imponen sobre el comercio como resultado de un sentimiento "noble" de protección a los ciudadanos o al medio ambiente que los rodea, bajo la falsa premisa de que los gobernantes deben contar siempre con un sentimiento paternalista hacia los ciudadanos y que solo ellos saben lo que es mejor para sus vidas. Pues un buen ejemplo de esto es al caso de los reglamentos técnicos.

Un reglamento técnico es un documento adonde se establecen características de los bienes o sus procesos y métodos de producción cuya observancia es obligatoria. En otras palabras, es un requisito impuesto por el gobierno en el que se exige ciertas características de cumplimiento a uno o más productos para su venta en territorio nacional. La justificación de estos documentos es que buscan proteger a los consumidores en temas de salud, engaño, seguridad nacional o protección al medio ambiente. Ejemplos hay muchos: desde requisitos que obligan a las empresas a que el producto cuente con determinados tipos de empaque o etiquetado hasta exigencias de que cumplan con alguna certificación emitida por un órgano autorizado para su venta.

La oficina encargada en nuestro país de emitir reglamentos técnicos es la comisión interministerial llamada Órgano de Reglamentación Técnica (ORT) y las medidas impuestas son aceptadas por la OMC. Precisamente, en las últimas décadas, en la medida en que la globalización se ha vuelto más evidente, el uso de reglamentos por parte de todos los países se ha incrementado considerablemente.

En ASOJOD consideramos que el uso de reglamentos técnicos, fuera de ser algo bueno para proteger a las personas, son realmente trabas al comercio que atentan contra el adecuado desarrollo de las economías. Pero hay que hacer algunas consideraciones importantes.

Primero que todo, los reglamentos obligan a que los productores e importadores cumplan con ciertos requerimientos que, en muchos casos, requieren de grandes inversiones en los procesos de producción, distribución o certificación de los productos. Esto representa una gran limitación para el desarrollo especialmente de pequeñas y medianas empresas., ya que muchas veces, no se tienen el capital ni los medios para cumplir, dejando solo a los grandes fabricantes en el mercado. Es por esto que no es de extrañar que los grandes fabricantes normalmente sean siempre los grandes impulsores de este tipo de obligaciones, ya que con los reglamentos técnicos se fomenta la creación de monopolios u oligopolios en los mercados.

Otro gran perdedor en este procesos suele ser lel consumidor, a pesar de que en un principio se le trata de defender. Los nuevos requisitos obligan a que las empresas incurran en gastos adicionales que luego se verán reflejados en los costos de los productos. Por lo tanto, las personas terminan pagando más por los productos disminuyendo su capacidad de compra y de ahorro.

En ASOJOD comprendemos la preocupación de muchos acerca del riesgo que implica la existencia en la calle de productos que puedan engañar a las personas o inclusive puedan atentar contra su propia vida. Lo que no compartimos es el deseo de trasladarle al Estado esa responsabilidad que tenemos todos de discernir entre productos buenos y malos y de esa manera limitar nuestra libertad de decisión en el mercado. Los consumidores estamos en toda la capacidad de medir el nivel de riesgo en la compra de los productos y en caso de ser engañados por el fabricante tenemos el derecho de recurrir a las instancias judiciales pertinentes y hacer nuestro reclamo. Eso sí, estas instancias deben de trabajar en forma rápida y contundente.

domingo, 14 de noviembre de 2010

¡Exprópiese!


El presidente venezolano ha recrudecido el ejercicio del "despotismo electoral" a raíz de los resultados de las elecciones pasadas, donde la oposición logró ganar una presencia importante, que si bien no alcanza para limitar el poder concentrado por el déspota, sí al menos, no le permitiría contar con la "Ley habilitante" una especie de carta blanca para legislar a su antojo.

Antes que en Enero se instale el nuevo legislativo, semana a semana con la boca llena, en las calles, en sus discursos televisados y en cuanto lugar se encuentre, su palabra preferida es: Exprópiese. Centro históricos, industrias, tierras, viviendas, etc., Exprópiense!

No hay garantías legales, no hay Estado de Derecho, no hay indemnizaciones, no hay proceso previos, ni dictamen u orden judicial. Sólo la voluntad del déspota. Algo que ya desde hace tiempo había desaparecido en Venezuela, la estabilidad jurídica, es algo que definitivamente no existe ni volverá, en tanto los venezolanos toleren a este dinosurio en el poder.

