martes, 31 de mayo de 2011

La columna de Carlos Federico Smith: España, un camino sin rumbo


Escribo teniendo en mente a mi amigo Mario Quirós Lara, quien en un artículo en La Nación titulado “Política en bancarrota”, expresa algunas consideraciones en torno a lo sucedido recientemente en España, en donde miles de personas ocuparon plazas públicas para protestar contra los políticos y también en contra del desempleo. En mi opinión, dada la desarticulación de las protestas, muchos factores podrían estar jugando para explicar tal comportamiento, pero no comparto la apreciación de don Mario de que esos movimientos tienen gran similitud con lo que ha venido sucediendo en naciones del Medio Oriente.

Sabias fueron las palabras escritas por Hume en su ensayo de mediados del siglo XVIII “Sobre la Independencia del Parlamento”, contenido en su libro Ensayos Políticos (San José, Costa Rica: Universidad Autónoma de Centro América, 1987, p. p. 103-104). A lo expuesto por don Mario son hoy muy relevantes. Escribió Hume que

“Los escritores políticos han establecido como máxima que, al concebir cualquier sistema de gobierno y fijar los diversos frenos y regulaciones de la constitución, debería considerarse a cada hombre como un pícaro (bellaco o bribón se usa indistintamente) que, en todas sus acciones no persiguiese otro fin que el interés particular. Mediante este interés debemos gobernarlo, y haciendo uso del mismo, obligarlo a cooperar para el bien público…. Por lo tanto es una máxima política justa la de que debemos suponer que todo hombre es un pícaro, aunque, al mismo tiempo, resulte un tanto extraño que una máxima falsa de hecho, haya de ser verdadera en la política. Pero, para convencernos a este respecto, podemos pensar en que los hombres, generalmente, son más honestos en su calidad de particulares que en su condición de personas públicas, y que se esforzarán más por servir a un partido que cuando no se trate más que de su propio interés privado.” (El paréntesis es mío).

La impresión de don Mario acerca del engaño que suelen llevar a cabo los políticos, que ofrecen Nirvanas y terminan dándoles Hades, bien puede ser cierta, como claramente lo expuso Hume y si fuera que en la realidad no son unos bellacos, pues tratémoslos como tales a la hora de crear instituciones destinadas a proteger nuestras libertades. Nos ofrecen Nirvanas; nos ofrecen estados sociales de derecho, pero a la hora de las cosas lo que nos dan es Hades; destruyen “el Estado, la sociedad y el derecho”, como dice don Mario.

Esa reacción esperada y deseable contra la bellaquería, como la llevada a cabo por españoles de todas las edades, no es el único motivo que impulsa esa conducta. Ambicionan que se corrijan muchas cosas que juzgan como malas y no hay dada impropio en eso. El problema es que no sólo algunos de esos señalamientos ad hominem son difusos y poco claros, sino que las soluciones que suelen proponer, si bien veladamente, más bien exacerbarían muchos de los males que señalan. Por ejemplo, ante un paro en la sociedad española que llega casi al 20%, es esperable que protesten contra la falta de oportunidades, pero, en vez de formular propuestas que restauren el empleo en su nación, culpan de él al capitalismo, al neoliberalismo, al egoísmo, a la falta de garantía de conquistas que llaman “sociales”; en síntesis, a la plena vigencia, como el amor, aún en tiempos de crisis, del estado de bienestar que les debería continuar proveyendo, con relativamente poco esfuerzo, con poco trabajo, vacaciones abundantes y garantizadas, salarios muy encima de la productividad media del español, días feriados por casi cualquier razón imaginable, una vivienda “digna”, barata, financiada, educación y salud gratis, etcétera, y muchos otros goces “desde la cuna hasta la tumba”. Cómo si las cosas no tuvieran un costo; cómo que si alguien más no tendrá que pagar por esos goces de Europa.

No sé por qué, pero en algo me recuerda los años sesentas, cuando en medio de una vida sexualmente muy placentera, en medio de humos precisamente no de madera, fueron muchos quienes llegaron a creer que con tan sólo algunas pocas mantras, como “all you need is love” o “power to the people”, el mundo sería totalmente diferente al que despreciaban, pero que ciertamente les brindaba recursos para poder vivir el infortunio de la vida hippie. Querían más derechos, pero menor esfuerzo, dedicación y trabajo. Abogaban por eliminar el capitalismo, pero les encantaban las cosas que en última instancia les proveía satisfacciones y placeres bien sabrosones.

Este es parte del problema que hoy encara España. Es cierto que en mucho se debe a “los políticos”, pero también porque se han acostumbrado a la vida regalona de sólo exigir y tener derechos y no referirse a que para ello se requiere cumplir con ciertas obligaciones tal vez indispensables. ¡Si lo que España requiere para salir de su crisis es más capitalismo! ¿Acaso no pueden echar una miradita al lado y ver como la Alemania capitalista progresa y sale de la crisis, en tanto que España cada vez se hunde más? Si el villano de la película es el capitalismo, ¿por qué Alemania prospera y España se asoma al abismo? Me parece que hay una falta de aprecio ancestral por instituciones capitalistas, como la empresa, la creatividad, la frugalidad, el ahorro, el esfuerzo, la productividad. Se busca una ilusa igualdad de hecho, mal entendida pero emotivamente apreciada y anhelada, en vez de una igualdad ante la ley. Esto último lo proclaman muchos de los manifestantes. Como solución ante tanta “injusticia”, quienes protestan en Madrid piden que haya mayores gastos y presupuestos gubernamentales, conserven regalías que se otorgan por cualquier motivo, que se mantengan jornadas laborales de privilegio, que haya salarios cada vez más altos, certeza en que al final de los años percibirán pensiones que nunca pagaron en su totalidad, mayores déficits estatales, que se aumenten los impuestos a quienes generan riqueza, para que tal vez así logran que estos se aburran de trabajar por otros y se vayan del país, creando a su vez mayor desempleo…en fin, después de nosotros, el diluvio.

No es apropiada la asimilación que don Mario hace de lo sucedido en España con lo que ha pasado recientemente en Egipto. España, con todos su defectos, con el peso de una tradición conservadora enemiga del progreso, de la creatividad, de la empresariedad, nunca podrá comprarse con el régimen hasta hace poco vigente en Egipto, corrupto hasta la médula, en donde los gobernantes precisamente no respetaban las voluntades democráticas de sus ciudadanos, lo cual impedía un cambio político pacífico de los gobiernos. España, por el contario, nos ha dado en los últimos tiempos, con posterioridad al fascismo franquista, lecciones de cómo sustituir los malos gobernantes por otros en quienes -correcta o incorrectamente, eso no viene al caso- confiaban lo harían mejor, pero sin derramar gota alguna de sangre para lograrlo, sino por medio del voto, bondad que es propia del sistema democrático. Ojalá Egipto llegue a ser algún día tan democrático como España. Y que los ciudadanos de ambas naciones puedan progresar en el marco de instituciones democrático- liberales que lo promuevan, evitando que surja todo tipo de castas de rémoras que, a través de la mano visible del estado, quieran vivir y vivir muy bien, a costas del esfuerzo de los demás y no necesariamente del propio.

No sé cuanto avanzarán esos movimientos de España; tal vez se extiendan por tantos otros lugares en donde algunos quieren seguir pasándola bien rico sin tener que trabajar duro para salir de la mala situación en que se hayan sus economías. Es muy sabroso realizar hoy ágapes y reuniones públicas masivas para pedir más de todo lo bueno, que nos recuerdan los años floridos de los sesentas en el siglo pasado. Pero propongo que reconozcan que el esfuerzo y el trabajo son indispensables para progresar, para disponer de más bienes y servicios de toda índole, para que haya empleos dignos, libres, productivos, creadores, algo que tanto falta en España. Que lo logren sin desechar las virtudes de los sistemas democrático-liberales que han probado ser los que mayor progreso han permitido lograr a los ciudadanos, a través de muchos años de Historia.

Para concluir este comentario, deseo transcribir una cita de un texto que leía recientemente. Se trata de parte de la nota introductoria que Ronald Hamowy escribió para el libro de Friedrich A. Hayek, The Constitution of Liberty: The Definitve Edition (Chicago, Illinois: The University of Chicago Press, 2011), que permite entender por qué esos manifestantes madrileños abogan por un punto esencial en sus protestas, tal como también lo han hecho muchos otros en el pasado, cual es una igualdad efectiva de los ciudadanos, por eliminar cualquier desigualdad que haya entre las personas:

“Los socialistas, hace notar Hayek, siempre han objetado el principio de igualdad en el trato de las leyes, tanto como tratar igualmente a la gente que es inherentemente desigual, lo que terminará inevitablemente en desigualdad. Lo que los socialistas han buscado siempre desde la Revolución Francesa no es la igualdad ante la ley, sino la igualdad en los resultados. Su queja, señala Hayek, queda resumidamente encapsulada en la referencia de Anatole France a ‘la majestuosa igualdad de la ley, que prohíbe tanto a pobres como a ricos dormir debajo de los puentes, pedir limosna en las calles y robar pan’. Esta actitud penetra toda la teoría moderna de lo social y lo político y es una extensión lógica del punto de vista de que prueba suficiente de la injusticia de cualquier sociedad, es que los resultados que le suceden a los individuos que la conforman son desiguales.” (Página 9, Op. Cit.).

Jorge Corrales Quesada

lunes, 30 de mayo de 2011

Tema polémico: las nefastas asistencias económicas


Subsidios, créditos con tasas ridículamente bajas y hasta regalos por parte de los gobernantes hacia sectores de la economía es algo que comúnmente vemos en las noticias. Los gobernantes justifican estas transferencias de dinero siempre con algún argumento "moral" cargado de buenas intenciones, en defensa a los trabajadores y sus familias. En ASOJOD solo lo vemos por lo que realmente es: un traslado del dinero de los contribuyentes hacia sectores ineficientes y desorganizados. Un premio a las malas decisiones y una invitación a que otros grupos hagan lo mismo con la esperanza de que sean también premiados.

Una parte esencial de un adecuado funcionamiento del mercado es el hecho de que siempre existen ganadores y perdedores. Las personas, en sociedad y en el libre intercambio de bienes y servicios, tienden a especializarme en aquellas actividades en que hacen una buena labor y, por medio de avances en tecnología e innovación, siempre encuentran mejores formas de realizar el trabajo de manera más competitiva. Aquellas personas que no logran alcanzar el nivel de competitividad requerido terminan cambiando su actividad y dedicándose a algo más. Los problemas empiezan a suceder cuando las personas no logran aceptar que no son competitivas en la actividad que han realizado durante muchos años, por lo que le piden ayuda a los gobernantes para que les otorguen toda clase de favores con la excusa de que, de no ser así, se arriesgarían muchas fuentes trabajo. Es en este momento, cuando se pierde el dinamismo del mercado y se incentivan las formas de trabajo ineficientes en detrimento de la gran mayoría de la población.

Un ejemplo clarísimo de esto son los subsidios a la agricultura. Con la excusa de la defensa al pequeño agricultor y la seguridad alimentaria, terminamos todos subsidiando a un grupo de agricultores para que continúen en su labor cobrando sobreprecios y manejando la tierra inadecuadamente. Así pues, poniendo tan solo un ejemplo, la asistencia de nuestro gobierno a los arroceros solo ha producido una cosa: que todos paguemos más por este grano tan usado en nuestra dieta y unas cuantas familias se hagan millonarias a punta de favores estatales.

