viernes, 28 de junio de 2013

Viernes de recomendación

Para esta ocasión, queremos compartir con ustedes 50 excelentes artículos de nuestro amigo Raúl Costales, un hombre que lleva años defendiendo de gran manera las ideas de la libertad. Esperemos que disfruten tanto como nosotros su lectura.


 


 
 





miércoles, 26 de junio de 2013

Desde la tribuna: el trasfondo de un proyecto

En la corriente legislativa se halla un proyecto de ley (expediente número 18050) denominado “Reforma General de la Ley de Armas y Explosivos Nº 7530 y adición a leyes conexas).  El proyecto oficialista (presentado por el Poder ejecutivo e impulsado por encima de otros que llegaron antes) pretende una excesiva regulación del tema de las armas legales y de la situación jurídica de los  poseedores y dueños legítimos de armas permitidas.

Es uno de esos proyectos utópicos, redactados para quedar bien con públicos que no están en el país ni tienen nada que ver con nuestra realidad.  Pero allí no está el problema principal, con todo y que lo apuntado es muy grave.

El asunto esencial es la arrogancia y soberbia con la que unos cuantos se animan a cercenar derechos, arbitrar la vida social, arrebatar a la sociedad cuestiones elementales y, cual demiurgos, disponer acerca de la vida de los demás.

Tras la utópica pretensión de desarmar y cercenar derechos a la población, se localiza la inaceptable concepción del Estado como un omnisapiente y todopoderoso señor que todo  lo hace bien, que tiene la posibilidad de disponer acerca de la vida de todos y cuyos funcionarios son infalibles iluminados que saben lo que hay que hacer en todos los casos.

A final de cuentas no se trata sino de pasajeros depositarios de competencias públicas que, tras no ser eficientes en lo que hacen (pues la seguridad ciudadana es un desastre), se empeñan en jugar un partido para un público diferente, sin detenerse a pensar en los perniciosos efectos sociales de mal actuar y en la creencia de que los ciudadanos son simples súbditos, incapaces de regir su vida y administrar sus cosas. 

Por eso, de la manera más impropia e irracional, se propone una reforma general de la legislación de armas sin aportar, en su exposición de motivos, ningún motivo válido, ninguna argumentación apropiada, ningún apunte de defectos por superar en la legislación vigente ni razonamiento conveniente.  La exposición de motivos es una colección de frases ilusas, que evidencian una serie de deseos apartados de la realidad cotidiana.  No obstante, sí es clara para evidenciar el estatismo y la soberbia de quienes transitoriamente se encuentran en la gestión pública.

Lo primero que se muestra es la imposición de la voluntad del gobernante para convertir el derecho de usar, portar o tener armas en una especie de concesión o privilegio, de manera que los ciudadanos pierden derecho y el administrador público se coloca encima de todos.

Asimismo, el proyecto, su motivación y sus normas traslucen una serie de discrecionalidades administrativas (por ejemplo, denegar un permiso aunque cumpla con todos los requisitos) y potestades reglamentarias que dejan al ciudadano al amparo de la voluntad administrativa.  Ello es un apartamiento conceptual del principio de legalidad que debería regir las relaciones entre la Administración y los ciudadanos.

El tema de las armas de juguete es de antología.  El proyecto tiene especial aversión por estas armas.  Se justifica en que ha habido asaltos y otros delitos cometidos con armas de juguete y, por ello, impide su fabricación en el país, su importación, interviene a la familia y a los padres de familia y prácticamente quiere proscribir este tipo de juguetes.  

En los mayúsculos deseos de cercenar derechos, el proyecto propone prohibir el ensamblaje de armas en el país (o sea, arma desarmada no se puede volver a armar), la fabricación de armas y “componentes” (de hecho, el redactor no tiene la menor idea de lo que pone en el papel) y, además, de municiones.  

Un hermano mayor, un padre todopoderoso, un Estado que despoja y cercena, porque solo él sabe, solo él puede y solo sus funcionarios están capacitados.

Tras la utopía de desarmar a los buenos (no a los malos, que usan armas prohibidas y que no se inscriben), tras la burrada de afectar seriamente la seguridad de los ciudadanos y los derechos de quienes coleccionan armas o las usan deportivamente, lo que en realidad surge es un estatismo ilimitado, irresponsable, absolutamente arrogante y soberbio, que pretende cercenar derechos y erigirse como el gran sabio de toda la sociedad.

Federico Malavassi Calvo


martes, 25 de junio de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: la Asamblea da pena.

Un par de días antes de que la Contraloría General de la República le diera un fuerte golpe al proyecto de refinería de SORESCO (sociedad entre RECOPE y la empresa petrolera estatal china CNPC), en la gloriosa Asamblea Legislativa se desechó un proyecto del diputado Luis Fishman, para que esa entidad fijara su posición en torno a la bondad de aquel proyecto.  Se han dado varios argumentos para ese rechazo, entre ellos el del presidente legislativo, Luis Fernando Mendoza, de que la propuesta del diputado Fishman no contenía una resolución o declaración de fondo. Por esto, que me parece una excusa falaz, el diputado Mendoza decidió mandarla al fondo del basurero; esto es, la ubicó para que sea analizada detrás de una serie de proyectos que llevan muchos años pendientes de ser vistos en la Asamblea. En la decisión de este diputado, fue apoyado mayoritariamente por la fracción de su partido político.

No nos hagamos tontos.  Esta vez se trata, una vez más, del ejercicio del poder que tiene el Partido Liberación en la Asamblea Legislativa.  Por supuesto que a dicha agrupación un análisis del tema de la refinería no le era conveniente en ese momento. Así que, para no darse el color total de su oposición a discutir razonadamente acerca de la cuestionada inversión, decidieron enviar la petición de Fishman a lo que se conoce como el refrigerador. Simplemente ejercitaron el poder de tapar lo que ya olía mal.

Ya conocemos de la prudente decisión que en torno a la refinería tomó la Contraloría General de la República. Sin embargo, si bien es un golpe fuerte a las pretensiones del gobierno, de imponernos a medias con los chinos una refinería innecesaria y muy costosa, tampoco la resolución de la Contraloría significa que le haya dado un golpe de gracia a ese mal proyecto.  Se trató de un cato bien pegado, pero no de un knock-out paralizante. Prueba de ello es que le dejó las puertas abiertas a los políticos de hoy y a los de mañana, para que resuciten el aparente cadáver petrolero. Solo que esta vez deberá ser endulzado o, mejor, oreado, con el cuento de las energías limpias, pero que resultan ser muy costosas, así como proponer el ahorro energético, por el cual entienden disminuir el uso de combustibles. Sin embargo, ese plan B que pidió el Ministro de Energía, René Castro, como resultado del rechazo de la Contraloría, será formulado por quienes hoy cercenan la posibilidad privada de generar energía hidroeléctrica, entre otras opciones igualmente privadas. Es decir, el plan B será algo, dentro, por y para el monopolio de RECOPE, pero, eso sí, con la plata china, aunque terminemos pagando con creces lo recibido.

Hay un hecho fundamental del cual la Contraloría no puede ser omisa, cual es, como lo ha señalado el abogado Manrique Jiménez, experto constitucionalista y en contratación administrativa, la existencia de nulidad absoluta de todo lo actuado por RECOPE, en unión de CNPC, mediante la firma SORESCO.  Si existe una nulidad absoluta, las cosas deberán volver a ser como estaban antes; es decir, nada vale de lo hecho hasta hoy por SORESCO. 

