viernes, 21 de diciembre de 2012

Viernes de recomendación

Para este viernes de recomendación, en ASOJOD queremos compartir con ustedes un interesante artículo de Tom Palmer, titulado "Los orígenes del Estado y el gobierno", donde se explica la forma en que surge esa organización política que tenía como fin primordial la protección de los derechos de los individuos pero que degeneró en un monstruo que, al día de hoy, tiene sus garras en prácticamente todas las actividades humanas, dejando de proteger a ese individuo y convirtiéndose en su peor enemigo.

miércoles, 19 de diciembre de 2012

Desde la tribuna: mentalidad burocrática

Ciertamente, hay necesidad de administrar las cosas, ello es innegable.  La acción gubernamental requiere administración y esto también es innegable. El problema surge cuando la función se vuelve un fin en sí misma y no un medio para cumplir los fines de la organización social.

La sociedad existe porque hay organización (normas y gestores), eso no es el problema.  El punto radica en cuánta norma es necesaria y cuánta organización es justificable. Varios pensamientos insisten en el principio de acción subsidiaria del Estado como un evaluador o medidor permanente de la acción pública. La doctrina social de la Iglesia ha llegado a expresar, además, “tanto Estado como sea necesario, tanta sociedad como sea posible”.

El mecanismo de suspensión de garantías, existente prácticamente en todas las Constituciones políticas, existió incluso en las más liberales (pero, por supuesto, no en tan gran extensión como aparece en algunas de las actuales). Ello es una muestra de que, ante ciertas situaciones concretas, se admite que el Gobierno o la Administración Pública tenga incluso potestades excepcionales (situaciones de urgencia y emergencia). El problema es que dentro de la sociedad el Estado pesa cada día más y, además, dentro del Gobierno la burocracia también pesa cada día más. Por consiguiente, la sociedad tiene que soportar una burocracia cada día más pesada. Pero no se trata solo de su peso en kilogramos (que es mucho) sino en su ideología. Cuando John Stuart Mill abogaba por una limitación del poder público, explicaba que aparte de que la mayoría de las veces las personas hacen mejor lo que les es atinente (frente al poder) y de que incluso cuando no es así resulta apropiado que lo hagan para que aprendan, también sucede que el poder tiene una tendencia a justificarse, perpetuarse y fortalecerse.  

Aunque ahora se denomina “burocracia” a la organización y al conjunto de servidores públicos, las restantes dos acepciones del DRAE son absolutamente precisas y evidentemente peyorativas: “3. Influencia excesiva de los funcionarios en los asuntos públicos” y “4. Administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas”.

En una institución autónoma promedio, la mayor parte de los integrantes de la Junta Directiva (con excepción, obviamente, de la Presidencia Ejecutiva) devenga una dieta de unos ₡40,000.oo por sesión.  Ello resulta en unos ₡160,000.oo al mes, de los cuales se deducen los importes tributarios. Con esos recursos (pago por su tiempo) se enfrentan a la Presidencia Ejecutiva, a las Gerencias y demás dependencias que tienen altos salarios y todo el tiempo del mundo. Aparte de ello, algunos se ponen la “camiseta” de la institución a la van a dirigir.  Resultado: uniformidad burocrática.

Por ello no es de extrañar que terminen “volviendo el rótulo para adentro”, en alusión a una supuesta práctica inconveniente para el cantinero, pero imperdonable para el funcionario público. Ello explica la fruición burocrática con que se le espetan al pobre administrado frases como “falta un timbre”, “hoy no se puede”, “no hay sistema”, “tiene que venir mañana o la próxima semana”, “eso no se puede hacer”, “ya se le venció el tiempo”, “tome su ficha”, “haga fila en la otra ventanilla”, “no es tan fácil como usted cree” o “el encargado está de vacaciones”.

No es de extrañar que, en la mentalidad burocrática, sea más importante el régimen de retiro, la pensión privilegiada, que el espíritu de servicio. No es de extrañar que los burócratas hagan mentalidad de cuerpo en todas las dependencias públicas y tiendan a comportarse de manera similar. Y, por supuesto, es perfectamente explicable que esta mentalidad no admita el silencio positivo, los derechos de los ciudadanos, el valor de la libertad ni la importancia de la responsabilidad.

