viernes, 21 de diciembre de 2012

Viernes de recomendación

Para este viernes de recomendación, en ASOJOD queremos compartir con ustedes un interesante artículo de Tom Palmer, titulado "Los orígenes del Estado y el gobierno", donde se explica la forma en que surge esa organización política que tenía como fin primordial la protección de los derechos de los individuos pero que degeneró en un monstruo que, al día de hoy, tiene sus garras en prácticamente todas las actividades humanas, dejando de proteger a ese individuo y convirtiéndose en su peor enemigo.

miércoles, 19 de diciembre de 2012

Desde la tribuna: mentalidad burocrática

Ciertamente, hay necesidad de administrar las cosas, ello es innegable.  La acción gubernamental requiere administración y esto también es innegable. El problema surge cuando la función se vuelve un fin en sí misma y no un medio para cumplir los fines de la organización social.

La sociedad existe porque hay organización (normas y gestores), eso no es el problema.  El punto radica en cuánta norma es necesaria y cuánta organización es justificable. Varios pensamientos insisten en el principio de acción subsidiaria del Estado como un evaluador o medidor permanente de la acción pública. La doctrina social de la Iglesia ha llegado a expresar, además, “tanto Estado como sea necesario, tanta sociedad como sea posible”.

El mecanismo de suspensión de garantías, existente prácticamente en todas las Constituciones políticas, existió incluso en las más liberales (pero, por supuesto, no en tan gran extensión como aparece en algunas de las actuales). Ello es una muestra de que, ante ciertas situaciones concretas, se admite que el Gobierno o la Administración Pública tenga incluso potestades excepcionales (situaciones de urgencia y emergencia). El problema es que dentro de la sociedad el Estado pesa cada día más y, además, dentro del Gobierno la burocracia también pesa cada día más. Por consiguiente, la sociedad tiene que soportar una burocracia cada día más pesada. Pero no se trata solo de su peso en kilogramos (que es mucho) sino en su ideología. Cuando John Stuart Mill abogaba por una limitación del poder público, explicaba que aparte de que la mayoría de las veces las personas hacen mejor lo que les es atinente (frente al poder) y de que incluso cuando no es así resulta apropiado que lo hagan para que aprendan, también sucede que el poder tiene una tendencia a justificarse, perpetuarse y fortalecerse.  

Aunque ahora se denomina “burocracia” a la organización y al conjunto de servidores públicos, las restantes dos acepciones del DRAE son absolutamente precisas y evidentemente peyorativas: “3. Influencia excesiva de los funcionarios en los asuntos públicos” y “4. Administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas”.

En una institución autónoma promedio, la mayor parte de los integrantes de la Junta Directiva (con excepción, obviamente, de la Presidencia Ejecutiva) devenga una dieta de unos ₡40,000.oo por sesión.  Ello resulta en unos ₡160,000.oo al mes, de los cuales se deducen los importes tributarios. Con esos recursos (pago por su tiempo) se enfrentan a la Presidencia Ejecutiva, a las Gerencias y demás dependencias que tienen altos salarios y todo el tiempo del mundo. Aparte de ello, algunos se ponen la “camiseta” de la institución a la van a dirigir.  Resultado: uniformidad burocrática.

Por ello no es de extrañar que terminen “volviendo el rótulo para adentro”, en alusión a una supuesta práctica inconveniente para el cantinero, pero imperdonable para el funcionario público. Ello explica la fruición burocrática con que se le espetan al pobre administrado frases como “falta un timbre”, “hoy no se puede”, “no hay sistema”, “tiene que venir mañana o la próxima semana”, “eso no se puede hacer”, “ya se le venció el tiempo”, “tome su ficha”, “haga fila en la otra ventanilla”, “no es tan fácil como usted cree” o “el encargado está de vacaciones”.

No es de extrañar que, en la mentalidad burocrática, sea más importante el régimen de retiro, la pensión privilegiada, que el espíritu de servicio. No es de extrañar que los burócratas hagan mentalidad de cuerpo en todas las dependencias públicas y tiendan a comportarse de manera similar. Y, por supuesto, es perfectamente explicable que esta mentalidad no admita el silencio positivo, los derechos de los ciudadanos, el valor de la libertad ni la importancia de la responsabilidad.

La mentalidad burocrática siempre tenderá a pedir más requisitos, a no valorar el tiempo de las personas, a obstaculizar la libertad ajena, a minimizar los derechos ciudadanos, a encontrar excepciones a las reglas de simplificación, a molestarse con los plazos cortos, a maximizar los defectos de una solicitud y minimizar los vicios de la actuación pública.  Con gusto convalidará las nulidades públicas pero, con más placer aún, denunciará las imperfecciones privadas.  

Desdichadamente, la inflación jurídica y el activismo legislativo se alían con la mentalidad burocrática, cargando a la sociedad de leyes y requisitos, de tramitomanía y exigencias, de sanciones y prohibiciones, junto con una relativización de las libertades públicas.  

¡Esa es la realidad!  Hay que hacer un esfuerzo por detener tal inercia y poner las cosas en su lugar.

Federico Malavassi Calvo

lunes, 17 de diciembre de 2012

Tema polémico: el indulto

En los últimos días, el tema del indulto que el Poder Ejecutivo dio, aparentemente a petición y/o por gestión del Diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Manrique Oviedo, ha despertado muchísimos comentarios. Nuevamente surge la discusión acerca de la intromisión de poderes al hablarse de un presunto favor político para que el finquero, condenado a 20 años de prisión por intento de homicidio, recibiera el perdón e, incluso, se ha llegado a plantear la posible salida del legislador en caso de que se compruebe que actuó indebidamente, o al menos, esa es la versión que han dado algunos miembros de su partido.

Fuera del caso particular al que nos enfrentamos, que puede tener sus aristas interesantes, solo nos provoca mencionar, para efectos de la polémica, que la supuesta gestión del Diputado se dio en el contexto de la alianza entre el PAC y el Gobierno para aplicarnos un paquetazo de impuestos (tiempo en el cual Oviedo era Jefe de Fracción del PAC y principal defensor del aumento fiscal en la Asamblea Legislativa). Aparte de ese detalle -que por sí solo genera mucho más de qué hablar- en ASOJOD queremos concentrarnos en el tema de fondo: la naturaleza del indulto. 

Este instrumento se encuentra consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, particularmente en el inciso 2) del artículo 147 de la Carta Magna, que dispone que corresponde al Consejo de Gobierno, bajo la dirección del Presidente de la República “ejercer el derecho de gracia en la forma que indique la ley". La remisión que hace el constituyente al legislador ordinario, al disponer “…en la forma que indique la ley”, se desarrolla en el artículo 90 del Código Penal, que señala que el "indulto aplicado a los delitos comunes, implica el perdón total o parcial de la pena impuesta por sentencia ejecutoria, o bien su conmutación por otra más beneficiosa y no comprende las penas accesorias”.

No obstante, para nosotros, esta figura tiene sus problemas. Empezando por el más evidente, al permitirse que una  sentencia debidamente emitida por los Tribunales de Justicia, sea modificada, reducida o suprimida por el Poder Ejecutivo, se roza con el absolutismo monárquico de siglos atrás, donde el Jefe de Estado, el monarca, otorgaba el perdón como una concesión graciosa y una muestra soberbia de su poder absoluto. Más que un acto de perdón, los indultos se han convertido en una suerte de espectáculo público, donde quien ocupe la Silla Presidencial otorga su perdón cuasi divino frente a los medios de comunicación, a cambio de lágrimas y agradecimientos que rememoran el rito medieval del beso al anillo del monarca y que en nada contribuyen ni al respeto de los derechos de las víctimas ni a la consolidación de un sistema democrático en la cultura política de los costarriceses. Y por supuesto que, en tiempos modernos, este acto tiene una connotación político-electoral de gran peso: es un mensaje claro para los beneficiados y sus familias, por lo que no es de extrañar que se construyan agradecimientos perennes que, en los próximos comicios, se convertirán en votos para el partido del mandatario que firma el perdón.

En el mismo orden de ideas, el indulto implica otra gran afectación. Efectivamente es una forma de intromisión del Poder Ejecutivo en las decisiones del Poder Judicial. A ver: si los tribunales siguen el debido proceso, investigan la aparente comisión de un delito y encuentran responsables que son condenados, ¿por qué razón el Consejo de Gobierno, sin conocimiento a detalle del caso y de su impacto -especialmente para las víctimas y sus familias- decide suspender esa pena y otorgarle el perdón al condenado? ¿No debería corresponderle esa competencia al Poder Judicial, apoyado por el criterio técnico del Instituto Nacional de Criminología?

Nos parece que  es muy peligroso que la posibilidad del perdón por un delito quede en manos de un Consejo de Gobierno que tiene todos los incentivos para utilizarlo con objetivos políticos, sea para ganar votos en el futuro o para demostrar, con arrogancia, su poder.

viernes, 14 de diciembre de 2012

Viernes de Recomendación


En el siguiente vídeo, George Roche III y F. A. Hayek presentan una discusión sobre justicia social

martes, 11 de diciembre de 2012

La columna de Carlos Federico Smith: la ONU y el control de la internet

Costa Rica debe tener una posición clara y firme acerca de lo que está en proceso de discusión en Dubái, en torno a regulaciones que la Organización de Naciones Unidas tendría sobre la Internet. Dicha reunión se realiza, sospechosamente, en forma secreta y no está abierta al público interesado.

