lunes, 31 de octubre de 2011

Tema polémico: Estado y más Estado


El día de ayer, La Nación informa del Proyecto de Ley 17668, el cual promueve la conformación de sociedades de convivencia de personas del mismo sexo. Dicho proyecto pretende otorgar una serie de derechos como seguro social, visita conyugal, herencias y crédito compartido para vivienda a aquellas personas que convivan bajo esta modalidad (no necesariamente homosexuales, aunque claramente este sector de la población es quien mayoritariamente podría capitalizar dicha institución).

En ASOJOD hemos reiterado en un sin fin de oportunidades nuestro apoyo incondicional a cualquier iniciativa que pretenda igualar los derechos de las parejas heterosexuales como homosexuales, en todas sus manifestaciones. Dicha equiparación tiene como fundamento la visión liberal, de igualdad ante la ley y los principios de que el individuo es dueño de si mismo, el individuo tiene el derecho a buscar su felicidad, la libertad de asociación, etc. Pero el día de hoy deseábamos compartir una reflexión más profundo con ustedes:

El mencionado proyecto es un claro síntoma del estatismo cultural que ha enfermado a Costa Rica. Una pregunta resulta vital para lograr entendernos a nosotros mismos, y a la situación que asfixia a nuestro pueblo: ¿por qué los homosexuales buscan el beneplácito del Estado? ¿por qué desean que sus uniones sean reconocidas y santificadas por el Estado? La misma pregunta cabe para las uniones de heterosexuales. Precisamente, este es nuestro gran problema. Hemos publicitado la vida privada, es decir, asuntos que se refieren a la intimidad, conciencia, sentimientos y creencias de las personas, se han convertido en temas de debate nacional que conciernen a la polis. Así, los espacios privados se transforman y se convierten en parte del debate político. Dicho proceder no hace más que recordarnos el decir de Mussolini: "para el fascismo, todo esta dentro del Estado y nada humano o espiritual existe ni tiene valor fuera del Estado...”

Los costarricenses, debemos tomar conciencia de este serio problema cultural que padecemos. Debemos olvidar la patología de buscar constantemente la aprobación de el Estado, y recuperar de una vez por todas nuestros espacios legítimos fuera de este. Mientras no lo hagamos seguiremos siendo un pueblo oprimido, independientemente de que tengamos conciencia o no de ello.

viernes, 28 de octubre de 2011

Viernes de Recomendación


El día de hoy queríamos compartir con ustedes el presente canal de Youtube el cual cuenta con entrevistas muy valiosas, que muestran las consecuencias negativas del PACquetazo de impuestos.

martes, 25 de octubre de 2011

La columna de Carlos Federico Smith: todo menos rebajar el gasto público


Francamente no me extraña que La Nación haya sido sorprendida en cuanto a la reducción del gasto público que se ha propuesto en la Asamblea Legislativa. Es bien sabido que el diputado Fishman, en unión de otros legisladores, había decidido, al fin, entrarle con ganas al exceso de gasto gubernamental, que hoy se refleja en un déficit del 5.5% del Producto Interno Bruto y que es el fundamento que el gobierno ha pregonado como medida para proponernos la imposición de un nuevo paquetazo tributario.

La reducción del gasto que ese grupo de diputados proponía para el presupuesto que el gobierno ha presentado para el 2012, ascendía a aproximadamente ¢54.000 millones y, según La Nación, ese presupuesto asciende a un total de ¢5.9 millones de millones (o sea, billones). Si los números de La Nación están bien, la reducción que proponían don Luis Fishman y demás diputados no es ni siquiera de un uno por ciento del presupuesto total enviado por el gobierno (específicamente de un 0.92%). Una bicoca.

Me imaginé que la sorpresa que dice haber sufrido el editorialista de La Nación del lunes 24 de octubre, se debía a la reducción relativamente tan moderada que proponen esos diputados, pero no: lo que nos dice que lo sorprendió fue, por una parte, que “unos (los diputados de la oposición) trataron de hacer mucho”, así como, por otra parte, que el gobierno de la República propuso, como alternativa a esa propuesta de reducción de los diputados, una rebaja en el presupuesto que envió a la Asamblea Legislativa de tan sólo ¢4.900 millones; esto es, ni siquiera una décima de un uno por ciento del presupuesto inicial (específicamente, de un 0.08%). Si las cifras que nos da La Nación están bien, ¡la oferta del gobierno es ridícula! ¡Totalmente ridícula! Como pocas veces vista y ciertamente difícil de creer.

Y, según La Nación, aunque luego se moderó esa suma de reducción inicialmente propuesta por los diputados de la oposición, “la suma resultaba muy elevada”. ¿Elevada?, si hemos podido darnos cuenta que no llegaba ni a un uno por ciento del presupuesto mandado a la Asamblea por el Poder Ejecutivo. Luego La Nación tiene la ocurrencia de hacer una olla de carne de esa propuesta de los diputados de reducir en menos de un uno por ciento el presupuesto con la ridícula oferta del Poder Ejecutivo de rebajarla en sólo un 0.08%, para proponernos nuevos y mayores impuestos.

Basado me imagino en la experiencia con otros paquetes tributarios con que se nos ha venido abrumando cada 3 y medio o 4 años desde hace cuatro décadas, al menos, don Luis Mesalles de la Academia de Centro América y columnista de ese periódico, comentó que “Aún si Hacienda lograra recaudar lo que pretende, el hueco del déficit seguirá siendo de más de medio billón de colones anuales” y enfatizó que “históricamente ninguna de las llamadas reformas o paquetes tributarios aprobados ha logrado que los impuestos aumenten en más de un 1% del PIB.”

O sea, ni aprobando la reducción de gastos que inicialmente propusieron los diputados de la oposición y ni al mismo tiempo imponiendo el paquetazo tributario, se va a eliminar el déficit que actualmente tiene este gobierno gastón. Me imagino que lo que intenta esta administración es, una vez más, seguir con el nadadito de perro de siempre: tener un déficit relativamente pequeño al inicio de la aprobación del nuevo paquete de impuestos, para que después se haga presente el gasto que ahora ha podido financiar, para que aumente de nuevo el déficit y volver a plantear otro aumentazo de impuestos a la ciudadanía. En resumen, lo que este gobierno busca es lograr plata para financiar más gasto y que el gobierno que venga atrás vea cómo resuelve las cosas mediante otra propuesta de un nuevo montón de gravámenes.

Por ello, gracias al PACto, el gobierno cedió en la presión que estaba ejerciendo ante las instituciones autónomas, que es otro gran componente del Estado gastón, para que redujera su gastadera, pero apenas vio que logró el apoyo del PAC para el paquetazo, dejó de urgir esa reducción y que todo siguiera igual que antes: gasto y más gasto público. Asimismo, por ello el gobierno tuvo la osadía de proponer esa alternativa de reducción de gasto gubernamental por un monto tan absurdamente bajo, porque cree que tiene amarrado el nuevo paquete de impuestos y por tanto no se siente ya obligado a hacer sacrifico alguno, que pueda hacer un poco más aceptable el sacrificio impositivo que sólo exige al ciudadano común y corriente.

Si el gobierno reduce su gasto, aún cuando tengamos un déficit en sus cuentas, pero sin que haya un aumento en los impuestos, prefiero esa situación por una razón muy sencilla: no se va a afectar el crecimiento de la producción de todos los costarricenses, pudiendo incluso el gobierno recoger así más en impuestos como sucedió hace pocos años, en época de Arias, cuando el crecimiento de la economía permitió que mejorara la recaudación fiscal, aunque luego echaron por la borda todo ese ahorro de recursos.

Si se ponen nuevos y mayores gravámenes se va a reducir la tasa de crecimiento, ya de por sí alicaída, del Producto Interno Bruto, el cual crece cada vez menos y menos, y, aunque sorprendentemente el Banco Central no parece haberse dado cuenta de ello, o no ha querido siquiera mencionar la posibilidad, estaremos enfrentando a la larga mayores déficit gubernamentales, posiblemente mayor inflación y seguramente un aumento en los niveles de desocupación en el país. Y una Nación preocupada, porque algunos valientes diputados propusieron una reducción de menos un uno por ciento del presupuesto de gasto gubernamental para este año que viene.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 24 de octubre de 2011

Tema polémico: las 10 grandes mentiras del Gobierno con el paquetazo de impuestos


Sin duda, el proyecto de Solidaridad Tributaria no tiene nada de solidario. Afectará sensiblemente a la clase media y pobre y desestimulará a los ricos a crear más riqueza, invertir y generar empleo. El resultado final será una Costa Rica más pobre, con menos oportunidades para todos y con un serio retroceso en las libertades individuales.

