viernes, 29 de julio de 2011

Viernes de recomendación


Para este viernes de recomendación, queremos compartir con ustedes un texto escrito por Luis Loría, Presidente de la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE), titulado "La Reforma Tributaria pendiente: consideraciones para el diseño del Sistema Tributario", donde se aportan contundentes elementos que demuestran que no hace falta aumentar los impuestos -como pretende el Gobierno- y que, de hacerlo, sus efectos serían nefastos para la generación de riqueza, prosperidad, empleo y oportunidades. Por el contrario, el libro presenta una serie de consideraciones necesarias y oportunas para modificar el sistema tributario costarricense, en aras de lograr dinamizar la actividad económica y permitirle a los individuos conseguir mejorar su situación de vida.

martes, 26 de julio de 2011

La columna de Carlos Federico Smith: una huelga tan sólo suspendida


Este sábado 23 de julio se llegó a un acuerdo entre las autoridades de la Caja y los huelguistas para suspender el paro sindical. Esto era previsible, dada la debilidad gradual que fue mostrando la huelga, por lo que ahora resulta ser interesante comentar si, con su terminación, acabarán los problemas con la Caja.

Por un asunto personal durante las últimas semanas he tenido que ojear diversas periódicos desde 1973 en adelante, día a día en lo posible, dada la limitación de la información que los medios han mantenido, en algunos casos con total ausencia de recopilación, en otros por sólo para algunos años y muchas veces en mal estado por fallas en su presentación. El mejor de los casos –y eso es mucho decir- es el periódico La Nación, aunque lamentablemente no tiene un sitio electrónico que almacene adecuadamente sus publicaciones, pues, por ejemplo, omite el período 1991-1994 incluidos y, el que sí mantiene, que va de los años 1946-1991, está lleno de vacíos; como por ejemplo meses para los que no conserva registro, al igual que para muchos días específicos, y todo en una presentación fotográfica que impide hacer un buen y apropiado uso de los documentos así guardados. Bueno, por supuesto que ese periódico no tiene la obligación de conservar bien su historia.

En todo caso, al desfilar por esa rica información, pude darme cuenta cómo cada cierto tiempo se presenta un huelga en la Caja y siempre por las mismas razones, aunque se difiera en los detalles. Los huelguistas siempre alegan defender la Caja , que el Estado pague su parte correspondiente, que los médicos no son debidamente retribuidos y que por ello se debe acudir a arreglos especiales, como jornadas extraordinarias que tienen un elevado costo y, por supuesto, aparecen los sindicatos de ciertos grupos de empleados que se pueden definir como de soporte a los servicios médicos, tales como el de lavandería, el de auxiliares de cuanta cosa hay, el de quienes preparan la comida para los pacientes, el de guardas, que siempre alegan que no se tiene suficientes recursos, que en cristiano significa más plata para ellos.

Todas esas huelgas han concluido en arreglos, que siempre se han traducido en un gasto siempre creciente. Las pocas veces en que ha mejorado la situación financiera de la Caja es cuando el gobierno le ha trasladado plata de todos nosotros, bajo el cuento de que es parte de un “aporte” a que está obligado el gobierno o bien porque se ha terminado por aumentar las cuotas obrero-patronales.

Me pregunto. ¿Será esta vez más de lo mismo? ¿Se seguirá la práctica del “después se verá”, en cuanto a la necesidad de asegurar la supervivencia de la Caja a mediano plazo? ¿Se pondrá orden en ciertas cosas que es posible y necesario lograrlo pronto, en tanto que se definen políticas que requieren de amplio análisis acerca de su razonabilidad y viabilidad en un futuro no tan cercano, pero siempre relativamente pronto?

Es a esto a lo que quiero referirme. En primer lugar, la huelga nació débil y este langor fue creciendo conforme avanzaban los días. Por ello fue posible lograr que el no pago de los días no laborados fuera efectuado en dos partes. Creo que si el gobierno no hubiera sido firme en su posición de “no trabajo, no pago”, hubiera mandado una señal de mayor debilidad en su posición, alentando futuros movimientos que ya se gestan y que vendrán, tengan o no mayor justificación que este recién pasado.

En segundo lugar, hay algo de “después se verá” en lo acordado para que concluyera la huelga. Por ejemplo, debido a la limitación de la Caja para seguir pagando ese privilegio a sus trabajadores ante el pronunciamiento de la Procuraduría, por el cual ya no se puede considerar el pago de incapacidades como un salario, sino como un subsidio y, por tanto, no pueden formar parte ni del treceavo mes, la pensión, el salario escolar y las prestaciones, las partes acordaron buscar alternativas para las contribuciones al régimen de pensiones de los empleados de la Caja. Pero, como advirtió la presidenta ejecutiva de la institución, Dra. Balmaceda, sin que implicara costos extra para la Caja. Ni tampoco para el resto de los costarricenses, obreros y empresarios, agrego yo.

También en ese diletantismo se acordó crear una comisión que evaluara las obligaciones del estado y de los patronos. Por supuesto que quienes están obligados a pagar, como patronos y trabajadores, deben de pagar lo que deben. Ya el Ministerio Público dijo que investigaría la morosidad con la Caja, que estoy seguro traerá resultados positivos para las finanzas de la Caja y la legalidad de las cosas. Pero un hecho distinto es el de la obligación que el Estado mantiene con la Caja. La regla ha sido que el Estado le dé “papeles”; esto es, bonos que devengan intereses, para ir cubriendo su deuda con la Caja. Pero la verdad es que, primero los intereses, son fondos que deberán ser cubiertos con los impuestos y contribuciones que toda la ciudadanía le entrega al Estado, por lo que, en última instancia, seremos los ciudadanos físicos y legales (empresas) quienes terminaremos pagando esos intereses.

Lo mismo con el principal del bono a su vencimiento: de nuevo la ciudadanía tendrá que entregar recursos al Estado para cubrir ese pago (a no ser que el Estado irresponsablemente, como siempre ha hecho, decida echar a la calle una nueva emisión de deuda para cubrir la a que va venciendo, pero que algún día, sin duda, tendrá que pagar, por supuesto que cargándosela a todos los ciudadanos). Casi que mejor olvidarse de esa deuda y que el Estado desaparezca de la Caja: que quede en manos de quienes la mantienen; esto es, los trabajadores y las empresas. (Nada más imagínense cuánto nos evitaríamos de políticos y de las políticas que suelen proponer).

Pero también hay muchas otras cosas que quedan en el aire y a las que nada más voy a referirme en términos de preguntas:

1.- ¿Qué va a hacer la Caja (y todos nosotros) ante el fenómeno del envejecimiento de la población asegurada, que percibirá servicios de salud y pensiones por muchos años más de los actuarialmente pagados en la situación actual?

2.- ¿Qué va a hacer la Caja (y todos nosotros) ante “el desperdicio de medicamentos, poli consultas innecesarias, y el uso abusivo de emergencias”, como claramente lo señala el pronunciamiento del respetable Colegio de Médicos en su pronunciamiento del 24 de julio?

3.- ¿Qué va a hacer la Caja (y todos nosotros) ante el abuso en la demanda de los servicios que brinda la Caja por parte de personas, nacionales y extranjeras, que no cotizan a la Caja?

4.- ¿Qué va a hacer la Caja (y todos nosotros) ante la actual práctica de turnos que no es uniforme para todos los profesionales, implicando en estos momentos mayores costos? Debe averiguarse si algunos grupos disfrutan de lo que se llama tiempo extraordinario a partir de las tres de la tarde…

5.- ¿Qué va a hacer la Caja (y todos nosotros) ante el exceso de gastos que le ha impuesto al Sala Constitucional con base en una concepción abusiva de los derechos de los ciudadanos? Pronto será que hay que dar casa a quien la solicite con base en un derecho a la vivienda, que la Caja tenga que brindar el más caro tratamiento médico del mundo, posiblemente sólo hallado en naciones muy ricas, que algún demandante considera se le “debe dar” o también, ¿por qué no?, que, en función de algún etéreo “derecho a la felicidad”, la Sala obligue a la Caja a dar pensión a todo mundo independientemente de sus aportes. Todo es posible en esta ingrata tarea judicial de repartir lo que no se tiene… ignorando el principio elemental de la escasez y limitaciones de recursos que existe en toda la humanidad.