Pero estas asistencias económicas no solo se efectúan a sectores pequeños de la economía. El absurdo llega a tal extremo que favorecen a países enteros. Para lo único que han servido el FMI y el Banco Mundial, desde su creación a mediados del siglo pasado, es para fomentar el subdesarrollo, la transferencia del dinero de los pobres de los países ricos hacia los ricos de los países pobres y la permanencia de líderes irresponsables y tiranos en el poder.

Cuando en un país se toman malas decisiones en materia fiscal y económica (clásico resultado de asistencias sociales y regulaciones) normalmente se entra en crisis. En lugar de que se sienten responsabilidades por los hechos sucedidos y se hagan cambios, estos gobernantes le tocan la puerta al FMI y este les presta dinero a una tasa ridícula. Todo esto para que estos gobernantes irresponsables se puedan quedar en el poder cometiendo sus barbaridades y con la única diferencia de que ahora han adquirido deudas que tendrán que pagar las próximas generaciones.

En ASOJOD creemos en la dinámica de los mercados. Creemos que solo por medio del ingenio y el trabajo honesto se debe tener éxito en la economía y las ganancias que se obtiene de esta forma se deben respetar. De la misma manera, cuando se toman malas decisiones, tiene que haber consecuencias de modo que se aprenda de los errores. Las asistencias económicas lo único que generan es que mecanismo natural se distorsione y el resultado es es que hayan ganadores y perdedores injustificadamente.

viernes, 27 de mayo de 2011

Viernes de Recomendación


El día de hoy les presentamos el ensayo de Alan Reynolds llamado Crisis y recuperaciones: fracasos multinacionales y éxitos nacionales. Este ensayo forma parte del libro Crisis Financieras Internacionales: Que rol le corresponde al Gobierno. Reynolds hace un análisis de las intervenciones de organismos como el FMI en países en vías de desarrollo y las consecuencias que esto ha traído.

jueves, 26 de mayo de 2011

Jumanji empresarial: salarios, desempleo e inflación


Nuestro sistema económico (la economía de mercado o capitalismo) es un sistema de supremacía del consumidor. El consumidor es soberano, según un lema popular “siempre tiene la razón”. Los empresarios tienen la necesidad de ofrecer lo que piden los consumidores y deben vender sus productos a precios que puedan y estén dispuestos a pagar los consumidores. Una operación empresarial resulta un fracaso manifiesto si los resultados de las ventas no reembolsan al empresario todo lo que ha gastado en producir el artículo. Así que los consumidores al comprar a un precio concreto determinan asimismo los salarios a pagar a los que se dedican a estas actividades.

1. Los salarios pagados en último término por los consumidores
De esto se deduce que un empresario no puede pagar más a un empelado que el equivalente en valor del trabajo de este último, de acuerdo con el juicio del público comprador, añada a la mercancía. (Esta es la razón por la que una estrella de cine gana más que la mujer de la limpieza). Si paga más, no recuperaría sus desembolsos de los compradores, sufriría pérdidas y acabaría en bancarrota. Al pagar salarios, el empresario actúa como un mandatario de los consumidores, por decirlo así. Recae sobre los consumidores la incidencia de los pagos de salarios. Como la inmensa mayoría de los bienes producidos los compran y consumen personas que reciben a su vez salarios, es evidente que al gastar sus ganancias los propios asalariados y empleados son los principales determinadores del nivel de compensación que obtendrás ellos y gente como ellos.
2. ¿Qué hace que suban los salarios?

Los compradores no pagan por los trabajos y esfuerzos que realiza el trabajador ni por la cantidad de tiempo que emplea en trabajar. Pagan por los productos. Cuanto mejores sean las herramientas que usa el trabajador en su empleo, más puede realizar en una hora, por consiguiente mayor será su remuneración. Lo que hace que suban los salarios y hace más satisfactorias las condiciones de vida de los asalariados es la mejora en el equipo tecnológico. Los salarios estadounidenses son más alto que en otros países porque el capital invertido por cabeza de trabajador es mayor y las fábricas están por tanto en disposición de utilizar las herramientas y máquinas más eficientes. Lo que se llama el modo de vida americano es el resultado del hecho de que Estados Unidos ha puesto menos obstáculos al ahorro y la acumulación de capital que otras naciones.

El retraso económico de países como la India consiste precisamente en el hecho de que sus políticas dificultan tanto la acumulación de capital doméstico como la inversión de capital extranjero. Como falta el capital requerido, las empresas indias no pueden emplear suficientes cantidades de equipamiento moderno y por tanto producen mucho menos por hora laboral y solo pueden permitirse pagar salarios que, comparados con el salario estadounidense, parecen sorprendentemente bajos.

Solo hay un camino que lleve a la mejora en el nivel de vida de las masas asalariadas, a saber, el aumento en la cantidad de capital invertido. Todos los demás métodos, por muy populares que sean, no solo son inútiles, sino que en realidad perjudican al bienestar de aquéllos a quienes supuestamente benefician.

3. ¿Qué causa el desempleo?
La pregunta fundamental es: ¿es posible aumentar los salarios para todos los dispuestos a trabajar por encima del nivel que habrían obtenido en un mercado laboral no intervenido?

La opinión pública cree que la mejora en las condiciones de los asalariados es un logro de los sindicatos y de distintas medidas legislativas. Atribuye al sindicalismo y la legislación por el aumento de los salarios, el acortamiento de la jornada laboral, la desaparición del trabajo infantil y muchos otros cambios. La prevalencia de estas creencias ha hecho popular al sindicalismo y es responsable de las tendencias en legislación laboral en las últimas décadas. Como la gente cree que debe al sindicalismo su alto nivel de vida, perdonan la violencia, coacción e intimidación por parte de los trabajadores sindicalizados y es indiferente al recorte de la libertad personal propio de las cláusulas de reserva para sindicatos. Mientras estas mentiras prevalezcan en la mente de los votantes, en inútil esperar un alejamiento decidido de las políticas que se consideran erróneamente como progresistas.

Sin embargo esta doctrina equivoca todo aspecto de la realidad económica. La altura de los salarios al que todos los dispuestos a trabajar pueden emplearse depende de la productividad marginal del trabajo. Cuanto más capital (siendo todo lo demás igual) se invierta, más subirán los salarios en el mercado de mano de obra, es decir, en el mercado laboral no manipulado por el gobierno y los sindicatos. A este nivel salarial, todos los que quieran trabajar puede obtener un trabajo. Así que en un mercado laboral libre prevalece una tendencia hacia el pleno empleo. De hecho, la política de dejar que el libre mercado determine el nivel de los salarios es la única política de pleno empleo razonable y de éxito. Si los niveles salariales, ya sea por presión sindical o por decreto del gobierno, se sitúan por encima de este nivel, se desarrolla un desempleo duradero de una parte de la fuerza laboral potencial.

4. La expansión del crédito no sustituye al capital
Estas opiniones se ven rechazadas apasionadamente por los dirigentes de los sindicatos y sus seguidores entre los políticos y los pretendidos intelectuales. La panacea que recomiendan para luchar contra el desempleo es la expansión del crédito y la inflación, llamada eufemísticamente “un política de dinero fácil”.

Como se ha apuntado antes, un añadido a las existencias disponibles de capital previamente acumuladas hace posible una mayor mejora del equipamiento tecnológico de las industrias, aumentando así la productividad marginal del trabajo y consecuentemente también los niveles salariales. Pero la expansión del crédito, ya se efectúe emitiendo billetes adicionales u otorgando créditos adicionales en cuentas corrientes, no añade nada a la riqueza de la nación en bienes de capital. Simplemente crea la ilusión de un aumento en la cantidad de fondos disponibles para una expansión de la producción. Como pueden obtener un crédito más barato, la gente cree erróneamente que la riqueza del país ha aumentado y por tanto ciertos proyectos que no podían ejecutarse antes ahora son viables. Al iniciar estos proyectos se potencia la demanda de mano de obra y de materiales en bruto y se hace que aumenten los salarios y los precios de las materias primas. Se enciende un auge artificial.

Bajo las condiciones de este auge, los salarios nominales que antes de la expansión de crédito eran demasiado altos para el estado del mercado y por tanto creaban desempleo por parte de la mano de obra potencial ya no son demasiado altos y los desempleados pueden volver a conseguir trabajo. Sin embargo esto ocurre solo porque bajo las nuevas condiciones monetarias y crediticias están aumentando o, lo que es lo mismo expresado en otros términos, cae el poder adquisitivo de la unidad monetaria. Luego la misma cantidad de salario nominal, es decir, de salario expresado en términos de dinero, significa menos en salarios reales, es decir, en términos de productos que se pueden comprar con la unidad monetaria. La inflación puede acabar con el desempleo solo recortando los salarios reales de los asalariados. Pero entonces los sindicatos piden un nuevo aumento en los salarios para mantener el ritmo respecto del coste de la vida y volvemos a donde estábamos, es decir, a una situación en la que el desempleo a largo plazo solo puede evitarse con una mayor expansión del crédito.

Eso es lo que ocurrió en este país, igual que en muchos otros en los últimos años. Los sindicatos, apoyados por el gobierno, obligaron a las empresas a acordar tipos salariales que estaban por encimas de los tipos potenciales, es decir, los tipos que el público estaba dispuesto a reintegrar a los empresarios comprando sus productos. Esto habría ocasionado inevitablemente un aumento en las cifras de desempleo. Pero las políticas públicas trataron de impedir la aparición de un desempleo importante mediante la expansión del crédito, es decir, la inflación. El resultado fue un aumento en los precios, demandas renovadas de salarios mayores y una reiterada expansión del crédito, en resumen, una inflación prolongada.

5. La inflación no puede continuar eternamente
Pero al final las autoridades se asustan. Saben que la inflación no puede continuar eternamente. Si no detenemos a tiempo la perniciosa política de aumentar la cantidad de dinero y medios fiduciarios, el sistema monetario nacional de derrumba por entero. El poder adquisitivo de la unidad monetaria se hunde hasta un punto en que a todos los efectos prácticos no es mayor que cero. Esto ocurrió una y otra vez, en este país con los continentales en 1781, en Francia en 1796, en Alemania en 1923. Nunca es demasiado pronto para una nación para darse cuenta de que la inflación no puede considerarse como una forma de vida y que es imperativo volver a políticas monetarias sólidas. Al reconocer estos hechos la administración y las autoridades de la Reserva Federal abandonar hace algún tiempo la política de expansión progresiva del crédito.

No corresponde a este breve artículo ocuparse de todas las consecuencias que produce terminar con las medidas inflacionistas. Solo tenemos que establecer el hecho de que la vuelta a la estabilidad monetaria no genera una crisis. Solo expone las malas inversiones y otros errores que se realizaron bajo la alucinación de la prosperidad ilusoria creada por el dinero fácil. La gente se hace consciente de los fallos cometidos y, ya no cegados por el espectro del crédito barato, empiezan a reajustar sus actividades al estado real de la oferta de factores materiales de producción. Es este ajuste (indudablemente doloroso, pero inevitable) el que constituye la depresión.

