martes, 30 de agosto de 2011

La columna de Carlos Federico Smith: ¿por qué tan caro en Costa Rica?


Ya han pasado muchos días desde que en un periódico de Costa Rica se hizo ver lo caro que se cobraba en nuestro país por los servicios domésticos de Internet, así como por la televisión por cable, en comparación con Panamá.

Supuse que, dada la gran cantidad de usuarios de ambos servicios que hay en nuestro país, habría alguna reacción de los principales suplidores explicándonos por qué las razones de que aquí esos servicios fueran mucho más caros, pero mutis, nunca reaccionaron. También creí que habría alguna explicación de parte de los órganos reguladores, a quienes presumí como potenciales responsables de que aquí tuviéramos esos mayores costos, por múltiples razones, siendo la principal que posiblemente imponían restricciones onerosas; pero tampoco han dicho nada. Y, por supuesto, me imaginé que irían a reaccionar aquellas instituciones públicas presuntamente existentes para defender los derechos de los consumidores, pero, mirala, han dado por callada la respuesta. Posiblemente aducirán que sólo actúan cuando hay una denuncia concreta, lo cual no es más que sinónimo de una grave evasión de las responsabilidades para las cuales fueron creadas. Les recuerdo que no fueron forjadas para estar echadas cruzadas de brazos, sino para activamente promover la competencia en beneficio de los consumidores, cuya restricción es la amenaza que hoy se señala.

El hecho es que, según la información periodística, en Panamá esos servicios son casi un 50% más baratos que aquí. Me he puesto a pensar si es que en Panamá hay un mayor aprecio por la competencia y, por ende, una mayor disposición gubernamental para promoverla hacia lograr el mayor número posible de oferentes, pero nadie ha podido confirmar mi apreciación. Al revés, pensé que tal vez en Costa Rica, con esa manera de ser que todo lo pretenden regular, más bien ha terminado por impedir el libre acceso deseable a esas actividades, mediante la introducción de elevados costos de entrada, pero tampoco lo he podido confirmar.

Por ello creo que el asunto no debe ser tirado al cajón del olvido, tal vez principalmente de parte de quienes terminamos pagando esos servicios más caros de los que podríamos tener si hubiera actitudes más positivas hacia el consumidor y hoy ausentes en nuestro país. Soy consciente de que un consumidor difícilmente se va a meter en un pleito jurídico y a líos con burócratas, dado que el costo, si bien no es insustancial por esos mayores precios que debe pagar, nunca van a exceder a los costos de aquellos litigios. Pero tengo la esperanza de que encontrarán alguna forma para defender la competencia y los beneficios que de ella obtienen.

En esa interacción casi irrestricta que, gracias a Dios los ciudadanos aún podemos ejercer en nuestro país, hay gente que me ha contado algunas historias en torno a la falta de competencia en la televisión por cable y en la provisión de servicios de Internet, que se resume en un acuerdo –nadie me lo ha podido confirmar que sea por escrito, pero sí al menos me lo han mencionado como de hecho- entre los dos más grandes proveedores de esos servicios, como son AMNET y Cabletica, para no competir entre sí en ciertos lugares del país. Por ejemplo me han citado ciertas zonas del este de San José en donde, casualmente, el cliente sólo puede ser servido por una de ellas, mas no por ambas, de manera que, si quiere el servicio, se ve obligado a contratar la única que lo tiene disponible en esa área. Lo interesante es que hay otros sectores en donde sucede lo contrario; es la otra empresa la que tiene el monopolio exclusivo, pues la competidora aún no ha entrado o aún no va a entrar o lo que sea.

Si estos son tan evidentes, ¿por qué los organismos promotores de la competencia no investigan su veracidad, pues, de ser así, se estaría ante un caso claro de colusión en contra de los consumidores, lo que los economistas conocemos como oligopolio, de lo cual un duopolio es, como tal vez en este caso, el de sólo dos empresas que se ponen de acuerdo para no competir y distribuirse el mercado?

Pero no sólo debería de hacer tal evaluación la agencia de Promoción de la Competencia, sino también la de defensa de los consumidores, pues somos nosotros quienes estamos pagando más caro por lo que podríamos obtener más barato, si en verdad existiera una mayor competencia. Para eso, se supone, es que existe la entidad que actúa en defensa de los intereses de los consumidores, menoscabados por las prácticas monopólicas como la expuesta.

También el análisis de la situación debería ser realizado por los órganos que han promovido la apertura de los servicios de Internet y televisión por cable en nuestro país. Quienes siempre hemos promovido esa apertura lo hemos hecho confiados en que no habría restricciones competitivas de alguna naturaleza, de manera tal que orgullosos podríamos mostrarles a los consumidores los beneficios que trae la competencia. Si es cierto que ésta se restringe por acuerdos entre pocos oferentes hay una función que deben cumplir las entidades reguladoras como, me imagino, serían la Superintendencia de Telefonía y no sé si la ARESEP. No se trata de tener una regulación absurda e insensata de precios que termina dañando al consumidor, sino de eliminar cualquier restricción que pueda afectar la libre entrada de cualquier empresa que desee poder competir en cualquier actividad, así como investigar si hay prácticas de división del mercado debido a la imposibilidad de que otras firmas puedan ofrecer sus servicios.

Uno cree en la empresa privada, pero principalmente cuando está sujeta a la competencia y no cuando se pone de acuerdo para competir en contra del consumidor.

Y termino señalando una posibilidad, tan sólo una posibilidad, que podría beneficiar a los consumidores nacionales mediante una mayor competencia: ¿Qué tal si decidimos y anunciamos, en el interés supremo del consumidor, que el mercado costarricense de televisión por cable y de Internet está abierto, sin restricciones diferentes aplicada a la empresas en el país, a cualquier empresa, incluso aquellas que, instaladas en Panamá y desde allá, deseen brindar sus servicios en Costa Rica? Les apuesto que lograremos bajar esos costos tan altos…

Jorge Corrales Quesada

lunes, 29 de agosto de 2011

Tema Polémico: El Malvado Empresario


Frecuentemente los empresarios son acusados de explotadores, inconscientes y codiciosos, de individuos que intentan ganar la mayor cantidad de dinero a expensas de la mayor cantidad posible de personas. Muchísima gente considera políticamente correcto rasgarce las vestiduras por el trabajador, defenderlo de esa codicia empresarial, del afán de lucro, garantizarle protecciones y ventajas por ser la "parte débil" de la relación. No faltan quienes aplauden las convenciones colectivas, los sindicatos, las garantías laborales e, incluso, apoyan las huelgas. En fin, pareciera que está bien decantarse del lado de los trabajadores y que está bien condenar al empresario a que pague, con desgracias, su atrevimiento de tratar de aprovecharse de los demás.

A los sindicatos y otros grupos revanchistas les encanta crear esa imagen de que existe una guerra constante entre los trabajadores y las empresas. Tal parece que a estos grupos les encantaría que dejaran de existir empresarios y que toda la riqueza se repartiera entre los trabajadores. Sin embargo, esas fantasías de opio no son más que ilusiones que algunos idiotas pretenden venderle a las personas. Como brillantemente dijera Ayn Rand "no puede repartirse lo que no ha sido creado". De ahí el increíblemente importante que juega el empresario en una sociedad: es el que crea, innova, arriesga su tiempo y capital, piensa nuevas formas de producir y ser más eficiente y, especialmente, es el que genera la riqueza.

Así pues, aclarando este panorama, debemos comprender algunas cosas. En primer lugar, en ASOJOD nos da la impresión que quienes asumen esa visión del empresario como un multimillonario, explotador y descorazonado ser, ni tienen idea de cómo se genera riqueza ni de cómo es la realidad. No se dan cuenta que si las empresas y el afán de lucro no existieran, simplemente no habría empleo, dinero, productos y oportunidades.

Hay que decirlo: un empresario crea y administra su negocio con el objetivo fundamental de hacer dinero. Esa es su única responsabilidad, su único deber y su más alto derecho. Y si a alguien le pareciera que eso es egoísta y va en contra del interés del trabajador, es claro que necesita utilizar con mayor frecuencia sus neuronas para detenerse a pensar un poco. Cuando el empresario desea ganar dinero, arriesga sus ahorros, pide prestado capital, desarrolla una idea y se tira al agua. Si le va bien y desea aumentar sus ganancias, empieza a contratar personas y a producir aquello que los consumidores desean. Ya con eso está generando un gran beneficio a sus desconocidos. Estas personas colaboran con el empresario a cambio de una remuneración. Una remuneración que se negocia anticipadamente a la contratación y dependerá del valor que agregue ese trabajo al cumplimiento de las metas de la empresa. Por su parte, quienes le compren, lo harán con base en un precio establecido por el mercado, es decir, el precio al que están dispuestos a adquirir un bien o servicio. Hasta acá es claro que en esta relación, las partes no actúan buscando otra cosa diferente a su propio bienestar. Por eso, es sencillo decir que la relación se da en condiciones ganar-ganar: el empresario gana con su producto y el trabajador y el consumidor también lo hacen.

