martes, 18 de junio de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: galopa la concentración del poder (II Parte)

Continuación de la primera parte, que fue publicada la semana anterior en este sitio.
 
Una reacción del político que detenta el poder, frente a los díscolos o estrictos miembros de los otros poderes distintos del suyo, es que, quienes en esos otros poderes tienen en sus manos la conducción o el mayor peso de la institución, sean parte de un conglomerado político que los integre. Me imagino que es algo similar a esa entidad que Montesquieu llamó “una misma corporación de próceres”. Interpreto que el partido político (“el partido” como le suelen simplonamente llamar sus acólitos ansiosos de pertenencia) no es más que una forma de “corporación de próceres”. Esto es, un grupo organizado de políticos, quienes se unen bajo una idea o un programa para ejercer el poder.

Cuando se dice que Costa Rica es una “democracia de partidos”, se trata de que se accede al gobierno, a los distintos Poderes en que se divide, mediante el sufragio a través de listas partidarias. En el caso más notorio, los miembros del Poder Legislativo son electos por los ciudadanos de listas partidarias. Algo similar sucede con el Poder Ejecutivo. En el caso del Poder Judicial, si bien no hay una elección directa de los ciudadanos, el nombramiento de los jueces superiores sí lo es por medio de votaciones especiales del Poder Legislativo, que, como hemos dicho, se conforma en su esencia con base en listas partidarias. Es decir, los altos magistrados son electos por un cuerpo esencialmente partidario. En resumen, en Costa Rica existe un sistema político basado en partidos formalmente organizados. Son así los partidos los que, en última instancia, escogen o elijen a quienes han de presidir los Poderes Supremos de la Nación.
Para entender el proceso galopante de concentración de poder que me parece se está dando en el estado costarricense, trataré de ejemplificarlo mediante el análisis de un par de situaciones recientes en nuestro medio. Estas posiblemente han pasado desapercibidas por el ciudadano, porque han sido de mayor interés los viajes presidenciales en jets privados o las visitas a nuestro país de importantes figuras de la política internacionales, como han sido las de los presidentes de los Estados Unidos y el de China.

En la Asamblea Legislativa, para beneplácito de algún columnista de periódicos que constantemente se queja de la “ingobernabilidad del país”, el primero de mayo el Partido Liberación Nacional logró aglutinar una mayoría que le permitió encabezar el directorio del Poder Legislativo. Contó para ello con el apoyo de algunos partidos políticos pequeños, así como de miembros específicos de otros. Alguien podría despreciar la capacidad de ese directorio en cuanto a definir la independencia requerida de ese Poder, pero un ejemplo de que sí lo puede hacer es por la forma en que el directorio integra ciertas comisiones legislativas. Alguna de estas posee una enorme influencia y trascendencia en lo que se refiere al control o refreno de los otros poderes públicos.  Me refiero a la Comisión Legislativa de Ingresos y Gastos del Gobierno, que, entre muchas otras funciones, es la que puede ejercer mayor “control político”. Prueba de ello es que, en años anteriores, ha sido en su seno en donde se han llevada a cabo audiencias muy notorias, acerca de casos de posible corrupción e ineficiencia notoria del Poder Ejecutivo. Esto, en mi opinión, es una muestra importante del ejercicio de freno y contrapeso que el Poder Legislativo puede poner a las acciones del Poder Ejecutivo.

La integración de dicha Comisión está sujeta a la voluntad del Directorio legislativo, el cual es controlado por el Partido Liberación Nacional. En la comisión vigente a partir de los primeros días de mayo de este año, se excluyó sin razón, excepto para quitar a alguien incómodo, a la diputada Patricia Pérez, quien había descollado en una investigación que la Comisión llevó a cabo acerca del tema conocido como “La Trocha”. Es sabido que las comparecencias ante la comisión alcanzaron a una parte de los integrantes del Poder Ejecutivo, aunque  creo que no llegaron hasta quien debe ser señalado como el responsable político final de lo sucedido. En esos días de mayo, doña Patricia fue mandada a otra comisión, en donde tal vez podrá hacer menos “daño político” que antes. En realidad, lo que se espera de parte del Poder es que, tal vez, en su nueva comisión no podrá frenar actos inconvenientes del Ejecutivo o, al menos, de desnudarlos ante la ciudadanía.  

La nueva Comisión de Ingresos y Gastos quedó controlada por el mismo partido que maneja el Poder Ejecutivo –el Partido Liberación Nacional, el cual también controla el Poder Legislativo- de manera que, en ejercicio de sus facultades, lo primero que ya ha hecho es impedir la conformación de audiencias, a fin de que en el Congreso se investigue el uso de un avión privado por parte de quien preside el Poder Ejecutivo y que le transportó, entre otras cosas, a una boda en Perú. Ya conocemos algo así como que quien brindó el avioncito de marras no parece ser de una conducta ejemplar. Pero es necesario que se esclarezca plenamente lo sucedido y que para ello se llegue hasta las últimas instancias. Eso es parte de un muy necesario control político del Poder Ejecutivo llevado a cabo por el Poder Legislativo. Pero en apariencia ya no será posible, pues la nueva comisión, controlada por Liberación Nacional, decidió que no lo investigaría. Parece que, para quienes dirigen el Congreso, no es importante que los ciudadanos podamos darnos cuenta de que es lo que nuestros gobernantes hacen a nuestras espaldas. Que sigamos ayunos de transparencia y de rendición de cuentas: eso es lo que realmente pretenden.

De paso, en la misma nueva comisión de marras, se autoexcluyó el diputado Walter Céspedes, quien, en ciertos momentos, durante la previa, había dado muestras de una independencia deseable.  Él mismo se quitó, porque sabe que en esa  nueva comisión, tal como está integrada, el Poder Legislativo no va a ser un freno para las actuaciones del Poder Ejecutivo.

En esos mismos días de mayo se dio la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, ante el fallecimiento del magistrado Luis Paulino Mora. Quedó electa la magistrada Zarela Villanueva Monge, a quien le guardo mis respetos. Lo cierto es que es hija de un político históricamente notorio y activo del Partido Liberación Nacional y es hermana de un ex Presidente de la Asamblea Legislativa y actual jefe en el Congreso de la fracción del Partido Liberación Nacional. Al ser electa doña Zarela, si bien ha sido bastante moderada en su historia política, se puede observar cómo en estos momentos se va cerrando el círculo de concentración del poder político en Costa Rica, en manos del Partido Liberación Nacional.  Estoy casi seguro que doña Zarela buscará guardar el principio de imparcialidad que debe observar un juez. Pero, no hay duda que, como ciudadano, me da temor una posible falta de independencia de los poderes y la vigencia de frenos y contrapesos entre ellos.

Reitero que mantengo mi esperanza, que le pido a Dios, que la jueza Villanueva sea inspirada por el bien y que mantenga la plena independencia del Poder Judicial, que hoy encabeza. Es difícil deshacerse de sus afectos políticos, pero en lograrlo descansa mucha de la vigencia de separación de poderes en nuestro país. Ningún pueblo –y menos el nuestro- merece que se le menoscabe su libertad. Por tal razón, debemos mantenernos vigilantes de que las tentaciones que el poder ejerce sobre gobernantes, compinches y adláteres, no se conviertan en una realidad. Pues, como dijo Lord Acton, “El poder corrompe y el poder absoluto, corrompe absolutamente”. A esto le agrego un consejo, que una vez le escuché decir a don Alberto Di Mare: “Cuando se llega al gobierno, hay que gobernar como si se estuviera en la oposición”.

Jorge Corrales Quesada

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