6.- ¿Qué va a hacer la Caja (y todos nosotros) con las incapacidad exageradas y fuera de proporción que se dan a los empleados de la Caja y que han sido afortunadamente expuestas ante el público por diversos medios de prensa?

Quiero terminar aquí con esta materia tan incómoda, con una advertencia. Si se quiere mantener un régimen de seguridad social con algún viso de solidaridad social, es necesario entrarle a estos problemas y no posponer soluciones. De seguir este último camino, no tengo dudas de que los mercados funcionarán y se tendrá algún régimen de salud y pensiones muy diferente al actual, al menos respecto a los principios bajo los cuales la Caja fue establecida.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 25 de julio de 2011

Tema polémico: Plan Escudo y empleo público


Una importante causa de la crisis financiera actual de la Caja Costarricense del Seguro Social es el desproporcionado aumento de 10.956 puestos de trabajo entre los períodos del 2005 al 2010. Este aumento en plazas responde al famoso Plan Escudo de don Oscar Arias para, supuestamente, combatir las consecuencias de la crisis financiera mundial.

Como ya lo hemos denunciado en ASOJOD en varias ocasiones, la mayoría de las medidas implementadas del Plan Escudo para lo único que sirvieron fue para dejar a al Estado con uno de los déficit fiscales más altos de la región y, como ha quedado en evidencia en las últimas semanas, también las demás instituciones del Estado, como la CCCSS, que ha quedado al borde la quiebra. No entendemos como alguien tan preparado como don Oscar Arias y el resto de su equipo keynesiano nunca logró comprender el simple hecho de que el dinero no crece en los árboles y cualquier aumento en el gasto estatal tiene que salir, tarde o temprano, del bolsillo de todos los costarricenses. Quizá precisamente por ser keynesianos.

Aún muchos analistas defienden el Plan Escudo, aduciendo que si el Estado no hubiera contratado a las personas desempleadas del sector privado a causa de la crisis financiera, los efectos de la misma sobre el país hubiesen sido nefastos. Ciertamente la crisis financiera mundial obligó al sector privado en Costa Rica a disminuir sus planillas. Se perdieron alrededor de 41.000 puestos de trabajo entre setiembre del 2007 y abril del 2009. Pero, como ocurre en todas las crisis, la recuperación viene acompañada de un efecto acelerador (entre setiembre del 2009 y abril del 2010 se recuperaron casi 35.000).

Obviamente, los países con mejor clima empresarial son aquellos que salen ganadores luego de una crisis. En Costa Rica, en lugar de asegurar mejores condiciones para el sector privado, de modo que pudiera salir de la crisis con mayor facilidad, se tomó la decisión de aumentar las planillas en el sector público injustificadamente e incrementar el gasto, al tiempo que se envió un nuevo paquete de impuestos al Congreso que, de ser aprobado, enterrará todo esfuerzo por generar empleo y riqueza.

Ver el trabajo como un fin en sí mismo es el peor error que se puede cometer. Un incremento en el empleo siempre tiene que responder a una necesidad. Por ejemplo, la CCSS aumento su planilla en casi 11.000 empleados, pero esto no se vio reflejado en una mejora en el servicio brindado. Entonces ¿qué beneficio recibieron los costarricenses con esos empleados de más? Ninguno. Por el contrario, se perjudicaron, pues tendrán que pagar, con sus cuotas, los salarios y gollerías que adquieran esos trabajadores.

Claro, en aquel entonces pareció como una buena idea pero es ahora, que el Estado tiene un déficit insostenible y las instituciones públicas están en crisis, que estamos viendo las consecuencias. Lo único que logró don Oscar Arias con su Plan Escudo fue posponer los efectos de la crisis unos cuantos años y tirarle las consecuencias a la próxima Administración. A menos que se reviertan estas medidas por medio de una significativa disminución del gasto público (y sí, lo decimos abiertamente, eso implica disminuir planilla pública vía despidos), el Gobierno tendrá que cubrir esto por medio de impuestos poniendo aún más en riesgo la actividad económica del país. Ahora las consecuencias podrían ser más graves que las que hubieran sucedido si no se hubiera puesto en marcha el Plan Escudo de don Oscar.

viernes, 22 de julio de 2011

Viernes de Recomendación


En vista de lo que está sucediendo actualmente con el intransigente grupo de sindicalistas de la CCSS, el día de hoy les queremos recomendar el artículo de Jorge Valín llamado Coacción sin sentido, irracionalidad sindical.

jueves, 21 de julio de 2011

Jumanji empresarial: el efecto anti-salud


No podemos hablar de salud, sin tratar antes de definir el término. El problema con el concepto de salud, igual que con otros conceptos ambiguos, el de religión por ejemplo, es que se hallan ligados a todo un complejo sistema de dogmas y creencias acumuladas a través del tiempo, sistema que es fruto del esfuerzo de muchas generaciones de seres humanos que vieron más fácil la tarea de dictar reglas que la de educar sobre el tema. Por esta razón, resulta menos complicado reflexionar acerca de lo que no es salud que definir lo que significa el término.

Veamos. La salud no se reduce a no sentir dolor o a dejar de sentirlo por medio de analgésicos; después de todo, el dolor no se origina por la ausencia de estos. La salud no reside en estar inflamado o dejar de estarlo gracias a la ayuda de medicamentos anti inflamatorios, dado que la inflamación no se origina debido a la falta de tales remedios. Para resumir hasta aquí, salud no es sentirse bien bajo el efecto de medicamentos y, mucho menos, sentirse mal por culpa de ellos. Cabe mencionar que algunos tratamientos, de naturaleza inmune terapéutica, trabajan generando una reacción por parte del cuerpo, generalmente inmunológica, la que en algunos casos se da durante un tiempo, hasta que el cuerpo recupera su homeostasis natural.

Desde un punto de vista más psicológico, podemos descartar que el hecho de esperar largo rato sintiéndose mal para poder ver al doctor, pueda significar salud. Asimismo, esperar días o meses para hacerse un examen o recibir los resultados, aunque uno esté bajo el beneficio de una incapacidad, de ninguna manera puede aportar positivamente a la curación. Es más, la espera de un diagnóstico se puede volver más amarga, si el tiempo libre del paciente supera al tiempo que dedica a estar activo y ocupado. A la hora del diagnóstico, el efecto anti-salud se torna efectivo cuando a uno lo estigmatizan con un término que probablemente no entiende, no sabe qué significa y que, sin embargo, en la mayoría de los casos formará parte de nosotros hasta que algo más grave nos sea diagnosticado. A este efecto se le puede llamar sucesión médica, fenómeno por el cual nos vamos graduando de una enfermedad a otra, muriendo un día de un mal muy simple llamado anoxia o falta de oxígeno celular.

La utilización de fármacos ajenos a nuestra bioquímica natural siempre es riesgosa, ya por sus efectos secundarios inmediatos, ya por cambios en la homeostasis corporal a largo plazo. Pero más problemático aún es iniciar un tratamiento con un fármaco determinado y descontinuarlo por falta de abastecimiento de parte del sistema de salud. Este efecto anti-salud, desgraciadamente, se da a menudo en nuestro sistema sanitario, y las consecuencias resultan catastróficas, al punto de que estamos tentados a decir que tal vez sea mejor no recetar fármacos del todo que iniciar tratamientos que podrían interrumpirse de manera abrupta. En fechas recientes, se han producido faltantes de numerosos medicamentos en la CCSS, situación que ha producido ansiedad, confusión y definitivamente un efecto anti-salud en los pacientes.

Un alto porcentaje de los pacientes que acuden a nuestro sistema de salud, lo hacen por padecimientos que varían desde un dolor de cabeza hasta una gastritis crónica, sometiéndose a menudo a continuas esperas y exámenes innecesarios, en ocasiones tardíos, para recibir eventualmente un diagnóstico lleno de nombres complicados, aunque todas las dolencias apuntan a un mismo origen: el síndrome de agobio. Este síndrome se caracteriza, más que todo, por la desoxigenación celular generalizada, producida casi siempre por una hiperventilación basada en la mecánica defectuosa de la respiración, fenómeno inducido por el exceso de ansiedad o dolor que, a la vez, se agrava al existir vasoconstricción por falta de CO2 en la sangre, lo cual obedece precisamente al hecho de hiperventilar, creándose de esta manera un círculo vicioso que puede llevar a problemas crónicos y agudos de gravedad.

