martes, 13 de mayo de 2014

La columna de Carlos Federico Smith: el futuro de RACSA

En un reciente telenoticiero escuché con sumo interés la información acerca de la mala situación financiera de RACSA. De hecho, la empresa ha perdido tanto dinero en los últimos años, que lo que se discute, al menos en la Asamblea Legislativa, es acerca de su supervivencia institucional.
 
La historia televisada requirió varios días y, entre otras cosas, parte de lo que me llamó la atención fue la posición del periodista encargado de la investigación, quien, en cierto momento, recalcó los elevados salarios de los altos funcionarios de RACSA, dando a entender que eran causa -al menos en algún grado- del precario estado de esa empresa, posición en la cual fue secundado por algunos representantes sindicales, también entrevistados. Así, por ejemplo, en la información se destacó que el director ejecutivo de RACSA gana unos ₡9.2 millones al mes (redondeo las cifras), en tanto que el auditor interno unos ₡6.8 millones, el asistente jurídico ₡4.6 millones y, entre otros, que los directores de la empresa perciben unos ₡4.5 millones. Y así ad nauseam.

Consultado acerca de esos salarios, el director ejecutivo de RACSA explicó que, en algunos casos, como, por ejemplo, el propio, más bien eran inferiores a los equivalentes en el mercado para cargos similares, en tanto que, en otros, el origen de los montos se debían a la enorme cantidad de años que esos funcionarios habían trabajado en la empresa, dando lugar a una fuerte acumulación de derechos laborales, que se reflejaban en los salarios de la actualidad. Asumamos que todo eso es cierto y que las explicaciones son las adecuadas. No me voy a meter en asuntos de remuneraciones laborales. Pero sí deseo hacer algunos comentarios, que espero permitan entender cómo es que, en este tipo de circunstancias, opera una empresa privada y cómo, en comparación, lo hace una empresa estatal y las conclusiones que derivo de aquéllas, para brindar mi opinión acerca de lo que debe hacerse con RACSA.

La crisis reciente de la economía estadounidense, iniciada a finales del 2008, tal vez nos brinda una buena oportunidad para que podamos entender cómo es, en lo básico, que actúan, en el campo laboral de los ejecutivos claves, aquellas empresas que entran en graves dificultades financieras. Lo primero que se observa es que se llama a cuentas a los ejecutivos de las firmas que entran en problemas, a fin de entender qué es lo que puede haber sucedido y, a partir de ello, ver cuáles son las posibilidades de recuperación de la firma, si continúan en los cargos altos los actuales ejecutivos. Si los directivos (dueños o representantes de los dueños de la empresa) consideran que no son capaces de volver a levantar la firma o que su permanencia no genera confianza, proceden simplemente a destituirlos, efectuando los pagos correspondientes según sean los contratos.

La firma, en estas circunstancias, lleva o ya ha iniciado un proceso para buscar sustitutos y un hecho importante es que, como una posibilidad, no preocupa tanto, aunque no deja de ser importante, cuánto es lo que el nuevo ejecutivo le cuesta a la empresa, en tanto que los resultados que se espera genere la labor del ejecutivo contratado, más que compensen lo que se le paga; es decir, que la firma vuelva a tener ganancias netas aceptables después de cierto tiempo. Para los dueños de la compañía la decisión fue acertada en tanto que los resultados financieros muestren la recuperación que esperaban, aunque la contratación del nuevo ejecutivo les haya costado lo que fuera. Uno a veces no entiende cómo es que las empresas en crisis están dispuestas a pagar jugosas remuneraciones a los ejecutivos que contratan para salir de aquélla. La razón es porque esperan que esa contratación resulte un buen negocio para la firma y ello sólo lo comprobarán los resultados y no alguna otra cosa. Por supuesto que, si el nuevo ejecutivo no produce lo que se espera y a lo que se comprometió, su salida de la empresa será algo casi seguro. 

Aquí es donde entra RACSA. Ésta es una dependencia estatal, bajo el manto de ser una empresa pública. Los incentivos para contratar sus ejecutivos son muy distintos a los que existen en una empresa privada en regímenes de competencia. La primera característica de la empresa pública es que no se liga el salario del ejecutivo a los posibles resultados que logre y, por lo general, la crítica que hace el público no se dirige a si ese empleado logra buenos o malos resultados, sino acerca de lo “mucho” que se le paga, tal como ahora se hace en el programa de televisión arriba mencionado. Una segunda característica de este tipo de empresas es que la permanencia del ejecutivo muy pocas veces depende de los resultados, sino de su cercanía política con algún grupo político específico o, tal vez, hasta algo personal, como amistad o familiaridad con algún político importante. Como no hay una rendición de cuentas; en concreto, de pérdidas o ganancias a causa de su dirección, que de presentarse las primeras obligue a la quiebra eventual de la empresa, no hay incentivos de parte de los directores (juntas directivas se le suele llamar aquí) para escoger al que mejores resultados genera. ¿Acaso han visto ustedes en tiempos recientes que en Costa Rica se cierre alguna empresa estatal porque genera pérdidas, no ocasionalmente, sino casi continuadamente?

Aquí es donde aparece la diferencia crucial entre una empresa estatal, como por ejemplo RACSA, y una empresa privada sujeta a la competencia. Si esta última no tiene ganancias, la empresa termina por quebrar o siendo adquirida por otro operador en el mercado. No puede perder continuamente, porque se acaba, desaparece. En contrario, la primera lo único que debe hacer es asegurarse recursos de parte del estado (esto es, de todos nosotros), de forma tal que le permitan vivir eternamente, a pesar de sus pérdidas. Para sus ejecutivos, a fin de conservar su trabajo, la influencia política de que dispongan es más importante que la generación de utilidades para los accionistas (en este caso, todos nosotros).

Por ello, creo que se le haría un gran bien al país si se procediera a la terminación de RACSA, en especial cuando ya lleva tantos años de operar sin generar ganancias y cuando, en la actualidad, no parece que cuenta con una plantilla de ejecutivos que vayan a ser despedidos si no logran los resultados para los cuales se les contrató. De hecho, algunos ya llevan bastante tiempo experimentando para ver si salen del hoyo económico, pero no han podido lograrlo. 

La venta de RACSA no significa que se la regale o algo así por el estilo. Posee valiosos activos, principalmente derechos de frecuencias, que tienen un alto valor. Estos últimos activos de nada nos sirven a los consumidores, como lo podemos ver por las pérdidas que desde hace bastante tiempo ha tenido la firma. Si se vendieran esos activos a otras empresas privadas, estoy seguro de que los pondrían a producir eficaz y eficientemente, porque, de no hacerlo quienes los adquirieron, perderían el monto de su inversión. Por su parte, nosotros, los consumidores, nos favoreceríamos, porque habría una mayor y mejor competencia que en la actualidad, en donde el mercado se caracteriza por tener relativamente pocos oferentes y, derivado de ello, ahora no nos brindan las mejores condiciones y precios por esos servicios, como sucedería si tuvieran que competir con otras firmas por nuestro gasto.

Si la situación de pérdidas de RACSA sigue como ahora, de una u otra forma seremos todos los ciudadanos quienes tendremos que apechugar con el desperdicio de recursos a que da lugar. Ese es un serio problema, más en momentos en que debemos de tratar de bajar un excesivo gasto gubernamental.

Jorge Corrales Quesada

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