viernes, 20 de diciembre de 2013

Viernes de recomendación: el maestro de obras y el cabeza caliente

En esta ocasión, queremos compartir con ustedes unos vídeos que nos envió un amigo lector que reflejan, en pocos segundos, la realidad de las propuestas de Johnny Araya y José María Villalta.

miércoles, 18 de diciembre de 2013

Desde la tribuna: ¿quienes proponen libertad y razón?

En cierto modo, todos somos cómplices del clientelismo electoral.  Ello por cuanto no acentuamos suficientemente lo importante en la campaña electoral y dejamos que decurra el juego de las promesas, ofrecimientos y demagogia.

¿Cómo empezó?  Ha sido una larga historia.  Ofreciendo cosas, prometiendo casas, endulzando el oído con supuestas reivindicaciones hasta que, a final, todo se ha enredado y nos desenvolvemos en un ambiente diferente.

Porque todos se van poniendo superlativos.  Uno pone el bono de la vivienda, el otro ofrece que sea gratuito, aquel ofrece bono más algo y finalmente repartimos y repartimos y la sociedad va como el cangrejo, “p’atrás”.

¿Será tan difícil proponer cosas honestas y útiles, productivas y llenas de responsabilidad?  ¿Por ejemplo, contratación administrativa apropiada, transparente y racional?

¿Será que ya no se puede hablar de promover el trabajo, la creación de fuentes de empleo sostenibles, un ambiente propicio para la generación de empresas y que el trabajo y el salario rindan?

¿Será que ya no se puede hablar de racionalizar la tramitomanía que azota a nuestra sociedad y de desintoxicar al Estado de tanta permisopatía y burocracia?

¿Será que ya no es atractivo hablar de libertad, del derecho de cada cual a construir su vida con su esfuerzo y trabajo, de la responsabilidad de asumir la labor de sacar adelante las familias con la dirección de los padres de familia?

¿Será que ya es imposible hablar de una educación de calidad, exigente y liberadora?

¿Será que se ha vuelto complicado hablar de un sistema jurídico racional, razonable, respetuoso de la libertad y de la iniciativa personal?

¿Tanto nos hemos complicado y pervertido?

¡Qué triste!  Todos repartiendo los bienes de los demás como si no hubiera derechos, ofreciendo lo que el inútil Estado es incapaz de dar, prometiendo normas y leyes como si allí estuviera la posibilidad.

Quisiera saber cuánta gente está dispuesta a revertir tan fatal tendencia y apuntarse a una sociedad inteligente, en el cual rinda el trabajo, el esfuerzo y la responsabilidad, en la cual impere la razón y el respeto, en la cual se pueda trabajar y no se sufra la constante amenaza de un estatismo irresponsable y de una burocracia llena de gollerías y privilegios.

Quisiera saber cuántos estamos dispuestos a luchar contra los monopolios y burocracia que nos encarece la vida, que nos impone falsas verdades, que impide el desarrollo y solo piensa en paquetes tributarios.

Estoy seguro de que muchos de quienes engrosan las filas del abstencionismo están ahí porque perciben la grosería de las promesas y la demagogia, de la corrupción y el estatismo, de los privilegios y la complicación.

Federico Malavassi Calvo

martes, 17 de diciembre de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: otro desvarío del gobierno venezolano

Hace poco el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la creación de un Viceministerio de la Suprema Felicidad. Tendrá como función –con todo y ese rimbombante nombre- de coordinar a las más de 30 misiones sociales que hay en ese país. Se nombró así para honrar a Chávez y a Bolívar. Se supone que así trascienden los criterios del estado de bienestar, considerado como un avance social en el marco del capitalismo.

Las autoridades venezolanas interpretan como felicidad cuando el estado regala viviendas, electrodomésticos, efectivo y otra serie de cosas. Tan sólo faltaba plasmarlo en un decreto creando ese viceministerio.  Sin embargo, me parece un irrespeto enorme que aquel logro tan inusitado y descollante, se circunscriba a un simple viceministerio y no a un ministerio. No se merece esa bajada de piso.  Es de esperar que ahora, con este reconocimiento del estado de felicidad que se vive en Venezuela bajo el gobierno chavista y el de su sucesor Maduro, abundarán el papel higiénico, la leche, el azúcar, el café, el aceite y la margarina, que hoy los “mentirosos” opositores dicen que escasea en ese país y que es, por tanto, causa de infelicidad.  Les aseguro que esa inflación ignominiosa del 50% anual, que también “inventaron” esos mismos mentirosos, se quedará muy corta. 

Los gobernantes venezolanos creen que el estado es el que da la felicidad a los ciudadanos.  Llamados al “bien común” o al “bien público”, son las razones para actuar “por el bien del gobernado”. Pero existen tantas ideas diferentes acerca de lo que es la felicidad, como seres humanos hay. Lo que importa es ver cómo una sociedad logra que esos individuos puedan buscar su felicidad. Es errada la creencia de esos gobernantes venezolanos, al igual que la de otros tantos similares en la historia humana, que la sociedad de alguna forma es un ente capaz de experimentar la felicidad. Los individuos son los únicos que pueden definir su felicidad, la cual ellos buscan.  Si lo que prima en una sociedad es que esa búsqueda de felicidad la defina un gobierno o un gobernante y no por cada uno de esos individuos, se estará en presencia de un gobierno despótico, absoluto. En una nación de siervos el rey tirano decidía cuál era la felicidad de sus súbditos. Algo parecido sucede hoy en Venezuela.

En una sociedad lo esencial es que se posibilite que los individuos puedan buscar la felicidad, según su propia concepción, de una manera simultánea y sin que haya conflicto. Se logra tan sólo cuando los individuos poseen derechos en un orden social. En los hechos y en la moral, el bien público se da cuando existe protección y preservación de la propiedad –que incluye la vida, la libertad y todas las cosas que una persona posee. El bien común lo promueve un gobierno si protege los derechos de los individuos. Sólo así es posible que en un orden social los individuos puedan buscar su propia felicidad, mediante el intercambio voluntario de toda índole. En él todos ganan, pues, de no ser así, no participarían de él. Por eso se requiere que la gente pueda actuar en libertad. Que lo haga según sus propios juicios, sin que haya compulsión o fuerza por la cual se les imponen sus decisiones.  

El gobierno venezolano no promueve la protección y preservación de los derechos de los individuos, sino que define la felicidad y que, como lo atestigua el nombre de su viceministerio “de la felicidad suprema”, no es más que una sarta de regalías y transferencias estatales. Ese gobierno recuerda a un soberano omnímodo quien goza de derechos absolutos e inalienables y al que no le interesa la vigencia de los derechos de los individuos.  La arrogancia de ese gobierno -de creerse el supremo dador de la felicidad de los ciudadanos- es la novedosa representación de un viejo absolutismo, que ahora corroe la política latinoamericana.

Aunque fingen o lo ocultan, hay seguidores domésticos de las políticas disparatadas de los gobernantes de la Venezuela de hoy. Si pretenden electoralmente llegar al poder, tienen la obligación moral de ser honestos con la ciudadanía acerca del rumbo que quieren imponerle al país. Difícilmente las personas podremos buscar la felicidad o el bienestar propio, si de hecho no se garantizan nuestros derechos. No es aceptable que nos sea impuesto un criterio de felicidad para todos y cada uno de nosotros, cuando en última instancia eso no es más que la creencia coercitiva particular, de algún pretendiente iluminado de turno y quien aspira a gobernarnos.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 16 de diciembre de 2013

Tema polémico: De los reyes desnudos

Para aquellos que les gusta seguir la política estadounidense no resultará una sorpresa el presente artículo, ya que el día de hoy queremos sugerir una serie de paralelismos entre la campaña política del 2008 que llevó a Obama a la Casa Blanca, y el boom del cual hoy goza el candidato del Frente Amplio José María Villalta.