Al trabajador no se le obliga a ocupar ese puesto de trabajo ni al empresario se le debería obligar a contratar a una persona si no existiese la necesidad real. Al consumidor no se le obliga a adquirir un producto y al empresario no se le obliga a venderlo. Es un proceso en el que se establece un contrato entre dos personas y nadie debería interferir en el mismo, pues cualquier obstáculo que se interponga cambia las condiciones, de forma que se tornan en un juego de suma cero: lo que gane uno será a expensas del otro. Y, contrario a lo que la gente cree, no es el empresario el que sale ganando en esos casos.

Políticos y represetnantes de varios grupos organizados se han encargado de que estos procesos no sean tan libres e impulsados por supuestas intenciones de mejorar las condiciones de los trabajadores, han presionado para el marco jurídico esté intervenido y sea el Estado el que defina a los ganadores y perdedores. Gracias a esas leyes, a los empresarios los obligan a contratar al personal ajustándose a ciertos horarios laborales, con condiciones mínimas de salario y garantías para el trabajador en caso de despido. A primera vista suena noble y correcto pero las consecuencias reales son muy diferentes. Estas obligaciones que le imponen al empresario lo que hacen es aumentar sus costos de operación y restarle competitividad. Dado esto, las empresas se ven obligadas a contratar menos personal y en algunos casos hasta a cerrar el negocio. En realidad, para lo único que sirven estas medidas, supuestamente en beneficio de los trabajadores, es para aumentar el desempleo y disminuir las inversiones.

Siendo así, los que más sufren con estas medidas suelen ser los de menos ingresos pues, al verse obligados a cumplir con tantos requisitos, los empresarios tienen que disminuir las contrataciones y esa baja empieza por aquellos puestos de trabajo que le agregan menor valor al negocio. Puestos de trabajo con pocos requisitos que casi siempre ocupan las personas de menores recursos con menos educación. Muchos negocios, en vista de que les es imposible subsistir con estas condiciones, se ven obligados a trabajar al margen de la ley perjudicando de esta manera sus posibilidades de crecimiento.

En el caso de nuestro país es claro que el empresario no es el tipo multimillonario que disfruta de lujos que otros jamás podrían costearse. En realidad, la mayoría de empresas en Costa Rica son MIPYMES. En muchos casos, la empresa la conforma no más que la misma familia del dueño e, incluso, la propia naturaleza hace que allí no se cumplan esas leyes laborales. Los hijos no tienen horario ni salario mínimo, pues entienden que, de hacerlo, su padre quedaría en la ruina. Y entratándose de una relación ganar-ganar, comprenden que cuanto mejor hagan su trabajo, más competitivos serán y más ingresos podrán tener, mejorando la calidad de vida de esa familia.

Sin duda, los empresarios son personas emprendedoras que cada día les cuesta más sacar adelante el negocio a causa de este montón de trabas y regulaciones. Y solo hemos hablado de las dificultades para contratar y despedir personal. Esto es tan solo el comienzo de la inmensa cantidad de trabas que tienen los empresarios para salir adelante. A esto se le debe sumar los impuestos que son cada vez mayores, la tramitología, los gastos para abrir y mantener una empresa, los esfuerzos para poder cumplir con la enorme cantidad de requisitos de prácticamente todos los ministerios. Y la lista puede continuar.

En este país, en lugar de propiciarse mejores condiciones para que se genere inversión privada parece que se está haciendo todo lo contrario. Muchos no se dan cuenta que al propiciar la generación de más empresas se aumentaría la demanda de empleo. Y al aumentar la demanda de empleo se mejoran las condiciones de trabajo de todas las personas.

viernes, 26 de agosto de 2011

Viernes de recomendación


Para este viernes de recomendación, queremos compartir con ustedes un interesante escrito de Minor Salas, titulado "Las Ciencias Sociales como consuelo", donde el autor señala una serie de problemas en la mentalidad de aquellos que piensan que, por medio de su disciplina, pueden y deben cambiar al mundo, como si fuera tan fácil simplemente diseñar un plan y que, mágicamente o por la fuerza, todos los individuos van a seguir.

Agradecemos a uno de nuestros lectores, Edwin Alvarado, por habernos sugerido este texto.

miércoles, 24 de agosto de 2011

Flash legislativo


El pasado lunes se consiguió algo histórico para el control político y el equilibrio de poderes que requiere toda democracia: por primera vez en muchísimos años, la Asamblea Legislativa improbó la liquidación de gastos del Gobierno Central, con lo cual hizo un fuerte llamado de atención por la cantidad de recursos desperdiciados, el financiamiento de gasto corriente con deuda, los errores de gestión, la falta de transparencia y rendición de cuentas que afectan a los costarricenses.

Con el voto de 26 de los 46 legisladores presentes (toda la fracción del PLN votó en contra), se aprobó el Dictamen Negativo de Mayoría de la Liquidación Presupuestaria, liderado por la Diputada libertaria Marielos Alfaro, quien preside la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Público y se ha convertido en la más crítica del gasto y desorden que tiene esta Administración y ha logrado, junto con el resto de Diputados de su fracción y la Alianza por Costa Rica, darle un golpe severo a la gestión del Gobierno de Laura Chinchilla.

Esperemos que este hito abra las posibilidades para impulsar una agenda legislativa tendiente a meter en cintura al Ejecutivo, limitarle su posibilidad de endeudamiento y obligarlo a ordenar la casa, al tiempo que ofrezca la posibilidad a los Diputados de contar con argumentos y valor para enterrar, de una vez por todas, el mal llamado proyecto de Solidaridad Tributaria.

¡NO a más impuestos debe ser la consigna!

martes, 23 de agosto de 2011

La columna de Carlos Federico Smith: Responsabilidad política


El Primer Ministro del Japón Murayama, poco después del terremoto que asoló la región de Kobe en esa nación, dijo que “él aceptaba la plena responsabilidad política por las más de 5.000 muertes causadas por el terremoto”. Este es tan sólo un ejemplo de cómo en ciertas naciones civilizadas, los políticos, si bien no siempre están dispuestos a renunciar cuando alguien se los solicita, si los hechos son de cierta magnitud o importancia, asumen la responsabilidad por ellos. Terminan renunciando y yéndose para la casa. Eso es lo que se llama asumir la responsabilidad política.

Por eso no he entendido muy bien cómo, después de que se han gastado sumas millonarias en nuestro país, provenientes de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, a fin de resolver el famoso problema de la platina, lo único que ha sucedido es la suspensión de una funcionaria de segunda, encargada de la supervisión de puentes en CONAVI, entidad dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Suspensión supuestamente motivada por alguna actuación indebida en torno a la solución que las mismas autoridades gubernamentales del Ministerio propusieron públicamente. Porque no me imagino que la responsabilidad por incumplimiento de deberes, por la cual podría acusarse a esa funcionaria, no surge de haber propuesto soluciones que, en su momento, han de haber sido conocidas por las más altas autoridades de ese Ministerio y que no tardaron en hacérnoslas saber. Esto es, me imagino que las altas autoridades del MOPT han de haber conocido previamente cuáles eran las soluciones propuestas por el CONAVI y, al haberlas divulgado, fue porque, de alguna manera, les dieron su aprobación como solución al problema ya conocido.

No se trata sólo de salir ahora al paso diciendo que la única persona responsable de todo el episodio es aquella funcionaria, pues más parece que estamos en presencia, una vez más, de que el hilo se rompe por lo más delgado. Debería de investigarse profundamente cuál ha sido el papel desempeñado por las autoridades de ese Ministerio, principalmente de los niveles más altos, que me parece son los políticamente responsables de las actuaciones de ese Ministerio. Porque sí, el manejo de esta situación de la platina ha ido todo un relajo y si no recordemos las medidas y el tiempo que ha tomado la solución que al final se vino a dar en torno a su arreglo, cual es que el puente debe ser construido de nuevo a un costo de muchos millones de colones adicionales.

Gran cosa fueron las medidas que se tomaron meses atrás, cuando con el pretexto de un arreglo supuestamente final, nos crearon un verdadero calvario de interrupciones en las vías cercanas, en el marco de planes para aliviar las presas originadas por la reparación. ¿Se acuerdan de las ideas y promesas geniales para aliviar la congestión y el gasto de gasolina? Les menciono, entre otras, acelerar la presencia del tren de pasajeros a San Antonio de Belén, para que la gente pudiera movilizarse por medio del transporte público que ya no se podía hacer por el arreglo; la instalación de un puente frente al Castella –aunque resultó ser tardía, una vez que se había provocado la enorme presa por la reparación, como todo lo que se hace en el gobierno-; el arreglo de la calle que va de Heredia a Alajuela para agilizar el tránsito en el oeste de la ciudad, que aún no termina de arreglarse. Entre otras medidas que fueron propuestas para desfogar las presas que iba a causar la reparación de la platina y que no sirvieron y que sólo significaron mayor retraso y más alto gasto de gasolina para quienes usamos vehículos.

En síntesis, con esas reparaciones lo que ha abundado es plata pública desperdiciada, no sólo en costos directos por la reparación del puente, que parecen haber ascendido a sumas millonarias, sino indirectos sobre el bolsillo de todos los transeúntes en la zona.