La mentalidad burocrática siempre tenderá a pedir más requisitos, a no valorar el tiempo de las personas, a obstaculizar la libertad ajena, a minimizar los derechos ciudadanos, a encontrar excepciones a las reglas de simplificación, a molestarse con los plazos cortos, a maximizar los defectos de una solicitud y minimizar los vicios de la actuación pública.  Con gusto convalidará las nulidades públicas pero, con más placer aún, denunciará las imperfecciones privadas.  

Desdichadamente, la inflación jurídica y el activismo legislativo se alían con la mentalidad burocrática, cargando a la sociedad de leyes y requisitos, de tramitomanía y exigencias, de sanciones y prohibiciones, junto con una relativización de las libertades públicas.  

¡Esa es la realidad!  Hay que hacer un esfuerzo por detener tal inercia y poner las cosas en su lugar.

Federico Malavassi Calvo

lunes, 17 de diciembre de 2012

Tema polémico: el indulto

En los últimos días, el tema del indulto que el Poder Ejecutivo dio, aparentemente a petición y/o por gestión del Diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Manrique Oviedo, ha despertado muchísimos comentarios. Nuevamente surge la discusión acerca de la intromisión de poderes al hablarse de un presunto favor político para que el finquero, condenado a 20 años de prisión por intento de homicidio, recibiera el perdón e, incluso, se ha llegado a plantear la posible salida del legislador en caso de que se compruebe que actuó indebidamente, o al menos, esa es la versión que han dado algunos miembros de su partido.

Fuera del caso particular al que nos enfrentamos, que puede tener sus aristas interesantes, solo nos provoca mencionar, para efectos de la polémica, que la supuesta gestión del Diputado se dio en el contexto de la alianza entre el PAC y el Gobierno para aplicarnos un paquetazo de impuestos (tiempo en el cual Oviedo era Jefe de Fracción del PAC y principal defensor del aumento fiscal en la Asamblea Legislativa). Aparte de ese detalle -que por sí solo genera mucho más de qué hablar- en ASOJOD queremos concentrarnos en el tema de fondo: la naturaleza del indulto. 

Este instrumento se encuentra consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, particularmente en el inciso 2) del artículo 147 de la Carta Magna, que dispone que corresponde al Consejo de Gobierno, bajo la dirección del Presidente de la República “ejercer el derecho de gracia en la forma que indique la ley". La remisión que hace el constituyente al legislador ordinario, al disponer “…en la forma que indique la ley”, se desarrolla en el artículo 90 del Código Penal, que señala que el "indulto aplicado a los delitos comunes, implica el perdón total o parcial de la pena impuesta por sentencia ejecutoria, o bien su conmutación por otra más beneficiosa y no comprende las penas accesorias”.

No obstante, para nosotros, esta figura tiene sus problemas. Empezando por el más evidente, al permitirse que una  sentencia debidamente emitida por los Tribunales de Justicia, sea modificada, reducida o suprimida por el Poder Ejecutivo, se roza con el absolutismo monárquico de siglos atrás, donde el Jefe de Estado, el monarca, otorgaba el perdón como una concesión graciosa y una muestra soberbia de su poder absoluto. Más que un acto de perdón, los indultos se han convertido en una suerte de espectáculo público, donde quien ocupe la Silla Presidencial otorga su perdón cuasi divino frente a los medios de comunicación, a cambio de lágrimas y agradecimientos que rememoran el rito medieval del beso al anillo del monarca y que en nada contribuyen ni al respeto de los derechos de las víctimas ni a la consolidación de un sistema democrático en la cultura política de los costarriceses. Y por supuesto que, en tiempos modernos, este acto tiene una connotación político-electoral de gran peso: es un mensaje claro para los beneficiados y sus familias, por lo que no es de extrañar que se construyan agradecimientos perennes que, en los próximos comicios, se convertirán en votos para el partido del mandatario que firma el perdón.

