Jumanji empresarial: modelos agotados

En Costa Rica, no podemos seguir gobernando a partir de agotados modelos de desarrollo que no han diferido mucho de pasados modelos impulsados por gobiernos socialdemócratas, a partir de la constitución de la segunda república. O sea, que si lo que podemos esperar son ajustes menores a las políticas actuales, y cambios incrementales a las instituciones gubernamentales que actualmente están colapsando, más vale que estemos preparados para un aumento en los niveles de pobreza y desigualdad en el futuro cercano.

Los modelos actuales se basan en elementos plenamente perjudiciales para el individuo y la generación de riqueza. Esos elementos son: planificación centralizada de políticas económicas y locales, déficit fiscal expansivo con efectos negativos en los mercados, educación estatizada y estandarizada, política monetaria inflacionaria, proteccionismo selectivo, subsidios productivos obsoletos y clientelistas, subsidios sociales adictivos e inefectivos, sistemas de reparto de pensiones empobrecedores, impuestos altos y regresivos, política energética monopolística, política alimentaria en contra de los consumidores, espejismos chinos, aislamiento centroamericano, aumento en regulación inoperante, quimeras constitucionales y muchos otros modelos ya probados y fracasados al estilo socialdemócrata.

En la actual realidad económica, no se puede pensar en hacer el bien, a no ser que se esté dispuesto a asumir la debida responsabilidad, cometer errores y sobre todo asumir riesgos con ideas innovadoras. Pero estas ideas deben formarse alejadas de la presunción de conocimiento, arrogancia de la certeza y lanzamiento de un plan, característicos de los tradicionales discursos de los políticos contemporáneos. En las palabras de Hayek:

“Si una persona no desea hacer más mal que bien en sus esfuerzos por mejorar el orden social, tendrá que entender que, en este menester y en otros, en que la complejidad esencial y el orden espontáneo prevalecen, no se podrá nunca adquirir la totalidad del conocimiento necesario para dominar todos los eventos que surjan ni tampoco planificar resultados con certeza”.

Todo problema económico - es de hecho un problema de auto organización - y en todo problema de auto organización, se puede esperar falta de libertad, o falta de conocimiento o falta de derechos de propiedad. De acuerdo con este escenario, le conviene a los partidos políticos hoy en día, proponer agendas de liberalización que realmente le permitan a la sociedad, con conocimiento y propiedad, moldear su pensamiento y dar una respuesta ante los eventos inesperados e impensables que caracterizan el entorno socioeconómico contemporáneo. Si algo nos ha demostrado la actual crisis (y todos los eventos que han llevado a ella) es que los procesos económicos no se pueden evaluar y controlar con regulaciones y sistemas de medición estándar, ni podemos esperar que los gobiernos tengan la capacidad de actuar rápido y con total conocimiento de las variables como para buscar la reversibilidad de las cosas a un tiempo pasado que inevitablemente quedó atrás.

Esperar que un Estado pueda llegar a ser eficiente algún día, es decir que este puede llegar a ser evolutivo - como las necesidades de los individuos - y esto simplemente no es posible. Si pretendemos seguir tratando de satisfacer necesidades colectivas (planificadas) de manera arbitraria y a base de redistribución de riqueza, seguiremos aumentando los costos a los individuos que buscan satisfacer sus necesidades individuales evolutivas, y que buscan generar riqueza a la vez. ¡Y esto sí es una tragedia latina!.

Andrés Pozuelo

Flash legislativo

La semana pasada, el Poder Ejecutivo envió el texto sustitutivo del llamado plan de "Solidaridad Tributaria", con algunas modificaciones que lo hacen más potables para varios partidos políticos, entre ellos, el PASE, que junto a los evangélicos, ya comprometieron su apoyo para aprobar un paquetazo de impuestos que hará más pobre a los costarricenses.

Entre los cambios más importantes destacan las exoneraciones parciales en favor de los solidaristas y la exclusión de unos cuantos bienes de la canasta básica para no afectarlos con el incremento impositivo. ¡Confites en el infiero, al fin y al cabo!

Persiste el castigo hacia quienes quieran adquirir servicios de educación y salud privados, el aumento del IVA, el incremento del impuesto selectivo de consumo -con bienes tan "lujosos" y "suntuosos" como el desodorante y las navajillas- y sobre los ahorros.

En definitiva, el Gobierno, el PLN, el PASE y los partidos evangélicos siguen empeñados en hacernos más pobres. Hoy quieren meternos la mano en el bolsillo; mañana, como bien ilustra la imagen de este post, querrán nuestras joyas, vehículos y casas. La voracidad fiscal no tiene límites: abrirle la puerta con este proyecto de ley significa dejar entrar a la bestia que nos empujará hacia la pobreza.

¡Vaya solidaridad de esos partidos políticos!

La columna de Carlos Federico Smith: impuestos y lucha contra el narcotráfico

Poco después de que el Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Arturo Valenzuela expresó que la recaudación fiscal en los países del área centroamericana era demasiado baja y que Estados Unidos no estaba dispuesto a aumentar los desembolsos que efectúa para los programas de seguridad en Centroamérica, principalmente dirigidos al combate contra el narcotráfico, la propia Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, propuso que los empresarios y las clases acomodadas de la región pagaran “su parte de los impuestos” para financiar la seguridad, específicamente, para la lucha contra el crimen organizado, que sabemos se refiere fundamentalmente a la lucha contra el narcotráfico.

Debemos irnos concientizando que muy difícilmente se podrá tener éxito en la lucha contra el narcotráfico, tal como lo muestran los resultados habidos hasta el momento, en tanto los Estados Unidos (entre otros países desarrollados) continúen siendo el principal consumidor y su mercado sea “ilegal”, provocando que haya enormes, pero enormísimas, ganancias a los carteles de la droga que están dispuestos a incurrir en los costos que sean necesarios, con tal de poder operar en ese hoy tan lucrativo mercado.

Muy posiblemente la difícil situación fiscal de los Estados Unidos y los pocos prospectos que hay “de ganar esa lucha”, hayan hecho que esas autoridades quieran ahora que los centroamericanos también compartan los enormes costos de ese programa de combate al narcotráfico proveniente del sur de aquella nación. No quiero ser dramático y alegar que, además de poner los muertos, como ahora sucede en México, también quieran que nuestros ciudadanos paguen su decisión de ilegalizar el consumo de drogas en los Estados Unidos, causa fundamental de las enormes ganancias del narcotráfico. Prefiero no proceder en esta línea para mi comentario y, más bien, en esta ocasión me referiré a la pretensión de que seamos los ciudadanos de Centroamérica quienes paguemos más impuestos en nuestros países, para coadyuvar a resolver las necesidades que tiene el gobierno de los Estados Unidos de solucionar sus problemas internos de consumo de drogas.

Esta nueva intención que se nos quiere imponer -albarda sobre aparejo- además de la que está en proceso en el país de parte de su Gobierno para aumentar los impuestos sobre la ciudadanía, especialmente en momentos en que la actividad económica nacional no es nada boyante, resulta inaceptable.