Es cierto que ningún Ministro o Vice Ministra puede estar en todo, pero no es posible que, habiendo salido a la prensa cada rato, anunciando que ya tenían una solución al problema de la platina y que pronto el plan estaría en marcha, lo único que hoy podemos contemplar es la suma multimillonaria de fondos públicos gastados en todo este sainete. Era o producto de la fábula o una expresión de desinterés de las autoridades o un simple desprecio por los apuros de los costarricenses, a quienes se les asume ser tan tonticos como para ser embollados con un inminente arreglo. Lo único cierto es que hoy el problema del puente es muy grave, tanto por la inoperancia de los arreglos de la platina en si, como por el riesgo que corremos si se diera un sismo de cierta magnitud no infrecuente en nuestro medio, tal como lo han enfatizado algunos profesionales de la Universidad de Costa Rica y que ha sido divulgado por diversos medios de comunicación.

Si tuvieran un poquito de dignidad quienes así han actuado, incumpliendo claramente sus deberes políticos en las posiciones claves para los cuales el Estado costarricense políticamente les contrató, ya nos habrían expresado que asumen sus responsabilidades políticas de todo lo sucedido y que se iban para sus casas.

Pero, mirala: todo menos la renuncia…

Jorge Corrales Quesada

lunes, 22 de agosto de 2011

Tema polémico: el origen de la delincuencia


Dada la apremiante situación que tiene nuestro país con la delincuencia azotando cada esquina y amenazando a todos los individuos decentes que tratan de vivir en paz, en ASOJOD nos pareció importante hacer una breve reflexión sobre el origen de este problema.

Hay quienes dicen que la causa de la delincuencia es la falta de oportunidades, la pobreza, la misería, todo lo cual hace que las personas tengan que robar para poder sobrevivir. Son quienes afirman que la delincuencia es un producto social y tienen el descaro de responsabilizarnos a todos los demás por lo que una persona hace. Ven al delincuente como una víctima de la sociedad, como el resultado de privaciones y exclusiones, por lo cual no hay que castigarlo, sino rehabilitarlo. Pretenden afirmar que existe una relación entre pobreza y delincuencia, pero esto no explicaría por qué hay personas de estratos socioeconómicos altos que delinquen (los delitos de “cuello blanco”, los fraudes registrales, la corrupción política, los desfalcos a fondos públicos, entre otros), ni tampoco se sostiene cuando se revisan los datos de pobreza y delincuencia. Como dice Pirie, “no existe una relación lineal mecánica entre pobreza y violencia. Las naciones y los individuos más pobres no siempre son los más propensos al crimen. En América Central, los países más seguros son el más rico, Costa Rica, y el más pobre, Nicaragua. La de Costa Rica fue la tasa más baja (6,2), y la de El Salvador, la más elevada (43,4)” .

Lo mismo sostiene el informe “Crime and Development in Central America” del Observatorio de Tendencias Delictivas y Operaciones de Sistemas de Justicia Penal de las Naciones Unidas, donde se expresa que “las naciones más pobres y la gente más pobre, no son necesariamente los más propensos al crimen. De acuerdo a las estadísticas, uno de los países más seguros en Centroamérica es el más pobre (Nicaragua). Entonces, el desempleo o la “situación económica”, aunque podrían estar arraigados en la mentalidad pública como causas del delito, tienen una relación muy circunstancial” .

No obstante, como esa creencia pareciera estar fuertemente arraigada en la mentalidad de los tomadores de decisiones, nuestro sistema penal ha sido llevado en esa dirección. De acuerdo con el I Informe Estado de la Región, “el Código Procesal Penal, de 1998, aumentó las garantías del debido proceso a favor de las personas indiciadas y, ese mismo año, una reforma al Código Penal generó las condiciones que llevaron a la desjudicialización de ciertos delitos. Esta situación ha motivado una creciente controversia y frecuentes demandas públicas, a las que las autoridades judiciales (Corte Suprema y Ministerio Público) han respondido con nuevos procedimientos” . Así las cosas, viendo al criminal como una víctima y siendo muy flexibles con él, los diferentes Gobiernos han alcahueteado las conductas negativas.

Este tipo de ideas soslayan una cuestión elemental: la acción delictiva es el resultado de una decisión individual, facilitada por un marco jurídico e institucional excesivamente tolerante, que prácticamente garantiza la impunidad. En un contexto como el costarricense, donde la tónica ha sido que unos obtengan ganancias a través de otros, el individuo ―sin importar su condición socioeconómica― ha comenzado a interiorizar la posibilidad de obtener aquello que necesita mediante la fuerza, sea robándolo, sea exigiéndoselo al Estado como si fuera un derecho o sea aliándose con políticos corruptos para obtener favores, acciones que tienen el común denominador de perjudicar a terceros.

Justamente allí es donde, para ASOJOD, se origina la actitud delictiva de las personas: de su propia voluntad. No hay nada de eso de que a alguien lo empujan a cometer delitos ni que roban para alimentar a una pobre familia a punto de morir de inanición. Lo que tenemos es una cultura que ha premiado la actitud parasitaria, donde se ha enseñado a las personas que siempre habrá alguien que pague sus cuentas, que necesidad es equivalente a derecho, que está bien ver a los otros como animales de sacrificio, como medios para cumplir sus fines.

Es esa perversión moral que las personas han individualizado gracias a un sistema que le incentiva conductas de tal naturaleza y cuyos horizontes culturales han sido fijados a ese nivel, la que motiva a los individuos a delinquir. Y, tras de eso, son premiados con la lástima, el "pobrecito", el discurso de la "segunda oportunidad", la tolerancia y alcahuetería extremas que terminan por impedir que se les castigue con rigurosidad y que nos tiene realmente mal.

Si queremos acabar con la inseguridad ciudadana es necesario cambiar los horizontes culturales y las premisas morales que llevan a las personas a creer que está bien vivir a costa de los demás y que solo basta pedirle a alguien y esperar que todo le sea entregado. De lo contrario, nos estaremos autoengañando al creer que más policías y más recursos van a evitar que nos roben.

viernes, 19 de agosto de 2011

Viernes de Recomendación


Para este día les recomendamos la Introducción del "Manual de Economía Austriaca Contemporanea" de Peter J. Boettke. En este documento se muestras los diez principios básicos de la Escuela de Economía Austriaca.

miércoles, 17 de agosto de 2011

Flash legislativo


Esta semana se comenzará a discutir, en el Plenario Legislativo, la liquidación presupuestaria 2010. La Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Público, órgano encargado de dictaminarla, emitió dos informes: uno de Mayoría Negativo -firmado por los Diputados Marielos Alfaro y Adonay Enríquez (ML), Víctor Hernández (PAC), Walter Céspedes (PUSC) y Víctor Granados (PASE)- y uno de Minoría Afirmativo -suscrito por las oficialistas Alicia Fournier y María Ocampo).

Sobre este último no haremos ninguna mención, por cuanto el Gobierno se ha encargado y seguirá encargándose de defender la forma en que gastó el dinero de los tax payers. Por ello, haremos referencia únicamente al Dictamen Negativo, el cual ofrece importantes conclusiones sobre el desorden financiero y el despilfarro del que ha sido responsable la Administración anterior y que la actual ha continuado.

En primer lugar, explica que si bien la crisis internacional tuvo repercusiones en la producción y en la recaudación, los resultados negativos de la liquidación no se deben a esta situación, sino que responden a fallas concretas del Poder Ejecutivo: su incapacidad para vincular metas nacionales y sectoriales, la reducida vinculación de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto, la ausencia de indicadores que demuestren la efectividad del gasto público, los recurrentes problemas de ejecución, la ausencia de claridad, por parte de Hacienda, del impacto que tienen los programas sobre los ciudadanos.

Todos estos problemas han sido reiteradamente señalados por la Contraloría General de la República durante la última década y por la misma oposición el año pasado, cuando emitió un Dictamen Negativo de Mayoría en Comisión pero que, gracias a las trastadas de Liberación Nacional, no pudo aprobarse en Plenario.

El segundo punto que toca es la subejecución. Al igual que el año pasado y que muchos otros, vuelve a subejecutarse buena parte del presupuesto. A pesar que el Poder Ejecutivo presentó, en enero de 2011, un proyecto para aumentarle los impuestos a todos los ciudadanos, argumentando que no tenía recursos para atender las necesidades y obligaciones asumidas por el Estado costarricense, la realidad demuestra que miles de millones de colones quedan sin ejecutar todos los años. En esta ocasión, fue nada más y nada menos que ¢257.215 millones, aproximadamente la mitad de lo que espera recaudar el Gobierno con su estúpido proyecto de "Solidaridad Tributaria". Esto quiere decir que los recursos están, que las instituciones los tienen, pero que su incapacidad, irresponsabilidad e ineficiencia les impiden usarlos y darle respuestas a las necesidades ciudadanas (muchas de las cuales no compartimos en ASOJOD).

En tercera instancia, uno de los problemas más sensibles sobre los que apunta este informe es el continuo vicio de legalidad que pesa sobre el Presupuesto de la República, por cuanto se sigue incumpliendo la prohibición de financiar gastos corrientes con ingreso de capital, dispuesta por el artículo 6 de la LAFRPP. Mientras que en el año anterior se financiaron ¢414.864 millones por esta vía, la liquidación de 2010 muestra que ese monto se incrementó hasta la friolera de ¢531.942 millones, dejando claro que, contrario a lo propuesto por el Poder Ejecutivo, no existió ningún esfuerzo claro y decidido para reducir el gasto público y sanear las finanzas.

