martes, 18 de febrero de 2014

La columna de Carlos Federico Smith: control de precios en la Revolución Francesa

Ahora que un Maduro implacable ha impuesto el control de precios en Venezuela, vale la pena narrar algunas experiencias históricas resultado de políticas de ese tipo.  Un episodio interesante sucedió durante la Revolución Francesa.  He seleccionado este capítulo para analizarlo no sólo porque muestra lo nefasta que puede ser una política de control de precios, sino porque hay muchos “revolucionarios”, probablemente “buenos”, como diría Carlos Rangel, el venezolano autor del excelente libro “Del Buen Salvaje al Buen Revolucionario”, quienes añoran los “éxitos” de la Revolución Francesa. Para estos, conocer el lado oscuro de dicha Revolución podría ser emancipador.

El 3 mayo de 1793, el revolucionario Comité para la Seguridad Pública promulgó lo que se conoce como Ley del Máximo, por la cual se fijaba, para cada distrito de la nación, un precio tope al trigo y a la harina, resultados de un promedio de los precios locales de los primeros cuatro meses del año, así como de las reservas existentes. Dicha ley, además, imponía un gravamen progresivo a los ricos y les obligaba a realizar préstamos. También facultaba que las autoridades del gobierno pudieran vigilar y requisar existencias de esos productos, a fin de dirigirlas a un mercado deficitario. Muy importante es que dicha Primera Ley del Máximo exigía que los agricultores recibieran su pago en papel moneda conocido como assignats (en español, asignados) a su valor facial. Los assignats eran papeles en vez de monedas, que era como se pagaba anteriormente. Todo esto en el marco de un elevado proceso inflacionario.

El resultado no se hizo esperar: los agricultores dejaron de enviar sus productos a los mercados urbanos y en toda Francia empezaron a surgir manifestaciones de ciudadanos protestando por la situación.  Ya para agosto de aquel año, la ley se había convertido en un mamotreto inoperante.

Por ello fue que se dictó el 11 de setiembre de 1793 lo que se puede considerar como una nueva –la Segunda- Ley del Máximo, sólo que en esta ocasión el control de precios fue mucho más amplio, a nivel nacional, si bien ya se consideraba el costo del transporte de los bienes. Entre los productos sujetos a precios máximos estaban la carne fresca y salada, el tocino, la mantequilla, el aceite, el ganado, el pescado salado, el vino, el aguardiente, el vinagre, la sidra, la cerveza, la madera de calefacción, el carbón, las velas, el aceite de quemar, la sal, la sosa, el jabón, la potasa, el azúcar, la miel, el papel blanco, el cuero, el hierro, el plomo, el acero, el cáñamo, el lino, la lana, los tejidos, las materias primas necesarias para las fábricas, los zapatos, la colza, las coles y el tabaco. También imponía restricciones a los salarios. Anecdóticamente, esa fijación del precio del pan en Francia duró hasta 1979, cuando se liberó. Ya en 1981 el precio del pan se había reducido.

Pronto esta segunda Ley del Máximo fue abandonada al dar lugar al mismo tipo de problemas que su primera versión. Se decidió, de acuerdo con la nueva Ley del 29 de setiembre de 1793, que los precios estarían fijados con base en los niveles de 1790 más un tercio. Así de sencillo, como cuando actualmente Maduro decide que el margen de ganancias tendrá un máximo del 30%, independientemente de los costos para adquirir las divisas, cuyo precio el 14 de febrero del 2014 en los mercados libres es de 87 bolívares por dólar, en tanto que el tipo de cambio oficial es de 6.3 bolívares por dólar. Al empresario no se le están dando todos los dólares que demanda, teniendo que acudir a los mercados paralelos para obtener las divisas requeridas para importar los insumos a ese precio mucho más elevado.

Tampoco el nuevo esquema tuvo éxito y tuvo que ser abandonado, al igual que los otros anteriores. Pero la mente estatista es siempre pródiga cuando se trata de poner controles y el primero de noviembre de 1793 promulgaron una nueva Ley de control de precios. Ahora los valores de los bienes serían fijados de la siguiente manera: partiendo del precio que se tenía en 1790 en la etapa de producción, a ello se le agregaría una tercera parte, además de una tasa por legua según fuera el transporte, más un 5% para el mayorista y un 10% para el minorista. Ya se imaginará el amigo lector el enredo de provocaba todo esto, en especial cuando hay tantas posibilidades de intercambio en una cadena que es naturalmente variable.  En todo caso, también se aceleraron las restricciones, obligando a los agricultores a que llevaran el grano a los mercados, incluso empleando para ello la fuerza militar y policial. Lo que el estado pretendía con estas medidas era permitir que el pueblo francés pudiera sobrevivir durante los últimos meses de 1793 y los primeros de 1794. Pero el nuevo esquema liberticida también fracasó.

En palabras del historiador Henry Bourne, el fracaso de este nuevo experimento se debió 

“a dos rasgos distintivos. El primero fue el fracaso al no garantizarle al agricultor una utilidad razonable y que no se le estimulara a aumentar los acres cultivados y con ello lograr cosechas mayores… El esquema no sólo fracasó en incentivar al agricultor, sino que más bien lo amenazó con la ruina. Sus gastos en herramientas, animales para procesamiento y salarios crecían constantemente, pero sus utilidades fueron reducidas, con el prospecto de que hubiera pérdidas en cada uno de los meses venideros. 

El segundo desatino fue el anverso del anterior; fue el supuesto de que la fuerza podía ser empleada exitosamente contra el grupo más grande de productores que tenía el país. Los agentes que se usaron para emplear la fuerza, cuando se llegaba a los últimos eslabones en la cadena de autoridad eran los propios granjeros, pues los oficiales de las comunidades eran o agricultores o personas dependientes de ellos.” (Henry Bourne, “Food Control and Price-fixing in Revolutionary France,” The Journal of Political Economy, febrero de 1919, p. 88.)

De nuevo, el acaparamiento, la escasez, el incremento de los precios, la disponibilidad de bienes únicamente para los ricos que pudieran pagarlos, el contrabando, el comercio ilegal fuera de horas normales, en general, la vigencia de los mercados negros fue el resultado generalizado de la última versión de la Ley del Máximo.

Pero como no parece que haya mal que dure más de cien años, el 24 de diciembre de 1794 se derogó definitivamente la Ley del Máximo y su sistema de controles de precios.  Para ese entonces los moderados habían derrotado a los extremistas.  Se dice que, 

“cuando Robespierre y sus colegas eran llevados a través de las calles de París rumbo a sus ejecuciones, la chusma gritaba su último insulto: “¡Allí va el sucio Máximo!”. (Robert L. Schuettinger y Eamonn F. Butler, Forty Centuries of Wage and Price Controls, Washington D. C.: The Heritage Foundation, 1979, p. 47).

Este episodio de control de precios concluyó con el fracaso esperado, pero, además, es necesario señalar que la moneda que se había impuesto (los assignats) y en la cual se obligaba a los agricultores a recibir su pago, terminó devaluándose pavorosamente, lo cual provocó mayores daños al pueblo francés, en cuyo nombre los revolucionarios habían implementado el control de los precios.

A los así llamados revolucionarios de la Venezuela de hoy, tal vez valga la pena exponerles los resultados del control de precios que impusieron los revolucionarios franceses. De esta manera podrían pensar un poco más acerca del daño que con sus políticas están ocasionando a los ciudadanos de su país.

Podrán tener en claro que ese daño siempre concluye siendo cobrado por los pueblos, como lo puede atestiguar el destino final de Robespierre y sus compagnes.

Jorge Corrales Quesada

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