A las agresiones verbales, a ese espíritu camorrero y de confrontación permanente, a las amenazas e insultos, al proceso de concetración del poder y el armamentismo de las milicias, turbas de enceguecidos y fanáticos seguidores, del rearme militar y ahora la construcción de una planta nuclear, de sus amistades con otros déspotas y tiranos del mundo, entra en la carrera final de expropiar todos los bienes, servicios, industrias y propiedades a diestra y siniestra.

Los venezolanos deben exporpiarle el poder a este tirano cuanto antes, pues de la concentración del poder y la usurpación de las funciones de las distintas ramas del poder público y de la sociedad, pasa a la confrontación verbal interna y externa, a la expropiación y, su paso ineludible, será la crueldad y el terror. Todo ello, además, en nombre de los pobres!

Javier Loaiza

viernes, 12 de noviembre de 2010

Virernes de recomendación


Para el día de hoy les ofrecemos el artículo titulado: "Karl Popper: sus disputas acerca del conocimiento y sus consecuencias políticas." En el el autor Nicolás Martínez explora las principales diferencias del filósofo vienes, entre dos escuelas de pensamiento que fueron sumamente populares durante el SIglo XX: el positivismo y la escuela de frankfurt.

jueves, 11 de noviembre de 2010

Jumanji empresarial: espacio social del empresario


Hoy en día, no podemos ignorar que las fronteras económicas y comunicacionales, más abiertas que nunca, están acentuando el espacio social del mercado y poniendo en duda la necesidad de un estado interventor, como consecuencia de dos factores:1) la modificación drástica que las redes formales e informales operan en la sociedad; y 2) el agotamiento del clásico Estado de Bienestar y sobre todo del Estado Empresario.

Sin embargo, pareciera que en países como Costa Rica, los gobernantes y actores políticos siguen tratando de estirar el modelo de planeamiento y ejecución centralizada de la gestión pública más allá de los límites que permite el nuevo contexto socioeconómico mundial. Esta nueva realidad, caracterizada por una alta movilidad de los agentes económicos y sociales y por una alta flotación del poder, no les permite a los gobernantes mucho margen de acción con respecto a impuestos, regulaciones o centralización del poder. Y sin embargo, el modelo sobrevive por causa de una inadecuada participación empresarial.

Aún más, en los últimos años se ha insistido, dentro del contexto de la Administración Pública, en la creciente necesidad de un involucramiento empresarial, bajo el espejismo de la responsabilidad social corporativa, a pesar de que esto no contribuye a modificar los roles intervencionistas del Estado hacia una mayor descentralización administrativa, la promoción de la gestión y la democracia local, la reducción de la carga burocrática y tramitológica, el abandono de las funciones benefactoras del Estado central y, sobre todo, la renuncia a sus funciones empresariales. La presión sobre el empresario, en la actualidad, no solo se concentra en que este debe suplir bienes y servicios a la sociedad de una manera eficiente, sino también en el hecho de buscar su complicidad en el marco de las intervenciones planificadas, lo cual supone una forma viscosa de manipulación política y social.

Es imperativo que el empresario despierte ya de esta pesadilla freudiana y, desde su propia conciencia, le ponga un alto a la intervención del Estado. El empresario es el eslabón que sostiene la cadena que une al capital con el individuo como consumidor y como agente social. Sería nefasto que este rol se perdiera o desviara solo porque el poder estatal y los políticos de turno quieren convertirlo en un apéndice Orwelliano más de sus anacrónicas intenciones.

Andrés Pozuelo

miércoles, 10 de noviembre de 2010

Flash legislativo


¡Una verdadera idiotez! Así es como hay que calificar lo que hicieron ayer los Diputados, al aprobar el proyecto de ley Nº 15.948, que prohibe la minería a cielo abierto en Costa Rica. Sí hay que reconocer que sólo dos legisladoras tuvieron el valor de oponerse a esta absurda decisión, retirándose de forma evidente en el momento de la decisión, en un intento desesperado por motivar a su fracción a romper quórum. Esas diputadas fueron las libertarias Marielos Alfaro y Damaris Quintana.

