martes, 4 de marzo de 2014

Desde la tribuna: el déficit se expande a ₡276 mil por cada habitante

Me imagino que a doña Patricia Leitón, periodista de La Nación, le debe pasar lo mismo que me sucede a mí: señalar que el gasto del gobierno central crece mucho más que la recaudación, se ha hecho algo tan rutinario en nuestro país, que ya debe aburrir a los lectores.  El último reportaje de ese periódico (27 de febrero) indica que el dispendio gubernamental de los últimos doce meses creció en un 11%, en tanto que sus ingresos lo hicieron en tan sólo un 4%.

Por este motivo, la periodista nos indica que el déficit de los últimos doce meses significó un monto de (voy a ver si puedo escribirlo) ₡1.300.000.000.000, que, según leo, son ₡1.3 millones de millones, y señala que “fue un 35% más alto respecto al mismo período del año anterior”. Eso equivale a decir que cada costarricense sufrirá un impacto de ₡275,823 que deberá sufragarlo con impuestos, mayor endeudamiento, pagando más caro los servicios públicos o con inflación.

Si no fuera por la desgracia que esos datos deficitarios implican para toda la ciudadanía, los emplearía en demostrar el jueguito político al que el gobierno se nos ha venido sometiendo en todo ese despilfarro. Por un lado, los mandatarios de turno nos hablan del enorme esfuerzo de contención del gasto que han realizado, pero, por el otro, esa aceleración del gasto no es más que el producto de un crecimiento desordenado de las remuneraciones (esto es, pagos de sueldos y salarios), transferencias e intereses que realizan esos mismos gobernantes.

Más interesante es lo que ha venido sucediendo en el trasfondo de algunas de esas partidas tan agregadas que se nos suelen brindar. Según lo indicó en el artículo de referencia un asesor del Ministerio de Hacienda, un factor importante que explica dicho aumento son las alzas salariales y el aumento en la planilla gubernamental.  Y eso que no incluye el último aumento semestral de un 0.43% en los salarios de los trabajadores del gobierno central, que, aunque ciertos líderes sindicales hayan alegado que es un “pobre aumento”. Lo cierto es que ese “pequeño” incremento trae asociado otra serie de aumentos salariales, los que, según una estimación, si se toman en cuenta las anualidades y otros beneficios derivados de aquel incremento, harían que aquel aumento de salarios en el sector público ascienda entre un 5 y un 9.17%, en vez del desabrido 0.43%. Por ello, el impacto sobre el gasto del gobierno central por tan sólo este rubro no es algo ínfimo, sino todo lo contrario; dará lugar a un fuerte impacto en las finanzas públicas.

También el asesor del Ministerio de Hacienda nos expone en su comentario que “en el 2013 hubo unos 3.270 empleados más en educación, unos 500 adicionales en seguridad y se trasladaron 400 plazas” de otro sector gubernamental al gasto del Gobierno Central.

Al ver tales datos, no nos queda más que cuestionar cómo es posible que un gobierno central, en tan precarias condiciones financieras, sea capaz de aumentar el empleo público.  Lo hacen aunque no tengan plata suficiente para pagar las nuevas plazas y todas sus derivaciones.  Estamos en presencia de una administración irresponsable, incapaz de ahorrar los dineros propiedad de todos los costarricenses. Y les auguro que muy pronto esos políticos nos van a azotar con nuevos y mayores impuestos para pagar esa burocracia creciente.  Todo ello a pesar de que las cifras de gasto gubernamental en remuneraciones no incorporan, afortunadamente, las peticiones al gobierno, de parte de dirigentes sindicales, para que haya un aumento mayor en los salarios de los empleados del gobierno central. Lo dijo el sindicalista Albino Vargas: "La preocupación de nosotros es la posibilidad que en el corto plazo haya una congelación salarial en el sector público. Si no se arregla el problema del déficit fiscal los empleados podrían sufrir dramas como el que actualmente se vive en la Unión Europea". 

La propuesta del sindicalista es la de “arreglar” el problema fiscal, que en verdad no es más que se den poner nuevos y mayores impuestos a todos los costarricenses, a fin de que se puedan financiar esas peticiones sindicales de mayores aumentos de salarios en el sector público.  Es decir, los sindicatos públicos desde ya están gastado el nuevo paquetazo tributario que, por dicha, apenas está en ciernes. Lo que Albino pretende es una transferencia, vía impuestos, de todos los costarricenses hacia los relativamente menos, afortunadamente, empleados del gobierno central.

En lo que sí le doy razón al sindicalista Vargas es en cuanto a señalar que  “los empleados podrían sufrir dramas como el que actualmente se vive en la Unión Europea”.  Eso no lo pongo en duda. Casi que me atrevo a apostar a que, de seguro, lo que señala se va a dar, porque mucho del problema económico de Europa se originó en un desmadre fiscal que cada vez más se parece al nuestro: a un exceso de gastos gubernamentales, principalmente por pagos a una burocracia enquistada en el sector público, los cuales eran muy superiores a lo que permitían las recaudaciones que percibía el gobierno.  Ojalá que don Albino no le toque que vivir en carne propia el “drama” que han tenido que sufrir aquellos trabajadores en Europa.  Sólo que allá, incluso sin dejar por fuera a los laborantes públicos griegos, han sido los propios trabajadores gubernamentales quienes se han tenido que ir adaptándose a las difíciles condiciones fiscales de sus países, a fin de lograr mantener el mayor número de empleos posible para esos trabajadores, aunque lo sea a cambio de salarios reales menores o estancados. 