Frente a todo esto, tan evidente, el Gobierno ha pretendido llenarnos de mitos para hacer pasar, como algo bueno, a algo que realmente es nefasto. Este Tema Polémico queremos dedicarlo a desenmascarar las 10 principales mentiras que rodean este tema:

1. Solidaridad Tributaria es una reforma fiscal:
Mientras el Gobierno dice que se trata de una reforma fiscal, la lectura del proyecto permite concluir fácilmente que solamente es un paquetazo de impuestos. No hay nada en materia de contención del gasto, de eficiencia, mejora en la recaudación o dinamización de la economía. Solamente se aumentan los impuestos.

2. Solidaridad Tributaria resolverá el déficit fiscal:
Se dice que con este proyecto se solucionará el problema del déficit fiscal. Pero esa mentira no es nueva. En 1995, cuando se aprobó el último paquete de impuestos, siendo también Fernando Herrero el Ministro de Hacienda, prometió ante la Asamblea Legislativa que el déficit nunca más nos afectaría y que las finanzas públicas se sanearían si se le aprobaba la Ley de Ajuste Tributario. Efectivamente se le aprobó y el cuento se hizo evidente. Más de 15 años después estamos con el mismo problema y, para peores, este proyecto de Solidaridad Tributaria ni siquiera servirá del todo para tapar el hueco en las finanzas públicas.

El déficit fiscal actual supera el 5.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Pero con este proyecto, los recursos generados representarán apenas el 3%, por lo que el restante 2% seguirá siendo un problema. Posiblemente, el Gobierno tenga la ocurrencia de proponer un paquete de impuestos adicional para solventarlo, porque medidas de contención del gasto y de lucha contra la evasión fiscal no aparecen por ningún lado.

Tampoco se espera una mejora en la calidad del gasto. Los dictámenes de la liquidación presupuestaria de la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Público de 2009 y 2010, demostraron que se dejaron de ejecutar ¢217.000 millones y ¢258.000 millones respectivamente, a pesar de estar presupuestados. Sectores como seguridad ciudadana, ambiente, infraestructura y otros se vieron fuertemente perjudicados por la incapacidad del Gobierno para utilizar los recursos con los que ya contaba.

3. El Gobierno se compromete a la responsabilidad fiscal
No es cierto que nuestro Gobierno tiene como prioridad la responsabilidad y contención en el gasto público o la reducción del presupuesto del Gobierno Central. En tan solo el primer año de su Administración, se contrató a casi 4.000 nuevos empleados públicos. El Presupuesto 2012 es un 10% mayor que el del último año, en términos reales y el Ministro de Hacienda ha salido ante los medios a indicar que la directriz presidencial de recorte de gasto apenas ha generado un ahorro de ¢50.000 millones y que ya no hay espacio para más recortes.

4. El Gobierno apoya a las empresas
Este La cuarta mentira es que este Gobierno apoya el crecimiento económico y la iniciativa de la empresa privada. La promesa de reducir y simplificar trámites no ha pasado de ahí. Los viajes de la Presidente Chinchilla al exterior para atraer inversiones se ven opacados por su propio proyecto para aumentarles los impuestos, tanto con el paquetazo de Solidaridad Tributaria como con el impuesto a las personas jurídicas. A eso hay que sumarle la gran lista de productos protegidos, cuya importación se ve desestimulada con los aranceles, así como las continuas restricciones ambientales y regulatorias, que solamente encarecen la operación de las empresas.
Ni qué decir de las PYMES. El aumento del 50% en la renta que tendrán que pagar si se aprueba el paquetazo de impuestos y el gran número de bienes y servicios que se verán afectados por el 14% del IVA las matarán, al aumentarle los costos y hacerlos menos competitivas.

5. El dinero de los nuevos impuestos irá a mejorar la educación, la salud, la infraestructura y la seguridad ciudadana.
Los defensores de Solidaridad Tributaria le dicen a los costarricenses que, de no aprobarse esa iniciativa, los maestros, médicos y policías se quedarán sin trabajo y las carreteras seguirán en mal estado. Eso también lo dijeron en 1995, con ocasión del último paquete de impuestos aprobado. Entonces le dijeron al pueblo que tendría servicios e infraestructura de calidad, pero 16 años después, nos hemos dado cuenta que fue un gran engaño: la educación pública no ha mejorado sino empeorado; los servicios de salud son un desastre con enormes filas y listas de espera, carencia de equipos e instalaciones; las carreteras son el espectáculo más triste de ineficiencia y desviación de fondos y la inseguridad es el problema rampante que afecta prácticamente a todos los ciudadanos, con muerte, robos, agresiones, etc.

6. El Gobierno está comprometido con la vivienda digna para los costarricenses.
A pesar que dotar de vivienda propia a miles de familias que hoy no la tienen es una de las prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo de la Administración Chinchilla Miranda, el paquetazo de impuestos lo impedirá.

El proyecto aumenta en 1% a todos los bienes con el IVA, por lo que es de esperar que el costo de los materiales se dispare y sea más caro construir una vivienda. Si lo que se desea es adquirirla, ¡prepárese! Solidaridad Tributaria pretende aumentar a 3% el impuesto al traspaso de bienes inmuebles, por lo que cada casa subirá aún más su valor. Gracias a este Gobierno, el sueño de miles de familias de tener casa propia se esfumará con la misma velocidad que el dinero en sus bolsillos.

7. Se perderán miles de empleos si no se aprueba Solidaridad Tributaria
El Ministro Herrero ha dicho, en reiteradas ocasiones, que de continuar con el déficit fiscal, sólo tenemos dos caminos: aprobamos el proyecto de impuestos o despedimos a 31.000 empleados públicos. Y, por supuesto, él argumenta que nadie quiere despedir a los eficientes funcionarios que tanto beneficio le aportan a los costarricenses.

Lo que no nos ha dicho es cómo creció la planilla pública ni sus salarios en los últimos años. Durante la crisis del 2008, el Gobierno de Óscar Arias impulsó el famoso “Plan Escudo”, con el cual contrató a miles de trabajadores en el sector público, a pesar que no se requerían y que no vinieron a mejorar el trabajo de las instituciones.

También aumentó desproporcionadamente los salarios. Con la excusa de que había una brecha en el salario de 6.000 funcionarios públicos, que había que subirlos hasta un nivel competitivo, casi 100.000 empleados terminaron recibiendo más dinero, pues alegaron que si le tocaba a unos, a ellos también. Por supuesto, eso terminó en un disparo del gasto público que aumentó el déficit.

Y el nuevo proyecto de Solidaridad Tributaria incrementará este problema. Casi todos los recursos terminarán en salarios de burócratas, que por mantener su puesto, harán que miles de trabajadores del sector privado se queden sin empleo, pues muchas PYMES cerrarán y muchas empresas de zona franca podrían irse del país. Además, las empresas medianas y grandes no crecerán más, sino que reducirán gastos.

Los más afectados con los despidos serán los trabajadores menos calificados, que a su vez son los que reciben menor salario, pues son los menos necesarios en la cadena productiva. Las empresas tratarán de retener al personal en el que han invertido en capacitación, formación y especialización, hasta tanto les alcance el dinero. Los trabajadores básicos, manuales, con pocas o ningunas opciones de encontrar nuevos trabajos, serán los primeros en salir.

Al Gobierno le preocupa los 31.000 empleos que tendría que recortar en el sector público y por eso quiere evitarlo. Pero no tiene ni la menor agitación por dejar sin trabajo a más de 400.000 personas, que es la cifra que, conservadoramente, se calcula que se verá perjudicada de aprobarse el proyecto de Solidaridad Tributaria.

8. El Gobierno desea ser carbono neutral y proteger el ambiente
Mientras el actual Gobierno ha manifestado que una de sus metas es lograr reducir la emisión de gases que afecten el medio ambiente y convertir a Costa Rica en un país amigable con el ambiente, el proyecto de Solidaridad Tributaria apunta a todo lo contrario.

Al ponerle un impuesto a los vehículos de lujo (aquellos que valgan más de ¢18 millones) está incluyendo a los híbridos y eléctricos. Por su tecnología y la inversión que implican, así como por los impuestos que ya tienen, estos vehículos actualmente cuestan más que esa cifra. Por citar solamente dos ejemplos, el Toyota Prius (híbrido) cuesta más de ¢20 millones y el Mitsubishi eléctrico supera los ¢60 millones. Al tener que pagar más dinero por ellos, absolutamente nadie los comprará, con lo que seguiremos con una flota de vehículos movidos por combustibles fósiles.
Pero eso no es todo. Los nuevos impuestos también desestimularán la compra de vehículos nuevos, independientemente de que sean ecológicos o no. Un vehículo nuevo, movido por combustión interna (el motor normal de los carros), contamina 10 veces menos que un vehículo viejo.

