miércoles, 7 de agosto de 2013

Desde la tribuna: Estado estorbón

En el periódico La Nación del domingo pasado se denuncia el caso del Casino Royal Dutch. En la básico, se trata de dos problemas principales que pasan por las oficinas públicas:  Hace como cuatro años que no paga alquiler al dueño de la propiedad y usa una patente de licores “polémica”.
 
En el programa “Por la Libertad”  (Lunes, 7pm Canal 54 UHF) el psicólogo William Ramírez (invitado) y yo nos referimos al tema, a propósito de la tramitopatía que sufrimos en Costa Rica. El caso se presta, como anillo al dedo, para ilustrar cómo, de manera evidente, unos logran fácilmente establecerse y operar (incluso sin pagar alquiler y con una patente discutible) y otros no logran sortear la maraña de requisitos y permisos con que la Administración y autoridades costarricenses nos atosigan. Incluso, jocosamente, comentamos que era el imperio de una de las dos leyes:  la ley de Caifás (al que está jodido, joderlo más) o la ley del embudo (a unos la parte ancha y a los demás, la estrecha).
 
Inmediatamente se congestionó el teléfono abierto del programa:  las personas no se cansaron de denunciar cómo buena parte de los municipios y oficinas de salud presionan a unos, incluso llegando a cerrar los negocios y, en cambio, dejan que otros actúen impunemente.

Por diversas razones sé de la capacidad jurídica del dueño de la propiedad, don Noé Kawer, y me sorprendió que en cuatro años no haya podido desahuciar (por no pago) a los sorprendentes inquilinos.  Espero que la información del periódico haya alertado a la inspección judicial y esté repasando qué pasa en ese proceso.  

Cuando se suma el tema de la patente queda evidente aquello de que “si parece pato, hace como pato, suena como pato y camina como pato, entonces debe ser pato”.  Para mí queda muy claro que hay “ayudas” públicas.  

El simpático locutor Pilo Obando ha acuñado una expresión muy específica, la cual usa cuando en un partido de fútbol que está narrando suceden patadas, faltas de todo tipo y el árbitro no pita y se queda como si nada.  Pilo dice que “el árbitro está contemploso”.

Pues bien, a veces sucede que la Administración, las autoridades y el Estado en general , ante ciertas gestiones, operaciones, infracciones y personas se quedan exactamente “contemplosas”.  Nada vieron, nada que decir, nada que hacer, nada que sancionar y “sin novedad en el frente”. Puro “Estado gendarme”.

Lo grave, irritante y complicada es que ante la actividad de la mayoría, ante quienes quieren pellejearla para sacar adelante a su familia, ante quienes la pulsean para fomentar empleo y actividad, entonces sí sacan pecho, aparece todo la lista de requisitos y documentos, permisos y reglamentos.

Algunas veces va acompañado del “¿cómo te ayudara?” y otras veces sencillamente hay un “uso de suelo”, un “plan regulador”, un reglamento o un requisito insalvable.  En alguna administración de cuyo nombre no quiero acordarme, los supuestos “analistas” inventan consultar a Raymundo y todo el mundo y luego de coleccionar criterios discordantes aperciben al petente de poner su solicitud a tono con todos, otras veces discrepan por el uso del lenguaje y finalmente retrasan cualquier solicitud años y años.  ¡Son distintas formas de corrupción! 
 
Cuando uno debe leer actas y actas de diversos cuerpos colegiados va percatándose de que no es cierto aquello de que  “si se da la misma condición, debe darse la misma resolución” .

Claramente se aprecia que, para la Administración pública y las autoridades es igual que en “La Granja de los Animales” de George Orwell:  “Unos son iguales que otros”.

Lo más serio del asunto, aparte del caldo de cultivo de la corrupción, es la maraña de leyes y reglamentos que le permite a la Administración y autoridades en general construir un Estado estorbón, estorboso y atravesado.  

Los funcionarios públicos terminan por no apreciar la libertad de los ciudadanos, las necesidades de gestión y trabajo, la necesidad de aprovechar la oportunidad y los derechos fundamentales que están en juego.

Es fácil, desde la comodidad del empleo público y el ejercicio de potestades, joderle la vida a los demás, complicarle al ciudadano sus derechos, escudarse cobardemente tras normas y requisitos y frustrar cualquier intento de surgir, de trabajar, de ganar dinero. 

Algunos, incluso, tienen hasta una falsa justificación moral, pues creen que en el Estado están por el bien general y que los usuarios no andan sino tras el vulgar peso, tras la ganancia.

Tema importante para el desarrollo nacional, para recuperar la dignidad de todos y para equilibrar un Estado hundido y que nos arrastra a todos al fondo, con la obsecuencia de funcionarios abusadores y aprovechados.

Federico Malavassi Calvo

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