miércoles, 28 de noviembre de 2012

Desde la tribuna: el "bien tonto" Ministro de Educación

En La Nación del 12 de noviembre aparecen unas expresiones del Ministro de Educación, relativas a la reducción de los exámenes en primaria, específicamente los de Estudios Sociales. El extracto de la información es el siguiente: 

“El Ministerio de Educación Pública (MEP) propone reducir a la mitad la cantidad de pruebas escritas de esa asignatura entre segundo y sexto grados. Ahora, los alumnos contestan dos diagnósticos por trimestre; es decir, seis al año. Con el plan, solo harán uno cada tres meses, para un total de tres anuales.

Además, la iniciativa contempla eliminar los cuestionarios en primer grado, reconoció Leonardo Garnier, ministro de Educación.

“Por una razón muy simple: hacerle una prueba escrita a alguien que no sabe escribir, es bien tonto. ¿Cómo alguien que no sabe escribir hace una prueba escrita?”, cuestionó Garnier.” (destacado agregado).

Dos errores no hacen una virtud. Este es el caso central.  Ante la incapacidad del sistema, ante el mal desempeño de la educación pública (los estudiantes no saben escribir ni para realizar una prueba), el Ministerio se conforma (y nos conforma a todos) con bajar el nivel de la evaluación (menos exámenes y menos contenidos). A confesión de parte, relevo de pruebas … el sistema educativo va mal.

Lo que explica un tanto el problema es el modo de explicarse el Ministro, el “muy tonto” del Ministro es una revelación total:  mal uso del adverbio que algunos filólogos consideran un galicismo. Ciertamente, de poner un adverbio al tonto, el Ministro debió haber usado el de cantidad (“muy”) y no el de modo (“bien”).  El resultado es una mala expresión y, eventualmente, una contradicción (“bien” y “tonto”, tan impropio como decir “bien malo”).  En conclusión, el Ministro no usa bien el idioma. No es de extrañar, ante tal evidencia, que los escolares no sepan escribir.
 
El asunto no pasaría de ser picaresco, burlesco y pintoresco si no estuviera implicando un serio problema nacional y una inaceptable desviación administrativa. Sí, se trata del mismo Ministro que ha incursionado en el campo de las sodas de las escuelas públicas, decretando qué deben comer los escolares. Sí, se trata del mismo Ministro que hizo una recomendación prohibida por las normas que regulan la ética en la función pública, alegando que la confunde con una carta de referencia y protestando que la firma Procesos no la debió haber presentado a Recope (aunque la misiva ministerial sí va dirigida a Recope). Sí, se trata del mismo Ministro que preside el Conesup, órgano que conculca constantemente la libertad de enseñanza. Sí, se trata del Ministro que ignora la Ley Fundamental de Educación en el tema de los programas sexuales.

Así que el “bien tonto” del Ministro no parece ser un gazapo, sino una evidencia del fallo sistémico. Hace algunos años, un grupo de ciudadanos preocupados por la enseñanza de la matemática gestionó la información acerca del contenido de algunos exámenes, bajo la hipótesis de que se estaban haciendo preguntas muy fáciles y por eso aumentaba la promoción. Sufrieron una verdadera ordalía.  

Por eso me preocupa tanto el “bien tonto” del Ministro de Educación, porque tras el aparente mal uso del idioma podría estar evidenciándose un síntoma de decadencia. Explican algunos conocedores un tema básico:  que estamos equivocados cuando, en relación con alguien que habla mal, decimos que quizás lo que sucede es que no sabe expresarse bien (en la idea de que piensa bien, pero no lo sabe expresar). 

La palabra, en la mayoría de los casos, expresa la estructura y forma del pensamiento.  Dicho de otro modo, en la mayor parte de los casos quienes hablan mal es que piensan mal. Tal vez por eso es tan importante tomar en cuenta que “logos” significa a la vez “palabra” y “razón”. También explican los entendidos que los problemas en la comprensión de las matemáticas derivan de problemas en las estructuras de lenguaje (que, de acuerdo con lo anterior, sería la mismísima forma de pensar).

Por ello, el “bien tonto” del Ministro de Educación debería ser un tema nacional y provocar una gran discusión. Se ha dispuesto constitucionalmente un gran gasto en educación pública. El sistema público de educación debería ser un éxito pero …no es así. 

Si hablamos de la organización administrativa, hay que admitir el desastre. Un sistema informático complicadísimo, que no da abasto para las acciones de personal. Una auditoría que colecciona casos y situaciones a más no poder, pues son muchas las cosas que no parecen hacerse bien. Una tendencia al facilismo, a la promoción del baile en lugar de la educación física, a la preocupación por la dieta y a quitar exámenes y rigor académico. ¡Una verdadera tragedia nacional! Todos escolarizados, pero no educados ni preparados ni examinados. Para colmo, el “bien tonto” del  Ministro de Educación.

Federico Malavassi Calvo



martes, 27 de noviembre de 2012

La columna de Carlos Federico Smith: incertidumbre tributaria

Dos anuncios efectuados hace pocos días, en mi opinión alimentan la incertidumbre que el costarricense ha visto aumentar, en torno a los impuestos que debe pagar. El primero de ellos se refiere al alza en el valor de numerosos vehículos, para efectos de la definición de ese impuesto conocido como “marchamo”. El segundo es el anuncio de una revaloración de las propiedades, para determinar el pago del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, así como del llamado impuesto solidario.

Recordemos que el monto a pagar impuestos, como los antes señalados, está definido por dos factores: la tasa imponible y la base sobre la cual se aplica dicha tasa.  En los últimos tiempos, gracias a la reacción popular, a los gobernantes que buscan aumentar los impuestos, se les ha hecho difícil lograrlo mediante incrementos en las tasas impositivas, por lo cual ahora acuden al otro factor determinante de la recaudación: hacer crecer la base imponible. 

Era de esperar que, ante el rechazo del paquetazo tributario del año pasado, el estado angurriento acudiera a cualquier opción que tuviera en sus manos, a fin de poder aumentar sus ingresos. Ya hemos visto cómo ha acudido al endeudamiento externo, que todos los ciudadanos terminaremos pagándolo con creces, así como también mediante alzas de una serie de precios regulados por el Estado, como son el caso de la electricidad, el agua, los combustibles, entre otros servicios públicos, al igual que han acudido a pedir prestado fondos en el mercado de crédito interno, dando lugar a un muy fuerte aumento en los intereses, a tal grado que incluso obligó al mismo gobierno a que paulatinamente se echara para atrás, dados los efectos nocivos que estaba provocando en la economía.

Por eso debemos interpretar los aumentos en las bases arriba señaladas, como parte de ese proceso gubernamental de recoger platas de adónde sea y a cómo haya lugar. El problema con estas medidas es que reduce la certeza necesaria que se debe tener en el sistema tributario de una nación, el cual no puede estar sujeto al vaivén de decisiones administrativas. De ser así, se afecta negativamente el ahorro y la inversión de las personas, definidos de acuerdo con un rendimiento neto, posterior al pago de impuestos. Al no existir certeza acerca de cuánto van a ser estos, la persona preferirá no ahorrar y correr riesgos en sus inversiones (como ejemplos, en una casa o en un carro), pues ni siquiera sabe si dispondrá de los ingresos suficientes para efectuar el pago administrativamente definido.

La angustiante situación es aún mayor cuando, supuestamente amparados en la ley, las autoridades gubernamentales introducen requisitos que resultan simplemente ser muy onerosos, para quien apele la medida de aumento de las bases tributarias. Por ejemplo, en el caso de los vehículos, para recurrir el valor de tasación impuesto por el gobierno, además de perder su valioso tiempo en formular tal reclamo, tendrá que traer el derecho de circulación, el título de propiedad, 4 estudios de mercado en donde se demuestre por vendedores, me imagino, que el valor del vehículo es inferior al tasado por el gobierno y, tal vez para que no se pierda el chunche, 6 fotos de su carro. Por supuesto, si el costo de hacer todas estas majaderías es superior al diferencial entre lo que nos cobra el gobierno y el valor verdadero del vehículo, usted escogerá no apelar la resolución del estado. Con ello se abre campo para un menudo negocio del recaudador de impuestos.