Diversos estudios, entre ellos los de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional, muestran que la mayor parte de las emisiones de carbono y otros contaminantes provienen de los automotores. Siendo entonces que los vehículos nuevos contaminan menos, es más conveniente que vayamos modernizando la flotilla vehicular, pero con los nuevos impuestos la gente sencillamente no lo hará. Preferirá dejar de ahorrar y desestimará la compra de vehículos nuevos, de forma que permanecerán con los viejos.

9. El Pacto entre el PLN y el PAC es duradero y se necesitan mutuamente
A pesar que la Presidente Chinchilla, el líder del PAC, Ottón Solís y los Diputados de ambos partidos han repetido decenas de veces que este pacto va y que están comprometidos con todos los puntos, la realidad apunta hacia otro escenario.

El PLN cedió a los 18 puntos que pidió el PAC incorporar en el proyecto de Solidaridad Tributaria a cambio de sus votos y, entre ambos, con la ayuda del PASE, dos Diputados del PUSC y los independientes Justo Orozco y Carlos Avendaño, aprobaron una vía rápida para que el proyecto esté listo para votar en un mes. Para ello, requerían 38 votos. Pero cuando el Diputado Claudio Monge afirma en medios de prensa que el Presidente de la Asamblea, Diputado Juan Carlos Mendoza, le prometió que había forma de echar atrás el procedimiento si el PLN incumplía el acuerdo, las luces de alarma se deberían encender.

El Reglamento Legislativo no contempla la posibilidad de eliminar el procedimiento especial una vez que es aprobado. La única forma en la que se podría llegar a hacer, de ser jurídicamente posible, sería de la misma forma en que se creó: es decir, si requería 38 votos para aprobarse, serían necesarios 38 para eliminarlo. El problema es que no hay combinación matemática posible entre las diversas fuerzas parlamentarias para alcanzar esa cantidad de votos sin contar con el PLN. O sea, perfectamente podrían incumplir con su compromiso, sacar aquellos puntos en los que no estén de acuerdo y aún así aprobar el proyecto, pues nada en su contenido amerita una votación calificada.

10. El proceso para aprobar el paquete de impuestos es democrático e inclusivo
El PAC ha sido el partido que, en todo momento, ha hablado sobre la transparencia, la inclusión y la democracia. No obstante, puso sus votos junto al PLN, a dos Diputados del PUSC y a los independientes, para aprobar un procedimiento que lesiona el derecho de los Diputados y de todos los ciudadanos. La famosa moción 208 bis reduce la posibilidad de presentar mociones (una por cada artículo o por cada inciso en caso de artículos complejos), permite el uso de la palabra tan solo cinco minutos por moción, restringe la posibilidad de presentar mociones de orden para que se otorgue audiencia a los diferentes sectores productivos, sociales, gremiales, académicos, etc. e impide la adecuada participación de legisladores que no son miembros permanentes de la Comisión que dictaminará el proyecto de Solidaridad Tributaria, entre otros defectos.

Gracias a eso, quienes se opongan al paquetazo de impuestos no podrán hacerle llegar a los Diputados sus razones; tampoco podrán señalar los vicios del proyecto ni opinar. Los Diputados opositores también quedan amarrados de manos, con lo cual no podrán representar apropiadamente a sus votantes. Todo está hecho para que no haya discusión, para que el procedimiento sea atropellado y para que, antes de diciembre, los costarricenses tengamos que empezar a pagar muchos más impuestos.

martes, 18 de octubre de 2011

La columna de Carlos Federico Smith: alto al engaño reincidente


Por más de cuarenta años he escrito con frecuencia acerca de temas de interés económico, político y social, mayormente en columnas en periódicos de circulación nacional. Como parte de un proyecto personal, de nuevo he tenido que volver a leer casi cada una de ellas, lo cual me ha permitido lograr una perspectiva de la evolución durante dicho lapso de una serie de temas económico-políticos. Esto, a su vez, me ha brindado una buena oportunidad para derivar importantes lecciones acerca de una muy amplia serie de cosas que he visto pasar frente a mis ojos.

Como ahora está nuevamente de moda entre políticos de gobierno y, con algún grado de sorpresa, también entre algunos de una presunta oposición, calificar con el grosero mote de demagogo a cualquiera que se atreva a cuestionarles su nuevo paquetazo fiscal, que en estos momentos están urdiendo en la Asamblea Legislativa, debo decir que mi campo profesional es el de la economía, entre cuyos estudios doctorales en la Universidad de Wisconsin me especialicé en el área de las Finanzas Públicas. Tal vez esto me puede brindar algún espacio en la mente de algunos para seguir opinando sobre estos temas, a riesgo de que aún así el abogado Ministro de la Presidencia me critique por demagogo, con lo cual nos daría a entender que él, con ese paso transitorio en un gobierno, sí está ciertamente capacitado en cuanto a conocer bien del área de las Finanzas Públicas. Es frecuente encontrar entre funcionarios gubernamentales esa pretensión de creer que monopolizan el saber en algún área del conocimiento económico, pero simplemente se debe a circunstancias de la vida el que deban hablar de temas acerca de los cuales es muy poco o nada lo que saben.

Por ello, a riesgo de que se me enmarque el hoy honroso título de “demagogo”, me atrevo a reclamar por un alto al engaño al cual se ha ido sometiendo a la ciudadanía través de los años en este tema de los paquetes tributarios. De mi experiencia de esos cuarenta años como observador de las políticas públicas, puedo señalarles que, más o menos, cada tres y medio o cuatro años, el Poder Ejecutivo presenta un paquete de nuevos y mayores impuestos para que sean aprobados por la Asamblea Legislativa, para lo cual aducen que necesitan esos fondos adicionales para acabar con el déficit que se ha presentado en sus finanzas. Esto es, el gobierno de turno arguye que necesita de mayores recursos para poder cerrar la brecha ocasionada por un exceso de gastos sobre los gravámenes que recauda.

Su petición para acabar con el déficit del gasto público termina convirtiéndose en una tragicomedia repetitiva. Comedia, porque llama a la risa la cara compungida con que nos aparecen los Ministros de Hacienda de turno en esos cuatrienios, reclamándonos por más impuestos para acabar con el déficit, aunque sólo se trate de un rictus falso, fingido, pues bien saben que sólo piden esa plata para poder gastarla de nuevo, poco tiempo después de que la tengan en sus manos. Y digo que es una tragedia, porque siempre suelen ser los mismos ciudadanos costarricenses quienes al fin y al cabo seremos los que terminamos pagando esos nuevos impuestos. Con estos mayores gravámenes no sólo lograremos un descenso en los ingresos que llevamos libres a nuestros hogares, producto de nuestro trabajo, esfuerzo y ahorro y que ahora deseamos gastar como mejor sabemos hacerlo, en vez de cómo lo puede hacer el Estado.