Financiar gasto corriente con deuda es un problema de enorme magnitud. Primero porque la ausencia de un equilibrio presupuestario amenaza la estabilidad financiera y macroeconómica del país y traslada los costos a los ciudadanos, que son los que tendrán que pagar los endeudamientos en que ha incurrido el Estado para solventar erogaciones que no generan los rendimientos ni utilidades de una inversión. Gracias a esta irresponsable acción estatal, los ciudadanos se ven amenazados hoy día con un nuevo paquete de impuestos, que pretende aumentarle el precio final que tienen que pagar por los bienes y servicios –especialmente educación y salud–, castigar a todo aquel que pretenda ahorrar o invertir e impide, sin duda alguna, la reactivación económica que se requiere para salir de la crisis.

Además, el incumplimiento de legislación vigente, por parte del órgano constitucionalmente encargado de “sancionara y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su cumplimiento” –según lo dispuesto por el 3) del artículo 140 constitucional– evidencia una seria contrariedad y contradicción. Tal hecho también se opone al principio de legalidad, contenido tanto en la Constitución Política como en diversa normativa de rango infraconstitucional, mismo que representa un instituto elemental de la Administración Pública costarricense, al erigirse como garantía del imperio de la ley y, particularmente, del régimen de sujeciones y limitaciones que tiene el Estado frente a los administrados para evitar abusos y arbitrariedades.

Esto merece una de las más fuertes críticas hacia el Poder Ejecutivo, pues no sólo no predica con el ejemplo a la hora de hacer valer el ordenamiento jurídico, sino que este acto ha sido reiterado, sin que se establezcan las responsabilidades civiles, administrativas y/o penales del caso. De esta culpa también es partícipe la propia Asamblea Legislativa, pues año a año, ha aprobado los proyectos de presupuesto a sabiendas de la ilegalidad manifiesta que contiene y sin que se implemente mecanismos que la impidan.

Finalmente, el último aspecto que señala es el de la inaplicación del régimen sancionatorio contra los funcionarios que incumplen su trabajo y sus responsabilidades. El sistema político costarricense se ha convertido en un sistema incapaz de desalentar las conductas inapropiadas, pues ante las fallas reiteradas ni los jerarcas de las instituciones directamente involucradas, ni el Consejo de Gobierno, ni la Contraloría ni la misma Asamblea Legislativa han activado los diferentes mecanismos para sancionar a los funcionarios que lesionen la Hacienda Pública.

A pesar que esta ha sido un lunar en prácticamente todas las Administraciones de la última década, pareciera ser que la actual es la más indolente de todas. En tan solo su primer año de gestión, no hay señales claras de que los funcionarios que actúen contra el interés de los ciudadanos, despilfarrando fondos públicos, incumpliendo los objetivos institucionales y realizando actuaciones contrarias al deber de probidad, vayan a ser removidos por ello. Por mencionar tan solo unos pocos casos, hay que recordar el del ex Ministro de Seguridad, José María Tijerino, con su “mediación” ante el Poder Judicial para influir en el resultado de una investigación contra Rodrigo Arias, el del ex Presidente Ejecutivo del AyA, Óscar Núñez, que se fue a México con una funcionaria institucional haciendo uso, ambos, de fondos públicos; el del ex Ministro de Trabajo, acusado por acoso sexual, el del Canciller René Castro, cuestionado por nombramientos clientelistas en la Cancillería y, más recientemente, las propias declaraciones de la Presidente Laura Chichilla respecto a la situación de la Caja Costarricense del Seguro Social, cuando indica que “no es mi estilo buscar culpables”. Efectivamente, todos estos ejemplos dan fe de las palabras de la mandataria. No busca culpables, antes bien, los premia con nuevos puestos, los hace parte de su equipo de trabajo o los excusa ante la opinión pública.

A pesar de ser este apenas un breve repaso de lo que plantea el informe, en ASOJOD esperamos que su votación transcurra con buen suceso y se logre aprobar el Dictamen Negativo de Mayoría. Sería la primera vez en muchos años que la Asamblea Legislativa imprueba la liquidación del presupuesto, pero la oportunidad histórica se presenta ahora que la oposición domina el Congreso.

Improbar la liquidación daría muy buenas señales no sólo en términos de control político -tarea que la Asamblea Legislativa ha dejado de abordar con seriedad- sino que también agregaría argumentos para cuestionar la insensata cruzada del Ejecutivo para meternos la mano en el bolsillo con más impuestos.

martes, 16 de agosto de 2011

La columna de Carlos Federico Smith: prosigue el desorden fiscal


Una de las pocas reglas conducente a introducir cierta disciplina fiscal necesaria en el país era la de que los gastos corrientes del gobierno central, es decir, aquellos distintos de los de inversión, en tanto que aquellos incluyen principalmente las remuneraciones salariales y las pensiones, fueran cubiertos con ingresos corrientes, o sea, básicamente con los impuestos recaudados.

Esta es una política fiscal eminentemente sana, pues hace posible que aquellos gastos de inversión que realiza el Estado, como, por ejemplo, caminos, carreteras, escuelas, hospitales, entre muchos otros, puedan ser financiados mediante el endeudamiento interno o externo. Esto es lógico desde varios punto de vista: exige valorar las inversiones propuestas que, para que puedan ser llevadas a cabo, deberán de dar un rendimiento mayor que el costo de ese financiamiento y, por otra parte, permite que, mediante un endeudamiento que deberá ser repagado, se disponga de los recursos necesario que muy posiblemente no pueden ser financiados en su totalidad en un año dado con los ingresos corrientes. Se supone que el rendimiento de esas inversiones y su efecto positivo sobre el crecimiento de la economía, será mayor que su costo de intereses que se deberán ir pagando con el paso del tiempo y, al final, al vencimiento, del propio préstamo recibido. Es decir, con dicha práctica fiscal hay la posibilidad de endeudarse y pagar dicho préstamos a largo plazo, sin que sean gastados en los llamados gastos corrientes, que por definición se espera que no den los resultados que tiene una inversión.

Si algo se puede haber aprendido de las crisis de naciones de Europa como Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia, y más cerca, la reciente de los Estados Unidos, es la falta de disciplina fiscal que ha caracterizado a sus gobiernos. La norma ha sido un exceso de gasto público por encima de los ingresos tributarios corrientes, lo cual ha significado que surjan cuantiosos déficit en las cuentas del Gobierno, el cual, por el momento, ha acudido principalmente al endeudamiento interno y externo, en magnitudes cada vez mayores, a fin de poder paliar ese exceso de gasto sobre los impuestos. Enfatizo “por el momento”, porque aún dispone del mecanismo de rebajar el valor de sus monedas mediante una emisión monetaria que cubra esos déficit, pero que ya sabemos que ello a lo único que conduce es a la inflación.

En Costa Rica nos hemos ido acercando peligrosamente a la situación conocida de las naciones europeas y de los Estados Unidos. El exceso de gasto gubernamental genera déficit cada vez mayores, que deben financiarse mediante la colocación de deuda interna o externa, hasta que la cosa termina por explotar cuando los mercados descuentan el elevado costo de estas prácticas, como lo ha reflejado la reciente reducción de la calificación de la deuda federal del gobierno de los Estados Unidos, así como también de las naciones europeas mencionadas.

La pregunta es, entonces, ¿qué hacen las autoridades para evitar estos problemas? A todas todas luces promueven la única y más fácil solución que los estatistas tienen entre manos: aumentar los impuestos.

De paso, dado que parece que don Ottón Solís no conoce del tema, aunque dedicó una página entera en La Nación para defender las llamadas políticas Keynesianas, me referiré a este asunto de la oportunidad de aplicar esas políticas para salir de la recesión. Lo cierto es que Keynes propuso que, ante una recesión en una economía industrial, existía conceptualmente tanto el remedio de introducir política monetaria como la fiscal, a fin de poder aumentar la demanda agregada, a cuya insuficiencia atribuía la causa de la recesión.

En cuanto a la política monetaria, Keynes enfatizó que no era muy viable en medio de una recesión, debido a la inelasticidad de la inversión frente a una reducción en la tasa de interés –esto es, que la inversión casi no aumentaba ante una baja en la tasa de interés ̶ por lo cual una política monetaria expansiva tenía serias limitaciones para lograr estimular la insuficiente demanda agregada. Además, como parte de las limitaciones de la política monetaria, Keynes señaló la posibilidad de que se estuviera en presencia de la llamada trampa de liquidez, por la cual el Banco Central no estaba en capacidad de reducir las tasas de interés, debido a que la demanda de dinero era infinita a cierta tasa –la trampa de liquidez; esto es, que la gente demandaba la totalidad del dinero que el Banco Central emitiera como instrumento para salir de la recesión, en vez de dirigirlo a aumentar la demanda de bonos, cuyos precios aumentarían, con la consiguiente baja en las tasas de interés, que a su vez se reflejaría en aumentos necesarios en la inversión y de la demanda agregada.

