lunes, 3 de junio de 2013

Tema polémico: privilegios odiosos

Para nadie es un secreto que la calidad de la Asamblea Legislativa ha decaído muchísimo en los últimos años con la incursión de personas sin conocimiento, preparación ni escrúpulos para desempeñar tan altos cargos. La gran mayoría pareciera que ha llegado a ese puesto para conseguir y/o consolidar negocios políticos o personales en lugar de dedicarse a representar y defender los derechos de los ciudadanos. 

Por ello, se valen de su cargo, de sus privilegios y de su poder para conseguir beneficios. Uno de los más odiosos privilegios que tienen los legisladores es el del combustible. Mensualmente, cada Diputado recibe unos 500 litros de combustible pagado por todos los costarricenses para, supuestamente, utilizarlo en el ejercicio de su cargo, es decir, asistir a reuniones y actividades, visitar comunidades, etc. No obstante, un reciente reportaje de La Nación comprobó un secreto a voces: que lo regalan a sus allegados o lo utilizan en campañas políticas, fines que evidentemente no son los que busca satisfacer la medida.

No obstante, nuestros "Padres de la Patria" en lugar de reconocer el abuso y comprometerse a tomar medidas para evitar el despilfarro de fondos públicos -cosa por la que deberían velar- han tenido el descaro de salir a defender su odioso privilegio en el Plenario Legislativo e, incluso, a través del Directorio Legislativo, ordenaron una investigación para castigar la "fuga de información", pues el Presidente Legislativo, Luis Fernando Mendoza (PLN), dijo que "nadie debería tener acceso a esa información" y su antecesor, Víctor Emilio Granados (PASE) aduce que se trata de información protegida por el secreto bancario.

Indignan, pero no sorprenden, tan burdas declaraciones de legisladores más interesados en conservar su gollería que en cumplir con el deber constitucional de la representación política. Se equivoca el Diputado Mendoza cuando afirma que nadie debe conocer esa información porque, sea o no parte del salario, los 500 litros de gasolina se pagan con fondos públicos y eso hace que los tax payers tengamos todo el derecho de exigir la información correspondiente. Queremos saber en qué se gastan, cómo se gastan y quienes lo gastan. 

Nos parece inadmisible que, además de pagar quizá el combustible más caro de todo el continente, tengamos que subsidiar el gasto de las familias de los Diputados o de sus campañas políticas -que bien nos están costando miles de millones con la "contribución estatal" a los partidos-. Mucho peor encontramos que se intente dar tratamiento secreto a esta información, ocultando este manejo irregular que termina favoreciendo a unos a costa de todos los demás ciudadanos. Nos decepciona que algunos legisladores que considerábamos honestos y decentes, ante esta situación, guarden silencio por protección de su "gremio" y su privilegio y se abstengan de presentar alguna reforma a su Ley de remuneraciones para acabar con esta vulgaridad. 

Como ciudadanos, exigimos que esta y cualquier otra información que implique fondos públicos, obtenidos a través del saqueo institucionalizado del Estado, sea revelada con total transparencia. Depende de nosotros hacer valer ese derecho, reclamando y castigando a quienes la oculten.

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