Sin duda en ambos eventos históricos hay grandes similitudes tanto respecto a los candidatos, así como a las condiciones externas que los rodean.

Primeramente en cuanto a los candidatos debemos resaltar que ambos al estar nominados contaban con muy poca experiencia política, lo cual les permitía venderse como una especie de “outsider”, un producto fresco, nuevo, alejado de los vicios recurrentes de la clase política tradicional y del sistema político imperante, lo cual les generó un gran apoyo entre la población joven que sueña con “cambiar el mundo”, mismo que se ve reflejado en el dominio de ambos de las redes sociales. Por último, nos interesa resaltar la excelente oratoria de ambos candidatos (entendida por ésta la manía patológica de decirle a las masas lo que quieren escuchar, nunca lo que deben), fundada en la idea de crear chivos expiatorios que invisibilizaran sus carencias de experiencia así como de propuestas, en el caso de Obama sin duda fue Bush (a pesar de que sus políticas han sido puntos más puntos menos las mimas), y en el caso de Villalta dicho demonio lo personifica el “¿neo?liberalismo.

En cuanto a las condiciones externas que los rodean debemos destacar dos factores sumamente peligrosos, máximo cuando los mismos se mezclan. Por un lado tenemos una prensa absolutamente acrítica, incapaz de cuestionar a ambos candidatos así como sus propuestas, y por otro lado un séquito de simpatizantes fanáticos que han concedido cualidades cuasi-mesiánicas a su candidato, y que no les interesa hacer análisis crítico de sus propuestas, sino simplemente hacer excusas cada vez que se ve mal (tal y como ocurrió con la entrevista de Alberto Padilla). Estas afirmaciones queremos sustentarlas con dos ejemplos sumamente ilustrativos: a) El primero de ellos son unas declaraciones de Villalta en  donde indica celebrar la revolución china, una revolución que sólo llevó pobreza y sangre a un pueblo afligido. En este caso, nos interesa destacar como prácticamente nadie ha cuestionado a Villalta por dichas manifestaciones, mas bien le han permitido salirse con la suya. Evidentemente, este tipo de trato preferencial es impensable para cualquier otro candidato, simple y sencillamente imagínense el escándalo que se armaría (con justa razón) si por ejemplo Otto Guevara indicara que el celebra el golpe de estado en Chile por parte de Pinochet. b) El segundo evento que nos interesa destacar es el hecho de que el Frente Amplio tenga nombrad como noveno puesto a Diputada a San José a un payaso (literalmente a un payaso), se imaginan si esto lo hiciera otro partido político por ejemplo Liberación, se pueden imaginar el sin fin de chistes, burlas, memes y chotas que esto hubiera generado, pero desafortunadamente las cosas nunca se miden con la misma vara.


Realmente es triste el panorama tan pobre analíticamente hablando y tan servil que estamos viviendo en estas elecciones, ojalá que el pueblo costarricense no tenga que pasar por lo que pasó el estadounidense: elegir a un producto que es simplemente imagen, para darse cuenta al final del día que eltraje les quedaba grande…

miércoles, 11 de diciembre de 2013

Desde la tribuna: ¡Uy Recope! Cada día peor

El periódico La Nación informa que Recope cada día está más endeudada, recurriendo al crédito externo (bancos en el extranjero) para pagar la importación de combustibles.

¡Qué calamidad y qué pesadilla con este desdichado monopolio!  No solo nos tiene arruinados sino que, además, endeudados.  No solo tenemos problemas con la calidad de los combustibles sino que, de remate, tiene sus finanzas hechas un verdadero desastre.

Resulta que la inversión millonaria en dólares (entre 25 y 50 millones de dólares) para la aventura de la refinería china no es sino una raya más pa’l tigre en que está la desventurada sociedad anónima monopólica.

Lo más risible es que se informa que la culpa es de la Aresep (la reguladora de tarifas) por no aumentarles los precios de venta.  ¡Estamos fritos!

Los empleados de Recope (me niego a usar la palabras “trabajadores”) gozan de una convención colectiva llena de privilegios y gollerías.  Ello resulta en el trabajador de energía más caro del país (dejando atrás -¡y por mucho!- a los nada baratos empleados del ICE, quienes también gozan de una serie de privilegios.  

Es discutible e incluso hay denuncia penal el modo en que se aventuraron recursos en el desgraciado tema de la refinería china, que se encuentra complicado por la falta de entereza en lo sucedido, por contratación considerada torticera y por enredos que han merecido artículos enteros.

Sin embargo, el vocero de Recope aduce que la falta es de la Aresep.  ¿Por qué mejor no nos dan libertad para importar y comerciar combustibles?  Ahora, además, tenemos una entidad paraestatal (un ornitorrinco jurídico) endeudado y que nos arruina a todos.

No hay historia de monopolio de este tipo que termine bien.  Siempre hay trampa, vicio, manejo discutible e información trucada. 

Hasta el Banco Central (cuéntennos por cuánto andan sus pérdidas) ve con ojos de riesgo la situación de endeudamiento de la refinería que no refina.  No obstante, ha autorizado reiteradamente el anormal endeudamiento.

¡Claro que hay riesgo de desabastecimiento!  ¡Qué relajo de administración!  Más pendiente de la refinería china que de hacer las cosas bien.  Es el colmo en un monopolio.  Y, esto es elemental, hay responsabilidad directa en el Poder Ejecutivo, el cual hace de junta de accionistas de esta particular sociedad anónima, por culpa in eligendo y culpa in vigilando.  

Por supuesto que la responsabilidad la tienen también quienes aprobaron este anormal monopolio  (diputados) y quienes no han querido reconocer la inconstitucionalidad que nos azota (magistrados).  Pero, es obvio, hay un manejo político incapaz de llevar el asunto por buen camino. 

Federico Malavassi Calvo

martes, 10 de diciembre de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: para elevar la calidad de nuestra educación

Casualmente desde hace semana y media tenía escrito un borrador de este comentario, cuando medios de prensa divulgaron recientes resultados de Costa Rica, en que lo que se denomina pruebas del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (mejor conocidas como pruebas PISA). Estas muestran los resultados de 65 países en el 2012.  Este año el énfasis fue en Matemáticas. Las pruebas comparativas se realizan cada tres años, concentrándose alternativamente en Matemáticas, Lectura y Ciencias.

El resultado de nuestro país no sorprende, pues en el mejor de los casos sólo refleja un estancamiento en lo que debe ser un progreso, dados los propósitos expresados desde hace ya bastante tiempo por nuestras autoridades, de mejorar nuestro sistema educativo. Desafortunadamente la enfermedad más bien empeora con el paso del tiempo. Costa Rica en esta última prueba PISA de matemáticas apenas un 40% alcanzó el nivel 2 en una escala de 7. Sólo un 40% alcanzó lo que PISA denomina como “básico”. El 36% de los 4.600 estudiantes ticos evaluados quedó en el nivel 1 inferior y un 24% ni siquiera alcanzó ese nivel 1 (considérelo, si le parece, impropio de seres humanos).

Comparativamente nuestro sistema educativo va para atrás como el cangrejo.  El país en el 2009 logró, de acuerdo con PISA, un porcentaje en matemáticas de 409.  En el 2012 bajó al 407. Si se le valora con respecto a lo logrado por otros 64 países evaluados, Costa Rica quedó 87 puntos por debajo del promedio. Menos que mediocres.
 
Si el lector desea saber cómo nos ha ido en lectura, pues el país sólo bajó –sí, ligeramente, gran cosa, como si eso nos llenara de orgullo- de un índice de 443 en el 2009 a uno de 441 en el 2012. En esta prueba apenas un 67% de nuestros estudiantes mostró tener un dominio básico de la lectura. Algo parecido sucedió en el área de ciencias, pues de 430 en el 2009, bajamos –de nuevo, consuelo de tontos- a 429 en el 2012. Seguimos casi iguales en cuanto a insignificantes.
 