La pregunta que uno se formula es ¿por qué la ONU busca regular una institución como la Internet, la cual funciona eficientemente en un marco de libertad? Ya sabemos que la ONU es un cuerpo político que en muy diversas ocasiones ha tomado decisiones, que no precisamente favorecen el ejercicio de la libertad. Mi impresión es que la ONU desea posesionarse de lo que hoy funciona eficientemente en manos privadas. Posiblemente sea con el fin adicional de crear un impuesto mundial (como si no tuviéramos suficientes con los nacionales y locales), a fin de lograr recursos para sus objetivos propios.

La apertura es la base de la Internet. No se vale aducir que es para luchar en contra de los cibercrímenes, como ejemplos la pedofilia y el narcotráfico, que se hace necesario el control de la Internet por parte de la ONU. De hecho ya las naciones están organizadas al respecto. Lo que más bien va a suceder es abrir la oportunidad a naciones totalitarias o muy cerca de serlo, para que se facilite el control de sus ciudadanos “inconformes” y desafectos, quienes podrían organizarse por dicho medio, para luchar contra gobiernos que no quieren. Ejemplo han sido los recientes sucesos en Oriente Medio, en donde los pueblos han usado la Internet para comunicarse y organizarse en contra de tiranías, aunque a veces más bien haya servido para caer en otras.

En todo caso también hemos visto como en poderosas naciones como China y Rusia y en otras menos importantes, como Cuba, a los blogueros se les ha controlado, imponiendo sus gobiernos limitaciones acerca del uso de la Internet. Esta restricción a la libertad se facilitaría mediante controles generalizados impuestos a través de las Naciones Unidas. Pero también la medida promovería una desintegración de una red que, por definición, es universal. De esta forma, cada país podría instaurar sus propias reglas restrictivas, alterando el libre flujo de comercio e información que hoy se disfruta con la Internet. Esa balcanización estimularía el proteccionismo deseado por algunas naciones. El mismo impuesto pretendido por la ONU, supuestamente con el propósito de que esos recursos se destinen a naciones menos desarrolladas en el uso de la Internet, tendría un costo enorme al limitar la libertad mundial de comercio y el derecho de las personas de estar libremente informada.  

La lucha por la libertad nos exige el mantenimiento de una Internet libre y abierta, tal como lo es en la actualidad. No debemos permitir que haya una apertura a la censura, que siempre pretenden lograr los dictadores, como medio para refrenar los derechos de los ciudadanos. Los mercados libres, al igual que los sistemas democráticos y las sociedades que consideran deseable vivir en libertad, requieren la existencia de un flujo de información libre. Precisamente lo que pretende la ONU es que esa libertad quede sujeta a la voluntad de sus burócratas y de sus políticos, a quienes nunca los hemos elegido.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 10 de diciembre de 2012

Tema Polémico: Querido Santa

10 de diciembre del 2012

Santa Claus
El Polo Norte

Querido Santa,


Se acerca la navidad y queremos aprovechar para hacerte algunas peticiones. Tal vez nos puedas ayudar pues sentimos que aquí en Costa Rica la situación en vez de mejorar está cada vez peor. La lucha por la libertad es cada día más difícil. Los que abogamos por una sociedad más libre y próspera somos cada vez menos e inclusive ha costado que en ocasiones nosotros mismos nos podamos poner de acuerdo. Es por esto que hemos decidido este año solicitar tu ayuda. Mucho nos gustaría que nos pudieras ayudar con lo siguiente:

  • Una reforma fiscal que implemente disminuciones significativas en los impuestos hasta llegar a contar con tasas impositivas bajas y fáciles de cumplir.
  • Una reforma laboral que elimine la regulación del Estado sobre los contratos de trabajo en los individuos y las empresas.
  • El cese inmediato de financiamiento de gastos corrientes del Estado por medio de deuda.
  • Un mercado sin monopolios impuestos por el Estado.
  • Una eliminación de requisitos y regulaciones sobre la apertura y desarrollo de los negocios.
  • Una disminución de la regulación sobre el sector bancario.
  • Una eliminación total de las regulaciones en precios y cantidad de oferentes de productos y servicios.
  • Una apertura del mercado de combustible seguido del cierre de RECOPE
  • El cierre de muchas instituciones públicas que no aportan nada
  • La implementación del sistema de voucher educativo y la salida del Estado de la administración de las instituciones educativas.
  • Un sistema de salud no estatizado, donde exista libertad de escogencia y la gente solo pague por lo que usa
  • Un cobro de marchamo acorde con la realidad de nuestras calles
  • El fin de la guerra contra las drogas y de la legislación intervencionista que esta provoca
  • Infraestructura vial de calidad, o al menos, decente
  • Que el Estado deje de regular el amor, y que todos los matrimonios (incluidos los heterosexuales) sean dejados a la libre voluntad de los contrayentes.
  • Que se les permita a las personas morir dignamente.
  • Una República como forma de gobierno donde el Estado de Derecho predomine sobre los antojos de las mayorías.
  • Un sistema judicial que persiga y gasto guíe a los delincuentes 
  • Una prensa que deje de pedir leyes como si el Congreso fuera una fábrica de confites
  • Un sistema educativo no masificado, donde exista libertad de escogencia y valoración de las características individuales
  • Un Estado que deje de perseguir a quienes desarrollan actividades económicas
  • Un gobierno que respete los derechos y libertades individuales. 
  • Un cambio en la forma de elección de nuestros presidentes,  diputados y magistrados hacia una más abierta y democrática en la que los gobernantes tengan la obligación de rendir cuentas constantemente.
  • La existencia de mecanismos para revocar el mandato a presidentes, diputados y magistrados


En términos generales mucho de lo que te hemos pedido se puede resumir en la siguiente:

Que en nuestra sociedad predominen los valores de respeto a la vida, la libertad y la propiedad y contemos con un Estado pequeño cuya función se limite a garantizar el respeto de esos tres derechos fundamentales

Se despiden,

Miembros de ASOJOD

martes, 4 de diciembre de 2012

La columna de Carlos Federico Smith:redistribucionismo en los seguros de marchamo

La incertidumbre campea en cuanto al pago del marchamo de los automóviles.  No sólo existen diversos recursos en la Sala Constitucional solicitando una revisión de los montos cobrados por valuaciones inapropiadas, que de acogerse podrían dar lugar a rebajas en los montos por cobrar, sino que también el seguro obligatorio, que forma parte de ese marchamo, está igualmente cuestionado en distintos ámbitos. Todo hace que tal vez sea prudente para el consumidor no pagarlo ahora, sino hasta después. Si hubiera algún grado de certeza de que se le devolvería automáticamente lo pagado de más, en caso de que uno cancele lo que ahora se le está cobrando y posteriormente se determine una reducción del monto, pues no habría tanto problema.  Pero la verdad es que no es confiable que se le vaya a devolver ese dinero pagado de más o, si es que se lo devuelven, lo sea sufriendo miles de peripecias y papeleos.

Unido a lo anterior, está el enredo con el cobro del seguro obligatorio a los motociclistas, quienes se niegan a pagar de acuerdo con su siniestralidad. Eso no sería tan problemático a no ser porque los demagogos de siempre ya andan proponiendo que, porque los motociclistas son “pobrecitos”, se no les debe cobrar un monto tan elevado por el seguro obligatorio y que, lo que a ellos se les rebaje, sea recargado a los “no pobrecitos” dueños de automóviles. La verdad es que la forma en que se debe cobrar el seguro obligatorio no es un asunto de equidad, que simplemente se resuelve cobrándole menos a los motociclistas y más a los automovilistas.  Ese seguro debe ser cobrado de acuerdo con la siniestralidad –esto es, tomando en cuenta la frecuencia y los costos por los daños que estadísticamente sufren ambas formas de transporte- y no según presunciones de riqueza de sus respetivos dueños. Se supone que así lo está haciendo el Instituto Nacional de Seguros. Pero, ¿verdad que usted conoce motociclistas muy ricos que andan en sus BMWs u Hondas o Harley Davidsons, quienes con el arreglo propuesto pagarían poco? ¿Y, a la vez conoce usted a muchos quienes con apuros apenas poseen un carrito y que ahora terminarán pagando mucho más? El propósito de un seguro no es redistribuir riqueza, sino proteger al asegurado y a terceros ante los riegos. Esos riesgos pueden ser claramente definidos según sea el tipo de automotor. 

Una posible solución al problema es eliminar la cobertura obligatoria a los motociclistas y que en el mercado haya seguros voluntarios, en donde cada cual pueda adquirir un seguro según sus necesidades y su disposición hacia el riesgo.  De hecho, eso se hizo parcialmente el año pasado, cuando se redujo el monto obligatorio por asegurar.  Sin embargo, a final de cuentas, esa medida lo que simplemente hace es un traslado del riesgo, siendo entonces el Seguro Social (es decir, todos nosotros) el que termine asumiendo los costos debido a los daños físicos causados en los accidentes de tránsito, en vez de los propios motociclistas a través del seguro obligatorio pagado por cada uno de ellos. Eso pasa siempre que se socializan los riesgos. Se concluye estimulando a aquellos que tienen más accidentes, pues no tienen que pagar lo que verdaderamente cuestan, a la vez que se castiga a quienes tienen menos accidentes.  En este caso, la propuesta antes citada de transferir los costos de los motociclistas a los automovilistas lo que hace es premiar a los primeros y castigar a los segundos.  Por eso, ¿por qué mejor no dejar que cada cual libremente elija lo que juzga conveniente en cuanto a su aseguramiento y poder determinar si, a su debido costo relacionado, aceptan o no cubrirse de dichos riesgos?