Tragedia porque también encararemos la amarga situación de tener que enfrentar un aumento en los precios de los productos ahora sujetos a los impuestos, pues naturalmente los empresarios, quienes dice el gobierno que serán los que tendrán que pagar esos gravámenes, tratarán de trasladarlos hacia los consumidores al ver sus costos incrementados. Pero hasta aquí no llega el mal: si los empresarios ven que sus negocios caen, en el marco de la recesión en que ya, en estos momentos vivimos, tratarán de salvarlos aunque sean empleando menos gente que la que a la fecha tienen trabajando. Un gobierno serio no debe provocar un desempleo mayor en el sector privado de la economía ̶ el de todos nosotros, trabajadores y empleadores productivos del país ̶ tan sólo para mantener los jugosos salarios en los empleos públicos.
Esa tragicomedia debe terminar. Por ello creo que es indispensable que la ciudadanía se dé cuenta plena de cómo es que funciona todo este proceso político de los paquetes tributarios: más o menos cada tres y medio o cuatro años se presentan ante la Asamblea Legislativa con el pretexto de que el Estado tenga recursos para disminuir el déficit vigente al momento. Uno esperaría que el Estado fuera a ahorrar esos nuevos fondos y así disminuir el déficit. Pero con suerte eso dura un par de años, pues luego veremos cómo el tal déficit vuelve a crecer y crecer, haciendo necesario que otra vez el gobierno busque allegarse recursos tributarios con el mismo pretexto de disminuir el renacido déficit, pero ya sabemos que simplemente servirán para gastarlos poco después en nuevos y mayores gastos, que a su vez con el paso del tiempo inflarán de nuevo un déficit inevitable.
Porque de eso se trata todo en el gobierno: de poner nuevos y mayores impuestos para poder gastar más y más. Durante estos cuarenta años, más o menos cada tres años después de que se les han aprobado los nuevos y mayores impuestos, empieza a aparecer reiterativo el déficit en el sector público. En otras palabras, aproximadamente tres años después de que se les aprobara el paquete tributario de turno, vuelve el déficit fiscal, reincidente, obcecado y machacón. Simplemente ya se gastó en exceso lo que había ingresado por los nuevos tributos, lo cual es el inicio del nuevo ciclo: se hace necesario, otra vez más, aprobar un nuevo paquete tributario que llene el nuevo déficit, pero una vez aprobado…
El descaro ha ido evolucionando e incluso observamos como los políticos de turno cada vez enfrentan mayores dificultades técnicas mas no morales, de lenguaje pero no de convicciones, acerca de cómo llamar al último, al del momento, paquete tributario de moda. Como a los anteriores los han propuesto en nombre de la “justicia tributaria”, de la “equidad tributaria”, “para que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres”, “con el fin de lograr el balance presupuestario”, “para hacer una reforma tributaria”, “asegurar la estabilidad de la economía”, “lograr una compensación tributaria”, “hacer una reforma tributaria integral”, “lograr una mejora impositiva”, entre muchos otros intentos por disfrazar el verdadero nombre que merece la expoliación de nuestros ingresos personales, cada vez se les dificulta más cómo justificarlos ante el país. Ahora le tocó el turno llamar al paquetazo “Ley de Solidaridad Tributaria”, como si fuera un ejemplo de solidaridad proponer que el 70 por ciento de la recaudación esperada provenga de un aumento en el impuesto a las ventas y su transformación en un impuesto al valor agregado, que ya sabemos quién será el que termine por pagarlos. Suena a descaro que se atrevan a llamarle de “solidaridad tributaria”.
Creo que tan sólo durante la administración Pacheco no fue aprobado un paquete tributario, como sí se ha hecho durante cada una de las que nos ha gobernado durante los últimos cuarenta años. ¿Dígame Usted si acaso con esos nuevos y mayores impuestos que se le han cobrado en cada nueva administración, se ha eliminado el déficit? Nunca, ¿verdad?
La explicación es muy clara y muy sencilla. Al entrar la plata nueva, se procede a gastarla y que el próximo gobierno que entre vea cómo le hace para llenar de nuevo el hueco que le van a heredar. Huecos que somos los costarricenses quienes cada cuatro años tenemos que lidiar para pagarlos un nuevo paquetazo impositivo.
Es hora de deshacernos de este tornillo sin fin en que los políticos nos han sumido: si les damos más plata, la van a gastar de nuevo y el próximo gobierno, el de Arias-Solís, nos recetará otra vez con nuevos y mayores impuestos. Ya sabemos que, con el cuento de la necesidad impostergable de satisfacer la justicia social y de lograr la estabilidad económica del país, nos dirán que es indispensable que la ciudadanía tenga más y mayores impuestos. Pero ya sabemos que es tan sólo para poder seguir gastando. Eso debe acabarse ya, antes de que todos nosotros terminemos tan sólo trabajando para el Estado, que es el camino por el cual nos conducen.

lunes, 17 de octubre de 2011

Tema polémico: la doble cara de Sandra Pizk


La ministra de Trabajo doña Sandra Pisck presentó la semana pasada el programa EMPLEATE, una iniciativa público-privada para disminuir el desempleo en los jóvenes. Casi al mismo tiempo, el Ministerio de Trabajo presentó la primera rendición de cuentas de la Campaña Nacional de Salarios que analiza el grado de cumplimiento del sector privado al nefasto salario mínimo con el objetivo de obligar a las empresas a respetar esta legislación.

Este es un ejemplo clarísimo de la doble moral de algunos políticos. El salario mínimo para lo único que ha servido, en este y en todos los países, ha sido para aumentar el desempleo y fomentar la actividad informal en la economía. Al verse obligadas las empresas y empleadores independientes a cumplir con un mínimo de salario, se ven obligados a contratar menos personal y limitar el tamaño de su empresa pues de otra forma el negocio dejaría de ser rentable. Otros lo que han hecho es emplear a las personas informalmente para todas aquellas labores cuyo valor agregado o la cantidad de horas de trabajo requeridas no llega a ese límite arbitrario impuesto que le llaman salario mínimo.

El trabajo es como un contrato que se pacta entre un patrono y un empleado donde el empleado se compromete a realizar una tarea a cambio de un salario o remuneración. Si las condiciones no fueran aceptables para una de ambas partes entonces el contrato no se realizaría. El nivel de esa remuneración depende del tiempo y valor agregado que el empleado le dedicaría a esa labor. El salario mínimo en supuesta defensa del trabajador lo que hace es obligar al empleador a no contratar al empleado en aquellas labores de poco valor agregado aunque éste esté felizmente dispuesto a realizarlas por ese monto. Al final salen ambas partes perdedoras pero aún más el empleado pues no puede conseguir trabajo. Y los empleadores que finalmente aceptan contratar a empleados con esto niveles de salario aunque su trabajo no lo amerite lo que hacen es aumentar los precios castigando al mercado o en última instancia cerrar la empresa porque lo márgenes de ganancia no son adecuados. El Estado no tiene ni debe involucrarse en este contrato.

¿Y quiénes son los que más sufren con esto? Pues las clases de más bajos recursos, menor educación o menor experiencia laboral. Los jóvenes son de los grupos de edad más impactados con esta nefasta medida. El mismo informe que presentó la semana pasada el Ministerio de Trabajo lo demuestra. Este informe indica que el 26.3% de las personas que trabajan en el sector privado lo hacen por debajo del salario mínimo. Además, indica que es más frecuente entre sectores vulnerables de la población como los adolescentes, los adultos mayores y quienes tienen poca educación. Entonces, si el Gobierno desea iniciar una cacería de brujas en el sector privado para que se respete el salario mínimo, los jóvenes serán de los más afectados.

Por un lado doña Sandra quiere disminuir el desempleo del sector joven pero al mismo tiempo aplica medidas que para lo único que sirven es para aumentar este desempleo. En su discurso durante la presentación del programa EMPLEATE, la señora ministra dice: “Son la población típicamente excluida. La que vive en las comunidades vulnerables y, la que está en verdadero riesgo social”. Ella dice conocer las necesidades de los jóvenes y dice estar comprometida con la causa de disminuir el desempleo, sin embargo, sus acciones dicen todo lo contrario. Esta doble cara de la ministra es común no solo en ella sino en muchos otros integrantes de este gobierno.

viernes, 14 de octubre de 2011

Viernes de Recomendación

Para este Viernes de Recomendación compartimos con ustedes el artículo de Juan Ramón Rallo llamado "Tres Reflexiones a Raíz de la muerte de Steve Jobs". En este artículo, Rallo habla sobre los logros de Steve Jobs, los beneficios de sus acciones para la humanidad y como hubiera sido imposible lograrlos sin la existencia de un sistema capitalista.

Tres reflexiones a raíz de la muerte de Steve Jobs

La muerte de Steve Jobs ha conmocionado al mundo entero, y es comprensible. Cuando una persona es la cabeza visible de tantos inventos que han transformado nuestras vidas de una manera tan inmediata y sustancial, es normal que nuestros lamentos transpiren gratitud por el revolucionado presente y melancolía por el futuro que hubiese podido ser y que ya no será.

Más allá de los homenajes y obituarios que individuos mucho más capacitados que yo puedan escribir, a mí la triste muerte del creador de Apple me suscita tres reflexiones sobre nuestro sistema económico y social.

La primera, todo el luto generalizado que estamos viviendo no es un luto por Steve Jobs como persona, sino sobre todo como personalidad: en concreto, como uno de los CEOs más exitosos de nuestra historia reciente (sólo comparable a Roberto Goizueta, Sam Walton, Warren Bufett o Bill Gates). Es curioso cómo nuestras sociedades, incluso aquellos sectores más abiertamente liberticidas, a la hora de la verdad no pueden más que rendirse a los logros de esos grandes empresarios convertidos en precoces multimillonarios que sólo pueden surgir y desarrollar su ingenio en un sistema de propiedad privada y libre competencia como el capitalismo. Jobs es idolatrado por haberse enriquecido masivamente o, lo que es lo mismo, por haber proporcionado a los consumidores bienes que ni siquiera sabían que necesitaban pero que han terminado por convertirse en elementos indispensables en su día a día. Ya lo decía Mises: “Todas las personas, por muy fanáticas que puedan ser en sus diatribas contra el capitalismo, implícitamente le rinden homenaje al clamar apasionadamente por los productos que crea”.