En el caso de la valoración de las propiedades, a pesar de que la inflación en los últimos años ha sido muy baja, de que el dólar se ha mantenido estable y que hay algún grado de recesión en ciertos sectores de vivienda, el argumento esbozado por las autoridades para efectuar administrativamente este aumento en la base imponible, es que están atrasados en hacerlo desde hace varios años y que ahora han decidido ponerse al día. Sin embargo, se ha señalado jurídicamente que el procedimiento exige que tal aumento se efectúe a inicios de año, cosa que en éste no se hizo y no es sino hasta ahora que deciden revaluar las propiedades. Todo lo que esto expresa es el desorden administrativo en torno a este impuesto.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 26 de noviembre de 2012

Tema polémico: consideraciones acerca de la no reelección del Magistrado Cruz

Mucho se ha hablado sobre el acontecimiento político de los últimos días: la decisión de 38 Diputados de no mantener en su cargo al Magistrado Fernando Cruz. Algunos han argumentado que se debió al cobro de “facturas políticas”, especialmente por el voto negativo que este dio a temas como TLC con Estados Unidos y el proyecto minero de Crucitas. Esos mismos han alegado que tal hecho significa la “politización de la Corte”, el castigo a un juez independiente, la amenaza a quienes no vendan su voluntad y voto, la imposición del capricho político de ciertos líderes de partidos para que las cosas se hagan como desean, el fin de la independencia de poderes, la dictadura en democracia. 

En ASOJOD pensamos que muchas de estas afirmaciones son erróneas y contradictorias. Para aclarar nuestra posición, queremos abordar primero los elementos procedimentales y formales que cobijan la actuación del Plenario y, posteriormente, hacer reflexiones de fondo sobre lo sucedido. 

En ese orden de ideas, vale la pena iniciar dejando claro que lo que hizo la Asamblea Legislativa se enmarca dentro de sus competencias, según lo dispone el artículo 158 de la Constitución Política, toda vez que 2/3 partes del total de sus miembros, es decir, 38 legisladores, acordaron no reelegir al Magistrado Cruz. La discusión procedimental acerca de esta decisión, se reduce a la determinación de un evento: el plazo en que se actuó. Tal como lo indica el artículo 163 constitucional, “la elección y reposición de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se harán dentro de los treinta días naturales posteriores al vencimiento del período respectivo o de la fecha en que se comunique que ha ocurrido una vacante”. 

El punto medular de la cuestión es, entonces, ¿cuándo venció el plazo de los treinta días naturales? Siendo que Fernando Cruz fue electo Magistrado el 14 de octubre de 2004, según consta en el Acta Nº 87 del Plenario Legislativo. No obstante, fue juramentado, y por tanto tomó posesión de su cargo con plena efectividad jurídica, el 19 de octubre de 2004, tal como lo indica el acta Nº 88 del Plenario Legislativo. Siendo así, si se parte de que periodo de nombramiento transcurre del 14 de octubre de 2004 hasta el 14 de octubre de 2012, los 30 días naturales correrían a partir del día siguiente del vencimiento, es decir, desde el 15 de octubre de este año, agotándose el 13 de noviembre. Por el contrario, si se asume que el periodo del nombramiento empieza a correr desde el 19 de octubre de 2004, cuando es juramentado y puede comenzar a fungir como Magistrado, y vence el 19 de octubre de 2012, entonces los 30 días naturales comenzarían a correr desde el 20 de octubre de los corrientes, finalizando el domingo 18 de noviembre. En la primera tesis, la votación realizada por el Plenario el jueves 15 de noviembre fue extemporánea y, por tanto, no tendría validez. En la segunda, lo actuado por el Plenario fue correcto y se apega a derecho.Sobre este tema es que tendrá que resolver la Sala Constitucional, aunque desde ya externamos nuestra preocupación de que, en este caso, ella sea juez y parte.

En ASOJOD nos plegamos a la segunda tesis, es decir, que el nombramiento de un Magistrado comienza a correr desde que asume posesión de su cargo y sus actos tienen efectos jurídicos. La juramentación no es un acto meramente formal, pues no es hasta que se dé que un Magistrado puede tomar asiento en la Sala a la cual fue designado, emitir su voto y firmar resoluciones. Lo acontecido el 14 de octubre de 2004 fue el acto electivo previo, que designa al candidato como Magistrado.Asumir que los plazos corren desde el momento en que se le designa es tan absurdo como pensar que los 4 años del mandato presidencial corren a partir del momento en que el Tribunal Supremo de Elecciones declara al ganador de los comicios. En términos más sencillos, sería pretender que el periodo de doña Laura Chichilla comenzara el 7 de febrero de 2010 y venciera el 7 de febrero de 2014. Y no vemos a nadie espoleando esa tesis. Por el contrario, lo que es ampliamente aceptado es que asume el 8 de mayo de 2010, día a partir del cual sus actos tienen efectividad jurídica, y vence el 8 de mayo de 2014, cuando entregue la banda presidencial a quien resulte ganador de las próximas elecciones. 

Todo esto quiere decir que, desde el punto de vista del procedimiento legislativo, lo actuado fue apegado al derecho. Ahora bien, hay otro punto sobre este mismo tema que hay que valorar: la resolución que emitió el Presidente de la Asamblea Legislativa, Víctor Emilio Granados. En ella, declaró la nulidad absoluta de la votación, por ser extemporánea y reafirmar que el Magistrado Cruz seguiría en su cargo. En primer lugar, el Diputado Granados no tiene competencia para anular una votación del Plenario Legislativo, tal como se colige de la lectura del artículo 27 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (competencias del Presidente de la Asamblea). Asumir que un legislador, ocupando el puesto de Presidente del Congreso, puede anular lo decidido por el Plenario no solo contraviene el principio de igualdad de los diputados (entre los cuales el Presidente es prima inter paris), sino que hace peligrar la democracia, concentrando muchísimo poder en unas solas manos. En segunda instancia, el Diputado Granados tampoco podía emitir una resolución sobre este tema, toda vez que la Sala Constitucional acogió, para su estudio, un recurso planteado por otros legisladores y, por lo tanto, se suspende la decisión final sobre los actos en cuestionamiento. 

Pero aparte de las consideraciones procedimentales, el análisis de fondo se torna necesario. Y en ese sentido, lo primero que hay que decir es que la función de la Corte Suprema de Justicia, como Poder dentro del Estado costarricense, es eminentemente política, aunque lo haga a través del Derecho. Dentro del diseño republicano, los poderes tienen la tarea política de servir como contrapesos, como frenos, como controles entre sí, especialmente la Sala Constitucional, cuya labor es interpretar la Constitución Política y dirimir los conflictos entre ciudadanos, entre ciudadanos y Estado y entre los Poderes del Estado.

Por si fuera poco, la composición de las altas esferas de poder dentro del Poder Judicial es, eminentemente, política: su nombramiento es político –no técnico como algunos quieren hacer ver, a pesar de que se exijan algunos requisitos formales–. Sobre este punto, nos llama poderosamente la atención que quienes alegan que la decisión de no reelegir a un Magistrado por sus posiciones políticas (implementadas a través de lo jurídico) es una intromisión en el Poder Judicial, una afrenta a su independencia, una “politización de la justicia”, no sostengan el mismo criterio acerca del mecanismo por el cual son escogidos los Magistrados. ¿Por qué no es daño a la separación e independencia de Poderes que los Diputados designen a los Magistrados, pero sí lo es que aquellos quiten a estos? ¿Por qué los miembros del Poder Judicial que realizaron vigilias y marchas la semana anterior no exigen que se modifique la forma en que se escogen Magistrados? ¿Por qué no critican a la Corte Suprema de Justicia por exigir a doña Laura y a los Diputados restituir a un Magistrado? ¿Por qué no es intromisión de Poderes cuando la Sala IV le ordena a la Asamblea proceder de determinada manera? ¿Por qué no cuestionan los nexos, intereses y torceduras de brazos que se puedan dar para poner en sus sillas a los Magistrados? ¿Por qué no han cuestionado, con la misma vehemencia, la designación del Fiscal General, habiendo sido viceministro de Seguridad de la Administración Chinchilla Miranda y a quien algunos partidos políticos han cuestionado con severidad por el trato diferenciado en las investigaciones contra dichas organizaciones por presuntos delitos cometidos en campaña? 

Hay que tener claro algo: el criterio de elección de los Magistrados, por más que duela, no es otro que el criterio político, ya que unos presentan su currículum, se someten al escrutinio de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, son evaluados y, una vez en Plenario, como ha ocurrido en muchas ocasiones, salen nuevos nombres que no pasaron por ese filtro y terminan siendo Magistrados. Eso significa que si, de verdad, estamos comprometidos con la independencia de los jueces y la separación de poderes, deberíamos exigir, como ciudadanos, que su designación recaiga en elecciones populares, donde cada uno de nosotros pueda escoger entre los distintos candidatos que se presentan, tal como lo hemos expuesto en ASOJOD.El criterio seguirá siendo político, pero es preferible que sea la visión política del ciudadano la que determine la escogencia y no la de los líderes de partidos políticos, que imponen su línea a las fracciones legislativas y sobre lo cual, ni siquiera tenemos información o conocimiento.
Otra consideración importante es que, también como lo hemos dicho, nos preocupa que los Magistrados –especialmente los de la Sala Constitucional– no sean políticamente responsables ante nadie por sus decisiones. No existe forma alguna de que los ciudadanos le pasemos la factura política a los Magistrados por sus votos, por sus pensamientos y por los daños que sus interpretaciones generan, a nuestro parecer, a la libertad y derechos individuales. Lo que sostenemos es que no sólo debe variar la forma en que ellos son elegidos, dando paso a la votación popular para colocarlos en sus puestos, sino también la contrapartida lógica de ese poder: la revocatoria de su mandato, es decir, la existencia de mecanismos para que los mismos ciudadanos que les damos poder, se lo quitemos cuando lo consideremos pertinente. 