El resto de legisladores se dejó llevar por el ambientalismo ciego e insensato que intenta paralizar el desarrollo y que su fin máximo, es la conservación a ultranza, sin importar el costo humano y económico. Basado en la paranoia y la presión de los ambientalistas, medios de comunicación y demás grupos, los legisladores creyeron que sería una gran gracia impedir una actividad.

¿Cuáles razones existen para hacerlo? Ninguna: esa prohibición es completamente arbitraria. Tanto como prohibir que las personas usen zapatos blancos o como impedir que los individuos pronuncien la letra "f". Sólo porque a unos no les gusta la minería, entonces nadie puede desarrollarla, pero ¿desde cuándo el capricho de unos pocos desfasados y paranoicos se convirtió en criterio de aceptación para las actividades humanas?

En ASOJOD lo hemos venido diciendo una vez sí y otra también: este tipo de prohibiciones lo único que logran es abrir la puerta para que vengan más. Así como es arbitraria la prohibición de la minería a cielo abierto, pronto escucharemos a algún creativo proponer que también debe impedirse la industria plástica, la mecánica, la forestal, etc. Como lo dijimos antes, ¿cómo quieren que sobreviva la humanidad si, al paso que vamos, pronto cualquier cosa que genere algún grado de contaminación será prohibida? Y mejor aún: ¿qué actividad humana no genera contaminación?.

¿Por qué mejor no prohiben de una vez que exista el ser humano y terminamos con estas payasadas?

martes, 9 de noviembre de 2010

La columna de Carlos Federico Smith: a riesgo de que me llamen "insensible"


Como ser humano lamento la tragedia que hoy viven muchos costarricenses a consecuencia del paso del huracán Thomas por el Caribe. No obstante, esta no es nueva: en muchas ocasiones la atracción que hacen las fuerzas de los huracanes caribeños, de vientos húmedos provenientes de nuestro Océano Pacífico, han causado enormes daños por las enormes precipitaciones que provocó. Es bastante predecible que esto sucederá cada cierto número de años en nuestras costas del Pacífico. Igualmente, ya sabemos que, a principios de cada año, suele llover fuertemente en la región Atlántica, en donde se inundan las mismas zonas. De nuevo, tales fenómenos son altamente predecibles, pero todos los años vemos como muchas familias sufren graves daños por las inundaciones en esas mismas partes.

Una de las pocas ideas rescatables de la Administración Pacheco fue que en ciertas zonas de Costa Rica, las viviendas se deberían construir hacia lo alto en pilotes. Esa idea no fue producto de algún nuevo descubrimiento de alguien en ese momento, sino simplemente el reconocimiento de cómo era que las compañía bananeras de antaño construían las casas de sus funcionarios y peones. Con la salida de tales empresas (por ejemplo, la United Fruit), esa forma de construir casas varió, dando lugar a que se edificaran a ras del suelo. La idea de la Administración Pacheco fue que, al menos, las casas que construía el estado o fueran financiadas con programas gubernamentales específicos, en esas zonas concretas, fueran construidas sobre pilotes. Resultado: como me dijo un amigo vendedor en la Feria del Agricultor de Plaza Víquez, “no conozco allá (en el Atlántico que se inunda) casas nuevas construidas en pilotes”.

El problema es que la acción estatal para paliar desgracias como la que acaba de suceder siguen el camino asistencialista de siempre. Me imagino que creyendo en que la mejor forma de ayudar a los perjudicados es dándoles asistencia ante la emergencia para que sigan viviendo en el mismo lugar de siempre, o con el mismo tipo de vivienda a ras del suelo, se resuelve el problema de la emergencia. Pero esta es una ilusión, porque el incentivo no es para que la gente busque otros sitios relativamente más protegidos para vivir o construir en alto para protegerse de la próxima “llena”, sino todo lo contrario, pues se minimiza el costo de una decisión incorrecta. En tanto se les siga dando la ayuda en esa forma inapropiada, los problemas vendrán de nuevo, una vez más, el próximo año.