Esto dejaba como única posibilidad de política Keynesiana a la parte fiscal, ya fuera mediante la política tributaria o la de gasto público. En cuanto a la primera opción, Keynes indicó que la tasa marginal máxima del impuesto federal sobre la renta en esa época era de tan sólo un 25%, por lo cual existía una seria limitación para poder reducir la tasa y así bajar los impuestos, y con ello impulsar la demanda agregada en lo que fuera necesario. El Gobierno de los Estados Unidos no hizo caso al consejo de Keynes de reducir los impuestos, sino que, por el contrario, aumentó la tasa marginal del impuesto sobre la renta a un 60% -hizo lo mismo que hoy pretende la administración Obama y que don Ottón no ha notado-. Ante esto, la única posibilidad de política fiscal expansiva que quedaba, como la que proponía Keynes, era mediante una expansión del gasto gubernamental, y eso se hizo fuertemente en el episodio de la recesión de los años treinta. Sabemos que esta propuesta no tuvo éxito en aquella época, como tampoco actualmente parecen haberla tenido con las reducciones de impuestos que se hicieron y no reactivaron la demanda agregada ni la salida de la recesión que los Keynesianos anhelaban lograr con tales políticas tributarias.

Volviendo a Costa Rica, el Gobierno, en lugar de proponer una reducción del gasto, más bien este año, en su presupuesto del 2012, propone un aumento del gasto de un 8%, que, si bien aprovecha para alegar que es una bienvenida reducción del crecimiento del 13.7% del año pasado, lo cierto es que lo aumenta en términos reales en, al menos, un 2%, en vez de reducirlo ante los serios problemas deficitarios. En efecto, no se vislumbra por ningún lado un plan concreto de limitación al gasto público, sino que toda la acción del Gobierno tiende hacia lograr un aumento de los impuestos y, entre tanto, saturar los mercados mediante un endeudamiento que casi equivale al 45% del total de su presupuesto para este año y que, por mucho, excede a su obligación de usarlo para cubrir los gasto de inversión y no los gastos corrientes.

Espero que la Contraloría, a quien la Asamblea le ha prestado oídos sordos, mantenga su posición en contra de esta forma de financiamiento, pues es conveniente, a todas luces, que el Congreso vuelva a poner orden en este desorden, pues está a punto de reventar una crisis sin paralelo en nuestra economía. De la opinión que al respecto puede tener la Sala Cuarta, casi prefiero no hablar, pero sí me atrevo a preguntar si no ¿será porque la obligación de cubrir los gastos corrientes mediante ingresos ordinarios le obliga a que tenga que buscar financiamiento corriente para sus propios gastos ordinarios? Puedo estar equivocado, pero es hora de que apoye los esfuerzos para poner algún grado de orden en lo fiscal, dado que el Poder Judicial y la Sala, en particular, son parte sustancial del gasto gubernamental que hoy está desfinanciado en tan alto grado.

Enfatizo que, antes de acudir a la emisión monetaria como una salida del apuro de gasto, lo que el gobierno propone es aumentar los impuestos, pero ello va en contra de todo lo que uno conoce como medidas fiscales en caso de una recesión, como la que actualmente viven la economía nacional y mundial, además de que el endeudamiento a que hoy tan fácilmente acude el gobierno, será descontado como impuestos futuros sobre todos los ciudadanos, además de que se puede esperar un alza en las tasas de interés y una menor disponibilidad de crédito para el sector privado. Esto mientras este mismo gobierno no se decida a soltar las amarras monetarias.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 15 de agosto de 2011

Tema Polémico: Indignados contra...¿?


Es innegable el legítimo derecho del ser humano a manifestarse ante lo que considera injusto. Este es, de hecho, un elemento fundamental de las democracias, al punto que no podríamos considerar una que acalle la voz de quienes sienten cómo sus legítimas aspiraciones se ven afectadas. Sin embargo, en los últimos meses hemos presenciado en diversas partes del planeta manifestaciones que banalizan este derecho.

En ASOJOD queremos llamar a reflexionar sobre el verdadero valor del derecho a manifestarse y su utilidad, como recurso ante las verdaderas injusticias, además del peligro y las contradicciones que se esconden detrás de algunas de estas expresiones.

Para ser claros, el derecho que estamos defendiendo –y sobre el cual queremos llamar la atención- es aquel que utiliza los mecanismos institucionales que brinda la democracia para manifestarse, y que constituye la vida misma de todo régimen democrático. No podríamos tolerar, por su puesto, aquellas manifestaciones contra la democracia misma, pues su naturaleza pone en peligro la propia supervivencia del sistema.

La reflexión surge a partir de las manifestaciones de los llamados Indignados de España, que nacen como corolario de la revolución de los Jazmines, con la clara diferencia de que estos últimos combaten en países al mando de tiranos, mientras que en Occidente las manifestaciones se enmarcan dentro de regimenes democráticos.

La consideración no escapa a nuestro interés inmediato, pues aunque los acontecimientos que se viven en España, Inglaterra, Chile e Israel se dan a miles de kilómetros de distancia, las consecuencias podemos apreciarlas en casos como la reciente huelga de trabajadores de la Caja Costarricense del Seguro Social, por citar sólo un caso.

Y es que no podemos dejar de lado las claras contradicciones que encierran este tipo de acciones colectivas, cuando los manifestantes exigen empleo, pero sus ataques se dirigen contra el sistema financiero y empresarial generador de empleo; cuando se indignan contra los políticos y la política en general, pero sus demandas colectivistas se encaminan a pedir mayores prerrogativas a los políticos; cuando exigen transparencia y democracia genuina, pero ellos mismos critican a los representantes que votaron, o peor aún, ni siquiera votaron.

“No nos representan”, gritan en España, pero son los que gritan –y los que no-, quienes llevaron a los representantes hasta donde están. Estas mismas contradicciones las podemos encontrar una y otra vez en nuestro país. Cuántos costarricenses que hoy critican las condiciones en que vivimos votaron por el partido en el gobierno.

Indignarse más parece un esnobismo que se expande al ritmo de las redes sociales. El último grito de la moda progresista es indignarse, y luego, preguntar por las razones de la indignación. Si alguien creé exagerada esta apreciación debería ingresar al grupo en Facebook Indignadxs Costa Rica para corroborar lo aquí dicho.

Pero no debemos reflexionar únicamente sobre la banalización del derecho a manifestarse, y los peligros que acarrea semejante libertad, sino también, sobre la eficacia de este instrumento, como mecanismo para llamar la atención y lograr objetivos sociales.

Ya en 1965 Mancur Olson, en su libro La Lógica de la Acción había señalado la naturaleza ineficiente de las manifestaciones dentro de los grupos numerosos, los cuales resultan menos eficientes en términos de organización y movilización que los grupos pequeños.

La cuestión no es menos relevante, pues si nos preguntamos cuál fue la última movilización social en Costa Rica que alcanzó el 100% de sus demandas deberíamos retroceder hasta el año 2000, cuando las organizaciones sociales lograron detener denominado “COMBO DEL ICE” que intentaba privatizar la prestación de los servicios la electricidad y las telecomunicaciones. Muchas manifestaciones han pasado en poco más de 11 años desde entonces, y ninguna ha logrado alcanzar la totalidad de sus peticiones.

¿Podríamos decir que este es un mecanismo eficiente? La respuesta es un categórico No.

Ni los grupos en contra del TLC, ni los estudiantes universitarios que pedían un aumento del presupuesto del FEES, ni los porteadores, ni los grupos indígenas, ni los trabajadores de la Caja, ninguno de estos grupos han alcanzado la integridad de los objetivos perseguidos.

Es por estas razones que consideramos que el derecho a la protesta debe ser accionado como ultima instancia, en casos que lo ameriten. Convocar a la protesta sin antes agotar los mecanismos que la propia democracia nos otorga es banalizar el derecho a la desobediencia. Lamentablemente hoy el derecho a manifestarse se encuentra corrompido, desgastado y degradado por los aficionados a la queja.

viernes, 12 de agosto de 2011

Viernes de Recomendación


¿Quién es Thomas Schelling?

Este economista estadounidense, ganador del Nobel de Economía en 2005, junto a Robert J. Aumann, dedicó su vida intelectual a entender la naturaleza de las relaciones humanas, particularmente las conflictivas.

Su libro, The Strategy of Conflict ha sido uno de los más destacados en el análisis del conflicto desde la segunda mitad del siglo XX.

jueves, 11 de agosto de 2011

Jumanji empresarial: adiós al sueño norteamericano

Es hora de que Costa Rica y toda Latinoamérica despierten del histórico sueño norteamericano, el sueño de tratar de igualarse con EE.UU. por la vía de la redistribución de riqueza de norte a sur y por la aplicación de políticas mercantilistas internas que, aunque en teoría funcionan en economías muy desarrolladas, en economías pequeñas y poco desarrolladas terminan condenando a los países a una dependencia cuasi colonial.

La maldición de las materias primas que conlleva un excesivo énfasis en la sub utilización de recursos financieros y humanos y que sirve para satisfacer la necesidad de los países desarrollados por tales materias –incluyendo ensambles de poco valor agregado (Zonas Francas)– aumenta sistemáticamente el riesgo de generar economías de escasez interna que ponen en peligro la seguridad y prosperidad de los habitantes de estos países. Semejante fenómeno, unido a una planificación centralizada de la producción y un proteccionismo elitista tradicionalmente ineficaz y redistributivo, mantienen a las economías de nuestros países dentro de un ingrato modelo de redistribución de la pobreza, donde cuaja la servidumbre de un capital humano de bajo conocimiento tácito y carente de capacidad heurística, factores que impiden la innovación continua y la capitalización individual.

