miércoles, 29 de mayo de 2013

Desde la tribuna: gobierno mínimo y políticas públicas

La primera política pública debería ser la garantía de la libertad y, por ello, la respuesta debería reflejarse en la propia concepción estatal.

La mayor parte de las Constituciones Políticas han asumido este concepto, por ello la existencia de libertades públicas, elencos de garantías y acciones y recursos privilegiados para proteger al individuo de las invasiones públicas.

En punto a ello la pregunta es si el Estado es un mal necesario, debe controlarse como mala hierba, debe revisarse constantemente para evitar su perverso crecimiento o si es posible pactar un equilibrio o balance al respecto.

Esta pregunta viene haciéndose en distintas formas y matices desde hace cientos de años.  En todos los tiempos se ha visto que el gobierno puede tener potencial para mucho y para todo, pero que es excepcional que se mantenga en su lugar.  Hay una tendencia general a excederse, a crecer, a acaparar, a invadir y a dejarse no solo el vuelto (el cambio) sino el mandado (el encargo).

La democracia como forma de gobierno no ha cambiado las cosas.  Ha aparecido la demagogia y han aparecido el clientelismo y demás prácticas similares.  

Y, por supuesto, tal y como dice el saber popular, “de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno”.  

Las “políticas públicas”, más bien,  se regodean en buscar nuevas áreas de acción pública, buscar más instrumentos para la acción del gobierno, redundar en instituciones y tomar más dinero de los contribuyentes.  Están al servicios del clientelismo y la campaña por los votos.  

Ni por asomo se inspirarán en el principio de acción subsidiaria del Estado;  menos en las añejas e irrebatibles lecturas de John Stuart Mill acerca de porqué es mejor que cada cual haga lo suyo y no lo ponga en manos del Estado y es impensable que al menos sean cotejadas con las enseñanzas de James Buchanan (“the public choice”:  cómo es que se toman las decisiones públicas).  

Hablar de gobierno racional, Estado racional, minarquismo, gobierno mínimo o limitado, Estado mínimo o limitado o de responsabilidad individual en relación con las políticas públicas es como que una oveja asistiera a un baile de zorros.

Es obvio que el Estado ha dejado de defender y proteger la libertad.  En realidad, es apreciable que en gran cantidad de administraciones ha cundido el modo de conculcar las libertades, desdeñar el poder de autodeterminación de las personas, considerarlas incapaces y en estado de interdicción, fomentar la tutela general y adjudicarse la voluntad general.  Sobran asesores legales para aconsejar los torcidos caminos del estatismo, el proteccionismo y el intervencionismo.  Casi no hay sociedad que se haya librado de tan torcidos senderos.  

Los derechos “programáticos” y de segunda y tercera generación han desplazado a las libertades públicas y a los derechos fundamentales.  No es de extrañar que en algunas sociedades se violente la libertad de expresión y la libertad de prensa.  Ha venido dándose, por todas partes, una expoliación de los bienes atinentes a los derechos fundamentales.  Con regalos, limosnas y repartos de algunos centavos se ha comprado la voluntad de votantes y grupos de presión.  Muchos han vendido la libertad por la promesa (ni siquiera pago real) de un puñado de guisantes.

Los gobiernos y los políticos han sido astutos como serpientes, poco a poco han desaparecido los jueces que leían las Constituciones con el espíritu y sentido de sus redactores.  Eso ha sido superado por la práctica de poner jueces y funcionarios que tienen compromiso con las nuevas tendencias (un Estado más social que de Derecho, derechos programáticos, Administraciones que claman por “gobernabilidad”, notables que son obsecuentes con los políticos de turno).

Los derechos fundamentales y las libertades públicas dejado de ser absolutos y han sido objeto de relativización frente a las necesidades pasajeras de políticos de turno.

Algún día los tribunales constitucionales olvidaron los principios del equilibrio presupuestario, otro día cedieron la privacidad y la confidencialidad a las autoridades tributarias, alguna mala tarde se cansaron de tutelar la libertad de expresión y en una oscura noche cohonestaron la expoliación de los contenidos del derecho de propiedad.

Poco a poco los nuevos plumarios de corte fueron reinterpretando el sentido de la división de poderes y borraron aquello de frenos y contrapesos: sonaba mejor hablar de especialización y entender al gobierno integrado (y no separado).  

Poco a poco los juzgadores encargados de tutelar la recta interpretación de la norma constitucional fueron convencidos de que las limitaciones presupuestarias también incidirían en sus salarios y en sus pensiones.  

Poco a poco fueron invirtiendo la naturaleza de las personas y apropiándose de la autonomía de la voluntad para el sector pública y sometiendo al particular al principio de legalidad.  El insostenible argumento de la “ingobernabilidad” no ha sido sino uno de los trillados subterfugios para prohijar y cohonestar la expoliación y conculcación de las libertades fundamentales y los conceptos básicos.  

Observen los programas de gobierno y, con borrosas excepciones, leerán de más áreas, más acciones, más programas que requieren financiamiento, más instituciones públicas, más oficinas, reiteración de programas y acciones y así como disco rayado.  Cuenten con los dedos de una sola mano las propuestas que apunten a  la derogatoria de leyes redundantes, la eliminación de la tramitomanía y la tramitopatía, la reducción de la planilla pública, la racionalización del gasto público, la propuesta para que el Estado saque sus sucias manos de la economía, el respeto a los derechos básicos o la racionalización del Estado y el gobierno, la inteligencia en el uso de la ley como recurso coactivo, la posibilidad de sistematizar el Ordenamiento Jurídico en lugar de reproducirlo y multiplicarlo o la reconstrucción de la responsabilidad del ser humano en la conducción de su vida.  ¡Sobrarán como seis dedos!  Político que se precie de su raza no tomará el camino de la racionalidad y la responsabilidad.  El clientelismo va en otra dirección. 

Ahora hay pasión por la regulación y por la gestión directa de la Administración.  Si la gente se descuida, las leyes no serán aprobadas por los parlamentos sino por la Administración. Curiosamente, aparecen más propuestas para regular la vida privada que para controlar la acción pública.  

Llamo la atención sobre todo ello y prometo no quedarme callado.  ¿Usted?

Federico Malavassi Calvo

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