Dice una importante información periodística de La Nación del 4 de diciembre, que “Costa Rica junto con Uruguay fueron los únicos dos países latinoamericanos que en esta ocasión no progresaron (yo enfatizo ese no) en ninguna de las tres evaluaciones aplicadas”. Para agregar la paradoja a este triste resultado académico, en la exuberancia política que vivimos en estos días, uno ha señalado a Uruguay como modelo a proseguir, aunque, ante estos hechos, rápidamente aclararía que no se refería al campo educativo, sino al político.
 
En nuestro medio las autoridades educativas, desde hace unos años para atrás al igual que ahora, han enfatizado que la aparente solución a nuestro mal desempeño educativo radica esencialmente en dotar de más fondos públicos (obviamente a la educación estatal). Por esta razón considero necesario que luego exponga un esfuerzo que se viene haciendo en otro país con algún grado de éxito. Parece que allí pesan relativamente más otras cosas que la simplona y repetitiva provisión de más recursos gubernamentales, como explicación de los avances educativos que han ido obteniendo. Como la escasez de fondos no es privativa de sólo algunas naciones –como nosotros- tal vez podamos aprender de experiencias exitosas acerca de hacer mejor las cosas, que se llevan a cabo en otras naciones. Así podríamos desechar tanto blablá ministerial y lograr poner en marcha un interés nacional amplio, que nos faculte mejorar nuestro sistema educativo, principalmente de la educación pública primaria y secundaria. 

Pretender fascinarnos con que, si destinamos en el presupuesto gubernamental  un 8% del Producto Interno Bruto de nuestro país para la educación, lograremos mejorar sustancialmente nuestro sistema educativo, ha probado ser una ilusión engañosa, una falsedad más propia de un oportunista juego político. Algunos se han quejado de que -ignorando las serias dificultades financieras del estado- no hemos ni siquiera llegado a financiar ese 8% y que se hace necesario lograrlo ya, pues es la condición sine que non nuestro sistema educativo público puede progresar. Esto es, sólo piensan en que lo requerido es echarle más y más plata a los presupuestos destinados a la educación, aunque los resultados no parecen indicar mejora alguna. Eso lo evidencian los últimos resultados PISA para el país. (Si se sumara al gasto estatal actual lo que muchos costarricenses destinan para la educación primaria y secundaria privada para sus hijos e hijas, posiblemente ya estamos excediendo ese alucinante 8% del PIB destinado a la educación).

Creo que es necesario –en un sentido figurado- hacer un alto en el camino y que, además de los ciudadanos en general, políticos bien intencionados –Dios quiera que los haya- mediten acerca del rumbo al empobrecimiento al que nuestro sistema educativo estatal guía a nuestros niños y jóvenes. Enfatizo la necesidad de que diversas personas bien intencionadas, preparadas, que no sólo anden buscando puntos políticos, aunque, mirándolo bien, si actuaran en tal sentido la sociedad los valoraría apropiadamente, se dediquen a pensar seriamente acerca de las medidas convenientes que debemos tomar para mejorar nuestro modelo educativo.

En el 2010 se formó en los Estados Unidos un movimiento Students First (Primero los Estudiantes) para transformar la educación pública de esa nación. Actualmente lo conforman más de dos millones de personas y opera activamente en 18 estados.  Se indica que “ha ayudado exitosamente a que se aprueben más de 110 políticas centradas en los estudiantes de todo el país”.  Información y resultados de aquel movimiento pueden obtenerse en www.studentsfirst.org Lo dirige la educadora Michelle Rhee, estadounidense de origen surcoreano, quien ha sido Canciller de las Escuelas Públicas de la ciudad de Washington D. C.

Brevemente indicaré cuáles han sido las tres prioridades de este movimiento, cuya motivación para el éxito de su tarea, es perfectamente aplicable, tal vez con ligeras variables, a nuestro actual sistema educativo primario y secundario.

El primero se refiere a tratar a los maestros como profesionales, mediante evaluaciones diversas que midan los impactos de sus acciones en los estudiantes.  De esta manera se define la efectividad de un maestro en función de resultados y no de antigüedad; o sea, no de acuerdo con los años de enseñanza, sino con sus alcances y trascendencia. Asimismo, el sistema de pago para tales educadores se fundamenta en la calidad de su desempeño, en vez del sistema actual que lo que hace es garantizar la permanencia de los maestros… aunque no sirvan para eso.

Un segundo objetivo es empoderar a los padres de los estudiantes; esto es, facultarles, otorgarle poderes, para el escogimiento o elección de las escuelas a las que asistirían sus hijos e hijas. Ese empoderamiento se incentivaría mediante la creación de fondos de becas, para ser gastadas en aquellas escuelas que a los padres les parezcan convenientes o deseables. Muchos de estos recursos provendrían del ahorro de recursos, que ya no se gastarían como ahora.

El tercer objetivo fundamental es el rendimiento de cuentas acerca del dinero pagado por los contribuyentes. Al igual que en Costa Rica con el 8% del PIB obligatoriamente dedicado a la educación que antes comenté, en los Estados Unidos los fondos gubernamentales para ese fin se han incrementado notoriamente. Pero no se ha hecho en función de mejorar los logros de los estudiantes.  Mucho se ha ido al pago de salarios con base no en la efectividad del educador sino en otros criterios, como, por ejemplo, anualidades, títulos obtenidos por el maestro, zona de ubicación del centro educativo, etcétera. El nuevo objetivo consiste en usar claramente los recursos para llenar las necesidades educacionales de los niños y niñas y no de satisfacer intereses personales extra-escolares o de gremios particulares. Esto último explica mucho del rechazo que inicialmente tuvo el programa Students First, por parte de las asociaciones sindicales de maestros y profesores de las escuelas públicas estadounidenses.

La estrategia de reforma del sistema educativo de primaria y secundaria, llevado a cabo gradual pero firmemente en varios estados de los Estados Unidos, parece que empieza a dar buenos resultados.  Una evaluación muy reciente del National Assessment of Educational Progress (NAEP) –que me permito traducir como Evaluación Nacional del Progreso en Educación- entidad que goza de un elevado prestigio en cuanto a evaluaciones del sector, muestra evidencia del éxito de programas educativos centrados en los estudiantes (como el descrito de Students First). Tennessee y Washington D.C. han sido dos de los lugares en donde mayor retraso académico mostraban sus estudiantes y en donde se puso en marcha el programa Students First, con la colaboración plena de los ciudadanos y de los grupos políticos, tanto demócratas como republicanos. Los recientes resultados mucho mejores obtenidos en matemáticas y en lectura respecto a años previos, según el NAEP demuestran que “invertir en la calidad de los maestros y en estándares académicos más elevados, producen resultados reales para los estudiantes”.

Parece que la clave del éxito que se empieza a observar allá y que ojalá sea útil para nuestro país, sin prejuicios ni divisiones inconscientes o mal intencionadas que sin duda surgirán, se sustenta en cuatro aspectos claves, pero imprescindibles: (a) aplicar múltiples medidas de evaluación del desempeño de maestros y profesores; (b) promover un fuerte desarrollo profesional, en donde se liguen los resultados con las remuneraciones; (c) definir estándares educativos más altos que los actuales; esto es, una mayor exigencia de resultados del aprendizaje es parte integral de la reforma educativa y (d) estimular la mayor participación de los padres, principalmente en cuanto a que ellos puedan escoger libremente los centros educativos, a los que desean que asistan sus hijos e hijas.