6. La política de los sindicatos
Una de las características desagradables de este proceso de descartar quimeras y volver a una evaluación sensata de la realidad afecta al nivel salarial. Bajo el impacto de la política progresista de inflación, la burocracia sindical adquirió la costumbre de reclamar a intervalos regulares aumentos saláriales y las empresas, después de alguna falsa resistencia, la aceptaron. Como consecuencia, estos niveles serían en ese momento demasiado altos para el nivel del mercado y habrían producido una enorme cantidad de desempleo. Pero la incesante inflación progresiva los cubriría rápidamente. Luego los sindicatos reclamarían de nuevo más aumentos y así sucesivamente.

7. El argumento del poder adquisitivo
No importa qué tipo de justificación aporten los sindicatos y sus esbirros a favor de sus afirmaciones. Los efectos inevitables de obligar a los empresarios a remunerar el trabajo realizado a niveles más altos de los que los consumidores estén dispuestos a devolverles comprando los productos son siempre los mismos: el aumento en la cifra del desempleo.

En la presente encrucijada, los sindicatos tratan de recuperar la vieja fábula mil veces refutada del poder adquisitivo. Declaran que poner más dinero en manos de los asalariados (aumentando los salarios, aumentando las prestaciones a los desempleados y empezando nuevas obras públicas) permitiría a los trabajadores gastar más y estimular así los negocios y sacar a la economía de recesión llevándola a la prosperidad. Es el falaz argumento a favor de la inflación de hacer felices a todos imprimiendo billetes. Por supuesto, si la cantidad de medios circulantes aumenta, aquellos a cuyos bolsillos llega la nueva riqueza ficticia (ya sean trabajadores, granjeros o cualquier otro tipo de gente) aumentará su gasto. Pero es precisamente este aumento en el gasto el que inevitablemente produce una tendencia general de todos los precios a subir o, lo que es lo mismo expresado de una forma diferente, una caída en la poder adquisitivo de la unidad monetaria. Así que la ayuda que una acción inflacionista podría dar a los asalariados es solo de corta duración. Para perpetuarla, tendríamos que recurrir una y otra vez a nuevas medidas inflacionistas. Esta claro que esto lleva al desastre.

8. Los aumentos salariales como tales no son inflacionistas S
e han dicho muchas tonterías acerca de estas cosas. Alguna gente afirma que los aumentos salariales son “inflacionistas”. Pero no son en sí mismos inflacionistas. Nada inflacionista, salvo la inflación, es decir, un aumento en al cantidad de dinero en circulación y crédito susceptible de cheque (dinero de talonario). Y bajo las condiciones presentes nadie, salvo el gobierno, puede hacer que aparezca la inflación. Lo que los sindicatos pueden generar obligando a los empresarios a aceptar niveles salariales más altos que los niveles potenciales del mercado no es inflación , no significa precios más altos en los productos, sino el desempleo de una parte de la gente dispuesta a trabajar. La inflación es una política a la que recurre el gobierno con el fin de impedir el desempleo a gran escala que de otra forma producirían los aumentos salariales de los sindicatos.

9. El dilema de las políticas actuales
El dilema que este país (y no menos muchos otros países) tiene que afrontar es muy serio. El método extremadamente popular de que aumentar los salarios por encima del nivel que habría establecido un mercado laboral no intervenido produciría un catastrófico desempleo masivo si la expansión del crédito inflacionista no lo evitara. Pero la inflación no solo tiene efectos sociales muy perniciosos. No puede continuar eternamente sin generar la destrucción completa de todo el sistema monetario.

La opinión pública, completamente bajo el influjo de las falsas doctrinas de los sindicatos, simpatiza más o menos con la demanda de los líderes sindicales de un aumento considerable en los salarios. Tal y como son hoy las condiciones, los sindicatos tienen el poder de hacer que los empleados se sometan a sus dictados. Pueden convocar huelgas y, sin restricción por parte de las autoridades, recurrir con impunidad a la violencia contra quienes deseen trabajar. Conocen el hecho de que la mejora de las condiciones salariales aumentará el número de desempleados. El único remedio que sugieren es mayor financiación para subsidios de desempleo y una mayor oferta de crédito, es decir, inflación. El gobierno, atendiendo dócilmente a una opinión pública desorientada y preocupado por el resultado de la próxima campaña electoral, ya ha empezado desgraciadamente a anula sus intentos de volver a una política monetaria sólida. Así que nos vemos de nuevo enredados en los perniciosos métodos de intervenir en la oferta de dinero.

Continuamos con la inflación que con ritmo acelerado hace que se encoja el poder adquisitivo del dólar. ¿Dónde acabará? Es la pregunta que nunca se hacen Mr. Reuther y todos los demás. Solo una ignorancia supina puede reclamar las políticas adoptadas por las autocalificadas políticas progresistas “pro-empleo”. El asalariado, como cualquier otro ciudadano, tiene un serio interés en la preservación del poder adquisitivo del dólar. Si, gracias a su sindicato, los ganancias mensuales están por encima del tipo de mercado, pronto descubrirá que el movimiento al alza de los precios no solo le priva de las ventajas que esperaba, sino que asimismo hace que el valor de sus ahorros, de su póliza de seguro y de sus derechos de pensión disminuyen. Y lo que es peor, puede perder su empleo y no encontrar otro.

10. La falta de sinceridad en la lucha contra la inflación
Todos los partidos políticos y grupos de presión afirman que se oponen a la inflación. Pero lo que quieren decir realmente es que no les gustan las inevitables consecuencias de la inflación, como el aumento en el coste de la vida. Realmente favorecen todas las políticas que necesariamente producen un aumento en la cantidad de medios en circulación. No solo reclaman una política de dinero fácil para hacer posible la eterna potenciación salarial de los sindicatos, sino asimismo más gasto público y (al mismo tiempo) una rebaja de impuestos a través del aumento de las desgravaciones.

Engañada por el falso concepto marxista de los conflictos irreconciliables entre los intereses de las clases sociales, la gente supone que los intereses de las clases propietarias se oponen a las reclamaciones sindicales de salarios más altos. En realidad, a los asalariados no les interesa menos una vuelta a un dinero sólido que a otros grupos o clases. Se han dicho muchas cosas en los últimos meses acerca de los daños que los funcionarios defraudadores han infligido a la sindicalización. Pero el daño producido a los trabajadores por la excesiva alza salarial de los sindicatos es mucho más perjudicial.

Sería una exageración pretender que las tácticas de los sindicatos sean la única amenaza a la estabilidad económica y a una política económica razonable. Los asalariados no son el único grupo de presión cuyas reclamaciones amenazan hoy la estabilidad de nuestro sistema monetario. Pero son los más poderosos e influyentes de estos grupos y la responsabilidad principal reside en ellos.

11. La importancia de unas políticas monetarias sólidas
El capitalismo ha mejorado el nivel de vida de los asalariados a un nivel sin precedentes. La familia media estadounidense disfruta hoy de comodidades que, solo hace cien años, ni siquiera los más ricos potentados podían soñar. Todo este bienestar está condicionado por el aumento en ahorros y capital acumulado: sin estos fondos que permiten a las empresas hacer un uso práctico del progreso científico y tecnológico, el trabajador estadounidense no produciría más y mejores cosas por hora de trabajo que los culíes asiático, no ganaría más y, como ellos, viviría estrechamente al borde del hambre. Todas las medidas que (como nuestro sistema de impuestos a la renta y las sociedades) se dirigen a impedir una mayor acumulación de capital o incluso a disminuir dicho capital son por tanto en la práctica anti-trabajo y antisociales.

Solo debe hacerse una observación más acerca de este asunto del ahorro y la formación de capital. La mejora del bienestar producida por el capitalismo hizo posible que el hombre común ahorrara y se convirtiera modestamente en un capitalista. Una parte considerable del capital trabajando en la empresa estadounidense se corresponde con los ahorros de las masas. Millones de asalariados poseen depósitos de ahorro, bonos y pólizas de seguros. Todos estos derechos son pagables en dólares y su valor depende de la solidez del dinero de la nación. Preservar el poder adquisitivo del dólar es también desde este punto de vista un interés vital para las masas. Con el fin de alcanzar este fin, no basta con imprimir los billetes con la noble máxima In God We Trust. Debemos adoptar una política apropiada.

Ludwig von Mises
Mises Daily en español

martes, 24 de mayo de 2011

La columna de Carlos Federico Smith: reflexiones minúsculas


Es posible que para algunos se trate tan sólo de “aspectos poco importantes” de la conducta gubernamental y con base en tal apreciación, desecharlos por su falta de relevancia. Opino diferente: aunque aparentemente se trata de actos minúsculos, desnudan la indiferencia con que el Gobierno asume sus responsabilidades, cual es, por lo general, un descuido evidente de lo que tiene que hacer bien, una búsqueda casi exclusiva de obtener plata a cómo haya lugar, un desprecio del dolor (costo) que se le causa al ciudadano con la excusa esperada de que, después de tres días, ya nadie se acuerda de lo sucedido.

Tomemos, como ejemplo, la falta de provisión de hidrantes no sólo en San José sino también en otras áreas urbanas. Desde hace más o menos dos años los costarricenses pagamos rigurosamente un impuesto que se carga a nuestros recibos de agua. No hay quite: simplemente allí aparece. Ese es el producto de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa para dotar de fondos al SNAA y al Cuerpo de Bomberos para reponer hidrantes viejos, herrumbrados e inservibles, así como dotar de nuevos a muchas partes de la ciudad de San José y otras que hoy no tienen. Da pena escuchar a un agradable y fortachón caballero encargado de nuestros bomberos, cómo los incendios se extienden por la falta de agua en los hidrantes. Lo triste es que últimamente ese señor, al preguntársele por qué si los costarricenses ya han venido pagando por instalar nuevos hidrantes, estos no aparecen por ningún lado, nos dice que, si bien el SNAA ya tiene los fondos, no ha procedido –por diversas razones- a llevar a cabo el proyecto.

Así, totalmente desarmado, nos lo dice el franco jefe de bomberos. Por supuesto, de inmediato viene la excusa burocrática del SNAA: que el atraso se debe a lo complejo de los trámites licitatorio, que la Contraloría exige muchos papeles, etcétera; mientras las llamas pueden, por la libre, hacer más daño. Este es un excelente ejemplo del desprecio con que las burocracias estatales tratan lo que son responsabilidades. Es más, como nunca nadie ha sido acusado y juzgado culpable de incumplimiento de deberes, el camino está servido para que las cosas no mejoren y menos que avancen..

¿Y qué hace el SNAA con todos esos fondos recaudados para construir hidrantes? Me imagino que allí están, en algún lado, intocados… Si así fuera, el SNAA estaría en la obligación de pagar intereses por esos fondos, que, aunque no los utiliza, los mantiene en su poder sin hacer nada, pudiendo colocarlos en un banco, usándolos para cubrir sus necesidades de caja –¡vaya Usted a saber! En todo caso, el incentivo es para que simplemente “allí estén”. Si el SNAA tuviera que pagar intereses por esos fondeos depositados allí por los costarricenses, entonces tendría un incentivo para apurar las cosas y no dejar que duerman el sueño de los justos. Después de todo, ¿acaso no es cierto que, apenas pasado un mes de atraso en el pago del recibo del agua, el SNAA procede a cobrarnos ágilmente intereses para que procedamos rápidamente a pagarlo? Es más, nos cortan el agua casi de inmediato y luego nos cobran un elevado costo por reinstalarla. No me opongo a estas medidas, pero, ¿por qué no le aplicamos lo mismo al SNAA con el dinero que allí hemos pagado y depositado para nuevos hidrantes y reparación de los viejos? Les apuesto que entonces sí se apurarán, aunque sea tan sólo un poquito más.

