miércoles, 17 de julio de 2013

Desde la tribuna: ¿el acuerdo social costarricense?

En una noticia de La Nación digital del 14 de julio (precisamente en el aniversario de la Revolución francesa) aparece el ministro de Hacienda costarricense, don Edgar Ayales, bajo el título de “Sostenibilidad del acuerdo social costarricense” introduciendo sus tesis en pro de un nuevo paquete tributario.  La motivación general es que el acuerdo social (costarricense)  “que sustenta el financiamiento y provisión de los servicios públicos ha comenzado a mostrar fisuras.  Hemos caído en un círculo vicioso de insuficiencia de recursos, deterioro de los servicios públicos e infraestructura , y la resistencia de la población a financiar servicios públicos de los que obtiene beneficios cada vez más limitados”.

De una vez, el ministro esgrime la defensa del Estado ineficiente e inútil, señalando que “ha hecho (el ministerio de Hacienda) esfuerzos importantes para controlar el nivel y calidad del gasto, a pesar de la rigidez que lo caracteriza  …”.

Quizás es mejor empezar por indicar que, ciertamente, hay una inmensa rigidez en el gasto público costarricense y eso es de lo primero que hay que revisar.  Porcentajes fijos para la educación superior oficial (FESC), porcentaje fijo para la educación costarricense relativo al PIB, fondos para financiar pensiones, problemas e deuda pública y demás “situados” y “zarpazos” constitucionales y legales que impiden un adecuado presupuesto.

La demagogia y el abuso “legalista” han sido mucho y agotan al contribuyente costarricense, impiden una buena organización del gasto y evidencian el clientelismo político y la inequidad del gasto público.   Hay una perversiones muy singulares.

Asimismo, la técnica presupuestaria, hay que pregonarlo, es parte del problema.  Los programas, oficinas y demás cuestiones quedan enquistados en el presupuesto, de tal modo que basta a muchos reiterar el código presupuestario con un incremento un tanto superior a la inflación esperada y ahí nos eternizamos.  Sería mejor un presupuesto base cero, que cada año requiriera justificación y explicación de todos los programas, oficinas y gastos.

La  corrupción, la empleomanía, la ineficiencia y la perpetuación de la burocracia son otra causa del evidente desequilibrio.  La “trocha mocha”  (veinte mil millones de colones perdidos), el descarado e ilegal gasto de Recope (desperdicio de más de veinticinco millones de dólares en los estudios para una refinería, estudios que fueron rechazados por la Contraloría), la misma Recope mantiene incólume la planilla de una refinería que no refina, se estima que más de once mil empleados fueron contratados en vicio en la CCSS, el Estado exige a todos unas gestiones tramitopáticas en sus construcciones pero es el primero que evade los controles (Recope, Acueductos y Alcantarillados), el Estado no cumple con los gastos comprometidos  (el impuesto a los combustibles no ha sido usado como corresponde), los pagos a los trabajadores de energía del sector público son exagerados, desproporcionados y abusivos y ello castiga al sector productivo, el Estado gasta sin ton ni son (las pelotas del Barrio chino en San José), los servidores públicos se sirven con cuchara grande (en la actual tesitura relativa al aumento de salarios, el aumento propuesto para el sector público es mayor que el aumento del sector privado, además de que por régimen ese porcentaje significará más, en razón de “pluses” y otras ventajas).

El punto real es que el Estado no cumple.  Más de 40 años de un IMAS, dedicado a la lucha contra la pobreza y las metas no se cumplen, más de 50 años de políticas para la vivienda y los objetivos no avanzan (cada vez es peor), inmenso gasto público en lucha contra la pobreza y éste aumenta (pero los salarios se pagan y el gasto público aumenta), la electricidad (monopolios públicos de diversa naturaleza) es muy cara y ello afecta la competitividad, nuevos impuestos y la seguridad no mejora, el Ministerio de Educación no solo no participa de la descentralización sino  que se arriesga a suscribir una convención colectiva, de paso se extiende a segundo grado el período para enseñara a leer y escribir.  El Estado no solo no cumple sino que estorba significativamente el desarrollo del sector privado.

Esto no es nuevo.  En la década de los ochentas se justificó un gran paquete tributario (ley para el equilibrio financiero …) en la idea de unos grandes estudios para determinar el desempeño  (hubo necesidad de una acción de inconstitucionalidad por omisión para que se emitieran los estudios, los cuales resultaron una chanfaina), planes de ajuste estructural que no se perfeccionan, cierre de instituciones públicas que no se concluye (CNP, Ifam), formas de administración alternativa que no se realizan integralmente (out sourcing que queda a medio palo), incorporación de nuevas formas para obtener resultados en infraestructura que se ejecuta de manera torticera (CNC, concesión de obra pública cuestionada)

El acuerdo social costarricense no es para mantener un Estado idiota, inútil, abusivo, ineficiente, elefantiásico, atropellador, mentiroso y obstaculizador.  ¡Jamás!  El acuerdo era hacer un esfuerzo fiscal para que la sociedad avanzara un paso y no para eternizar las instituciones de ayuda social y los monopolios públicos.  ¡No hay cuerpo que aguante tales concepciones ni tales abusos

El Estado ha incumplido su parte.  El Imas (ayuda social contra la pobreza extrema) incumplió su parte y hubo que alargarle el período y perpetuarlo, a pesar de su evidente mora.    Los bonos de vivienda se siguen regalando, la empresa privada y las organizaciones de bien social también aportan y el problema está peor que antes.  Las escuelas no avanzan sino que retroceden, la seguridad social hace aguas, los regímenes de pensiones estrangulan los fondos públicos (sobre todo los privilegiados).  

No basta con la expresión de que ha habido “esfuerzos” por parte del Ministerio de Hacienda.  Se requieren logros, hechos, soluciones, arreglos reales.  

No es justo ni bueno arrebatar a los ciudadanos el fruto de su trabajo, con el cuento de que es para hacer sostenible un acuerdo social  (¡qué cuento!).  Así planteado es una extorsión, el eufemismo para seguir expoliando al pueblo.  

A mí no me convence el cuento del ministro Ayales. Veo clara la amenaza y lo veo como un mediador entre secuestrador y secuestrados.   Al menos debería decir la verdad de las cosas y no inventar tal cuento para intentar quitarnos lo nuestro.

Darle más plata al Estado, en este momento, es como darle plata al borracho:  irá a la cantina por más guaro.  ¿Es ése el acuerdo social costarricense?  Me niego a tal interpretación.   Los costarricenses hemos dado plata a la seguridad social para que se resolvieran problemas concretos que no se han resuelto, no para una administración tan ineficiente y anómala.  Hemos entregado fondos y competencias al Estado para que resuelva problemas, no para que juegue de bienhechor y al final estemos peor que antes.  

¡A otros con ese cuento …!

Federico Malavassi Calvo

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