lunes, 13 de mayo de 2013

Tema polémico: el futuro del régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte

Recientemente, medios de comunicación anunciaron que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) estudiaría la posibilidad de aumentar la edad de pensión por causa de la crisis económica que nos ha afectado en los últimos años y que ha golpeado sensiblemente las finanzas del Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

No obstante, entre comunicados y aclaraciones, las autoridades de la CCSS han negado, en reiteradas ocasiones, que el IVM se encuentre en peligro, aunque reconocen que el desempleo, la jubilación anticipada de muchos cotizantes y otros factores -entre los que tozudamente se resisten a incluir el aumento en las pensiones del Régimen No Contributivo impulsado por la Administración Arias Sánchez en el marco del Plan Escudo y con un claro tinte electoral- han mermado los ingresos del fondo de pensiones.

No obstante, parecieran no ser los únicos factores. En 2010, la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos realizó una investigación acerca de las denuncias contra la Gerencia de Pensiones y los resultados de una auditoría externa contratada por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y llegó a varias conclusiones alarmantes: falta de indicadores de gestión y ausencia de análisis de costos para tomar decisiones sobre las inversiones, desórdenes administrativos, rebajas arbitrarias en la tasa de interés de los créditos de vivienda financiados con los fondos de pensiones, cuantiosas asesorías pagadas al Banco Mundial para "mejorar" la cartera de inversiones, denuncias entre los miembros del Comité de Inversiones del IVM sobre aparentes inversiones en el exterior sin contar, en algunos casos con autorización y en otros con respaldo financiero para la operación y enormes costos de operación por parte de la Gerencia de Pensiones de la CCSS (un incremento del 24% entre 2008 y 2009 según el Superintendente de Pensiones, Edgar Robles en declaraciones aportadas a la Comisión, causados por presuntas contrataciones, remodelaciones, etc.), pérdida de capacidad administrativa por parte de la CCSS para cobrar las cuentas pendientes (que crecieron 120% del 2007 a 2008 de acuerdo con la SUPEN) así como el reiterado incumplimiento de las empresas estatales con el mandato de la Ley de Protección del Trabajador que las obliga a entregar un porcentaje para fortalecer el IVM. 

Por si fuera poco, a finales de 2009, la SUPEN publicó la ya citada auditoría contratada por la SUPEN, en donde señala que el sistema de pensiones de la CCSS perderá su equilibrio financiero en el 2015, dado que “comenzará gastar sus reservas para cumplir con el pago de las pensiones, erosionando su solvencia hasta quedar en una situación financiera comprometida a partir del 2023 y se agotará por completo en el 2054”. El Informe señala que, en las actuales circunstancias, “los cálculos actuariales indican que para mantener su solvencia el fondo requeriría una cuota de aportes del 16,79%, en lugar del 7,5% que recibe hoy”.  Por su parte, la CCSS desmintió este estudio e indicó que, en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha elaborado informes actuariales que demuestran la sostenibilidad del régimen hasta el año 2043, aunque desde el 2037 los ingresos no serían suficientes para cubrir los gastos del IVM. 

De las comparecencias realizadas ante la mencionada Comisión Legislativa, el Gerente de Pensiones, Miguel Pacheco, el Superintendente de Pensiones, Edgar Robles y el Director Actuarial de la CCSS, Luis Guillermo López, se pudo colegir que existen enfoques diferentes que no generan claridad en la situación del régimen de pensiones. Mientras los funcionarios de la CCSS sostienen que el esquema es dinámico, que debe ajustarse en el tiempo de acuerdo con la realidad con plazos previsibles no mayores de 50 años, el estudio contratado por la SUPEN presupone que los costos estimados que podría generar el pago de las pensiones a 100 años debe ser cubierto desde hoy por los actuales cotizantes. La incertidumbre que genera no saber cuál de las posturas es la correcta y, por tanto no tener claridad acerca del estado real del IVM no ayuda a la tranquilidad de la población. 

Sin embargo, más allá de la fecha en que colapsará el régimen de pensiones, lo cierto es que ya se están presentando situaciones que deben llamar a preocupación. La propia Auditoría Interna de la CCSS, en el informe ASF-299-C-2010 denominado “Estudio Especial sobre la utilización de inversiones a la vista para el pago de pensiones y Aguinaldo en el Régimen IVM” indicó que, producto de la crisis financiera internacional, se utilizaron ingresos no tributarios –ingresos obtenidos por el rendimiento de las inversiones– para cubrir el pago de pensiones y aguinaldos durante el año 2009. 

En ese contexto, es claro que el régimen de pensiones IVM ya empieza a flaquear. Las noticias actuales, sobre la jubilación anticipada de miles de trabajadores y el costo que implican para la CCSS, no son más que alertas del inminente problema que enfrentamos los costarricenses. Los trabajadores actuales -entre 18 y 50 años- estamos cotizando para un sistema que, en los términos en que está constituido, colapsará tarde o temprano, lo que significa que existen altas posibilidades de que no veamos un colón de todo lo que el Estado nos está quitando ahora.

Subir la cuota en nada ayudará. Maquillaría las cifras, pero sería como "patear la bola", pues más adelante, los problemas volverían a aparecer, por cuanto la estructura demográfica de la población costarricense y los altos costos de formalización para el trabajo, empujarían a que el número de cotizantes sea cada vez menor. Además, al quitársele más dinero a los cotizantes, se podría prever una importante contracción en el consumo -por tener menos liquidez- que, a la postre, repercutiría en la producción y empujaría más al fondo la delicada situación económica que vive nuestro país. 

Lo cierto es que debemos empezar, desde ya, a abrir el debate acerca del futuro del régimen de pensiones. Para nosotros, la solución no pasa por aumentar cuotas ni invertir en operaciones más rentables, sino migrar a un sistema de capitalización indivudual donde cada quien ahorre el dinero de su retiro y se reduzcan los incentivos perversos a cargar la manutención de unos sobre los hombros de otros. 

Como objetivistas, sostenemos que el ser humano no debe ser usado como un medio para el logro de los objetivos de otros. Es hora que cada quién se responsabilice por su vida y practique el valor del ahorro, la previsión y el trabajo duro, asumiendo las consecuencias -buenas o malas- de sus actos. 

No podemos permitir que nos sigan diciendo que hay que aportar más para un sistema que solo consume y nada otorga, que nos da todas las señales de estar frente a la "Gran Estafa" orquestada por la socialdemocracia, que con el disfraz de la solidaridad y otras hierbas, nos arrebata el dinero que tanto nos cuesta ganarnos y que, sin duda, sería mejor utilizado por nosotros mismos. Depende de nosotros empezar a decirle NO al Estado.

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