Llama la atención lo que dijo el señor Valenzuela, refrendado luego por la señora Clinton, de que los empresarios y los ricos centroamericanos deberían pagar más impuestos, pues su carga tributaria, en palabras del señor Valenzuela, era demasiado baja.

Me atrevo a afirmar que, cuando dijo eso, posiblemente sí tenía en mente los enormes problemas fiscales de su país, ante lo cual pretende ahora tener acceso a una nueva base tributaria –Centroamérica- que le permita financiar los objetivos de su Estado nacional, pero posiblemente no tuvo en mente que, al menos en Costa Rica, muchas empresas de su país se ubican en zonas francas en las cuales, y en contraste con el resto de las empresas ubicadas fuera de ellas -empresas tanto propiedad de nacionales como de extranjeros- no tienen que pagar el elevado impuesto sobre sus utilidades, que sí deben pagar rigurosamente las ubicadas fuera de la zonas francas.

El angurriento Estado costarricense, al exonerar del impuesto sobre la renta a las empresas de zonas francas, a perpetuidad por el momento, se le hace necesario y relativamente fácil redirigir sus ímpetus tributarios gravando aún más al resto de los costarricenses, mediante las más diversas formas imaginables. Esos recursos así obtenidos, incluso los puede emplear en sus propósitos de gasto que muchas veces incluyen el suministro de servicios y recursos demandados -afortunadamente- por las empresas que se ubican en las zonas francas. El señor Valenzuela posiblemente sabe que esas empresas exentas ubicadas en zonas francas contribuyen a que él pueda afirmar que hay países de la región en los cuales la carga tributaria es demasiado baja, pero también no dudo que tiene presente que esas mismas empresas estadounidenses ubicadas en nuestras zonas francas, sí pagan los elevados impuestos que sobre las utilidades de las empresas se cobran en los Estados Unidos, una vez que repatrían sus ganancias hacia aquella nación.

Una solución financiera parecía haber surgido en el seno de la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, en donde participaron diversos presidentes del área, quienes, como buenos políticos que son, rápidamente aprobaron aumentar los impuestos, pero algo les iluminó de pronto, como para que algunos afirmaran que veían poco viable el aumento de tributos allí propuesto. La solución no se hizo esperar: El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, creo que además de otros entes similares, estuvieron dispuestos a abrir líneas de crédito multimillonarias para que los países de Centroamérica las utilizaran en la financiación de esa lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Claro que, al fin de cuentas, alguien tendrá que pagar esos préstamos –principal e intereses- y sabemos que recaerá en parte alícuota sobre los futuros paganinis costarricenses. Tendremos que pagar los préstamos que se usarán en resolver los problemas derivados de una lucha que el gobierno de los Estados Unidos parece tener perdida, dadas su políticas internas sobre los mercados de drogas.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: solidaridad y Estado

La solidaridad es un valor muy noble. Consiste en un apoyo a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. Ayudar voluntariamente a personas más necesitadas económicamente es un ejemplo de un acto de solidaridad. En ASOJOD también creemos que los actos solidarios son muy nobles, siempre y cuando se realicen en forma voluntaria y sin afectar a terceros. Sin embargo, de lo que hablaremos en el tema polémico del día de hoy es del inmoral uso de la palabra solidaridad para sacar adelante agendas y proyectos que distan significativamente de ese valor.

Innumerable cantidad de personas e instituciones utilizan la palabra solidaridad constantemente para impulsar objetivos con mayor facilidad, puesto que es una palabra demasiado bien recibida. Asimismo, grupos se guindan de esto para obligar a otras personas a actuar de una forma determinada, creyendo que son dueños de la verdad. De todo esto, ha surgido una frase que, a diferencia de la solidaridad, en ASOJOD si repudiamos, pues pone en peligro la libertad de las personas. Esta frase es la famosa “justicia social”. Esta frase, tan usada por grupos de poder, gobiernos, grupos religiosos y partidos políticos, es la misma que usa la gente que cree las personas con mayor capital tienen que estar obligados a destinarlo a otras que cuentan con menos y que estas últimas tienen derecho a que alguien los saque de la situación económica en la que se encuentran. Es en estos casos que la solidaridad deja de existir y lo que se da es un legítimo robo a la propiedad.

Esta “justicia social”, el Estado la ejercita normalmente por medio de impuestos, con los que financia sus programas de regalías y alcahueterías. Muchos de estos programas de regalar comida, casas y dinero en efectivo son inventados por personas que, tal vez, tienen un deseo de ayudar, sin embargo, el gran engaño consiste en hacer actos de buena voluntad pero con dinero ajeno y aun así se sienten moralmente justificados. ¿Y a quien se le cobra estos impuestos? Según lo expuesto por la “justicia social” deberían ser los que más tienen los que más paguen impuestos. ¡Como si tener dinero fuera algo inmoral y reprochable!. Y es en este momento que surge una frase que en ASOJOD detestamos aún más, esta frase es “la solidaridad tributaria”. 0

Lo más triste de todo esto es que, fuera de sacar a la gente de la pobreza, estos programas hacen que los pobres se vuelvan dependientes de las regalías del Estado y desincentivan completamente le generación de más riqueza y oportunidades para todos. En otras palabras, con este sistema tan nefasto, los ricos son cada vez menos ricos y los pobres siguen siendo igual o más pobres.

En ASOJOD lamentamos mucho este uso malintencionado de la palabra solidaridad y esperamos que cada vez más gente se logre dar cuenta de lo infectivas que son estas medidas aplicadas por el gobierno y otros grupos para sacar a la gente de la pobreza.

Viernes de Recomendación

Este artículo del Prof. Rafael Termes llamado Doctrina social de la Iglesia y liberalismo: ¿antagonismo o malentendido? basado en los foros de Gabriel Zanotti sobre "Cristianismo y Liberalismo" desmiente esa creencia popular de que la doctina de la Iglesia (aunque no necesariamente la forma en actúan muchos representantes de la misma) es antagónica con el liberalismo.

Jumanji empresarial: Monopolio = Licencia (del gobierno) para robar

Normalmente escribo “monopolio” entre comillas porque en su uso popular es un “Caballo de Troya” intelectual, un paquete conceptual que incluye dos conceptos esencialmente diferentes:

1. un mercado libre en el que de hecho hay un único proveedor de un producto determinado; y

2. un mercado no libre en el que se mantiene a los competidores fuera por la fuerza — fuerza iniciada por el gobierno.

Cuando hay libertad total, el que haya un único proveedor en un mercado determinado puede ser una simple coincidencia sin mayor significado económico o, como suele ser el caso, el resultado de una capacidad productiva "superior". En un mercado que no es libre, en un mercado controlado, un único proveedor o un grupo de ellos reciben “protección” legal contra sus competidores, lo que suele ser un signo de una capacidad productiva "inferior" (y si no lo es, ¿por qué necesitarían o querrían esa “protección”?).