Pero, al igual que en el caso del Presidente y los Diputados, los ciudadanos no gozamos de ese derecho fundamental de quitar a un mal gobernante, de forma pacífica, sin tener que esperarnos a la finalización de su mandato. Y dado que tampoco existe, dentro del ordenamiento jurídico actual, mecanismo real alguno (aunque si formal pero de muy difícil aplicación) para remover a un Magistrado de su puesto, la única esperanza que tenemos es esperar a que venza su mandato. No obstante, siendo que solamente los Diputados pueden tomar la decisión de reelegir o no a un Magistrado (ni siquiera de quitarlo de su puesto antes de que finalice el periodo por el que fue nombrado), nos parece que, a más no haber, nuestros representantes políticos (o aquellos por los que votamos a la espera de que nos representaran y defendieran nuestros valores, intereses y expectativas) puedan pasarle, en nuestro nombre, la factura por sus decisiones. En el caso de don Fernando en específico, pero en el de la mayoría de los Magistrados de la Sala Constitucional en general, creemos que con sus decisiones han afectado seriamente la libertad y los derechos individuales. Votos como el emitido contra el TLC, contra la libertad de empresa y trabajo (porteo, propinas de los saloneros, etc.), contra la propiedad privada (ley antitabaco, obligatoriedad de dejar entrar a cualquier persona a centros comerciales privados, etc.) son motivo para que, políticamente, apoyemos su salida. 

Sin embargo, aclaramos que utilizar criterios políticos para quitarle el apoyo a un Magistrado por sus posiciones no es nada nuevo. Siendo que se trata de nombramientos políticos, es perfectamente lógico que existan destituciones políticas y los que se rasgan las vestiduras por el caso de Cruz hoy, las validaron antes. En 2009, los Diputados del PAC negaron su voto a la Magistrada Calzada por apoyar el TLC y en 2004, otros legisladores hicieron lo mismo con los Magistrados Mora y Solano. ¿Por qué entonces ahora si vienen algunos a reclamar el voto en contra de Cruz y no lo hacen con aquellos que, en su momento, decidieron hacer lo mismo con otros Magistrados? Una prueba más de la típica inconsistencia de callar cuando nos conviene y vociferar cuando no. 

Aunado a lo anterior, pensamos que así como debe existir alternancia en el Poder Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa, también debe existir en la Corte Suprema de Justicia. No compartimos la idea de que los Magistrados se reelijan automáticamente si no alcanzan los 38 votos en contra, toda vez que esta regla decisional tan alta no se alcanza con facilidad, haciendo que algunos de ellos permanezcan en sus puestos por muchos años, entronizándose en el poder. Tampoco validamos que se invierta la regla, de forma tal que un Magistrado es electo o reelecto si tiene 38 votos a favor, pues al igual que en el caso anterior, significaría que el poder sigue estando en los líderes de los partidos políticos y en sus fracciones legislativas, no en los ciudadanos.

Nuestro espíritu republicano no sólo se encuentra en la vehemente defensa de la independencia de poderes, asegurada únicamente si los ciudadanos pueden elegir y exigir cuentas a los miembros de estos, sino también en el necesario cambio de quienes los ocupan. Creemos firmemente en que lo dicho por Lord Acton –“el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”– se convierte en una realidad cuando quienes ocupan el poder lo hacen de manera indefinida, sin posibilidad de estar controlados, sin tener que rendir cuentas ni explicaciones, sin estar sujetos a la amenaza de la destitución. Quien sabe que tiene su puesto asegurado per secula seculorum, no tiene incentivos para hacer bien las cosas. Periodos tan largos y con reelección automática para los Magistrados se convierten en una amenaza para disipar cualquier control a su poder. Es demasiada tentación que quizá pocos puedan soportar. 

Una de las principales lecciones de Popper en el terreno del diseño institucional, de las reglas del juego apropiadas para garantizar el funcionamiento de una sociedad libre, fue que no importa tanto quién ocupe el poder sino cómo se configuran reglas capaces de impedir que haga daño. Mecanismos como los que tiene nuestro país que permiten entronizar a quienes tienen el poder, dándoselos por tiempo ilimitado, eliminando cualquier control que los limite, cualquier amarra que les imposibilite ejercerlo a su antojo, son contrarios a ese principio de resguardo de la sociedad libre. Esos son los verdaderos elementos de una dictadura en democracia.

Como liberales y como republicanos, somos del criterio de que lo hecho por la Asamblea Legislativa estuvo bien. Tal vez la forma en que se hizo y la comunicación política de lo actuado no fueron correctas y las declaraciones torpes e irresponsables del Diputado Fabio Molina despertaron una gran preocupación acerca del futuro nombre de quien ocupe esa silla vacía, en tanto el "mensaje que transmitieron" podría ser que los juristas deben alinearse a los caprichos del poder establecido o, de lo contrario, estarán fuera. Coincidimos con que la homogenización de la Sala no es sana para el ejercicio republicano ni para el mejoramiento de las tesis jurídicas. Lo mejor sería  contar con un Tribunal compuesto por los más diversos criterios ideológicos, ya que solo a partir de la confrontación de ideas y criterios totalmente distintos puede avanzar el conocimiento.

Por supuesto que en ASOJOD esperamos que quien le sustituya no sea una marioneta de cualquier líder de partido político –independientemente de su orientación ideológica– sino alguien con criterio propio, independiente y honesto. Deseamos que sea alguien que defienda la libertad y el progreso, aunque sabemos que la probabilidad es baja, tanto porque quienes detentan el poder en Costa Rica no comparten esos valores como porque la propia letra de la Constitución no da para mucho, por su contenido evidentemente socialdemócrata.

viernes, 23 de noviembre de 2012

Viernes de Recomendación

En el artículo Liberalismo Económico y Medio Ambiente, los autores Arenas, Cámara y Chamorro analizan el problema del daño al medio ambiente desde un punto de vista liberal basándose principalmente en los fundamentos expuestos por el Premio Nobel, Ronald Coase en sus teorías sobre la necesidad de existencia de propiedad privada como un medio para disminuir las externalidades negativas provocadas por el impacto al medio ambiente causado por los procesos productivos.

miércoles, 21 de noviembre de 2012

Desde la tribuna: el degradado proceso político costarricense

En vez de más politica, más sociedad, el degradado y degradante proceso politico costarricense, confirma la urgencia de una sociedad más autonóma, más vigorosa, más decisiva.

La constante y creciente intervención politiquera en la vida de las personas, las familias y las comunidades sigue causando daño.

La reciente disputa institucional entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, con cepas intervendas por el Poder Ejecutivo muestra, descarnadamente, el significado de la "dictadura en democracia" y las graves consecuencias de rendir culto a los conteos de votos, por encima de las personas, de su pensamiento y autodeterminación.

En lo político, este proceso ha ido vaciando de contenido a la estructra republicana, al son del mantra de la "gobernabilidad". Quienes se lamentan de la falta de gobernabilidad deben encontrarse extasiados con la abrumadora decision legislativa acerca de la integracion de la Sala Constitucional. Se votó y se resolvió, haciendo de lado la fecha limite para decidir este asunto.

Una democracia, entronizada como sagrada y obediente a una autoridad, ha mostrado su tenebroso aspecto. Solo valen las personas, en este caso el Magistrado Cruz Castro, como fichas de votación, adaptadas o no a la voluntad de otra votación, en la Asamblea Legislativa.

Para cualquier ciudadano, del lado que se coloque en este irritante asunto, brilla al ojo que la independencia y la autonomía de los tribunales es materia politica, hasta electoral.

Familas, comunidades y ciudadanos, empresarios nacionales y extranjeros, han quedado notificados que, para bien o para mal,  la justicia en Costa Rica obedece la ideología resultante de un conteo de votos y así se regira la resolución de los asuntos, en los más encumbrados tribunales.

No serán las leyes, ni las normas constitucionales, sino la conformidad con la mayoría legislativa calificada, bastante dúctil, por cierto, la que indicara a los jueces el camino a seguir.

Una democracia así, es una deidad fallida. Una vida social, dominada por el gobierno, termina atrapada por el poder corrupto y disociador de la politiquería.