No es insensibilidad ante el dolor ajeno el que me mueve a reiterar la necesidad de redefinir la asistencia en estas emergencias: sólo pretendo que se busque alinear los incentivos correctamente, para no sufrir de nuevo el dolor en la próxima. Por supuesto, también los gobiernos locales deberán ser más responsables en dónde es que otorgan los permisos para construir: como respondió en la televisión un vecino, quien lamentablemente perdió familiares y amigos en Las Lajas de San Antonio de Escazú, ante una pregunta de cómo era que vivían desde hace varios años a la orilla de un riachuelo, que ante la caída de un cerro vecino podía provocar la desgracia que luego sucedió, dijo: “fue porque la Muni nos dio esos terrenos para poder construir”. Mejor muestra de la incapacidad de ciertos gobiernos locales para tomar decisiones apropiadas no he podido encontrar. Si aprendieran la lección, de ser responsables en su actuar, tal vez el pueblo podría sufrir un poco menos.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 8 de noviembre de 2010

Tema polémico: berridos ambientales


En reiteradas ocasiones, en ASOJOD nos hemos pronunciado sobre los ambientalistas, sus métodos, sus paranoias, sus utopías y sus berrinches. Sin embargo, la discusión actual de la minería, especialmente en torno al proyecto Crucitas, merece que volvamos a aportar nuestro comentario.

No vamos a referirnos a la discusión legal sobre ese proyecto en particular, pues para eso existen las instancias correspondientes. Lo que queremos abordar es la cultura verdaderamente ingenua de los "defensores del ambiente".

No se confundan. No estamos atacando a todo aquel que tiene preocupaciones válidas y legítimas por el medio ambiente, desarrollando actividades privadas y voluntarias para protegerlo, siendo consecuente en sus ideas y sus acciones: aquellos que no tiran basura a la calle, aquellos que buscan cada vez más tecnologías limpias, aquellos que donan sus recursos a organizaciones que protegen el ambiente, aquellos que usan su tiempo libre para voluntariado. Los que merecen toda nuestra crítica, son aquellos que basan sus "argumentos" en ocurrencias poco reflexionadas, que no resisten ni siquiera el análisis comparado en función de las acciones que ellos llevan a cabo. Es decir, los que andan pregonando la protección ambiental, sin reparar en las inconsistencias que sus propios actos implican.

En la red circula un sinnúmero de videos, artículos, comentarios, etc. donde ese tipo de gente pide acabar con la minería y, al mismo tiempo, elevan un ruego para proteger la vida, los animales, la salud, las plantas y cuanta otra cosa se les ocurra. Sus argumentos, por demás cuestionables, se centran en los efectos nocivos que tiene esta actividad sobre el medio ambiente y, por lo tanto, encuentran que la solución más "adecuada" es prohibirla. Para ello, presionan a los políticos para que diversas iniciativas sean aprobadas, por el Poder Legislativo o por el Poder Ejecutivo.

Ahora bien, si la prohibición de la minería es la pomada canaria para proteger el medio ambiente y, como muchos de ellos alegan, es una forma de detener al malvado sistema capitalista-consumista-egoista, entonces podemos entender que la forma en que se ha venido desarrollando la humanidad en los últimos 3 siglos les parece, cuando menos, nefasta. En ese caso, a su criterio, debemos cambiar el modelo para que el medio ambiente tenga prevalencia sobre la "voracidad economicista".

Pero ¿cuál es ese modelo nuevo, donde hombre, árbol y pajarito podrán coexistir pacífica y armoniosamente? Hasta la fecha, no hemos visto que alguien haya realizado el ejercicio mental para diseñarlo. Pero usamos la palabra "diseñar" porque lo que sí hemos visto es que las sugerencias que estos ambientalistas transformadores proponen, apuntan a la ingeniería social: alguien tendrá que definir lo permitido y lo prohibido; alguien tendrá que fiscalizar el adecuado comportamiento, alguien tendrá que establecer las reglas de distribución de los recursos, alguien deberá diseñar el sistema de producción y las cantidades de consumo razonables y no enajenizantes. En otras palabras, alguien tendrá que diseñar nuestro plan de vida.

¿Por qué las propuestas que hacen tienen cierto tufo colectivista? ¿Por qué no hablan de posibles esquemas donde los individuos, libre y voluntariamente, persigan sus fines propios sin más obstáculo que el respeto a los derechos de los demás y sin más castigo que la obligatoriedad de reparar los daños causados a las víctimas concretas? ¿Por qué todo se dirige hacia el centralismo, hacia el prohibicionismo, hacia el intervencionismo, hacia el paraíso colectivista?