La Municipalidad de San José se había lerdeado en aumentar el costo de los parquímetros. Lo hace ahora con un súbito aumento del 35%. Bueno, a como se ha comportado la tasa de inflación del país, según cifras del Banco Central, ese ajuste de un 35%, si hipotéticamente se hubiera ajustado al aumento de la inflación, hubiera comprendido la sucedida en el período que va de, más o menos, febrero del 2007 a abril del 2011. Bien podría ser que no se haya aumentado el costo del estacionamiento público desde aquella fecha, pero podría estar equivocado. Si lo que intuyo es correcto, lo más posible es que la Municipalidad de San José, en esa euforia estatal de lograr aumentar los impuestos o recaudaciones a como haya lugar, se aprovecha para encarecer el costo de estacionarse por encima del crecimiento inflacionario, proporcionando otro golpecito al alicaído bolsillo de los josefinos. Si me equivoco, de antemano me excuso, pero la suspicacia y malicia indígena han probado serme útiles en muchos casos anteriores.

Y siguiendo con algunas de mis reflexiones minúsculas, debo mencionar el gasto del Estado en torno a la liberación y tratamiento de los involucrados en un accidente de una avioneta cargada de cocaína sucedido hace algunos meses. Resulta que a dos de los imputados una jueza les otorgó la casa por cárcel, para lo cual debían de contar con un domicilio conocido, que no tardó en encontrarse (por supuesto que nunca en un domicilio cercano al de la jueza). Parte de lo lamentable con toda esta situación es que todos los que pagan impuestos deberán de enfrentar el costo de cuidar a los angelitos, que, según algunas estimaciones, superará los sesenta millones de colones al año. ¡Qué poco importó que esos costos los tuviéramos que pagar todos los ciudadanos! Podíamos habérnoslos ahorrado si en la cárcel en que estaban se les hubiera puesto a trabajar, para que con ello pagar el costo de un mantenimiento que le imponen a toda la sociedad, además de aquellos derivados del delito por el cual se les ha detenido.

Hay más: resulta que el piloto de la avioneta en mención quedó malherido. La Caja Costarricense de Seguro Social a la fecha ha incurrido en gastos por más de ciento veinte millones de colones para reparar al piloto. No creo que éste pagará la factura, pues el gasto no sólo ya ha sido incurrido por la Caja, sino que, también, de acuerdo con una visión que se ha venido aplicando en tiempos recientes por diversos jueces, incluso de la Sala Constitucional, la salud es un derecho en vez de ser algo que cada uno de nosotros deberá prever. Al ser un derecho –según algunos constitucionalmente garantizados- a servicios médicos que se brinda a cualquiera que los requiera sin tener que pagar por ellos, esos gastos los asume la Caja, que luego verá cómo hace para recuperarlos. Como se imaginan, esa factura está escrita en una marqueta de hielo.

Esa facilidad con que las cortes deciden sobre los gastos de salud social no es nueva. En cierto momento han exigido que a ciertos pacientes la Caja les brinde el tratamiento más caro y de moda que pueda existir en el mundo, pues así los pacientes lo solicitaron en juicios ante esas cortes y los cuales ganaron. En las decisiones de los jueces no median las limitaciones financieras de la Caja; esto es, no importa si se trata del dinero que pagamos todos los costarricenses para que la Caja los administre y de que es imposible gastar en salud fondos sin limitación alguna. (Además, alegan que eso fue lo que quisieron los diputados y así lo plasmaron en la constitución).

De hecho, es una visión imposible que se sostenga en tanto los recursos sean limitados. El país no dispone de fondos para tener todos los hospitales que se podrían construir, dotados de los mejores médicos del mundo y con las mejores medicinas y tratamientos que tiene la humanidad. Si se trata de cumplir a plenitud con un derecho presuntamente garantizado por nuestra constitución, no hay recursos que alcancen. Sabemos que el costo de las cosas sí importa y subestimarlos sólo conduce a que el régimen de seguridad social sufra consecuencias tan graves como su bancarrota. Despreciar el principio de escasez que cubre toda la acción humana -principio fundamental en Economía- lo cual incluye la salud, es un error fatal…

No se me puede acusar de xenófobo, porque no creo serlo y así lo he demostrado, pero más de uno podría acudir a acusaciones de tal especie, con tal de demeritar mi argumentación. Creo en la inmigración, pues un pueblo se beneficia con la infusión de sangre de seres humanos que vienen al país y pueden aportar mucho al progresar en él, tal como lo hemos visto en muchas ocasiones a través de nuestra Historia. Sin embargo, deseo comentar que no es posible que la Caja se vea obligada a brindar salud a quienquiera que la solicite, con el prurito de respetar con ello los derechos humanos. Todo quien utilice sus servicios debe pagar por ellos, tal como sí lo tienen que hacer los ciudadanos afiliados a la Caja, a la cual deben pagar rigurosamente sus cuotas adosadas a los salarios que perciben.

¿Habrá alguien que esté dispuesto a ponerle el cascabel al gato o esperarán que nuestro sistema de salud entre en quiebra, entre otras razones -en mucho- por brindar a cualquiera atención médica de todo tipo y medicinas en la cantidad y calidad necesarias, con sólo presentarse enfermo y solicitar que se les trate el caso? Como no hay que pagar nada por ello, como nada cuesta, así hasta yo me vengo a vivir a Costa Rica…

Jorge Corrales Quesada

lunes, 23 de mayo de 2011

Tema polémico: el fin del mundo... que no llegó


Vivimos en una época donde la información brota desde todos los rincones del mundo, siendo difundida sin control por múltiples medios accesibles para todos nosotros. Recientemente, con Revolución de los Jazmines y los hechos subsiguientes, pudimos apreciar el impacto de las nuevas tecnologías de la información, que no pudieron ser silenciadas por los gobernantes represores.

Vivimos, además, en una época donde la ciencia ha dado pasos de gigante, llevando la luz del entendimiento donde cundían las sombras de la ignorancia. La medicina, especialmente la regenerativa, es quizá el campo donde el avance ha sido más significativo y sorprendente.

El progreso del conocimiento y la técnica nos llena de esperanza para pensar que es posible develar los grandes misterios y retos que, como especie, enfrentamos; sin embargo, esta esperanza contrasta con el persistente misticismo y el augurio de profetas que advierten un futuro caótico, lleno de devastación, donde todo está irremediablemente escrito.

Lo anterior a propósito del anuncio realizado meses atrás por Harold Camping, un ingeniero y predicador evangélico de los Estados Unidos que vaticinó para el pasado 21 de mayo, precisamente 7.000 días después del diluvio universal, el fin del mundo. Pues bien, ya hoy es 23 de mayo y el mundo no se acabó, como sí podría acabarse la credibilidad de ese charlatán.

No obstante, detrás de él aparecerán otros cientos. ¿Cuántas veces hemos escuchado tonterías de este tipo? En realidad, no resulta sorprendente que existan charlatanes como este, dispuestos a anunciar el fin del mundo; después de todo, desde las sociedades primitivas el miedo al fin del mundo ha sido una constante, por lo que este tipo de tonterías no son nuevas.

Lo que si resulta sorprendente, y poco alentador, es que en pleno siglo XXI existan tantos ingenuos dispuestos a escuchar oráculos. Por ejemplo, el pasado 11 de mayo muchos ciudadanos abandonaron la ciudad de Roma y al menos 15% de los empleados públicos no asistieron a su trabajo ante una profecía que anunciaba un fuerte terremoto que destruiría Roma ese mismo día. Desde las profecías de Nostradamus, los mayas y Benjamín Solari, abundan los embaucadores, pero sobe todo, los que se dejan encantar por los cantos de sirena.

¿Qué está pasando? Desgraciadamente, el desarrollo del razonamiento lógico no ha ido a la par del progreso científico y técnico, por lo que aún cuando encontramos soluciones que hace décadas parecieran imposibles y cuando las fronteras del conocimiento son cada vez más superadas por la ciencia, pululan los estafadores místicos, los embaucadores del espíritu, los mercaderes del miedo que siguen convenciendo a otros tan idiotas como ellos para comprometerlos en descabelladas empresas.

Por desgracia, mientras las personas no renuncien a seguir creyendo los cuentos de hadas, seguiremos teniendo los mismos problemas políticos, económicos y sociales que nos afectan, pues muchos de ellos son el resultado de equivocadas convicciones que motivan las acciones de las personas.

viernes, 20 de mayo de 2011

Viernes de Recomendación

¿Quién fue Lysander Spooner?

El siguiente artículo recorre la vida de este destacado personaje estadounidense, quien una vez dijo: "El gobierno como un asaltador de caminos dice al hombre: tu dinero o tu vida y la mayoría, si no todos los impuestos, son pagados bajo la amenaza de esa coacción. Pero el asaltador de caminos toma sobre sí la responsabilidad, peligro y delito de su propio acto. No pretende tener ningún derecho sobre tu dinero ni tiene la impudicia de presentarse como un protector. El asaltador de caminos una vez que te ha quitado tu dinero te deja en paz y no te anda siguiendo intentando convencerte de que es tu soberano y que tiene el deber de protegerte".

jueves, 19 de mayo de 2011

Jumanji empresarial: ¿comer qué?


En nuestra vida cotidiana, las fuentes generadoras de ansiedad son numerosas, tales como cumplir con las fechas que impone nuestra agenda de trabajo, las reuniones aburridas que debemos atender, ciertos compromisos sociales que se nos presentan como impostergables, y muchas más. Pero, de todas las causas del síndrome de ansiedad (reacción autonómica destructiva que incluye hiperventilación y vasoconstricción, a la par de una decadencia inmunológica general), la más preocupante es la causada por la continua preocupación que nos causan las alertas de tipo de alimentario.

Y es que no resulta extraño, en la actualidad, sentarse a una mesa servida de alimentos deliciosos o abrir una bolsita de algún bocadillo empacado, sin que alguien nos advierta de los peligros del contenido de grasa, azúcar, sal, condimentos y otros ingredientes comunes que existen en dichos alimentos. Estas intervenciones, por lo general no solicitadas, más que educarnos sobre aspectos nutricionales, terminan -en la mayoría de los casos- elevando nuestros niveles de ansiedad alimentaria. De esta manera, afectamos negativamente nuestro sistema digestivo y limitamos nuestras ayudas mecánicas y biológicas como la masticación y salivación, todo lo cual provoca que saturemos el estómago de alimentos mal procesados, sin la previa activación, por la parte de los sentidos, de aquellos mecanismos de producción de ácidos biliares y enzimas necesarias para que la comida nos alimente y no nos enferme.

