martes, 26 de noviembre de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: continúa el derroche

En momentos en que las finanzas gubernamentales experimentan serios problemas deficitarios, debido a un excesivo gasto público, cobra mayor importancia presentar ante los lectores algunas de las expensas, efectivas o en proyecto, de un estado que no parece importarle la seria situación fiscal. Cuando al gobierno se le habla de disminuir el déficit, responde que es difícil lograrlo, aduciendo que son leyes las que se lo exigen.  Si esa fuera la situación, entonces, lo que debería de hacer es, por una parte, promover legislación que corrija esos males, lo que podría significar que el estado, de alguna manera, tenga que indicar de dónde es que va a obtener los recursos para llevar cabo esos gastos.

Por otra parte, el estado también podría hacer un esfuerzo para simplemente no gastar fondos que no dispone. Por eso continúo haciendo señalamientos en mi columna de ASOJOD, acerca de gastos estatales que bien podrían ser moderados o eliminados, a fin de reducir el déficit que amenaza las finanzas y el bienestar de las personas.

Primer caso. En un medio de prensa del 7 de noviembre se destaca la realización de una actividad en el país, en la cual el Ministerio de Seguridad gastaría alrededor de ¢43 millones. Se trata de la VI Cumbre de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), que se efectuaría durante tres días en un lujoso hotel de nuestro país. Dicha suma se espera cubra el costo de 110 habitaciones king deluxe, así como los gastos de alimentación.  Sobre estos últimos es necesario destacar algo particular. Una parte sería para una comida mejor para ciertos invitados, en tanto que, para los de pata en el suelo, sólo podrán disfrutar de un bufé. Un resultado de dicha actividad es que se espera que, quien presida dicha asociación el año entrante, sea una alta autoridad policial del país, lo cual podría justificar tan seductora invitación… por supuesto que con nuestro dinero.

¿Se acuerdan ustedes de la razón por la cual se creó el impuesto a las sociedades anónimas? Un gravamen claramente injusto, pues se cobra lo mismo ya sea que se trate de una sociedad anónima de una persona que posea un pequeño negocio o algo de su propiedad, que a una empresa que tiene amplios recursos para pagar un monto que, para éstas, es casi irrisorio, mas no así para los pequeños. Para estos últimos es un monto casi destructivo.

Se supone que los recursos de tal gravamen irían destinados al combate de la criminalidad. Me temo que, como parte de ese “combate”, la fuente de recursos de la actividad policíaca antes mencionada, haya sido aquel impuesto. Le pregunto al lector si, dado el objetivo del impuesto a las sociedades anónimas de combatir la criminalidad, ¿es ese seminario internacional la mejor forma de gastar dichos recursos? ¿Acaso no habría sido mejor que esos fondos se dedicaran a dotar de recursos a los policías de a pie –no en sueldos, como ya pretenden algunos sindicatos oportunistas- sino en armas, instalaciones y transporte? 

Segundo caso. En ocasión del afortunado y casi fortuito hallazgo de helipuertos en las zonas norte y atlántica de nuestro país, aparentemente dedicados al aprovisionamiento de drogas y armas en la región, una alta autoridad aérea del gobierno dijo que era necesario que el país dispusiera de helicópteros y radares para lograr detener esos artefactos.  Como dicha adquisición le costaría mucha plata al país y la cual probablemente saldría de los bolsillos de todos, me permito hacer pública una pregunta sencilla. ¿No habíamos adquirido un helicóptero para esos fines? Según recuerdo, en su momento el ex ministro de Seguridad, don Fernando Berrocal, objetó dicha compra por costosa e inapropiada, pero, al fin y al cabo, ella se hizo. ¿Qué ha pasado con ese helicóptero? ¿En qué terminó toda la alharaca de aquel momento? ¿Se botó la plata?

Tercer caso. En estos días se ha destapado un tema que tiene mi interés, pues por los montos involucrados hace palidecer a los dos anteriores.  Se trata de la decisión acordada por el gobierno central, aunque sujeta a la aprobación legislativa, de construir una ampliación de dos a cuatro carriles de la carretera a Limón o ruta 32, en la etapa de unos 70 kilómetros que va de Río Frío a ese puerto. El monto del proyecto se estima en unos $446 millones y un 85% sería financiado por el gobierno chino, a cambio de que la construcción sea hecha por una empresa estatal de ese país. Sorprendentemente, el contrato no será enviado a la aprobación de la Contraloría, debido a que, según señaló del Ministro de Obras Públicas, los juristas del MOPT no consideran que se requiera la aprobación del ente contralor y también porque el Ministerio ya ha hecho un análisis exhaustivo del contrato. Tengo entendido que en esta negociación no sólo hay involucrados fondos públicos, sino que también implica obligaciones contractuales del estado -esto es, de todos los costarricenses- con el gobierno chino. Mayor razón ésta para que la Contraloría intervenga en la negociación.  Como dice el dicho, “La mujer del César, no sólo debe ser honesta, sino también parecerlo”.

Asimismo, la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC), la cual, según lo contratado, le correspondía al gobierno chino definirla para que hiciera las obras, ha sido públicamente cuestionada por corrupta en el seno del Banco Mundial. Esa es una clara luz de advertencia que no podrá simplemente ser soslayada. De nuevo, “La mujer del César, no sólo debe ser honesta, sino también parecerlo”. No podemos llegar a una etapa de “carebarrismo” en la cual, aun cuando se nos advierta, tengamos que hacernos tontos desatendidos frente a acusaciones internacionales como esas.  Aparentemente esos problemas no se circunscriben a un caso aislado, sino es algo que ha sucedido en contratos de obras en diversos países. 

Una de las cosas que se supone han aprendido los buenos economistas, es que las contrataciones internacionales atadas suelen tener un costo más alto, que el que tendrían en un mercado de contratación en competencia.  Eso no se limita a las condiciones financieras, pues las de este proyecto, como se ha enfatizado por parte de autoridades del Ministerio de Hacienda, se supone que son mejores que las actualmente vigentes en los mercados internacionales. Sino que también se refiere a que el costo de la obra física podría ser mayor que si la hiciera otra empresa constructora, pero bajo mecanismos competitivos de contratación. Por eso, llama la atención de que ya hay opiniones de algunas partes familiarizadas con estos asuntos, las cuales insisten en que el costo estimado de $446 millones es mayor que el posiblemente correcto.

Ante todas estas dudas, me parece que habría sido afortunado que este gobierno escuchara alguna vez la opinión de personas que disienten de su criterio casi imperial.  Don Luis Guillermo Solís hizo una propuesta pública de que el tema de esta carretera fuera analizado por un grupo de entidades que podrían brindarnos luz a todas estas dudas.  Creo que nadie está opuesto a que la obra se lleve a cabo, aunque, sin ser ingeniero ni nada parecido, sino intuitivamente, creo que la carretera presenta mayores problemas en su parte montañosa y no en los llanos del Atlántico, en donde se construiría el proyecto con China. Pero eso no lo voy a discutir.  Eso sí, es indispensable, aunque el gobierno haya despreciado la sugerencia respetuosa de don Luis Guillermo, que, antes de que suceda algo parecido a lo que sucedió con la refinería china o con la carretera a San Ramón, la ciudadanía conozca el pleno alcance de esta nueva contratación.  Después de todo, lo que está en juego son nuestros dineros escasos, pues, tarde o temprano, seremos los ciudadanos quienes tendremos que pagar por cosas como estas.

Jorge Corrales Quesada

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