Jorge Corrales Quesada

lunes, 3 de diciembre de 2012

Tema Polémico: ¡Al fin pegó una!



Como lo saben todos nuestros lectores, en ASOJOD hemos sido sumamente críticos del pésimo desempeñó de la Administración Chinchilla. Incluso, en ciertos momentos pensábamos que probablemente no habría nada que destacar durante los cuatro años de su mandato, pero afortunadamente estábamos equivocadas.

Está semana, la Presidente Chinchilla declaró de cara a las reuniones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que se encuentra a favor de un internet “libre y abierto”. Como se podrán imaginar este no es un tema menor, Internet es probablemente uno de los últimos espacios que no es encuentran excesivamente regulado y al cual todavía los burócratas, tecnócratas y políticos no han logrado micro-manejar. Internet, es sin duda el espacio relativamente más libre en comparación al resto de quehaceres humanos en la actualidad, precisamente es este grado de libertad el que ha permitido el desarrollo sin límites y fronteras que hoy conocemos. De ahí la importancia de las declaraciones de la Presidente, máxime en un contexto donde muchos especulan con el deseo de regular el acceso al Internet, su contenido incluso o gravarlo con impuestos. Ahora más que nunca, el Internet necesita ser defendido de todos aquellos que pretenden regularlo y controlarlo, para así lograr seguir disfrutando de todas sus posibilidades y ventajas.

No cabe duda alguna que doña Laura se puso una flor en el ojal con esta decisión, no podemos más que desear que esta misma lógica de más participación, libertad, autonomía e independencia impere en otras políticas públicas, lo cual las volverá igual de dinámicas que el Internet mismo.

miércoles, 28 de noviembre de 2012

Desde la tribuna: el "bien tonto" Ministro de Educación

En La Nación del 12 de noviembre aparecen unas expresiones del Ministro de Educación, relativas a la reducción de los exámenes en primaria, específicamente los de Estudios Sociales. El extracto de la información es el siguiente: 

“El Ministerio de Educación Pública (MEP) propone reducir a la mitad la cantidad de pruebas escritas de esa asignatura entre segundo y sexto grados. Ahora, los alumnos contestan dos diagnósticos por trimestre; es decir, seis al año. Con el plan, solo harán uno cada tres meses, para un total de tres anuales.

Además, la iniciativa contempla eliminar los cuestionarios en primer grado, reconoció Leonardo Garnier, ministro de Educación.

“Por una razón muy simple: hacerle una prueba escrita a alguien que no sabe escribir, es bien tonto. ¿Cómo alguien que no sabe escribir hace una prueba escrita?”, cuestionó Garnier.” (destacado agregado).

Dos errores no hacen una virtud. Este es el caso central.  Ante la incapacidad del sistema, ante el mal desempeño de la educación pública (los estudiantes no saben escribir ni para realizar una prueba), el Ministerio se conforma (y nos conforma a todos) con bajar el nivel de la evaluación (menos exámenes y menos contenidos). A confesión de parte, relevo de pruebas … el sistema educativo va mal.

Lo que explica un tanto el problema es el modo de explicarse el Ministro, el “muy tonto” del Ministro es una revelación total:  mal uso del adverbio que algunos filólogos consideran un galicismo. Ciertamente, de poner un adverbio al tonto, el Ministro debió haber usado el de cantidad (“muy”) y no el de modo (“bien”).  El resultado es una mala expresión y, eventualmente, una contradicción (“bien” y “tonto”, tan impropio como decir “bien malo”).  En conclusión, el Ministro no usa bien el idioma. No es de extrañar, ante tal evidencia, que los escolares no sepan escribir.
 
El asunto no pasaría de ser picaresco, burlesco y pintoresco si no estuviera implicando un serio problema nacional y una inaceptable desviación administrativa. Sí, se trata del mismo Ministro que ha incursionado en el campo de las sodas de las escuelas públicas, decretando qué deben comer los escolares. Sí, se trata del mismo Ministro que hizo una recomendación prohibida por las normas que regulan la ética en la función pública, alegando que la confunde con una carta de referencia y protestando que la firma Procesos no la debió haber presentado a Recope (aunque la misiva ministerial sí va dirigida a Recope). Sí, se trata del mismo Ministro que preside el Conesup, órgano que conculca constantemente la libertad de enseñanza. Sí, se trata del Ministro que ignora la Ley Fundamental de Educación en el tema de los programas sexuales.

Así que el “bien tonto” del Ministro no parece ser un gazapo, sino una evidencia del fallo sistémico. Hace algunos años, un grupo de ciudadanos preocupados por la enseñanza de la matemática gestionó la información acerca del contenido de algunos exámenes, bajo la hipótesis de que se estaban haciendo preguntas muy fáciles y por eso aumentaba la promoción. Sufrieron una verdadera ordalía.  

Por eso me preocupa tanto el “bien tonto” del Ministro de Educación, porque tras el aparente mal uso del idioma podría estar evidenciándose un síntoma de decadencia. Explican algunos conocedores un tema básico:  que estamos equivocados cuando, en relación con alguien que habla mal, decimos que quizás lo que sucede es que no sabe expresarse bien (en la idea de que piensa bien, pero no lo sabe expresar). 

La palabra, en la mayoría de los casos, expresa la estructura y forma del pensamiento.  Dicho de otro modo, en la mayor parte de los casos quienes hablan mal es que piensan mal. Tal vez por eso es tan importante tomar en cuenta que “logos” significa a la vez “palabra” y “razón”. También explican los entendidos que los problemas en la comprensión de las matemáticas derivan de problemas en las estructuras de lenguaje (que, de acuerdo con lo anterior, sería la mismísima forma de pensar).

Por ello, el “bien tonto” del Ministro de Educación debería ser un tema nacional y provocar una gran discusión. Se ha dispuesto constitucionalmente un gran gasto en educación pública. El sistema público de educación debería ser un éxito pero …no es así. 

Si hablamos de la organización administrativa, hay que admitir el desastre. Un sistema informático complicadísimo, que no da abasto para las acciones de personal. Una auditoría que colecciona casos y situaciones a más no poder, pues son muchas las cosas que no parecen hacerse bien. Una tendencia al facilismo, a la promoción del baile en lugar de la educación física, a la preocupación por la dieta y a quitar exámenes y rigor académico. ¡Una verdadera tragedia nacional! Todos escolarizados, pero no educados ni preparados ni examinados. Para colmo, el “bien tonto” del  Ministro de Educación.

Federico Malavassi Calvo



martes, 27 de noviembre de 2012

La columna de Carlos Federico Smith: incertidumbre tributaria

Dos anuncios efectuados hace pocos días, en mi opinión alimentan la incertidumbre que el costarricense ha visto aumentar, en torno a los impuestos que debe pagar. El primero de ellos se refiere al alza en el valor de numerosos vehículos, para efectos de la definición de ese impuesto conocido como “marchamo”. El segundo es el anuncio de una revaloración de las propiedades, para determinar el pago del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, así como del llamado impuesto solidario.

Recordemos que el monto a pagar impuestos, como los antes señalados, está definido por dos factores: la tasa imponible y la base sobre la cual se aplica dicha tasa.  En los últimos tiempos, gracias a la reacción popular, a los gobernantes que buscan aumentar los impuestos, se les ha hecho difícil lograrlo mediante incrementos en las tasas impositivas, por lo cual ahora acuden al otro factor determinante de la recaudación: hacer crecer la base imponible. 

Era de esperar que, ante el rechazo del paquetazo tributario del año pasado, el estado angurriento acudiera a cualquier opción que tuviera en sus manos, a fin de poder aumentar sus ingresos. Ya hemos visto cómo ha acudido al endeudamiento externo, que todos los ciudadanos terminaremos pagándolo con creces, así como también mediante alzas de una serie de precios regulados por el Estado, como son el caso de la electricidad, el agua, los combustibles, entre otros servicios públicos, al igual que han acudido a pedir prestado fondos en el mercado de crédito interno, dando lugar a un muy fuerte aumento en los intereses, a tal grado que incluso obligó al mismo gobierno a que paulatinamente se echara para atrás, dados los efectos nocivos que estaba provocando en la economía.

Por eso debemos interpretar los aumentos en las bases arriba señaladas, como parte de ese proceso gubernamental de recoger platas de adónde sea y a cómo haya lugar. El problema con estas medidas es que reduce la certeza necesaria que se debe tener en el sistema tributario de una nación, el cual no puede estar sujeto al vaivén de decisiones administrativas. De ser así, se afecta negativamente el ahorro y la inversión de las personas, definidos de acuerdo con un rendimiento neto, posterior al pago de impuestos. Al no existir certeza acerca de cuánto van a ser estos, la persona preferirá no ahorrar y correr riesgos en sus inversiones (como ejemplos, en una casa o en un carro), pues ni siquiera sabe si dispondrá de los ingresos suficientes para efectuar el pago administrativamente definido.