En el mismo orden de ideas, el indulto implica otra gran afectación. Efectivamente es una forma de intromisión del Poder Ejecutivo en las decisiones del Poder Judicial. A ver: si los tribunales siguen el debido proceso, investigan la aparente comisión de un delito y encuentran responsables que son condenados, ¿por qué razón el Consejo de Gobierno, sin conocimiento a detalle del caso y de su impacto -especialmente para las víctimas y sus familias- decide suspender esa pena y otorgarle el perdón al condenado? ¿No debería corresponderle esa competencia al Poder Judicial, apoyado por el criterio técnico del Instituto Nacional de Criminología?

Nos parece que  es muy peligroso que la posibilidad del perdón por un delito quede en manos de un Consejo de Gobierno que tiene todos los incentivos para utilizarlo con objetivos políticos, sea para ganar votos en el futuro o para demostrar, con arrogancia, su poder.

viernes, 14 de diciembre de 2012

Viernes de Recomendación


En el siguiente vídeo, George Roche III y F. A. Hayek presentan una discusión sobre justicia social

martes, 11 de diciembre de 2012

La columna de Carlos Federico Smith: la ONU y el control de la internet

Costa Rica debe tener una posición clara y firme acerca de lo que está en proceso de discusión en Dubái, en torno a regulaciones que la Organización de Naciones Unidas tendría sobre la Internet. Dicha reunión se realiza, sospechosamente, en forma secreta y no está abierta al público interesado.

La pregunta que uno se formula es ¿por qué la ONU busca regular una institución como la Internet, la cual funciona eficientemente en un marco de libertad? Ya sabemos que la ONU es un cuerpo político que en muy diversas ocasiones ha tomado decisiones, que no precisamente favorecen el ejercicio de la libertad. Mi impresión es que la ONU desea posesionarse de lo que hoy funciona eficientemente en manos privadas. Posiblemente sea con el fin adicional de crear un impuesto mundial (como si no tuviéramos suficientes con los nacionales y locales), a fin de lograr recursos para sus objetivos propios.

La apertura es la base de la Internet. No se vale aducir que es para luchar en contra de los cibercrímenes, como ejemplos la pedofilia y el narcotráfico, que se hace necesario el control de la Internet por parte de la ONU. De hecho ya las naciones están organizadas al respecto. Lo que más bien va a suceder es abrir la oportunidad a naciones totalitarias o muy cerca de serlo, para que se facilite el control de sus ciudadanos “inconformes” y desafectos, quienes podrían organizarse por dicho medio, para luchar contra gobiernos que no quieren. Ejemplo han sido los recientes sucesos en Oriente Medio, en donde los pueblos han usado la Internet para comunicarse y organizarse en contra de tiranías, aunque a veces más bien haya servido para caer en otras.

En todo caso también hemos visto como en poderosas naciones como China y Rusia y en otras menos importantes, como Cuba, a los blogueros se les ha controlado, imponiendo sus gobiernos limitaciones acerca del uso de la Internet. Esta restricción a la libertad se facilitaría mediante controles generalizados impuestos a través de las Naciones Unidas. Pero también la medida promovería una desintegración de una red que, por definición, es universal. De esta forma, cada país podría instaurar sus propias reglas restrictivas, alterando el libre flujo de comercio e información que hoy se disfruta con la Internet. Esa balcanización estimularía el proteccionismo deseado por algunas naciones. El mismo impuesto pretendido por la ONU, supuestamente con el propósito de que esos recursos se destinen a naciones menos desarrolladas en el uso de la Internet, tendría un costo enorme al limitar la libertad mundial de comercio y el derecho de las personas de estar libremente informada.  

La lucha por la libertad nos exige el mantenimiento de una Internet libre y abierta, tal como lo es en la actualidad. No debemos permitir que haya una apertura a la censura, que siempre pretenden lograr los dictadores, como medio para refrenar los derechos de los ciudadanos. Los mercados libres, al igual que los sistemas democráticos y las sociedades que consideran deseable vivir en libertad, requieren la existencia de un flujo de información libre. Precisamente lo que pretende la ONU es que esa libertad quede sujeta a la voluntad de sus burócratas y de sus políticos, a quienes nunca los hemos elegido.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 10 de diciembre de 2012