Difícilmente con nuestro actual sistema educativo podremos lograr un fuerte crecimiento económico, caracterizado por empleos bien remunerados. Reformar apropiadamente nuestro sistema educativo podrá ser lo que haga la diferencia entre un futuro empobrecido, desigual, injusto e indeseable, de otro en donde las personas puedan desarrollar libremente sus mayores habilidades, de forma que puedan lograr vivir mejor, que posiblemente sean más felices y, sobre todo, que ese futuro se caracterice por brindarles la posibilidad de progresar y que no tengan que vivir inevitablemente en una abyecta miseria física y moral.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 9 de diciembre de 2013

Tema polémico: la reforma al Reglamento Legislativo, morituri te salutant

Mucho se ha criticado el "atraso" en proyectos de ley producto de la oposición que realiza uno o varios diputados que utilizan los recursos que el Reglamento de la Asamblea Legislativa (RAL) ofrece: mociones, uso de la palabra, ruptura de quórum, consultas y otros. Incluso, se ha acuñado un término para señalar peyorativamente a quienes hacen uso de esos mecanismos: filibusterismo parlamentario.

Sin duda, el término busca no sólo insultar y desacreditar el trabajo del Diputado sino también ponerlo como un traidor de la Patria, como el causante de que un proyecto "país" no se apruebe. Esta premisa, bastante falaz y tendenciosa, parece calar hondo en los analistas y periodistas que, curiosamente y a contrapelo de la propia seriedad profesional que pregonan, casi nunca se toman el tiempo de leer los proyectos de ley y, mucho menos, analizar su trasfondo, por lo que se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que no entienden de lo que están hablando. Pero bueno, eso no es sorpresa en un país donde hablar de honestidad intelectual es como hablar de magia y otras cosas sobrenaturales. 

Hasta la fecha, solamente unos pocos Diputados habían logrado impedir que se aprobara una reforma al RAL tendiente a reducir la oportunidad de hacer oposición, soportando la crítica, el insulto y la amenaza. Pero parece que esa opción ya se desvaneció. Recientemente se aprobó una moción para que una reforma a ese cuerpo normativo,tramitada bajo el expediente legislativo N° 18.127, pase al 1° lugar del Orden del Día del Plenario, misma que cuenta con el apoyo de casi todos los partidos políticos, quienes están impulsando su votación afirmativa antes del receso legislativo (23 de diciembre).

Argumentan que esa reforma es para generar gobernabilidad, para aprobar las cosas que el país necesita, para respetar el poder de una mayoría que sabe lo que hace, que no se equivoca, que solo tiene buenas intenciones y que únicamente asume posiciones responsables con la nación. Como decía un Ministro en esta nefasta Administración cuando se desempeñaba como profesor universitario, "si todas las vacas del mundo comen pasto, no pueden estar equivocadas". 

No obstante, al revisar el texto resulta evidente que su intención es  acallar a la oposición, quitar esos escollos que a muchos parece estorbarles: la denuncia, la argumentación, el debate, el análisis y la reflexión para dar paso al decisionismo irresponsable, a la ausencia de lectura y comprensión. Hay que aprobar por aprobar, sin importar qué diga el texto; hay que alcanzar un número determinado de leyes al final de la legislatura para que nos consideren eficientes, sin importar si lo aprobado sirve de algo. Esta práctica, bastante extendida entre muchísimos de los Diputados, no sólo de ahora sino de anteriores periodos, es la manifestación criolla de aquella escena de la película de Los Simpson en la que el Presidente Schwarzenegger dice, cuando le presentan una serie de propuestas que ni siquiera se toma el tiempo para revisar, "fui escogido para tomar decisiones, no para leer".

Sin embargo, esto no es así ni puede ser así. El RAL es una herramienta muy valiosa para la discusión parlamentaria. Barrantes y Solano, en su obra "Modelo explicativo de los niveles de acuerdo de la Asamblea Legislativa, concluyeron que la redacción actual del RAL, aunque no es perfecta, es muy positiva para defender el principio democrático y los derechos de las minorías, para evitar la tiranía de las mayorías, al tiempo que privilegia la construcción de acuerdos sobre la decisión mayoritaria, es decir, la negociación, el intercambio, el juego de suma positiva frente a la imposición, el capricho y el juego de suma cero que tanto parece gustarle a nuestros políticos. De ahí que les resulta tan incómodo el RAL y por eso lo culpan de todos los males posibles y se desbocan por modificarlo para dar rienda suelta a sus ocurrencias.  

Empezando por lo básico, antes que nada, el Parlamento es un espacio de representación política y, por tanto, en el que las diferentes fuerzas políticas exponen sus valores, ideas y propuestas, las contrastan y las debaten para tomar decisiones, no necesariamente para aprobar leyes. El Parlamento no es una fábrica de leyes: su función no es convertir cualquier iniciativa en ley ni puede ser evaluada con los mismos criterios de productividad que una maquila. El papel del Diputado es representar a sus votantes, a las personas que por su afinidad programática e ideológica le encomendaron su representación en el Parlamento.

Por su naturaleza, el Parlamento es para "parlar", para debatir, para exponer ideas y defender argumentos, para generar discusión entre las partes. La lógica de la dialéctica es exponer una idea y que esta sea contrarrestada, contraargumentada. La lógica del debate es que mediante ese toma y daca, se pueda finalmente concluir que uno tiene razón y el otro no. La intención es que la decisión, no la aprobación automática como algunos pretenden, sea lo más razonada, lo más reflexiva y lo más correcta.

Una reforma como la que se plantea en la Asamblea Legislativa va contra esos principios. Privilegia solamente la ocurrencia y la irresponsabilidad, el capricho y la imposición, disfrazados bajo el concepto de "gobernabilidad", olviando que ese término refiere a las actuaciones de los Poderes Públicos en espacios considerados como legítimos por los demás actores del sistema político y que esa legitimidad no es solo depende del origen del mandato -en el caso costarricense, de una elección que le da mayoría a un partido representado en la Asamblea- sino también del ejercicio del poder delegado, es decir, de la forma en que lo utilizan dentro del marco generado por las reglas del juego y el apego a los valores, expectativas e intereses de los actores políticos.  

Pero parece que nada de eso importa. Solo importa lo que el Ejecutivo y la prensa ordenan. Hay que aprobar -no discutir para valorar su conveniencia o no- las iniciativas que desde Zapote, desde Llorente, desde la Uruca o desde la Sabana se dice que hay que aprobar. No hay espacio para dialogar, mucho menos para negociar -de por sí toda negociación es satanizada- ni derecho a disentir. Quien se opone es malo; quien apoya es bueno. Quien se opone es filibustero, quien apoya es patriota. Y lo peor de todo es que los partidos, incluidos aquellos que otrora defendían el RAL, se han creido el cuento y caído en ese juego maniqueo. Por eso ahora, por la conveniencia electoral, dan su apoyo al cuchillo que, en un futuro, será utilizado para su propia ejecución. 

Recuerden estas palabras si se aprueba la reforma y el Ejecutivo envía su proyecto de más impuestos: Ave Caesar, morituri te salutant ("Los que vamos a morir, te saludamos"). Ya no habrá posibilidad de oponerse, ya no habrán recursos para hacerlo: las mociones serán menos, la posibilidad de desecharlas será mayor; el uso de la palabra muy reducido, la opción de convencer a los otros, nula. Ya no habrá quién pueda defendernos. Aquella frase de un Diputado liberacionista "pa' eso tenemos mayoría" al fin se hará realidad.

viernes, 6 de diciembre de 2013

Viernes de Recomendación

El vídeo de la "Filosofía de la Libertad" se ha vuelto todo un clásico y nos parece que este un buen momento para que todos ustedes, nuestros lectores, lo recuerden en cara a las próximas elecciones. Tengamos mucho cuidado a la hora de escoger a nuestros gobernantes.


jueves, 5 de diciembre de 2013

Jumanji empresarial: la "maldita" política

Las condiciones de la competencia política son tan duras, que los estadistas y los políticos profesionales contemporáneos, no tienen tiempo para dedicar a los estudios filosóficos o históricos, que podrían darles una mayor perspectiva y sabiduría.

