
La propuesta y la tramitación del paquetón tributario muestran la degradación a la que ha conducido la ignorancia económica y política, resumida en la fórmula hacendaria de “tax and spend”. Esta fórmula importada, tan reverenciada por algunos economistas y políticos, consiste en recetar impuestos y generar gasto público. No necesariamente en ese orden, sino a la inversa: crear gasto público desordenado y desgobernado y después alegar falta de impuestos para financiarlo. Ese ha sido el camino seguido para proponer el último paquetón. Los nuevos impuesto se pretenden justificar con los gastos incurridos, sin ninguna prudencia ni orden. Efectivamente, de 2006 a 2012, el gasto público ha crecido al doble de velocidad que la producción nacional medida como PIB.
Para engañar a la población, se utiliza el nombre del proyecto de ley. Así, a esta descabellada propuesta se le llama “solidaria”, para esconder impuestos a la educación, a la salud, la justicia; al fresco de guanábana y a la empanda; al chifrijo y a la ropa usada. Tanto, que ahora hay una bancada que promueve el impuesto solidario a la empanada y otra, muy aliada, a la ropa usada. Sin duda, para los proponentes del proyecto, esos lujos de la clase media y los pobres, deben encarecerse con impuestos para financiar los viajes de los jerarcas alrededor del mundo y, también, para dispensar asistencialismo clientelar y financiar la propaganda electoral, a fin de llamar elecciones, a procesos trucados, con gasto público dirigido a la compra de votos.
Pero el daño económico y político no acaba allí. Se estruja al productor nacional exonerando el producto final y gravando todos los insumos. Así, en el texto al que se le aprobó trámite rápido, se exoneró el pan pero no la harina, ni el trigo, ni el transporte de ninguno de ellos. Al final, lo único que se exoneró fue la irresponsabilidad, la ignorancia y la tergiversación de la realidad practicada por quienes propusieron exonerar, de esa forma, una canasta básica amputada. Los proponentes gozan de buena salud burocrática y cobran, rigurosamente, su salario y otros beneficios.
Pero también amputaron la Asamblea Legislativa. Allí, el trámite no es más que un remedo. Se va haciendo una práctica muy viciosa, pero al mismo tiempo, muy reveladora, eso de tramitar los impuestos por vía rápida. Ello significa que un texto inicial, solo puede recibir modificaciones acordadas en Casa Presidencial, nunca en el debate legislativo, que es eliminado. El plazo de tramitación se decide a voluntad de los jerarcas de Casa Presidencial y sus asesores, expertos en defraudar la buena fe de los votantes. Con todo ello, se rebaja la calidad de la democracia y de la representación a sus más hundidos niveles La prevalencia de esta distorsionada política, empeñada en desaparecer cualquier disidencia, para imponer la ignorancia económica y sostener un gasto público desorientado y acompañado de abusos, no puede llevar al país más que en un rumbo de colisión.
Como si ello fuera poco, el acceso a un abogado, necesario para los procesos judiciales, pagará el impuesto IVA pleno. Eso significa que los ciudadanos que busquen justicia deberán pagar impuestos para acceder a ella. La verdad es que prácticamente un 70% del paquetón son impuestos indirectos (IVA), promovidos por quienes alegan estar en contra de los impuestos indirectos. La bajeza del engaño ha quedado confirmada, al recibirse de España fondos para financiar la propaganda en favor del paquetón. España está al borde de la quiebra y llena de desempleo y desorden fiscal. Desde hace tiempo unos expertos fiscalistas locales, al servicio del desgobierno, se inspiran, al punto de copiar, los impuestos españoles y su régimen fiscal. Harían bien en ver los resultados y en tener solidaridad con los desempleados y las desesperadas familias españolas, no aceptando fondos provenientes de un irresponsable e insensible gobierno socialista español. Mucho menos para engañar, con falsificada solidaridad.
Para engañar a la población, se utiliza el nombre del proyecto de ley. Así, a esta descabellada propuesta se le llama “solidaria”, para esconder impuestos a la educación, a la salud, la justicia; al fresco de guanábana y a la empanda; al chifrijo y a la ropa usada. Tanto, que ahora hay una bancada que promueve el impuesto solidario a la empanada y otra, muy aliada, a la ropa usada. Sin duda, para los proponentes del proyecto, esos lujos de la clase media y los pobres, deben encarecerse con impuestos para financiar los viajes de los jerarcas alrededor del mundo y, también, para dispensar asistencialismo clientelar y financiar la propaganda electoral, a fin de llamar elecciones, a procesos trucados, con gasto público dirigido a la compra de votos.
Pero el daño económico y político no acaba allí. Se estruja al productor nacional exonerando el producto final y gravando todos los insumos. Así, en el texto al que se le aprobó trámite rápido, se exoneró el pan pero no la harina, ni el trigo, ni el transporte de ninguno de ellos. Al final, lo único que se exoneró fue la irresponsabilidad, la ignorancia y la tergiversación de la realidad practicada por quienes propusieron exonerar, de esa forma, una canasta básica amputada. Los proponentes gozan de buena salud burocrática y cobran, rigurosamente, su salario y otros beneficios.
Pero también amputaron la Asamblea Legislativa. Allí, el trámite no es más que un remedo. Se va haciendo una práctica muy viciosa, pero al mismo tiempo, muy reveladora, eso de tramitar los impuestos por vía rápida. Ello significa que un texto inicial, solo puede recibir modificaciones acordadas en Casa Presidencial, nunca en el debate legislativo, que es eliminado. El plazo de tramitación se decide a voluntad de los jerarcas de Casa Presidencial y sus asesores, expertos en defraudar la buena fe de los votantes. Con todo ello, se rebaja la calidad de la democracia y de la representación a sus más hundidos niveles La prevalencia de esta distorsionada política, empeñada en desaparecer cualquier disidencia, para imponer la ignorancia económica y sostener un gasto público desorientado y acompañado de abusos, no puede llevar al país más que en un rumbo de colisión.
Como si ello fuera poco, el acceso a un abogado, necesario para los procesos judiciales, pagará el impuesto IVA pleno. Eso significa que los ciudadanos que busquen justicia deberán pagar impuestos para acceder a ella. La verdad es que prácticamente un 70% del paquetón son impuestos indirectos (IVA), promovidos por quienes alegan estar en contra de los impuestos indirectos. La bajeza del engaño ha quedado confirmada, al recibirse de España fondos para financiar la propaganda en favor del paquetón. España está al borde de la quiebra y llena de desempleo y desorden fiscal. Desde hace tiempo unos expertos fiscalistas locales, al servicio del desgobierno, se inspiran, al punto de copiar, los impuestos españoles y su régimen fiscal. Harían bien en ver los resultados y en tener solidaridad con los desempleados y las desesperadas familias españolas, no aceptando fondos provenientes de un irresponsable e insensible gobierno socialista español. Mucho menos para engañar, con falsificada solidaridad.
Mario Quirós Lara
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