Tema Polémico: Querido Santa

10 de diciembre del 2012

Santa Claus
El Polo Norte

Querido Santa,


Se acerca la navidad y queremos aprovechar para hacerte algunas peticiones. Tal vez nos puedas ayudar pues sentimos que aquí en Costa Rica la situación en vez de mejorar está cada vez peor. La lucha por la libertad es cada día más difícil. Los que abogamos por una sociedad más libre y próspera somos cada vez menos e inclusive ha costado que en ocasiones nosotros mismos nos podamos poner de acuerdo. Es por esto que hemos decidido este año solicitar tu ayuda. Mucho nos gustaría que nos pudieras ayudar con lo siguiente:

  • Una reforma fiscal que implemente disminuciones significativas en los impuestos hasta llegar a contar con tasas impositivas bajas y fáciles de cumplir.
  • Una reforma laboral que elimine la regulación del Estado sobre los contratos de trabajo en los individuos y las empresas.
  • El cese inmediato de financiamiento de gastos corrientes del Estado por medio de deuda.
  • Un mercado sin monopolios impuestos por el Estado.
  • Una eliminación de requisitos y regulaciones sobre la apertura y desarrollo de los negocios.
  • Una disminución de la regulación sobre el sector bancario.
  • Una eliminación total de las regulaciones en precios y cantidad de oferentes de productos y servicios.
  • Una apertura del mercado de combustible seguido del cierre de RECOPE
  • El cierre de muchas instituciones públicas que no aportan nada
  • La implementación del sistema de voucher educativo y la salida del Estado de la administración de las instituciones educativas.
  • Un sistema de salud no estatizado, donde exista libertad de escogencia y la gente solo pague por lo que usa
  • Un cobro de marchamo acorde con la realidad de nuestras calles
  • El fin de la guerra contra las drogas y de la legislación intervencionista que esta provoca
  • Infraestructura vial de calidad, o al menos, decente
  • Que el Estado deje de regular el amor, y que todos los matrimonios (incluidos los heterosexuales) sean dejados a la libre voluntad de los contrayentes.
  • Que se les permita a las personas morir dignamente.
  • Una República como forma de gobierno donde el Estado de Derecho predomine sobre los antojos de las mayorías.
  • Un sistema judicial que persiga y gasto guíe a los delincuentes 
  • Una prensa que deje de pedir leyes como si el Congreso fuera una fábrica de confites
  • Un sistema educativo no masificado, donde exista libertad de escogencia y valoración de las características individuales
  • Un Estado que deje de perseguir a quienes desarrollan actividades económicas
  • Un gobierno que respete los derechos y libertades individuales. 
  • Un cambio en la forma de elección de nuestros presidentes,  diputados y magistrados hacia una más abierta y democrática en la que los gobernantes tengan la obligación de rendir cuentas constantemente.
  • La existencia de mecanismos para revocar el mandato a presidentes, diputados y magistrados


En términos generales mucho de lo que te hemos pedido se puede resumir en la siguiente:

Que en nuestra sociedad predominen los valores de respeto a la vida, la libertad y la propiedad y contemos con un Estado pequeño cuya función se limite a garantizar el respeto de esos tres derechos fundamentales

Se despiden,

Miembros de ASOJOD

martes, 4 de diciembre de 2012

La columna de Carlos Federico Smith:redistribucionismo en los seguros de marchamo

La incertidumbre campea en cuanto al pago del marchamo de los automóviles.  No sólo existen diversos recursos en la Sala Constitucional solicitando una revisión de los montos cobrados por valuaciones inapropiadas, que de acogerse podrían dar lugar a rebajas en los montos por cobrar, sino que también el seguro obligatorio, que forma parte de ese marchamo, está igualmente cuestionado en distintos ámbitos. Todo hace que tal vez sea prudente para el consumidor no pagarlo ahora, sino hasta después. Si hubiera algún grado de certeza de que se le devolvería automáticamente lo pagado de más, en caso de que uno cancele lo que ahora se le está cobrando y posteriormente se determine una reducción del monto, pues no habría tanto problema.  Pero la verdad es que no es confiable que se le vaya a devolver ese dinero pagado de más o, si es que se lo devuelven, lo sea sufriendo miles de peripecias y papeleos.