Quienes claman por la independencia de poderes, por la autonomía de los magistrados y  los diputados o los presidentes y ministros, hacen añorar una mención, una reflexión,  una consideración, al menos, a la autonomía e independencia de las personas, las familias y comunidades, atrapadas en estas luchas de poder, con más fuerza y perjuicio, entre mayor sea la intervención del proceso político en la vida social.

Mario Quirós Lara

martes, 20 de noviembre de 2012

La columna de Carlos Federico Smith: la próxima política fiscal de USA y posibles efectos sobre la economía costarricense

Al ser relecto, Obama deberá enfrentar la situación que en Estados Unidos se conoce  como el abismo fiscal (fiscal cliff en inglés). Lo más probablemente es que habrá un aumento sustancial en los impuestos de ese país, al volverse, a partir del primero de enero del 2013, a las altas tasas previas a la decisión del ex presidente Busch de reducirlas hace varios años. Pero este aumento de las tasas, del cual se excluiría supuestamente a los grupos de ingresos medios, no será suficiente para llenar el excesivo gasto público, lo cual también posiblemente va a requerir meterle un mordisco a las actuales exoneraciones tributarias. De esta manera el gobierno espera que la recaudación tributaria aumente sustancialmente.  

Aunque el desenlace de ese abismo fiscal también contiene un descenso significativo del gasto público, muy posiblemente lo hoy previsto será insuficiente para contener el enorme déficit estimado, por lo cual habrá presiones para que sea mayor la reducción del gasto gubernamental. Lo que es posible predecir es que este importante ajuste en las finanzas estatales dará lugar a un descenso importante en la tasa de crecimiento de la economía estadounidense. En resumen, en el 2013 e incluso durante un par de años más, además de preverse un menor crecimiento económico y posiblemente una recesión, habrá un alza importante en los impuestos de ese país y algún grado de reducción del gasto público, si es que efectivamente se pretende lograr algún grado de estabilidad en la economía, al menos en el largo plazo.

Estas decisiones de política fiscal tendrán un efecto interesante sobre la economía costarricense, que en los últimos años se ha visto estimulada por una fuerte inversión extranjera proveniente de los Estados Unidos, no sólo como medio de generación de divisas por exportaciones, sino para la creación de empleo.  Ello ha sido especialmente significativo en el marco de un crecimiento débil, como máximo, de la economía costarricense como un todo, durante los últimos tiempos.

Si aumentan los impuestos en Estados Unidos en la forma en que se ha previsto, probablemente provocará una salida de los capitales de ese país hacia naciones en donde el tratamiento tributario sea más favorable. Este flujo es de esperar que sea más importante hacia países que permitan un acceso relativamente barato hacia aquella economía. Con los mayores tributos, especialmente a las ganancias de capital y a las utilidades de las empresas, los rendimientos de las firmas en los Estados Unidos se verán reducidos significativamente, por lo cual los capitales buscarán otros sitios en donde el rendimiento neto después de impuestos resulte ser mayor. Costa Rica, hoy en día, cumple con los requisitos que permitan brindar ese acceso comercial relativamente expedito y económico hacia los Estados Unidos. Asimismo, con base en la experiencia observada en los últimos años, las empresas extranjeras que se ubican en el país, parecen haber logrado una estructura de costos tal, que les permite ese grado de competitividad necesaria en una economía globalizada. En resumen, Costa Rica, si bien compite con otras naciones en condiciones  similares en cuanto al tratamiento tributario de la inversión extranjera, posee un atractivo particular como es su proximidad al mercado estadounidense, lo cual la convierte un lugar al cual las empresas estadounidenses pueden llevar a cabo sus inversiones, sin tener que incurrir en los mayores impuestos que se proyectan en aquel país.
 
Por otra parte, el paquete recesivo que probablemente se aprobará en este segundo mandato del presidente Obama, ocasionará un descenso en el crecimiento de la economía estadounidense, lo cual se reflejará en una disminución de los ingresos de sus ciudadanos. Al bajar los ingresos de los consumidores estadounidenses, el efecto mundial es claro: habrá un menor gasto en importaciones de aquel país, con lo cual Costa Rica, entre otras naciones, verá disminuidas sus posibilidades de exportación.

Nos enfrentaremos, en mi opinión, ante dos fuerzas opuestas: un mayor atractivo  para la inversión estadounidense en Costa Rica y un descenso en la demanda de nuestros productos de exportación hacia los Estados Unidos.  Cuál de las dos será más poderosa, será cuestión de verlo con el paso del tiempo. Por supuesto, que de igual manera está por ver el posible efecto en el tipo de cambio, que en mucho dependerá de estas dos fuerzas en contraste.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 19 de noviembre de 2012

Tema Polémico: ¿Partidos liberales o liberalismo en partidos?


Cuando Friedrich von Hayek fundó, en la década de los 40, la Sociedad Mont Pelerin aconsejó a todos los liberales “no ensuciarse los zapatos en campañas electorales y predicar el libre mercado a los socialistas de todos los partidos” ¿Estaba Hayek en lo correcto?  El día de hoy en ASOJOD trataremos responder esa pregunta.

Primero que todo, es importante aclarar que cuando nos referimos a política y políticos estamos hablando de la formación de partidos políticos o la incursión de liberales en puestos públicos de poder con el fin de llevar a cabo políticas públicas. Por supuesto, es imposible desligar la política del ser humano pues en nuestra vida en sociedad tomamos decisiones, realizamos negociaciones y discutimos nuestras ideas, todo lo cual nos convierte, en cierta medida, en políticos. Al fin y al cabo, como diría Aristóteles, todos somos seres políticos. 

Ahora bien, ¿serán ciertas las palabras de Hayek de que es más conveniente para los liberales predicar e influenciar la implementación de políticas públicas de índole liberal que ocupar los puestos públicos y hacerlas? Algo parecido a una figura como la de Milton Friedman y sus influencias en el gobierno de Ronald Reagan o por medio de asociaciones o “think tanks”.

Esto tiene mucho sentido y basta con tan solo ver las experiencias en Costa Rica para darse cuenta. El Movimiento Libertario fue creado en 1994 con un ideal claro y era el de gobernar por medio de políticas liberales; un “partido ideológico”. En el tiempo hemos visto cómo este partido se ha visto desprestigiado por casos de abusos y descontroles, por concentración de poder e inconsistencias ideológicas. Con el objetivo de ganar más votos se vio tentado a olvidar muchos ideales liberales e, incluso, hoy día, ha pactado con un ex Presidente de la República condenado en firme por los Tribunales de Justicia por un caso de corrupción. Otra gran consecuencia, o tal vez la más nefasta, ha sido el inevitable desprestigio de parte de muchos ciudadanos hacia el concepto del liberalismo a causa de los errores de unos cuantos sedientos de poder o por la asombrosa incapacidad de nosotros mismos por explicar a las personas cómo nuestras ideas funcionan, así como por la también increíble capacidad que tienen los colectivistas de difundir su idea, en mucho ayudados por lo atractivo que suenan sus postulados para buena parte de la sociedad. 

En fin, todo esto es, hasta cierto punto, inevitable: los partidos políticos están formados por personas y las personas cometen errores, se dejan tentar por el poder y se obnubilan. Además, los partidos políticos evolucionan a medida que van creciendo y nunca se puede predecir a ciencia cierta hacia qué dirección van a evolucionar. No obstante lo anterior, en ASOJOD consideramos que si los liberales nos apartamos de la política, cometeríamos un gran error. Discrepamos un poco de Hayek pues creemos que el liberal puede y debe participar para defender sus derechos y libertades. Así como rechazamos el principio socialista de que unos deben velar por otros, que a unos les corresponde pagar para que los otros puedan tener oportunidades, que es válido que otros no asuman sus responsabilidades y se las trasladen a otros, también rechazamos que alguien más se encargue de defendernos, porque simplemente, no confiamos en que lo hagan. Por eso, tenemos que hacerlo por nosotros mismos: el imperativo kantiano de sapere aude (saber por sí mismo), se convierte en una máxima política de hacer por sí mismo. 

El liberalismo puede plasmarse en políticas públicas puntuales. Y, lamentablemente, por la configuración de nuestro sistema político y el contenido del ordenamiento jurídico,la única forma de modificar esas políticas públicas es mediante las instituciones formales, ello es, mediante los Poderes Públicos que tienen capacidad de decisión colectiva. Por ello, se necesita que buenos liberales, como lo ha demostrado ser Ron Paul en Estados Unidos, estén ahí para intentar detener todas las afrentas posibles que la fauna colectivista, bastante creativa, impulse. El reto está en mantenerse firme en sus convicciones, leal a sus principios, en no transigir sobre sus valores, algo que los Diputados que ha tenido el Movimiento Libertario, con excepción de Federico Malavassi y Mario Quirós, no han logrado. 