La angustiante situación es aún mayor cuando, supuestamente amparados en la ley, las autoridades gubernamentales introducen requisitos que resultan simplemente ser muy onerosos, para quien apele la medida de aumento de las bases tributarias. Por ejemplo, en el caso de los vehículos, para recurrir el valor de tasación impuesto por el gobierno, además de perder su valioso tiempo en formular tal reclamo, tendrá que traer el derecho de circulación, el título de propiedad, 4 estudios de mercado en donde se demuestre por vendedores, me imagino, que el valor del vehículo es inferior al tasado por el gobierno y, tal vez para que no se pierda el chunche, 6 fotos de su carro. Por supuesto, si el costo de hacer todas estas majaderías es superior al diferencial entre lo que nos cobra el gobierno y el valor verdadero del vehículo, usted escogerá no apelar la resolución del estado. Con ello se abre campo para un menudo negocio del recaudador de impuestos.

En el caso de la valoración de las propiedades, a pesar de que la inflación en los últimos años ha sido muy baja, de que el dólar se ha mantenido estable y que hay algún grado de recesión en ciertos sectores de vivienda, el argumento esbozado por las autoridades para efectuar administrativamente este aumento en la base imponible, es que están atrasados en hacerlo desde hace varios años y que ahora han decidido ponerse al día. Sin embargo, se ha señalado jurídicamente que el procedimiento exige que tal aumento se efectúe a inicios de año, cosa que en éste no se hizo y no es sino hasta ahora que deciden revaluar las propiedades. Todo lo que esto expresa es el desorden administrativo en torno a este impuesto.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 26 de noviembre de 2012

Tema polémico: consideraciones acerca de la no reelección del Magistrado Cruz

Mucho se ha hablado sobre el acontecimiento político de los últimos días: la decisión de 38 Diputados de no mantener en su cargo al Magistrado Fernando Cruz. Algunos han argumentado que se debió al cobro de “facturas políticas”, especialmente por el voto negativo que este dio a temas como TLC con Estados Unidos y el proyecto minero de Crucitas. Esos mismos han alegado que tal hecho significa la “politización de la Corte”, el castigo a un juez independiente, la amenaza a quienes no vendan su voluntad y voto, la imposición del capricho político de ciertos líderes de partidos para que las cosas se hagan como desean, el fin de la independencia de poderes, la dictadura en democracia. 

En ASOJOD pensamos que muchas de estas afirmaciones son erróneas y contradictorias. Para aclarar nuestra posición, queremos abordar primero los elementos procedimentales y formales que cobijan la actuación del Plenario y, posteriormente, hacer reflexiones de fondo sobre lo sucedido. 

En ese orden de ideas, vale la pena iniciar dejando claro que lo que hizo la Asamblea Legislativa se enmarca dentro de sus competencias, según lo dispone el artículo 158 de la Constitución Política, toda vez que 2/3 partes del total de sus miembros, es decir, 38 legisladores, acordaron no reelegir al Magistrado Cruz. La discusión procedimental acerca de esta decisión, se reduce a la determinación de un evento: el plazo en que se actuó. Tal como lo indica el artículo 163 constitucional, “la elección y reposición de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se harán dentro de los treinta días naturales posteriores al vencimiento del período respectivo o de la fecha en que se comunique que ha ocurrido una vacante”. 

El punto medular de la cuestión es, entonces, ¿cuándo venció el plazo de los treinta días naturales? Siendo que Fernando Cruz fue electo Magistrado el 14 de octubre de 2004, según consta en el Acta Nº 87 del Plenario Legislativo. No obstante, fue juramentado, y por tanto tomó posesión de su cargo con plena efectividad jurídica, el 19 de octubre de 2004, tal como lo indica el acta Nº 88 del Plenario Legislativo. Siendo así, si se parte de que periodo de nombramiento transcurre del 14 de octubre de 2004 hasta el 14 de octubre de 2012, los 30 días naturales correrían a partir del día siguiente del vencimiento, es decir, desde el 15 de octubre de este año, agotándose el 13 de noviembre. Por el contrario, si se asume que el periodo del nombramiento empieza a correr desde el 19 de octubre de 2004, cuando es juramentado y puede comenzar a fungir como Magistrado, y vence el 19 de octubre de 2012, entonces los 30 días naturales comenzarían a correr desde el 20 de octubre de los corrientes, finalizando el domingo 18 de noviembre. En la primera tesis, la votación realizada por el Plenario el jueves 15 de noviembre fue extemporánea y, por tanto, no tendría validez. En la segunda, lo actuado por el Plenario fue correcto y se apega a derecho.Sobre este tema es que tendrá que resolver la Sala Constitucional, aunque desde ya externamos nuestra preocupación de que, en este caso, ella sea juez y parte.

En ASOJOD nos plegamos a la segunda tesis, es decir, que el nombramiento de un Magistrado comienza a correr desde que asume posesión de su cargo y sus actos tienen efectos jurídicos. La juramentación no es un acto meramente formal, pues no es hasta que se dé que un Magistrado puede tomar asiento en la Sala a la cual fue designado, emitir su voto y firmar resoluciones. Lo acontecido el 14 de octubre de 2004 fue el acto electivo previo, que designa al candidato como Magistrado.Asumir que los plazos corren desde el momento en que se le designa es tan absurdo como pensar que los 4 años del mandato presidencial corren a partir del momento en que el Tribunal Supremo de Elecciones declara al ganador de los comicios. En términos más sencillos, sería pretender que el periodo de doña Laura Chichilla comenzara el 7 de febrero de 2010 y venciera el 7 de febrero de 2014. Y no vemos a nadie espoleando esa tesis. Por el contrario, lo que es ampliamente aceptado es que asume el 8 de mayo de 2010, día a partir del cual sus actos tienen efectividad jurídica, y vence el 8 de mayo de 2014, cuando entregue la banda presidencial a quien resulte ganador de las próximas elecciones. 

Todo esto quiere decir que, desde el punto de vista del procedimiento legislativo, lo actuado fue apegado al derecho. Ahora bien, hay otro punto sobre este mismo tema que hay que valorar: la resolución que emitió el Presidente de la Asamblea Legislativa, Víctor Emilio Granados. En ella, declaró la nulidad absoluta de la votación, por ser extemporánea y reafirmar que el Magistrado Cruz seguiría en su cargo. En primer lugar, el Diputado Granados no tiene competencia para anular una votación del Plenario Legislativo, tal como se colige de la lectura del artículo 27 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (competencias del Presidente de la Asamblea). Asumir que un legislador, ocupando el puesto de Presidente del Congreso, puede anular lo decidido por el Plenario no solo contraviene el principio de igualdad de los diputados (entre los cuales el Presidente es prima inter paris), sino que hace peligrar la democracia, concentrando muchísimo poder en unas solas manos. En segunda instancia, el Diputado Granados tampoco podía emitir una resolución sobre este tema, toda vez que la Sala Constitucional acogió, para su estudio, un recurso planteado por otros legisladores y, por lo tanto, se suspende la decisión final sobre los actos en cuestionamiento. 

Pero aparte de las consideraciones procedimentales, el análisis de fondo se torna necesario. Y en ese sentido, lo primero que hay que decir es que la función de la Corte Suprema de Justicia, como Poder dentro del Estado costarricense, es eminentemente política, aunque lo haga a través del Derecho. Dentro del diseño republicano, los poderes tienen la tarea política de servir como contrapesos, como frenos, como controles entre sí, especialmente la Sala Constitucional, cuya labor es interpretar la Constitución Política y dirimir los conflictos entre ciudadanos, entre ciudadanos y Estado y entre los Poderes del Estado.

Por si fuera poco, la composición de las altas esferas de poder dentro del Poder Judicial es, eminentemente, política: su nombramiento es político –no técnico como algunos quieren hacer ver, a pesar de que se exijan algunos requisitos formales–. Sobre este punto, nos llama poderosamente la atención que quienes alegan que la decisión de no reelegir a un Magistrado por sus posiciones políticas (implementadas a través de lo jurídico) es una intromisión en el Poder Judicial, una afrenta a su independencia, una “politización de la justicia”, no sostengan el mismo criterio acerca del mecanismo por el cual son escogidos los Magistrados. ¿Por qué no es daño a la separación e independencia de Poderes que los Diputados designen a los Magistrados, pero sí lo es que aquellos quiten a estos? ¿Por qué los miembros del Poder Judicial que realizaron vigilias y marchas la semana anterior no exigen que se modifique la forma en que se escogen Magistrados? ¿Por qué no critican a la Corte Suprema de Justicia por exigir a doña Laura y a los Diputados restituir a un Magistrado? ¿Por qué no es intromisión de Poderes cuando la Sala IV le ordena a la Asamblea proceder de determinada manera? ¿Por qué no cuestionan los nexos, intereses y torceduras de brazos que se puedan dar para poner en sus sillas a los Magistrados? ¿Por qué no han cuestionado, con la misma vehemencia, la designación del Fiscal General, habiendo sido viceministro de Seguridad de la Administración Chinchilla Miranda y a quien algunos partidos políticos han cuestionado con severidad por el trato diferenciado en las investigaciones contra dichas organizaciones por presuntos delitos cometidos en campaña? 