Unido a lo anterior, está el enredo con el cobro del seguro obligatorio a los motociclistas, quienes se niegan a pagar de acuerdo con su siniestralidad. Eso no sería tan problemático a no ser porque los demagogos de siempre ya andan proponiendo que, porque los motociclistas son “pobrecitos”, se no les debe cobrar un monto tan elevado por el seguro obligatorio y que, lo que a ellos se les rebaje, sea recargado a los “no pobrecitos” dueños de automóviles. La verdad es que la forma en que se debe cobrar el seguro obligatorio no es un asunto de equidad, que simplemente se resuelve cobrándole menos a los motociclistas y más a los automovilistas.  Ese seguro debe ser cobrado de acuerdo con la siniestralidad –esto es, tomando en cuenta la frecuencia y los costos por los daños que estadísticamente sufren ambas formas de transporte- y no según presunciones de riqueza de sus respetivos dueños. Se supone que así lo está haciendo el Instituto Nacional de Seguros. Pero, ¿verdad que usted conoce motociclistas muy ricos que andan en sus BMWs u Hondas o Harley Davidsons, quienes con el arreglo propuesto pagarían poco? ¿Y, a la vez conoce usted a muchos quienes con apuros apenas poseen un carrito y que ahora terminarán pagando mucho más? El propósito de un seguro no es redistribuir riqueza, sino proteger al asegurado y a terceros ante los riegos. Esos riesgos pueden ser claramente definidos según sea el tipo de automotor. 

Una posible solución al problema es eliminar la cobertura obligatoria a los motociclistas y que en el mercado haya seguros voluntarios, en donde cada cual pueda adquirir un seguro según sus necesidades y su disposición hacia el riesgo.  De hecho, eso se hizo parcialmente el año pasado, cuando se redujo el monto obligatorio por asegurar.  Sin embargo, a final de cuentas, esa medida lo que simplemente hace es un traslado del riesgo, siendo entonces el Seguro Social (es decir, todos nosotros) el que termine asumiendo los costos debido a los daños físicos causados en los accidentes de tránsito, en vez de los propios motociclistas a través del seguro obligatorio pagado por cada uno de ellos. Eso pasa siempre que se socializan los riesgos. Se concluye estimulando a aquellos que tienen más accidentes, pues no tienen que pagar lo que verdaderamente cuestan, a la vez que se castiga a quienes tienen menos accidentes.  En este caso, la propuesta antes citada de transferir los costos de los motociclistas a los automovilistas lo que hace es premiar a los primeros y castigar a los segundos.  Por eso, ¿por qué mejor no dejar que cada cual libremente elija lo que juzga conveniente en cuanto a su aseguramiento y poder determinar si, a su debido costo relacionado, aceptan o no cubrirse de dichos riesgos?

Jorge Corrales Quesada

lunes, 3 de diciembre de 2012

Tema Polémico: ¡Al fin pegó una!



Como lo saben todos nuestros lectores, en ASOJOD hemos sido sumamente críticos del pésimo desempeñó de la Administración Chinchilla. Incluso, en ciertos momentos pensábamos que probablemente no habría nada que destacar durante los cuatro años de su mandato, pero afortunadamente estábamos equivocadas.

Está semana, la Presidente Chinchilla declaró de cara a las reuniones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que se encuentra a favor de un internet “libre y abierto”. Como se podrán imaginar este no es un tema menor, Internet es probablemente uno de los últimos espacios que no es encuentran excesivamente regulado y al cual todavía los burócratas, tecnócratas y políticos no han logrado micro-manejar. Internet, es sin duda el espacio relativamente más libre en comparación al resto de quehaceres humanos en la actualidad, precisamente es este grado de libertad el que ha permitido el desarrollo sin límites y fronteras que hoy conocemos. De ahí la importancia de las declaraciones de la Presidente, máxime en un contexto donde muchos especulan con el deseo de regular el acceso al Internet, su contenido incluso o gravarlo con impuestos. Ahora más que nunca, el Internet necesita ser defendido de todos aquellos que pretenden regularlo y controlarlo, para así lograr seguir disfrutando de todas sus posibilidades y ventajas.

No cabe duda alguna que doña Laura se puso una flor en el ojal con esta decisión, no podemos más que desear que esta misma lógica de más participación, libertad, autonomía e independencia impere en otras políticas públicas, lo cual las volverá igual de dinámicas que el Internet mismo.