Desde luego, los contados políticos de los últimos decenios que estuvieron en términos más íntimos con el pasado histórico ( Jose Figueres Ferrer, Rafael Angel Calderon Guardia) no estaban a salvo de cometer errores. Pero si su influencia fue más profunda y duradera, quizá se debió a que tenían la clara conciencia de vivir dentro de una corriente histórica continua que los impulsaba y que a la vez los limitaba.

Al tomar actitudes y decisiones políticas, la gente puede invocar la ley divina, la ley natural y la teoría del contrato social, o apelar al sentimiento de la continuidad (continuismo) al que son sujetos, aunque no sea de su agrado.

Pero hoy en día, parece que estamos a punto de perder estos puntos de referencia, y nos inclinamos a favor o en contra de las ocurrencias mediáticas del momento.

Vivimos en una sociedad donde la política y el Estado se han vuelto elementos demasiado relevantes en nuestras vidas. Cómo disminuir esta relevancia, para lograr llevarnos mejor es el gran reto que se nos presenta para el futuro.

De manera que, o reducimos la política a las reglas técnicas del éxito, o tratamos de disolver nuestra existencia entregándonos a cualquier devoción fanática y absurda, o, en dado caso, procuramos enajenarnos de la vida a través de una diversidad de acontecimientos insignificantes que nos aturden y que terminaran convirtiéndonos en autómatas del “maldito” sistema político.

Andrés Pozuelo Arce

miércoles, 4 de diciembre de 2013

Desde la tribuna: déficit

La moneda es una de las grandes invenciones humanas.  Ha servido para fomentar el cambio de bienes y servicios (abandonando el trueque y la permuta), ha acelerado las relaciones comerciales y económicas, ha servido como valor y representación de la riqueza.

Con el tiempo, el Estado se la apropió y la monopolizó.  Primero modositamente en forma de patrón oro y equivalentes.  Con el tiempo los diques se rompieron y vinieron los desastres.

La inflación es uno de los males más graves.  Es un azote contra quienes menos tienen (pues los dueños de bienes de fortunas casi siempre se acomodan mejor).  No obstante, la mentira política convence a los desposeídos que es en su favor y de la quimera de la soberanía monetaria que el Estado provoca inflación.  He oído a algunos defenderla a capa y espada como un mecanismo de redistribución y demás especias.

El déficit fiscal (originado en el incumplimiento de normas constitucionales) es una pesada carga para todos.   Su origen estricto radica en el incumplimiento del juramento constitucional de los gobernantes, pues es prohibido presupuestar de manera que se genere este gran daño para la sociedad.

No obstante, las causas van haciéndose cada vez más complejas.  Muchas de ellas son la falta de oficio, capacidad y exigencia en la labor pública.  Otras van por el lado del clientelismo político.  No pocas van parejas con la corrupción.  Algunas van con las gollerías y privilegios.

Así es.  Se gasta más de lo que se puede y se olvida la función de escoger lo principal, de establecer prioridades y de atender lo primero y esencial.  Luego viene lo demás, pues una vez que se han brincado la cerca, entonces se da una desmoralización general.

Obviamente, hay quienes se aprovechan directamente de tan mal manejo económico:  obtienen transferencias directas, convenciones, privilegios, altos salarios, porcentajes presupuestarios y demás prebendas.  

No hay neutralidad.  Es algo como aquello de que “después de mí, el diluvio”.  Se trata de ordeñar los presupuestos públicos en la idea de que, aunque el mal sea general, “yo agarré algo de primero y me aprovecho”.  

En algunos países el déficit es causa de inflación.  En el nuestro es un mal  que se suma al mal manejo que hace el gobierno de moneda y presupuesto.  No hay agallas para hacer las cosas bien y a muchos les resulta cómodo y conveniente encogerse de hombros y dejar que las malas cosas pasen.  

Los que están en el sistema tendrán que pagar no solo con desposicionamiento económico sino con sangre tanta irresponsabilidad.  Cada vez recibiremos menos prestaciones públicas (a las que tenemos derecho), cada vez los servicios públicos serán más malos, cada vez será más difícil para la empresa privada desempeñarse y generar empleos, cada vez habrá menos posibilidades de que la sociedad se desintoxique de la postración y falta de habilidad.  Algunos tendrán sus privilegios, pero todos sufriremos y algunos más que otros.

Tendremos un Estado más grande, más gastón, más inútil, menos apto y mucho dinero en pagar deudas.  Menos inversión pública, más necesidad de buscar otras fuentes de financiamiento y una desilusión general.  Las empresas no gustan de los países con mala infraestructura, pésima seguridad, atraso judicial, sistema escolar que cada día enseña menos, puentes en mal estado, colapso del tránsito, carreteras deshechas, servicios públicos caros y malos.

Tampoco es halagüeña la perspectiva de más impuestos, sobre todo si van a parar en el pago de comilonas ajenas, de deudas originadas en manejo irresponsable de la economía y de privilegios y gollerías.  

Desde hace meses se ha acelerado el crecimiento del déficit, del endeudamiento y del propio gasto público.  ¡Qué doloroso para los futuros años!.

Federico Malavassi Calvo

martes, 3 de diciembre de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: Venezuela avanza hacia al totalitarismo

Recientemente la Asamblea Nacional de ese país aprobó la llamada Ley Habilitante, la cual le permite al presidente Maduro actuar con poderes extraordinarios, sin las limitaciones propias de una democracia de frenos y contrapesos.  Para lograr tan descomunales facultades, el gobierno usó como pretexto “la lucha contra la corrupción y la guerra económica”. Maduro podrá gobernar mediante decreto durante un año y las leyes que emita serán de carácter obligatorio. El presidente de Venezuela, al recibir de sus diputados la recién aprobada Ley Habilitante, les dijo: “Ustedes han visto apenas las primeras acciones contra la burguesía”.  El control de precios y de utilidades, además de persecuciones contra los “especuladores” (posiblemente de “opositores del gobierno”) caracterizarán los próximos meses del gobierno de Maduro.

Este Poder Habilitante abre un nuevo umbral para la entronización gradual de un estado totalitario en Venezuela. De un gobierno que buscará ejercer un control centralizado, absoluto y total, de todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos, en donde los individuos estarán totalmente subordinados al poder del estado.  Sin empacho alguno, ello se hace en nombre del bien para el pueblo. Lo dice Maduro: “con la ley habilitante no me puede parar nadie para proteger al pueblo”.

Rescato un aspecto de todo ese proceso, cual es el argumento de que se requiere de una casi total irrupción del estado en la vida de sus ciudadanos, principalmente con su intercambio de bienes y servicios, con el objetivo de “acabar con la corrupción”. La paradoja radica en que, entre más interviene el estado en la actividad económica, mayor presencia tendrá la corrupción.  Lo que se conoce como corrupción usualmente surge porque hay individuos dispuestos a pagar a funcionarios públicos, para que se les excluya de la aplicación de ciertas regulaciones o limitaciones.  A su vez, estos últimos están dispuestos a hacerlo a cambio de una paga o de alguna forma de remuneración.

También surge la corrupción cuando personas sobornan o brindan oportunos “financiamientos políticos” a encargados de formular leyes para que aprueben alguna forma de protección o subsidio, que les permita aventajar a otros competidores tanto del momento como potenciales.  Por ejemplo, mediante el otorgamiento de subsidios con fondos públicos o con la imposición de aranceles que les protejan de la competencia externa.