Las soluciones, aunque evidentes, son altamente conflictivas, dado que el poder económico establecido y el poder político se hallan altamente interconectados y dependen el uno del otro. La desprotección de todos los grupos económicos, incluyendo a los empleados públicos e instituciones estatales, permitiría que surja una economía basada en los méritos, el descubrimiento empresarial y la diseminación del conocimiento tácito, situación que optimizaría –no cabe duda– la formación de nuestro capital social.

Para el empresario, solo existen costos de oportunidad y costos de transacción. Los costos de transacción son aquellos impuestos por el Estado que crean incertidumbre financiera, regulación engorrosa, impuestos depredadores al capital y trabas para acceder a los mercados. Si Latinoamérica, frente a la actual crisis económica de los países desarrollados, entra en un nuevo estancamiento económico, hay que identificar a sus causantes inequívocos: el fenómeno de la maldición de las materias primas de bajo valor agregado y los altos costos de transacción que impiden el descubrimiento en los mercados, además de aumentar la resistencia a la capitalización individual y a la inversión generadora de empleo.

Andrés I. Pozuelo Arce

martes, 9 de agosto de 2011

La columna de Carlos Federico Smith: acerca de la menor calificación de E.E.U.U.


No podía dejar de referirme al tema de la reducción en la calificación de los Estados Unidos que recientemente le impuso la empresa calificadora Standard & Poor’s.

Lo primero que quiero señalar es que tengo poca confianza en el trabajo que, en los últimos tiempos, han desempeñado las empresas dedicadas a calificar la bondad de distintas entidades económicas. En el caso particular de los Estados Unidos, está presente su pésimo desempeño en la valoración que, para potenciales inversionistas, realizaron a empresas financieras de Wall Street pocos días antes de que se entronizara la crisis de fines del 2008. No pudieron darse cuenta de la enorme exposición al riesgo que tenían importantísimas entidades financieras que luego quebraron, tanto de aquellas que el Gobierno Federal estadounidense no impidió que cerraran, así como otras a las que sí se les prestó cuantiosos fondos federales para evitar esa situación de bancarrota, bajo el cuento de “too big to fail”.

Al surgir la crisis, se dio como explicación de esa conducta impropia de las empresas calificadoras, el que ellas efectuaban tales calificaciones mediante el pago por las mismas firmas que iban a ser valoradas. Lo que se conoce como riesgo moral se hizo patentemente presente.

Aparte de todo esto, creo que esa reducción en la calificación de los Estados Unidos, por la cual se redujo su calificación de AAA a AA+, si bien es algo ligeramente menor, sí muy significativa por tener esa nación un récord histórico de haber mantenido por muchos años la más alta calificación. Después de todo, los Estados Unidos han tenido una moneda que básicamente ha sido universalmente aceptada y, aparejada a esta valoración, ha mantenido el mayor aprecio como nación segura en donde invertir fondos de deuda gubernamental.

Antes de observar cuál es la reacción de los principales mercados bursátiles, que no han abierto al momento de escribir este comentario, es difícil predecir qué va a suceder en cuanto a la tenencia universal de bonos estadounidenses, si bien deseo destacar que para invertir no existe una cantidad de deuda gubernamental como la de los Estados Unidos, que potencialmente pueda absorber las apetencias de los inversionistas por este tipo de instrumentos financieros. Por ello, me parece que difícilmente se puede considerar que habrá una huida sustancial de su deuda hacia la de otras naciones, pero posiblemente implique algún costo mayor que compense la reducción de AAA a AA+.

Para mí lo más importante de lo sucedido es que debería de interpretarse como una llamada de atención a los Estados Unidos por el manejo de sus déficit gubernamentales. Debe tenerse presenta que la deuda pública de esa nación ha aumentado sustancialmente porque los déficit del Gobierno lo han hecho igualmente. En cuanto a la deuda federal, al momento es casi un 60% de su Producto Interno Bruto y, según la Oficina del Presupuesto del Congreso de esa nación, en el 2021 aumentará a un 90% de su PIB. Por su parte, los déficit, si empezamos porque en el último año de la administración de George Bush, hijo, fueron de $460 billones (es decir, según la nomenclatura costarricense, $460 miles de millones), ya con dos años de la administración de Obama aquél se elevó a $1.4 trillones en el 2009 (esto es, en la nomenclatura costarricense $1.4 millones de millones) y para el 2010 se estima en $1.29 trillones (es decir, $1.29 millones de millones aquí). Pero hay más: la administración del Presidente Obama en su presupuesto federal para el 2012 proyectó un déficit de $1.645 trillones (esto es, $1.645 millones de millones en nuestra terminología).

La solución que algunos proponen es aumentar los impuestos para reducir el déficit, pero el grave problema es que, en una recesión, si me acuerdo de mi amigo Keynes, no se deben aumentar los impuestos, sino más bien reducirlos. Pero, economistas difuntos aparte, lo cierto es que la evidencia histórica ha sido muy fuerte en que, cuando se reducen los impuestos, como en los años 20 con la rebaja tributaria conocida como Mellon-Coolidge o más recientemente cuando la administración Kennedy redujo en los años 60 la tasa impositiva, dio lugar a un fuerte crecimiento de la economía y, en consecuencia, del bienestar de los ciudadanos.

En todo caso, lo que se conoce como economía del lado de la oferta enfatiza que, cuando las tasas marginales impositivas exceden a un 40%, se ejerce una influencia destructiva sobre los incentivos de la gente para trabajar, así como en el uso deficiente de los recursos escasos. Por ello, hay una argumentación legítima en contra de aumentar más los impuestos en los Estados Unidos, a riesgo de que, de llevarse a cabo, afectaría negativamente el crecimiento de la economía, factor crucialmente importante en estos momentos en que esa nación permanece en medio de un ciclo recesivo, caracterizado por una tasa de desocupación ligeramente superior a un 9% de la fuerza de trabajo.

Esto deja como única alternativa para estabilizar los déficit, y con ello poder reducir a mediano y largo plazo el crecimiento de la deuda pública, reducir el gasto público en los diferentes renglones de gasto en ese país. Por supuesto que en esta consideración personal entra el importante gasto en defensa, pero es mi obligación profesional destacar dos factores de enorme impacto en el gasto de esa nación, como son los llamados “bailouts” o programas de salvamento empresarial que llevó a cabo el Gobierno Federal para, supuestamente, evitar la quiebra de empresas en el marco de la crisis citada, así como también el enorme crecimiento que han tenido los rubros conocidos como programas de transferencias sociales, conocidos como la Seguridad Social, el Medicare y el Medicaid, que juntos constituyen un 10% del PIB de ese país y que se estima que, en el año 2052, llegarán a ser el 18.2% del PIB y, si se supone que los ingresos tributarios no varían, terminarán por absorber el total de impuestos que recauda el Gobierno Federal de los Estados Unidos.

Por todas estas razones, considero que la reducción de la calificación de la deuda de los Estados Unidos de AAA a AA+ es una llamada de atención para que se ponga orden en la casa, consejo que no debe ser dejado de lado allá ni tampoco en nuestro país. Si lo sucedido se hubiera dado en alguno de nuestros países, ya el Fondo Monetario Internacional estaría metido con todas sus narices, diciéndonos cómo tenemos que lograrlo (posiblemente, como casi siempre, pidiéndonos que aumentemos los impuestos). En este caso, la empresa calificadora Standard & Poor’s pide algo similar, pero, si se le hiciera caso y se elevaran los impuestos, en vez de reducir el elevado y creciente gasto gubernamental, posiblemente resulte mejor que el mensaje no sea escuchado. Parece preferible que, casi que por primera vez, se oigan las voces de quienes piden algún grado de sanidad y disciplina fiscal, reduciendo el desbordado gasto público causante del enorme déficit y también de la enorme deuda del gobierno federal. ¡Aprenderemos algo, los costarricenses, de la lección de la importancia del orden en el gasto público que hoy nos viene desde los Estados Unidos?

Jorge Corrales Quesada

lunes, 8 de agosto de 2011

Tema polémico: redistribución de la riqueza, mal de muchos y consuelo de tontos


No podemos dejar de insistir en el tema tratado la semana anterior, pues la famosa frase "serán impuestos que no pagarán ustedes sino que pagarán los que más tienen para dárselos a ustedes" graznada por la Presidente aun nos tiene atónitos. El día de hoy nos dedicaremos a tratar de explicar, desde distintos puntos de vista, cuáles son los errores de fondo de esa frase, que de pensamiento no tiene nada, pero de slogan tiene mucho. Empecemos:

ETICO- CULTURAL:
Lo primero que debemos aclarar es que en ASOJOD partimos de que los seres humanos son dueños de sí mismos. No pertenecen ni a Dios, ni al Estado, ni a la Sociedad, ni al Gobierno, ni al partido político ni a nadie más que a ellos mismos. De lo que se deriva que aquello que produce el hombre con su propiedad (mente-cuerpo) también le pertenece y cualquier intento de arrebatarle por la fuerza los frutos de su esfuerzo no es más que un robo.