La segunda, Jobs ha convertido a Apple en la compañía más valiosa del mundo, sólo comparable a Exxon Mobile. Su valor en bolsa oscila en torno a 350.000 millones de dólares: más que todas las empresas del Ibex 35 juntas. Es decir, los inversores esperan que Apple genere durante los próximos años más valor para los consumidores que todas las mayores empresas españolas juntas. Sorprende, acaso, que en esta nuestra época, en la que oímos continuas premoniciones sobre el agotamiento inexorable de los recursos naturales o reflexiones sobre que las empresas se enriquecen a costa de explotar al medio ambiente o a los trabajadores, una compañía dedicada al conocimiento y a la innovación, con menos de 47.000 trabajadores (la mitad que Exxon), pugne por ser la compañía con mayor capitalización del mundo. Ya lo dejó sentado Julian Simon: el último recurso, la última fuente de riqueza, es la inteligencia humana; la capacidad de generar planes, modelos de negocio y productos que satisfagan necesidades importantísimas del resto de agentes. De ninguna otra forma puede explicarse que se espere que esos 47.000 empleados de Apple generen más valor que los 1,2 millones de trabajadores que ocupan todas las compañías del Ibex.

Y la tercera, la espectacular evolución bursátil de Apple, asentada sobre la innovación continua y la explosión de las ventas de productos de muy elevada calidad, ilustra la decisiva importancia del ahorro personal para alcanzar una amplia sociedad de propietarios. Desde el regreso de Steve Jobs a Apple, el precio de sus acciones ha pasado de 4 a 375, esto es, se han apreciado un 9.300%. Si en lugar de adquirir productos de Apple, hubiésemos destinado nuestro dinero a volvernos accionistas de la empresa —es decir, en sumarnos al proyecto de Jobs, proporcionándole todavía más recursos económicos—, hoy nuestro patrimonio sería inmenso. Para que nos hagamos una idea: si en 1997, en lugar de adquirir un Apple Powerbook G3 250 por 5.700 dólares hubiésemos invertido en acciones de Apple, hoy tendríamos un patrimonio de 535.000 dólares. Tal vez algunos piensen que, en tal caso, Apple habría vendido menos productos, hubiese dispuesto de menos ingresos y no hubiera sido capaz de innovar tanto. Pero es al revés: Apple, y empresas como Apple, podrían haberse capitalizado mucho más, habrían dispuesto de trabajadores mucho mejor formados y habrían invertido a mucho más largo plazo, proporcionándonos innovaciones aún más increíbles.

jueves, 13 de octubre de 2011

Jumanji empresarial: ¡lógica aplastante!


El análisis cognitivo es algo tan necesario para el ser humano como lo son la alimentación y la respiración. Sin esta facultad, el ser humano simplemente sucumbe ante el atropello de la naturaleza. El análisis lógico, así como el codificado y empírico (heurístico), juegan el papel de herramientas evolutivas disponibles para quien desée aplicarse un poco a su vida contemplativa. Ante esto, me permito generar una cierta disonancia cognitiva sobre la naturaleza del Estado, y lo hago a través de las siguientes cuestiones lógicas:

-Si la justificación para regular los mercados es que la mayoría de los ciudadanos somos unos ignorantes y carentes de ética, entonces, por lógica, los mismos reguladores también lo son, dado que estos no pueden dejar de ser un reflejo y extracto de la sociedad en general.

-Si la justificación para redistribuir riqueza por medio del Estado es que los individuos son egoístas y sociofóbicos por naturaleza, entonces, por lógica, los burócratas encargados de redistribuir la riqueza también padecerán del mismo mal y procurarán enriquecerse ellos mismos a costa de los individuos dispersos por el mundo.

-Si la justificación para un sistema educativo estatizado y estandarizado es que el mercado evolutivo resulta incapaz de proveer educación de calidad y de acreditar adecuadamente al capital humano necesario que requiere la evolución económica, entonces un Estado no evolutivo es, por lógica, aún mas incapaz de hacerlo.

-Si el ser humano ha probado ser tan productivo e innovador a lo largo de la historia, entonces ¿por qué dejamos que el miedo irracional, continuamente desatado por los irresponsables ambientalistas, detenga nuestro progreso y la búsqueda de bienestar a partir de la ciencia y la tecnología aplicada?

-Si el papel de la oferta del conocimiento científico y tecnológico, en el proceso de innovación, es potenciar la relación entre el mercado y la generación de innovaciones, siendo el mercado un espacio evolutivo, entonces ¿por qué es necesario un ministerio de ciencia y tecnología que nunca será "evolutivo" desde el punto de vista del desenvolvimiento de los mercados tecnológicos?

-Si la cultura que nos envuelve no es más que una serie de patrones abstractos, surgidos de la interacción e intercambio recíproco entre los individuos en una comunidad; entonces ¿para qué necesitamos un ministerio de cultura no emergente, sino más bien impuesto con el fin de que nos dosifique lo que sus elites adjuntas piensan que es cultura?

-Si la esencia del sistema económico es que los individuos produzcan lo que consumen y consuman lo que necesitan, intercambiando de la manera más eficiente y eficaz, lo cual es, por lógica, de la manera más libre, entonces ¿para qué necesitamos un ministerio de economía que, entre sus funciones, incluye la rectoría regulatoria de la industria y el comercio, y no la búsqueda de un verdadero mercado disputable?

-Si las necesidades de los individuos son evolutivas, entonces ¿por qué nos desgastamos protegiendo instituciones "no evolutivas" estatales que no satisfacen las verdaderas necesidades de los ciudadanos? Movilidad laboral, capacidad de prueba y error, y destrucción creativa, son algunas de las características evolutivas necesarias que las instituciones estatales nunca tendrán.

-Si ya sabemos de antemano que las cosas nunca mejoran con más leyes o más impuestos sino que solo a través del carácter moral y emprendedor de cada individuo, actuando con espíritu de reciprocidad entre sus semejantes, logra satisfacer las necesidades individuales y colectivas, entonces ¿para qué insistimos en proponer más leyes y más impuestos que lo único que logran es perpetuar la inoperancia institucional?.

-Si el empresario es el que descubre, el que coordina en los mercados y el que transforma el capital financiero en capital físico, innovando en todo el proceso, entonces ¿por qué cada día tenemos más burócratas y menos empresarios?

Por último: si tanto el Estado como la organización política democrática son una ficción mental, entonces ¿por qué una persona inteligente como yo trata de preguntar y de preguntarse tantas cosas sobre la lógica de cosas ilógicas?

Andrés Pozuelo Arce

miércoles, 12 de octubre de 2011

Flash legislativo


El acuerdo entre el gobierno y el PAC para aumentarles los impuestos a todos los costarricenses resultará nefasto para las oportunidades de generar riqueza, empleo, crecimiento y un mejor futuro. Por el contrario, el PACquetazo de impuestos nos hará perderle aún más el paso a las naciones que, desde hace años, vienen apostando al progreso.

Como si fuera poco que el pacto se llevara a cabo de forma secreta, los puntos acordados y posteriormente plasmados en el proyecto de ley Nº 18.261, “Ley de Solidaridad Tributaria” no son, para nada solidarios, muchas veces risibles y, en todo momento, lamentables. Lo cierto del caso es que, a pesar de ser verdaderas estupideces, contrarias a toda lógica y a todo intento de progreso, varios partidos políticos aprobaron una moción para darle a ese expediente un trámite rápido, de forma que, antes del mes de Diciembre, tendremos que pagar más por prácticamente todo.

Vamos a analizar los principales puntos que plantea el proyecto de ley. Sin duda, el más serio es el del IVA, pues con la conversión del impuesto general de ventas en impuesto al valor agregado y el aumento de su tasa de un 13% a un 14%, el bolsillo de los costarricenses se verá duramente golpeado. Únicamente estarán exentos de pagar el 14% los cortes y teñidos de cabello, los pagos para licencias de conducir, la reparación de motocicletas y la jardinería. Así que las visitas al médico, al dentista, al contador, al electricista, al constructor, al guarda, al zapatero, al lechero, al abogado, al mecánico, al psicólogo, al terapeuta, al gimnasio, a la pedicurista y manicurista nos saldrán mucho más caros.

También tendremos que pagar más por el destape de cañerías, el servicio doméstico, el fumigador, el servicio de arreglo de canoas, pintura, decoración, remodelación, las revistas hasta la casa, el gas, el cable, el internet, el correo, el lavado de carros, el servicio de soldadura, el catering o el alquiler de locales comerciales, casas, etc. La lista es interminable y abarca todo aquello que no esté en la reducida lista de exoneraciones que mencionamos en el párrafo anterior. Gracias a esto, el golpe asestado será fatal para el bolsillo de millones de individuos en el país.