De ahí la necesidad de que, a pesar de las decepciones, los liberales no nos alejemos de la política. Debemos saber que si no estamos allí, nadie defenderá nuestras libertades. Por eso nos toca arrollarnos las mangas y aprovechar cualquier espacio que surja, sea en partidos liberales (retomando al Movimiento Libertario o impulsando uno nuevo, según sea el deseo de cada quien) o incursionando en otros partidos como un caballo de troya, tal como lo hizo Paul con el Partido Republicano 

viernes, 16 de noviembre de 2012

Viernes de Recomendación

Para el día de hoy les ofrecemos el discurso de despedida de Ron Paul del Congreso estadounidense. Sin lugar a dudas Ron Paul se convirtió en los últimos años en el defensor más sistemático y articulado de la libertad. Los Republicanos perdieron una gran oportunidad al no escogerlo como su candidato para la presidencia, ya que él era la única persona capaz de devolver al partido a los principios que alguna vez abrazaron. Ahora sólo queda esperar y desear que alguien más asuma su estandarte...




miércoles, 14 de noviembre de 2012

Desde la tribuna: apuntes acerca del principio de acción subsidiaria del Estado

En términos muy sencillos, el principio de acción subsidiaria del Estado es una fórmula para determinar cuándo es aceptable la intervención del Estado en un área, materia, asunto o relación.

El Derecho de la Constitución, en general, garantiza a los ciudadanos un ámbito de libertad.  Es de suyo entender que el Estado no debe intervenir en tal ámbito. El artículo 28 de la Constitución Política, conceptuado por algunos como la definición ontológica de la libertad, luego de declarar el principio de libertad que corresponde a los seres humanos (“Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.”) preceptúa, de manera indubitable, que “Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.” 

Evidentemente, tal norma constitucional impide la regulación de un ámbito de acción particular, poniendo como llave de acceso tres conceptos jurídicos, a saber, moral pública, orden público y perjuicio de tercero. Es evidente que la acción política ha procurado dar el significado más amplio a estas posibilidades de legislación. Sin embargo, allí está el límite, el cual se suma a la declaración de libertades y garantías que contiene la Constitución Política.  Lo que complica el panorama es que la Constitución también parece poner algunas llaves de intervención por otras partes (garantías sociales, derechos programáticos y otros conceptos jurídicos por determinar)

¿Cómo orientarse en la más correcta interpretación jurídica de la Constitución?  ¿Cómo definir adecuadamente los conceptos jurídicos indeterminados? Es obvio que al político siempre le estorbarán los derechos y libertades de los ciudadanos. Es indubitable, por ejemplo, que el Estado costarricense ha expropiado más que lo que ha podido pagar.  Entonces ha recurrido a otras formas de establecer limitaciones a la propiedad y a los derechos de los costarricenses. 

Por otra parte, es indiscutible el hecho de que “de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno”. Constantemente anima a legisladores y funcionarios la idea de que están tratando de hacer el bien.  Olvidan que la propuesta maquiavélica de que “el fin justifica los medios” es inaceptable en el orden constitucional. No obstante, hay un tendencia en el poder a perpetuarse, expandirse y justificarse. El político quiere ser importante, su ego requiere de agradecimientos y poder hacer cosas por su gente, quiere “pesar” y no le conviene que cada cual tenga la solución para resolver su vida, pues necesita aportarla él, que le sea reconocido y también pregonado.

Estas meditaciones van dirigidas a quienes quieren saber cuál es el límite para la acción pública, no a los que buscan invadir la vida privada, arrebatar los derechos de los demás y erigir al Estado como el director de todo. Considero elemental repasar el tema a la luz de la doctrina social de la Iglesia y del pensamiento de John Stuart Mill, según fue expuesto en su “Ensayo sobre la Libertad” (1859). El texto de Stuart Mill, citado en extenso, tiene un gran valor argumentativo. Primero aclara que el primer límite para la intervención pública es la libertad.  Dice así: 
 
“He reservado para el final toda una serie de cuestiones sobre los limites de la intervención del gobierno que, aunque se hallan estrechamente relacionadas con el tema de este ensayo, no forman, en sentido estricto, parte de él. Se trata de casos en que las razones contra esta intervención no se refieren al principio de libertad; la cuestión no consiste en saber si es necesario limitar las acciones de los individuos, sino si se ha de ayudarlos; es decir, en saber si el gobierno debería hacer, o ayudar a hacer, alguna cosa encaminada al bien de los individuos, en lugar de dejarlos obrar por su cuenta, de modo individual o en asociación voluntaria.”

Y, reiterando que deja por aparte “la infracción o violación a la libertad, viene la argumentación central, las reglas para juzgar o permitir la intervención pública en la vida de las personas (reitero, siempre que no se afecte la libertad):  

“Las objeciones que se pueden hacer a la intervención del gobierno, cuando esta intervención no implica infracción o violación de la libertad, pueden ser de tres clases.

En primer lugar, se puede decir que existe violación de la libertad cuando lo que va a ser hecho va a ser hecho mejor por los individuos que por el gobierno. En general, no hay personas más capaces de conducir un asunto o de decidir cómo y por quién deberá ser conducido, que quienes tienen en ello un interés personal. Este principio condena la intervención, tan común en otros tiempos, de la legislación o de los funcionarios del gobierno, en las operaciones ordinarias de la industria. Pero esta parte del problema ha sido ya suficientemente desarrollada en obras de economía política y no guarda particular relación con los principios propuestos en este ensayo.

La segunda objeción se relaciona más de cerca con nuestro tema. En un gran número de casos resulta preferible que las cosas las hagan los individuos y no que las haga el gobierno, aun en el supuesto de que fuera más eficaz la intervención del gobierno en un asunto dado. De ello resultaría una educación intelectual para los individuos: una especie de robustecimiento de sus facultades activas al ejercitar sus puntos de vista, que les daría un conocimiento familiar de los asuntos en que han de actuar. Ésta es la principal, pero no la única, recomendación del juicio por los jurados (en los casos no políticos); de las instituciones municipales y locales, libres y populares; de la dirección de las instituciones industriales y filantrópicas por medio de asociaciones voluntarias. No son éstas cuestiones de libertad, con la que sólo se relacionan de modo lejano, sino que son cuestiones de desenvolvimiento. No nos corresponde aquí insistir sobre la utilidad de todas esas cosas como partes de la educación nacional; pero ellas forman de hecho la educación particular del ciudadano, la parte práctica de la educación política de las gentes libres, pues sacan al hombre del estrecho círculo donde la encierra su egoísmo personal y familiar y le acostumbran a comprender los intereses colectivos y el manejo de los asuntos ajenos, habituándole a obrar por motivos públicos o semipúblicos y a tomar por móvil de su conducta ciertos puntos de vista que le aproximan a sus semejantes en lugar de separarle de ellos. Sin estos hábitos y facultades, no se puede conseguir ni mantener una constitución libre, como a menudo lo prueba la naturaleza transitoria de la libertad política en los países donde no está asentada sobre una base suficiente de libertades locales. La dirección de los asuntos puramente locales por las localidades, y la dirección de las grandes empresas industriales por la reunión de los que voluntariamente aportan los medios pecuniarios, se recomienda, además, por todas las ventajas, indicadas en este ensayo, como algo perteneciente a la individualidad del desenvolvimiento y a la diversidad de modos de obrar. Las operaciones del gobierno tienden a ser las mismas en todo lugar. Por el contrario, gracias a las asociaciones individuales, y voluntarias se consigue una inmensa y constante variedad de experiencias. El Estado puede ser útil como depositario central y propagandista y divulgador activo de la experiencia que resulte de numerosos ensayos. Su función consiste en hacer que todo experimentador aproveche los experimentos de los demás, en lugar de no tolerar más que sus propios experimentos.

La tercera y más poderosa razón que hay para restringir la intervención del gobierno reside en el grave mal que resulta de aumentar su poderío innecesariamente. Toda función añadida a las que ya ejerce el gobierno es causa de que se extienda mucho su influencia sobre toda clase de temores y esperanzas, y transforme, cada vez más, la parte activa y ambiciosa del público en algo dependiente del gobierno, o de cualquier partido que tienda a convertirse en gobierno.”

Por su parte, de acuerdo con la Doctrina Social de la Iglesia, el principio de acción subsidiaria del Estado preceptúa que el Estado, en su actuación, debe conducirse de conformidad con reglas básicas: autonomía a los particulares si realizan una labor con suficiencia y eficacia; subsidiariedad (propiamente) o complementariedad para la iniciativa privada si hay insuficiencia; y supletoridad en caso de que la actividad particular no pueda desarrollarse ni con la complementariedad del Estado.