Así las cosas, cuando se permite el robo institucionalizado -impuestos- dejamos de ser sociedad y civilización, esto es, división del trabajo especialización e intercambio, para convertirnos en una organización mafiosa. Precisamente, el segundo punto de donde partimos, es que cada individuo es un fin en si mismo, es el máximo valor, es un absoluto que debe ser respetado totalmente, siendo que no puede ser instrumentalizado para satisfacer las necesidades, deseos o caprichos de otros. Este es el verdadero humanismo, no aquel que pregonan algunos mal llamados progres. Humanismo que consiste en que las personas deben tratarse unas a otras a través de la cooperación (intercambio) y no por medio de la violencia (lucha de clases). Rand lo resumió muy bien al decir: “Sangre, látigos, cañones o dólares. Elegir... No existe otra opción y el tiempo apremia” En este sentido, sólo existen dos modos de tratarnos unos a los otro: la ética (voluntad, persuación e intercambio) o la antiética (robo, fuerza, violencia y amenaza).

Por último, el aspecto cultural se refiere a lo que Ortega y Gasset analizara en su Rebelión de las Masas. Precisamente, con este tipo de políticas públicas, los ciudadanos empiezan a olvidar que la civilización no se crea del aire y que este tipo de políticas destruyen los cimientos mismos que permiten la generación de la riqueza y el progreso. Es más, cada día que pasa se forman nuevas generaciones parasitarias, que sólo demandan derechos y prebendas, que lo único que desean es poner la mano y que el Estado (o sea los otros) les resuelva sus vidas y pague por sus facturas. Evidentemente, este proceder acaba con el tejido social, alimenta la pereza, la dependencia y la envidia, mientras que socava el emprendimiento, el honor y la responsabilidad.

ECONÓMICOS:
Este punto es muy simple: el dinero que toman por la fuerza los políticos para, supuestamente dárselos a otros más necesitados, deja de ser ahorrado e invertido. Son estas dos actividades las únicas que verdaderamente pueden mejorar de forma sostenida las condiciones de vida de los más necesitados y no la mera demagogia y las soluciones simplistas de nuestros mandatarios. Se necesita ahorrar para que haya inversión, en el momento en que se invierte se demanda más mano de obra, al demandar más mano de obra los salarios aumentan. De igual forma, con la inversión se obtienen mejores formas de producción, lo que permite que los consumidores puedan acceder a mejores precios, con lo que cada vez su dinero les rinde más (siempre y cuando el Estado no haga que el mismo desaparezca a través de la inflación). Esta es la única receta para el desarrollo, el resto es cuento chino.

Además, debemos recordar lo que ya decía el fallecido Milton Friedman, en el sentido de que existen 4 tipos de gastos, donde el más efectivo es aquel en donde una persona gasta su dinero en sí misma, esto por dos razones sencillas: la primera es que al ser su dinero tiene mayores incentivos para cuidarlo y darle un buen uso, y que al gastarlo en sí mismo sabe precisamente cuales son sus necesidades y preferencias. Mientras que la peor forma de gasto, es que alguien gaste el dinero de otro en una persona distinta a sí mismo, esto por las mismas razones expuestas anteriormente sólo que a la inversa. ¿Adivinen dentro de cual tipo se encuentra la resditribución?

Por supuesto, que el argumento de la Presidente es todavía más fácil de desvirtuar cuando agregamos circunstancias “reales”, como lo son: la corrupción, los grupos de presión, la búsqueda de rentas, la inoperancia burocrática, la mala administración y ejecución de políticas públicas, etc. Así que, guanacastecos, eso de quitarle a unos para dárle a ustedes no es tan cierto: los intermediarios siempre se dejan buena parte de los recursos. Y conociendo al Estado costarricense, si acaso les dejará las migajas.
CONCEPTUAL:

Para no pecar de extensos, y además por ser este un mero blog, no nos adentraremos en este punto sino que sólo los dejaremos señalado para que los lectores interesados puedan profundizar en ellos de así desearlo.

Lo primero que se debe apuntar es que, como bien señala Hayek, en “El Atavismo de la Justicia Social”, los procesos de orden espontáneo, como lo son la asignación de recursos dentro de un mercado, no pueden ser considerados justos o injustos, ya que los mismos no son diseñados o decididos por nadie. Pretender dotarlos de dichos calificativos es un mero antropoformismo ingenuo, que carece de tanto sentido como afirmar que un temblor fue bueno o malo.

Lo segundo que se debe recalcar, es que con la teoría del valor subjetivo las asimetrias de ingreso, respecto a las necesidades se vuelven inconmensurables. Para ponerlo en sencillo, conceptualmente hablando no se podría afirmar nunca con algún grado de certeza que por ejemplo Bill Gates “valora” menos un dólar extra que un indigente.

Todos estos puntos apenas son una pincelada acerca de la crítica que se le podría hacer a la majadería de la Presidente. Todavía quedan muchos cartuchos por quemar, no se desesperen amigos lectores.

viernes, 5 de agosto de 2011

Viernes de Recomendación


El día de hoy les presentamos la entrevista del Profesor Gabriel Zanotti, realizada en la Revista Orden Espontáneo número 11, en donde el filosófo argentino discute los distintos aspectos de su obra.

jueves, 4 de agosto de 2011

Jumanji empresarial: la capitalización individual está en peligro


¡Alerta! La acción depredadora del Estado pone en peligro el futuro de micro empresarios financieros, al querer gravar con un impuesto de $200 por año a las sociedades anónimas.

En el pasado, las familias y las comunidades se preocupaban de sus familiares y vecinos sin esperar que el Estado los asistiera. Las organizaciones privadas y conformadas por propietarios, cumplían tanto la función de proveer soluciones de consumo como de asistir a aquellos con necesidades y sin recursos para subsistir. Cuando gobiernos estatistas asumieron la tarea de ayudar a los necesitados, muchas de estas organizaciones se convirtieron en simples entidades comerciales y perdieron su naturaleza comunitaria; o sea, se perdió reciprocidad equilibrada en la sociedad y el Estado creció descontroladamente, aumentando la reciprocidad negativa.

Proyectos como las Empresas de Crédito Comunal (ECCs), promovidas por FINCA (Fundación Integral Campesina), van orientados precisamente a devolver este poder de propietarios a la gente en las comunidades. La meta de cualquier individuo, en una sociedad de propietarios, es la de acumular e invertir a lo largo del tiempo, con el fin de obtener en el futuro rentas patrimoniales propias que le permitan una mayor autonomía y seguridad financiera. Dicha autonomía le permitiría a cada individuo satisfacer sus necesidades crecientes sin verse sometido a factores anti-riqueza, como la dependencia de un único sueldo, las trabas burocráticas y la mediocridad de un sistema público de pensiones.

A partir de tal premisa, se forja hoy en día -independientes del sistema de reparto del Estado- toda una red de empresas de crédito comunal, formadas por FINCA, que se está convirtiendo rápidamente en un modelo de desarrollo rural y urbano nunca antes visto en el país. La base del modelo citado son estas ECCs, que tienen carácter local y están constituidas jurídicamente, y cuyo capital se forma mediante la venta de acciones a hombres y mujeres de las comunidades que, por lo general, no cuentan con acceso al crédito en instituciones financieras tradicionales. El fin primordial es el de brindar crédito y obtener ganancias: he aquí el meollo del asunto. Al ser todos propietarios de la empresa, las utilidades son esenciales y de interés común. No hay fin más noble que este.

Si la producción es el proceso por medio del cual se crean los bienes económicos, haciéndolos susceptibles de satisfacer necesidades humanas, o sea incorporándoles utilidad, el capital es la energía potencial necesaria para que todo el proceso se pueda dinamizar. Las Empresas de Crédito Comunal vienen a potenciar la formación de capital en comunidades como Santa Fe de los Chiles, La Florida de Santa Cruz y Amubri de Talamanca. Las Empresas de Crédito Comunal son un medio de capitalización, tanto individual como colectiva, que permite a los socios micro empresarios, administrar sus costos de oportunidad, de una manera efectiva y de esta forma prosperar, sin convertirse en parásitos del Estado. Es esencial que exista una figura por medio de la cual se dé la capitalización individual, exenta de altos costos de transacción. Para este efecto, la figura ideal, es indiscutiblemente la sociedad anónima.

El Gobierno estaría cometiendo un gravísimo error al aumentar los costos arbitrariamente, e impedir que estos microempresarios puedan acceder a una figura como la sociedad anónima para iniciar su proceso de capitalización individual. Esta acción seria, no solo inconveniente, sino que inmoral.

Andrés I. Pozuelo Arce

martes, 2 de agosto de 2011

La columna de Carlos Federico Smith: a la memoria de don Mario Echandi


Hay dos hechos cruciales en la vida de don Mario Echandi, que merecen ser igualmente reconocidos en nuestro país por todas las personas de bien. Como pocos, don Mario contribuyo a restaurar la paz interna ente los costarricenses y siempre luchó por la honestidad y la honorabilidad en la gestión pública.