El número de proveedores es irrelevante. Como señaló un economista, los 17.000 taxis de la ciudad de Nueva York son un verdadero monopolio: debido a restricciones legales, ningún competidor adicional puede entrar. El número de “licencias” disponibles para taxis legalmente autorizados a operar en Nueva York está limitado a ese número. El precio de esas licencias es la medida en que los pasajeros de taxis son “timados” por el Gobierno. Cada permiso vale cientos de miles de dólares. Eso es lo que cuesta una licencia para robar.

La definición correcta de “monopolio” es: un mercado en que el gobierno inicia coerción para impedir la entrada. No importa si es para impedir la entrada de más de uno, más de dos o más de 17.000. Una barrera coercitiva es una barrera coercitiva. Una pistola es una pistola. A es A.

Debemos usar el término “monopolio” para describir exclusivamente un monopolio coercitivo. Es decir, un “monopolio coercitivo” es una redundancia.

Harry Binswanger

La columna de Carlos Federico Smith: acerca de los políticos pillos

En una reciente columna periodística, se mencionó lo siguiente: “Está también el profesional del nihilismo político o del estigma de la política para quien ‘todo político es un pillo y todo funcionario público, un incapaz’”.

Esa oración podría haber sido escrita como justificación de cualquier acción del Estado, con independencia de su bondad o conveniencia. Para ello se acude a un viejo truco, cual es quitarle legitimación a quienes se atrevan a formular críticas a los políticos, acudiendo a generalizaciones acerca de las razones que los puede motivar a hacerlas. Llamarlos profesionales del nihilismo o estigmatizadores de la política, sin parar en mientes acerca de si las críticas hechas a los políticos pueden tener fundamento, es tirar por la borda un gran principio que caracteriza a los órdenes democráticos, cual es la responsabilidad que, ante la ciudadanía, deben asumir los funcionarios públicos y los políticos por sus acciones y, por tanto, sujetarlos a las reglas de la crítica. Esa velada forma de censurar el pensamiento crítico, alegando que, quienes lo expresan, tienen su origen en infundios acerca de la moralidad de las personas, no puede conducir nada más que a promover el silencio ante el abuso posible del poder del Estado.

La afirmación comentada falla, al generalizar un comportamiento que el columnista no necesariamente puede probar que subyacen las intenciones de quienes critica. Adscribe conductas que el comentarista de marras no puede confirmar con hechos concretos. Lo haría si tal vez tuviera la capacidad divina de hurgar el ámbito moral y la conciencia de quienes se atreven a criticar a políticos y a funcionarios públicos. No conozco en nuestro medio a persona alguna que, de manera absoluta y general, haya afirmado que “todo político es un pillo” o que “todo funcionario, un incapaz”, como dice el periodista cuya opinión comento.

Yo suelo formular críticas al comportamiento de políticos, no porque considere que “todos” son unos pillos, al igual que también lo hago acerca de las conductas de funcionarios públicos, sin que los considere a todos unos incapaces. Al contrario, ambos suelen ser muy capaces de hacer las cosas a su manera y según sus intereses propios.

Alguien me dirá: ¿Y usted por qué se da por aludido? y posiblemente a partir de ello elucubrar acerca de lo que puede transitar por mi magín. Lo que en verdad deseo es exponer una posición liberal respecto al político y al funcionario público, no porque acepte que soy un “profesional del nihilismo político o del estigma de la política” y que por ello debería aprovechar para encontrar alguna justificación de mi comportamiento como crítico de la conducta de políticos y funcionarios públicos. No creo que esté en la mente de un columnista que presta atención a mis anotaciones –ni soñar con esas alturas intelectuales de los dioses olímpicos- como para que sentir que se me endilgan directamente conductas maledicentes o de mala fe, pero, por si acaso, tomo a pecho el comentario inicial de marras. En la vida siempre hay que tener mucho cuidado con lo que escriben ciertas plumas, no vaya a ser que prefieran tan sólo hacer insinuaciones, en vez de señalar quien es el que directamente afirma que “todo político es un pillo y todo funcionario público, un incapaz”. Por ello, lo mejor, creo, es dejar mis afanes muy claros.

A mediados del siglo XVIII, un connotado pensador liberal, David Hume, escribió lo siguiente:

“Los escritores políticos han establecido como máxima que, al concertar cualquier sistema de gobierno y fijar los diversos frenos y regulaciones de la constitución, debería considerarse a cada hombre como un pícaro que, en todas sus acciones, no persiguiese otro fin que el interés particular… Por lo tanto, es una máxima política justa la de que debemos suponer que todo hombre es un pícaro, aunque, al mismo tiempo, resulte un tanto extraño que una máxima falsa de hecho, haya de ser verdadera en la política. Pero, para convencernos a este respecto, podemos pensar en que los hombres, generalmente, son más honestos en su calidad de particulares que en su condición de personas públicas, y que se esforzarán más por servir a un partido que cuando no se trate más que de su propio interés privado.” (David Hume, Ensayos Políticos, San José, Costa Rica: Universidad Autónoma de Centro América, 1987, p. p. 103-4).

Como seres humanos que son, hay políticos honestos y deshonestos, al igual que hay funcionarios públicos capaces, en tanto que hay otros que son unos incapaces. Esa es la máxima verdadera de hecho a la que se refiere Hume. Lo que él, y muchos liberales después de él, enfatizan es la importancia de pensar que, a la hora del diseño de instituciones, como cuando se trata de “concertar cualquier sistema de gobierno y fijar los diversos frenos y regulaciones”, lo mejor es suponer que todo hombre es un pícaro, a fin de que puedan existir las mejores instituciones posibles –entre ellas el principio de la crítica- creadas por los seres humanos, que evidentemente nunca serán perfectas. La alternativa a esta precaución es la de pensar, como a menudo uno lo suele observar, que los políticos y los funcionarios públicos son unas criaturas especiales, a quienes no mueven intereses egoístas, sino sólo un altruismo en donde únicamente buscan el bienestar de la ciudadanía y no el propio. Hume nos advierte del error de creer que esos políticos y funcionarios públicos son ángeles a la hora de construir instituciones gubernamentales; en sencillo, en los asuntos públicos de gobierno.

Hume aconseja, además, que se tenga presente que esos hombres suelen ser más honestos en sus asuntos privados que en sus asuntos públicos, y que, en estos últimos afanes, el interés privado propio es siempre un gran motivador y empuje para su comportamiento observado. Esta idea no es extraña, sino más bien parte sustancial de la versión moderna de pensamiento político-económico conocida como la Teoría de la Elección Pública, la cual desmitifica la pretensión y creencia sostenida por algunos de que los políticos y los funcionarios públicos no son movidos por sus intereses propios. No hay nada malo en esto, excepto que se suele hacer un gran esfuerzo de parte de ellos para que se les vea como interesados en algún bien común etéreo, que nunca aparece definido, pues es imposible, y no de que actúan en el ámbito político y burocrático según los intereses propios que tienen en mente.