Afortunadamente, el diputado liberacionista Víctor Hugo Víquez salió por el camino de la decencia e insistió en que la Asamblea debería de entrarle al tema de la refinería china. Esa debería de haber sido la actitud de toda la fracción liberacionista desde el momento en que el diputado Fishman propuso que la Asamblea tomara una posición al respecto. Pero optaron por frenarla, a como diera lugar.
El enredo es muy grande y no le doy cabida a la chismografía que suele rodear este tipo de cosas. Pero el tema de la refinería tiene que ser investigado muy a fondo por la Asamblea Legislativa.  No sólo se deberá buscar la responsabilidad de quienes han provocado gastos que, se dice, ascienden a $50 millones, los cuales han sido incurridos por RECOPE en el proyecto de SORESCO, sino que también, quienes se supone que representan a la ciudadanía –los diputados- deberán buscar ver cómo se le explica esta aventura gubernamental a los costarricenses.

Sé que habrá escépticos que, con mucha razón, me dirán: “cuándo la Asamblea ha descubierto a los grandes involucrados en algún tamal con fondos públicos”. Pero, al menos, las comparecencias de algunos caracteres a las comisiones investigadoras legislativas, permiten que los ciudadanos nos demos cuenta, con algún detalle, del grado en que se ha extendido la corruptela en nuestro país -y tal vez hasta poder vislumbrar a algunos de los principales actores.  Así ha sucedido con casos tan sonados, como la Trocha o con las recomendaciones impropias e ilegales y no olvido la comparecencia ante la Asamblea de políticos por nombramientos incorrectos de diplomáticos o por el viaje que, en su momento, realizó acompañado el ex gerente de Acueductos y Alcantarillados. Sabemos que hay otros incidentes que deberían haber sido objeto del control político legislativo, como, por ejemplo, el viaje en jet o las andanzas de políticos peruanos en nuestro país o Crucitas o la concesión a la firma OAS para construir la carretera a San Ramón. Pero no ha sido así. Por algo será…

Puede ser que me está seduciendo el histrionismo que uno observa en las comisiones investigadoras, pero, además de los estrados penales, es tal vez el escenario más visible en esta democracia, de lo que puede suceder con los fondos públicos.

El problema es que posiblemente esas exhibiciones no le convengan a quienes detentan el poder momentáneo y escogen hacer lo que muchas veces practica el avestruz: meter la cabeza en la arena, para que no se les vea (o mire a los ojos). Tapar y tapar parece ser el objetivo del poder, el cual sólo puede ser derruido si todos los ciudadanos nos constituimos en vigilantes del uso que se hace de nuestros recursos, que los gobiernos nos extraen mediante impuestos, deuda o inflación.

Restaurar la vergüenza en la Asamblea Legislativa es crucial. No sé si lo podremos lograr en las próximas elecciones.  Lo único que sé es que DonBurro Diputado bien puede resultar mejor que lo que hoy se tiene allí, con notorias excepciones. Aunque se resienta el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Luis Fernando Mendoza, quien ahora ataca a quienes escrutan a los políticos, él y todos los demás diputados son empleados nuestros (y muy bien pagados). Están obligados a dar cuentas de sus actos al pueblo costarricense, tanto en lo moral como en lo político. Esa es la regla en las democracias. La pretensión de infalibilidad que algunos creen tener, no sólo sería un ejercicio de arrogancia, sino demostraría una ambición medio-frustrada de lograr el poder totalitario.

Así que, a pedirles cuentas bien claras a los diputados en cuanto a su accionar político, pues la alternativa sería dejar que florezca una corruptela rampante y sin freno. No podemos dejar que el poder, que una mayoría relativa detenta en cierto momento en el Congreso, permita que se tapen cosas que, a los ojos de los ciudadanos, son vistas como totalmente incorrectas, impropias y soberbias.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 24 de junio de 2013

Tema polémico: la distopía hecha realidad

A finales de 1948, George Orwell escribió una extraordinaria novela titulada "1984", una distopía futurista que advertía sobre los alcances del totalitarismo en una sociedad. Allí, temerosos por las revueltas y peligros, los ciudadanos permitieron que el Gran Hermano se hiciera con el poder y, prometiéndoles seguridad, acabó con su libertad. El Gran Hermano vigilaba noche y día cada espacio, cada milímetro y cada acción. Era un control absoluto sobre todos los ciudadanos, impidiéndoles resistir, discrepar y hasta pensar. Se transformaba incluso el lenguaje para vaciar de contenido el significado de las palabras y adecuárlas a los caprichos de quien detentaba el poder.

Esa novela, considerada por muchos como ficción en aquel entonces, se convirtió en realidad poco después. Los pueblos regidos por el comunismo soviético la experimentaron, con un saldo de muchísima sangre, miseria y dolor. Pero no han sido los únicos: los estadounidenses lo han vivido en carne propia especialmente después del 11 de septiembre de 2001 cuando el Patriot Act autorizó al Gobierno a pisotear todas las libertades individuales con la excusa de la protección del terrorismo.

Millones de dólares gastados y cientos de individuos cuyos derechos han sido aplastados han sido la consecuencia de una paranoia militarizada para luchar contra una amenaza (¿?) que ni está claramente identificad y muy lejos de ser controlada. Para muestra un botón con la reciente trágica muerte de varias personas en los atentados de Boston, donde un par de jóvenes con bombas hechizas (clavos dentro de ollas) lograron aterrorizar a toda una nación. 

A raíz de toda la guerra contra el terrorismo, el Gobierno de los Estados Unidos ha montado su propio 1984, interviniendo comunicaciones, arrestando sospechosos e, inclusive, espiando a la ciudadanía. Por eso, recientemente cuando un subcontratista de la CIA, Edward Snowden, reveló el programa de espionaje que se ha desarrollado a través de la NSA que va más allá de las competencias constitucionales, accesando comunicaciones y datos privados en redes telefónicas e informáticas. También se supo que el Presidente Obama estaba involucrado en un escándalo por intervención de comunicaciones de los periodistas de la agencia AP y por persecución de grupos conservadores a través del IRS para amedrentarlos y controlarlos. 

Hoy día, nadie está seguro. Ni siquiera nosotros los costarricenses, quienes nos vanagloriamos de una democracia centenaria. Desde hace años, la DIS ha venido funcionando como una policía política, obteniendo información para que luego, la maquinaria del poder, especialmente del PLN, la utilice contra los demás partidos. También Hacienda se ha prestado, investigando a personas físicas y jurídicas para utilizar esa información como mecanismo de amenaza y control. 

Estos ejemplos ponen en evidencia, hoy más que nunca, la frase de Benjamin Franklin: "aquellos que pueden dejar la libertad esencial por obtener un poco de seguridad temporal, no merecen ni obtienen libertad ni seguridad". Hemos permitido que los Gobiernos, con la excusa de nuestra protección, conviertan el paraíso que prometieron en un infierno, donde estamos sometidos al capricho de quienes tienen el poder.Las esferas público-privado de las que hablaba Norberto Bobbio se han difuminado para dar paso a una manía donde el Estado policía quiere controlar, regular, saber e intervenir sobre todas las acciones humanas. Y lo hemos permitido porque, muchos, en lugar de oponerse a esta intromisión en su privacidad, piden a gritos que el poder estatal irrumpa en sus vidas y los releve de la ardua tarea de pensar, trabajar, crear y manejar sus vidas.

El Estado, que prometía un sueño donde todos serían prósperos sin tener que esforzarse, que auguraba que la felicidad estaba al alcance de una petición, ha sacado a relucir su verdadero rostro: el de la distopía tiránica hecha realidad cual maquinaria engrasada para acabar con nuestra libertad... excepto que nosotros lo evitemos 

Necesitamos más héroes como Snowden que se atrevan a denunciar los abusos del Gobierno. Más héroes que se opongan a su intervención, que adviertan sobre los peligros de esta para la libertad, que divulguen las ideas de la libertad como medicina contra el estatismo. ¡Atrévase a ser uno de ellos y no a convertirse en un siervo menguado!

viernes, 21 de junio de 2013

Viernes de Recomendación

El día de hoy les recomendamos el clásico ensayo de Leonard Read "Yo, el lapiz". en este documento Read expone de manera muy simple como el libre mercado genera un beneficio generalizado en la sociedad.

miércoles, 19 de junio de 2013

Desde la tribuna: ¿Hay solución?