A eso hay que agregarle que todo lo que el Gobierno no considera productos de la canasta básica a bienes como la maracuyá, los frijoles blancos, los calamares, el pulpo, toda la ropa, los ganchos para limpiar, las navajillas y la crema de afeitar, los condimentos y muchos otros que los consumidores normalmente compramos. La lista de bienes y servicios exentos apenas es de 233, por lo que los costarricenses tendremos que hacer cuentas para ver si nos alcanzará el dinero para adquirirlos o, por el contrario, tendremos que olvidarnos de ellos y recordar los tiempos de bonanza donde podíamos costearlos.

Pero aquí no acaban las malas noticias. Aspirar a tener educación privada o recibir servicios de salud le costará un 2% más caro (eso sin contar que la redacción del proyecto no es clara para saber si al precio habrá que sumarle el 14% del IVA, lo que haría que esos servicios incrementen su costo en un 16%).

Gracias al PLN y al PAC, el 85% de los costarricenses que hoy día no tienen educación universitaria verán seriamente obstaculizadas sus oportunidades de aspirar a un mejor futuro, pues ese impuesto se trasladará directamente a su matrícula, encareciéndola sensiblemente. También los asegurados tendrán que sacar más dinero de la bolsa si quieren ir al médico. De lo contrario, tendrán que unirse a la lista de más de 22.000 pacientes que esperan servicios de atención en la CCSS y armarse de paciencia, a la espera de que le asignen su cita en un plazo no menor de 2 años.

Nótese que, hasta acá, el grueso del proyecto de “Solidaridad Tributaria” recaerá en la clase media. No en los pobres que, por su nivel de ingreso están exentos del impuesto de renta y tienen pocos recursos para consumir bienes y servicios. Tampoco lo sentirán los ricos, pues un aumento de ese calibre es insignificante para muchos de ellos, aunque si serán golpeados cuando quieran ahorrar e invertir, lo cual posiblemente los moverá a llevarse su dinero a otro lado.

Incluso, el mismo Ministro Herrero ha reconocido, tanto en medios de prensa como frente a los propios Diputados, que el peso de este paquetazo de impuestos caerá, fundamentalmente, en el IVA. Recientemente, dijo que el 70% de los recursos que espera recaudar con el proyecto, provendrán de ese impuesto, mientras que los impuestos para “los ricos” serán absurdos: el de los carros de lujo representará el 0.3% y el impuesto a salarios mayores a los ¢4 millones, el 0.001%.

No obstante, el PAC y el PLN insisten en decirle a los costarricenses que este paquete de impuestos es progresivo, que los ricos pagarán como ricos y que se protege a los sectores más desfavorecidos. Sin embargo, cuando se revisan los cambios en el impuesto de renta, es claro que los tractos por los que se pagan no varían. En otras palabras, es falso que los ricos pagarán como ricos y que se protege a los demás sectores: la clase media y la que aspira a serlo, serán las más golpeadas.

No obstante, algunos de los nuevos tributos sí van dirigidos a los más ricos, pero con consecuencias serias para la clase media y baja. El nuevo proyecto gravará, con renta mundial y con impuesto a las utilidades a las grandes empresas. Renta mundial significa que todas las riquezas generadas en cualquier parte del mundo, que sean repatriadas a Costa Rica, tendrán que pagar un impuesto. Y el impuesto a las utilidades y dividendos no es otra cosa que un tributo sobre las ganancias. En estas circunstancias ¿cuál empresa deseará invertir en Costa Rica? Si nadie quiere invertir, no se generará empleo, el encadenamiento productivo será nulo y, al final, miles de personas que podrían beneficiarse, directa o indirectamente, con esas empresas, perderán su trabajo. Aspirar a generar riqueza en Costa Rica será un sueño de opio, casi tan inalcanzable como ver a Cartago campeón.

Lo mismo pasará con el impuesto a las zonas francas. El pacto entre el PAC y el PLN promueve un impuesto de 15% a los dividendos distribuidos de las empresas ubicadas en esos regímenes, al tiempo que faculta a las municipalidades a cobrarles impuesto territorial. Mientras nuestros vecinos Panamá y El Salvador están haciendo todo lo posible para atraer inversión, nuestro Gobierno la ahuyenta. Y con esas empresas se irán miles de empleos, al igual que las aspiraciones de miles de costarricenses que quieren un mejor futuro y una mayor calidad de vida.ç

Ni qué decir de las PYMES. A pesar que están presentes en todos los discursos, el Gobierno no sólo no ha hecho nada para reducir o simplificar la tramitología que las ahoga por cuanto les consume tiempo y dinero, sino que ahora pretende aumentarles en un 50% el impuesto sobre la renta que tendrán que pagar (pasaría de un 10% a 15%). Aunado a ello, los bienes y servicios que adquieran o que necesiten para su actividad, estarán más caros por el IVA, todo lo cual les restará competitividad y hará desaparecer a muchas de ellas. Una vez más, el empresario será atacado hasta que claudique y deje de generar beneficios.

A todo esto hay que sumarle el impuesto a los carros de lujo. El Gobierno aduce que un carro que valga más de ¢18 millones es de lujo, por lo que tendrá que pagar un 50% más de impuestos. Eso significa que, además de los grandes 4x4 y los vehículos deportivos, los pick ups que se requieren para el trabajo y la agricultura o los vehículos híbridos o eléctricos, serán más caros.

Nuestro Gobierno nos obligará, entonces, a transitar en vehículos viejos, con menos condiciones de seguridad, comodidad y eficiencia. Cortará de tajo las aspiraciones de quienes trabajan para comprarse un carrito nuevo y de los agricultores que desean un mejor vehículo para su trabajo. También obstaculizará la consecución de la meta que la misma Administración Chinchilla Miranda se ha fijado: ser carbono neutral. Los vehículos híbridos o eléctricos, que contaminan menos y protegen el ambiente, ya cuestan hoy más de ¢18 millones. Sumándole el impuestazo, es evidente que nadie los comprará.

Y a todo esto le falta una cosa más. Cuando la excusa es solventar el déficit fiscal, dentro del proyecto de Solidaridad Tributaria, solo se encuentran formas de obtener más recursos por medio de más impuestos, pero no hay absolutamente nada sobre la contención del gasto. Nuestro Gobierno no se compromete a reducir la planilla estatal, el despilfarro, la ineficiencia, las transferencias clientelistas, la corrupción, el favorecimiento de amigos; mucho menos a contener la evasión fiscal (que ronda el 4% del PIB) o a cerrar instituciones que no funcionan. Lo que pide es más dinero sin tapar los grandes huecos por donde se van los recursos de todos los costarricenses.

En definitiva, este paquetazo de impuestos solo será solidario con los políticos irresponsables que desperdiciaron el dinero de los costarricenses y con los burócratas a los que se les aumentó y aumentará su salario.

martes, 11 de octubre de 2011

La columna de Carlos Federico Smith: letra menuda tributaria


Es muy importante que el ciudadano esté plenamente informado acerca de los nuevos impuestos que contiene el paquetazo de impuestos en proceso de aprobación legislativa. Para ello es crucial leer lo que está escrito en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para la aprobación legislativa y con el contubernio del PAC, como resultado del PACto ya conocido por la ciudadanía.

Muchos de los ciudadanos ya sea porque no disponen fácilmente del proyecto de ley o bien para ahorrar tiempo valioso, acuden a los medios de comunicación colectiva para leer de qué se tratan los nuevos impuestos. Así, La Nación publicó una información el día miércoles 28 de setiembre del 2011, titulada “Plan fiscal sube en 50% tributo a autos de más de ¢18 millones”. En un recuadro de él se lee, entre otras cosas, lo siguiente: “Electricidad y medicinas. Se mantiene la exoneración del impuesto sobre el valor agregado a los servicios básicos de electricidad y agua…”, con lo cual quienes lo leen se mostrarán muy satisfechos de que esas dos cosas tan importantes no irán a pagar el nuevo impuesto llamado IVA o impuesto al valor agregado, que se supone sustituirá el impuesto de ventas actual. Entonces, ¿estamos claros? Según esa Nación, se mantienen exonerados del impuesto al valor agregado tanto la luz como el agua.

Pero, para aclarar bien las cosas y no caer en el error o para evitar que alguien nos quiera agarrar de majes ilusos, vayamos al proyecto de ley oficialmente presentado a la Asamblea Legislativa. Allí se lee lo siguiente, lo cual reproduzco:

• “Modifíquese el Artículo 9 para que se lea como sigue:

‘ARTICULO 9.- Exenciones
Están exentas del pago de este impuesto:….