También hay corrupción cuando se presenta el robo directo o disimulado de parte de funcionarios encargados de cuidar los haberes del estado, cuya vigilancia les fue encomendada.  Recientemente lo hizo una ex alta funcionaria del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), quien llevó a cabo negocios indebidos con empresas de la bolsa estadounidense (compartió el chorizo).  Asimismo, cierto alto funcionario venezolano -aún en pleno ejercicio del poder- públicamente fue mencionado en una grabación inesperada de Mario Silva -un caído en desgracia director de un periódico amarillista del gobierno venezolano, La Hojilla- quien señaló “que el Presidente de la Asamblea Nacional había obtenido una gigantesca fortuna a través de corruptelas que operaba con CADIVI” (el ente gubernamental Comisión de Administración de Divisas).  Divisas logradas a tasas preferenciales, a un precio favorable mucho menor que el vigente en los mercados.

En nuestra campaña política actual llama la atención que haya políticos que, paradójicamente y con un alto grado de liviandad, proponen aumentar significativamente el activismo estatal, a la vez que expresan su enojo por una evidente corrupción en el sector público.  No es posible que no se hayan dado cuenta de que, entre mayor sea la participación del estado en nuestra vida política, mayor es el campo en que florece la corruptela. Ojalá que los ciudadanos, cuyos votos les piden ahora, no se coman ese cuento. Fueron y son sabias las palabras de Lord Acton: El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 2 de diciembre de 2013

Tema Polémico: Sindicalistas hipócritas

Durante semanas los empleados de los EBAI administrados por la Universidad de Costa Rica permanecieron en cese de labores dado que se alzaron en huelga. Fue la Universidad de Costa Rica la que decidió rescindir del contrato con la Caja Costarricense del Seguro Social pues lo que la Caja les pagaba no era suficiente para mantener los EBAI funcionando sin generar pérdidas. La razón es muy sencilla, los empleados de la Universidad de Costa Rica ganan mucho más de lo normal y la situación ya no era sostenible.
 
No es de extrañarse. Lastimosamente las condiciones diferenciadas de los empleados públicos a causa de convenciones colectivas abusivas han sido muy frecuentes en este país y es una de las principales causas del por qué el Gobierno Central está tan endeudado. El problema radica en que durante todo el tiempo que duró la huelga lo que alegaban los empleados públicos era que la CCSS estaba privatizando la salud pues le traspasó la administración de los servicios de salud a una universidad privada que, por supuesto, estuvo dispuesta a hacer exactamente la misma labor a un costo mucho menor que el costo abusivo que quiso imponer la Universidad de Costa Rica.
 
Hipócritas. Esa es la palabra que mejor le calza a ese grupo de sindicalistas. Alzarse en huelga y levantar disgustos de la población por medio del engaño alegando algo que claramente no es cierto. Los servicios de salud garantizados por la CCSS en ningún momento se estaban privatizando. La medida que trasladar la administración del servicios de salud a un grupo privado lo ha utilizado la CCSS por muchos años más y, exceptuando algunas excepciones como lo es claramente el caso de la UCR, ha dado en términos generales mejores resultados que cuando el servicios es administrado por la misma CCSS.
 
Esto no es privatización pues la gestión y la garantía del servicio continúan en manos de la Caja. Es más, En ASOJOD creemos que esta figura debería aplicarse para todo el servicio de salud pública. La CCSS no debería ponerse a administrar los servicios de salud pues la experiencia siempre ha demostrado que el Estado no es y nunca será bueno para administrar empresas ni instituciones. Claro ejemplo es el la UNIBE que por un precio mucho menor que el exigido por la UCR va a lograr prestar los servicios de salud cabalmente y de paso dejarse una ganancia.

La hipocresía radica en que esto lo saben claramente los sindicalistas de la UCR pero prefieren alegar privatización (que lastimosamente la han satanizado en este país a pesar de que es todo lo contrario) antes de admitir lo obvio. Los empleados de la UCR quieren seguirse ganando sus jugosos salarios inflados a expensas de todos los ciudadanos que pagamos el seguro social. Sin vergüenza. Solidaridad? Bien común? … mentira. Estos sin vergüenza buscan como cualquier otro ser humanos el bien individual pero lo hacen de la manera más desleal, a punta de engaño en detrimento de otras personas.

viernes, 29 de noviembre de 2013

Viernes de Recomendación

Para aquellos quienes no han tenido la oportunidad de observarlo, les presentamos la entrevista realizada por Alberto Padilla al candidato Jose María Villalta, sin duda deja mucho que pensar, por lo que los invitamos a verla y sacar su propias conclusiones.


miércoles, 27 de noviembre de 2013

Desde la Tribuna: Programas de Gobierno según el Estado de la Nación

Un especial artículo de La Nación ha tomado un particular criterio del 19º Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Sostenible, relativo a los programas de gobierno propuestos por las agrupaciones políticas para las elecciones de 2010 (las pasadas, no las que están por realizarse).

Curiosamente, el estudio (pareciera que no hay otra cosa mejor que hacer con este dicho Informe de la Nación) destaca que, en su mayoría, “los partidos políticos no exponen cómo pretenden cumplir lo que proponen a los votantes en campaña electoral.”

Alguien se dio a la tarea de contar y determinó que “Para los comicios nacionales del 2010, las nueve agrupaciones con candidato presidencial ofrecieron más de 2.400 objetivos para el país. Sin embargo, casi 1.300 (el 53%) carecían de una política concreta para resolver el problema citado.”

Se afirma, de un solo párrafo que  “ … fueron propuestas generales, que dijeron muy poco sobre cómo se iban a realizar las promesas de campaña y de dónde se iban a sacar los recursos económicos para cumplir con todo lo prometido”

Paso seguido, el informe concluye que “que esa deficiencia coincide con los pocos recursos que las asociaciones políticas asignan al pensamiento y a la formación.”

Como observación curiosa, el partido que resultó mejor calificado en el análisis del Informe de la Nación fue el partido que fue denunciado por plagio en su programa de gobierno.  La notifica fue vergonzosa y hubo petición pública de perdón.  

No obstante, algunos malos lectores han salido a las redes a alardear de que el Informe del Estado de la Nación calificó a este partido como el del mejor programa.  ¡Cosas veredes!

Es necesario explicar que el Informe intentó sistematizar un análisis a partir de la búsqueda de una especie de común denominador de las propuestas programáticas.  Por tal motivo, explica el mentado informe que “los temas que concentraron las propuestas de los partidos fueron productividad y empleo, desigualdad y combate a la pobreza, eficiencia del Estado y seguridad.”

Asimismo, para adornar la noticia La Nación recogió la información de que “Hugo Picado, director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), coincidió con las conclusiones del Estado de la Nación . … Para Picado, las organizaciones remarcan el qué, pero no dicen el cómo a la hora de hacer campaña. … “Es muy fácil decir ‘vamos a echar a Costa Rica a andar’, pero ¿cómo? Ahí es donde la propuesta partidaria nos queda debiendo”, dijo el director del IFED, quien añadió que los partidos actuales perdieron las estructuras permanentes que tenían hace 20 años y se convirtieron en aparatos electorales. …“La actividad ideológica es pírrica”, añadió Picado. Él cree que las agrupaciones desaprovechan el financiamiento para capacitación que incluye el Código Electoral.”

¡Qué vaina!  Lo que me queda claro es que aunque no se ganen las elecciones, con plata de los costarricenses se harán estudios acerca de la “calidad” de los programas y promesas de gobierno.  Estos programas deberán ir a un análisis que los comparará (aunque no sean homogéneos) y determinará su “factibilidad”.

¿Será apropiado gastar dinero público en ello?

Algunas veces me siento agobiado con la homogenización o manía de formularios que se van imponiendo en las prácticas públicas.    

Formulario para la declaración de la renta, formulario para la obtención de una patente, formulario para la exoneración x, formulario para la compra y, formulario para ingresar a la escuela, formulario para obtener servicios de salud, formulario para … la vida del ciudadano pende de formularios y formularios.   La persona no interesa, sino su habilidad o destreza para llenar el formulario.   El gobierno digital, incluso, para decantarse por la vía del formulario.  