Es importante tomar en cuenta que, en el proceso de nutrición, el QUÉ iguala en importancia al CÓMO, CUÁNDO y el CUÁNTO de nuestra ingesta diaria. No vamos a elucubrar aquí sobre las virtudes o deficiencias de la actual pirámide alimentaria, recomendada por los llamados expertos en nutrición; pero, a mi juicio, ella hipermagnifica el tema de la ingesta diaria de macronutrientes, necesaria para una vida saludable, al no tener en cuenta las diferencias en capacidad y estabilidad metabólica de los individuos.

Más allá de tal pirámide, nos enfrentamos en nuestro tiempo a muchas otras luces rojas - muchas veces exageradas - con nombres complicados: grasas trans, índice glicémico, calorías (métricas, comunes), sodio, mercurio, toxinas, alérgenos y otros ¡demonios! nutricionales, resaltados en las tablas nutricionales de publicación obligatoria, pero de lectura macro. Este nuevo marco alimentario hace que los seres humanos perdamos nuestra disposición instintiva de seleccionar, por la vía de nuestros sentidos - olfato, vista, gusto y aun tacto - los alimentos que comemos y disfrutamos.

Es cierto que no todas las grasas son iguales, que las insaturadas para algunas personas son mejores que las saturadas, y que las hidrogenadas lidian mejor contra la oxidación, pero estas tienden a favorecer la formación de colesterol y a causar daños al endotelio en personas propensas genéticamente. También es cierto que excederse en azúcar no es adecuado, sobre todo para los diabéticos, aunque cabe aclarar que el azúcar no es la causa de la diabetes tipo II, sino mas bien tiene sus raíces en una disbiosis intestinal y el síndrome metabólico que esto conlleva, aunado a una posible propensión genética. Y así, podríamos seguir elaborando argumentos acerca de las ventajas y desventajas de cada nutriente, olvidándonos de lo realmente importante: se come con los sentidos y no con el estómago.

Hay que disfrutar de la totalidad de la experiencia gastronómica, dejando que el olfato perciba una por una las especies aromáticas y, de este modo, preparar a la vesícula para que logre concentrar la mayor cantidad de bilis y para que las glándulas salivares cumplan la función de proveer a la boca la cantidad necesaria de saliva saturada de enzimas digestivas. A la hora de introducir un alimento en la boca, es mejor hacerlo lentamente, generando expectativa y masticando sin prisa, con el objeto de que la lengua sea estimulada con los desprendimientos iónicos de la sal, glutamatos, ácidos y otros exaltantes de sabor, completando de tal forma la maravillosa experiencia del buen comer. Con gran convicción, puedo asegurar que esta renacida sensibilidad se hará cargo de llevarnos hacia un mejor estado de salud física y, paralelamente, hacia una mayor comprensión de los diferentes efectos que cada alimento puede generar en nuestro cuerpo.

Pero siendo la nutrición un aspecto tan importante en nuestras vidas, se da por añadidura histórica, una dialéctica entre los ingenieros sociales, que buscan justificar su relevancia profesional y política- queriendo regular los alimentos que consumimos - y los liberales individualistas que no aceptan la intromisión del estado, en temas que por naturaleza humana, son auto determinativos.

El argumento favorito de los burócratas intervencionistas, es que la mala nutrición es la causante de gran parte de enfermedades crónicas, y que este hecho, convierte el tema nutricional en un asunto de salud pública. Pero este argumento contrasta con uno más lógico, de que el ser humano es el único dueño de su cuerpo, y que la auto determinación alimentaria es un derecho natural "inviolable".

Andrés Pozuelo

martes, 17 de mayo de 2011

La columna de Carlos Federico Smith: apéndice a un planteamiento energético


Espero que hayan tenido la oportunidad de leer mis tres comentarios previos con propuestas para elevar nuestro desarrollo energético durante los próximos años. No obstante, poco después de haber concluido dicha serie, surge la oportunidad de comentar la reciente propuesta del gobierno de la República ante la Asamblea Legislativa para, fundamentalmente, ampliar la participación del sector privado en la provisión de energía eléctrica, pues, de no lograrse, daría lugar a serios problemas de abastecimiento.

Antes de opinar al respecto, debo indicar que en la Asamblea Legislativa se habían presentado dos proyectos (llamados Ley General de Electricidad) que en mucho “organizaba” o “abría” el sector de producción eléctrica al sector privado, pero ambos han estado plagados de problemas que hacen poco viable su aprobación en el corto plazo. El primero, que en general me parece tiene grandes virtudes, fue presentado al curso legislativo durante la administración anterior y, el segundo, sorprendentemente, lo presentó la nueva sustituyendo al proyecto previo. Sabido es que ambas administraciones son del mismo partido político, por lo que esta última versión fue, a su vez, bloqueada por gran parte de esa misma fracción, que no podía ver con buenos ojos cómo sus mismos compañeros de partido echaban por la borda la versión original, sin que mediara una justificación válida para proponer una fuerte variación al curso inicialmente planteado sobre la política energética del país.

Por lo tanto, nada tenía que ver la existencia de un nuevo directorio legislativo integrado por diputados de la oposición, como un factor que obstaculizara un proyecto para asegurar una mayor provisión de electricidad. El problema venía políticamente “desde adentro” y, por tanto, es injusto adscribir la responsabilidad de no asegurar la electricidad necesaria al directorio de oposición, que ni siquiera existía cuando se presentaron ambos proyectos en la Asamblea. Por ello, abrigo la esperanza de que esta última versión -llamada de Contingencia Eléctrica- sea aprobada, con algunas mejoras a las que luego me referiré, con el apoyo de una mayoría importante de diputados del Congreso. Así no habrá excusa para que les “echen los muertos” al nuevo directorio legislativo por una presunta falta de no hacer bien las cosas necesarias para el país.

En un seminario que ANFE celebró en octubre del año pasado, el Ministro de Energía, Ingeniero Teófilo de la Torre, fue cuestionado por el nuevo proyecto (el segundo de ellos), al considerarse que reintroducía una serie de restricciones innecesarias, indeseables y costosas para la participación privada en dicha actividad, en comparación con el primero que presentó la administración previa. Don Teófilo reconoció que el cambio de visión se debía a una mejor adaptación del nuevo proyecto a las políticas participativas mayoritarias y casi monopólicas que el estado había mantenido en el pasado y que la administración anterior se propuso variar. Pero ahora, inteligentemente, don Teófilo cambia aquella posición y, si se me permite así decirlo, parece haber escuchado razones para variar posiciones que no conducían a nada más que a una inopia segura en la provisión eléctrica del país. Su proyecto de ley previo no iba a resolver el problema inminente de escasez de electricidad, en especial ante los atrasos con los proyectos de Reventazón y Diquís No muchos funcionarios públicos saben rectificar decisiones, al percibir que pueden estar equivocadas. Por ello, le reconozco el mérito de haber variado su actitud inicial.

Me agrada la última -tercera si se le quiere llamar- propuesta dirigida a asegurar el abastecimiento energético del país en el corto plazo, al abrir un espacio mayor a su provisión privada. Constituye un paso adelante y significativo en el esfuerzo por lograr un suministro adecuado de electricidad. Sin embargo, creo que no hay justificación para que ese paso hacia adelante siga siendo tan pequeño. La nueva propuesta no debe reprimir el desarrollo de un sector privado fuerte en el sector eléctrico, que esté preparado para competir eficientemente con otros oferentes de países vecinos y, sobre todo, que les permita lograr escalas de operación que hagan más rentables y seguras las inversiones que tengan que realizar. Así, no encuentro explicación lógica de por qué ampliar la capacidad instalada máxima por planta de 20 a tan sólo 30 megawatts. Por ejemplo, una capacidad máxima permitida de 50 megawatts no sólo es factible realizarla sin problemas significativos, sino que su tamaño podría hacer la operación más rentable, la inversión más manejable y, sobre todo, lograr suplir en el plazo más corto posible la electricidad requerida por el país.

En el mismo sentido no me explico porqué tan sólo aumenta de un 15 a un 25% la provisión privada (que incluye a cooperativas, entre otros) del total de energía eléctrica producida en el país. Parece que el intento de conservar ciertos privilegios es lo que está detrás de estos tímidos pasos de apertura al sector privado, como proveedor impostergable e indispensable de energía en el país.

Debe recordarse que el precio al cual se adquiriría la nueva electricidad producida por estas nuevas plantas privadas es fijado por la ARESEP, razón por la cual aprovecho la oportunidad de recalcar la importancia de que esa entidad haga las cosas bien y rápidamente. Debe comprender que si la tarifa no es adecuada, esa inversión privada no se llevará a cabo o, tal como ha sucedido hasta el momento, se vaya a Panamá a producir esa misma energía, para luego venderla a Costa Rica a precios más altos. La ARESEP debe saber que en la actualidad están en proceso de construcción, tan sólo en Chiriquí, Panamá, 32 plantas que eventualmente venderían a nuestro país la energía que produzcan. Si les preocupa un hipotético sobre-abastecimiento, deben tener presente que si existe un mercado dinámico y en crecimiento en cuanto a demanda de electricidad es el propio mercado panameño, por lo cual esas firmas fácilmente podrían variar el destino de su producción, si así fuera más rentable para ellas. Claro, todo está en los precios que los productores privados de electricidad, tanto nacionales como desde el exterior, puedan obtener y es aquí donde ARESEP debe tener “bien puestas las pilas“.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 16 de mayo de 2011

Tema polémico: los sucesos en La Reforma


El día de hoy queremos repasar algunas ideas relevantes en relación con lo acontecido en La Reforma la semana pasada. Mucho de lo aquí escrito ya lo hemos expresado en otras oportunidades, pero a la sombra de estos acontecimientos no queda más remedio que insistir con nuestras "majaderías".

Antes de iniciar el análisis, debemos manifestar el asco y repudio que nos ha embargado con la terrible noticia de que un custodio trabajador y honesto muriera a causa de estos desalmados. Dicho lo anterior y deseando con todas nuestras fuerzas que tal evento no vuelva a ocurrir damos paso a unas cuantas reflexiones respecto a los hechos acaecidos.

Del criminal como víctima

Es menester manifestar, en este momento, nuestro rechazo total a una serie de pseudo-teorías que algunos trasnochados intelectuales cacarean, en las cuales se presenta al delincuente como víctima social. En este sentido el ambiente cultural-social-económico-político-familiar es el que empuja al delincuente a cometer sus actos, siendo dichas actuaciones consecuencias lógicas y necesarias del ambiente en que dicho sujeto se desenvuelve.

El problema de tan pobre teoría salta a la vista: es que es incapaz de explicar satisfactoriamente por qué individuos sometidos a los mismos condicionamientos obran de forma totalmente distinta, evitando el camino del crimen, la muerte y la destrucción. Tampoco puede dar cuenta de por qué individuos sometidos a contextos muy favorables también delinquen.

Precisamente, lo que esto nos muestra es que nos encontramos a un mero problema de valores simplemente algunas personas prefieren delinquir a no delinquir, y es a la luz de este libre albedrío que deben de ser juzgados con todo el peso de la ley, sin que charlatanes del pizarrón creen narrativas para justificar sus actos.