Hay que tener claro algo: el criterio de elección de los Magistrados, por más que duela, no es otro que el criterio político, ya que unos presentan su currículum, se someten al escrutinio de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, son evaluados y, una vez en Plenario, como ha ocurrido en muchas ocasiones, salen nuevos nombres que no pasaron por ese filtro y terminan siendo Magistrados. Eso significa que si, de verdad, estamos comprometidos con la independencia de los jueces y la separación de poderes, deberíamos exigir, como ciudadanos, que su designación recaiga en elecciones populares, donde cada uno de nosotros pueda escoger entre los distintos candidatos que se presentan, tal como lo hemos expuesto en ASOJOD.El criterio seguirá siendo político, pero es preferible que sea la visión política del ciudadano la que determine la escogencia y no la de los líderes de partidos políticos, que imponen su línea a las fracciones legislativas y sobre lo cual, ni siquiera tenemos información o conocimiento.
Otra consideración importante es que, también como lo hemos dicho, nos preocupa que los Magistrados –especialmente los de la Sala Constitucional– no sean políticamente responsables ante nadie por sus decisiones. No existe forma alguna de que los ciudadanos le pasemos la factura política a los Magistrados por sus votos, por sus pensamientos y por los daños que sus interpretaciones generan, a nuestro parecer, a la libertad y derechos individuales. Lo que sostenemos es que no sólo debe variar la forma en que ellos son elegidos, dando paso a la votación popular para colocarlos en sus puestos, sino también la contrapartida lógica de ese poder: la revocatoria de su mandato, es decir, la existencia de mecanismos para que los mismos ciudadanos que les damos poder, se lo quitemos cuando lo consideremos pertinente. 

Pero, al igual que en el caso del Presidente y los Diputados, los ciudadanos no gozamos de ese derecho fundamental de quitar a un mal gobernante, de forma pacífica, sin tener que esperarnos a la finalización de su mandato. Y dado que tampoco existe, dentro del ordenamiento jurídico actual, mecanismo real alguno (aunque si formal pero de muy difícil aplicación) para remover a un Magistrado de su puesto, la única esperanza que tenemos es esperar a que venza su mandato. No obstante, siendo que solamente los Diputados pueden tomar la decisión de reelegir o no a un Magistrado (ni siquiera de quitarlo de su puesto antes de que finalice el periodo por el que fue nombrado), nos parece que, a más no haber, nuestros representantes políticos (o aquellos por los que votamos a la espera de que nos representaran y defendieran nuestros valores, intereses y expectativas) puedan pasarle, en nuestro nombre, la factura por sus decisiones. En el caso de don Fernando en específico, pero en el de la mayoría de los Magistrados de la Sala Constitucional en general, creemos que con sus decisiones han afectado seriamente la libertad y los derechos individuales. Votos como el emitido contra el TLC, contra la libertad de empresa y trabajo (porteo, propinas de los saloneros, etc.), contra la propiedad privada (ley antitabaco, obligatoriedad de dejar entrar a cualquier persona a centros comerciales privados, etc.) son motivo para que, políticamente, apoyemos su salida. 

Sin embargo, aclaramos que utilizar criterios políticos para quitarle el apoyo a un Magistrado por sus posiciones no es nada nuevo. Siendo que se trata de nombramientos políticos, es perfectamente lógico que existan destituciones políticas y los que se rasgan las vestiduras por el caso de Cruz hoy, las validaron antes. En 2009, los Diputados del PAC negaron su voto a la Magistrada Calzada por apoyar el TLC y en 2004, otros legisladores hicieron lo mismo con los Magistrados Mora y Solano. ¿Por qué entonces ahora si vienen algunos a reclamar el voto en contra de Cruz y no lo hacen con aquellos que, en su momento, decidieron hacer lo mismo con otros Magistrados? Una prueba más de la típica inconsistencia de callar cuando nos conviene y vociferar cuando no. 

Aunado a lo anterior, pensamos que así como debe existir alternancia en el Poder Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa, también debe existir en la Corte Suprema de Justicia. No compartimos la idea de que los Magistrados se reelijan automáticamente si no alcanzan los 38 votos en contra, toda vez que esta regla decisional tan alta no se alcanza con facilidad, haciendo que algunos de ellos permanezcan en sus puestos por muchos años, entronizándose en el poder. Tampoco validamos que se invierta la regla, de forma tal que un Magistrado es electo o reelecto si tiene 38 votos a favor, pues al igual que en el caso anterior, significaría que el poder sigue estando en los líderes de los partidos políticos y en sus fracciones legislativas, no en los ciudadanos.

Nuestro espíritu republicano no sólo se encuentra en la vehemente defensa de la independencia de poderes, asegurada únicamente si los ciudadanos pueden elegir y exigir cuentas a los miembros de estos, sino también en el necesario cambio de quienes los ocupan. Creemos firmemente en que lo dicho por Lord Acton –“el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”– se convierte en una realidad cuando quienes ocupan el poder lo hacen de manera indefinida, sin posibilidad de estar controlados, sin tener que rendir cuentas ni explicaciones, sin estar sujetos a la amenaza de la destitución. Quien sabe que tiene su puesto asegurado per secula seculorum, no tiene incentivos para hacer bien las cosas. Periodos tan largos y con reelección automática para los Magistrados se convierten en una amenaza para disipar cualquier control a su poder. Es demasiada tentación que quizá pocos puedan soportar. 

Una de las principales lecciones de Popper en el terreno del diseño institucional, de las reglas del juego apropiadas para garantizar el funcionamiento de una sociedad libre, fue que no importa tanto quién ocupe el poder sino cómo se configuran reglas capaces de impedir que haga daño. Mecanismos como los que tiene nuestro país que permiten entronizar a quienes tienen el poder, dándoselos por tiempo ilimitado, eliminando cualquier control que los limite, cualquier amarra que les imposibilite ejercerlo a su antojo, son contrarios a ese principio de resguardo de la sociedad libre. Esos son los verdaderos elementos de una dictadura en democracia.

Como liberales y como republicanos, somos del criterio de que lo hecho por la Asamblea Legislativa estuvo bien. Tal vez la forma en que se hizo y la comunicación política de lo actuado no fueron correctas y las declaraciones torpes e irresponsables del Diputado Fabio Molina despertaron una gran preocupación acerca del futuro nombre de quien ocupe esa silla vacía, en tanto el "mensaje que transmitieron" podría ser que los juristas deben alinearse a los caprichos del poder establecido o, de lo contrario, estarán fuera. Coincidimos con que la homogenización de la Sala no es sana para el ejercicio republicano ni para el mejoramiento de las tesis jurídicas. Lo mejor sería  contar con un Tribunal compuesto por los más diversos criterios ideológicos, ya que solo a partir de la confrontación de ideas y criterios totalmente distintos puede avanzar el conocimiento.

Por supuesto que en ASOJOD esperamos que quien le sustituya no sea una marioneta de cualquier líder de partido político –independientemente de su orientación ideológica– sino alguien con criterio propio, independiente y honesto. Deseamos que sea alguien que defienda la libertad y el progreso, aunque sabemos que la probabilidad es baja, tanto porque quienes detentan el poder en Costa Rica no comparten esos valores como porque la propia letra de la Constitución no da para mucho, por su contenido evidentemente socialdemócrata.

viernes, 23 de noviembre de 2012

Viernes de Recomendación

En el artículo Liberalismo Económico y Medio Ambiente, los autores Arenas, Cámara y Chamorro analizan el problema del daño al medio ambiente desde un punto de vista liberal basándose principalmente en los fundamentos expuestos por el Premio Nobel, Ronald Coase en sus teorías sobre la necesidad de existencia de propiedad privada como un medio para disminuir las externalidades negativas provocadas por el impacto al medio ambiente causado por los procesos productivos.

miércoles, 21 de noviembre de 2012

Desde la tribuna: el degradado proceso político costarricense

En vez de más politica, más sociedad, el degradado y degradante proceso politico costarricense, confirma la urgencia de una sociedad más autonóma, más vigorosa, más decisiva.

La constante y creciente intervención politiquera en la vida de las personas, las familias y las comunidades sigue causando daño.

La reciente disputa institucional entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, con cepas intervendas por el Poder Ejecutivo muestra, descarnadamente, el significado de la "dictadura en democracia" y las graves consecuencias de rendir culto a los conteos de votos, por encima de las personas, de su pensamiento y autodeterminación.

En lo político, este proceso ha ido vaciando de contenido a la estructra republicana, al son del mantra de la "gobernabilidad". Quienes se lamentan de la falta de gobernabilidad deben encontrarse extasiados con la abrumadora decision legislativa acerca de la integracion de la Sala Constitucional. Se votó y se resolvió, haciendo de lado la fecha limite para decidir este asunto.

Una democracia, entronizada como sagrada y obediente a una autoridad, ha mostrado su tenebroso aspecto. Solo valen las personas, en este caso el Magistrado Cruz Castro, como fichas de votación, adaptadas o no a la voluntad de otra votación, en la Asamblea Legislativa.