Lo importante para los propios trabajadores estatales de nuestro país es que el gobierno sea ordenado en su política salarial, pues, precisamente por no serlo, es que los trabajadores estatales de Europa han tenido que pasar por los problemas ya conocidos.  El desorden fiscal no beneficia a nadie y menos a quienes por años han sido beneficiarios de políticas de gasto sin financiamiento, por parte de sus gobiernos.

La otra partida desbordada de gastos del gobierno central de nuestro país, es la transferencia provocada por los gastos electorales; la llamada deuda política que Hacienda pagó el año pasado.  Ya conocemos el estribillo que justifica esa bicoca de ₡25.000 millones: “que es el precio que los costarricenses debemos de pagar por la democracia”. Tal cosa podría ser aceptable, pero, en las condiciones de estrés fiscal en que se encuentra el país, tal vez los políticos deberían de haber hecho un esfuerzo mayor en cuanto a contener dicho gasto. Cuando uno se da cuenta de cómo, por ejemplo, ahora hay que financiar viajes de funcionarios electorales por todo el mundo, a fin de recoger el voto de unos costarricenses que habitan en otros países, es conveniente cuestionar si tal gasto era necesario. De hecho, un voto en el extranjero en promedio salió muchísimo más caro que el promedio de uno emitido en Costa Rica  ¿No hubiera sido mejor dejar ese gasto relativamente tan innecesario y costoso, para una oportunidad ulterior, cuando el país no esté financieramente casi en estado de quiebra? Eso fue para la primera vuelta; ahora vuelve el gasto con la segunda votación.

Dicen que al perro flaco se le pegan las pulgas. Como si para todos nosotros no hubiera sido suficiente con el expendio electoral de la llamada primera vuelta, ahora tendremos que financiar una segunda vuelta. La plata no sólo saldrá de privados que quieran financiar esa nueva jornada electoral, sino que el estado costarricense, por medio del Tribunal Supremo de Elecciones, también se verá envuelto en el financiamiento que requiere ese nuevo desembolso.

Si usted se ilusionó con que, pasada esta aventura electoral para elegir nuevo presidente, el país se ahorraría en gastos, al menos parcialmente, de un Tribunal Supremo de Elecciones que ya no tendrá mucho que hacer, pues, aterrice m’hijito, que ya se acercan las elecciones municipales en el país. Ahora no hay una única jornada de votaciones electorales, como se hacía en el pasado. Antes eso daba lugar a algún ahorro, al conjuntarse las elecciones para presidente con las de diputados y las de las municipalidades. Ahora son elecciones separadas (primero para presidente con las de diputados) y luego para los municipios, en una elección nueva y aparte. Todo este festín político tendrá que ser pagado por los costarricenses, pues, como todo lo que hace el estado, lo tendremos que financiar con nuestros recursos. Por ello, es muy posible que, para ese entonces, tal vez los políticos ya habrán aprobado un nuevo paquete de gravámenes que los ciudadanos tendremos que sufragar. Sufragar todos los pagos del sufragio electoral.

La verdad es que el gasto del gobierno central sigue en ascenso, como si el país estuviera en jauja.  Recientemente, tal vez porque les sobraba plata producto del impuesto a las sociedades, las autoridades del Ministerio de Seguridad decidieron comprar 50 carros de lujo para las jefaturas de ese Ministerio.  Sí, de lujo, porque un Toyota Prado Land Cruiser es un carro de lujo.  El monto que ese Ministerio gastó por dicho rubro asciende a ₡1.953 millones. Los vehículos se adquirieron a principios de diciembre del año recién pasado.  Tal vez aquí aplica claramente la frase de que “después de nosotros, el diluvio”. Seremos los ticos quienes tendremos que pagar por esos carritos “sencillos”, en lugar de haber adquirido, como en otras épocas, carros que efectivamente sirvieran para la seguridad de todos nosotros… y que fueran más baratos. El mal ejemplo cunde.

Por cosas como las señaladas es que los costarricenses seremos castigados con más impuestos.  Recuerden que, a pesar de que ya existe un hueco fiscal enorme, producto de todo ese mal comportamiento de gasto dispendioso, si por medio de más impuestos se le da más plata al gobierno, pronto nos inventará nuevos gastos, los usará para satisfacer apetencias hasta ahora insatisfechas, creará nuevas instituciones y programas de toda índole, pero recuerde siempre será usted, el que trabaja para pagar impuestos, quien a final de cuentas deberá hacerle frente a ese desmadre en el gasto del gobierno.

Jorge Corrales Quesada

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