lunes, 15 de julio de 2013

Tema polémico: el salario de los candidatos

La semana pasada, el "doctorcito" Rodolfo Hernández nos sorprendió con una nueva tontería politiquera: propone que a los candidatos presidenciales se les pague un salario (él quiere percibir al menos unos 7.5 millones de colones para mantener el estilo de vida que estaba acostumbrado como Director del Hospital de Niños) con la excusa de garantizar una posibilidad para que todos los ciudadanos, y no solo los de alto ingreso, puedan participar en una campaña electoral y dedicarse de lleno a ella. 

Pareciera ser una idea sin sentido, influenciada por el formaldehído y otras sustancias, pero sin resonancia; algo así como una broma de mal gusto que no pasaría a más. El problema es que todas las sandeces en este país  no pasan desapercibidas sino que, tan pronto salen a la luz pública, algún entrometido sale a darles viabilidad o, peor aún, explica que ya se puede hacer según el texto de alguna de nuestras tantísimas y desordenadas leyes. 

De ahí que, de forma casi inmediata -ya quisiéramos esa capacidad de respuesta cuando los ciudadanos lo necesitamos- el Tribunal Supremo de Elecciones salió al paso del desaguisado anunciando que, según la normativa, los partidos políticos ya pueden darle un salario a sus candidatos y cobrarlo, lea usted bien, al Estado mediante el odioso financiamiento público a las campañas electorales, siempre y cuando incorporen el estipendio como parte de los gastos de organización y capacitación.

Si bien podría decirse que la decisión de cómo utilizar el dinero es asunto de cada partido y si estos están de acuerdo con ofrecerle un salario a su candidato, deberían poder hacerlo, la cosa no es tan simple. La denominada "autodeterminación" de los partidos no es una justificación válida en el tanto se financian con recursos públicos -a priori o a posteriori, es indiferente-, ya que simplemente se traduce en que todos los costarricenses, sin distingo de la afiliación partidaria, la satisfacción con la oferta programática o la afinidad ideológica de las agrupaciones políticas, tenemos que pagarle una remuneración a una persona que ha decidido, libre y voluntariamente, renunciar a su trabajo, pedir un permiso sin goce de salario o suspender sus actividades económicas para aspirar a la Presidencia de la República. O sea, alguien que toma el riesgo de postularse e iniciar una campaña, con este tipo de incentivos ya no tiene nada que perder, pues siempre tendrá dinero asegurado, gane o pierda (y quién sabe si un ingreso hasta mayor al que ganaba y sin ninguna obligación verdadera). Bajo ese esquema, tendríamos candidatos con todos los beneficios y sin ningún sacrificio. Como diría el pachuco: ¡cuidao pierde!...

En ASOJOD estamos hartos de las ocurrentes estupideces que cada cuatro años surgen de las mentes de políticos que desean vivir a costa de los tax payers al hacer de las campañas sus propios negocios. Si no es recibiendo un sueldo con recursos públicos, es obteniendo un puesto cuasi vitalicio, también pagado con nuestro dinero; si no es financiando a su partido para luego cobrarle lo prestado más los intereses, es consolidando cuotas de poder que luego cobran a sus testaferros.

Estamos cansados de mantener verdaderas maquinarias que se alimentan del dinero que tanto trabajo y esfuerzo nos cuesta ganar. Consideramos que los partidos políticos deberían financiarse por sus propios medios, con contribuciones de sus miembros, préstamos que los candidatos cubran, donaciones privadas,etc. y no con recursos públicos, para que ahí sí, puedan alegar "autodeterminación".

Con anterioridad nos habíamos pronunciado acerca del financiamiento de los partidos políticos. En esa ocasión, argumentamos lo ya explicado: que los partidos se financien por sus propios medios y no con fondos públicos. Paralelo a esta propuesta, solamente sería necesario establecer una obligación: informar abiertamente cuáles son las fuentes de sus recursos y las autoridades, en caso de encontrar financiamientos ilegales, procederán como corresponde.

Concluimos rescatando el corolario de nuestro artículo anteriormente publicado: exigimos respeto por el dinero de aquellos que no quieren que sus recursos sean utilizados en campañas y planteamos reglas simples que, en nuestro criterio, servirán para eliminar buena parte de la corrupción que inunda a la gran mayoría de partidos políticos. 

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