Para cualquier ciudadano, del lado que se coloque en este irritante asunto, brilla al ojo que la independencia y la autonomía de los tribunales es materia politica, hasta electoral.

Familas, comunidades y ciudadanos, empresarios nacionales y extranjeros, han quedado notificados que, para bien o para mal,  la justicia en Costa Rica obedece la ideología resultante de un conteo de votos y así se regira la resolución de los asuntos, en los más encumbrados tribunales.

No serán las leyes, ni las normas constitucionales, sino la conformidad con la mayoría legislativa calificada, bastante dúctil, por cierto, la que indicara a los jueces el camino a seguir.

Una democracia así, es una deidad fallida. Una vida social, dominada por el gobierno, termina atrapada por el poder corrupto y disociador de la politiquería.

Quienes claman por la independencia de poderes, por la autonomía de los magistrados y  los diputados o los presidentes y ministros, hacen añorar una mención, una reflexión,  una consideración, al menos, a la autonomía e independencia de las personas, las familias y comunidades, atrapadas en estas luchas de poder, con más fuerza y perjuicio, entre mayor sea la intervención del proceso político en la vida social.

Mario Quirós Lara

martes, 20 de noviembre de 2012

La columna de Carlos Federico Smith: la próxima política fiscal de USA y posibles efectos sobre la economía costarricense

Al ser relecto, Obama deberá enfrentar la situación que en Estados Unidos se conoce  como el abismo fiscal (fiscal cliff en inglés). Lo más probablemente es que habrá un aumento sustancial en los impuestos de ese país, al volverse, a partir del primero de enero del 2013, a las altas tasas previas a la decisión del ex presidente Busch de reducirlas hace varios años. Pero este aumento de las tasas, del cual se excluiría supuestamente a los grupos de ingresos medios, no será suficiente para llenar el excesivo gasto público, lo cual también posiblemente va a requerir meterle un mordisco a las actuales exoneraciones tributarias. De esta manera el gobierno espera que la recaudación tributaria aumente sustancialmente.  

Aunque el desenlace de ese abismo fiscal también contiene un descenso significativo del gasto público, muy posiblemente lo hoy previsto será insuficiente para contener el enorme déficit estimado, por lo cual habrá presiones para que sea mayor la reducción del gasto gubernamental. Lo que es posible predecir es que este importante ajuste en las finanzas estatales dará lugar a un descenso importante en la tasa de crecimiento de la economía estadounidense. En resumen, en el 2013 e incluso durante un par de años más, además de preverse un menor crecimiento económico y posiblemente una recesión, habrá un alza importante en los impuestos de ese país y algún grado de reducción del gasto público, si es que efectivamente se pretende lograr algún grado de estabilidad en la economía, al menos en el largo plazo.

Estas decisiones de política fiscal tendrán un efecto interesante sobre la economía costarricense, que en los últimos años se ha visto estimulada por una fuerte inversión extranjera proveniente de los Estados Unidos, no sólo como medio de generación de divisas por exportaciones, sino para la creación de empleo.  Ello ha sido especialmente significativo en el marco de un crecimiento débil, como máximo, de la economía costarricense como un todo, durante los últimos tiempos.

Si aumentan los impuestos en Estados Unidos en la forma en que se ha previsto, probablemente provocará una salida de los capitales de ese país hacia naciones en donde el tratamiento tributario sea más favorable. Este flujo es de esperar que sea más importante hacia países que permitan un acceso relativamente barato hacia aquella economía. Con los mayores tributos, especialmente a las ganancias de capital y a las utilidades de las empresas, los rendimientos de las firmas en los Estados Unidos se verán reducidos significativamente, por lo cual los capitales buscarán otros sitios en donde el rendimiento neto después de impuestos resulte ser mayor. Costa Rica, hoy en día, cumple con los requisitos que permitan brindar ese acceso comercial relativamente expedito y económico hacia los Estados Unidos. Asimismo, con base en la experiencia observada en los últimos años, las empresas extranjeras que se ubican en el país, parecen haber logrado una estructura de costos tal, que les permite ese grado de competitividad necesaria en una economía globalizada. En resumen, Costa Rica, si bien compite con otras naciones en condiciones  similares en cuanto al tratamiento tributario de la inversión extranjera, posee un atractivo particular como es su proximidad al mercado estadounidense, lo cual la convierte un lugar al cual las empresas estadounidenses pueden llevar a cabo sus inversiones, sin tener que incurrir en los mayores impuestos que se proyectan en aquel país.
 
Por otra parte, el paquete recesivo que probablemente se aprobará en este segundo mandato del presidente Obama, ocasionará un descenso en el crecimiento de la economía estadounidense, lo cual se reflejará en una disminución de los ingresos de sus ciudadanos. Al bajar los ingresos de los consumidores estadounidenses, el efecto mundial es claro: habrá un menor gasto en importaciones de aquel país, con lo cual Costa Rica, entre otras naciones, verá disminuidas sus posibilidades de exportación.

Nos enfrentaremos, en mi opinión, ante dos fuerzas opuestas: un mayor atractivo  para la inversión estadounidense en Costa Rica y un descenso en la demanda de nuestros productos de exportación hacia los Estados Unidos.  Cuál de las dos será más poderosa, será cuestión de verlo con el paso del tiempo. Por supuesto, que de igual manera está por ver el posible efecto en el tipo de cambio, que en mucho dependerá de estas dos fuerzas en contraste.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 19 de noviembre de 2012

Tema Polémico: ¿Partidos liberales o liberalismo en partidos?


Cuando Friedrich von Hayek fundó, en la década de los 40, la Sociedad Mont Pelerin aconsejó a todos los liberales “no ensuciarse los zapatos en campañas electorales y predicar el libre mercado a los socialistas de todos los partidos” ¿Estaba Hayek en lo correcto?  El día de hoy en ASOJOD trataremos responder esa pregunta.

Primero que todo, es importante aclarar que cuando nos referimos a política y políticos estamos hablando de la formación de partidos políticos o la incursión de liberales en puestos públicos de poder con el fin de llevar a cabo políticas públicas. Por supuesto, es imposible desligar la política del ser humano pues en nuestra vida en sociedad tomamos decisiones, realizamos negociaciones y discutimos nuestras ideas, todo lo cual nos convierte, en cierta medida, en políticos. Al fin y al cabo, como diría Aristóteles, todos somos seres políticos. 

Ahora bien, ¿serán ciertas las palabras de Hayek de que es más conveniente para los liberales predicar e influenciar la implementación de políticas públicas de índole liberal que ocupar los puestos públicos y hacerlas? Algo parecido a una figura como la de Milton Friedman y sus influencias en el gobierno de Ronald Reagan o por medio de asociaciones o “think tanks”.

Esto tiene mucho sentido y basta con tan solo ver las experiencias en Costa Rica para darse cuenta. El Movimiento Libertario fue creado en 1994 con un ideal claro y era el de gobernar por medio de políticas liberales; un “partido ideológico”. En el tiempo hemos visto cómo este partido se ha visto desprestigiado por casos de abusos y descontroles, por concentración de poder e inconsistencias ideológicas. Con el objetivo de ganar más votos se vio tentado a olvidar muchos ideales liberales e, incluso, hoy día, ha pactado con un ex Presidente de la República condenado en firme por los Tribunales de Justicia por un caso de corrupción. Otra gran consecuencia, o tal vez la más nefasta, ha sido el inevitable desprestigio de parte de muchos ciudadanos hacia el concepto del liberalismo a causa de los errores de unos cuantos sedientos de poder o por la asombrosa incapacidad de nosotros mismos por explicar a las personas cómo nuestras ideas funcionan, así como por la también increíble capacidad que tienen los colectivistas de difundir su idea, en mucho ayudados por lo atractivo que suenan sus postulados para buena parte de la sociedad. 

En fin, todo esto es, hasta cierto punto, inevitable: los partidos políticos están formados por personas y las personas cometen errores, se dejan tentar por el poder y se obnubilan. Además, los partidos políticos evolucionan a medida que van creciendo y nunca se puede predecir a ciencia cierta hacia qué dirección van a evolucionar. No obstante lo anterior, en ASOJOD consideramos que si los liberales nos apartamos de la política, cometeríamos un gran error. Discrepamos un poco de Hayek pues creemos que el liberal puede y debe participar para defender sus derechos y libertades. Así como rechazamos el principio socialista de que unos deben velar por otros, que a unos les corresponde pagar para que los otros puedan tener oportunidades, que es válido que otros no asuman sus responsabilidades y se las trasladen a otros, también rechazamos que alguien más se encargue de defendernos, porque simplemente, no confiamos en que lo hagan. Por eso, tenemos que hacerlo por nosotros mismos: el imperativo kantiano de sapere aude (saber por sí mismo), se convierte en una máxima política de hacer por sí mismo. 

El liberalismo puede plasmarse en políticas públicas puntuales. Y, lamentablemente, por la configuración de nuestro sistema político y el contenido del ordenamiento jurídico,la única forma de modificar esas políticas públicas es mediante las instituciones formales, ello es, mediante los Poderes Públicos que tienen capacidad de decisión colectiva. Por ello, se necesita que buenos liberales, como lo ha demostrado ser Ron Paul en Estados Unidos, estén ahí para intentar detener todas las afrentas posibles que la fauna colectivista, bastante creativa, impulse. El reto está en mantenerse firme en sus convicciones, leal a sus principios, en no transigir sobre sus valores, algo que los Diputados que ha tenido el Movimiento Libertario, con excepción de Federico Malavassi y Mario Quirós, no han logrado. 