El Estado costarricense hace aguas por todos lados.  Algunos de los grandes problemas nacionales tienen su origen en el mal desempeño del Estado.  No obstante (¡paradoja del ser humano!) abundan los estatólatras (fascismo larvado) que opinan que la solución está en dar más poder al Estado, poner más funciones en sus manos y dejarle gastar más.

La inseguridad ciudadana, común en buena parte de Latinoamérica, pasa por un Estado que se ha vuelto ineficiente en sus obligaciones jurídicas y policiales:  tribunales lentos, policía ineficiente y corrupta, sistema jurídico colapsado, sistema penitenciario convertido en escuela del crimen y bastante más.  

Los aumentos constantes en el costo de la vida también pasan por el Estado.  Hace rato que en buena parte de los países, so pretexto de la soberanía monetaria, secuestró la moneda y complica el desempeño económico de los más, incluyendo a los más pobres y a los más trabajadores.  

¿Y la corrupción?  Aunque no faltan quienes parodiando los versos de Sor Juana Inés de la Cruz señalan con dedo acusador al sector privado, lo innegable es que el caldo de cultivo de la corrupción se halla en la administración irracional de potestades, recursos públicos y falta de igualdad, tramitomanía, exceso de funciones y demasías públicas.

Los tres grandes problemas que señalan como los principales del país son, casualmente, tres males originados en el Estado mismo.  El cual, en lugar de constituirse en fuente de soluciones, poco a poco va siendo la causa de la mayor cantidad de problemas que soporta la sociedad.
Es indudable e innegable que los tres problemas pasan por el Estado y su administración. 
Además, estos temas tienen relación directa con el tamaño del Estado, la concepción que de él se tenga y, asimismo, con la dirección en que se le lleva. 
Es un hecho que al Estado se le ha cargado de cometidos, se le ha confiado mucho y se ha favorecido su excesivo y enfermizo crecimiento.  

Los problemas mencionados se multiplican en razón del tamaño de la plantilla o planilla pública, la cual sigue creciendo sin cesar y sin que ello signifique mejora en el servicio. Igualmente, en relación con el endeudamiento público, el cual en casi todas partes es gigantesco.  Ello, además, pone presión sobre el vicio de aprobar nuevos impuestos o tributos o sencillamente aumentar la carga tributaria. 

Pero quizás lo más serio es la enfermedad de la estatolatría, que insiste en poner más cosas en manos del Estado.

Es evidente que la maquinaria estatal se va convirtiendo en un gran dinosaurio inútil, grotesco y grosero, pesado y complicado con la tramitopatía, la cual es caldo de cultivo de la corrupción.  

Hay algunas soluciones parciales a los problemas apuntados:

Una de ellas es conocida como la administración outsourcing, consistente en tercerizar, externalizar o subcontratar servicios.  De esta manera la planilla o plantilla pública no se recarga y hay competencia por los servicios y espacios para que las empresas privadas generen empleos sanos y en condiciones de mercado.

La concesión de obra pública, de manera similar, puede resultar mucho más que un paliativo, pues no solo sirve para enfrentar el tema de recursos escasos, sino que poner el esfuerzo y la iniciativa privadas al servicio público.

Obviamente, tales soluciones son parciales.  Inteligentemente instrumentadas pueden cambiar el rumbo de sector público.

Desdichadamente, en algunos países como en Costa Rica, las decisiones dirigidas a estas soluciones han sido mal instrumentadas, torticeramente adoptadas y los resultados han sido paradójicos.  Subcontrataciones hechas con sociedades anónimas laborales que arrastran las mismas situaciones, inercias no cambiadas, planillas recargadas y contratación de obra pública discutible y poco hábil. 

Parece que las decisiones han sido tomadas de esta manera para que las soluciones no sean viables. 

Obviamente, algunos quieren aprovecharse para concentrar actividad y poder en el Estado.  Lo que habría que contraargumentar es quienes ni siquiera pueden contratar a un tercero, quienes incurren en colusiones o contrataciones discutibles, menos aún serían capaces de hacer las obras necesarias, contratar la planilla adecuada o soluciones los problemas con su acción directa.  No más Estado.   Hay que ponerle límites y controles.   

Federico Malavassi

martes, 18 de junio de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: galopa la concentración del poder (II Parte)

Continuación de la primera parte, que fue publicada la semana anterior en este sitio.
 
Una reacción del político que detenta el poder, frente a los díscolos o estrictos miembros de los otros poderes distintos del suyo, es que, quienes en esos otros poderes tienen en sus manos la conducción o el mayor peso de la institución, sean parte de un conglomerado político que los integre. Me imagino que es algo similar a esa entidad que Montesquieu llamó “una misma corporación de próceres”. Interpreto que el partido político (“el partido” como le suelen simplonamente llamar sus acólitos ansiosos de pertenencia) no es más que una forma de “corporación de próceres”. Esto es, un grupo organizado de políticos, quienes se unen bajo una idea o un programa para ejercer el poder.

Cuando se dice que Costa Rica es una “democracia de partidos”, se trata de que se accede al gobierno, a los distintos Poderes en que se divide, mediante el sufragio a través de listas partidarias. En el caso más notorio, los miembros del Poder Legislativo son electos por los ciudadanos de listas partidarias. Algo similar sucede con el Poder Ejecutivo. En el caso del Poder Judicial, si bien no hay una elección directa de los ciudadanos, el nombramiento de los jueces superiores sí lo es por medio de votaciones especiales del Poder Legislativo, que, como hemos dicho, se conforma en su esencia con base en listas partidarias. Es decir, los altos magistrados son electos por un cuerpo esencialmente partidario. En resumen, en Costa Rica existe un sistema político basado en partidos formalmente organizados. Son así los partidos los que, en última instancia, escogen o elijen a quienes han de presidir los Poderes Supremos de la Nación.
Para entender el proceso galopante de concentración de poder que me parece se está dando en el estado costarricense, trataré de ejemplificarlo mediante el análisis de un par de situaciones recientes en nuestro medio. Estas posiblemente han pasado desapercibidas por el ciudadano, porque han sido de mayor interés los viajes presidenciales en jets privados o las visitas a nuestro país de importantes figuras de la política internacionales, como han sido las de los presidentes de los Estados Unidos y el de China.

En la Asamblea Legislativa, para beneplácito de algún columnista de periódicos que constantemente se queja de la “ingobernabilidad del país”, el primero de mayo el Partido Liberación Nacional logró aglutinar una mayoría que le permitió encabezar el directorio del Poder Legislativo. Contó para ello con el apoyo de algunos partidos políticos pequeños, así como de miembros específicos de otros. Alguien podría despreciar la capacidad de ese directorio en cuanto a definir la independencia requerida de ese Poder, pero un ejemplo de que sí lo puede hacer es por la forma en que el directorio integra ciertas comisiones legislativas. Alguna de estas posee una enorme influencia y trascendencia en lo que se refiere al control o refreno de los otros poderes públicos.  Me refiero a la Comisión Legislativa de Ingresos y Gastos del Gobierno, que, entre muchas otras funciones, es la que puede ejercer mayor “control político”. Prueba de ello es que, en años anteriores, ha sido en su seno en donde se han llevada a cabo audiencias muy notorias, acerca de casos de posible corrupción e ineficiencia notoria del Poder Ejecutivo. Esto, en mi opinión, es una muestra importante del ejercicio de freno y contrapeso que el Poder Legislativo puede poner a las acciones del Poder Ejecutivo.

