miércoles, 3 de abril de 2013

Desde la tribuna: ¿Estado de Derecho?

Desde el principio denunciamos la instalación de una comisión de notables, en torno al problema de la gobernabilidad, como una excusa de la Administración Chinchilla para justificar sus graves falencias. El peso de la complicidad en la acedía administrativa y gubernamental tendrá que ser asumido por el grupo de notables.  

No obstante, su mayor obsecuencia viene por otra parte y ya ha sido reiteradamente denunciada: han sido instrumento para endilgarle falsas responsabilidades al poder legislativo y al estado jurídico de nuestra sociedad. Sus impertinentes comentarios han resultado una vía para un desproporcionado intento de disminuir las posibilidades de las oposición legislativa, festinar los proyectos de ley, acortar irracionalmente plazos y uso de la palabra y promover una peligrosísima administración de los proyectos de ley.

Se suma lo anterior un descarado intento de restar posibilidades de consulta constitucional, aunado a la propuesta para obtener la caducidad de las posibles inconstitucionalidades por la forma (se propone que después de cuatro años haya caducidad y no se pueda declarar la inconstitucionalidad de una ley mal aprobada o falsamente aprobada).

Asimismo, en el proyecto denominado “Ley para mejorar el funcionamiento de las instituciones del Sector Público” viene una colección de “joyitas”, justificadas en los apuntes de “ingobernabilidad” de los notables (¡bendita comisión!).

Una de ellas, comentada por otra vía, es el intento de acabar con lo poco que queda de autonomía en las instituciones autónomas (artículos 188, 189 y 190 de la Constitución), dejando como niño de teta al dúo de leyes de octenio del cogobierno (1970-1978:  “pa’eso tenemos mayoría” y “yo no soy yo”) denominadas “Ley de Presidencias Ejecutivas” y “Ley Cuatro/Tres”.  Ahora se propone el “jerarca unipersonal” nombrado directamente por el Consejo de Gobierno.  

El objeto de este comentario se concentra en otra de estas joyitas, las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (no olvidemos –y eso será objeto de otro análisis- que también viene una reformita a la normativa de la Contraloría, para aflojar controles).

El enunciado general del artículo 2 del citado proyecto de “Ley para mejorar el funcionamiento de las instituciones del Sector Público” dice “Refórmanse los artículos 3, inciso a), 4 y 6 de la Ley No. 6815 del 27 de setiembre de 1982, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en los siguientes términos”.

Quizás la reforma al inciso a) del artículo 3 pueda considerarse una pequeña mejora, pues en la actualidad, dicho contenido dispone, entre las atribuciones de la Procuraduría la de “Ejercer la representación del Estado en los negocios de cualquier naturaleza, que se tramiten o deban tramitarse en los tribunales de justicia.”

El texto que se propone agrega  que “Para tales efectos, la Procuraduría General, según su criterio,  requerirá la oportuna colaboración y establecerá la coordinación necesaria con las instancias administrativas vinculadas con el caso respectivo.”  Aunque el agregado tal vez sea ocioso, pues es optativo y, hasta donde ha trascendido, la Procuraduría recaba el criterio de las administraciones concernidas.

Pero, en cambio, mucha atención a las demás propuestas de modificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría:

El artículo cuatro:
 
(TEXTO ACTUAL) El artículo cuarto de la Ley, en su texto actual, dice lo siguiente:  “CONSULTAS. Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría; en cada caso, deberán acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva, salvo el caso de los auditores internos, quienes podrán realizar la consulta directamente.

(TEXTO CHINCHILLA) En cambio, el texto que propone la Administración Chinchilla dice así:  “CONSULTAS. La Administración Pública podrá consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría.  La consulta deberá hacerla el ministro o el órgano jerárquico máximo del ente respectivo; en cada caso, deberán acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva.”

Se advierte que los destacados (negrita) y subrayados (son agregados). 

Como bien puede apreciarse, la Administración Chinchilla está pretendiendo limitar las consultas de los “jerarcas de los diferentes niveles administrativos” y, además, impedir las de los “auditores internos”.  Esta limitación es gravísima y un atentado no solo contra el Estado de Derecho sino, además, contra la probidad.  

Obviamente, la defensa de muchísimos jerarcas intermedios (y las actuaciones de los auditores) pasaban por la posibilidad de consultar a la Procuraduría y, así, obtener un “dictamen vinculante” que amarraba a la Administración. Estos dictámenes vinculantes obligan a la Administración Pública a actuar según la interpretación jurídica de la Procuraduría.  