De ahí la necesidad de que, a pesar de las decepciones, los liberales no nos alejemos de la política. Debemos saber que si no estamos allí, nadie defenderá nuestras libertades. Por eso nos toca arrollarnos las mangas y aprovechar cualquier espacio que surja, sea en partidos liberales (retomando al Movimiento Libertario o impulsando uno nuevo, según sea el deseo de cada quien) o incursionando en otros partidos como un caballo de troya, tal como lo hizo Paul con el Partido Republicano 

viernes, 16 de noviembre de 2012

Viernes de Recomendación

Para el día de hoy les ofrecemos el discurso de despedida de Ron Paul del Congreso estadounidense. Sin lugar a dudas Ron Paul se convirtió en los últimos años en el defensor más sistemático y articulado de la libertad. Los Republicanos perdieron una gran oportunidad al no escogerlo como su candidato para la presidencia, ya que él era la única persona capaz de devolver al partido a los principios que alguna vez abrazaron. Ahora sólo queda esperar y desear que alguien más asuma su estandarte...




miércoles, 14 de noviembre de 2012

Desde la tribuna: apuntes acerca del principio de acción subsidiaria del Estado

En términos muy sencillos, el principio de acción subsidiaria del Estado es una fórmula para determinar cuándo es aceptable la intervención del Estado en un área, materia, asunto o relación.

El Derecho de la Constitución, en general, garantiza a los ciudadanos un ámbito de libertad.  Es de suyo entender que el Estado no debe intervenir en tal ámbito. El artículo 28 de la Constitución Política, conceptuado por algunos como la definición ontológica de la libertad, luego de declarar el principio de libertad que corresponde a los seres humanos (“Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.”) preceptúa, de manera indubitable, que “Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.” 

Evidentemente, tal norma constitucional impide la regulación de un ámbito de acción particular, poniendo como llave de acceso tres conceptos jurídicos, a saber, moral pública, orden público y perjuicio de tercero. Es evidente que la acción política ha procurado dar el significado más amplio a estas posibilidades de legislación. Sin embargo, allí está el límite, el cual se suma a la declaración de libertades y garantías que contiene la Constitución Política.  Lo que complica el panorama es que la Constitución también parece poner algunas llaves de intervención por otras partes (garantías sociales, derechos programáticos y otros conceptos jurídicos por determinar)

¿Cómo orientarse en la más correcta interpretación jurídica de la Constitución?  ¿Cómo definir adecuadamente los conceptos jurídicos indeterminados? Es obvio que al político siempre le estorbarán los derechos y libertades de los ciudadanos. Es indubitable, por ejemplo, que el Estado costarricense ha expropiado más que lo que ha podido pagar.  Entonces ha recurrido a otras formas de establecer limitaciones a la propiedad y a los derechos de los costarricenses. 

Por otra parte, es indiscutible el hecho de que “de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno”. Constantemente anima a legisladores y funcionarios la idea de que están tratando de hacer el bien.  Olvidan que la propuesta maquiavélica de que “el fin justifica los medios” es inaceptable en el orden constitucional. No obstante, hay un tendencia en el poder a perpetuarse, expandirse y justificarse. El político quiere ser importante, su ego requiere de agradecimientos y poder hacer cosas por su gente, quiere “pesar” y no le conviene que cada cual tenga la solución para resolver su vida, pues necesita aportarla él, que le sea reconocido y también pregonado.

Estas meditaciones van dirigidas a quienes quieren saber cuál es el límite para la acción pública, no a los que buscan invadir la vida privada, arrebatar los derechos de los demás y erigir al Estado como el director de todo. Considero elemental repasar el tema a la luz de la doctrina social de la Iglesia y del pensamiento de John Stuart Mill, según fue expuesto en su “Ensayo sobre la Libertad” (1859). El texto de Stuart Mill, citado en extenso, tiene un gran valor argumentativo. Primero aclara que el primer límite para la intervención pública es la libertad.  Dice así: 
 
“He reservado para el final toda una serie de cuestiones sobre los limites de la intervención del gobierno que, aunque se hallan estrechamente relacionadas con el tema de este ensayo, no forman, en sentido estricto, parte de él. Se trata de casos en que las razones contra esta intervención no se refieren al principio de libertad; la cuestión no consiste en saber si es necesario limitar las acciones de los individuos, sino si se ha de ayudarlos; es decir, en saber si el gobierno debería hacer, o ayudar a hacer, alguna cosa encaminada al bien de los individuos, en lugar de dejarlos obrar por su cuenta, de modo individual o en asociación voluntaria.”

Y, reiterando que deja por aparte “la infracción o violación a la libertad, viene la argumentación central, las reglas para juzgar o permitir la intervención pública en la vida de las personas (reitero, siempre que no se afecte la libertad):  

“Las objeciones que se pueden hacer a la intervención del gobierno, cuando esta intervención no implica infracción o violación de la libertad, pueden ser de tres clases.

En primer lugar, se puede decir que existe violación de la libertad cuando lo que va a ser hecho va a ser hecho mejor por los individuos que por el gobierno. En general, no hay personas más capaces de conducir un asunto o de decidir cómo y por quién deberá ser conducido, que quienes tienen en ello un interés personal. Este principio condena la intervención, tan común en otros tiempos, de la legislación o de los funcionarios del gobierno, en las operaciones ordinarias de la industria. Pero esta parte del problema ha sido ya suficientemente desarrollada en obras de economía política y no guarda particular relación con los principios propuestos en este ensayo.

La segunda objeción se relaciona más de cerca con nuestro tema. En un gran número de casos resulta preferible que las cosas las hagan los individuos y no que las haga el gobierno, aun en el supuesto de que fuera más eficaz la intervención del gobierno en un asunto dado. De ello resultaría una educación intelectual para los individuos: una especie de robustecimiento de sus facultades activas al ejercitar sus puntos de vista, que les daría un conocimiento familiar de los asuntos en que han de actuar. Ésta es la principal, pero no la única, recomendación del juicio por los jurados (en los casos no políticos); de las instituciones municipales y locales, libres y populares; de la dirección de las instituciones industriales y filantrópicas por medio de asociaciones voluntarias. No son éstas cuestiones de libertad, con la que sólo se relacionan de modo lejano, sino que son cuestiones de desenvolvimiento. No nos corresponde aquí insistir sobre la utilidad de todas esas cosas como partes de la educación nacional; pero ellas forman de hecho la educación particular del ciudadano, la parte práctica de la educación política de las gentes libres, pues sacan al hombre del estrecho círculo donde la encierra su egoísmo personal y familiar y le acostumbran a comprender los intereses colectivos y el manejo de los asuntos ajenos, habituándole a obrar por motivos públicos o semipúblicos y a tomar por móvil de su conducta ciertos puntos de vista que le aproximan a sus semejantes en lugar de separarle de ellos. Sin estos hábitos y facultades, no se puede conseguir ni mantener una constitución libre, como a menudo lo prueba la naturaleza transitoria de la libertad política en los países donde no está asentada sobre una base suficiente de libertades locales. La dirección de los asuntos puramente locales por las localidades, y la dirección de las grandes empresas industriales por la reunión de los que voluntariamente aportan los medios pecuniarios, se recomienda, además, por todas las ventajas, indicadas en este ensayo, como algo perteneciente a la individualidad del desenvolvimiento y a la diversidad de modos de obrar. Las operaciones del gobierno tienden a ser las mismas en todo lugar. Por el contrario, gracias a las asociaciones individuales, y voluntarias se consigue una inmensa y constante variedad de experiencias. El Estado puede ser útil como depositario central y propagandista y divulgador activo de la experiencia que resulte de numerosos ensayos. Su función consiste en hacer que todo experimentador aproveche los experimentos de los demás, en lugar de no tolerar más que sus propios experimentos.

La tercera y más poderosa razón que hay para restringir la intervención del gobierno reside en el grave mal que resulta de aumentar su poderío innecesariamente. Toda función añadida a las que ya ejerce el gobierno es causa de que se extienda mucho su influencia sobre toda clase de temores y esperanzas, y transforme, cada vez más, la parte activa y ambiciosa del público en algo dependiente del gobierno, o de cualquier partido que tienda a convertirse en gobierno.”

Por su parte, de acuerdo con la Doctrina Social de la Iglesia, el principio de acción subsidiaria del Estado preceptúa que el Estado, en su actuación, debe conducirse de conformidad con reglas básicas: autonomía a los particulares si realizan una labor con suficiencia y eficacia; subsidiariedad (propiamente) o complementariedad para la iniciativa privada si hay insuficiencia; y supletoridad en caso de que la actividad particular no pueda desarrollarse ni con la complementariedad del Estado.

Tal principio es desarrollado en el Código Social de Malinas (Nº 47), la Encíclica Quadragesimo Anno (Nº 79 y 80), la Encíclica Mater et Magistra (Nº 151, relativo a la iniciativa privada y la intervencnión del Estado) y en la Encíclica Pacem in Terris (Nº 26, relativo al derecho a intervenir en la vida pública, Nº 62-64, relativos a los deberes de los gobernantes en pro del bien común, y Nº 73 y 74, relativos al acceso del ciudadano a la vida pública).