Lo cierto es que, tal como el individuo en el marco de los mercados al buscar su propio interés logra el beneficio de los demás, como nos lo explicaron Adam Ferguson y Adam Smith, en el caso de los políticos y los administradores públicos, si bien actúan también en función de sus intereses individuales, a veces se postula que en su actuar son movidos por un altruismo que en realidad se observa muy infrecuentemente. Tal como el individuo busca hacer máxima su satisfacción (en donde suele incluirse más allá del interés propio estrictamente hablando, y se suele incorporar el bienestar de su familia, de sus allegados y de sus asociados), al igual que en los mercados el empresario buscar hacer máximas sus ganancias, en el campo político y de la administración pública el objetivo de fondo puede ser la maximización del poder o de los votos, o de la riqueza personal obtenida gracias a su posición gubernamental.

Lo mejor es que, a la hora de los asuntos públicos, debemos seguir el consejo de Hume arriba mencionado y, agrega este servidor, más bien estimular la crítica constante al desempeño de los políticos y de los funcionarios públicos, que en última instancia son pagados por los dineros de todos los ciudadanos. No porque “todo político es un pillo y todo funcionario público, un incapaz”, sino porque la crítica a sus actuaciones en el campo público puede servir de freno al abuso del poder y, tal vez, para que con espíritu Popperiano puedan mejorar o enmendar errores.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: el Sistema de Banca para el Desarrollo es un fracaso

El Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) es un galimatías que nació muerto. En sus inicios fue pensado como un mecanismo para financiar e impulsar proyectos productivos, viables y factibles técnica y económicamente, pero que no eran sujetos de crédito por parte del sistema financiero tradicional. Con tremenda algarabía se aprobó en 2008 el SBD, sin embargo, desde entonces, no ha funcionado tal como se pensó, y hoy, duerme el sueño de lo justos, esperando una reforma en la Asamblea Legislativa, mientras los recursos se mantienen ociosos.

Desde 2008, el impacto el SBD ha sido mínimo. Los datos, así lo demuestran: desde su inicio repartió ¢68.000 millones (unos $133,3 millones) que se distribuyeron entre unos 4.300 beneficiados, entre créditos y avales. Dicha estadística, para el número de Pymes existente en Costa Rica, es insignificamente, pues quiere decir que impacta alrededor del 5% de la población empresaria del país.

En la actualidad el SBD cuenta con ¢256.000 millones que reúne en los tres fondos que lo nutren. No obstante, el Fondo de Crédito para el Desarrollo (FCD) no puede ser utilizado, al Fondo Nacional de Desarrollo (Finade) le quedan pocos recursos, y el tercero –el Fondo de Financiamiento para el Desarrollo (Fofide)– es administrado por cada uno de los cuatro bancos públicos, pero la Secretaría Técnica del SBD no puede asegurar que esos dineros estén siendo colocados bajo los criterios establecidos por la ley.

Pero además, se ha cuestionado la forma como se han venido administrando los recursos de los fondos del SBD. Al respecto, Ricardo Monge, quien elaboró en el 2009 el estudio Banca de desarrollo y Pymes en Costa Rica, ha señalado que “El SBD cayó en el gobierno anterior presa de presiones de grupos de interés que se habían beneficiado y que consideraban propios los fideicomisos que nutrieron el sistema”.

Y es que resulta simplemente sorprendente el manejo que ha tenido el Fondo de Crédito para el Desarrollo, conformado por el 17% de las captaciones de los Bancos Privados, también denominado como peaje bancario. En la actualidad, esos recursos no pueden ser utilizados debido a que, de hacerlo, debilitarían los indicadores financieros de la entidad que los administra.

Así las cosas, el dinero que ha permanecido ocioso por tres años representa el 25% del patrimonio de todos los grupos financieros que operan en el país. En perspectiva, estos recursos alcanzarían para construir cuatro Estadios Nacionales y podrían otorgarse, con él, 2.700 créditos por ¢65 millones cada uno, el monto máximo que es permitido asignar a un préstamo en el SBD.

Pero no. Una vez más, la realidad demuestra la veracidad de aquella frase que reza: "el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones". Una vez más, la realidad demuestra que los políticos que creen que pueden resolver el mundo a punta de leyes, basados en la ocurrencia y no en el análisis serio y racional de los problemas, están muy equivocados. Una vez más, la realidad nos da la razón con respecto a las intervenciones gubernamentales: siempre generan más problemas de los que pretenden resolver.

El SBD es la crónica de un error anunciado, que muestra cómo el manejo político de los recursos económicos nunca genera buenos resultados. Miles de millones de colones que podrían ponerse a disposición de los costarricenses no pueden ser utilizados por el error en el diseño de un sistema que nació muerto, y que no parece tener una solución inmediata.

Esas son las consecuencias de la intervención estatal, intervención que algunos grupos piden a gritos para salir de la crisis económica. Pues bien, amigos lectores, saquen sus propias conclusiones.

Viernes de Recomendación

El profesor Jesús Huerta de Soto nos explica en este video qué es la Escuela de la Elección Pública, y cuáles son sus implicaciones.

Flash Legislativo

El día de ayer, la Asamblea Legislativa archivo el expediente Nº 17.900 que pretendía habilitar la técnica de la fecundación in vitro (FIV). A pesar que en ASOJOD defendemos los derechos individuales, en este caso, los sexuales y reproductivos y consideramos que el Estado costarricense erró olímpicamente cuando, en el año 2000, la Sala Constitucional prohibió la FIV valiéndose de argumentos puramente religiosos -origen de la vida basada en la concepción católica-, lo cierto del caso es que, entratándose de este proyecto en particular, más bien celebramos su entierro.

Por supuesto, no faltaron los amigos de la doxa y de los pronunciamientos aventurados e irresponsables-como los publicados en el foro de La Nación y en varias redes sociales- que culpan a la Asamblea Legislativa sin conocer, a profundidad, el contexto. La verdadera responsabilidad de que los costarricenses veamos atropellado, una vez más, un derecho individual no debe recaer, por esta vez, en el Congreso, sino en el Poder Ejecutivo.

El proyecto de ley que envió el Gobierno era sencillamente absurdo. Independendientemente de las posturas religiosas que asumieron algunos legisladores para oponerse, la iniciativa tenía serios gazapos jurídicos y económicos, como lo es obligar a la Caja a financiar la técnica. Tal como lo hemos denunciado con otros casos -como el de la Viagra-, los estatistas encuentran cómodo poner al ciudadano como el pato de la fiesta, obligándolo a pagar de su bolsillo la atención médica y los procedimientos de otros, lo cual es inaceptable.

Además, sólo permitía la técnica para parejas casadas, excluyendo de la posiblidad a las personas en unión de hecho o cualquier otra modalidad de convivencia. Por si fuera poco, pretendía limitar excesivamente la transferencia embronaria heteróloga, mejor conocida como donación de un tercero desconocido para la pareja o para la mujer, con lo cual se restringe el derecho de las mujeres solas a procrear. También obligaba a los pacientes a practicarse una infinidad de exámenes que le permitieran al Estado verificar que eran aptos o no para acceder a la FIV.

Enhorabuena que esta iniciativa tan mal planteada fue archivada. Ella representaba esa costumbre tan arraigada en el político costarricense de hacer todo a la carrera, con base en ocurrencias y sin ninguna seriedad y, mucho menos, previsión de las consecuencias nefastas que traerá. Por primera vez en mucho tiempo, los Diputados tomaron una decisión responsable y sensata, evitando dejarse llevar por las pasiones y las presiones mediáticas.

