miércoles, 22 de mayo de 2013

Desde la tribuna: el costo de la energía

Bajo el título de “empleados de Recope son los más del sector energía”, el periódico La Nación presenta una especie de cuadro comparativo entre los trabajadores del monopolio de hidrocarburos (Recope) y del sector eléctrico (nacionalizado, Ice y otras distribuidoras).

El costo anual por empleado de Recope es como de ₡26 millones al año en tanto el del ICE apenas supera los ₡13 millones. Dice el reportaje que “Si comparamos ambas empresas, encontramos que la planilla global de la Refinadora es cuatro veces más pequeña que la del ICE, pero cuesta apenas un poco menos de la mitad que la del Instituto.” 

El que la empleopatía de Recope resulte carísima no debe obviar el hecho de que la empleopatía del ICE también es muy onerosa para los costarricenses. Por supuesto que tras todo ello hay un problema de contratación laboral, monopolio público y estatización. Al final el pueblo costarricense paga más por su energía, el ambiente es menos competitivo, exportar es más caro y hay injusticia social (unos obligan a otros a pagar sus sobresueldos).  

Se han estatizado algunos giros (la producción de electricidad, el comercio de hidrocarburos a granel) y el resultado ha sido desastroso para la sociedad. Es fácil evidenciarlo a través de la envidia que produce conocer las asimetrías salariales. El problema es que hay asuntos deontológicos más importantes y que tal vez no traslucen con la primera información. La empleomanía estatal, el mito de que con el monopolio público se racionaliza la administración de recursos, el mito de los monopolios naturales, el mito de que el ente público trabaja por el bien común y el sujeto de Derecho privado solo se mueve por el lucro, la concentración de poder en manos políticas, tecnócratas o estatistas, los manejos públicos del dinero, las contrataciones de los entes públicos: son muchos los asuntos por plantear. ¡Qué lástima que la envidia sea el motor más eficiente para evidenciar las falencias del estatismo!

Hace un decenio iniciamos una serie de acciones de inconstitucionalidad contra las cláusulas inconstitucionales que había en los convenios colectivos de este tipo de entidades. Es obvio e indiscutible que se trataba de cláusulas abusivas y nulas. Con un grupo de jóvenes abogados que trabajaban con nosotros en la Asamblea Legislativa acometimos la tarea con las uñas, sin mucha facilidad informativa ni tiempo. Combatíamos a un Presidente de la República que deshonró su palabra, pues a pesar de negar que lo haría promovió un paquete tributario.

Las acciones de inconstitucionalidad eran un ejemplo de racionalidad administrativa, ordenamiento y fiscal y demostración de cuán mal se gastaban los recursos públicos. Poco a poco, incluso luego de nuestro período constitucional, la Sala Constitucional fue declarando la nulidad de una serie de cláusulas de varias administraciones públicas. Fueron apareciendo toda clase de gollerías, inequidades, abusos, alcahueterías y obsecuencias. ¡Todas ellas inconstitucionales! Demostración indubitable de mala administración, abuso y angurria, corrupción y avidez, voracidad e indolencia.

No es de extrañar que sea tan difícil aprobar normas para permitir la participación de otros actores que abaraten la energía, aprovechen la tecnología y permitan que la sociedad se desarrolle. Demasiados intereses creados en mantener el status quo. ¿Cómo hacemos?
 
Federico Malavassi Calvo

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