martes, 11 de junio de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: galopa la concentración de poder (I Parte)

Cada vez que quiero referirme al tema de la concentración del poder en los gobiernos, acudo a mi viejo texto del barón de Montesquieu, “Del Espíritu de las Leyes”. Sigue siendo mi base intelectual de conceptos tales como la división de poderes y de la necesidad de disponer de frenos y contrapesos en la esfera gubernamental.
Dice Montesquieu, 

“Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad; falta la confianza, porque puede temerse que el Monarca o el Senado, hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente.” 

Y continúa señalando que “No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos; como que el juez sería legislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor”.
Montesquieu continúa diciéndonos:

“Todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes: el de dictar las leyes; el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre particulares.” (Montesquieu, Del Espíritu de las Leyes, Editorial Porrúa, S. A., México, D. F., 1980, p. 104).

Considero que estas palabras son sumamente oportunas pare explicarnos algunos de los serios riesgos que hoy se presentan en nuestro país y que hacen necesario reiterar aquel principio fundamental del derecho constitucional, cual es que la soberanía reside en los ciudadanos, no en los gobernantes.
En vez de que nuestro sistema democrático progrese hacia una mayor capacidad de decisión directa por parte de la ciudadanía, como es la utilización del referendo, más bien se conserva lo que se conoce como democracia indirecta, en donde se supone que las personas han cedido su soberanía para que, en su nombre, las leyes sean dictadas por la Asamblea Legislativa. Son estos asuntos de nuestra política los que me ha impulsado a reflexionar acerca de otro tema de crucial importancia en la vida de los pueblos, como es la forma en que está constituido el poder gubernamental y su naturaleza. 

En lo particular, la esencia del gobierno y su poder de coacción me impulsan a ver cómo se puede refrenar esa parte de la naturaleza humana, cual es querer tener el mayor grado posible de poder. Algunas veces esa búsqueda se hace con el fin deliberado de poder hacer el mayor bien, pero muchas otras, queriendo lograrlo, más bien conduce a la opresión. En otras ocasiones, aunque se pretenda disfrazar de una falsa bondad, el tirano lo que pretende es lograr mayores riquezas o satisfacciones propias. Así, es capaz de despojar de sus haberes a los ciudadanos de su nación o les impone sus valores propios a las demás personas, quienes no los compartan.

Aún en gobiernos moderados no necesariamente se ha encontrado la libertad política; esto es, en donde rija a plenitud la libertad, que no es otra cosa más que “poder hacer lo que se puede querer y no en ser obligado a hacer lo que no debe quererse… La libertad es el derecho de hacer lo que las leyes permiten…”. (Op. Cit.  p. 103).

En mi opinión, en nuestra democracia moderada hay síntomas cada vez más claros de una concentración del poder, que, si no se refrena, bien puede conducir a abusos inconvenientes para los ciudadanos. Una división de poderes efectiva exige la separación de las funciones esenciales de un gobierno, cuales son la promulgación de leyes (el poder legislativo), su ejecución o puesta en vigencia (el poder ejecutivo) y el castigo de los delitos y la resolución de los conflictos o diferencias entre personas particulares. Igualmente importante es que existan frenos y contrapesos entre esos tres poderes, de forma que se permita que cada una de estas ramas del gobierno tenga la capacidad de contrarrestar o frenar las acciones de las otras dos ramas, de manera que se impide que una sola de estas ramas pueda controlar la totalidad del gobierno.

Mi temor, al observar la concentración de poder que hoy vislumbro en Costa Rica, radica en que no hay la suficiente garantía de frenos o contrapesos a la acción de uno de esos poderes o bien del conjunto de ellos, que pueda impedir limitaciones indebidas a mi libertad personal. Cada día que pasa veo cómo se dan hechos o acontecimientos que sólo conducen a esa concentración de poder. En muchas ocasiones se persigue bajo el pretexto de la gobernabilidad del país, que se dice es afectada por una separación real de los poderes y, ante todo, por la incapacidad de alguna de las ramas de gobierno para imponer su voluntad.  La expresión de que hay “un problema de gobernabilidad en el país” no es, muchas veces, más que una molestia acerca de la capacidad que tiene una de las ramas del gobierno, ya sea el poder legislativo o el poder judicial, de frenar las acciones de la rama ejecutiva. Es decir, que en realidad el tal “el problema de gobernabilidad” no es sino una derivación del ejercicio normal y deseado de la existencia de frenos y contrapesos entre los poderes de la república.

En otras ocasiones, la llamada ingobernabilidad surge más bien por la incapacidad de alguna de las ramas del gobierno, de actuar de conformidad con la lógica constitucional del poder, cual es la existencia de un poder dividido entre sus partes y las cuales se refrenan entre sí.  

En sencillo, me parece que lo usual en nuestro país es que al Poder Ejecutivo le moleste que el Poder Legislativo tome alguna decisión que no comparte o bien porque el Poder Judicial no le admita la existencia de una plena legalidad a las actuaciones del Poder Ejecutivo. Es menor el caso de alegatos de ingobernabilidad a causa del malestar del Poder Legislativo ante frenos que le impone el Poder Judicial.  Ejemplo de esto último puede ser el malestar, que con mayor videncia se ha hecho recientemente, en lo que se refiere a ciertas decisiones de la Sala Constitucional que han refrenado actuaciones del Poder Legislativo.

Lo fácil es clamar porque el país es ingobernable. Pero en el fondo, en muchas ocasiones, los problemas surgen simplemente por la forma en que actúa el Poder Ejecutivo -que es de donde suelen surgir las quejas de ingobernabilidad- ante los otros Poderes.  Parece existir un desprecio del primero hacia los otros poderes. Da la apariencia de que los considerar como si fueran de menor jerarquía institucional (al menos en cuanto se refiere al Poder Legislativo).  

En el caso de la relación Poder Ejecutivo y Poder Judicial, me da la impresión de que hay una relación de respeto requerida, pero el Poder Ejecutivo a veces parece que considera a su par como un ente que debería simplemente aceptar o santificar su comportamiento, sin llegar al rechazo de sus decisiones.  Tengo presenta la amargura con que el Poder Ejecutivo recibió la decisión del Poder Judicial, en torno al paquete tributario más reciente que aprobó la Asamblea Legislativa, al no haberse cumplido plenamente con los requisitos de ley. Me da la impresión de que el Poder Ejecutivo tiene respeto por el Poder Judicial, pero desearía supeditarlo a que fuera casi tan sólo una entidad que le diera el visto bueno a cuanta cosa hace el Ejecutivo. 

Muchas veces el tal problema de ingobernabilidad surge porque el Poder Ejecutivo no es capaz de desplegar el tacto e interacción necesarias que se requiere en ciertas circunstancias. Sin embargo, lo que se le hace fácil es clamar por una ingobernabilidad, que no es sino la resultante del verdadero ejercicio de los contrapesos y frenos institucionales entre los tres poderes de la República.

Continúa la próxima semana.

Jorge Corrales Quesada

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