Si aceptamos estas hipótesis como ciertas, la conclusión es una: hay que cambiar, en todo el sistema de salud pública y privada, la forma de diagnosticar y de tratar a la gran mayoría de pacientes que visitan las clínicas. Esto quiere decir que, antes de iniciar al paciente en la escalofriante odisea de la sucesión médica, debemos educarlo en métodos alternativos de autoayuda (técnicas de respiración, nutrición, estiramiento, meditación y otros), de tal forma que pueda asumir y enfrentar lo complejos retos de lo que llamamos “condición humana” de un modo natural, independiente y placentero.

Al mismo tiempo, es probable que si en este país hiciéramos el esfuerzo de monitorear y llevar a cabo un programa de mejora continua capaz de disminuir los efectos anti-salud, provocados por las interminables esperas, los exámenes innecesarios, los conflictos paciente-doctor, los problemas ambientales y salubres en las clínicas, la falta de posibilidades de elección y un largo etcétera, los esfuerzos de un considerable número de valientes profesionales médicos que luchan a favor de la salud se harían realmente visibles; y como un beneficio adicional, por añadidura, se reduciría la dependencia actual hacia los medicamentos y sistemas de reparto de medicina mediocre, como los de la CC.SS.

No queda más que agregar, que los privilegios que los sindicalistas de la CCSS quieren mantener, de ninguna manera se pueden considerar salud, excepto para ellos mismos, pero expensas de la salud corporal y económica del resto de la población.

Andrés Pozuelo Arce

martes, 19 de julio de 2011

La columna de Carlos Federico Smith: rumbo a Costa Rica, desde Grecia e Italia


Empecemos con Grecia, la cual, para aspirar a salir de la crisis económica que espero es conocida por los amables lectores, se vio obligada a congelar las plazas en el sector público, además de reducir los salarios de sus actuales empleados en un 15% y que, de cada diez empleados del sector que se pensionen, sólo podrá reponerse a uno de ellos. Esto es parte de un esfuerzo por lograr que los griegos trabajen.

Asimismo, reflejando la seria crisis en su sistema de pensiones, se vio obligada a aumentar la edad durante la cual los contribuyentes deberán cotizar al sistema a fin de poder pensionarse. Pero también tienen que reducir los gastos de la seguridad social en enfermedad, así como en seguridad pública.

Ante la fragrante evasión tributaria, los griegos deberán pagar más impuestos no sólo por los llamados vicios y lujos, sino también sobre la propiedad y un alza de 4 puntos al impuesto sobre las ventas, el cual así llega a una tasa del 23%. De igual manera, debido a la abundante cantidad de propiedad estatal, se ha decidido poner en marcha un fuerte programa para venderla, a fin de que se le traslade a la actividad privada para evitar que continúen siendo una fuente importante de los déficit del sector público.

Igualmente se introducirá una serie de medidas para poner coto al más variado conjunto de subsidios que la imaginación pueda concebir y que, como en todo lado, son fuente del déficit gubernamental del país. Ello es parte de un programa que Grecia tuvo que aceptar negociarlo con sus socios de la Comunidad Económica Europea, a fin de que ellos le brinden recursos que permitan aliviar el dolor del ajuste, pero, al fin y al cabo, para que Grecia efectúe lo que es un ajuste impostergable. Grecia llegó a una situación extrema por muy diversas razones, siendo la principal el exceso de gasto gubernamental superior a la recaudación de impuestos, lo cual se reflejó, a su vez, en un déficit en la cuenta corriente del sector externo. Pero también a causa de una clara dependencia de todos los sectores para obtener todo tipo de privilegios, lo cual implicó un acceso casi ilimitado a los fondos estatales que no eran infinitos. Así se llegó al grado de que no fue posible que se les mantuvieran por más tiempo. Como dicen: No había más cuero de donde salieran las correas.

Viendo y olfateando lo que se les venía, los italianos se anticiparon a tomar medidas tomando como referencia a los acuerdos que tuvo que negociar Grecia con la Comunidad Económica Europea, pues los problemas que estaba teniendo en su economía eran similares a los de Grecia y sus orígenes también parecidos. El gobierno italiano se decidió a actuar para evitar los costos tan elevados que hoy día experimenta Grecia, por lo cual dispuso asumirlos en algún grado significativo, pero tal vez sin llegar a los extremos en que hoy se encuentra Grecia. Para ello, por ejemplo, Italia privatizará una serie de empresas estatales, tan conocidas como ENI, entre muchas otras. Asimismo, a fin de evitar la quiebra de su sistema de seguridad social en cuanto a la atención de enfermedades, introduce el sistema de copago, mediante el cual los usuarios de consultas médicas de su Caja pagan un porcentaje del costo de ellas. Así se termina con la idea de que el costo del tratamiento de las enfermedades es gratuito; esto es, que la demanda sea infinitamente elástica; que los recursos así empleados no tienen un costo de oportunidad.

La edad para pensionarse se elevará, con lo cual aumentan los años durante los cuales se debe pagar cuotas para el régimen de pensiones. También los salarios de los empleados públicos se van a reducir, al igual que una serie de transferencias que el gobierno central efectúa hacia los gobiernos locales. Asimismo se introduce un impuesto progresivo a la renta en el caso de ingresos provenientes de bonos gubernamentales, que probablemente estaban exentos.

Básicamente con estas medidas el gobierno italiano, para lo cual contó con la aprobación en su Senado de los diputados de la oposición de izquierda, considera que podrá enrumbarse hacia un presupuesto equilibrado en unos tres años. Así se han anticipado a lo que ya antes señalaban los mercados, cual era una desconfianza enorme en el futuro económico italiano.

El rumbo que nos señalan Italia y Grecia debe ser objeto de nuestra meditación. Es cierto que la magnitud del problema de nuestro país, tanto en términos absolutos como relativos, en comparación con los dos primeros, es mucho menor, pero las causas parecen ser las mismas. Un enorme déficit fiscal, producto de un gasto mucho mayor que los ingresos tributarios que se perciben, gastos que han crecido enormemente principalmente en el rubro de las remuneraciones, tanto en sus montos –salarios- como en el número de empleados públicos, así como también por una debilidad creciente y eventual quiebra del régimen de enfermedad y maternidad de la Caja, así como de la parte correspondiente a pensiones. Pero no sólo dicho régimen está desfinanciado; hay algunos otros regímenes especiales de pensiones en el sector público que están plagados de gollerías, como es el caso del sistema del régimen judicial, entre otros.

También son factores importantes en la explicación del déficit en el sector público la evasión tributaria actual y también la evitación tributaria, mediante la cual, legalmente, importantes sectores de nuestra economía, que demandan fuertes gastos estatales, no contribuyen con ingresos al fisco para su financiamiento.

En todo caso, las lecciones de los sucedido en Grecia e Italia deben ser aprendidas y aprehendidas muy pronto, a fin de evitar la enorme magnitud de los ajustes que después se van a requerir. La solución no pasa por captar más fondos de las personas y las familias, sino porque el estado, en toda su amplitud, tome las medidas reductoras del gasto que permitan anticipar quiebras como las sufridas por aquellas naciones.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 18 de julio de 2011

Tema polémico: ¿Qué pasa con la CCSS?


La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es, quizá, la institución pública con mayor peso en Costa Rica, no sólo por su tamaño y recursos, sino también por el papel que juega en el imaginario del costarricense, al punto que pocos conciben el futuro sin ella.

Hoy, esa institución enfrenta una grave crisis, que resume en pequeña escala lo que sucede a nivel nacional: se gastó más de lo que se tenía, es decir, se administraron mal los recursos de los tax payers; pero además, el problema conjugó la mala administración con la corrupción y la incompetencia, formando un caldo de cultivo para la situación que tiene a la institución en el despeñadero.