Tuve el placer de compartir con él y algunos de sus amigos en varias ocasiones, pero una de ellas la recuerdo y aprecio profundamente, pues conversamos un buen rato acerca de un inquietud que ambos compartíamos, cual era sobre las posibilidades de expresarnos con plena libertad en nuestros medios, principalmente en la prensa escrita. A ambos nos preocupaba la censura que a veces se impartía por alguno de los directores, dueños o personas influyentes en el medio para restringir ideas que se expresaban o querían exponer en el periódico.

Ambos nos dábamos cuenta de que, si bien los periódicos tenían sus dueños, quienes en última instancia podían hacer lo que quisieran con su propiedad, lo deseable era que los periódicos estuvieran abiertos a las mayores posibilidades para la difusión de la ideas, sin que ello tuvieran que significar que el medio tuviera que estar de acuerdo con ellas. La realidad era que, en verdad no muy frecuentemente, los periódicos en ciertos momentos tenían su forma de ejercitar censura a lo colaboradores de opinión o políticos que deseaban exponer en sus páginas.

No obstante mi experiencia personal, don Mario pasará a la historia como un verdadero hombre de paz, pues permitió la reparación de profundas heridas entre connacionales, producto de la guerra civil de 1948. Logró esa restauración de la libre acción de personas de bien, pero con distintos pareceres sobre diversas cosas, principalmente de la política, que amargamente en esos momentos se definía en la separación forzosa de familias, de amigos, de vecinos, de compatriotas, no sólo físicamente, sino también en el campo de la moralidad. Si bien no me gusta usar la palabra “odio”, me parece que es la más apropiada para describir lo que sucedía en los momentos en que don Mario Echandi se debe haber propuesto restaurar la unión de los costarricenses. Y afortunadamente, con sus acciones y voluntad, lo logró, para agradecimiento de la Patria y de todos los costarricenses. Por eso hoy lo recuerdo como hombre de paz, en el sentido bíblico más hondo.

Don Mario también fue un infatigable luchador por la decencia en la cosa pública. Relativamente joven, ello me impresionó profundamente. Tanto que, en un momento histórico, en que salió, con su señoría y respeto bien ganado, clamando porque las autoridades hicieran un alto en el camino y lucharan contra la corrupción que, en ese entonces, se entronizaba en el país, se convirtió en la fuente que me inspiró a escribir un comentario titulado “Corrupción” en el periódico La República, el 7 de mayo de 1976, y que, en homenaje a la memoria que tengo de don Mario, me permito reproducir en esta oportunidad:

“El pasado primero de mayo, en su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el presidente de la República, Daniel Oduber, señaló lo siguiente:

“Es en esos sectores llamados privados desde donde se ofrece a los funcionarios públicos gratificaciones y reconocimiento materiales a cambio de preferencias en la adjudicación de un negocio, de una licitación o de una posición de ventaja en la vida empresarial. Es dentro de esos mismos sectores donde se encuentran los cómplices de negociaciones turbias; desde donde se rompe la moral social escatimando en maniobras obscuras las cargas de tributación que todo ciudadano debe pagar a la sociedad, de acuerdo con sus ganancias”.

Lo anterior sí fue dicho por el presidente Oduber. Ni más ni menos, el señor Presidente, al observar la creciente preocupación ciudadana por la corrupción observada al amparo del privilegio estatal, no vacila en culpar a otros de la corrupción entronizada en su gobierno. Así de fácil el tamal: si te atacan, ataca a los que te atacan.

El señor Presidente de la República, burdamente, no explica a quienes creímos en su “Alto a la Corrupción”, que el problema radica en que en el Estado están los mismos que buscan los privilegios, las prebendas, las preferencias y dan las gratificaciones. Nos habla de corrupción el señor Presidente, pero no nos habla de los Vesco, de los prófugos internacionales, del caso Saopim, de los negocios sucedidos en el Conejo, de los usos de fondos públicos para viajaderas innecesarias, de la Recope y otra cosas que tantas veces se han dicho públicamente y, aunque el señor Presidente diga que “Detener la corrupción en el país… es tarea de tales dimensiones que no puede ser asumida con posibilidad de éxito por un hombre o sólo por el gobierno”, ¿Por qué, entonces, ante las denuncias que formuló públicamente don Mario Echandi, el silencio encubridor, avasalladoramente encubridor, fue la respuesta al viril desenmascaramiento de lo turbio en nuestro país?

El señor Presidente hace mal en callar ante la corrupción. Que denuncie específicamente quiénes del sector privado ̶ con nombres y apellidos ̶ “ofrecen a los funcionarios públicos gratificaciones y reconocimientos materiales”. Estoy seguro que el país lo agradecerá o será que la última exposición del señor Presidente, seguirá el mismo derrotero del famoso discurso de la toma de posesión del 8 de mayo de1974, en que dijo luchar contra la corrupción. La infamia, que olvida el señor Presidente, radica en frustrar las aspiraciones honestas de muchos costarricenses de todos los colores políticos, que ya estamos asqueados.

Sería lamentable tener que recordarle al señor Presidente el propio lema de su campaña presidencial: Ya nadie engaña a nadie.”

¡Paz a los restos de don Mario y que ahora goce de la gloria de Dios!

Jorge Corrales Quesada

lunes, 1 de agosto de 2011

Tema polémico: ¿idiotez, populismo o ambos?


El pasado 25 de julio, durante las celebraciones de un aniversario más de la Anexión de Nicoya a Costa Rica, la Presidente de la República, Laura Chinchilla demostró su verdadera cara ante los costarricenses.

Para ganarse los aplausos del público, como los mejores populistas, invocó el güipipia y sacó la lista de promesas que, por supuesto, no cumplirá. Pero no se sorprendan, amigos lectores, pues no será la primera vez que esto suceda con Laura. De hecho, en su propia campaña, manifestó que no impuslaría nuevos impuestos mientras no se reactivara la economía. Por sus palabras el día de la celebración en Nicoya, podríamos pensar que tiene la fantasía de que "en nuestro país ya no hay crisis". Quizá si su incompetente Ministro de Comunicación le hubiese pasado un simple periódico o algunas estadísticas como las del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), habría evitado tremendo desaguisado.

Como si fuera poco, Chinchilla se lavó las manos por su pésima gestión y le echó la culpa a la oposición. Recordemos que también los nazis y los comunistas soviéticos gustaban mucho de practicar esa técnica de culpabilizar al "otro" por todos los problemas y, posteriormente, pedir su exterminio. No en vano doña Laura está, desde ya, pidiendo a los ciudadanos que ignoren las voces de "los necios líderes de la oposición".

Pero la lista de sandeces no acaba ahí. Ante las exigencias de los guanacastecos por el incumplimiento de las promesas de campaña, Chinchilla se dejó decir que tenían que exigirle a los Diputados que aprobaran los impuestos que ella está pidiendo porque -idiotez digna de salir publicada en los Record Guinness-, "serán impuestos que no pagarán ustedes (los guanacastecos presentes en el acto), sino que pagarán los que más tienen para dárselos a ustedes".

Muchos dirán que eso no es idiotez, que es puro populismo. Tienen razón, pero en ASOJOD si creemos que hay algo de idiotez en las manifestaciones de la Presidente, toda vez que sus premisas se asientan en el cáncer cultural del redistribucionismo. Tanto para ella como para la gran mayoría de los políticos, es legítimo redistribuir la riqueza que unos ganan para otorgársela a otros que no la tienen. Basan su justificación en el criterio de necesidad: "como necesito, merezco", sin entrar a reflexionar verdaderamente cuál es la virtud que tienen esos necesitados para recibir el premio. Si lo hicieran, utilizando argumentos morales, notarían que esas personas no han hecho nada para merecer la riqueza de quien la ha producido a partir de su esfuerzo, trabajo, creatividad, habilidad o talento.

Ella es de los que creen que el Estado, mediante más impuestos y más gastos, puede dinamizar la economía. Nada más alejado de la realidad. Esos impuestos que, según la mandataria, pagarán los ricos y no los pobres, son ficciones muy comunes entre esos que suben a la silla de Zapote y que, quizá por sentirse tan altos, pierden el oxígeno necesario para el funcionamiento de sus neuronas. Es obvio que un sistema progresivo como el costarricense genera un obstáculo enorme para generar riqueza: ¿quién va a querer producir más dinero si tendrá que pagarle más al Estado? También genera un incentivo perverso para los free riders: ¿para qué trabajar y esforzarse si el Estado siempre me dará lo que le pido?. Pero también hay otro gran problema con esto: el dinero que se le quite a los ricos para dárselo a los pobres -si es que se les traslada y no queda en los intermediarios políticos- no crea más riqueza, pues esos pobres lo usarán para satisfacer necesidades básicas mientras los ricos tendrán menos para invertir, consumir o ahorrar. Más impuestos significa menos posibilidades de generar empleo, de innovar, de invertir, es decir, de generar riqueza. Menuda solidaridad la del Gobierno de Laura Chinchilla.

Hay mucho de populismo en todo esto. Exaltar a la masa para ganar sus vítores, prometerle lo imposible, culpar al "enemigo común", etc. Pero también de idiotez, como ya lo expusimos. El problema de fondo es que esta idiotez no es exclusiva de los políticos. Es más, la mayoría de ellos solo aprovecha la oportunidad que le da un sinnúmero de idiotas que creen lo que les dicen y que dan su voto para escoger el arma con el que los matarán.