La integración de dicha Comisión está sujeta a la voluntad del Directorio legislativo, el cual es controlado por el Partido Liberación Nacional. En la comisión vigente a partir de los primeros días de mayo de este año, se excluyó sin razón, excepto para quitar a alguien incómodo, a la diputada Patricia Pérez, quien había descollado en una investigación que la Comisión llevó a cabo acerca del tema conocido como “La Trocha”. Es sabido que las comparecencias ante la comisión alcanzaron a una parte de los integrantes del Poder Ejecutivo, aunque  creo que no llegaron hasta quien debe ser señalado como el responsable político final de lo sucedido. En esos días de mayo, doña Patricia fue mandada a otra comisión, en donde tal vez podrá hacer menos “daño político” que antes. En realidad, lo que se espera de parte del Poder es que, tal vez, en su nueva comisión no podrá frenar actos inconvenientes del Ejecutivo o, al menos, de desnudarlos ante la ciudadanía.  

La nueva Comisión de Ingresos y Gastos quedó controlada por el mismo partido que maneja el Poder Ejecutivo –el Partido Liberación Nacional, el cual también controla el Poder Legislativo- de manera que, en ejercicio de sus facultades, lo primero que ya ha hecho es impedir la conformación de audiencias, a fin de que en el Congreso se investigue el uso de un avión privado por parte de quien preside el Poder Ejecutivo y que le transportó, entre otras cosas, a una boda en Perú. Ya conocemos algo así como que quien brindó el avioncito de marras no parece ser de una conducta ejemplar. Pero es necesario que se esclarezca plenamente lo sucedido y que para ello se llegue hasta las últimas instancias. Eso es parte de un muy necesario control político del Poder Ejecutivo llevado a cabo por el Poder Legislativo. Pero en apariencia ya no será posible, pues la nueva comisión, controlada por Liberación Nacional, decidió que no lo investigaría. Parece que, para quienes dirigen el Congreso, no es importante que los ciudadanos podamos darnos cuenta de que es lo que nuestros gobernantes hacen a nuestras espaldas. Que sigamos ayunos de transparencia y de rendición de cuentas: eso es lo que realmente pretenden.

De paso, en la misma nueva comisión de marras, se autoexcluyó el diputado Walter Céspedes, quien, en ciertos momentos, durante la previa, había dado muestras de una independencia deseable.  Él mismo se quitó, porque sabe que en esa  nueva comisión, tal como está integrada, el Poder Legislativo no va a ser un freno para las actuaciones del Poder Ejecutivo.

En esos mismos días de mayo se dio la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, ante el fallecimiento del magistrado Luis Paulino Mora. Quedó electa la magistrada Zarela Villanueva Monge, a quien le guardo mis respetos. Lo cierto es que es hija de un político históricamente notorio y activo del Partido Liberación Nacional y es hermana de un ex Presidente de la Asamblea Legislativa y actual jefe en el Congreso de la fracción del Partido Liberación Nacional. Al ser electa doña Zarela, si bien ha sido bastante moderada en su historia política, se puede observar cómo en estos momentos se va cerrando el círculo de concentración del poder político en Costa Rica, en manos del Partido Liberación Nacional.  Estoy casi seguro que doña Zarela buscará guardar el principio de imparcialidad que debe observar un juez. Pero, no hay duda que, como ciudadano, me da temor una posible falta de independencia de los poderes y la vigencia de frenos y contrapesos entre ellos.

Reitero que mantengo mi esperanza, que le pido a Dios, que la jueza Villanueva sea inspirada por el bien y que mantenga la plena independencia del Poder Judicial, que hoy encabeza. Es difícil deshacerse de sus afectos políticos, pero en lograrlo descansa mucha de la vigencia de separación de poderes en nuestro país. Ningún pueblo –y menos el nuestro- merece que se le menoscabe su libertad. Por tal razón, debemos mantenernos vigilantes de que las tentaciones que el poder ejerce sobre gobernantes, compinches y adláteres, no se conviertan en una realidad. Pues, como dijo Lord Acton, “El poder corrompe y el poder absoluto, corrompe absolutamente”. A esto le agrego un consejo, que una vez le escuché decir a don Alberto Di Mare: “Cuando se llega al gobierno, hay que gobernar como si se estuviera en la oposición”.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 17 de junio de 2013

Tema Polémico: El costo de los salvatajes estatales

La semana pasada el gobierno por medio del Instituto Mixto de Ayuda Social anunció un programa de ayuda económica por dos mil millones de colones dirigido a los caficultores perjudicados por el problema de la roya del café. Todo el país parece estar de acuerdo con esto pues a simple vista se percibe como un acto de solidaridad justificado y algunos opinan que es una obligación del gobierno ayudar estas familias en las zonas rurales. El problema es que la mayoría de las personas no se dan cuenta de que este dinero es únicamente administrado del gobierno pero su origen está en el bolsillo de todos los costarricenses que pagamos impuestos. 

Ya en muchas ocasiones hemos mencionado la inconveniencia de que los ciudadanos deleguemos en un tercero, como el Estado, el valor de la solidaridad. Si deseamos ser solidarios con otra persona o un sector en particular, estamos en todo el derecho de hacerlo pero; ¿Por qué permitir que el Estado nos quite nuestro dinero por medio de impuestos y luego lo gaste en lo que ellos consideran más importante aunque ese criterio discrepe del mío? Además, es importante tomar en consideración que el permitir que la solidaridad sea administrada por un tercero implica que haya gastos administrativos, por lo tanto, el dinero que finalmente llega a los necesitados no es sino una pequeña parte del recaudado originalmente. Que mejor muestra que nuestro propio gobierno cuyos rubros presupuestarios más significativos son salarios y pensiones. Delegar el valor de la solidaridad no solo es perverso sino también ineficiente.

Otro aspecto que es importante tomar en consideración al ver la otra cara de la moneda en este tipo de salvatajes es la peligrosa intromisión que estas decisiones provocan sobre el adecuado funcionamiento del mercado. A principios del siglo pasado dos grandes intelectuales pusieron en evidencia la importancia de la existencia del riesgo en todas las decisiones de los agentes económicos; estos fueron Joseph Schumpeter por medio del concepto de la “Destrucción Creativa” y Frank H. Knight por medio de la “Teoría del Empresario-Riesgo”. Ambas teorías coinciden en que, para que exista un beneficio generalizado en la sociedad,  es fundamental que haya ganadores y perdedores en el mercado y que todos los agentes debían tomar en consideración cierta cuota de riesgo a la hora de tomas sus decisiones de negocios. Esto permite que se vayan formando especializaciones y que se dé un mejoramiento continuo por medio de las enseñanzas logradas por los errores. 

¿Pero qué pasa si el Estado interfiere en la dinámica del riesgo del mercado? Primero que todo, manda un mensaje claro de que finalmente el Estado vendrá a salvar al empresario si, como resultado de sus decisiones, no se dieron los frutos esperados o, como en el caso del café, no se tomó en consideración los riesgos de incursionar en la actividad agrícola. Esto es una invitación a que la sociedad siga incursionando en actividades poco rentables y no permite  el mejoramiento continuo o la innovación.

En segundo lugar, es evidente que el Estado no puede salvar a todos pues no cuenta con los recursos necesarios para hacerlo ¿En qué se diferencian los cafetaleros que han tenido pérdidas por la roya de otros agricultores que pierden por las inundaciones o la pérdida de clientes en mercados de exportación? Entendemos que es lamentable la situación por la que pasan actualmente los cafetaleros y sus familias pero ¿Adónde se marca la diferencia entre ellos y otros agentes económicos? Para que el Estado pueda tener recursos, otros sectores tienen que tener ganancias y estos otros actores también tuvieron que asumir riesgos. Esta política claramente está basada en una socialización de las pérdidas y ese tipo de políticas no son sostenibles en el tiempo.