Tal principio es desarrollado en el Código Social de Malinas (Nº 47), la Encíclica Quadragesimo Anno (Nº 79 y 80), la Encíclica Mater et Magistra (Nº 151, relativo a la iniciativa privada y la intervencnión del Estado) y en la Encíclica Pacem in Terris (Nº 26, relativo al derecho a intervenir en la vida pública, Nº 62-64, relativos a los deberes de los gobernantes en pro del bien común, y Nº 73 y 74, relativos al acceso del ciudadano a la vida pública).

Esta doctrina es fundamental en la interpretación de los textos constitucionales en razón de que la reforma constitucional de 1943, la cual incorpora al texto constitucional la norma que actualmente ocupa el artículo 50 de la Constitución (sin el añadido, claro está, de la denominada “garantía ambiental o ecológica”, incorporada según Ley de Reforma Constitucional No.7412 de 3 de junio de 1994) relativa a la las garantías sociales y la intervención del Estado en algunas áreas de la vida social.           

El texto constitucional referido dice así: 

“ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.

La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.  (Así reformado por el artículo 1º de la Ley No.7412 de 3 de junio de 1994)”.  (Se ha destacado el texto original de la reforma de 1943, para que se separe del texto de la “garantía ecológica”)".

Son muchas las demostraciones y pruebas en el sentido de que tal reforma constitucional de 1943 se inspiró y fundamentó en la Doctrina Social de la Iglesia. Baste el respecto el mensaje de reforma constitucional correspondiente, preparado por el presidente Calderón Guardia, y la obra “Los principios cristianos de justicia social y la realidad histórica de Costa Rica (Guillermo Malavassi).  A pesar de que hay de por medio una Asamblea Constituyente, el último artículo de las garantías sociales también deja constancia de tal relación, al preceptuar que:
“ARTÍCULO 74.- Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional.

De conformidad con esta reforma se originado una sistémica intervención del Derecho privado, que ha dado origen principalmente al Derecho laboral costarricense (Código de Trabajo, 1943) y al nuevo Derecho de Familia (el Código de Familia se aprueba cercenando dicha materia al Código Civil) y algunas otras muchas legislaciones posteriores."

En ellas se interviene una materia antes reservada a la legislación común y civil y se neutralizan o suprimen los principios de libertad (autonomía de la voluntad) e igualdad jurídica, propios del Derecho privado, para dar lugar a principios protectores y de naturaleza muy distinta.

La legislación e intervención del Estado costarricense en estas y otras áreas ha seguido moviéndose hacia más presencia e intervención, sin que haya suficiente evaluación de cuál es el principio orientador de dicha intervención.  Por ello es estratégico que se entienda cuán importante es determinar la existencia del principio de acción subsidiaria del Estado y contrastarlo con la legislación y actuación del Estado.

Es innegable que hay reglas intrínsecas de la propia Constitución que han de regir la interpretación de sus textos, sus alcances y los límites a la legislación y la intervención pública o gubernamental.

La Constitución de 1949 tomó como base la Constitución de 1871 la cual, a su vez, toma como fundamento la Constitución de Cádiz (19 de marzo de 1812). Quizás la reforma más profunda que tiene la Constitución es precisamente la de 1943 (sin entrar a discutir el valor de la incorporación de la Sala Constitucional en 1989). Ello, en términos simples, significa una Constitución clásica liberal con una reforma basada en la Doctrina social de la Iglesia.

Es un tanto de John Stuart Mill con los principios cristianos de justicia social.  Es una mezcla de los textos citados del “Ensayo sobre la libertad” con los principios de acción subsidiaria según la Doctrina social de la Iglesia.

Textos que, como puede verse, son muy semejantes en relación con la necesidad de entender límites a la acción pública o gubernamental, comprender la importancia de las personas hagan las cosas sin la intervención pública aún cuando no siempre las podrían hacer mejor.

Ahí quedan los textos para su contraste y estudio.  
   
Federico Malavassi Calvo

martes, 13 de noviembre de 2012

La columna de Carlos Federico Smith: responsabilidad compartida

El accidente de la grúa en la autopista General Cañas, en mi opinión, tiene dos claros responsables: la empresa Grúas Quirós, dueña del vehículo pesado, y el estado costarricense.

El primero porque es la propietaria de ese vehículo que indebidamente circulaba por la autopista sin los permisos correspondientes, sin cumplir los requisitos necesarios y definitivos para obtenerlos, además de que, en apariencia, ya había sido conducido anteriormente en tales circunstancias, incluso transitó por el mismo lugar en donde ocurrió el accidente de marras. Además, circulaba sin que fuera precedido ni seguido de vehículos que indicaran la presencia de un equipo pesado en movimiento.

El segundo porque el puente Bailey sobre el cual se accidentó dicha grúa, no contaba con las advertencias necesarias en cuanto al peso permitido para poder pasar por él, así como tampoco en cuanto a limitaciones acerca del tamaño o magnitud del equipo. Asimismo, el organismo especializado en asuntos de infraestructura vial, el LANAMME, ha insistido en que los puentes Bailey no deben durar instalados más de dos meses; esto es, que son estructuras eminentemente transitorias, temporales. La verdad es que el Bailey en donde ocurrió el accidente tenía muchos meses más de instalado. Hay uno más de esos, a pocos metros de distancia de donde se cayó la grúa, que tiene ya varios años de instalado, como es el ubicado frente al Colegio Castella. En muchos lugares del país un gobierno poco previsor ha acudido a instalar puentes Bailey, supuestamente para solucionar una emergencia, pero que casi siempre terminan siendo estructuras permanentes.

Lo cierto es que el daño ya está hecho y ahora vienen los pleitos en cuanto a su cobro. Dichos daños no son sólo por la destrucción del puente Bailey, sino que también dio lugar a que se incurriera en otros costos por el cierre a que dio lugar.  Esto es, el mayor gasto en gasolina por las presas que ha originado, al tener que desviarse el tránsito por otras rutas, así como el tiempo que pierden quienes ahora deben circular por ellas.  Asimismo, ha sido necesario el cierre de ciertas escuelas de las zonas, se han perdido citas en hospitales de la zona, ha dado lugar a mayores costos de transporte de las mercancías que deberán ser cubiertos por los consumidores. Todo ello se traduce en costos o daños para la sociedad como un todo.

El problema con el accidente de esa grúa trae a colación uno mayor, cual es el mal estado de la señalización vial en nuestro país. Desde ahora debe preocuparnos la vigilancia, en un gobierno ansioso de agarrar plata a como haya lugar, que las autoridades van a hacer en cumplimiento de los límites de velocidad permitida en nuestras vías. Esto según la nueva Ley de Tránsito recientemente aprobada. La falta de indicadores de velocidad no permite a los conductores saber con qué rapidez pueden conducir, sin incurrir en multas onerosas. Los tráficos golosos harán un festín con los conductores mal informados. 

Tal vez podríamos aplicarle la grúa a un estado que ni siquiera es capaz de poner señales, que indiquen límites racionales e informativos a quien circula por nuestras  vías.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 12 de noviembre de 2012

Tema polémico: Democracia, doxa y República


Acaban de pasar las elecciones de Estados Unidos y ya se han presentado una serie de explicaciones para dar crédito a los resultados, las cuales se han centrado, sobre todo, en el cambio demográfico que ha atravesado el país en los últimos años. Independientemente de lo anterior, el día de hoy queremos centrarnos en una serie de incentivos perversos que presenta el sistema democrático, los cuales permiten la descomposición de lo que debiera ser un verdadero sistema republicano (frenos y contrapesos, con una clara delimitación del poder estatal sobre las vidas privadas de los ciudadanos).

Para dar crédito a lo anterior queremos enfocarnos en uno de los máximos problemas: el votante medio. Nos referimos a un votante totalmente desinformado, sin conocimiento alguno en áreas fundamentales para el entendimiento de las políticas públicas (Derecho, Ciencias Políticas, Economía, Filosofía Política, Ética, etc), y divorciado de toda capacidad analítica y crítica (más que la crítica vacía y superficial de que "todos los políticos son corruptos"). En este orden de ideas nos llamó poderosamente la atención el siguiente video que ilustra este post.




Como pudieron observar, en él se aprecia un conjunto de votantes a favor de Obama quienes creen que las políticas impopulares que rechazan son del candidato contrario, cuando mas bien estas han sido políticas implementadas por el mismo Obama. No estamos sugiriendo de forma alguna que en el campo de Romney no existieran votantes de igual o mayor ignorancia, sino que lo que sugerimos es precisamente esta relación derecho sin responsabilidad, la cual se ha convertido en un verdadero problema del sistema democrático, máxime cuando tomamos en cuenta que los costos por este tipo de comportamiento irracional y desinformado no se asumen de forma directa por lo que hace aun más difícil que estas personas puedan salir de sus errores por mera praxis.

