miércoles, 26 de marzo de 2014

Desde la tribuna: espionaje de teléfonos

La Sala Constitucional ha restaurado el derecho a la privacidad y ha condenado el rastreo telefónico impulsado por el mismo Ministerio Público y el OIJ contra un periodista de Grupo Extra. En el fondo, es un triunfo no solo del respeto a la privacidad sino de la libertad de expresión.

Curiosamente, la invasión a la privacidad, el irrespeto al derecho a la confidencialidad, se ha originado en órganos públicos obligados a proteger al ciudadano. Tal irrespeto tiene relación con una información que trascendió hace unas pocas semanas, según la cual el dirigente de un sindicato hacía alarde de una persecución tributaria contra un dirigente político.  Finalmente, la maniobra tributaria estaba mal sustentada, pero los empleados de la Tributación y el sindicalista evidenciaron una gran falta a la privacidad y al Derecho.

¡Qué relevante resulta que los propios órganos llamados a tutelar el Derecho y el respeto a la ley son los que con total descaro violenten el ámbito de la intimidad!

Es indispensable reflexionar al respecto y entender cuán ilusos somos al poner tantas responsabilidades en manos públicas.  Ello es una mala asignación de la fe, un acto de estatolatría y una mala idea.  El funcionario público, per se, no es garantía de nada (¡claro que debería serlo!) y resulta inconducente estar asignando sagradas tareas en manos de un Estado que tiene en su seno y en su planilla gente con los mismos defectos de todos, pero amparados al poder.

No es factible ni conveniente cargar al Estado de tareas, funciones, posibilidades, competencias, facultades excepcionales ni creer en que lo que está en manos públicas está mejor que en las privadas.

Lo mejor es que cada cual maneje sus cosas, tenga segura su libertad y privacidad y no nos atengamos al Estado, al funcionario y a su infabilidad.  La experiencia muestra que las cosas están mejor en las manos de su dueño, que la libertad está mejor en manos de los particulares, que la creatividad crece cuando hay libertad y que es falso que hay mayor seguridad con el crecimiento del Estado.

A las pruebas me remito.

Federico Malavassi Calvo 

1 comentario:

Javier Santibañez S dijo...

En realidad, si bien el aspecto JURIDICO MORAL esta bien hilvanado EN EL ARTICULO, la realidad es que el espionaje telefónico trasciende a las autorizaciones judiciales. Estamentos como la DIS, y el OIJ lo harán PORQUE PUEDEN, y sus fines no son JURIDICOS, sino "tácticos" y/o extorsivos. LA UNICA PROTECCION es la ENCRIPTACION o el no hablar tonteras. Lo demás es irrisorio, y coyuntural