• …El suministro de energía eléctrica residencial, siempre que el consumo mensual sea igual o inferior a 250 kw/h; cuando el consumo mensual exceda de los 250 kw/h, el impuesto se aplicará al total de kw/h consumido.

• La venta o entrega de agua residencial, siempre que el consumo mensual sea igual o inferior a 40 metros cúbicos; cuando el consumo mensual exceda de los 40 metros cúbicos, el impuesto se aplicará al total de metros cúbicos consumidos. No gozará de esta exención el agua envasada en recipientes de cualquier material.’“

Lo anterior significa que lo que queda exonerado del pago del IVA son tan sólo los primeros 250 kilowatts-hora de electricidad, así como los primeros 40 metros cúbicos de agua. No es que se exonera la electricidad y el agua del impuesto sobre el valor agregado, pues lo pagará cualquier gasto de luz que sea superior a los 250 kilowatts-hora o de agua que exceda de los 40 metros.

Pero, ¿creen que hasta aquí llega la verdad verdadera de las cosas tributarias? Resulta que el bombazo es claro, pues viene de otros lado. Cualquier persona que gaste en electricidad más de 250 kilowatts-hora o 40 metros de agua (que somos casi la mayoría de los hogares) pagará no ya un 12%, sino un 14% como tasa del nuevo impuesto. Es decir, tendrá un aumento en los impuestos que paga por la luz y por el agua. Si usted creyó que el agua y la luz quedaban exoneradas, pues se ilusionó equivocadamente. Los que ya hoy pagan impuestos por la electricidad y el agua pagarán aún más. En el futuro tal vez se les ocurra gravar con impuestos a la respiración… así es Mr. Taxman, como nos lo cantaron los Beatles… sólo que este es de verdad; es la realidad que los políticos nos imponen y sin que se pueda discutírseles, pues “pa’eso tenemos la vía rápida”… por mayoría.

Jorge Corrales Quesada

domingo, 9 de octubre de 2011

Tema polémico: Un elefante blanco llamado IDA


Hace menos de una semana los diarios nacionales destacaban que el presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), Rolando Gónzalez Ulloa, pasó seis meses recibiendo un monto del salario mayor al que efectivamente le correspondería.

Esta es una noticia que indigna, pero no sorprende, pues los costarricenses estamos muy acostumbrados a recibir información de este tipo, cada vez con más frecuencia.

En ASOJOD queremos resaltar esta irritante noticia, a propósito de lo que hemos dicho en reiteradas ocasiones en este mismo espacio: existen instituciones públicas que, con el paso de los años se han convertido en fin en si mismas; en verdaderas guaridas de burócratas cuya única intención es la de perpetuarse y garantizarse un ingreso a costillas de los costarricenses que mantienen a estos elefantes blancos.

Probablemente para muchos pase inadvertido el hecho de que esta semana el IDA cumplirá 50 años de existencia, y que su aniversario se enmarca en un proceso de reinvención, al tenor de la perdida absoluta de un sentido de existencia, y de la sugerencia hace unos años por parte de la Contraloría General de la República, de cerrarla debido a la clara y absoluta perdida del horizonte de sus funciones originales, así como a los múltiples casos de corrupción en su administración.

En ASOJOD queremos llamarlo a usted, estimado lector, para que se pregunten cómo es que en nuestro país algunos se empeñan en mantener a instituciones inservibles como está, en medio de una situación fiscal tan delicada, y más aún, cuando se nos quiere aplicar una mayor carga impositiva, que de seguro vendrá a alimentar a instituciones similares.

Nos llama profundamente la atención como algunos se empeñan en eternizar Instituciones tan arcaicas, sin funciones, pero que no mueren, como el IFAM, el Banhvi, el IMAS y el IDA, entre otras tantas entidades autónomas, semiautónomas y entes descentralizados.

En el caso particular del IDA, pareciera que ningún político con poder de decisión tiene el suficiente valor como para enterrar el Proyecto de Ley que pretende transformarlo en el Instituto de Desarrollo Rural, tal vez por convicción, o cálculo político.

En todo caso, y sin importar la motivación de fondo, de algo podemos estar seguros los costarricenses: cada colón asignado al presupuesto de instituciones como el IDA, es un colón que no se utilizará en llevar más progreso y desarrollo para el país, sino que se destinará a pagar más burocracia.

¿Una conclusión muy arriesgada? Para nada. Casos como el IDA nos dan una prueba fehaciente con un respaldo de evidencia de 50 años, en los que los pobladores rurales de este país siguen esperando el tan ansiado desarrollo prometido desde el primer día que el IDA inició sus labores.

jueves, 6 de octubre de 2011

Jumanji empresarial: el intercambio y tipos de reciprocidad


Partimos del hecho de que los seres humanos virtualmente viven en algún tipo de sociedad, y que además cada uno tiene al menos algunas posesiones; en este contexto, la reciprocidad se puede encontrar en todas las culturas.

Por eso, es posible hablar de varios tipos de reciprocidad:

Reciprocidad generalizada: involucra transacciones altruistas cercanas, donde la retribución no tiene que ocurrir en el corto plazo y puede no ser retribuida. Se enmarcan dentro de la ayuda mutua entre parientes, sin expectativa de una retribución material. La obligación de corresponder es indefinida en tiempo, cantidad y calidad. Según Sahlins, “el lado social de la relación supera al material y, en cierto modo, lo encubre, como si no contara.” Esto aplica a relaciones muy cercanas y comunitarias.

Reciprocidad equilibrada (positiva): Son intercambios directos basados en una equivalencia determinada con retribución inmediata. Suelen darse en arreglos matrimoniales y convenios de paz, trueques de productos e intercambio equivalente (comercio). La retribución debe darse en un plazo de tiempo definido. “La gente actúa adherida a intereses económicos y sociales separados. El aspecto material de la transacción es tan importante como el social, y debe haber cierto ajustamiento más o menos exacto, ya que las operaciones deben compensarse. Así, la prueba pragmática es aquí una incapacidad de tolerar la circulación en una sola dirección: las relaciones entre las personas se rompen cuando una se retracta”.

Reciprocidad negativa : Es una relación en la cual se trata de obtener un beneficio a expensas de la otra parte. Incluye al regateo, la trampa y el robo (impuestos). Los participantes tienen una relación estructural social distante, presentan intereses opuestos y buscan maximizar su beneficio. En todo caso, es una relación entre grupos distantes y simétricos. Sobre esta última, señaló Robert Lucas lo siguiente: "El estado de bienestar es tan costoso, que simplemente rompe la conexión entre el esfuerzo del trabajo y lo que se obtiene a cambio (reciprocidad negativa), el estardar de vida."

Andrés Pozuelo Arce

martes, 4 de octubre de 2011

La columna de Carlos Federico Smith: el mismo afán de silenciarnos


Una de las virtudes de lograr cierta edad es que cuando se ve una situación que a muchos les puede parecer como un hecho novedoso, en realidad ya se ha vivido algo parecido. Me refiero al intento de silenciar a la ciudadanía en cuanto a la aprobación rápida del paquete tributario, que está en ciernes en la Asamblea Legislativa. Porque con toda franqueza, esa pretensión de la mayoría de los diputados, como producto de lo que se conoce del PACto Solís-Chinchilla, para aplicar la vía rápida a la discusión legislativa en torno al paquetazo de impuestos, es para impedir que surja una discusión amplia de los alcances de las nuevas leyes tributarias. Y es evidente que la ciudadanía que tendrá que pagar esos arrebatos, tiene un interés supremo en ver qué significado tiene la aprobación de mayores gravámenes, que implica un traslado forzoso y sustancial de sus dineros bien ganados, como producto del trabajo, esfuerzo y riesgo de las personas, hacia el Estado.

Leyendo en estos días me encontré un artículo que escribí el 19 de abril de 1987 en La Nación, el cual se refiere a un intento parecido, con sólo algunas variantes con lo que pasa en la actualidad, de aplicar una mordaza legal a la voz de los ciudadanos, acerca de la aprobación de nuevos y mayores impuestos por parte de la Asamblea Legislativa. En esencia dicho comentario esgrime los mismos argumentos que esgrimiría hoy en día, para ejercer mi protesta ciudadana en contra del abuso del Estado, que pretende exigirme un silencio sumiso ante su potestad de imponerme tributos, tratando de que ni siquiera diga algo en contra, sino que simplemente acepte que, al ceder mi soberanía a un parlamento, significó que esa cesión sería permanente, universal, irreversible e inobjetable en todo momento. Por el contrario, los hechos me permiten recordar hoy que la soberanía reside en el pueblo y que tratar de limitarla al aprobar legislación odiosa, es ir en contra del principio básico de residencia última de la soberanía popular. Alguien debería recordar, en momentos en que convenencieramente algunos lo han dejado de lado, que de eso se trata la acción ciudadana.