Así las cosas, no queda más que preguntarse qué hacer a este respecto. Algunos pensarían que el problema se resuelve con menos democracia (que sólo intelectuales puedan acceder al voto), pero esta en realidad no es la solución. La verdadera respuesta es el establecimiento de un verdadero sistema republicano que en razón de las competencias delimitadas del Estado vuelva irrelevante qué tan malos e ignorantes resulten ser los votantes y gobernantes. Por supuesto, queda una pregunta sin resolver: ¿cómo pasamos de este sistema democrático desbocado a un sistema republicano por medio de los mismos mecanismos democráticos? Definitivamente ese es el reto que se posa sobre muchos países en la actualidad, incluido el nuestro.

viernes, 9 de noviembre de 2012

Viernes de recomendación

Para este día, en ASOJOD nos complace compartir con ustedes el libro "La virtud del egoísmo", de Ayn Rand. En él, la maravillosa pensadora explica, a través de una serie de artículos, la filosofía objetivista que desarrolló. Esta obra es crucial para comprender su pensamiento y atestiguar el supremo amor hacia la libertad y la racionalidad que desplegó una de nuestras autoras favoritas de todos los tiempos.

martes, 6 de noviembre de 2012

La columna de Carlos Federico Smith: un viernes confusamente negro

Hace pocos días, el Ministro de Hacienda, con base en la opinión de la Dirección General de Aduanas, informó que reiteraba su decisión de aplicar los impuestos de venta y de consumo, cercanos a un 36%, a las importaciones que los ciudadanos hacemos de mercancías adquiridas en el exterior, por medio de la Internet.

De esta manera, se echó para atrás la práctica de exonerar, por hasta $500, de impuestos arancelarios que los costarricenses podíamos disfrutar, con la presentación de nuestro pasaporte a la hora de des almacenar las mercancías que importáramos. Esto resulta ser especialmente significativo en momentos en que en Estados Unidos se celebra el llamado Viernes Negro, que no es sino una enorme rebaja en los precios que los comercios de ese país otorgan, creo que en el último fin de semana de noviembre. Los ciudadanos ya nos íbamos acostumbrando a esa enorme oportunidad de estirar nuestros ingresos, gracias a la competencia y al comercio internacional.

Pero ahora Hacienda le ha dado una interpretación a nuestros derechos, de manera que exige, para que sean aplicables, que esas importaciones puedan sernos sólo enviadas por parientes, por supuesto que en cantidades no comerciales, con lo cual se impide que, por ejemplo, uno pueda importar bienes que nos llegan adquiridos en empresas tales como Amazon, Best Buy, Macy’s, Penney’s o cualquier otro chinamo comercial que a Usted le da la gana comprar, a no ser que acepte pagar los impuestos arancelarios que ahora Hacienda desea cobrarle.

Se ha escuchado la opinión de profesionales especializados en esta lides, indicando que la anterior es una simple interpretación antojadiza de parte de Hacienda (y muestra de angurria, agrego yo), pues en el país no se ha efectuado el cambio requerido a la norma jurídica pertinente, de forma que pretende impedir que la importación se pueda lleva a cabo proveniente de una empresa comercial del exterior y sólo la acepta si le es enviada por parientes que se encuentren o viajen por el exterior.

Resulta ser muy poco clara la decisión de Hacienda, en especial después de que durante muchos años no existió tal impedimento y que no ha existido recientemente nueva legislación que defina esa interpretación que ahora hace el gobierno. Esta práctica de poner impuestos por la vía de la interpretación, da lugar a mayor incertidumbre en el país y desconfianza en cuanto a la vigencia de la ley.

Por supuesto que hay que preguntarse a quién se va a beneficiar y a quién se perjudica con la nueva medida.  El gobierno sin duda que impulsa la prohibición, a fin de lograr mayores impuestos por las mayores importaciones que supuestamente ahora van a realizar los comercios formales del país.  Pero esto no es tan seguro, porque bien puede estimular, una vez más in crescendo, las importaciones ilegales, mejor conocidas como contrabando. Así, el gobierno terminaría por agarrar poco o nada, además de que, tal vez, muchos ciudadanos de forma tajante decidan disminuir su consumo de esos bienes. En síntesis, podría darse que el gobierno termine agarrando migajas de la mesa.

Pero hay otro gran ganador. Tal vez los consumidores ya habrán notado que en Costa Rica, desde hace un par de años para atrás, también los comerciantes locales decidieron reducir sus precios en ocasión  del Viernes Negro. Sin duda que ello lo provocó la práctica estadounidense y la posibilidad de los consumidores de traer los productos por Internet. Al ahora encarecerse esta última posibilidad con la decisión reciente de Hacienda, los comerciantes locales tendrán menor competencia de precios por parte del comercio extranjero y no tendrán que reducirlos tanto para poder competir por la clientela. Por supuesto que el gran perdedor en todo esto es básicamente el consumidor (y si quiere agregue aquí las empresas dedicadas al transporte y trámite de las compras que se hacen por Internet).
Los consumidores sonamos en dos vías. (1) Si hacemos importaciones por el Viernes Negro, nos azotarán con mayores impuestos y (2) quienes compran aprovechando las rebajas en el comercio local a causa  del Viernes Negro, verán como éstas ahora ya no serán tan grandes.

Parece que aún hay tiempo para el “Salacuartazo” por la interpretación arbitraria de la ley que quiere hacer Hacienda. El amparo a tiempo nos podría permitir seguir disfrutando de ese derecho ciudadano que se nos quiere quitar.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 5 de noviembre de 2012

Tema polémico: el ocaso de la democracia costarricense

El día de ayer, La Nación publicó una encuesta donde revela algo que se ha convertido en una tendencia preocupante: el aumento de la cantidad de ciudadanos que están decepcionados de la democracia y prefieren, en su lugar, un autoritarismo. Según dichos datos, 43% de los encuestados aseguraron que es mejor tener otro sistema diferente al democrático, cuando dicha variable había registrado 22% en la encuesta de 2006.

En ASOJOD observamos con temor esta situación que va in crescendo, no por la defensa axiologica de la democracia, sino por la vulnerabilidad que amenazaría los derechos individuales. Nos explicamos. En reiteradas ocasiones hemos indicado que validamos la idea churchilliana de la democracia,  por cuanto, parafraseando al célebre ex Primer Ministro británico, ella es el peor sistema de gobierno, exceptuando a todos los demás. Lamentablemente, la evolución institucional ha llegado a un punto donde el abanico de opciones en regímenes políticos no es prolífico: dictadura, monarquía, democracia y anarquía, con variaciones de grado que las acercan o alejan del "tipo ideal" utilizando el concepto weberiano. Podríamos hablar del minarquismo, que dicho sea de paso, es un modelo más acorde con las ideas que sostenemos en ASOJOD, como un sistema donde el Estado debe proteger los derechos individuales de la coerción que pueda existir en las relaciones humanas, dejando todas las demás actividades humanas sujetas a la relación voluntaria y contractual de los individuos. No obstante lo anterior, y muy a nuestro pesar, el minarquismo no ha sido aplicado, al menos con claridad y decisión, en diferentes momentos históricos. Lo mismo podríamos decir de la anarquía, que pareciera ser solo posible en colectivos muy pequeños, aunque siempre con la duda de que la propia inexistencia de reglas es una regla que anula el significado literal del término. 

Independientemente de esta reflexión teórica, lo cierto es que la historia política de la humanidad se ha caracterizado, en diferentes momentos y con gradaciones diversas, en organizaciones monárquicas, dictatoriales (muchas veces siendo el mismo monarca el mandamás totalitario) y democracia (con más o menos peso de los derechos individuales y con formas de organización del gobierno parlamentario, presidencialista o mixto). En este sentido, consideramos que los datos de la encuesta antes mencionada, aunado a la vivencia por la que han pasado la mayoría de los pueblos latinoamericanos, son motivos suficientes para preocuparnos. Si la conclusión a la que se pudiera llegar al ver los números es que la gente apostaría por un modelo minarquista, celebraríamos con algarabía; pero el panorama no es tan alentador. Tristemente, cuando se observa que el porcentaje de personas que expresamente preferirían el establecimiento de un gobierno autoritario pasó de 11% en 2006 a 22% en este año, los temores comienzan a tomar fuerza. 

Si de ese 43% apuntado en el primer párrafo que prefiere un sistema diferente al democrático, un 22% expresamente escoge el autoritarismo, es dable pensar que el 21% no debe tardar mucho en convencerse de lo mismo. Si a eso se le suma el descontento manifiesto de la ciudadanía con el proceso electoral, reflejado en el abstencionismo (que ha subido como la espuma en los últimos tres comicios nacionales), entonces cada vez se vuelve más probable que unos pocos elijan a quien gobierne el país y con la flacidez institucional, el mal diseño de las reglas de juego constitucionales y la concentración de poder en pocas manos, no parece tan descabellado pensar que pronto el cerco contra la libertad se irá estrechando. 