En ASOJOD estamos a favor del derecho de cada quién a decidir sobre su cuerpo y vida y esperamos que pronto existan otras iniciativas para permitir la FIV como lo que es, un derecho individual, sacando al Estado de la excesiva reglamentación y, especialmente, evitando que todos los demás ciudadanos tengamos que pagar por los procedimientos. En lo que no estamos de acuerdo es en una iniciativa que traslade costos coercitivamente a los ciudadanos, que restrinja el derecho de reproducción de los individuos y que entrometa al Estado en el proceso. Esas, precisamente, eran las características del expediente Nº 17.900.

La columna de Carlos Federico Smith: de nuevo con la Curva de Phillips

Los economistas solemos referirnos a la Curva de Phillips para dar a conocer una supuesta relación inversa entre la inflación y el desempleo. Esto es, a la idea de que un desempleo alto se encuentra asociado con una inflación baja y que una inflación alta, lo está con una desocupación baja. Esa supuesta regularidad empírica es lo que se conoce como Curva de Phillips, nombrada así por un economista inglés de mediados del siglo pasado.

Por muchos años hubo economistas quienes, basados en la Curva de Phillips, señalaron que, ante un desempleo considerado alto por las autoridades económicas, se podría optar por inflar la economía (esto es, una mayor inflación) a fin de reducir la desocupación. Muchos de los encargados de definir las políticas económicas de los países si vieron enfrentados a escoger entre dos males: la inflación y el desempleo. La decisión usual fue preferir lo que consideraron como el menos malo (¡no me refiero a ningún candidato político!). Mucha de esa escogencia fue simplemente el resultado de un cálculo político: los votantes desocupados suelen votar en contra del gobierno por no generar suficientes empleos, en tanto que la inflación muy a menudo es atribuida a cualquier cosa menos a la emisión excesiva de los bancos centrales de los países, con lo cual los gobiernos de turno se lavan las manos por su responsabilidad inflacionaria.

Con este panorama enfrente, quedó servido el menú para los políticos y economistas. Debían escoger lo que consideraban era lo menos malo y, si elegían a la inflación como su preferida (supuestamente asociada con un desempleo más bajo) siempre podrían echarle los muertos de ese mal a algún otro personaje distintos de sus bancos centrales, personajes que han desfilado en distintos capítulos de la historia económica de diversos países, como es el caso de los árabes, los petroleros, el mal clima, las malas cosechas, la extinción de anchovetas en el Océano Pacífico peruano o lo que fuere.

Ejemplo de los problemas que se derivan de utilizar la Curva de Phillips para el manejo económico de los países, lo vivimos aquí cerquita: en la administración Carazo, en ocasión del discurso presidencial de don Rodrigo ante la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 1982, se nos dijo lo siguiente: puesto “a escoger ante la ausencia de acción legislativa, entre la inflación y el desempleo, se escogió entre ambos males el menor, la inflación y la paz social se ha mantenido, esto indica que la decisión fue acertada”. Pero la verdad ¡tristemente! se evidenció luego. El país terminó en ese año con una inflación enorme y el mayor desempleo de los últimos tiempos. La decepción de los ciudadanos fue evidente: terminamos con mayor inflación y mayor desempleo; no era cierto que se podía escoger una mayor inflación para bajar el desempleo, como nos lo decían los seguidores de la curva de Phillips.

Este panorama no sólo se presentó en Costa Rica. Algo similar sucedió con la Administración Carter en Estados Unidos, país en el cual se tuvo simultáneamente una de la mayores tasas de desempleo (un 7%) con una de la más elevadas tasas de inflación (13.5%). Se concluyó con en una economía en que había una simultaneidad del desempleo y la inflación, cuando se aseveraba que se podía optar entre esos dos males.

Los políticos de entonces ya habían empezado a descubrir la verdad. James Callaghan, Primer Ministro inglés, en un discurso que pronunció en setiembre de 1976 en la conferencia de su Partido Laborista, dijo: “Solíamos pensar que se podía pagar la salida de un depresión e incrementar el desempleo, reduciendo los impuestos y aumentando el gasto público. Les digo con todo el candor que esa opción ya no existe y que si existió alguna vez, sólo trabajó inyectando una dosis mayor de inflación en la economía, seguida por un nivel más alto de desempleo. Esa es la historia de los últimos veinte años.” Se acabó así el cuento de que altas tasas de inflación estaban asociadas con bajas tasas de desempleo y que bajas tasas de inflación estaban ligadas con altas tasas de desempleo.

Un importante teórico monetario, Milton Friedman, en su discurso en ocasión de recibir el Premio Nobel en Economía, en Estocolmo, Suecia, el 13 de diciembre de 1976, le dio el golpe de gracia a los proponentes de la Curva de Phillips, cuando señaló que, “desafortunadamente para esta hipótesis, la evidencia adicional fracasó en conformarse con ellas (que existía una elección y una opción apropiada entre inflación y desempleo). Más importante, la tasa de inflación, que parecía ser consistente con un nivel específico de desempleo, no permaneció fija… tasas de inflación que previamente habían sido asociadas con bajos niveles de desempleo, fueron experimentadas junto con altos niveles de desempleo. El fenómeno de la simultaneidad de alta inflación y alto desempleo se impuso por él mismo en las noticias profesionales y públicas, recibiendo el triste nombre de ‘estanflación’.” (El paréntesis es mío)

Pero a veces parece que cuesta que las malas ideas mueran del todo. Esto es frecuente en la historia del pensamiento económico, en donde cosas que se han demostrado como incorrectas, renacen de pronto con renovado vigor, hasta que una vez más se muestre que están equivocadas. La vigencia de la llamada curva de Phillips y que se apele a ella para la prosecución de políticas monetarias expansionistas en Costa Rica son parte de esa resistencia a la desaparición de las malas ideas. Se ha vuelto a señalar que, ante las actuales circunstancias de la economía costarricense, “con metas de inflación flexibles… el Banco Central anda buscando dos cosas: una meta de inflación pero anda buscando también algo que tiene que ver con producción y empleo.”

El punto clave es si es posible para el Banco Central lograr como meta una reducción del desempleo (también definido como un estímulo para aumentar la producción) aunque para lograrlo tenga que sacrificar su objetivo de una tasa de inflación baja. La propuesta antes indicada lo que nos dice es que es posible que el Banco Central de Costa Rica sacrifique un poco su meta de una baja inflación para lograr con ello una meta de un mayor empleo y crecimiento económico, como si eso fuera posible.

Me atrevo a vaticinar que una “apertura de piernas” del Banco Central en cuanto a su meta de una baja inflación; esto es, que aumente la emisión monetaria, sólo dará campo para que le metan un “golazo entre-piernado”, porque de las cosas más difíciles de echar para atrás –lo pueden confirmar muchísimos banqueros centrales- es que, una vez que se abren las compuertas para la inflación, se puedan cerrar fácil e indoloramente.