El artículo en mención se titula “Pega, pero escucha”, el cual reproduzco a continuación:

“Un hecho reciente acaecido en el seno de la Comisión de Asuntos Hacendarios en la Asamblea Legislativa, debe ser objeto de atención por parte de las personas celosas de la función de un parlamento en una democracia.

Por un deseo expreso de la mayoría dominante del partido oficial en dicha comisión, en cierto momento se decidió que los ciudadanos no podríamos presentar nuestra opinión verbal ante dicho comité, acerca de las intenciones del Gobierno de imponer más gravámenes a los costarricenses, incorporados en el llamado paquete tributario. Alegaron que si así lo deseaban hacer los grupos interesados, podrían presentar a la comisión de la Asamblea sus opiniones por escrito, a fin de evitar un presunto boicot al paso acelerado con que se deseaba aprobar dicho proyecto de ley de impuestos.

Casualmente, en los mismos días en que algunos diputados pretendían limitar la función de dar audiencia a la ciudadanía en la Asamblea y particularmente en la comisión, personas conocedoras y sapientes de estos asuntos, en un seminario patrocinado por ese mismo cuerpo político, enfatizaban la importancia que tiene el parlamento en una democracia y específicamente la cercanía que ella debe tener con el pueblo que elige a sus representantes ante una Asamblea Legislativa.

Este paradójico acontecimiento no puede ser explicado sino por el aprisionamiento en una especie de creencia de “pa’ eso tenemos la mayoría” que prima en la mente de algunos de nuestros legisladores, a quienes más bien se hace muy convenientes recordarles el ligamen histórico que existe entre la representación en una Asamblea y la capacidad que tiene de poner impuestos (aquella “no taxation without representation” que dio vida a la revolución americana) por una parte, en tanto que, por la otra, que esos legisladores fueron electos sus representantes por los ciudadanos ante el Congreso, de quienes por lo menos se espera que les escuchen en sus quejas y pareceres sobre los temas que se tratan en la Asamblea.

El reciente seminario promovido por el parlamento tiene una enseñanza para los costarricenses y en especial para ciertos diputados hiper-sensitivos, la cual se relaciona con lo expresado en los párrafos anteriores. Independientemente de los intereses personales que puedan tener los expositores y de que puedan estar o no en lo correcto, muchos de los oradores expresaron fuertes críticas a nuestro actual sistema legislativo.

En algunas oportunidades, cuando se han expresado reparos al Congreso, ciertos diputados se han referido a ellos como intentos de desestabilizar al parlamento o como pretensiones de rebajarlo en su magna función. Con estos arrebatos diputadiles se ha intentado descalificar las quejas de personas acerca del funcionamiento de nuestra Asamblea, de manera que la lección que menciono espero sea bien aprendida por los diputados de piel fina, quienes deben ser bien conscientes de la obligación que tienen de escuchar al pueblo que los eligió, para que así éste les pueda transmitir cómodamente sus opiniones acerca de todo lo que sucede en un parlamento, lo cual se supone irá en beneficio de los gobernados.

Para bien popular, la minoría en la Asamblea Legislativa hizo meditar a la mayoría para que ella se retractara de una intención de impedir que el pueblo, la ciudadanía, las personas, expresaran su criterio y su satisfacción acerca del proyecto de mayores impuestos, que el Poder Ejecutivo ha enviado para que parlamento lo decida aprobar o rechazar. Este es un buen paso en un largo camino, en el cual debe tenerse siempre presente el origen y función de un parlamento en una democracia.

Si se quiere que los costarricenses respetemos a nuestra Asamblea Legislativa o que, según lo consideran algunos, se restaure tal reverencia, lo primero que precisamente debe hacer ese parlamento es mostrar diáfanamente a los ciudadanos que a ellos se les escucha, y con el debido respeto, en todo lo que tenga que ver con el gobierno del pueblo. Así entendemos la cesión de nuestra soberanía para nuestro propio bien.”


En aquella oportunidad de alguna manera se respetó la relación indisoluble que hay entre Asamblea y ciudadanía, aunque luego se aprobara el paquetazo de turno. De paso, observen que en esa época, al igual que ahora, el argumento para la aprobación de mayores impuestos fue la necesidad de eliminar el déficit gubernamental. Lo cierto es que pocos años después, con todo y los nuevos tributos que le ingresaron, de nuevo el Estado exhibió un déficit de similares proporciones. Esto es, la plata que entró, salió disparada en gasto… igual que va a suceder ahora.

¿Cuál es el apuro que tienen ahora ciertos diputados para no escuchar ampliamente las razones que, por medio de algunos otros diputados, la ciudadanía puede tener para sugerir que varíen sus propuestas tributarias? ¿Será que, como a la gente no le parecen estos nuevos y mayores gravámenes, entre menos se discuta y más rápidamente se aprueben, la prepotencia legislativa intentará de que lo sucedido pase al olvido? ¿Por qué si tanto creen en la acción ciudadana, en el derecho soberano de las personas a que se discuta ampliamente el tributo mayor que se le quiere imponer, no someten el caso al referendo de la ciudadanía? Ahí diré mi palabra si más impuestos son convenientes o no en la forma en que se plantean. También usted dirá su palabra acerca de esto. Tal vez aquí está la esencia del terror que tiene el llamado “legislador”: que el pueblo le obligue a hacer lo que él desea y no lo que el diputado pretende. Es de esperar que civilizadamente, sin imposición violenta, se logre el camino tributario que de acuerdo con la voluntad de los ciudadanos se debe de seguir.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 3 de octubre de 2011

Tema polémico: ¿Doble moral?

El día de hoy queremos presentarles dos noticias recientes, pero sobre todo queremos analizarlas sociológicamente, investigar la razón de por qué no son los hechos, sino los sujetos, los que le varían el significado a los eventos. En este sentido, el artículo del día de hoy pretende explicar por qué, ante los mismos hechos, ciertos costarricenses reaccionan de forma diametralmente según quien esté detrás de los mismos.

El primer evento, son los recientes y reiterativos derrumbes sobre la Ruta 32 . Llama poderosamente la atención cómo, en este caso, a nadie parece importarle que dichos eventos ocurran. Contrario sensu, cuando un derrumbe acontece en la carretera a Caldera, no falta quien pegue el grito al cielo. El punto aquí no es que la gente no debe reclamar por los derrumbes, sobre todo si son producto de un mal diseño vial, sino, que deben ser consistentes y expresar el mismo malestar independientemente de la ruta en que el hecho ocurra.

El segundo evento se refiere al famoso Proyecto Diquis del ICE. Esta semana, la Sala IV obligó al ICE a consultar a los indígenas como requisito para la viabilidad del mismo. No queremos ni imaginarnos que hubiera pasado si hubiera sido una empresa privada la que hubiera pretendido obviar la consulta como lo quería hacer el ICE. En este supuesto, hubieran aparecido todos los encapuchados y abanderados de la justicia y conciencia social, defensores del indigenismo criollo, de la soberanía y el ambiente, a manifestarse en las calles con todas sus pancartas y folklore. Pero como el responsable fue el ICE, prevaleció el silencio.

Precisamente, el punto es que en nuestro país, si una acción proviene de una institución pública o del Estado, la misma es juzgada de forma totalmente distinta a que si esta proviniera de un particular. Esto ocurre porque Costa Rica se encuentra inmersa en un marxismo cultural light. Con esto, a lo que nos referimos no es que el ciudadano de a pie sabe cuál es la diferencia de la dialéctica hegeliana con la marxista o qué es materialismo-histórico, plusvalía o teoría de la alienación, etc. Lo que significa es que el zeitgeist, el “sense of life” randiano, es decir los paradigmas culturales, los horizontes, los mundos de vida, los espejuelos desde donde analizamos la realidad están profundamente arraigados en un marxismo light, el cual se refiere a distintas creencias: la necesaria concentración de la riqueza del sistema capitalista, la desconfianza intrínseca a la riqueza y al rico, la creencia de que la riqueza se obtiene de la extracción de recursos del otro, la explotación del obrero dentro del sistema capitalista, una teoría del valor objetiva, etc. En este sentido, mientras este sea el clima intelectual imperante, nuestro país seguirá con las mismas respuestas, es decir, sin respuestas; seguirá estancado. De ahí, la importancia de retar constantemente dichos presupuestos, para lograr ampliar el abanico de análisis y desde ahí presentar nuevas soluciones a viejos problemas.