Se puede concluir que los salvatajes del Estado, si bien es cierto están basados en buenas intenciones, claramente tienen un costo grande para la sociedad y no necesariamente son la mejor solución en el largo plazo.

miércoles, 12 de junio de 2013

Desde la tribuna: ¿omnividente y omnisapiente? ¡Jamás!, pero sí "voyeurista"

Hemos destacado el curioso hecho de que, aunque la ocupación de político esté tan desacreditada, no obstante la gente va en la inercia de adjudicarle cuanta cosa pueda al Estado, a pesar de que está en manos de los políticos. ¡Curioso!

Sin embargo, hay otra cuestión igualmente singular, producto de la mitología actual:  adjudicar al Estado las facultades de omnividente y omnisapiente, a pesar de que esta organización (eufemismo) no puede superar en un ápice las capacidades de sus funcionarios.  Más bien sucede con mucha frecuencia todo lo contrario: que Estado actúa tan disfuncionalmente que consigue lo peor de sus colaboradores (con honrosas y evidentes excepciones, por supuesto). 
 El Estado, eso sí es cierto, ha intentado ser “panóptico”, trata de ver todo. Pero no pasa de ser “voyeurista” o “samueleador”.   

Hace años, con el pretexto del impuesto sobre la renta (vocablo arcaico) se ha apoderado de las contabilidades de las personas y empresas. Muchos contadores tienen como parte de su ética la vigilancia de las cuentas para el Estado. Con ello desnaturalizan la utilidad de las contabilidades. Igualmente, con el pretexto de la lucha contra el crimen, se ha creado el delito de “legalización de capitales” (autónomo del robo, estafa, narcotráfico o cualesquiera otros que pudieran haber dado origen al capital) y una nueva forma de hacer “voyeurismo” en las finanzas ajenas.

A raíz del escándalo de los “wikyleaks” y recientes acusaciones respecto de los registros telefónicos, resulta revelador cuánto invierten los Estados en meterse en la vida del prójimo.  

No obstante, tales incursiones no hacen al Estado más sabio, más vidente, más inteligente sino todo lo contrario:  más abusivo, más agresivo y más violador. En todo el mundo abundan las denuncias relativas al uso de información privilegiada por parte de funcionarios públicos. También son frecuentes las denuncias por uso indebido de la información obtenida para actividades tributarias.

Lo más curioso del asunto es que la situación debería ser exactamente al revés: los ciudadanos deberíamos saber cada día más de lo que pasa en Palacio, conocer hasta el último céntimo (que no peso) que se gasta en el ámbito público, saber de la vida de los funcionarios, tener cuentas verdaderas y al día. El Estado debería ser como una “casa de cristal” y todo debería quedar a la vista de la sociedad.

Y los estatólatras insisten, en cambio, en otorgar al Estado cada día más funciones e intervenciones en la vida particular.  Siguen creyendo en su omnisapiencia, en su omnividencia, en su bondad … aunque esté nutrido de políticos y sea imposible que lo sepa todo.

Algunos quieren que el Estado sustituya al mercado, otros que asuma toda la educación, no faltan los que lo prefieren a la Iglesia y muchos quisieran que sustituya a las familias. ¿Cómo será que siquiera tienen tales ocurrencias? Le adjudican, además, el mejor comportamiento moral, la mayor inteligencia, la mejor información y el mejor uso de medios.  

La evidencia, en cambio, muestra la corruptibilidad que se da con la concentración de tareas, la disfuncionalidad que produce el exceso de tamaño, los graves costos sociales de fomentar un Estado grande, las perversiones en que incurren los funcionarios públicos y la lentitud y atrasa a que se somete toda la sociedad con la tramitopatía. 
 
Federico Malavassi Calvo   

martes, 11 de junio de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: galopa la concentración de poder (I Parte)

Cada vez que quiero referirme al tema de la concentración del poder en los gobiernos, acudo a mi viejo texto del barón de Montesquieu, “Del Espíritu de las Leyes”. Sigue siendo mi base intelectual de conceptos tales como la división de poderes y de la necesidad de disponer de frenos y contrapesos en la esfera gubernamental.
Dice Montesquieu, 

“Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad; falta la confianza, porque puede temerse que el Monarca o el Senado, hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente.” 

Y continúa señalando que “No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos; como que el juez sería legislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor”.
Montesquieu continúa diciéndonos:

“Todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes: el de dictar las leyes; el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre particulares.” (Montesquieu, Del Espíritu de las Leyes, Editorial Porrúa, S. A., México, D. F., 1980, p. 104).

Considero que estas palabras son sumamente oportunas pare explicarnos algunos de los serios riesgos que hoy se presentan en nuestro país y que hacen necesario reiterar aquel principio fundamental del derecho constitucional, cual es que la soberanía reside en los ciudadanos, no en los gobernantes.
En vez de que nuestro sistema democrático progrese hacia una mayor capacidad de decisión directa por parte de la ciudadanía, como es la utilización del referendo, más bien se conserva lo que se conoce como democracia indirecta, en donde se supone que las personas han cedido su soberanía para que, en su nombre, las leyes sean dictadas por la Asamblea Legislativa. Son estos asuntos de nuestra política los que me ha impulsado a reflexionar acerca de otro tema de crucial importancia en la vida de los pueblos, como es la forma en que está constituido el poder gubernamental y su naturaleza. 

En lo particular, la esencia del gobierno y su poder de coacción me impulsan a ver cómo se puede refrenar esa parte de la naturaleza humana, cual es querer tener el mayor grado posible de poder. Algunas veces esa búsqueda se hace con el fin deliberado de poder hacer el mayor bien, pero muchas otras, queriendo lograrlo, más bien conduce a la opresión. En otras ocasiones, aunque se pretenda disfrazar de una falsa bondad, el tirano lo que pretende es lograr mayores riquezas o satisfacciones propias. Así, es capaz de despojar de sus haberes a los ciudadanos de su nación o les impone sus valores propios a las demás personas, quienes no los compartan.

Aún en gobiernos moderados no necesariamente se ha encontrado la libertad política; esto es, en donde rija a plenitud la libertad, que no es otra cosa más que “poder hacer lo que se puede querer y no en ser obligado a hacer lo que no debe quererse… La libertad es el derecho de hacer lo que las leyes permiten…”. (Op. Cit.  p. 103).

En mi opinión, en nuestra democracia moderada hay síntomas cada vez más claros de una concentración del poder, que, si no se refrena, bien puede conducir a abusos inconvenientes para los ciudadanos. Una división de poderes efectiva exige la separación de las funciones esenciales de un gobierno, cuales son la promulgación de leyes (el poder legislativo), su ejecución o puesta en vigencia (el poder ejecutivo) y el castigo de los delitos y la resolución de los conflictos o diferencias entre personas particulares. Igualmente importante es que existan frenos y contrapesos entre esos tres poderes, de forma que se permita que cada una de estas ramas del gobierno tenga la capacidad de contrarrestar o frenar las acciones de las otras dos ramas, de manera que se impide que una sola de estas ramas pueda controlar la totalidad del gobierno.

Mi temor, al observar la concentración de poder que hoy vislumbro en Costa Rica, radica en que no hay la suficiente garantía de frenos o contrapesos a la acción de uno de esos poderes o bien del conjunto de ellos, que pueda impedir limitaciones indebidas a mi libertad personal. Cada día que pasa veo cómo se dan hechos o acontecimientos que sólo conducen a esa concentración de poder. En muchas ocasiones se persigue bajo el pretexto de la gobernabilidad del país, que se dice es afectada por una separación real de los poderes y, ante todo, por la incapacidad de alguna de las ramas de gobierno para imponer su voluntad.  La expresión de que hay “un problema de gobernabilidad en el país” no es, muchas veces, más que una molestia acerca de la capacidad que tiene una de las ramas del gobierno, ya sea el poder legislativo o el poder judicial, de frenar las acciones de la rama ejecutiva. Es decir, que en realidad el tal “el problema de gobernabilidad” no es sino una derivación del ejercicio normal y deseado de la existencia de frenos y contrapesos entre los poderes de la república.