Alguien podría tener en mente provocar que haya una “inflacioncita”, chiquitica, como para que con ella se estimule el crecimiento sin que crezcan mucho los precios –algo así como echarle una engañadita a los ticos- pero no creo que tal arte, más propio de taumaturgos, pueda tener éxito, porque los agentes económicos suelen incorporar en sus decisiones las expectativas inflacionarias originadas en las decisiones del Banco Central. Rápidamente los mercados detectarían el carácter inflacionario de las nuevas medidas del Banco Central y con base en ellas ajustarían sus expectativas ante el crecimiento futuro de los precios, abortando el esfuerzo del Banco por engañarlos con ilusiones monetarias.

Dado lo anterior, terminaremos con algo más de inflación (aunque sea chiquitica, que me imagino es lo que tiene en mente el proponente), pero sin que se dé por ello un aumento en la producción real de la economía (y una caída en la desocupación). Ciertamente podría ser que, por alguna otra razón, tal vez un fuerte incremento en la demanda externa de nuestra producción, se presente un alza en la actividad productiva doméstica, pero es por dicha razón que se logra ese objetivo deseable, pero no a causa de una expansión monetaria. De no ser por un factor positivo externo o algo similar a éste, se podría creer que algún sabio banquero central habría encontrado una especie de piedra filosofal económica: Que era posible expandir la producción simplemente emitiendo más dinero y eso, que yo sepa, no se ha visto en ningún lado hasta el momento. Puede verse, por ejemplo, lo que está sucediendo con la enorme expansión monetaria en los Estados Unidos, en donde el desempleo no disminuye, la producción crece muy, pero muy, lentamente y posiblemente en cierto momento el problema inflacionario se tornará presente.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: la corrupción como descrédito de la política

En las recientes semanas han salido a la luz pública varias noticias que ilustran la descomposición ética que existe entre las diversas personalidades que se han dedicado a la función pública.

Tenemos el caso de 29 Diputados que han solicitado que el GPS -que sirve para localizar en donde se encuentran los carros que utilizan- les sea removido de sus vehículos. Según dichos Diputados, el referido instrumento tecnológico atenta contra la dignidad de sus cargos. De igual forma, 5 Diputados solicitaron un aumento de su pensión de Educadores, con base al último sueldo que han recibido (este es el de la Asamblea Legislativa). Como se ve, el pudor no es algo que conocen estos padres de la patria. Por último, pero no por ello menos importante, se encuentra el paseíto de amor que se dio el Presidente de AyA por México con una subordinada y con fondos públicos.

Todo esto sirve para insistir en la importancia de las apariencias para la legitimación del sistema. No basta muchas veces con obrar apegados a la norma (igual este no es el caso), sino que es necesario hacerlo con decoro y dignidad. Además, es fundamental que los “peers” de estos funcionarios sean un mecanismo efectivo de presión de grupo. Es increíble como ante estos casos tan descarados y desvergonzados, no han existido condenas vehementes por parte de sus compañeros, ya sea de fracción o de gobierno.

Igualmente, se requiere activar los comités de ética de los partidos políticos, dándoles un peso real dentro de la estructura partidaria. La ciudadanía demanda, con razón y justicia, el manejo transparente de los dineros que le son confiscados coactivamente a través de los impuestos. Por ello es tan importante que, dentro del sistema, existan soluciones institucionales reales y efectivas para castigar y separar aquellos que, con sus actuaciones, no solamente causan un daño pecuniario, sino un daño aún mayor: el descrédito de la política.

No se trata de un moralismo mal entendido como lo hace el PAC. Se trata de la más básica responsabilidad y el más sencillo respeto a reglas de convivencia y actuación que le permitan a los ciudadanos seguir confiando en sus representantes. No olvidemos que es desde el desprestigio de la política que han surgido personajes mesiánicos estilo Chávez como ungidos salvadores de la transparencia en la función pública.

Como, desgraciadamente, esos remedios suelen ser peor que la enfermedad, es mejor tomar las previsiones del caso para evitar su aparición.

Jumanji Empresarial

En este video se muestra la superficialidad de muchos a la hora de abordar los temas ambientales, desgraciadamente el ambiente se ha convertido en un slogan e instrumento político.

La columna de Carlos Federico Smith: tres comentarios sobre temas públicos

En esta oportunidad deseo referirme brevemente a tres temas que tienen que ver con el interés público y que reflejan el comportamiento de gobiernos y políticos que a muchos ciudadanos no nos parece, aunque a esos políticos y gobernantes ello parezca importarles poco.

El primero tiene que ver con la contaminación que ha afectado la zona en que opera la refinería de RECOPE en Moín. Molesta no sólo el hecho de que por mucho tiempo el problema se le ocultó a la ciudadanía –los que no importan- así como a las propias entidades gubernamentales que tratan de asuntos de salud y medio ambiente. Si no hubiera sido porque empleados de RECOPE divulgaron el daño, estaríamos en penumbras y, sobre todo, continuado el derrame de combustibles en el sitio. También me molesta que, si ese descubrimiento se hubiera dado en una operación privada, tal como por ejemplo ha sucedido con bombas de gasolina en San Antonio de Belén y en la Zona Norte, de inmediato los celosos guardianes del buen medio ambiente, hubieran procedido a cerrar las operaciones para detener el daño en proceso. No es así en el caso de RECOPE, posiblemente por no tratarse de una empresa privada, sino de una propiedad del mismo Estado que, en el caso de terceros, sí habría actuado de inmediato.

El segundo tema se refiere al informe presentado por los Diputados de Liberación Nacional de la comisión legislativa que se encargó de investigar lo sucedido con la carretera a Caldera. Una frase célebre de ese informe merece ser rescatada del basurero de la politiquería: “la inauguración anticipada de la vía a Caldera fue un experimento para comprobar si esta tenía fallas.” Sólo se me ocurre pensar que tal cosa se habría dicho si fuera escrita por algún servil que debe obedecer los mandatos de su dueño y patrón, para justificar cualquier idiotez que a este se le hubiera ocurrido hacer. No lo puedo entender de otra manera, porque tengo entendido que los Diputados gozan del uso de la razón, como para poder darse cuenta que los muertos, heridos y afectados a partir de la “inauguración” y puesta a funcionar de esa carretera aún sin terminar, fueran cobayas utilizadas en experimentos de laboratorio. Jamás se podría poner a operar un aeropuerto si la pista de aterrizaje no estuviera concluida y probada de que resiste el peso de un avión. Nunca se pondría en operación una cárcel si no se ha comprobado su seguridad. No es posible poner a funcionar una represa hidroeléctrica si no se le ha sometido a resistencia de la masa de agua que frena. Tal tontera está allí, en el informe de marras. Para proteger a algunos políticos que hicieron muy, pero muy, mal las cosas, no les ha importado señalar que los ciudadanos debemos ser tomados como conejillos de Indias a la hora de probar si una carretera funciona bien o no. El descaro exhibido por esos Diputados “leales” y capaces de escribir lo que escribieron, cada vez más me obliga a pensar en la necesidad de terminar con esa práctica nefasta de elegirlos por listas, en vez de serlo por personas. Porque lo que se demuestra es que, detrás de algunos primeros buenos, les siguen unos segundones capaces de cualquier cosa.

