martes, 23 de abril de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: sigue el aguacero de plata pública

Al comentario de la semana pasada en el sitio de ASOJOD lo titulé “Gastos Innecesarios del Gobierno”. Simplemente debería haber llamado a este nuevo comentario “Una Versión Ampliada o una Segunda Parte”, pero me parece mejor enfatizar que el gasto gubernamental desaforado está en plena vigencia.
Tan sólo en el transcurso de una semana, han surgido nuevos ejemplos de tales dispendios, a los cuales me referiré:

Primero. El Consejo Nacional de Producción es una entidad gubernamental que muchos no entendemos cómo es que sigue abierta, si lo único que parece hacer bien es gastar nuestros recursos escasos. Resulta que ahora decidió incentivar a sus numerosos directores, regalándoles teléfonos celulares del tipo IPhone5, que sabemos son de los más caros en el mercado. ¿Será para que esos funcionarios se entretengan en algo durante sus horas laborales, dado que en el CNP casi no se hace nada? Las oportunidades de entretenimiento que permite el IPhone 5 son enormes, de manera que, ¡a jugar se ha dicho! 

Segundo. Los sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad ya han anunciado un paro de labores para el próximo lunes 29 de abril.  Protestarán contra la decisión legalmente tomada hace más de cuatro años, de que el ICE adaptara sus equipos para que nuestros números telefónicos conservaran su portabilidad. Esto, en sencillo, lo que hace es facilitar a los consumidores el traslado del número actual que se tenga, si es que se desea tener otro proveedor del servicio telefónico.  Con esto los mayores beneficiados seríamos los usuarios, quienes así tendremos mejores posibilidades para elegir libremente la empresa telefónica que nos dé la gana. Elección que, obviamente, deberá ser totalmente voluntaria.  El costo que el ICE quiere imponernos al impedir la portabilidad, es que sigamos siendo sus clientes cautivos. Pero, debemos ser libres para escoger: Al que quiera seguir con un teléfono del ICE, pues que así lo haga; para quien quiera cambiar hacia otro operador, que no se le imponga el costo (por la acción del ICE), de verse obligado a cambiar un número telefónico, que tal vez ha usado por años.

Tercero. Se firmó un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos de educadores costarricenses (SEC) y el de trabajadores de los comedores escolares y afines (SITRACOME), que constituye la primera convención colectiva que se aplica en el sector educativo del país.  Esto abre las puertas para que otros importantes grupos laborales sindicalizados de dicho sector, tales como maestros y profesores, busquen a futuro lograr que los acuerdos laborales hoy existentes sean convenciones colectivas.  También esta forma de negociación entre el estado y los trabajadores, podrá ser pretendida por otros gremios laborales en el sector público. Se supone que acuerdos laborales como éste le dan mayor firmeza a las relaciones entre las partes; en este caso, el gobierno y el SEC/SITRACOME.
Se estima que esta convención colectiva le costará al país, en un plazo de unos tres años, aproximadamente ¢5.700 millones, que obviamente contribuyen a ampliar el ya enorme déficit del sector público.

Si bien el acuerdo incluye la decisión de que un 2.8% del presupuesto del Ministerio de Educación (unos ¢1.585 millones en este año) se dedique a infraestructura educativa y a su mantenimiento, lo cual ya estaba incorporado en los presupuestos del Ministerio de Educación, hay un claro aumento neto de gastos en otros rubros. Se estima que se crearán 600 plazas nuevas de cocineras para las escuelas, por un monto estimado de ¢2.600 millones. Se complace así al SITRACOME. Pero, además, habrá 345 nuevas plazas para oficinistas, con un costo de ¢1.560 millones, y un gasto adicional de ¢1.500 millones para ayudar a financiar actividades de arte, deporte y ferias educativas. Con esto se complace al SEC.
Además, la convención concede una ampliación de la licencia de paternidad, que se otorga a los asociados al nacer algún hijo, pasando a un mes el actual de quince días con goce de sueldo. Obviamente pronto habrá peticiones sindicales similares en todo el sector público.

Que el lector medite acerca de la conveniencia de estos montos de gasto estatal, dada la situación tan seria de las finanzas gubernamentales. Me parece que, lo que el gobierno pretende con esto, es desarrollar argumentos que justifiquen una pronta propuesta para aumentar los impuestos, además de complacer a grupos laborales en vista de las próximas elecciones.

Cuarto. Para el 2013 el presupuesto gubernamental destinado a la publicidad y propaganda de la Presidenta, asciende a ¢1.100 millones; superior en un 66% al del 2012 y el doble del año 2011. Ahora resulta que se añadirán otros ¢160 millones para esos fines. ¿Acaso se perdió el buen juicio en el ámbito de las autoridades fiscales? No se han dado cuenta de que, entre más han venido gastando en la imagen presidencial, mayor ha sido la caída en los indicadores de aprobación del gobierno. Como esa plata no es producida por los gobernantes, sino que viene de los ciudadanos, quienes trabajan para entregárselo mediante impuestos y tasas al gobierno, es que da cólera ver todo este desperdicio fatuo.

Quinto. Acaba de ser nombrado un nuevo Viceministro de Gobernación.  Lo interesante es que se da cuando un tribunal ordenó la restitución de la Directora de Migración, licenciada Kattia Rodríguez. Doña Kattia había sido destituida por pérdida de confianza de los jerarcas de ese ministerio. Por ello, pa’ joderla, como dice el pueblo, al regresar ella a su puesto, le ponen a alguien por encima para anularla.  Vieja y conocida táctica de esos señores del poder. Claro, esto no va a ser de a gratis, pues tendremos que pagarlo. El nuevo Vice va a requerir de nuevo personal, de algún lado habrá de salir su sueldo (de nuestros bolsillos) y tendrá acceso a una serie de beneficios, de todos conocidos, derivados de su nuevo cargo. Me imagino que la plata no va a faltar para estos políticos, pues posiblemente saldrá de los recursos que, por un impuesto a las sociedades anónimas, estaban destinados a la seguridad ciudadana.

Jorge Corrales Quesada

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