Estos dictámenes establecen caminos, responsabilidades, procedimientos, limitaciones, competencias y marcan cómo debe actuar la Administración pública.  

La Administración Chinchilla cercena la posibilidad de consulta, la reserva a los ministros (en el caso de la Administración central) y los jerarcas de las entidades descentralizadas (de acuerdo con el texto, tampoco las administraciones desconcentradas tendrían la posibilidad).  

En el caso de los auditores internos, ojos y oídos de la Contraloría en algunos casos y freno de las actuaciones desaforadas de algunas administraciones, vigilantes del buen funcionamiento administrativo, es evidente que la reforma pretendida es un cañonazo directo a la lucha contra la corrupción.  Se cercena un instrumento valiosísimo y un arma eficiente en la vigilancia de la función pública.

El artículo seis:

(TEXTO ACTUAL) El artículo sexto vigente de la citada Ley Orgánica dice así:  DISPENSA EN EL ACATAMIENTO DE DICTÁMENES:   En asuntos excepcionales, en los que esté empeñado el interés público, el Consejo de Gobierno podrá dispensar de la obligatoriedad de los dictámenes emitidos por la Procuraduría, mediante resolución razonada que deberá publicarse en el diario oficial "La Gaceta". Cuando se trate de situaciones referentes a la seguridad pública y a las relaciones exteriores, la publicación previa no será requisito para ejecutar la resolución.

“Como requisito previo, el órgano consultante deberá solicitar reconsideración a la Procuraduría dentro de los ocho días siguientes al recibo del dictamen, la cual habrá de ser resuelta por la mayoría de la Asamblea de Procuradores. Si la Procuraduría denegare la reconsideración, el órgano, dentro de los ocho días hábiles siguientes, podrá acudir ante el Consejo de Gobierno para efectos de la dispensa a que se refiere el párrafo anterior.

(TEXTO CHINCHILLA) El texto que al respecto propone la Administración Chinchilla tiene el siguiente contenido: “DISPENSA EN EL ACATAMIENTO DE DICTÁMENES:  El Consejo de Gobierno podrá dispensar de la obligatoriedad de los dictámenes emitidos por la Procuraduría, mediante resolución razonada.

Como requisito previo, el órgano consultante deberá solicitar reconsideración a la Procuraduría dentro de los treinta días siguientes al recibo del dictamen, la cual habrá de ser resuelta por el jerarca de la Procuraduría General de la República. Si el jerarca deniega la reconsideración, el consultante, dentro de los treinta días siguientes, podrá acudir ante el Consejo de Gobierno para efectos de la dispensa a que se refiere el párrafo anterior.”

Se advierte que los destacados (negrita) y subrayados (son agregados).  

Queda evidenciado el inequívoco intento de eliminar la obligatoriedad de los dictámenes de la Procuraduría. El texto vigente señala que como condición sine qua non que se trate de “asuntos excepcionales”, “que esté empeñado el interés público” y que los plazos para proceder son cortos (8 días). Además de la publicación en La Gaceta (se trata de un acto de índole especial y con alcances generales, pues equivale a la formulación de una norma).

La pretensión de la actual Administración es que la obligatoriedad pueda eliminarse en cualquier dictamen (cualquier materia) y ni siquiera se publicará la excepción. Los plazos de 30 días son una autocomplacencia inaceptable (cuando la Ley General de la Administración Pública concede al administrado a veces nomás que 24 horas para intentar algún recurso).  

Conclusión:  Un gravísimo y descarado atentado contra el Estado de Derecho, contra el Principio de Legalidad y la actuación proba, racional, responsable y aceptable de la Administración pública. ¿Cómo puede uno pensar bien de quien alista alicate para cortar las cercas, de quien prepara ganzúa para abrir las puertas y de quien propone estos despropósitos?  

¿De qué sirve que el artículo primero de la Ley de comentario diga que “La Procuraduría General de la República es el órgano superior consultivo, técnico-jurídico, de la Administración Pública, y el representante legal del Estado en las materias propias de su competencia. Tiene independencia funcional y de criterio en el desempeño de sus atribuciones.”?

¿Para qué dejan sin reforma el artículo dos de la indicada Ley (que dice que “Los dictámenes y pronunciamientos de la Procuraduría General constituyen jurisprudencia administrativa, y son de acatamiento obligatorio para la Administración Pública”) si por las reformas propuestas no dejan pedirlos a muchos y pretenden dispensarse de la obligatoriedad de lo que no les guste?

¡Ay notables!  ¡Ay Estado de Derecho!  ¡Ay de mi Costa Rica!

Federico Malavassi Calvo


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