miércoles, 11 de septiembre de 2013

Desde la tribuna: para reirse...si no fuera una tragedia.

El titular del periódico La Nación del 10 de setiembre dice “PLAN CONTRA SATURACIÓN EN CÁRCELES. Ministra urge a Corte no enviar tantos reos a prisión”.  En la primera página el asunto es más grave, pues dice que “Justicia pide a Corte no enviar tantos reos a prisión”.
 
La noticia evidencia un fracaso público absoluto y sería cómica, para reírse como un chiste, si no fuera porque encierra un gran drama nacional. La esencia de la información narra una cita de la Ministra de Justicia con la Corte Plena:  “La ministra de Justicia, Ana Isabel Garita, pidió a los magistrados establecer medidas alternas para evitar un mayor ingreso de personas a prisión.La jerarca tuvo ayer una cita con la Corte Plena para analizar la sobrepoblación carcelaria en el país.Garita comentó que su cartera trabaja en dos ejes para atacar el hacinamiento en las cárceles: uno es el incremento de infraestructura y el otro es buscar medidas alternas a la prisión.”

Cárceles saturadas, fines del Derecho Penal desviados u olvidados, órganos públicos haciendo peticiones incoherentes e impertinentes a la luz del día.

El Derecho Penal está basado en el principio de legalidad criminal (“Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali”).  Para todos es evidente que es la propia Ley la que dispone cuál conducta debe penalizarse y que el único intérprete es el juez.  Tal principio es una garantía para todos. Esto de ver al Ministerio de Justicia clamar para que los órganos jurisdiccionales no envían más reos a las cárceles es de antología.  ¿Y la ley?  Sencillamente el Estado ha fracasado. 

De paso está el tema de saturación de las cárceles y de olvido de los fines de la pena.  Estas cárceles se han convertido en escuelas de criminales, en un hacinamiento contrario a los derechos humanos y que, además, en la pésima administración pública (¿tautología o redundancia?) se presta para permanentes acciones de inconstitucionalidad, amparos, asesinatos y demás desgracias.  No podemos dejar de lado el hecho de que desde las prisiones de nuestro país se gestan buena cantidad de estafas e intentonas parecidas para defraudar a la gente.  ¡No hay por dónde!

El Estado no es previsor, no se planifica correctamente sus acciones y responsabilidades.  El ejemplo es evidentísimo, grotesco e irrefutable. Lo grave es que cunde en ciertos círculos la estatolatría y que, además, desde lo público se quiera planificar y regular la vida privada.  ¡No pueden ni con las tareas elementales del  quehacer público!

No se crea que la intromisión pública es inocua, todo lo contrario.  Su presencia generalmente termina complicando la vida de los libres tanto como la de los “privados de libertad”  (eufemismo, al igual que “internos” con que se denomina a los reos, condenados a prisión).

¡Qué grave y complicado será si la Corte atiende el llamado de “Justicia”!

Ya me imagino las circulares internas y las instrucciones:

“Se recomienda a los fiscales no llevar a todos a juicio, pues hay saturación de cárceles”
“Se recomienda a los jueces no aligerar los juicios pero sí las penas”
“Se instruye a los operadores del Derecho Penal a dar el mejor trato posible a los imputados para que no terminen en la cárcel”.

La lista es inimaginable. Ya bastante se padece en la sociedad por las determinaciones fiscales en el sentido de declarar algunas acciones como “crímenes de bagatela” y renunciar a la persecución penal en perjuicio de las víctimas.

¿Cómo andan los demás campos públicos?

Federico Malavassi Calvo

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