Esta doctrina es fundamental en la interpretación de los textos constitucionales en razón de que la reforma constitucional de 1943, la cual incorpora al texto constitucional la norma que actualmente ocupa el artículo 50 de la Constitución (sin el añadido, claro está, de la denominada “garantía ambiental o ecológica”, incorporada según Ley de Reforma Constitucional No.7412 de 3 de junio de 1994) relativa a la las garantías sociales y la intervención del Estado en algunas áreas de la vida social.           

El texto constitucional referido dice así: 

“ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.

La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.  (Así reformado por el artículo 1º de la Ley No.7412 de 3 de junio de 1994)”.  (Se ha destacado el texto original de la reforma de 1943, para que se separe del texto de la “garantía ecológica”)".

Son muchas las demostraciones y pruebas en el sentido de que tal reforma constitucional de 1943 se inspiró y fundamentó en la Doctrina Social de la Iglesia. Baste el respecto el mensaje de reforma constitucional correspondiente, preparado por el presidente Calderón Guardia, y la obra “Los principios cristianos de justicia social y la realidad histórica de Costa Rica (Guillermo Malavassi).  A pesar de que hay de por medio una Asamblea Constituyente, el último artículo de las garantías sociales también deja constancia de tal relación, al preceptuar que:
“ARTÍCULO 74.- Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional.

De conformidad con esta reforma se originado una sistémica intervención del Derecho privado, que ha dado origen principalmente al Derecho laboral costarricense (Código de Trabajo, 1943) y al nuevo Derecho de Familia (el Código de Familia se aprueba cercenando dicha materia al Código Civil) y algunas otras muchas legislaciones posteriores."

En ellas se interviene una materia antes reservada a la legislación común y civil y se neutralizan o suprimen los principios de libertad (autonomía de la voluntad) e igualdad jurídica, propios del Derecho privado, para dar lugar a principios protectores y de naturaleza muy distinta.

La legislación e intervención del Estado costarricense en estas y otras áreas ha seguido moviéndose hacia más presencia e intervención, sin que haya suficiente evaluación de cuál es el principio orientador de dicha intervención.  Por ello es estratégico que se entienda cuán importante es determinar la existencia del principio de acción subsidiaria del Estado y contrastarlo con la legislación y actuación del Estado.

Es innegable que hay reglas intrínsecas de la propia Constitución que han de regir la interpretación de sus textos, sus alcances y los límites a la legislación y la intervención pública o gubernamental.

La Constitución de 1949 tomó como base la Constitución de 1871 la cual, a su vez, toma como fundamento la Constitución de Cádiz (19 de marzo de 1812). Quizás la reforma más profunda que tiene la Constitución es precisamente la de 1943 (sin entrar a discutir el valor de la incorporación de la Sala Constitucional en 1989). Ello, en términos simples, significa una Constitución clásica liberal con una reforma basada en la Doctrina social de la Iglesia.

Es un tanto de John Stuart Mill con los principios cristianos de justicia social.  Es una mezcla de los textos citados del “Ensayo sobre la libertad” con los principios de acción subsidiaria según la Doctrina social de la Iglesia.

Textos que, como puede verse, son muy semejantes en relación con la necesidad de entender límites a la acción pública o gubernamental, comprender la importancia de las personas hagan las cosas sin la intervención pública aún cuando no siempre las podrían hacer mejor.

Ahí quedan los textos para su contraste y estudio.  
   
Federico Malavassi Calvo

martes, 13 de noviembre de 2012

La columna de Carlos Federico Smith: responsabilidad compartida

El accidente de la grúa en la autopista General Cañas, en mi opinión, tiene dos claros responsables: la empresa Grúas Quirós, dueña del vehículo pesado, y el estado costarricense.

El primero porque es la propietaria de ese vehículo que indebidamente circulaba por la autopista sin los permisos correspondientes, sin cumplir los requisitos necesarios y definitivos para obtenerlos, además de que, en apariencia, ya había sido conducido anteriormente en tales circunstancias, incluso transitó por el mismo lugar en donde ocurrió el accidente de marras. Además, circulaba sin que fuera precedido ni seguido de vehículos que indicaran la presencia de un equipo pesado en movimiento.

El segundo porque el puente Bailey sobre el cual se accidentó dicha grúa, no contaba con las advertencias necesarias en cuanto al peso permitido para poder pasar por él, así como tampoco en cuanto a limitaciones acerca del tamaño o magnitud del equipo. Asimismo, el organismo especializado en asuntos de infraestructura vial, el LANAMME, ha insistido en que los puentes Bailey no deben durar instalados más de dos meses; esto es, que son estructuras eminentemente transitorias, temporales. La verdad es que el Bailey en donde ocurrió el accidente tenía muchos meses más de instalado. Hay uno más de esos, a pocos metros de distancia de donde se cayó la grúa, que tiene ya varios años de instalado, como es el ubicado frente al Colegio Castella. En muchos lugares del país un gobierno poco previsor ha acudido a instalar puentes Bailey, supuestamente para solucionar una emergencia, pero que casi siempre terminan siendo estructuras permanentes.

Lo cierto es que el daño ya está hecho y ahora vienen los pleitos en cuanto a su cobro. Dichos daños no son sólo por la destrucción del puente Bailey, sino que también dio lugar a que se incurriera en otros costos por el cierre a que dio lugar.  Esto es, el mayor gasto en gasolina por las presas que ha originado, al tener que desviarse el tránsito por otras rutas, así como el tiempo que pierden quienes ahora deben circular por ellas.  Asimismo, ha sido necesario el cierre de ciertas escuelas de las zonas, se han perdido citas en hospitales de la zona, ha dado lugar a mayores costos de transporte de las mercancías que deberán ser cubiertos por los consumidores. Todo ello se traduce en costos o daños para la sociedad como un todo.

El problema con el accidente de esa grúa trae a colación uno mayor, cual es el mal estado de la señalización vial en nuestro país. Desde ahora debe preocuparnos la vigilancia, en un gobierno ansioso de agarrar plata a como haya lugar, que las autoridades van a hacer en cumplimiento de los límites de velocidad permitida en nuestras vías. Esto según la nueva Ley de Tránsito recientemente aprobada. La falta de indicadores de velocidad no permite a los conductores saber con qué rapidez pueden conducir, sin incurrir en multas onerosas. Los tráficos golosos harán un festín con los conductores mal informados. 

Tal vez podríamos aplicarle la grúa a un estado que ni siquiera es capaz de poner señales, que indiquen límites racionales e informativos a quien circula por nuestras  vías.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 12 de noviembre de 2012

Tema polémico: Democracia, doxa y República


Acaban de pasar las elecciones de Estados Unidos y ya se han presentado una serie de explicaciones para dar crédito a los resultados, las cuales se han centrado, sobre todo, en el cambio demográfico que ha atravesado el país en los últimos años. Independientemente de lo anterior, el día de hoy queremos centrarnos en una serie de incentivos perversos que presenta el sistema democrático, los cuales permiten la descomposición de lo que debiera ser un verdadero sistema republicano (frenos y contrapesos, con una clara delimitación del poder estatal sobre las vidas privadas de los ciudadanos).

Para dar crédito a lo anterior queremos enfocarnos en uno de los máximos problemas: el votante medio. Nos referimos a un votante totalmente desinformado, sin conocimiento alguno en áreas fundamentales para el entendimiento de las políticas públicas (Derecho, Ciencias Políticas, Economía, Filosofía Política, Ética, etc), y divorciado de toda capacidad analítica y crítica (más que la crítica vacía y superficial de que "todos los políticos son corruptos"). En este orden de ideas nos llamó poderosamente la atención el siguiente video que ilustra este post.




Como pudieron observar, en él se aprecia un conjunto de votantes a favor de Obama quienes creen que las políticas impopulares que rechazan son del candidato contrario, cuando mas bien estas han sido políticas implementadas por el mismo Obama. No estamos sugiriendo de forma alguna que en el campo de Romney no existieran votantes de igual o mayor ignorancia, sino que lo que sugerimos es precisamente esta relación derecho sin responsabilidad, la cual se ha convertido en un verdadero problema del sistema democrático, máxime cuando tomamos en cuenta que los costos por este tipo de comportamiento irracional y desinformado no se asumen de forma directa por lo que hace aun más difícil que estas personas puedan salir de sus errores por mera praxis.

Así las cosas, no queda más que preguntarse qué hacer a este respecto. Algunos pensarían que el problema se resuelve con menos democracia (que sólo intelectuales puedan acceder al voto), pero esta en realidad no es la solución. La verdadera respuesta es el establecimiento de un verdadero sistema republicano que en razón de las competencias delimitadas del Estado vuelva irrelevante qué tan malos e ignorantes resulten ser los votantes y gobernantes. Por supuesto, queda una pregunta sin resolver: ¿cómo pasamos de este sistema democrático desbocado a un sistema republicano por medio de los mismos mecanismos democráticos? Definitivamente ese es el reto que se posa sobre muchos países en la actualidad, incluido el nuestro.