Como lo dijimos antes, el motivo de nuestra preocupación no es la democracia per se, sino la protección de los derechos y libertades individuales. La democracia tiene muchísimos defectos, especialmente porque es un modelo que permite o posibilita la tiranía de las mayorías y aunque la teoría y práctica de los derechos humanos ha avanzado hasta un punto donde en casi todas las latitudes se impide que las mayorías decidan sobre algunos derechos de las minorías, lo cierto es que todavía persisten enormes violaciones a ese principio, especialmente en materia económica, donde se legaliza e institucionaliza el robo del producto del trabajo individual mediante impuestos, se empeña el futuro de las personas con endeudamiento estatal, las regulaciones que políticos y burócratas imponen a empresarios y trabajadores, etc. 

Y todos estos problemas se agravarían en caso de un gobierno autoritario. Si ya de por sí, el nuestro es un sistema político de partido hegemónico, en el cual el PLN tiene prácticamente copados todos los puestos de poder y la oposición es sumamente débil, desarticulada y golpeada por diferentes cuestionamientos (muchos de ellos impulsados por un sistema judicial parcializado), la existencia de un gobierno autoritario formalmente instaurado complicaría más la situación. No queremos ni imaginarnos cuán grave sería la amenaza contra las libertades económicas, así como las civiles y políticas. Sin duda, el escenario es, cuando menos, aterrador.

A pesar de nuestro tono negativo, no todo está perdido. El sistema político y el régimen democrático costarricense deben reinventarse para poder satisfacer los deseos, expectativas, intereses y valores de los ciudadanos. Se requiere mucha más participación de estos, más espacios políticos, mayor desconcentración de poder, fortalecimiento del sistema republicano de frenos y contrapesos, más libertad, menos Estado y un compromiso de los actores políticos para hacer las modificaciones correspondientes. Aunque suene difícil, todo pasa porque el ciudadano comience a exigir más poder y hacer valer sus libertades y derechos, en lugar de cruzarse de brazos y sentarse a esperar que los cambios surjan por sí solos.

La democracia costarricense, al menos en la forma en la que la hemos conocido desde hace años, está agotada y su ocaso se acerca. Depende de nosotros los individuos lo que surja en su lugar: un totalitarismo al estilo de los demás países latinoamericanos o una minarquía respetuosa de los derechos y libertades.

viernes, 2 de noviembre de 2012

Viernes de Recomendación

El día de hoy les queremos presentar dos videos. Ambos videos analizan el sistema democrático y otros sistemas de gobierno colocando énfasis en el daño que puede causar la tiranía de las mayorías sobre la libertad de grupos minoritarios en sistemas democráticos si los mismos no están supeditados a un Estado de Derecho en el que haya certeza de que las libertades individuales de las personas no peligren por designios de las mayorías.


The American Form of Government

Should Majorities Decide Everything?

jueves, 1 de noviembre de 2012

Jumanji empresarial: ¿comer qué?

Hoy en día, en nuestra vida cotidiana, las fuentes generadoras de ansiedad son numerosas, tales como cumplir con las fechas que impone nuestra agenda de trabajo, las reuniones aburridas que debemos atender, ciertos compromisos sociales que se nos presentan como impostergables, y muchas más. Pero, de todas las causas del síndrome de ansiedad (reacción autonómica destructiva que incluye hiperventilación y vasoconstricción, a la par de una decadencia inmunológica general), la más preocupante es la causada por la continua preocupación que nos causan las alertas de tipo de alimentario.

Y es que no resulta extraño, en la actualidad, sentarse a una mesa servida de alimentos deliciosos, o abrir una bolsita de algún bocadillo empacado, sin que alguien nos advierta de los peligros del contenido de grasa, azúcar, sal, condimentos y otros ingredientes comunes que existen en dichos alimentos. Estas intervenciones, por lo general no solicitadas, más que educarnos sobre aspectos nutricionales, terminan - en la mayoría de los casos - elevando nuestros niveles de ansiedad alimentaria. De esta manera, afectamos negativamente nuestro sistema digestivo y limitamos nuestras ayudas mecánicas y biológicas como la masticación y salivación, todo lo cual provoca que saturemos el estómago de alimentos mal procesados, sin la previa activación, por la parte de los sentidos, de aquellos mecanismos de producción de ácidos biliares y enzimas necesarias para que la comida nos alimente y no nos enferme.

Es importante tomar en cuenta que, en el proceso de nutrición, el QUÉ iguala en importancia al CÓMO, CUÁNDO y el CUÁNTO de nuestra ingesta diaria. No vamos a elucubrar, aquí, sobre las virtudes o deficiencias de la actual pirámide alimentaria, recomendada por los llamados expertos en nutrición; pero, a mi juicio, ella hipermagnifica el tema de la ingesta diaria de macronutrientes, necesaria para una vida saludable, al no tener en cuenta las diferencias en capacidad y estabilidad metabólica de los individuos.

Más allá de tal pirámide, nos enfrentamos en nuestro tiempo a muchas otras luces rojas - muchas veces exageradas - con nombres complicados: grasas trans, índice glicémico, calorías (métricas, comunes), sodio, mercurio, toxinas, alérgenos y otros ¡demonios! nutricionales, resaltados en las tablas nutricionales de publicación obligatoria, pero de lectura macro. Este nuevo marco alimentario hace que los seres humanos perdamos nuestra disposición instintiva de seleccionar, por la vía de nuestros sentidos - olfato, vista, gusto y aun tacto - los alimentos que comemos y disfrutamos.

Es cierto que no todas las grasas son iguales, que las insaturadas para “algunas” personas son mejores que las saturadas, y que las hidrogenadas lidian mejor contra la oxidación, pero estas tienden a favorecer la formación de colesterol y a causar daños al endotelio en personas propensas genéticamente. También es cierto que excederse en azúcar no es adecuado, sobre todo para los diabéticos, aunque cabe aclarar que el azúcar no es la causa de la diabetes tipo II, sino mas bien tiene sus raíces en una disbiosis intestinal y el síndrome metabólico que esto conlleva, aunado a una posible propensión genética. Y así, podríamos seguir elaborando argumentos acerca de las ventajas y desventajas de cada nutriente, olvidándonos de lo realmente importante: se come con los sentidos y no con el estómago.

Hay que disfrutar de la totalidad de la experiencia gastronómica, dejando que el olfato perciba una por una las especies aromáticas y, de este modo, preparar a la vesícula para que logre concentrar la mayor cantidad de bilis y para que las glándulas salivares cumplan la función de proveer a la boca la cantidad necesaria de saliva saturada de enzimas digestivas. A la hora de introducir un alimento en la boca, es mejor hacerlo lentamente, generando expectativa y masticando sin prisa, con el objeto de que la lengua sea estimulada con los desprendimientos iónicos de la sal, glutamatos, ácidos y otros exaltantes de sabor, completando de tal forma la maravillosa experiencia del buen comer. Con gran convicción, puedo asegurar que esta renacida sensibilidad se hará cargo de llevarnos hacia un mejor estado de salud física y, paralelamente, hacia una mayor comprensión de los diferentes efectos que cada alimento puede generar en nuestro cuerpo.

En la nutrición, muchas veces, lo que se deja de comer, es aun más importante que lo que se come. La disbiosis intestinal, es según recientes estudios, la causa más relevante de propensión a enfermedades crónicas como la diabetes, obesidad, síndrome de colon inflamado, cáncer y otras. El constante ataque a nuestro sistema digestivo, por exceso de uso de antibióticos, anti inflamatorios, alcohol y por la falta de consumo de fibras solubles e insolubles (prebióticas), nos hace vulnerables a la inestabilidad metabólica crónica y sus manifestaciones clínicas.

Tampoco es conveniente satanizar comidas específicas, como los bocadillos empacados,  dado que no existen comidas buenas o malas sino; sino más bien,  son los malos hábitos de consumo y actividad los que causan problemas.  Además, numerosos estudios han demostrado que la causa de condiciones crónicas, como la obesidad y la diabetes, no están relacionadas específicamente con el consumo de bocadillos variados.  Para muchos, los bocadillos y refrescos higiénicamente elaborados, o las comidas rápidas y de bajo costo, son la única fuente de energía de bajo costo a la que tienen acceso durante el día, lo que convierte a estos productos en verdaderas soluciones de consumo. Por esta razón, es inconveniente hacer sentir mal a los jóvenes que voluntariamente los consumen o a los trabajadores que con orgullo los producen.

Andrés Pozuelo Arce