Cuando Oscar Arias señaló, al final de su Administración, que dejaba la mesa servida, no aclaró que estaba servida para el desastre. Durante su gestión, la planilla de la CCSS creció abrumadoramente, (10.956 plazas entre el 2005 y el 2010), disparando el gasto recurrente de la institución a niveles insostenibles. Solamente el pago de los salarios de los funcionarios consume el 70% de su presupuesto anual de la Caja, y de no ponerle un freno a la situación, la institución enfrentará un déficit de ¢313.909 millones en el año 2015.

Sorprende igualmente cómo la actual administración Chinchilla evadió el problema hace unos meses, pero hoy, cuando no puede negar lo evidente, se limita a dos cosas: a decirnos que no hará nada para buscar a los culpables, como bien lo anunció la Presidente, y a anunciar la inyección de 85.000 millones de colones para este año. En otras palabras, la "solución" es negándose a rendirle cuentas a los costarricenses, renunciando a su deber de proteger la Hacienda Pública y activar el régimen sancionatorio que haga que los funcionarios asuman la responsabilidad por las pésimas decisiones tomadas, al tiempo que trasladará la culpa a los ciudadanos, pues esa inyección de recursos se hará vía endeudamiento, lo que equivale a pretender apagar un incendio echándole leña al fuego. La "firmeza" de doña Laura nos deja clarísimo que a los políticos no les interesa resolver los problemas, sino que les importa “patear la pelota hacia adelante”, para que sea la próxima Administración o, al final de cuentas, los tax payers, quienes tengan que lidiar con el embrollo.

Es paradójico e indignante que, pese al aumento del personal de la CCSS, persista una pésima atención médica para los usuarios de este monopolio, lo que revela que las nuevas contrataciones de la Caja se centraron primordialmente en funciones administrativas.

Ante tal escenario, la recomendación (más que obvia) de la Organización Panamericana de la Salud, en el reciente informe sobre la situación que atraviesa la CCSS, es que resulta urgente frenar el excesivo crecimiento de su planilla y el gasto en salarios. No obstante, la implementación de estas medidas chocará, con toda seguridad, con la intransigente oposición de los sindicatos de la institución, que no aceptarán ningún tipo de recorte.

La Caja se encamina a la quiebra, fruto del manejo de políticos inescrupulosos; con ella, se lleva el dinero de todos los costarricenses que durante años hemos sido saqueados para alimentar a un elefante blanco que solo problemas nos ha traído.

Quienes hemos señalado en reiteradas ocasiones la importancia de considerar modelos alternativos podríamos estar alegres por el descalabro que enfrenta la institución, que viene a confirmar nuestras hipótesis, sin embargo, en el corto plazo el costo recaerá sobre los costarricenses más pobres, quienes ven en la CCSS la única alternativa de atención. El reacomodo –si llega a darse- será un parto doloroso, con pronóstico reservado, pero muy necesario para el desarrollo del país.

La situación que atraviesa la CCSS nos deja una gran lección: es hora que los costarricenses entendamos que lo que guía a un político, a un funcionario de la Caja o cualquier otro agente público no es la búsqueda del “bien común”. Debemos entender que éste actúa, al igual que cualquier otra persona de carne y hueso, motivado por la satisfacción del interés propio, de manera tal que debemos dejar de confiar en que otros nos procurarán nuestro bienestar.

No existe solidaridad y desprendimiento en el ámbito público, y en definitiva, no es en este espacio donde podremos encontrar nuestro propio bienestar.

viernes, 15 de julio de 2011

Viernes de Recomendación


Para este día les presentamos el libro "Popper: Búsqueda con Esperanza" del profesor Argentino Gabriel Zanotti. En el presente trabajo, el filósofo Argentino, explica y analiza las contribuciones de Karl Popper al pensamiento filosófico del Siglo XX.

jueves, 14 de julio de 2011

Jumanji empresarial: adiós al Estado mercader


La historia de Costa Rica es la historia de una sociedad semilibre, al margen de un Estado de naturaleza mercantil con derechos soberanos y poderes sobre las unidades políticas más pequeñas, y bajo la presunción de que el individuo no tiene más derechos de los que el propio Estado esté dispuesto a otorgarles provisionalmente.

Semejante Estado, de hecho, es una institución antisocial, basada en la división de clases mercantiles y donde los políticos profesionales toman su lugar como guardias pretorianos, reuniéndose de tiempo en tiempo con la nobleza mercantilista para decidir el próximo paso a seguir y determinar a quién le toca dar la lucha. Todo con la expresa finalidad de conseguir que el electorado acepte las prescripciones que les serán cuidadosamente dosificadas, una vez que el conjunto de líderes de opinión haya dado su visto bueno través de muecas faciales pero, eso sí, no comprometiendo su nombre de ninguna manera oficial.

Es dentro de tal contexto que ciertos líderes –Óscar Arias Sánchez es el ejemplo característico– mantienen su vigencia y rol de pretor, al reunirse periódicamente con los jefes de la clase empresaria, en pos del objetivo de escoger los temas y recetas reduccionistas que serán utilizadas como punta de lanza para hechizar al resto de los profesionales intelectuales y empresarios de menor estatus social, a quienes se trata de persuadir y de integrar a un nuevo espejismo político. Un espejismo que permita a su clan volver a tomar el poder en las próximas elecciones.

El problema que presenta semejante escenario es que líderes como OAS no solo son parte del problema, sino que por la naturaleza de sus orígenes mercantilistas (el poder refinado del azúcar) tienden a exacerbar el verdadero problema del país: el uso de una clase estatal, ya de por sí confiscadora, decidida a avanzar a toda costa en sus intenciones comerciales, cuyo punto terminal consiste en apoderarse de los medios de producción esenciales destinados a crear un capitalismo de Estado, donde serán muy pocos quienes decidan y muy escogidos los beneficiados.

Sin duda, este no puede ni debe ser el camino de Costa Rica. Y la gran alternativa es, hoy y aquí, construir una democracia que permita que las unidades políticas y sociales más pequeñas, como la familia y las comunidades, amparados bajo un sistema eficiente que proteja los derechos individuales y de propiedad, sean los que presenten las propuestas políticas, para que logremos construir de abajo hacia arriba una sociedad donde predominen la igualdad de oportunidades y la reciprocidad generalizada, necesarias para vivir en armonía y prosperidad. Para ello es necesario dar un golpe de timón que quite todo espacio de maniobra, en primer lugar, al Estado mercader que se parece cada día más a una alianza de buhoneros, despojados de grandeza y visión de futuro.

Andrés Pozuelo Arce

martes, 12 de julio de 2011

La columna de Carlos Federico Smith: acerca de algunos problemas actuales de la CCSS


Antes de que alguien me coma vivo porque defiendo a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al menos en la idea fundamental por la cual se le creó y en las dimensiones en que entonces se le pensó, como liberal quiero resaltar lo que en su momento señaló el fundador de ANFE y presidente de ella, el Dr. Fernando Trejos Escalante.

Su libro escrito en 1963, Libertad y Seguridad Social, tenía como propósito “demostrar que la seguridad social puede coexistir con un régimen de libertad económica”. En él señala que “la seguridad social, bien concebida, es el complemento indispensable para un régimen de libertad, cuando menos en los países subdesarrollados.” (Fernando Trejos Escalante, Libertad y Seguridad: Libertad económica y seguridad social, San José, Costa Rica: Asociación Nacional de Fomento Económico, 1963, p. 20).

Cecilia Valverde menciona la razón por la cual Fernando Trejos escribió esa obra: “Estoy escribiendo mi libro, ahora con mayor razón porque es necesario que todos sepan que seguridad social nada tiene en común con socialismo. Más aun, la seguridad social es una de las mejores formas de combatir los motivos que contribuyen al socialismo. Y deseo convencer, a quienes no han acatado esto, de que el socialismo no solo nada tiene que ver con la seguridad social, sino que ésta conviene intensamente como medio de frenar el avance de tal ideología. Todavía más: creo que la seguridad social es un fundamento indudable de la libertad económica.” (Cecilia Valverde Barrenechea, “Semblanza”, en Grettel López y Reinaldo Herrera, editores, Ensayos en honor a Fernando Trejos Escalante, San José, Costa Rica: Academia de Centroamérica y Asociación Nacional de Fomento Económico, 2004, p. 13).