Lamentamos no tener la respuesta que esos ambientalistas le deben a los demás sobre cómo quieren que sea el mundo. Lo que sí podemos ofrecer, es una serie de preguntas que motiven a la reflexión, especialmente para el creciente grupo de jóvenes que, sin tener muy claras las razones, día a día pasan a engrosar la fila de los paladines verdes.

Nos dicen que hay que prohibir la minería. Pero ¿se han dado cuenta que sus casas tienen varillas, clavos, cemento, metales y otros materiales extraídos gracias a esa actividad? ¿han caído en cuenta que las computadoras que utilizan diariamente, hasta para subir a la red sus videos y artículos, tienen componentes minerales? ¿habrán pensado que las carreteras por las que transitan en sus vehículos privados o públicos, también tienen elementos minerales? ¿ya tomaron en cuenta que los equipos médicos, utilizados para salvar gran cantidad de vidas, son construidos con piezas que requieren algún tipo de mineral? ¿saben que la electricidad viaja a través de subproductos de la industria mineral?

Nos dicen que hay que prohibir la tala de árboles y plantas. No obstante ¿ya se dieron cuenta que las hojas donde hacen sus volantes y peticiones para repartir en parques, universidades y ferias se hacen con papel extraído de los árboles? ¿saben que el papel higiénico que hay en sus casas se consigue a partir de los árboles? ¿saben que sus coloridas camisetas y sus extraños pantalones tienen, en muchos casos, fibras obtenidas de plantas? Incluso los veganos o vegetarianos, quienes proclaman que no se debe comer carne, ¿han reparado que su voracidad podría poner en peligro a cientos de especies de plantas?

Abogan también por el agua. Sin embargo, ¿ya notaron que cada vez que orinan se deshacen de ella? ¿que el café, cerveza o refresco que consumen requiere agua para su elaboración? ¿notaron que este planeta está conformado, nada más y nada menos, que por 3/4 partes de agua? O poniéndolo en términos más claros, quienes piden que el Estado protega el agua hasta el punto que la considere un bien de dominio público ¿es el más incapaz para resguardar el recurso hídrico?

Berrean porque el plástico contamina y hasta piden que se prohiba el uso de bolsas. Mas ¿pensaron que la otra opción para cargar cosas es el papel o la tela, que implican, de una u otra forma, el uso de plantas? ¿cómo quieren que se construya equipo médico, utensilios para la higiene y cuido personal, ropa, calzado, empaques, equipo para limpieza, asientos, etc.? ¿se dieron cuenta que los condones que utiliza el ser humano para evitar contagios de enfermedades o la procreación son también producidos con látex y plásticos? ¿que las pinturas que usan para sus grafitis en paredes de concreto (conseguido gracias a la extracción de piedra), se fabrican con base en plásticos?

Si prohibimos todas esas actividades, ¿qué hará la gente que vive de ellas: trabajadores, empresarios, familias completas? ¿cómo se reducirá la pobreza si no permiten que se desarrollen actividades productivas? ¿cómo se resolverá la situación que ellos mismos califican de injusta, en términos de redistribución y acceso a oportunidades, de mala nutrición y pésimo estado de salud, de incomunicación, de brecha tecnológica?

En fin ¿cómo quieren que vivamos? ¿desean que abandonemos todas las comodidades y avances de la época moderna, de las cuales ellos hipócritamente disfrutan, para devolvernos a la época de las cavernas? ¿qué comeremos? ¿qué vestiremos? ¿en qué nos transportaremos? ¿cómo nos desarrollaremos? Esas son las preguntas que no han contestado y que, muy probablemente, tampoco se han hecho ellos mismos para notar sus enormes contradicciones.

Si por lo menos fueran sinceros y coherentes, esos ambientalistas nos propondrían vivir como los amish, esa pintoresca agrupación religiosa que habita en ciertos pueblos de los Estados Unidos y que, voluntariamente, ha renunciado a utilizar los avances de la tecnología, condenándose a si mismos a vivir como en el siglo XVII. Pero no. Para ellos, la situación perfecta sería que todos los costarricenses nos subamos a un barco y abandonemos el país para dejar a la madre tierra recuperar su verdor. Pues les tenemos noticias: el barco que piden también tendrá que construirse con metal o madera y, sin importar su composición, contaminará las aguas.