En otras ocasiones, la llamada ingobernabilidad surge más bien por la incapacidad de alguna de las ramas del gobierno, de actuar de conformidad con la lógica constitucional del poder, cual es la existencia de un poder dividido entre sus partes y las cuales se refrenan entre sí.  

En sencillo, me parece que lo usual en nuestro país es que al Poder Ejecutivo le moleste que el Poder Legislativo tome alguna decisión que no comparte o bien porque el Poder Judicial no le admita la existencia de una plena legalidad a las actuaciones del Poder Ejecutivo. Es menor el caso de alegatos de ingobernabilidad a causa del malestar del Poder Legislativo ante frenos que le impone el Poder Judicial.  Ejemplo de esto último puede ser el malestar, que con mayor videncia se ha hecho recientemente, en lo que se refiere a ciertas decisiones de la Sala Constitucional que han refrenado actuaciones del Poder Legislativo.

Lo fácil es clamar porque el país es ingobernable. Pero en el fondo, en muchas ocasiones, los problemas surgen simplemente por la forma en que actúa el Poder Ejecutivo -que es de donde suelen surgir las quejas de ingobernabilidad- ante los otros Poderes.  Parece existir un desprecio del primero hacia los otros poderes. Da la apariencia de que los considerar como si fueran de menor jerarquía institucional (al menos en cuanto se refiere al Poder Legislativo).  

En el caso de la relación Poder Ejecutivo y Poder Judicial, me da la impresión de que hay una relación de respeto requerida, pero el Poder Ejecutivo a veces parece que considera a su par como un ente que debería simplemente aceptar o santificar su comportamiento, sin llegar al rechazo de sus decisiones.  Tengo presenta la amargura con que el Poder Ejecutivo recibió la decisión del Poder Judicial, en torno al paquete tributario más reciente que aprobó la Asamblea Legislativa, al no haberse cumplido plenamente con los requisitos de ley. Me da la impresión de que el Poder Ejecutivo tiene respeto por el Poder Judicial, pero desearía supeditarlo a que fuera casi tan sólo una entidad que le diera el visto bueno a cuanta cosa hace el Ejecutivo. 

Muchas veces el tal problema de ingobernabilidad surge porque el Poder Ejecutivo no es capaz de desplegar el tacto e interacción necesarias que se requiere en ciertas circunstancias. Sin embargo, lo que se le hace fácil es clamar por una ingobernabilidad, que no es sino la resultante del verdadero ejercicio de los contrapesos y frenos institucionales entre los tres poderes de la República.

Continúa la próxima semana.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 10 de junio de 2013

Tema polémico: ¿Doble moral?


Si bien es cierto han pasado un par de días desde que salió la noticia que el día de hoy comentaremos, no queríamos dejar pasar la misma de forma desapercibida. Como todos bien saben, días atrás el Diputado Justo Orozco pidió que la Diputada Carmen Muñoz fuera retirada de la Comisión legislativa que analiza los proyectos relativos a los derechos de
las parejas homosexuales. Evidentemente, dicho actuar generó una serie de críticas en diversos espacios de la opinión pública, máxime cuando la crítica hacia Justo Orozco se ha vuelto un lugar común. Por favor, no nos mal entiendan, por supuesto que creemos que la solicitud de Justo Orozco es una sinvergüenzada más de las que nos tiene acostumbrados, pero como siempre creemos que este tema tiene más aristas que las que el observador y analista incauto pensaría.

Nos parece excelente que distintos actores sociales expresen su repudio a las palabras de Justo Orozco, pero en ASOJOD creemos que en el tema de derechos humanos (o individuales como preferimos llamarlos) no se puede andar a medias tintas tanto en el campo de la denuncia como en el campo de la praxis, es decir, en la coherencia absoluta entre pensamiento y acción. En este sentido, nos llama poderosamente la atención el por qué nadie realiza las mismas denuncias cuando se informa que tenemos una Diputada que participó en formaciones políticas en Cuba así como en la guerrilla sandinista, es decir, ¿los derechos humanos sólo interesan en una vía, sólo valen para una causa? ¿Acaso la enorme cantidad de personas que repudian a Justo Orozco se han preocupado por este tema? Una pregunta más: cuántos de nuestros ciudadanos que se jactan de ser defensores asiduos de los derechos humanos sólo por apoyar los derechos de las parejas homosexuales, no tienen ningún empacho en irse a sentar al Estadio Nacional (un estadio construido con los dineros de un Gobierno que no se destaca por respetar las libertades civiles y políticas más básicas como lo es la alternancia en el poder y la competencia electoral). Es triste ver como todo es prostituido, como todo se convierte en asuntos partidarios y en una ética “de donde mejor caliente el sol”.

Así, el día de hoy lo que queremos resaltar es lo fácil que resulta la crítica cuando se convierte en una moda, lo difícil y meritorio es vivir coherentemente nuestras vidas, no hacer aquello que criticamos y vivir a base de principios y no de meros slogans. Por ello, en ASOJOD quería invitarlos junto a nosotros a reflexionar que valores decimos profesar en nuestras vidas y que hacemos en nuestro diario vivir para rendirles tributo con nuestras acciones, sólo así verdaderamente podrá mejorar este país.

miércoles, 5 de junio de 2013

Desde la tribuna: oportunidades y empleo

Es cierto que algunas personas no quieren trabajar, no hay porqué negarlo. Del mismo modo, es innegable que algunos quieren aprovecharse del esfuerzo ajeno o tomar ventaja indebida, tampoco hay motivo para no reconocer que unos cuantos son así.

Pero también es cierto que la mayoría de la gente lo que desea es la oportunidad de trabajar para ganarse la vida, tener la oportunidad de un empleo, de montar un negocio o iniciar una empresa. 

Hay sistemas que favorecen la generación de empleos, la construcción de empresas, las oportunidades y el trabajo.  Cuando ello sucede es muy bueno, la gente encuentra empleo, hay muchas oportunidades de trabajar, hay posibilidad de iniciar un negocio, una empresa o de competir en el mercado. 

Hay sociedades en las cuales la gente no tiene miedo de cambiar de trabajo, tiene confianza en su fuerza de trabajo, en sus habilidades, en su esfuerzo y en su capacidad.  Hay sociedades en las cuales la laboriosidad se ve premiada, las virtudes sociales y económicas tienen su recompensa y el futuro se ve promisorio.   El horizonte no asusta, los años de preparación rinden fruto y la gente disfruta el producto de su esfuerzo.

¿Cómo anda Costa Rica al respecto?  ¿Es una sociedad abierta o está cerrada?

La pregunta tiene una respuesta compleja.  Es cierto que la gente con mayor escolaridad, en general, tiene acceso a las mejores remuneraciones.  Pero, por otro lado, no es necesariamente en mercado abierto sino en “puestos” de trabajo en instituciones. 

Es un hecho que tenemos un Estado caro, inútil, deficitario, ineficiente y redundante.  Ello tiene un efecto negativo en el resto de la sociedad:  el Estado no cumple con las prestaciones a que está obligado, la infraestructura pública es mala y poco apropiada, la gestión pública es cara y poco eficiente, los servicios públicos no son oportunos ni cumplen siquiera con los parámetros de la propia Ley General de la Administración Pública, la responsabilidad del funcionario pública no es exigida por los juzgadores, las gollerías y privilegios son constantes y la presión por más ingresos públicos es permanente.  El Estado ha olvidado la buena gestión, echa a perder las instituciones, degrada los servicios, es moroso con sus obligaciones y no garantiza lo elemental. 