Finalmente, como tercer tópico público de actualidad, deseo comentar lo sucedido con el viaje de un alto funcionario de una entidad estatal a otro país, presuntamente en compañía de una damita. El problema para mí de ninguna manera reside en la conducta privada de ambos funcionarios gubernamentales. No me interesan sus asuntos personales. Allá cada cual con lo que desea hacer, en tanto con ello no dañe a terceros con sus acciones. El problema está en si, para satisfacer sus pasiones privadas, utilizaron y manipularon recursos públicos. Aquí sí me interesa el asunto, pues como ciudadano pago los servicios que esa entidad estatal me brinda, dentro de cuyo precio obviamente se encuentran incluidos los salarios, viáticos, gastos de viaje, gastos de representación, pago de hoteles, y cualquier otra cosa asociada con esos periplos, entre otros. Por lo tanto, podría estarse en presencia de un uso indebido de recursos públicos, por lo que me imagino que, con la celeridad que la caracteriza, la Contraloría, encargada de investigar estas cosas, ha de haber recaudado ya toda la documentación necesaria y pruebas adicionales de ese viaje, incluyendo documentación públicamente expuesta en Internet que narra aspectos de la gira educativa. No debe permitirse que la conducta de algunos funcionarios empañe el buen deseo de doña Laura de impedir cualquier tipo de conducta incorrecta en su administración. Por ello, estoy seguro que pronto, en este mismo sentido, el gobierno actuará responsabilizando económica, civil y penalmente a todos los involucrados en el desmadre de la carretera a Caldera.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: el ambiente, nueva bandera del colectivismo

Ayer se celebró el Día Mundial del Ambiente, espacio que muchos utilizaron para replantear ideas a cerca del modelo de desarrollo que sigue la humanidad y que, por supuesto, nos motiva en ASOJOD para hacer algunas reflexiones importantes.

Para nadie es un secreto que el tema ambiental se ha convertido en la preocupación de grupos considerables de personas desde hace décadas, pero que ha tomado fuerza en los últimos años, especialmente por agrupaciones antiglobalización y anticapitalismo. Se ha convertido en su bandera para criticar a un sistema que, según ellos, fomenta el consumo egoísta y es indiferente ante la problemática futura que las presiones productivas generarán sobre los recursos naturales.

Por supuesto que hay individuos y grupos con preocupaciones legítimas, cuyo interés en proteger el ambiente es loable y actúan en consecuencia, dejando de consumir cosas que puedan generar contaminación u obligando a los empresarios, mediante el poder que les da el mercado de votar con su dinero, a utilizar métodos más amigables con el ambiente. Pero estos son "defensores buenos del ambiente" los menos y, lamentablemente, cada vez son más atraídos por los grupos que pretenden utilizar la bandera ecológica para un proyecto político diferente: el colectivismo.

Gracias a esa bandera -tan políticamente correcta- estos grupos han adquirido fuerza y aprovechado para impulsar importantes limitaciones a la propiedad privada, restricciones de gran magnitud a los derechos individuales y aumentar la intervención estatal, asumiendo que sólo mediante una socialización de los bienes se podrá evitar la "tenebrosa" estrategia de los empresarios para hacerse con toda la riqueza en perjuicio de los recursos naturales que necesitarán las futuras generaciones.

Por ello, no ha sido extraño encontrar peticiones para frenar la construcción de plantas generadoras de energía, de minas para extraer material, de papeleras y de cuanta actividad productiva de gran escala se pueda imaginar. Pero el asunto no ha acabado allí: también han aparecido quienes pretenden paralizar cualquier actividad que genere impacto ambiental -como si alguna actividad humana no generar ese impacto- en pos de proteger el ambiente.

En el caso costarricense, la protesta contra ALCOA en los 70 y el reciente parangón con Crucitas, así como la gran cantidad de proyectos que circulan en la corriente legislativa, muestran que la cosa va en serio, máxime con el apoyo decidido que le han dado diferentes gobiernos a lo largo de los años, pasando de vender a Costa Rica como un país ecológico a llevarlo al despeñadero que llaman "carbono neutral".

No nos malinterpreten: apoyaríamos alcanzar metas de carbono neutralidad y de conservación si estas fueran resultado de un proceso de mercado, es decir, si los consumidores valoran tanto el ambiente como para, con sus decisiones, transmitirle a los empresarios que están dispuestos a pagar por ello. Sin embargo, el camino por el que han transitado los gobiernos ha sido diferente: haciendo uso de su intervencionismo, a fuerza de tambor prohibiendo actividades como la minería u obligando a las empresas a descontinuar materiales sin pensar en los costos que esto acarreará. También lo han hecho imponiendo restricciones a la propiedad privada, con el famoso "uso de suelo" y con el cuento de la jurisprudencia constitucional que el ambiente y los derechos difusos tienen más validez, en la práctica, que la protección de la propiedad, razón por la cual es legal imponer las limitaciones que se han aplicado.

Lo peor de todo es que el número de personas que ve con buenos ojos este tipo de políticas, cada vez es mayor. Los gobiernos nos llevan por el camino de servidumbre, como lo había explicado hace años Friedrich Hayek, y las personas lo vitorean. Medios de comunicación, académicos, políticos y ciudadanos comunes y corrientes se han sumado a estas pretensiones, pasando de preocupaciones y esfuerzos válidos para defender lo que ellos valoran como un bien, a medidas coercitivas con las que los colectivistas pueden imponer sus valores sobre los de los demás.

Por eso, en ASOJOD hemos asumido una posición tan clara contra el ambientalismo del siglo XXI -usando un término afín al movimiento político del mismo nombre-, pues se ha convertido en la ruta perfecta para que los colectivistas logren, mediante la coerción, sus objetivos.

Nosotros hemos defendido, y lo seguiremos haciendo, que el único medio posible para lograr la conservación del ambiente -si ese es el fin de estos grupos y no un medio para su proyecto político como realmente pensamos- es estableciendo derechos de propiedad sobre él. Sólo cuando la gente pueda decidir, en función del valor subjetivo que le asigne al ambiente, si destina sus recursos para protegerlo porque lo valora más que lo que está perdiendo, entonces podrá conseguirse la meta tan ansiada por algunos. Sólo dejando al mercado funcionar, buscando y encontrando soluciones completamente privadas y cooperativas, el medio ambiente podrá gozar de una protección duradera.

No se vale vender espejismos como la carbono neutralidad en un país que se rehúsa a dejar que los individuos tomen esa decisión. No se vale cuando el Gobierno nos apreta el cuello con restricciones vehículares, cánones de vertidos, usos de suelos, etc. y el transporte público es el más contaminante o los proyectos del ICE son los que mayor impacto causan sobre el ambiente, al tiempo que se le niega al sector privado la posibilidad de incursionar en áreas donde puede encontrar mejores soluciones que las públicas.