En este último libro, escribí que “…yo considero a Fernando Trejos como un claro exponente de una versión de liberalismo que no va en contra de sus cánones básicos. Es un liberal clásico para quien era necesario que se aseguraran las condiciones básicas que le permitieran al hombre libre poder vivir una vida buena, producto del desarrollo de su potencial que como tal le es propio hacerlo.” Jorge Corrales Quesada, Fernando Trejos Escalante: un liberal ante los problemas sociales, en Grettel López y Reinaldo Herrera, editores, Ibídem, p. 105.)

Dado mi aprecio hacia esa institución por la cual el Dr. Trejos Escalante luchó tanto, me permito formular, por el momento, algunas sugerencias en torno a la situación difícil que en estos días se ha señalado; principalmente acerca de la insuficiencia de recursos para atender los servicios de tratamiento y curación de enfermedades que brinda la CCSS. Creo que, de esta manera, se podría ayudar a mitigar los actuales apuros, tanto presentes, como, sin duda, futuros.

De previo se debe recordar que la Caja tiene dos tareas claramente definidas: una, la atención a la Enfermedad y Maternidad (EyM), y es a lo que principalmente me refiero, y la otra, el sistema llamado de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el cual sólo toco incidentalmente.

Asimismo es importante tener presente que existe una proliferación de organizaciones sindicales dentro de la CCSS, que en mucho son parte de los problemas que hoy enfrenta, por lo cual quiero enfatizar algo acerca de la naturaleza de dichas organizaciones. Los sindicatos tienen un objetivo esencial, cual es la obtención de beneficios para sus asociados. A veces este propósito se intenta disfrazar, para lo cual alegan buscar el interés de los ciudadanos, lo cual puede ser así, pero debe entenderse que siempre está supeditado a aquel prioritario: el interés de sus asociados. Por lo tanto, no necesariamente es cierto que busquen el interés nacional y creo que aún menos el de los usuarios de la Caja, aunque suelen alegar tal motivación para sus acciones. Lo primordial para los sindicatos es que sus miembros obtengan favorecimientos; lo demás es simple justificación a las acciones que usualmente llevan a cabo en el logro de tales beneficios. En síntesis, no se trata de instituciones dedicadas al altruismo, a la beneficencia ni a la caridad, sino de entes que buscan maximizar el interés propio de sus asociados.

Lo primero que debemos de tener muy claro es la verdad acerca de la situación financiera de la Caja, tanto en la parte correspondiente a las pensiones (IVM) como en la de servicios de salud (EyM). Lo digo enfáticamente, pues uno suele escuchar diferentes versiones acerca de la situación de la Caja proveniente de diversas fuentes respetables, como lo son la misma institución, la Superintendencia de Pensiones o la Oficina Panamericana de Salud (OPS), entre otras. Es cierto que ello se puede deber a diferencias en las metodologías empleadas para el cálculo de sus estimaciones, pero ello de alguna manera tendrá que ser compatibilizado, a fin de que los verdaderamente afectados con los problemas –los usuarios cotizantes de la Caja- sepamos cuál es la verdad verdadera.

En segundo lugar se ha mencionado, pero luego rechazada, la posibilidad de que se aumente el porcentaje de la cotización actual hoy pagada por los trabajadores y los patronos. Por supuesto que ni pensar en aumentar la cuota a esa tercera parte del financiamiento tripartito vigente, cual es el Estado como Estado (ya que, como patrono, es otra cosa), pues creo que todos nos hemos dado cuenta de que, en esa condición, realmente se le podría considerar como el “moroso” más grande de las obligaciones con la Caja. Lo que ha venido haciendo a lo largo de los años es que, de vez en cuanto, como aseguro que lo hará pronto en estos días, cancela estas obligaciones entregándole bonos a la Caja, lo cual sabemos que es un artilugio financiero, pues sólo permite inyectar algo de liquidez a la Caja con los intereses que le paga por dichos bonos. Pero realmente se trata del acto de un estado irresponsable del momento, puesto que en el futuro le cargará esos pagos por los bonos a quienes hoy pagan impuestos; esto es, a los trabajadores y a las empresas, a fin de pagar esta creciente deuda pública entregada a la Caja. Claro que no hay que excluir la posibilidad de que, al llegar “ese futuro”, por la falta de plata –como ahora- el estado simplemente declare un default en el pago de esa deuda bonificada.

Eso sí hay un hecho crucial del que se habla de vez en cuando, pero no se encara, como debe ser, tal vez por una creencia de que, si se actúa de esa manera, el problema deja de existir. Los cotizantes al régimen de la Caja estamos viviendo muchos más años en comparación a cuando se instauraron y se definieron las cotizaciones con base en la esperanza de vida de aquel entonces. La realidad es que los costarricenses estamos viviendo, afortunadamente, cada vez más años. Por otra parte, no es cierto, como lo alegó un funcionario de la Caja, que, como no se actualizan las cuotas de la CCSS, los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos. Lo cierto es que el porcentaje definido, al irse aplicando sobre un Producto Interno Bruto creciente, significa que aumenten también los ingresos de la Caja. Pero el menor crecimiento del PIB durante los últimos años, lo cual significa que la Caja tendría menores recaudaciones, es una buen razón para que se practiquen reducciones correspondientes, al menos temporalmente, de los gastos, lo cual parece que no se ha efectuado.

Me parece que más serio para las finanzas de la Caja es el envejecimiento paulatino de la población –que en mucho, creo, se puede adscribir al buen servicio médico que hay en el país- pues no sólo exige pagar pensiones por muchos años más de lo esperado según el diseño inicial, sino que también esa población más vieja suele demandar más servicios médicos, hospitalarios y medicinales de la Caja. Aquí la solución razonable es clara, en mi opinión: aumentar los años de cotización a la Caja y, por ende, para pensionarse, en vez de elevar los porcentajes que hoy se pagan como cotizaciones. Evidentemente este proceso tiene que irse practicando con sumo cuidado, pues dichos incremento en los años de cotización y de inicio de la pensión no puede hacerse en un solo momento, sino que debe ser algo gradual para que, quienes ya están relativamente cercanos a pensionarse, no sufran un impacto devastador.

Las experiencias hoy vividas en cierto países de Europa, como Grecia y Portugal, en donde gran parte del problema fiscal que sufren se deriva de regímenes de pensionas que no se han ajustado al envejecimiento que gradualmente ha ido experimentado su población cotizante, les ha obligado a tomar medidas draconianos que nadie desea. Por ello, lo mejor es actuar al respecto lo más pronto posible, cuando los ajustes se pueden asimilar con mayor facilidad, pero es necesario que no sigamos haciéndonos “los majes”, como si el envejecimiento gradual de la población cotizante a la Caja no fuera un problema real.

En tercer lugar, a fin de poner algún grado de orden en los gastos de la Caja es necesario que se cobre por los servicios que brinda a personas que no cotizan. Parte de la atracción de extranjeros hacia el país es posible explicarla porque, entre otras cosas, no tienen que pagar por las medicinas ni por la atención médica de su persona y sus familiares. Simplemente van a la Caja y ahí, sin costo, se les otorgan. No me opongo al ingreso de extranjeros honrados que vienen al país en búsqueda de una vida mejor, pero no me parece que debamos incentivar tal decisión disminuyendo los costos de ella, en especial cuando podría convertirse en un factor importante en cuanto crear problemas serios al financiamiento de un régimen solidario, el cual incluso puede llegar a estar en riesgo de quiebra. Un ejemplo de ello ha sido lo que se ha presentado en Canadá, en parte debido a la afluencia de estadounidenses que deben pagar muy caro por medicinas en su país, en tanto que las pueden obtener más baratas si viajan y las obtienen en el sistema de seguridad social de Canadá.

Ejemplo de la utilización de servicios de la Caja por personas que no cotizan al régimen es lo sucedido hace poco con un piloto herido en un accidente de aviación, supuestamente envuelto en el traslado de drogas. Se le dio una excelente atención en la Caja por muchos meses y mediando gastos enormes, pero que ahora no se sabe quién los va a pagar. Esos costos ya han sido incurridos por los costarricenses que solidariamente pagan a la Caja.