No interesa qué se dice, hay que llenar el formulario.  No se puede pensar más, ir más allá, ejercer la creatividad.  El funcionario público es implacable.  ¿A ver cómo le va con los servicios de migración o con los de aduanas?

Hasta el examen de Bachillerato se hace por formulario y lector óptico.  Pareciera que la destreza debe limitarse al formulario.  En múltiples actividades (desde la universitaria hasta la municipal, desde los servicios públicos de salud hasta las actuaciones fiscales) impera el formulario.  

Es el imperio del funcionario público, que ha logrado llevar a la vida ciudadana su sujeción al principio de legalidad.  Habilidad máxima del funcionario, tiene toda la discrecionalidad para traspasar al sector privado su obligación de sujetarse a la ley.

Puede ser que los puentes de la CNE sirvan para habilitar fincas en las cuales los narcotraficantes tengan helipuertos, puede ser que la Comisión de Vialidad sea influida para que se fomenten los caminos que llevan a estas fincas, puede ser que las inscripciones de vehículos estén dirigidas a transportar los combustibles para las naves que van a estos helipuertos, lo que interesa al registrador, al administrador de emergencias y demás empleados públicos concernidos es la sujeción al formulario.

¡Bendita tramitomanía que ya contagió la forma en que se deben expresar los programas electorales de los partidos políticos!

La verdad no interesa tanto como la sujeción al formulario.  El compromiso no importa tanto como la normalización de la expresión programática.  Hasta el representante del TSE lo expresa sin ambages. 
Quizás pronto el TSE exija que todos los partidos –so pena de anular su participación electoral- deberán expresar sus programas según formularios construidos conjuntamente por el IFED del TSE y el Programa de Informe de la Nación.  No se pagará deuda al partido que no se ajuste a la técnica de la expresión del programa de gobierno.

¿Que no cumple con las promesas?  ¿Que en su acción se contradice con sus principios y declaraciones?  ¿Que se utilizan los recursos públicos para otras cosas?  ¡Eso no importa!  Lo que interesa es que concrete sus ideas, programas y objetivos según políticas y partidas presupuestarias concretas.  ¡No estaría mal que se hicieran cronogramas y mención de las subpartidas específicas y un análisis de gobernabilidad y posibilidades de la oposición!

¡Cuánto me recuerda el tema central del libro “El otro sendero” (Hernando de Soto, Enrique Ghersi, María Murillo et. Al.)!  Cuando sus autores hicieron un análisis de las causas de la pobreza y la postración social en el Perú, determinaron que la tramitopatía es causa directa de muchos problemas.  Por eso las sociedades acuden al otro sendero, el de la informalidad, el de la solución.

Los autores de “El otro sendero” simularon una petición de un taller de costura para determinar cuántos formularios y trámites había que hacer (¡sí, para un humilde taller de costuras!) y al final obtuvieron su aprobación.  En el libro consta una fotografía con una especie de cinta o rollo en el cual coleccionaron metros y metros de papel con las formas y solicitudes que hubo que llenar.  ¡Impresionante!  Lo cierto es que al final la Administración pública otorgó el permiso, sin percatarse de que se trataba de una simulación.

Viendo las notas del Informe de la Nación y del IFED pienso en la simulación de un partido político, construido en el cumplimiento estricto de los requisitos y formularios electorales, con unos programas construidos e inscritos en los formularios que proponen el dichoso programa y el citado instituto, participando en un torneo electoral solo por ver la corrección de sus inscripciones y sin pretensión electoral alguna.  

Quizás haya quien piense que debe haber tramitólogos políticos de programas electorales.  Que tal vez debería abrirse en las Universidades, al estilo de los tramitadores de SETENA y demás administraciones singulares, una carrera con tal nombre, con colegio profesional y competencias exclusivas, bitácora y protocolo.  Estos tramitólogos deberían tener fe pública para inscribir estos esenciales documentos y hay que sopesar la posibilidad de que cuenten con bitácora, protocolo y hasta teodolito.

No estaría mal que para presentar programas de gobierno se exijan audiencias al estilo de SETENA, contribuiría mucho a su expresión que contara su formación con distintos profesionales (economistas para los temas económicos, ingenieros civiles para los temas de infraestructura, por supuesto que abogados para el manejo de la juridicidad que invade todo, informáticos, ingenieros agrónomos, médicos con especialidad en salud pública y así consecuentemente, solo un profesional puede validar la materia específica) y finalmente, debería ser obligatorio que todo programa se sujetara a reglas de inscripción (tal vez el Informe de la Nación pueda hacerles la prueba de esfuerzo).    

Finalmente, todos los candidatos deberían aprobar un examen básico acerca de sus programas, objetivos, políticas de ejecución y costos y contenido presupuestario.  ¡Quién no pase satisfactoriamente las preguntas no podrá recibir votos el primer domingo de febrero!

Asimismo, el TSE y sus delegados deberán velar porque la exposición de los programas ocupe un lugar importante en las tareas de proselitismo, difusión y plazas públicas.  ¿Para qué tanto esfuerzo si no se divulga?  De tal modo, cada equipo de chancletudos, pasacalles, proselitistas, piquetes y visitas deberá dedicar un porcentaje importante de su gestión a exponer el programa de gobierno (debidamente inscrito y calificado) según un formulario aprobado por las autoridades. En las plazas públicas deberá dedicarse un espacio importante no solo a exponer el programa según el formulario, sino que los delegados podrán desconectar sonido, luces, animadores, música y tarima si no se hace en la forma debida.  

¡No es ficción!  En la realidad estamos viviendo estas pretensiones todos los días, en la actividad social, económica, académica y productiva así se mueven los imperativos de la Administración pública.  ¡Sería divertido que los políticos, que son responsables de tanta coacción, también estuvieran expuestos a ella!

Federico Malavassi Calvo

martes, 26 de noviembre de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: continúa el derroche

En momentos en que las finanzas gubernamentales experimentan serios problemas deficitarios, debido a un excesivo gasto público, cobra mayor importancia presentar ante los lectores algunas de las expensas, efectivas o en proyecto, de un estado que no parece importarle la seria situación fiscal. Cuando al gobierno se le habla de disminuir el déficit, responde que es difícil lograrlo, aduciendo que son leyes las que se lo exigen.  Si esa fuera la situación, entonces, lo que debería de hacer es, por una parte, promover legislación que corrija esos males, lo que podría significar que el estado, de alguna manera, tenga que indicar de dónde es que va a obtener los recursos para llevar cabo esos gastos.

Por otra parte, el estado también podría hacer un esfuerzo para simplemente no gastar fondos que no dispone. Por eso continúo haciendo señalamientos en mi columna de ASOJOD, acerca de gastos estatales que bien podrían ser moderados o eliminados, a fin de reducir el déficit que amenaza las finanzas y el bienestar de las personas.

Primer caso. En un medio de prensa del 7 de noviembre se destaca la realización de una actividad en el país, en la cual el Ministerio de Seguridad gastaría alrededor de ¢43 millones. Se trata de la VI Cumbre de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), que se efectuaría durante tres días en un lujoso hotel de nuestro país. Dicha suma se espera cubra el costo de 110 habitaciones king deluxe, así como los gastos de alimentación.  Sobre estos últimos es necesario destacar algo particular. Una parte sería para una comida mejor para ciertos invitados, en tanto que, para los de pata en el suelo, sólo podrán disfrutar de un bufé. Un resultado de dicha actividad es que se espera que, quien presida dicha asociación el año entrante, sea una alta autoridad policial del país, lo cual podría justificar tan seductora invitación… por supuesto que con nuestro dinero.

¿Se acuerdan ustedes de la razón por la cual se creó el impuesto a las sociedades anónimas? Un gravamen claramente injusto, pues se cobra lo mismo ya sea que se trate de una sociedad anónima de una persona que posea un pequeño negocio o algo de su propiedad, que a una empresa que tiene amplios recursos para pagar un monto que, para éstas, es casi irrisorio, mas no así para los pequeños. Para estos últimos es un monto casi destructivo.

