martes, 12 de marzo de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: hace bien la Contraloría

No debe existir duda de que las acciones proseguidas por la Contraloría General de la República, en contra de los excesivos montos que algunas entidades estatales pagan por cesantía a sus empleados, son totalmente correctas, apropiadas y pertinentes.

Los detentadores de los privilegios, organizados en sindicatos que sólo buscan el interés de sus asociados y no el de la ciudadanía como un todo, ya han tratado de descalificar a la Contraloría por estas acciones. Cuando observo los acontecimientos, al contrario de esos privilegiados apoyo en su totalidad el esfuerzo del ente contralor, a fin de introducir algún grado de sanidad en la gestión de esos fondos públicos.

No es concebible que, mientras un trabajador común y corriente sólo percibe ocho años de cesantía; esto es, el equivalente de un mes por cada año trabajado, con un límite de ocho años, hay empleados del sector público que reciben beneficios excesivamente mayores al resto de los mortales. Por ejemplo, un trabajador del Banco Popular quien se pensiona después de trabajar allí por 30 años, en vez de recibir una cesantía equivalente a ocho meses de salario, recibe una de treinta meses. Es más, no existe límite alguno para la cesantía de un trabajador de ese Banco. Una situación de idéntico privilegio sucede en la Municipalidad de Turrialba.

La Sala Constitucional definió que el máximo posible de cesantía no podía exceder de 20 años, lo que, en sí, ya constituye un montón de años más de lo que recibe la mayoría de los trabajadores del país.  Ante esta realidad, pronto, quienes ven a la economía de un país como si fuera una vaca a la que sólo hay que ordeñarla lo más posible, nos dirán que ¿por qué no se aumenta a 20 años la cesantía para todos los trabajadores del país? Ante la posible sugerencia, sólo cabe responderla con otra pregunta: ¿De dónde saldrá la plata para mantener ese monto tan desenfrenado? Nos responderán, pues ya el cántico es estereotipado, que “cobrándole más impuestos a los ricos”. Asumen que estos no pueden trasladárselos a los trabajadores y a los consumidores.  Por ello, terminarán por ser estos últimos quienes paguen el privilegio de la cesantía de algunos. 

Cualquier estudiante de Economía básica sabe que, si la mano de obra se encarece, como sucedería con la imposición de un aumento en la cesantía, como el que ciertos líderes sindicales sueñan opiáceamente con tenerlo, va a descender la cantidad demandada de mano de obra. Su propuesta generará mayor desempleo. Los trabajadores que queden desocupados por el encarecimiento de su trabajo, serán quienes paguen el privilegio de que para algunos haya una mayor cesantía. Todo será para beneficiar a aquellos trabajadores que, al final de cuentas, logren permanecer empleados. Los sindicatos se asegurarán de que no sean despedidos los trabajadores que están afiliados a éste y, si fuere el caso de que haya que despedir trabajadores sindicalizados, serían aquellos que tengan un menor número de años de membresía, por ser posiblemente los menos influyentes y los más débiles.

Vale la pena observar lo que ha venido sucediendo en naciones de Europa, como Grecia y España, en donde las dádivas laborales al amparo sindical reinaban incólumes, hasta que en esos países se acabó la plata de sus gobiernos.  Podrán así darse cuenta de las tasas de desempleo que hoy se tienen en esas naciones, como resultado de tener que poner orden en el despelote financiero en que se encontraban sus gobiernos. Estos no tuvieron ya más plata para seguir pagando privilegios de todo tipo, significativamente asociado con los salarios de los empleados públicos.

Cómo puede ser posible, sino por su naturaleza monopólica, que en RECOPE un trabajador puede tener una cesantía de 24 años.  Si hubiera competencia, eso no se daría, aunque con aquella tal vez los trabajadores podrían lograr mayores salarios, como resultado de una mayor productividad.  Hoy, para pagar ese privilegio, el monopolio simplemente acude a cargárselo a los precios de los productos que nos venden.  Así, todos los consumidores somos quienes terminamos pagando el favorecimiento arbitrario de algunos.  Por supuesto que los sindicatos nos dirán que, si se les elimina esa cesantía privilegiada, tal medida se reflejará tan sólo en una porción muy pequeña del precio que se cobra por los combustibles.  Ese es el viejo argumento de “somos tan pequeños, que no importamos”. Esto es, que si alguien propone eliminar o reducir un gasto gubernamental, se alega que no hay razón para hacerlo, si porcentualmente es muy poco importante en el costo total. Algo igual sucede con el proteccionismo arancelario en el caso del arroz, en que un protegido productor logra que el costo al consumidor doméstico sea mayor en, tan sólo, un colón por kilo, el cual posiblemente “no lo siente tanto” el consumidor final. Lo relevante es el gran volumen que se vende de kilos de arroz protegido en el país.  Por ello, es difícil imaginar el monto total adicional de ingresos que recibe cada uno de los pocos productores nacionales, por ese sobreprecio hipotético de un colón. Entre peso y peso de más por kilo, el total genera una soberbia y sabrosa cantidad de dinero, producto del privilegio proteccionista otorgado a unos pocos.

El trabajador del Consejo Nacional de Producción disfruta de una cesantía de 25 años.  Esa es una institución que casi ni opera. Es muy poco, si algo, lo que hoy hace.  Es tan sólo por un miedo interesado de los políticos, que no se ha podido poner un candado a esa entidad. En tanto, lo que habrá que pagar por cesantía a los trabajadores de esa entidad, sigue subiendo casi sin límite. Allí se siguen utilizando recursos, humanos y financieros, que posiblemente serían mucho más productivos si estuvieran siendo empleados en otras actividades o, al menos, su utilización no generaría pérdidas.  La existencia del CNP se da tan sólo porque, de alguna manera, el dinero de los costarricenses sigue siendo usado por los intermediarios gubernamentales, para mantener abierto lo que nada o poco hace.

En la Municipalidad de San José, en enero la cesantía se redujo de una indefinida eternidad a sólo 20 años, que es el límite máximo que faculta la Sala Constitucional. Dicha cesantía sigue siendo, aunque ya legalizada, muy superior a lo que obtienen la mayoría de los trabajadores públicos y privados. De alguna manera son estos mismos trabajadores públicos y privados, con los impuestos que pagan y con el mayor costo de servicios públicos que deben pagar, los que mantienen el privilegio para unos pocos. Los empleados de esa Municipalidad no parecen estar muy cómodos con el nuevo arreglo (de ser uno de ellos, mejor me quedaría callado: ese privilegio sigue siendo muy alto en comparación con el resto de los trabajadores). De darse una movilización sindical para oponerse al reordenamiento que busca la Contraloría, probablemente lucharán por volver al aún mayor privilegio de su pasado.

Debemos apoyar el loable esfuerzo que hoy lleva a cabo la Contraloría, en defensa de los recursos escasos de todos los costarricenses. Son fondos públicos, recogidos con impuestos o con sobreprecios en los servicios, los que hoy son malgastados para satisfacer esos privilegios para algunos, tal como hemos venido comentando.

Jorge Corrales Quesada

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