Otro ejemplo es la venta de medicinas de la Caja en Nicaragua, que fuera denunciada hace ya varios años y que parece aún proseguir. Es más, hay nicaragüenses que residen en Costa Rica y que pagan cuotas a la Caja, pero sus beneficios los reciben familiares que residen en Nicaragua y que vienen al país cada cierto tiempo o cuando es necesario para asistir a citas. Y no evado mencionar la gran cantidad de nicaragüenses y colombianos quienes viven en el país, pero, aunque trabajen, no cotizan a la Caja, pero acuden -y lo digo porque los he visto y me lo han comentado médicos que no tiene razón para mentirme- a recibir los servicios médicos que brinda la Caja. Es hora de que los cotizantes actuales de la Caja, por medio de los que se suponen los representan en los cuerpos de decisión política, redefinan la política de atención a extranjeros que no cotizan a la Caja, pudiendo variar desde la exclusión total o, al menos, a que se efectúen cobros que permitan cubrir, aunque sea parcialmente, los costos en que obligan a incurrir al régimen. Hay diversas manera de entrarle a la solución del problema.

Un ejemplo más: se da el caso de extranjeros, incluso ya pensionados en sus países de origen, quienes llegan al país y aparecen laborando como trabajadores de sociedades en donde ganan poco, de forma que así logran cotizar algo, pero poco, a los regímenes de la Caja. Saben y aprecian los buenos servicios médicos de la Caja y la “gratuidad” de las medicinas que se les otorgan y por ello efectúan tales arreglos. Pero no me parece algo conveniente, en especial a la luz de principios básicos de igualdad ante la ley, si lo comparamos con la multitud de trabajadores nacionales que han cotizado toda una vida a los regímenes de la Caja, sin fingir que perciben salarios bajos que les aseguren el acceso a sus servicios.

Deseo recalcar que mis propuestas cobrar por los servicios que la Caja brinda a no cotizantes no se refiere exclusivamente al caso de extranjeros, sino que también, por supuesto, es aplicable a nacionales que no cotizan y que reciben servicio de la Caja.

Relacionado con todos estas últimas cosas que he tratado–y sé que me estoy metiendo a aguas procelosas- creo que es necesario que la Sala Constitucional revise su política de exigir a la CCSS a que brinde los servicios a personas que han solicitado su intervención para que se les otorguen. Muchas veces tales servicios solicitados requieren de sumas que parecen ser excesivas a las posibilidades del principal régimen solidario que han escogido los costarricenses. Los buenos principios de administración y economía no parecen contar para los ilustres magistrados, quienes creo que, si bien intencionados, no paran en mientes de que sus decisiones pueden ser muy onerosas para la posibilidades de un país, en donde las limitaciones naturales de recursos son mayores que las de otros más ricos. Lo primero que deberían de darse cuenta es que la medicina cuesta y que hay procedimientos cuyos costos no pueden ser cubiertos en países relativamente pobres como los nuestros. Por eso, no debe extrañarles que muchas veces hay ricos que salen del país para recibir tratamientos que en Costa Rica no pueden obtener, básicamente por ser muy costosos. Sé que es un difícil equilibrio el que se debe guardar, pero los señores magistrados deberían meditar sobre las consecuencias económicas que tienen sus decisiones, en especial para el caso de regímenes solidarios como la Caja de los costarricenses. No puede creerse en derechos sobre cosas con una independencia de sus costos.

Recientemente se han mencionado dos rubros de gasto importantes en salud que lleva a cabo la CCCSS, cuyas posibilidades de reforma han irritado a ciertos sindicatos de la institución. Ya han hecho llamados a huelga –poca otra cosa parece ocurrírseles- que dañarán principalmente a los cotizantes de la Caja y que en ese momento requieren de sus servicios, por los cuales ya han pagado. Antes de referirme a esos rubros, quiero enfatizar que la actitud de esos sindicatos de acudir a huelga por cualquier cosa, probablemente se origina en tres factores. El primero, que aunque la huelga sea declarada como ilegal, siempre llegan a un acuerdo con las autoridades de la CCSS mediante el cual se les paga lo que no debió de pagárseles por estar en huelga. Segundo, porque siempre aducen que no es el interés propio el que mueve a los huelguistas, sino que suelen incorporar otros elementos que sí se podrían considerar como que reflejan algún grado de aprecio por el interés de los cotizantes de la Caja.

La realidad es que lo que más les interesa a esos sindicatos es el interés propio de sus agremiados y no el de terceros. En tercer lugar, porque los servicios de salud en nuestro medio son estratégicos y no hay gobierno que pueda mantenerse firme, asumiendo que es lo correcto, ante ciertas pretensiones sindicales. Los gobiernos no aguantan la presión pública que surge de la falta de servicios médicos y, por tanto, prefieren acceder a lo que le pidan los sindicatos. La ciudanía no siente de inmediato lo que está pagando de más por el desperdicio o bien no toma en cuenta de forma adecuada que esos mayores gastos tendrán que ser sufragados de alguna manera, llámese mediante mayores cuotas a la Caja o por una inflación más elevada o por un mayor endeudamiento, que sólo sirve para tirar la bola hacia adelante, pues serán las generaciones venideras las que tendrán que pagar el derroche.

El primero de esos dos rubros de gastos indebidos, sobre los cuales las autoridades están considerando tomar medidas que los corrijan, es el trato privilegiado, en comparación con el resto de los costarricenses que cotizamos para la Caja, otorgado a los empleados de esa entidad por el pago de incapacidades. En la Caja esos subsidios otorgados por incapacidad son considerados como salarios para efectos del treceavo mes, mientras que, para nosotros, el resto de mortales cotizantes de la Caja, dichos pagos son subsidios y no salarios para efectos del treceavo mes. Es hora de que los empleados trabajadores de la Caja tengan los mismos derechos y no más que los que dispone el resto de trabajadores del país. Recuerde que, si los empleados de la Caja tienen mayores derechos o privilegios, todos nosotros tendremos que pagárselos, de una u otra manera.

El segundo elemento de gasto desproporcionado en cuanto a los trabajadores de la Caja es la excesiva cantidad de incapacidades que logran. Las autoridades de la Caja han dado cifras contundentes de ello -contundentes aún si suponemos que trabajar en la Caja implica un riesgo mayor que todo el reto de las ocupaciones en Costa Rica. Asombra la cantidad de incapacidades que se dan a los empleados de la Caja en comparación con los trabajadores del sector privado y ello debe terminar. Si ese abuso se debe a que dichos trabajadores tienen un acceso privilegiado a quienes otorgan las incapacidades–sus mismos compañeros- pues tal conducta negativa aumenta en su dimensión, cuando más bien deberían de ser ellos quienes mayor atención pongan a que no se otorguen tales incapacidades indebidas, pues ello mina el esfuerzo solidario de la CCSS, institución para la cual laboran y se les paga por sus servicios..

Ojalá hagan huelgas para terminar con los privilegios y no para conservarlos y hasta aumentarlos.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 11 de julio de 2011

Tema polémico: soluciones sí, propaganda no


La semana anterior fue sencillamente brutal para nuestro país. Los últimos crímenes acontecidos han escandalizado y consternado, con justa razón, a la opinión pública, que sigue extremadamente preocupada por la forma en que salvajes violentan los derechos individuales sin que se haga nada serio para detenerlo. Los costarricenses estamos sometidos al más terrible de los azares, pues basta con estar en el momento y lugar equivocado, para que una de estas bestias decida acabar con la vida y propiedad de los ciudadanos decentes, aquellos que salen día a día a ganarse su sustento con el intercambio libre y voluntario y no con la fuerza e intimidación de las pistolas.

Sorprendentemente, la Presidente Chinchilla declaró, en radio, que en materia de seguridad, existen dos elementos, a saber, la percepción de la inseguridad y las cifras objetivas que se obtienen mediante las encuestas de victimización y denuncia, de forma tal que, para la mandataria, cuando se analizan ambos, se concluye que la percepción es mucho mayor de lo que realmente ocurre. Olvida la señora burócrata, que no sale de Zapote sin guardaespaldas, algo fundamental, que cualquier persona que decida utilizar media neurona puede comprender: la gente no denuncia una infinidad de delitos porque no tiene esperanza ni confianza en que las autoridades policiales y/o judiciales, puedan detener al delincuente, castigarlo y reintegrar el daño a la propiedad. Por eso, esos "datos" que Laura Chinchilla espera para determinar cuán seguro es nuestro país no son más que una tontería. No reflejan, ni cercanamente, la realidad de lo que estamos viviendo los ciudadanos cuando salimos de nuestras casas. O, peor aún, cuando ni siquiera salimos de nuestras casas, porque hasta allí, en el sitio que debería ser el más privado y seguro, somos víctimas de salvajes que políticos de pacotilla llaman "víctimas de la sociedad" o "personas sin oportunidades".