Muerto el perro acabada la rabia

En ASOJOD hemos insistido en repetidas ocasiones en el carácter ético de la pena de muerte. Suscribimos la ética objetivista que reza: dar valor con valor. En este sentido, las personas deben de ser tratadas tal y como estas tratan a otras. Si existen criaturas que han matado a un ser inocente, igual suerte deben de correr. Los seres humanos decentes (lo cual es una redundancia en términos), no pueden convivir con estos forajidos que han renunciado a la civilización (esto es el intercambio a través de la división del trabajo por medio de la cooperación social, siendo cada individuo un fin en si mismo, sin que otro pueda atentar contra los derechos de éste) actuando única y exclusivamente a través de la violencia, el miedo y la extorsión.

Si el monstruo Hurtado hubiera sido castigado como debió haberlo sido con el crimen de Monteverde (esto es con su muerte), hubiéramos tenido un monstruo menos alrededor nuestro, o sea una amenaza menos de que preocuparnos. Queremos aclarar que nadie está hablando aquí de muertes sistemáticas o cosas por el estilo, para evitar las falsas acusaciones; simplemente nos referimos que aquellas bestias que han decidido iniciar la fuerza contra un ser humano y quitarle su vida, en el caso de ser encontradas culpables en un proceso judicial transparente y justo que deben de ser castigas con la pena de muerte.

El que mucho abarca poco aprieta

Por último, queremos insistir una vez más como nuestro Estado es todo menos eso. Ha renunciado a su tarea fundamental la cual es protegernos, para dedicarse a vender electricidad, telefonía, internet, gasolina, agua, seguros, a otorgar vivienda, salud, educación, etc., descuidando de forma sistemática e irresponsable la seguridad de sus ciudadanos. Ese descuido nos ha costado muy caro, con la vida de cientos de inocentes.

Estas razones nos llevan, una vez más, a sostener la necesidad de aplicar la pena de muerte a individuos que son incapaces de respetar el derecho a la vida que tienen los otros. Cualquiera que no pueda respetar eso, simplemente es incapaz de convivir en sociedad y se convierte en una amenaza total para el progreso de cada individuo con quien puede interrelacionarse.

En ASOJOD insistimos en que las personas decentes, honestas y trabajadoras no deben vivir en un estado de amenaza constante con ese tipo de bestias.

domingo, 15 de mayo de 2011

Invierta en arroz, grano de oro!


Este negocio fabuloso, aún en época de crisis, le garantiza por decreto 20% de ganancia mínima, y, si usted es astuto, entre 40% y 100%: siembre arroz, nuestro grano de oro. Por ley el precio de venta al público se fija con una fórmula mágica que le garantiza rentabilidad: costo de productor nacional más 20%, no hay riesgo. Las ventas están seguras con 4 millones de clientes; los de abajo (los que más compran) comen arroz con huevo; los del medio, arroz con pollo, y los de arriba, paella; todos, gallo pinto.

Como negocio conexo, puede importar arroz a precio internacional, de los países eficientes y venderlo a precio de ley, que es el doble. Así, sin generar empleos ni salir a zona rural, duplica su inversión grano a grano.

Hágase rico en tres pasos. N.º1. Siembre aunque sea una hectárea de arroz, ya es un productor nacional de granos básicos, bienvenido al club. N.º2. Siembre muy mal, genere la mínima productividad para que su costo por tonelada sea lo más alto posible, recuerde su 20% de margen seguro, mientras más caro sea el precio final, mayor su ganancia. N.º3. Supla la demanda faltante con mucho arroz importado barato y véndalo caro, nadie notará la diferencia.

¿Sin dinero para invertir? La banca estatal le facilitará créditos blandos exclusivos, con plazos largos más períodos de gracia y a tasas ridículas. Pague solo intereses, con el primer huracán, argumentamos pérdidas al agro nacional y recibimos condonación de deudas, usted no puede perder ni un cinco. Este cultivo es el mayor consumidor de la escasa agua en la zona seca guanacasteca, pero por ley pagamos el canon más bajo.

Todo esto gracias al cuento de que defendemos al pequeño parcelero que canta “Caña dulce”, aunque en realidad ellos solo producen el 17% del arroz nacional. El 83% de las toneladas subsidiadas son de grandes finqueros, cuyo costo es $420/ton pero venden a $590/ton y así ganan 40%.

El negocio va bien. N.º1- En dos años pasamos de 900 a 1.400 productores, el club creció 12.000 hectáreas en solo un año. Nº2 - Ya bajamos la productividad a 3,7 ton/ha, la mitad que El Salvador (7,7 ton/ha), así el precio internacional es ¢350/kg y el local es ¢700/kg, ahí ganamos a 2x1 cada vez que vendemos el de allá a precio de acá. N.º3- En 2008 producíamos el 50% de la demanda, ahora solo el 35%, lo cual nos conviene porque se gana más importando que produciendo. En 2010 los ticos nos pagaron $45 millones más que si compraran arroz de fuera. No se confunda, jamás querremos producir eficientemente porque arruinaría el negocio importador, la verdadera mina de oro.

Es verdad que una de cada cinco familias ticas es pobre y se ahorraría $282 al año si le diéramos el precio internacional (un 10% de su ingreso, más que un aguinaldo), pero recuerde que usted, amigo agricultor, no está a cargo de la política social; la ley no fija precio máximo al consumidor, sino ganancia segura al productor (vea paso 1 arriba). Somos más importantes mil productores que un millón de consumidores de familias numerosas y bolsillo pequeño.

Políticos ingenuos, que se ven a montón los primeros de mayo, lo defenderán para fomentar la “soberanía alimentaria”, un ideal imposible porque acá no tenemos el clima ni suelos para lograr buenas cosechas de arroz o trigo, pero a las masas les suena bien la idea mientras no sepa lo que pagan de más ni a quién ayudan. La ley está de nuestro lado, no hay cabos sueltos. ¿Qué espera? Invierta en arroz, el grano de oro de Costa Rica.

César Monge Conejo

jueves, 12 de mayo de 2011

Jumanji empresarial: la verdadera naturaleza de los impuestos


Realmente a nadie la gusta pagar sus impuestos. Pero como dice el viejo dicho sobre “muerte e impuestos”, hay una sensación de que los impuestos son tan legítimos e inevitables como la propia muerte. En su aceptación de los impuestos, mucha gente bienintencionada olvida que éstos violan nuestros principios morales más básicos.

Si han estado alguna vez en una guardería o en un parque donde juegan los niños, se habrán dado cuenta de que, aunque los chicos son demasiado jóvenes como para entender muchas cosas, ya tienen un sorprendente sentido de la justicia.

Quite un juguete a un niño que aún no pueda hablar una palabra y generalmente se encontrará con una clara protesta. En lo que respecta al niño, le ha robado su juguete, ha iniciado violencia, y por tanto es tiempo de llorar. El razonamiento del niño probablemente no sea tan sofisticado, pero ahí está la comprensión.

Los niños algo mayores sn incluso más asombrosos. Entienden que hay violencia ilegítima (cuando se roban juguetes), pero también entienden que existe asimismo una violencia legítima, que se produce cuando el niño víctima se dirige al ladrón y recupera su juguete. Lo asombroso es que lo normal es centrarse en recuperar el juguete en lugar de castigar al agresor. El castigo es un concepto que aprenden más tarde, probablemente de nosotros.

La iniciación de violencia es el acto de un agresor contra ti o contra tu propiedad. Puede realizarse mediante violencia real o intimidación, porque la mera amenaza de violencia es un acto de violencia en sí mismo. Un buen ejemplo sería un ladrón que te apunta con un arma para quedarse con tu cartera sin apretar el gatillo. Otro ejemplo menos evidente es la forma en que el gobierno se queda con nuestro dinero. Decir que los impuestos son una forma de robo puede parecer un poco exagerado, pero rechaza pagar tus impuestos y acabarás en la cárcel. Rechaza pagar tus impuestos a la propiedad y verás quién es realmente el propietario de tu casa.

Los gobiernos han hecho un maravilloso trabajo de relaciones públicas: Nos llaman contribuyentes, no víctimas, y los impuestos de alguna forma se recaudan, no se roban. A los impuestos también se les llama contribuciones, como si hubiera opciones. Y como es el gobierno el que decide si esta forma de robo es legal o no, no hay nada que podamos hacer legalmente para conseguir una restitución. Un hay justicia del parque para nosotros.

Muchos pueden ver realmente el delito, pero lo consideran un mal necesario y cuando reclamas la abolición completa de los impuestos, preguntan con detalle minucioso cómo pagaríamos las carreteras y la aplicación de la ley.

Admito que es difícil imaginar cómo funcionaría nuestra sociedad en un orden completamente nuevo, pero me gustaría ofrecer algunas ideas y hechos históricos que puedan aliviar estas preocupaciones.

Algo importante a recordar es que todos los servicios ahora financiados por impuestos y ofrecidos por el gobierno estuvieron en un pasado no tan distante financiados y ofrecidos privadamente. De hecho, muchos se están ofreciendo privadamente hoy, desde una educación privada asequible en Ghana a las lujosas calles que se construyen cada día en nuestra ciudades de Norteamérica para nuevas urbanizaciones (que se entregan luego a los gobiernos locales).

Otro ejemplo reafirmante para quienes quieren respuestas ahora mismo respecto de un futuro sin impuestos es que no hace mucho tiempo la esclavitud era normal y en muchas partes del mundo nadie habría concebido la vida sin ella. Cuando algunos apuntaron los problemas éticos y económicos tras esa práctica, la inmensa mayoría de la gente afirma que no solo era imposible abolir la esclavitud, sino que incluso los propios esclavos estaban mejor en cautiverio que en libertad. Hoy esas afirmaciones nos parecen ridículas.

Había quien estaba verdaderamente preocupado por los esclavos. Como no tenían propiedades, había quien decía que todos serían vagabundos y vagarían sin rumbo. Esos conservadores bienintencionados incluso temían que sin amos los esclavos estarían desempleados. Y sobre todos, los preocupados afirmaban que toda la economía se derrumbaría, poniendo a todos (incluyendo a los antiguos esclavos) en un estado de abyecta pobreza.

Nos es difícil imaginar la idea de un mundo sin impuestos y hay muchas preguntas sin respuesta que nos gustaría ver respondidas. Pero necesitamos defender la libertad independientemente de nuestras reservas, igual que seguimos estando contra la esclavitud.

Aunque estoy de acuerdo en que pueden hacerse muchas cosas enormes con dinero robado, tenemos que recordar que nunca nos dirigiríamos a nuestros vecinos con una pistola y les diríamos que pagaran nuestra educación o jubilación, independientemente de lo ricos que sean. No lo haríamos porque está mal. Incluso un niño lo sabe.

Rod Rojas
Mises Daily

miércoles, 11 de mayo de 2011

Flash Legislativo


Comienza la segunda legislatura de esta Asamblea Legislativa con una gran novedad: un Directorio de oposición. A partir de este periodo, se comenzará a evaluar si la idea de una alianza fue buena o mala. Por sus actos los conocereís y por sus resultados, los evaluaréis, podría ser una frase que aplique para esta alianza, aunque también para el oficialismo, a pesar de su intento de lavarse las manos el pasado 2 de mayo, cuando dijeron que todo lo que ocurra en adelante será responsabilidad de la oposición.