Politizar la conservación del ambiente es tan peligrosa como emitir gases contaminantes o utilizar materiales que no se degradan, pues ello equivale a abrirle las puertas al colectivismo, donde el individuo -y sus derechos- no existen como tales, sino como medios para que un fin difuso y impersonal sea alcanzado.

En este Día Mundial del Ambiente debemos reflexionar acerca de la ruta por la que nuestro país está transitando: una ruta que coincide con la agenda colectivista donde sacrificaremos todos nuestros derechos actuales y de las futuras generaciones por un proyecto político en donde sólo se necesitan esclavos trabajando para la meta que un planificador central decidió como "meta nacional".

Viernes de recomendación

En esta ocasión, queremos compartir con ustedes un breve pero extraordinario ensayo de Frederic Bastiat titulado "El Estado", que debería poner a reflexionar a todos aquellos que pasan tejiendo utopías y encargan de su realización a ese todo difuso e indeterminable que es el Estado, aquellos que quieren vivir a costa de él pero que olvidan que, al final, él vive a costa de los ciudadanos.

Jumanji empresarial: la paranoia es buena

“Viví. Morí. Ahora déjame en paz”, eso es lo que quiero que ponga mi tumba.

¿Qué tengo que esconder? ¡Todo! Lo que equivale a decir: todo lo que reclames saber de mí es algo que no quiero decirte.

La privacidad es el medio más eficaz de preservar la libertad contra un Estado invasor. La privacidad se basa en la suposición de que (en ausencia de evidencias concretas de maldad) un individuo tiene derecho a cerrar su puerta y decir a otros (incluido al Gobierno) que se ocupen de sus asuntos. Es una presunción de inocencia. Es asimismo la piedra angular de la sociedad civil.

El acto de cerrar tu puerta en las narices expresa la distinción clave entre las esferas pública y privada. La esfera privada consiste en las áreas de la vida en las que un individuo ejerce autoridad y en las que no es apropiado que el Gobierno y otras partes no invitadas se introduzcan; tradicionalmente, el hogar o la familia se consideraban el ejemplo principal de la esfera privada. Así, históricamente, la privacidad ha permanecido como un baluarte entre el individuo y el gobierno, entre la libertad y el control social.

No sorprende que la privacidad este bajo un ataque fiero y sostenido.

El totalitarismo requiere información total y el Gobierno actual está resuelto a alcanzar una identificación completa de todos, realizando un inventarios de pertenencias a gravar y controlar: identificador nacional, biométrica, “¡sus papeles, por favor!”

Parece que en cada encrucijada se no pide rellenar un formulario, responder a preguntas invasivas, entregar nuestros bolsos para revisarlos, callar o hablar siguiendo órdenes y levantar los brazos para que nos cacheen.

En su libro Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, James C. Scott comentaba el papel protagonista de una forma de inventario (los datos del censo) en la aparición del estado moderno:

Si imaginamos un Estado que no tenga medios fiables para enumerar y ubicar a su población, promover su riqueza y mapear su territorio, recursos y asentamientos, estamos imaginando un Estado cuyas intervenciones en esa sociedad son necesariamente rudimentarias.

Adquirir datos no solo facilitaba “un sistema impositivo y de reclutamiento con un ajuste más fino”, sino asimismo permitía el Estado intervenir eficazmente en toda la sociedad. A más datos, más eficaz la intervención.

Para facilitar su eficacia, el Estado necesita eliminar la competencia y luego ordenar un monopolio en la producción de identificadores aceptables. Después de todo, un identificador no solo sirve como una herramienta de ingeniería social: también tiene funciones válidas de las que se ocuparía inmediatamente un mercado libre (y lo haría mucho más eficientemente). La identificación ofrece autenticación para herencias y títulos de propiedad, certifica que la gente tiene habilidades, por ejemplo para realizar una cirugía torácica, y documenta autorizaciones como derechos de accesos a edificios o cuentas bancarias.

El Estado no prohíbe necesariamente dicha competencia, sino que muestra su músculo en el monopolio de la identificación de varias maneras. Por ejemplo, aplica leyes contra la “falsificación”: la sanción actual por falsificación de pasaportes o visados es de diez años en caso de primer delito, si no está ligado a terrorismo o tráfico de drogas. Pero el arma más poderosa para aplicar este monopolio es que el Gobierno ha hecho de la identificación emitida por el Estado una condición de facto para actuar en la vida diaria. En esencia, el Estado y su documentación se han convertido en la única forma para que una persona “demuestre” su identidad y, por tanto, acceda a servicios vitales (incluso no públicos).

Los “no identificados” no pueden subir a un avión o un tren, ni conducir un coche. No pueden abrir una cuenta corriente, cobrar un cheque, tomar un empleo, acudir a clase, casarse, alquilar un vídeo (no digamos un apartamento) o comprar una casa. Los no identificados son ciudadanos de segunda clase a quienes el Gobierno les cierra buena parte de la vida y casi todas las oportunidades de mejorar. Entretanto, los “identificados” son vulnerables a que se bloqueen sus cuentas corrientes, se les niegue el acceso a la atención sanitaria, se les cancelen sus tarjetas de crédito, se les embarguen los salarios, se revisen sus historiales y están sujetos a montones de otras invasiones que provienen del gobierno que sabe exactamente dónde y cómo encontrarles.

Quienes se resisten a ser inventariados representan un problema para el Estado. La primera línea de ataque es acusarlos de ser “sospechosos”, es decir, de tener razones criminales o vergonzantes para rechazar responder preguntas.

“Si no tienes nada que ocultar…” empieza la cita, y siempre termina con una reclamación de cumplimiento. Invocar la privacidad ha pasado de ser un ejercicio de un derecho a ser una indicación de culpabilidad.

Es un juego de manos por el que la privacidad se redefine como “ocultación” o “secreto”; por supuesto, no es ninguna de ambas cosas. Al tiempo que permite la libertad, la privacidad es parte de una vida sana y reflexiva.

Consideremos un ejemplo: Desde la infancia, he llevado un diario en el que incluyo mis esperanzas, dudas, desengaños y deseos. Cuando lo leo, aún puedo sentir íntimamente quién era con diez años y esto me permite entender quién soy hoy. No comparto estos diarios, no porque me avergüencen, sino porque son personales. Son solo para mí, para mis ojos, para mi reflexión, y para nadie más.

Todos tenemos áreas de completa privacidad a proteger. Hay gente que lleva medallones con fotos de parientes muertos, otros sueñan con un amor prohibido, otra gente echa el pestillo cuando disfruta de un baño de burbujas o, tal vez, escribe una carta de amor que está destinada solo a otros ojos. Estos actos dibujan una línea entre la esfera privada y pública, constituyen una frontera que ningún otro ser humano puede tener derecho a cruzar sin ser invitado.

Si un vecino leyera las cartas de tu buzón o se dedicara a copiar los depósitos en tu libreta de ahorro, te sentirías violentado e irritado. Lo que es incorrecto que haga tu vecino es también incorrecto que lo haga el gobierno, porque solo hay un patrón de moralidad. Cierre la puerta en las narices a quien diga otra cosa.

Wendy McElroy