Por ello, no puede causarnos más repudio el anuncio de Casa Presidencial de que, de ahora en adelante, los costarricenses seremos bombardeados por una publicidad que afirma: “Construimos un país seguro”. La estupidez contenida en las declaraciones de la mandataria se mezcla con un verdadero cinismo, para venderle a la ciudadanía un producto (con su propio dinero) que no está recibiendo. ¿Cuál país más seguro? ¿Quién, de todos nuestros lectores, sale a la calle con la completa certeza de que retornará a casa, sano y salvo, por no decir con todas y cada una de sus propiedades intactas? De verdad que las palabras, por más que quiera doña Laura, no crean realidades. Pero si nos damos cuenta, al mejor estilo de la neolengua de la novela 1984, escrita por George Orwell, que esas palabras bonitas solo distorsionan y manipulan los hechos.

En ASOJOD nos invade la más profunda desolación y preocupación al confirmar que, luego de un año de gestión, quien se vendía como la experta en seguridad ciudadana en campaña y que ahora ocupa la silla presidencial no es más que una farsante. Sus soluciones, como bien dijo Pilar Cisneros, no son más que "bla bla bla". Carecen de un enfoque efectivo, de reflexión y pensamiento crítico, de acciones concretas y, especialmente, de voluntad política para cambiar los horizontes culturales que nos abruman respecto al tema, pasando de considerar al delincuente como un producto social a reconocerlo como una bestia que, voluntariamente, ha decido irrespetar las más básicas normas de convivencia humana.

Si por la víspera se saca el día, la Administración Chinchilla Miranda acabará sin haber propuesto, y mucho menos ejecutado, alguna política sensata, responsable, eficiente y efectiva en materia de seguridad ciudadana. Y gracias a ello, este tema volverá a estar en el tapete para las próximas elecciones, a la espera de que algún candidato se decida a dejar de lado la demagogia y la estupidez, para afinar una propuesta que devuelva la confianza a los costarricenses.

Por el bien de las personas honestas y trabajadoras de este país, esperamos que nuestra oxidada clase política salga de la burbuja en que se encuentra y se percate del serio problema en que nos encontramos. De lo contrario, la sangre seguirá corriendo hasta el punto que la situación sea intolerable y la legitimidad del Estado, como protector de derechos, se esfume.

viernes, 8 de julio de 2011

Viernes de recomendación


Para este viernes de recomendación, queremos compartir con ustedes una de las mejores novelas escritas en materia de filosofía política: La rebelión en la granja, de George Orwell. En ella, el autor -un ex socialista- se da cuenta de la perversión de un sistema en que creía pero que, indudablemente, hace variar la naturaleza humana, hasta el punto que los revolucionarios que deseaban cambiar los vicios del sistema, terminan siendo peores que los primeros "opresores".

Una novela que hay que leer para comprender que aquellas políticas que, en principio, parecen sonar bien y basarse en buenas intenciones, terminan demostrando que "todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros".

jueves, 7 de julio de 2011

Jumanji empresarial: burbujas y más burbujas


Los seres humanos no podemos vivir sin el juego ni la oportunidad de especular con las modas financieras, autocreadas o espontáneas, que se nos presentan en el camino, aunque a veces actuemos de manera irracional. De hecho, los sesgos humanos que echan por la borda la teoría de los mercados eficientes –la sobre confianza, el efecto manada y la percepción de una disponibilidad limitada de bienes– intervienen siempre en la generación de las burbujas y en su caída “irracional”.

Pero existen otros factores perversos que conspiran a la hora de procrear las burbujas y dimensionar sus explosiones. La expansión monetaria y la manipulación de las tasas de interés, son, probablemente, las causas más importantes de la distorsión del sistema de precios, con su consecuente efecto en la producción de bienes y servicios. A la vez, la información manipulada de algunos expertos, el exceso de regulación engorrosa y la elaboración de esquemas financieros fraudulentos o simplemente muy complejos para ser entendidos unívocamente, forman parte de las incesantes catástrofes financieras como las experimentadas recientemente.

Los eventos históricos nos dicen que los sesgos humanos intervienen constantemente en las grandes caídas de los mercados. La fiebre de los tulipanes en 1637, por ejemplo, llevó a que tres bulbos costaran lo mismo que una casa en Amsterdam. Isaac Newton, genio científico, perdió 20.000 libras cuando la compañía de los Mares del Sur divulgó rumores de su comercio con el Nuevo Mundo pero no desveló los riesgos del deterioro de las relaciones entre España y Gran Bretaña, causando el desplome de sus acciones de 1.000 a casi cero en unos meses. Sir Newton declaró: “Puedo predecir el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de las gentes”. La crisis del petróleo en 1973, la caída de los tigres asiáticos en 1997, el desplome del rublo en 1998, la burbuja de los puntocoms en el 2000 y, por fin, la crisis subprime de 2007-08 son tan solo algunos de los hechos más relevantes de la historia financiera mundial.

Claro que ninguna de esta burbujas será comparable, a la burbuja que se está tomando forma alrededor de los bonos del tesoro de EE.UU y que promete dejarnos a todos asombrados, cuando estalle, ante la imposibilidad de este país de hacer frente a sus obligaciones financieras. Y sin querer jugar de Nostradamus, me adelanto al futuro y añado la crisis de los bonos de carbono en el 2012. La causa de esta caída tendrá sus raíces en el inevitable incumplimiento de los acuerdos del protocolo de Kyoto signado por los países industrializados, debido a sus ridículas metas y a la ignorancia de los políticos de que el CO2 no solo no es causante del cambio climático, que tanto nos preocupa, sino que más bien contribuirá al crecimiento de la masa vegetal en el planeta. Además, el gran Dios Sol volverá a tener su merecido lugar como el único factor influyente en el clima y en nuestro placentero, aunque a veces trágico, vivir.

Pero actualmente, más cercano a nuestro entorno económico - en Costa Rica- se está gestando ya una burbuja crediticia, impulsada por la intervención del BCCR y ayudada por el Congreso. Esta burbuja, tiene sus orígenes en la creencia de que la expansión monetaria, atada a un subsidio para la construcción de vivienda, será el detonador de la reactivación económica tan esperada por el actual Gobierno; mientras, este sigue viendo con grandes celos los años de bonanza económica durante la pasada burbuja financiera, que tanto beneficio dio a la Administración de Oscar Arias Sánchez.

Pero ¡ojo!, que no nos pase lo de Sir Issac. Después de todo, el Estado no tiene la capacidad de generar riqueza y mucho menos de reactivar la economía, dado que todo lo que él hace o posee, lo obtiene del saqueo de los bolsillos de alguien que "ya" participa activamente en la economía. Esto no es reactivación, es simplemente, redistribución de riqueza.

Andrés Pozuelo Arce

martes, 5 de julio de 2011

La columna de Carlos Federico Smith: lo bueno y lo malo de ARESEP


Las actuaciones recientes de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) siguen dando de qué hablar. A ello me refiero en esta oportunidad, dado el papel protagónico de esa entidad estatal en diversos asuntos que no cesan de tener vigencia.

Lo mejor que puede haber hecho la ARESEP en tiempos recientes es ordenar un trámite interno para reducir, a finales de agosto, el precio de los combustibles. Si ello se hubiera debido a un descenso en su precio internacional, tal vez la noticia sería de simple rutina, pero en esta ocasión resulta de una denuncia pública de que el monopolio de RECOPE había sobrecargado los precios, en prejuicio de los consumidores. Esto es, que el monopolio presentaba excedentes al cerrar el año producidos por un exceso de las tarifas, que la misma ARESEP había autorizado, cobrar a los usuarios. Esta maniobra ya la había demostrado públicamente el acucioso exregulador general, don Leonel Fonseca.