En realidad, todo lo que ocurra en adelante será responsabilidad del Gobierno de Costa Rica, conformado por los Tres Poderes. Nadie estará excento de la responsabilidad por que ocurra: ni la Presidente, ni sus Ministros, ni la fracción oficialista ni sus aliados, ni los Magistrados ni toda la burocracia estatal, gubernamental, central o descentralizada, autónoma o no, ni la ciudadanía misma. Unos por haber elegido y otros por ser los elegidos.

Por ahora, esperaremos a ver cómo avanza la construcción de una agenda por parte de las diferentes fuerzas políticas. No hablamos de frases tan trilladas, vacías pero peligrosas como "agenda país", sino a la configuración de fuerzas y estrategias que desencadenarán en acciones u omisiones con consecuencias en todos los ámbitos. Allí es donde podremos apreciar realmente en qué estamos metidos.

martes, 10 de mayo de 2011

La columna de Carlos Federico Smith: un planteamiento energético (Tercera Parte y Final)


Termino mis consideraciones orientadas a ampliar la dotación energética del país, en vez de insistir en el control de la demanda, acción que parece ser la preferida por las autoridades gubernamentales, al menos en el corto plazo. La numeración en este comentario viene de los dos anteriores.

12.- La principal provisión doméstica de energía geotérmica parece ubicarse en zonas de parques nacionales, razón por la cual hay grupos contrarios a un mayor desarrollo. Sin embargo, para así pensar hay varias consideraciones que creo que deberían de tomarse en cuenta.

En primer lugar, no parece ser una actividad que cause fuertes alteraciones al medio. Sus efectos, aún en los parques nacionales, parecen ser de magnitud relativamente pequeña y, por tanto, manejable con una buena administración. Una propuesta para canjear zonas en parques en donde se ubicaría su producción por tierras que hoy no forman parte de ellos, podría ser una opción aceptable. Debemos ser capaces de administrar bien estos proyectos enclavados dentro de los parques nacionales, que brinden energía al país a la vez que se tenga un cuido especial sobre los efectos posibles en el medioambiente. No entiendo cómo no se tiene la capacidad de administrar bien este tipo de desarrollos, pues es frecuente que diversos proyectos energéticos en distintos países se ubiquen en zonas sensibles en cuanto a conservación medioambiental, sin problemas significativos.

En segundo lugar, el costo de este desarrollo energético parece ser relativamente barato, dependiendo de cada caso particular. Así, el proyecto debe tener de antemano una adecuada valoración de costo-beneficio, el cual debe incorporar las variables medioambientales.

En tercer lugar, disponer de una oferta relativamente diversificada y balanceada de fuentes energéticas, que no resulte de subsidios distorsionadores, es deseable, en especial ante fuertes fluctuaciones de precios de algunos de los componentes de esa oferta.

Finalmente, considero que debe permitirse y facilitarse la exploración de fuentes de energía geotérmica ubicadas en zonas fuera de los parques nacionales. En general los proyectos de energía geotérmica deberán estar abiertos al sector privado.

13.- El gas natural es otra fuente interesante de energía cuyo desarrollo podría facilitarse en el país. Hay regiones en donde parece haber fuentes cuyo desarrollo podría ser económicamente factible. Tal es la región del Golfo Dulce en el Pacífico Sur, así como en el Atlántico y en partes de la Zona Norte. Es conveniente incentivar a que la empresa privada pueda desarrollarla y venderla a los consumidores, pues el gas natural parece ser una fuente relativamente barata de energía (como es el caso de Estados Unidos y Europa). Una política de apertura del estado hacia la producción privada de esta actividad estimularía la inversión, el empleo y el crecimiento de la economía nacional y daría una señal clara de que el estado no está empeñado en monopolizar la producción energética del país.

14.- Por supuesto que la existencia de vehículos que utilicen combustibles diferentes a los derivados del petróleo es conveniente, pero que no se origine en subsidios artificiales o políticas de impuestos discriminatorios que hacen que alguna actividad o producto luzca rentable cuando lo es. No conviene manipular costos y precios por políticas estatales. Por ejemplo, es posible que una disminución de los precios del LPG, tal como se sugirió en los comentarios previos, estimularía su uso en vehículos de transporte colectivo, comercial y privado, sin mediar subsidio alguno, sino una mejor ecuación precio/energía que beneficia al usuario.

15.- Similar recomendación hago en cuanto a la utilización del ferrocarril, tanto urbano como regional. Su uso debe surgir con fundamento en los resultados de análisis de costo-beneficio, no por la introducción de subsidios que alteran su verdadera rentabilidad. Debe considerarse la concesión de un ferrocarril interoceánico, en donde el estado facilite el uso de los actuales derechos de vía ferroviaria, así como de los que se requerirían bajo nuevas opciones. No deberá subsidiarse el costo de los pasajes de ferrocarril, sino dejar que compita directamente con otras formas de transporte masivo

16.- Debe permitirse la libre competencia en la distribución de gasolina, permitiendo que las empresas distribuidoras utilicen estrategias competitivas que favorezcan al consumidor, así como en lo referente a la propiedad de las gasolineras. La posibilidad de que las bombas de gasolina vendan a precios diferentes debe estimularse, pues la actual política estatal de control de precios y márgenes de los combustibles vendidos en las bombas de gasolina, que lleva a cabo la ARESEP, lo que hace es permitir la consolidación de un cartel que no beneficia a los consumidores. La eliminación del monopolio a la importación de combustibles de RECOPE, permitiría que las gasolineras puedan importarlos, con lo que la mayor concurrencia beneficiaría a los consumidores, pudiendo escoger en cuanto a precio, calidad, ubicación y servicio que recibe, cosas elementales de las cual es hoy no puede disfrutar.

17.- Un tema de candente actualidad, relacionada con la provisión energética del país a largo plazo, es la edificación del proyecto conocido como Diquís, el cual sería llevado a cabo por el ICE supuestamente con el financiamiento de instituciones multilaterales especializadas. Por su magnitud, si bien inferior en extensión a la represa de Arenal, será el proyecto hidroeléctrico más grande del país, con una generación estimada de 650 megavatios, que equivale a aproximadamente la mitad de la capacidad hoy instalada y a la cual también se uniría el proyecto llamado Reventazón, que generaría aproximadamente 300 megavatios adicionales. Diquís sería el proyecto hidroeléctrico más grande de Centroamérica y su mercado, además de Costa Rica, sería el regional, al menos en los primeros años de operación.

Diquís reemplaza al antiguo proyecto Boruca, que si bien produciría más del doble del proyecto Diquís, fue sustituido por el inconveniente de exigir tanto una mayor movilización de personas (2.500 Boruca mientras que Diquís requeriría la de 1.100), como una mayor extensión (12.500 hectáreas Boruca en tanto que Diquís se extendería por 6.800 hectáreas). Se ha mencionado que el costo de la electricidad producida por la represa de Diquís será uno de los más bajos del ICE ($0.07 el kilowatt/hora), pero deben esperarse las cifras finales, en especial a la luz de proyectos alternativos (por ejemplo, compararlo con el costo equivalente de proyecto Boruca, entre otros). Esto significa que los estudios de factibilidad económica deberán estar debidamente listos y publicitados antes de iniciar su construcción. Enfatizo la trascendencia que tienen dichos costos, tanto para los consumidores nacionales de energía, los potenciales compradores internacionales, como para las finanzas del ICE y, en general, del país. Se ha mencionado que las obras se iniciarán en el 2012 y concluirán en el 2018, por lo cual es crucial que se hagan del conocimiento de la ciudadanía estos y otros aspectos del proyecto que deben formar parte de los estudios de costo-beneficio.

Llevar a cabo los primeros estudios en el sitio para el desarrollo de este proyecto ha dado lugar a conflictos en torno al desalojo de personas y la disposición de tierras que serían necesarios para poder realizarlo. Los afectados principales parecen ser miembros de grupos indígenas, quienes deberán ser debidamente compensados por los daños que el proyecto les podría ocasionar. Las negociaciones con los indígenas (y residentes del área, en general, que serían afectados) tendrán que contemplar el pleno respeto a los derechos humanos y a la propiedad de la cual hoy disfrutan, incluso derivada de una simple y respetable tradición.

Sin embargo, hay dos elementos derivados de la discusión de los problemas que me han preocupado y que, si no se tienen presentes, podrían afectar los acuerdos necesarios.

Uno es la petición que se suele hacer para que el proyecto pague una especie de “peaje”, al ubicarse en una zona específica del país para servir a todos los costarricenses. Una compensación por los daños derivados del proyecto a las personas y propiedad de la región involucrada es condición sine que non el arreglo se ha de llevar a cabo, el cual debe considerar la reposición de los asentamientos en condiciones mejores que las actuales. Pero tal “impuesto a la exportación de energía” desde esa zona al resto del país es inaceptable, al partir de un principio básico de unidad territorial. ¿Se imaginan el desorden socio-económico que surgiría si, por ejemplo, Caldera exigiera el pago de un impuesto por dar entrada y salida a mercancías de todo el país? Asimismo, Moín podría requerir algo similar. Los vecinos de Alajuela podrían pedir una compensación por el uso que todos los costarricenses y extranjeros hacen del Aeropuerto Juan Santamaría. ¿Qué les parece si la ciudad de San José introduce un gravamen por cada documento que emitan sus oficinas allí ubicadas por cada transacción que solicitan los ciudadanos de fuera de la ciudad? ¿O que los vecinos de Montes de Oca exijamos un pago a cada costarricense no residente del cantón por hacer uso de la instalaciones de la UCR o simplemente cobrar una tarifa por circular entre San José y Cartago pasando por el cantón? La integridad territorial de la nación debe ser un principio a mantener, pues el país es uno y no diferentes naciones (ni siquiera una confederación de estados). El “chantaje” en estos casos es inaceptable desde su pretensión inicial. Una cosa es la compensación por eventuales perjuicios legítimos y otra imponer un gravamen que se cobra a toda la ciudadanía por hacer uso de un producto proveniente de la región citada. (Piense el desastre que sería si cada comunidad cobrara un impuesto por cada bien que se produce dentro de ella y que es “exportado” al resto del país).

Un segundo tema, que puede ser objeto de polémica, es el domicilio nacional de los miembros a quienes debe retribuirse por daños que les causaría el proyecto. Si son extranjeros con propiedades o residentes actuales de territorios afectados por el proyecto, su compensación es legítimamente posible, pero no lo debe ser si se trata de residentes en el extranjero quienes buscan lograr un resarcimiento en donde no lo hay. Por ello, las autoridades negociadores deberán ser muy claros en cuanto a quienes serían las personas y grupos indígenas con quienes se forjarían los acuerdos necesarios, a fin de impedir que haya reclamaciones improcedentes por afectaciones inexistentes.