Ello tiene efectos reales en la sociedad, pues además, para colmo, el funcionario tiende a justificarse en la tramitomanía patológica (que constituye una barrera para las oportunidades y creación de empleo), en el sobrecosto de algunos servicios (seguros públicos, energía y prestaciones en general) y en la respuesta a los requerimientos ciudadanos (permisos, trámites, autorizaciones, inspecciones, diligencias).

Obviamente, ello significa que quien quiere hacer, emprender, trabajar, gestionar y cualesquiera otra actividad similar, requiere de mucho tiempo en gestiones, tramitología, permisología y demás fauna.  Algunos requisitos son de antología, tales como exigir inscripción de sociedades y otros requisitos sin tener certeza de cómo evolucionará la gestión (luego quedan costos excesivos sin garantía de llegar a la meta).    No sale adelante quien quiere sino quien puede.  El favor público es decisivo.   Pero muchas posibilidades son únicamente para quienes tienen fortuna y no para quien tiene ideas e impulso. 

Por supuesto que no se trata de una sociedad abierta.  Es tierra de oportunidades para el clientelismo político, para la corrupción, para el partido político, pero no para quien quiere desempeñarse en mercado abierto, sin colusión con el gobierno y sin distorsiones.   

Poco a poco, nos vamos pareciendo a aquella “Granja de los Animales” de Georges Orwell, en la cual “unos son más iguales que otros”. 

Para pensar, ¿verdad?

Federico Malavassi Calvo

martes, 4 de junio de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: una refinería alternativa

La refinería conocida como SORESCO (o refinería china), que RECOPE y la China National Oil Petroleum Company (CNPC) planean llevar a cabo conjuntamente, parece ser un negociado inconveniente para los costarricenses. No sólo se ha puesto en evidencia un claro conflicto de intereses en la negociación de la propuesta, sino que también se han utilizado dudosos procesos legales de contratación. Asimismo, el proyecto terminará por imponer un costo muy elevado al ciudadano, a lo cual se debe agregar que, posiblemente, posee problemas técnicos, de rentabilidad y que podría constituir indebidamente una extensión internacional del monopolio que tiene RECOPE, el cual ahora compartirá con SORESCO.

El año pasado, los economistas Leiner Vargas, Carlos Leiva y Juan Antonio Rodríguez formularon una serie de críticas a dicho negociado, pero éstas aún no han sido debidamente contestadas. Tan sólo hace pocos días, don Leiner insistió en lo que considera una falta de claridad de muchas cosas en torno al proyecto de marras.

Se han expuesto públicamente situaciones claras de posible corrupción derivada de conflictos de intereses, cual es, en un primer caso, la contratación de una subsidiaria de la empresa china codueña de SORESCO (la firma Huanqiu Contracting and Engineering Corporation cuya dueña es también la China National Petroleum Company, socia de RECOPE en el proyecto de la refinería) para que hiciera el estudio de rentabilidad de la inversión y de una eventual puesta en marcha del proyecto. En un segundo caso, se contrató a la empresa estadounidense Honeywell, para que analizara el defectuoso estudio inicial -públicamente reconocido- de Huanqiu Contracting. Como Honeywell no pudo determinar si el proyecto era rentable y que, más bien, los montos estimados de inversión habían sido sobreestimados, SORESCO entonces contrató a la empresa WorleyParsons Limited, para que revisara los hallazgos, hasta ese momento, de los dos consultores antes citados.  Resulta que quien hizo el estudio no fue WorleyParsons Limited, sino una empresa conjunta que WorleyParsons tiene con una subsidiaria de la China Petroleum Company  (Esta es la empresa socia de RECOPE en SORESCO). Tan sólo estos dos casos ponen en duda la independencia necesaria que debe haber entre quienes hacen los estudios y todos aquellos que van a llevar a cabo la inversión.  Esa independencia es especialmente crucial, dado que en la inversión de SORESCO participa RECOPE con un 50%, como socia de los chinos. ¿Falta de cuidado elemental de parte de RECOPE? No creo que sean tan tontos. ¿Chorizo en marcha? Lo dejo para que usted lo considere.

Don Manrique Jiménez, un distinguido abogado especialista en asuntos de contratación administrativa, hizo públicas sus críticas a la forma como se ha procedido con las negociaciones.  Yo las comparto y las resumo en que no se han seguido las leyes de contratación pública del país, siendo que RECOPE es parte del estado costarricense. No entiendo cómo, simplemente, RECOPE escogió a dedo a un socio, sin sacarlo a licitación pública y que ello fue, supuestamente, aceptado por las autoridades contraloras. No me extenderé en temas de derecho, que no es mi campo, pero ciertamente no comparto lo que la Contraloría -dicen- ha permitido al respecto.

Recuerdo que una de las críticas, que casi desde sus inicios se le formuló al proyecto de SORESCO, era que la refinería propuesta tenía una capacidad muy pequeña, con lo cual difícilmente podría resultar ser económicamente rentable.  En cierto momento se indicó que una capacidad de refinación deseable era de unos 200.000 barriles diarios, en vez de los 60.000 o 65.000 que se ha indicado tendrá la refinería de SORESCO.  Sobre este asunto de la capacidad instalada óptima no se ha vuelto a indicar nada.

El tema de la forma en que se financiará el proyecto es también muy interesante, pues se ha indicado que el costo de los $1.300 millones por la construcción de la nueva refinería y final del proyecto de alrededor de $1.500 millones será cubierto en unos $900 millones por un préstamo del gobierno chino y el resto por el aporte social de SORESCO (partes iguales entre chinos y RECOPE). El monto total requerido, para empezar, ha venido aumentando conforme ha ido pasando el tiempo. Al momento en que escribo esto, no se conocen con toda claridad las cláusulas del eventual financiamiento. En todo caso, esa deuda de $900 millones aumentaría la ya muy elevada deuda pública del país, pues RECOPE es parte del sector público y el endeudamiento aparentemente sería suscrito entre los gobiernos de China –el acreedor- y el de Costa Rica, como deudor. Esto último significaría para cada costarricense una deuda adicional per cápita de aproximadamente $200 (alrededor de ¢100.000).  Eso es lo que, sin considerar los intereses, cada uno de nosotros le deberá pagar al gobierno chino. Para ello, SORESCO le garantiza el pago de un arrendamiento al socio chino durante 15 años.  Según lo que se ha informado, China considera que la tasa interna de retorno del proyecto debe ser de un 16%, lo cual le serviría de base, supuestamente, para que se pague esa deuda con ellos. Sin embargo, ya se han hecho señalamientos de que, dada la capacidad de refinación propuesta y a fin de lograr esa rentabilidad requerida, que incluso se ha señalado en ciertos estudios que sería de un 19.6%, será necesario que el precio de los combustibles suba entre $18 y 20 por barril. Eso lo pagaremos todos nosotros.

Ello lo dice el ingeniero químico Reinhardt Acuña, “En términos simples, para poder Soresco lograr esa rentabilidad, deberá refinar con un margen de ganancia que asegure los US$ 18 a US$20/barril lo que significa que para poder lograrlo, deberá subir el precio de los combustibles hasta un punto que les permita alcanzar ese margen. Ese es el propósito de producir únicamente los combustibles más caros y rentables… Como siempre el que pagará los platos rotos será el consumidor; como siempre, con precios elevadísimos de combustibles.” (Comentario electrónico al artículo de La Extra, del 1 de junio del 2013, “China prestará $900 mills. para la nueva refinería”.)

Estas son parte de mis dudas que no he visto aclararse. Por ello, lo veo como un proyecto, tal como está constituido, que resulta ser muy arriesgado, en donde cada uno de nosotros tendría que asumir parte del riesgo.  Como ciudadano que deberá pagar eventualmente esos fondos, yo no quiero asumir ese riesgo, por lo cual me permito hacer una propuesta para que sean otros quienes lo tomen, a la vez que disfrutaríamos de los bienes que daría una refinería de petróleo en el país.