Se supone que los recursos de tal gravamen irían destinados al combate de la criminalidad. Me temo que, como parte de ese “combate”, la fuente de recursos de la actividad policíaca antes mencionada, haya sido aquel impuesto. Le pregunto al lector si, dado el objetivo del impuesto a las sociedades anónimas de combatir la criminalidad, ¿es ese seminario internacional la mejor forma de gastar dichos recursos? ¿Acaso no habría sido mejor que esos fondos se dedicaran a dotar de recursos a los policías de a pie –no en sueldos, como ya pretenden algunos sindicatos oportunistas- sino en armas, instalaciones y transporte? 

Segundo caso. En ocasión del afortunado y casi fortuito hallazgo de helipuertos en las zonas norte y atlántica de nuestro país, aparentemente dedicados al aprovisionamiento de drogas y armas en la región, una alta autoridad aérea del gobierno dijo que era necesario que el país dispusiera de helicópteros y radares para lograr detener esos artefactos.  Como dicha adquisición le costaría mucha plata al país y la cual probablemente saldría de los bolsillos de todos, me permito hacer pública una pregunta sencilla. ¿No habíamos adquirido un helicóptero para esos fines? Según recuerdo, en su momento el ex ministro de Seguridad, don Fernando Berrocal, objetó dicha compra por costosa e inapropiada, pero, al fin y al cabo, ella se hizo. ¿Qué ha pasado con ese helicóptero? ¿En qué terminó toda la alharaca de aquel momento? ¿Se botó la plata?

Tercer caso. En estos días se ha destapado un tema que tiene mi interés, pues por los montos involucrados hace palidecer a los dos anteriores.  Se trata de la decisión acordada por el gobierno central, aunque sujeta a la aprobación legislativa, de construir una ampliación de dos a cuatro carriles de la carretera a Limón o ruta 32, en la etapa de unos 70 kilómetros que va de Río Frío a ese puerto. El monto del proyecto se estima en unos $446 millones y un 85% sería financiado por el gobierno chino, a cambio de que la construcción sea hecha por una empresa estatal de ese país. Sorprendentemente, el contrato no será enviado a la aprobación de la Contraloría, debido a que, según señaló del Ministro de Obras Públicas, los juristas del MOPT no consideran que se requiera la aprobación del ente contralor y también porque el Ministerio ya ha hecho un análisis exhaustivo del contrato. Tengo entendido que en esta negociación no sólo hay involucrados fondos públicos, sino que también implica obligaciones contractuales del estado -esto es, de todos los costarricenses- con el gobierno chino. Mayor razón ésta para que la Contraloría intervenga en la negociación.  Como dice el dicho, “La mujer del César, no sólo debe ser honesta, sino también parecerlo”.

Asimismo, la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC), la cual, según lo contratado, le correspondía al gobierno chino definirla para que hiciera las obras, ha sido públicamente cuestionada por corrupta en el seno del Banco Mundial. Esa es una clara luz de advertencia que no podrá simplemente ser soslayada. De nuevo, “La mujer del César, no sólo debe ser honesta, sino también parecerlo”. No podemos llegar a una etapa de “carebarrismo” en la cual, aun cuando se nos advierta, tengamos que hacernos tontos desatendidos frente a acusaciones internacionales como esas.  Aparentemente esos problemas no se circunscriben a un caso aislado, sino es algo que ha sucedido en contratos de obras en diversos países. 

Una de las cosas que se supone han aprendido los buenos economistas, es que las contrataciones internacionales atadas suelen tener un costo más alto, que el que tendrían en un mercado de contratación en competencia.  Eso no se limita a las condiciones financieras, pues las de este proyecto, como se ha enfatizado por parte de autoridades del Ministerio de Hacienda, se supone que son mejores que las actualmente vigentes en los mercados internacionales. Sino que también se refiere a que el costo de la obra física podría ser mayor que si la hiciera otra empresa constructora, pero bajo mecanismos competitivos de contratación. Por eso, llama la atención de que ya hay opiniones de algunas partes familiarizadas con estos asuntos, las cuales insisten en que el costo estimado de $446 millones es mayor que el posiblemente correcto.

Ante todas estas dudas, me parece que habría sido afortunado que este gobierno escuchara alguna vez la opinión de personas que disienten de su criterio casi imperial.  Don Luis Guillermo Solís hizo una propuesta pública de que el tema de esta carretera fuera analizado por un grupo de entidades que podrían brindarnos luz a todas estas dudas.  Creo que nadie está opuesto a que la obra se lleve a cabo, aunque, sin ser ingeniero ni nada parecido, sino intuitivamente, creo que la carretera presenta mayores problemas en su parte montañosa y no en los llanos del Atlántico, en donde se construiría el proyecto con China. Pero eso no lo voy a discutir.  Eso sí, es indispensable, aunque el gobierno haya despreciado la sugerencia respetuosa de don Luis Guillermo, que, antes de que suceda algo parecido a lo que sucedió con la refinería china o con la carretera a San Ramón, la ciudadanía conozca el pleno alcance de esta nueva contratación.  Después de todo, lo que está en juego son nuestros dineros escasos, pues, tarde o temprano, seremos los ciudadanos quienes tendremos que pagar por cosas como estas.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 25 de noviembre de 2013

Tema Polémico: Populismo económico

Como hemos venido indicando en artículos pasados, uno de los retos más importantes que afronta nuestro país es el tema de la creación de empleos. Si bien es cierto, los empleos no son la panacea para todos los problemas que aquejan a nuestra golpeada nación, sin duda son un pilar fundamental para que la vida de miles de costarricenses empiecen a cambiar. Por ello, es de vital importancia analizar el conocimiento económico de los candidatos de cara a este tema, es decir, pareciera obvio que todos los candidatos desean crear nuevos puestos de trabajo, pero esto no se trata de intenciones, motivaciones o deseos, sino de un claro conocimiento de la ciencia económica que permita establecer un ambiente institucional proclive a la generación de más y mejores empleos.

Bajo esta óptica queremos referirnos el día de hoy a la propuesta del candidato del Frente Amplio José María Villalta, respecto a eliminar el tope de cesantía tanto en el sector público como en el privado.

Primero que todo en cuanto al sector público es obvio que esos recursos adicionales serán pagados por los contribuyentes ya sea a través de nuevos impuestos o inflación, siendo que ambas soluciones únicamente vendrían a restarle dinamismo a nuestra economía. Además, en el momento crítico en que se encuentran nuestras finanzas públicas resulta absolutamente irresponsable pretender añadir una carga extra al presupuesto nacional.

En cuanto al sector privado podemos advertir lo siguiente. Respecto a aquellos puestos de trabajo que ya existen, evidentemente para los patronos se volverá más gravoso despedir a un trabajador, situación que implica una disminución en el dinamismo del mercado de trabajo, lo cual atenta precisamente en contra de los trabajadores menos calificados y remunerados. Otro escenario se refiere para aquellos casos en que un emprendedor (nacional o extranjero) quiera abrir una nueva empresa en el país, bajo este supuesto, la medida analizada generará un aumento de los costos para operar la planta en Costa Rica, disminuyendo consecuentemente el retorno de la inversión. En todos estos temas debemos recordar que no nos encontramos solos en el mundo, sino que estamos ante un mundo plenamente globalizado y competitivo en donde las nuevas inversiones terminarán produciéndose en aquellos países en donde las mismas generen un mejor rendimiento.

Así las cosas, los costarricenses no podemos dejarnos seducir únicamente por aquellos cantos de sirena que nos adormecen con sus falsas promesas, por el contrario estamos en la obligación de analizar críticamente las propuestas que se nos presentan recordando primero y ante todo que no hay tal cosa como un almuerzo gratis!!!