Finalmente, considero que el proyecto debe estar abierto a la participación activa del sector privado como propietario o inversionista. No se vale que el país se endeude por medio del ICE y que todos los costarricenses luego tengamos que pagar impuestos para cancelar dicha deuda. La fuente de recuperación de los recursos deberá ser en todo momento el resultado de la operación del proyecto, de manera que los pagos de la deuda estén incorporados en los costos de venta del producto (esto es, además de los costos de producir la energía, incorporar los derivados del endeudamiento), los cuales serían cobrados a todos los usuarios, tanto nacionales como extranjeros. Hay diversas formas por las cuales el sector privado nacional podría participar en este tipo de proyectos, sin que la única opción sea la de una producción eléctrica nacional monopolizada por una entidad estatal. A fin de señalar la importancia de la apertura al sector privado que debe darse en el país, vale la pena mencionar que a la fecha, tan sólo en la provincia de Chiriquí, Panamá, hay 37 plantas hidroeléctricas en proceso de construcción, en mucho para exportar energía a Costa Rica. Debemos quitar los obstáculos que faciliten el aporte empresarial privado nacional a la oferta de electricidad en el país.

18.- Para concluir esta serie de tres comentarios sobre asuntos energéticos, considero apropiado referirme a la medida reinstalada de limitar la circulación de vehículos por el centro de San José, la cual se realiza una vez a la semana, según horario y placa del vehículo. Las autoridades han dicho que es un esfuerzo para restringir la demanda de combustibles, ante el alza internacional de su precio. Pero este propósito públicamente afirmado también tiene visos de haberse convertido en una fuente apreciable de recursos para las autoridades gubernamentales, quienes los aprovechan para dirigirlos hacia sus propios objetivos institucionales, loables o no. Así, autoridades nacionales del tránsito y del transporte han indicado públicamente que es necesario que las cortes aceleren su fallo en cuanto a objeciones legales planteadas por ciudadanos acerca de la pertinencia del cobro de ciertas multas y, ene especial, de los procedimientos aplicados y aplicables. Con dicha petición la las autoridades judiciales, las del tránsito esperan obtener recursos que usarían en actividades propias del interés de sus entes estatales. Pero esto, simple y llanamente, es sólo una forma de lograr plata por medio multas, cuyo objetivo debería de ser la disuasión de conductas anti-sociales y no llegar a convertirse en una fuente de financiación de los presupuestos operativos gubernamentales.

En todo caso, la intención expresada públicamente por las autoridades con la medida bajo comentario es restringir la demanda y a ello paso a referirme, empezando por indicar que no es una forma razonable para lograr el objetivo anunciado y que mejor sería que el costo (el precio) mayor que tiene que pagar el ciudadano por el aumento internacional de los precios de los combustibles, sea el que defina su demanda. Procedo a indicar las razones de mi criterio.

En primer lugar, no es totalmente seguro que la restricción practicada dé lugar a una disminución del gasto en combustible, por varias razones. Ante la limitación para circular por el área central de San José, quien deba dirigirse de una parte de la ciudad a otra, atravesándola, ahora lo hará circulando alrededor del área restringida; esto es, movilizándose por calles aledañas. Si mis clases de geometría elemental no las he olvidado del todo, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta (permítanme darle flexibilidad al ejemplo: asumir que el área de circulación es plana y no curva como la tierra, lo cual es aceptable dadas las distancias relativamente cortas de las que estoy hablando), por lo cual el desvío obligado significa una distancia mayor que la previa y, todo lo demás constante, se refleja en un gasto mayor de combustible. Se me dirá que posiblemente eso sea cierto, pero que el ahorro está en el día en el cual el vehículo no puede circular, pero lo cierto es que circula, pero por una distancia mayor. En caso de que el usuario lo dejara guardado y tomara un taxi, me imagino que su gasto de combustible sería posiblemente igual a si circulara en su vehículo propio, además de que incurre en un costo por el servicio de transporte, el cual previamente no tenía que pagar. Esto es, no hay ahorro de gasolina y se tiene un costo mayor.

En segundo término, se ha señalado que también hay un ahorro en el tiempo de traslado por el centro de San José. Ello es cierto, pero también los vehículos que ahora circulan por las calles aledañas causan presas en esas zonas, que incluso probablemente no están diseñadas para un flujo de tránsito más elevado que el usual. Es decir, se usan caminos menos aptos para transitar, lo cual significa una mayor lentitud en la movilización. Por tanto, es dudoso que haya tal ahorro en el tiempo de movilización de quienes se trasladan .

En tercera instancia, la restricción tiene un efecto negativo sobre la producción. Alguien dirá que es pequeño, pero no deja de ser significativo, en especial en momentos de dificultades económicas como los actuales. En la actividad económica de un país (o de una ciudad) hay todo un orden que no es planificado por ningún ente centralizado, pues no es capaz de ello, como lo podría pretender algún burócrata, sino que resulta de la libre interacción de los individuos. Sin embargo, con medidas como las analizadas dicho orden espontáneo se ve alterado. La amplia actividad de intercambio comercial requiere de suministros adecuados continuos, tanto en para el ingreso de los insumos como para la salida de los productos. Todo esto es afectado por la medida limitante citada. Quienes se dirigen a sus trabajos, impedidos de atravesar ciudad y obligados que a desvíos, se ven afectados, lo cual encarece la prestación de sus servicios, así como su productividad. Esto no sucede tan sólo con obreros fabriles, como alguien podría pensar, sino también con todo tipo de profesionales, quienes se ven afectados al no poder prestar su labor al momento en que se les requiere, todo causa de las limitaciones impuestas en el tránsito. No voy a cansarlos con la muy diversa gama de actividades humanas que se ven alteradas con la restricción y el grave efecto que tiene sobre la producción, pero sí es importante destacar que tiene un impacto negativo en el empleo, al “encarecerse” la prestación de los servicios laborales.

En cuarto lugar, la propuesta restrictiva del tránsito parece ser una solución oportunista ante el mal sistema vial del centro de San José, el cual requiere ser mejorado Para opinar de esta manera me fundamento en que, cuando se objetó en el pasado que la restricción basada en el alza al precio internacional del petróleo era indebida, las autoridades usaron como un argumento adicional para aquella limitación, que en el centro de la ciudad se estaban realizando obras viales que creaban una gran congestión y que, por ende, la medida era oportuna y deseable. Esto último podría ser cierto, pero, entonces, la restricción vehicular debería de practicarse tan sólo en aquellos sectores en donde se llevaban a cabo obras viales y no en toda la ciudad capital.

Hay medidas, además de la mencionada acerca del ferrocarril interurbano, que podrían economizar efectivamente combustible, sin que implique restricciones a la libre circulación de los vehículos como la impuesta. Por ejemplo, proceder adecuada y correctamente a la renovación del transporte urbano de buses. Las llamadas interlíneas son una buena idea, pero en un primer intento de ponerlas en práctica en el pasado reciente, hubo fuertes razones legales para detener su inicio. Que las cosas se hagan bien y correctamente desde un principio es indispensable para que se restaure la confianza de los ciudadanos en sus autoridades de transporte. Asimismo, se requiere que dichas rutas nuevas estén sujetas, en lo máximo posible, a las fuerzas de la competencia. No hay razón para que los nuevos servicios públicos de transporte sean brindados por oferentes únicos sin tener frente a otros proveedores que les traigan competencia. Ello redundaría en beneficio de los usuarios, quienes escogerían al que mejor les sirva. ¿Qué es necesario algún grado de coordinación posiblemente gubernamental de dichas rutas? Podría ser, pero eso no requiere que haya un único dueño (incluso bajo la figura de consorcio que no es sino varios empresarios asociados para dicha empresa de una forma particular) el que opere en una ruta o sección particular, sino que el objetivo mayor sea brindar el marco más competitivo posible en la provisión de esos servicios

Asimismo, una posibilidad, que podría traducirse en un ahorro de combustible y una menor congestión vial, es la de permitir que existan los llamados taxis colectivos, los cuales pueden recoger y descargar diversos clientes y no uno sólo a lo largo de algunas rutas preestablecidas. En muchas ciudades del mundo (recuerdo a la Ciudad de México) hay tal forma de servicio público. Esta es una forma en la que se puede traer mayor competencia a los proveedores de transporte colectivo. No entiendo las razones por las cuales dicha idea no puede llevarse a cabo, excepto que el interés verdadero de las autoridades políticas yace en mantener las posiciones monopólicas de los actuales proveedores de los servicios. Con tanto taxi con problemas de volumen de negocios, con tantas personas que desearían poner a trabajar un vehículo como taxi para así tener algún empleo remunerado y decente, con tanta desocupación como en la actualidad, ¿por qué no pensar en esta idea que en esencia significaría un beneficio tanto a aquellos como a los consumidores? Nada más piensen en quién se beneficia y a quién se le trae competencia…

En quinto término, creo que es necesario, dado la limitada estructura actual de nuestras calles del centro urbano de San José, que durante el día por ellas no circulen camiones pesados que se dedican a la carga y descarga de mercancías. En muchas ciudades grandes, con serios grados de dificultad física para que se pueda lograr un flujo expedito de vehículos, la circulación de tales camiones pesados se permite sólo en horas de la noche, cuando el flujo urbano se reduce de manera significativa. Mientras las calles de San José tengan la estrechez que hoy tienen, el costo social impuesto por vehículos dedicados a esa forma de transporte probablemente es muy elevado, al originar presas innecesarias que provocan un consumo excesivo de combustibles a terceras partes. No soy amigo de las restricciones y limitaciones a la libertad de las personas, pero esta medida me parece aceptable para la generalidad de quienes deben transitar por el centro de la ciudad de San José, incluso por quienes podrían verse afectados por ella, quienes a su vez son aquejados por terceros que circulan cargando y descargando mercancías durante el día.

En sexto y último lugar, deseo destacar mi creencia en que la decisión de restringir el libre tránsito en el área central de San José debido al alza en los precios internacionales del petróleo, como la han justificado las autoridades correspondientes, constituye un precedente a todas luces inconveniente. Con ella no sólo se restringe el derecho a la libre movilización que tiene el ciudadano, sino que también se afecta el derecho a la propiedad y al uso legal que puede hacer de ella, así como el derecho al trabajo, pues provoca un aumento en el costo de accesar a los sitios de trabajo. Pero sobre todo la juzgo inconveniente porque no parece ir acorde con la lógica. La base del argumento para la restricción es, repito, según las autoridades, el alza en el precio del petróleo y sus derivados, que son elementos importantes en el consumo de las personas y de la sociedad como un todo. Si tal es la justificación de las autoridades para limitar la libertad de las personas, entonces, ¿por qué no restringirles el consumo de pan si, por ejemplo, aumenta el precio del trigo en los mercados internacionales? Después de todo, también es un gasto importante en los hogares y en la economía nacional. O, por ejemplo, ¿por qué no limitar el consumo personal de medicinas si experimentaran un aumento en sus precios internacionales? ¿Restringiría la Caja el consumo de medicinas que le da a los asegurados? ¿Acaso los ejemplos citados no son similares al que fundamenta la restricción que se hace a la libre circulación de vehículos? Usted puede poner muchísimos ejemplos de bienes y servicios importados que conceptualmente podrían sufrir aumentos en los precios internacionales, y que podrían ser usados como base para justificar la limitación de la libertad para escoger, para consumir, para usar sus bienes en la forma en que le plazca sin que signifique que está causando un daño a terceros, caso en que sería responsablemente directo de tales daños. Por ello digo que el precedente expuesto es nefasto, al abrir puertas de todo tipo a posibles acciones de burócratas, quienes creen que limitando los derechos y libertades de las personas, es como los seres humanos podemos ser más felices, resolver nuestro problemas y mejorar nuestras vidas.

Jorge Corrales Quesada