Frente a la propuesta de desarrollar en Costa Rica una refinería producto de la conjunción de dos entes estatales, RECOPE y la China National Petroleum Company, propongo la alternativa –que eventualmente deberá será mejor desarrollada- de que haya la posibilidad en Costa Rica de realizar una oferta internacional para instalar en el país un refinería privada.  Ello nos garantizaría lo siguiente:

    -Que no haya conflicto de intereses como los observados, pues la refinería privada que podría estar interesada, haría los estudios de rentabilidad necesarios que determinarían que su inversión se justifica. Esos estudios deberían reflejar una rentabilidad verdadera y adecuada de la inversión. En caso contrario, ésta no se llevaría a cabo por los socios privados del proyecto.
    -Que igualmente la capacidad sea la óptima, según las condiciones del mercado. Nadie va a construir una planta industrial cuyo tamaño no sea rentable. Tal vez por ello es que la mayoría de las refinerías occidentales modernas suelen procesar diariamente tres o cuatro veces más barriles de crudo, que como lo haría el proyecto de SORESCO. El tamaño lo definiría, dada la demanda, las posibilidades de oferta de crudo.  El potencial oferente de construir la refinería aquí buscaría tener seguro el suministro del crudo materia prima. Si no lo tiene seguro, no se arriesgaría a llevar a cabo una inversión tan elevada.
    -Las justas preocupaciones medioambientales deben ser igualmente satisfechas de acuerdo con nuestra legislación, ya se trate de una refinería privada o una bi-estatal como SORESCO. Igual debe suceder con todas las reglas jurídicas pertinentes.
    -Dado que los políticos de por aquí nos han dicho que lo más importante de tener una refinería en el país es que no dependeríamos de la oferta internacional de los derivados, sino que “se obtendría el crudo de países amigos”, la refinería privada que se instale en el país deberá observar una cláusula de provisión prioritaria de sus producto a  satisfacer las necesidades nacionales.  De manera, en caso de crisis en la oferta de derivados, tendríamos garantizado el abastecimiento doméstico. El precio sería el mismo al que se venden los productos refinados al resto del mundo.
    -No tendríamos una refinería que fuera monopolio de nada. Deberá existir la posibilidad de que haya otros oferentes en el país. En todo caso, habría siempre la garantía contractual de que, el precio al cual se venden los derivados a Costa Rica, no será superior al que debe pagar el resto del mundo.
    -No habría convenciones colectivas leoninas, en donde los costos derivados de ésta son trasladados automáticamente al consumidor nacional, como sucede en la actualidad mediante precios internos más altos de los derivados.
Finalmente deseo referirme a algo que aún no logro entender acerca de la política energética de este gobierno.  Supongo que está interesado en que se instale en el país la refinería de SORESCO. Es decir, que con ella seguirá siendo preeminente el suministro energético doméstico con base en derivados de petróleo. Sólo que, con  SORESCO, no importaríamos combustibles derivados, sino el crudo, que aquí se refinería.  Una parte de ello se iría exportado al exterior y otra para el consumo doméstico.

Hace pocos días, cuando Obama nos visitó, casi que vimos suplicando a nuestras autoridades ante las de Estados Unidos, para que se nos asegurará que, cuando esa nación empezara a exportar gas natural, dado el enorme “boom” actual de su producción, se nos garantizara su suministro. Tengo entendido que Estados Unidos se ha convertido en la potencia mundial de una forma de energético que, en alto grado, va a sustituir gradualmente al proveniente de la refinación de petróleo.  Ciertos políticos de este país se han referido al gas natural como la fuente más promisoria en cuanto al suministro energético. Pues bien, este gobierno, en vez de proceder al desarrollo de energía con base en el gas natural, obtenido tanto interna como externamente, decide hacerlo, realizando una inversión desproporcionada en una refinería de petróleo en conjunto con el gobierno chino.

No sé si una apertura a la inversión privada internacional para hacer una refinería en el país va a ser aceptable para los inversionistas, en especial si se consideran las posibilidades de un mayor desarrollo con base en el gas natural. Pero la decisión de llevar a cabo una inversión en una refinería de petróleo por agentes privados, no va a poner en riesgo a todos los ciudadanos, sino tan sólo a quienes sean los inversionistas. Serán ellos quienes corran el riesgo. Ese es el contraste entre esa refinería bi-estatal que se quiere construir en el país o dejar que la empresa privada la lleve a cabo: el riesgo en la bi-estatal lo asumimos todos los costarricenses. Las decisiones de hacer la inversión son tomadas por los políticos. Por contraste, si la decisión de invertir la llevan a cabo empresarios privados, lo harán tomando en cuenta la rentabilidad verdadera de la inversión, en comparación con el costo de llevarla a cabo. Actuarán eficientemente. Esto destaca una diferencia esencial que hay entre una inversión privada y una inversión estatal.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 3 de junio de 2013

Tema polémico: privilegios odiosos

Para nadie es un secreto que la calidad de la Asamblea Legislativa ha decaído muchísimo en los últimos años con la incursión de personas sin conocimiento, preparación ni escrúpulos para desempeñar tan altos cargos. La gran mayoría pareciera que ha llegado a ese puesto para conseguir y/o consolidar negocios políticos o personales en lugar de dedicarse a representar y defender los derechos de los ciudadanos. 

Por ello, se valen de su cargo, de sus privilegios y de su poder para conseguir beneficios. Uno de los más odiosos privilegios que tienen los legisladores es el del combustible. Mensualmente, cada Diputado recibe unos 500 litros de combustible pagado por todos los costarricenses para, supuestamente, utilizarlo en el ejercicio de su cargo, es decir, asistir a reuniones y actividades, visitar comunidades, etc. No obstante, un reciente reportaje de La Nación comprobó un secreto a voces: que lo regalan a sus allegados o lo utilizan en campañas políticas, fines que evidentemente no son los que busca satisfacer la medida.

No obstante, nuestros "Padres de la Patria" en lugar de reconocer el abuso y comprometerse a tomar medidas para evitar el despilfarro de fondos públicos -cosa por la que deberían velar- han tenido el descaro de salir a defender su odioso privilegio en el Plenario Legislativo e, incluso, a través del Directorio Legislativo, ordenaron una investigación para castigar la "fuga de información", pues el Presidente Legislativo, Luis Fernando Mendoza (PLN), dijo que "nadie debería tener acceso a esa información" y su antecesor, Víctor Emilio Granados (PASE) aduce que se trata de información protegida por el secreto bancario.

Indignan, pero no sorprenden, tan burdas declaraciones de legisladores más interesados en conservar su gollería que en cumplir con el deber constitucional de la representación política. Se equivoca el Diputado Mendoza cuando afirma que nadie debe conocer esa información porque, sea o no parte del salario, los 500 litros de gasolina se pagan con fondos públicos y eso hace que los tax payers tengamos todo el derecho de exigir la información correspondiente. Queremos saber en qué se gastan, cómo se gastan y quienes lo gastan. 

Nos parece inadmisible que, además de pagar quizá el combustible más caro de todo el continente, tengamos que subsidiar el gasto de las familias de los Diputados o de sus campañas políticas -que bien nos están costando miles de millones con la "contribución estatal" a los partidos-. Mucho peor encontramos que se intente dar tratamiento secreto a esta información, ocultando este manejo irregular que termina favoreciendo a unos a costa de todos los demás ciudadanos. Nos decepciona que algunos legisladores que considerábamos honestos y decentes, ante esta situación, guarden silencio por protección de su "gremio" y su privilegio y se abstengan de presentar alguna reforma a su Ley de remuneraciones para acabar con esta vulgaridad. 

Como ciudadanos, exigimos que esta y cualquier otra información que implique fondos públicos, obtenidos a través del saqueo institucionalizado del Estado, sea revelada con total transparencia. Depende de nosotros hacer valer ese derecho, reclamando y castigando a quienes la oculten.