Afortunadamente, en esta ocasión la ARESEP se movió rápidamente y está dispuesta a poner en orden el desaguisado, ordenando restituir al consumidor el precio cobrado de más, con lo cual se espera que las gasolinas, el diesel, así como el gas licuado, se reducirán cada uno en alrededor de 63 colones.

Lo más interesante de la decisión de ARESEP es que dicha reducción se origina en que, del total que de excedentes de RECOPE por cerca de ¢65 mil millones, ¢35.5 miles de millones provienen del sobreprecio cobrado y los restantes ¢26.5 miles de millones se debe a impuestos que el Ministerio de Hacienda le retuvo a RECOPE, medida que, a juicio de ARESEP, es indebida porque RECOPE supuestamente no tiene fines de lucro. Esto último muestra varias cosas: primero, la angurria del Ministerio de Hacienda por agarrar plata de donde sea (los ciudadanos estamos haciendo fila para el paquetazo), aún cuando sea ilegal, según nos lo dice ARESEP. En segundo lugar, que se diga que RECOPE no tiene fines de lucro, me parece que desnuda una paradoja que ha mostrado a plenitud, pues precisamente lo que ha hecho es actuar como buen monopolista, extrayendo el excedente que pueda de parte de los consumidores. En tercer lugar, el día de mañana se podría utilizar este tipo de argumentación para que también a los bancos estatales y el INS se les considere como entidades sin fines de lucro y, por tanto, no deberían de pagar el impuesto sobre la renta. Puede que el señalamiento de ARSEP sea el correcto, ante lo cual habrá que esperar al día en que haya competencia privada en la importación y refinación -esto es, competencia privada para RECOPE- para que todos tengan que pagar el impuesto sobre la renta.

En todo caso, la actuación de la ARESEP, al poner orden en la política de precios de RECOPE y tratar de limitar su poder monopólico en justo beneficio de los consumidores, es una buena noticia.

Ahora lo malo. ARESEP alquiló un nuevo edificio, con un espacio utilizable similar al anterior, lo remodeló con el lujo usual, se alejó y aisló de la mayoría de los usuarios que acudían a sus anteriores instalaciones en las cercanías de La Sabana al trasladarse a Santa Ana (lugar de moda para entidades financieras, ¡qué caché!) y, sobre todo, ahora gasta una jugosa suma mensual por alquileres de, según me han dicho, alrededor de $125.000 (cerca de ¢62.5 millones) al mes. Como diciendo “esta mula es mi macho”, la ARESEP se trasladó e ignoraron numerosos cuestionamientos que, por tal decisión, distintos medios le hicieron. Tranquilos, ahora sólo tratan de que pase el tiempo y que los ticos “majes” pronto lo olviden. El hecho es que no explicaron claramente a la ciudadanía del por qué de tal decisión, aún cuando se trate del uso de fondos públicos.

Esa estrategia, de dejar que las cosas pasen, ha estado presente en la reciente decisión tomada por ARESEP, de aumentar los salarios de los “mal pagados” altos funcionarios de la entidad. Ese aumento, cercano a un 10%, probablemente eleve algunos salarios mensuales a 5 o 6 millones, lo cual servirá de acicate para que funcionarios equivalentes en otras entidades del Estado se vean estimulados para pedir que se les pague lo mismo ¿o tal vez un poquito más? Ya vemos cómo en el INS se aprobaron recientemente otros aumentos salariales, que los acercan a lo que van ahora a ganar en la ARESEP.

Aunque doña Laura nos haya dicho que frenará el aumento en los gastos corrientes y principalmente en las remuneraciones de altos funcionarios en el sector público, en especial a la luz de la próxima ejecución tributaria que en la Asamblea Legislativa se planea contra la ciudadanía, por medio de un paquete tributario presentado ante ella por el Poder Ejecutivo, parece que a la Presidenta ciertos funcionarios gubernamentales no le quieren hacer caso, ¿o será que doña Laura dijo eso para salir del apuro, engañando a los ilusos quienes creímos que efectivamente frenaría en algo el excesivo gasto estatal?

Como reina el silencio acerca del aumento salarial de los altos jerarcas de la ARESEP, debo creer que todo está consumado, que el aumento a los “porecitos” burócratas va y que el esfuerzo firme para reducir el gasto público que nos había dicha Doña Laura, era simplemente pura paja.

lunes, 4 de julio de 2011

Tema polémico: Costa Rica necesita explorar su subsuelo


En los últimos tiempos, nuestro país ha avanzado en el insensato rumbo de prohibir la explotación de las riquezas naturales que tiene. Luego del escándalo con Crucitas, donde un grupo de ambientalistas retrógrados hizo huelga frente a Casa Presidencial y que un
Tribunal contencioso-administrativo fallara contra esa empresa y su actividad, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que impide la minería a cielo abierto, impulsada tanto por el Frente Amplio como por el endeble, cobarde y poco sesudo Poder Ejecutivo.

Recientemente, la posibilidad de que una empresa exigiera, en virtud de acuerdos comerciales previamente incorporados al ordenamiento jurídico, la oportunidad de conseguir una concesión para desarrollar la exploración y explotación petrolera en Costa Rica, asustó a más de un ambientalista. No faltaron las voces de odio, pasión y con tufo colectivista, que se levantaron contra tal propuesta. "Costa Rica es un país verde", "No a la ambición capitalista", "Sí a la vida" fueron algunas de las consignas que se escucharon. Y por supuesto, la torpe Administración Chinchilla Miranda, ha comenzado a reaccionar. Doña Laura salió a los medios diciendo que Costa Rica era un país que quería avanzar hacia el conservacionismo, la carbono neutralidad y un sinnúmero de paparruchadas, por lo que se posicionaba contra el petróleo. Los idiotas, por supuesto, aplaudieron felices.

Estas personas, incluyendo una gran cantidad de políticos, no se dan cuenta de que sus propuestas conservacionistas causan un gran daño. Creen que la tierra hay que mantenerla cual vergel inmaculado, que no se puede tocar ni la pata de una hormiga, ni el musgo de las piedras. Piensan que así, el mundo será un mejor lugar para vivir. Piensan -si el término les es aplicable- que impidiendo que un país explote sus propios recursos, se puede lograr el desarrollo.

Estas personas son, en su mayoría, no solo proteccionistas del ambiente, sino también en el campo ambiental. Sus consignas son las del "comercio justo" y otras barbaridades sustentadas en la errónea creencia de que hay que evitar que la producción local compita con la externa, de forma que justifican los aranceles altos como mecanismo de fortalecimiento de la industria interna. Claman por obligar a los costarricenses a pagar considerables sobreprecios en el arroz, el azúcar y otros productos, con la tonta excusa de que así se garantiza la seguridad alimentaria. Ven a la importación como algo negativo, como si adquirir bienes y servicios de diferentes características y a precios más accesibles fuera un pecado que hay que erradicar a punta de trabas y aranceles.

Lo curioso es que, entratándose del petróleo, sus premisas cambian. Ya no piensan en el desarrollo de una "industria interna" sino que están a favor de la importación. Desean que los costarricenses tengamos que adquirir un petróleo caro y nos niegan la posibilidad de explorar si en nuestro subsuelo, existe esa sustancia, condenándonos a seguir manteniendo a una institución tan ineficiente e injustificable como RECOPE.

Un país que se niegue, a sí mismo, la posibilidad de investigar si posee recursos naturales y explotarlos para su beneficio, no puede tener un buen futuro. Un Gobierno que cree que hay que impedir que los individuos inviertan, desarrollen proyectos productivos, busquen hacer más eficientes los procesos, generen empleo y riqueza, no puede ser un buen Gobierno.

Costa Rica necesita abandonar las premisas pasionales, las ideas de que la naturaleza no se puede tocar y avanzar hacia esquemas donde las personas puedan utilizar los recursos naturales, de acuerdo con reglas claras y que, sobre todo, contemplen los derechos de propiedad. Porque sólo así se podrá lograr que los eventuales riesgos de una actividad económica sean interiorizados por sus propietarios, sin trasladárselos al resto de los ciudadanos.

Quizá si fuera posible la exploración y explotación tanto de petróleo como de cualquier otro recurso natural abundante, nos quitaríamos de encima estupideces como la restricción vehícular.