miércoles, 11 de junio de 2014

Desde la tribuna: quien parte y reparte...

Quien parte y reparte …se deja la mejor parte. Así es el asunto. El Estado se ha desviado de sus funciones básicas y elementales y, de manera culposa e indolente, acomete diversas labores que no corresponden a su naturaleza y termina volviendo el rótulo para adentro.

La prensa ha hecho eco del  estudio de la Academia de Centro América denominado “Costa Rica: empleo y política salarial del sector público”. El digital CRhoy destaca que “Unos 120 mil funcionarios públicos reciben beneficios de 54 regímenes de convenciones colectivas”, que el “El monto que reciben los empleados públicos por remuneraciones, representa un 25% del gasto público total” y que “El pago de los incentivos con poca fiscalización se ha convertido en uno de los principales gastos del sector público y mucho de eso está relacionado con que 120 mil funcionarios se cobijan bajo 54 regímenes de convenciones colectivas.”.  

Por su parte, el resumen que trae el propio estudio, expresa que “ Se examina la dinámica de los salarios y el empleo público en Costa Rica, ante una crítica situación fiscal en donde la masa salarial aparece como uno de los disparadores automáticos del gasto público. La situación es muy com- pleja debido a un sector público fragmentado, una autonomía institucional fuerte y la ausencia de un ente rector. El estudio inicia con la presentación de un marco conceptual de referencia sobre la importancia, costos y beneficios del empleo público y los regímenes de servicio civil. Se presentan seguida- mente algunos casos sobre las mejores prácticas internacionales que rigen la materia, y los principales desafíos que involucra la puesta en marcha de reformas en empleo público y salarios. El estudio continúa con un análisis de la situación en Costa Rica, destacando las principales características del sistema, el marco legal e institucional y algunas experiencias llevadas a cabo en el país para romper con los esquemas tradicionales. Se examina también algunas de las reformas que han sido planteadas en el transcurso de poco más de una década para atacar los problemas identificados, y se concluye con algunas reflexiones finales.”

Los autores del estudio son Miguel Loría y Carlos Umaña. Destaco algunas expresiones de las conclusiones:

1.    “ … Un sector público costoso, ineficiente y sin un adecuado sistema de rendición de cuentas impide un servicio de calidad para el ciudadano y perjudica la productividad del aparato pro- ductivo. Esta temática no fue abordada a profundidad en el presente estudio, toda vez que el énfasis se concentró los temas de salarios y remuneraciones. …” 

2.    “La masa salarial exhibe un crecimiento automático. Dicho crecimiento en un contexto de ingresos fiscales con lento crecimiento contribuye a ensanchar el desequilibrio en las finanzas públicas.  …” 
 
3.    “La ausencia de un organismo rector en materia de empleo y salarios públicos ha derivado en el surgimiento de una serie de incentivos en el Gobierno Central y en las entidades descentralizadas, que se han consolidado como derechos adquiridos, sin una vinculación directa con el trabajo realizado. Si bien el costo de la planilla descentralizada no incide en el déficit del Gobierno Central, tiene importantes implicaciones sobre el precio de los servicios públicos. además, salarios altos en el sector descentralizado son puntos de referencia para negociaciones en Gobierno Central.  …”
 
4.    “ … a lo largo de los años el sistema actual de empleo y salarios públicos ha generado una serie de distorsiones e ineficiencias en el manejo del recurso humano. Si bien existen diferencias en los salarios base según el puesto y la institución, la raíz del problema se focaliza en los pluses salariales, los cuales se generan en gran medida al amparo de convenciones de trabajo y que son consideradas como derechos adquiridos e irrevocables por los sindicatos.”
 
5.    “ … La problemática tratada no es nueva, ya que el país ha realizado varios intentos de reforma sobre el empleo público. Durante poco más de una década el diagnóstico es básicamente el mismo, sin que se hayan ejecutado las recomen- daciones indicadas.”
Entre las recomendaciones, podemos leer lo siguiente:  “El costo-beneficio de las reformas en el empleo público y la política salarial luce positivo en términos del bienestar social, por sus impactos en el déficit fiscal, la gobernabilidad y el desarrollo económico. Pero al mismo tiempo ello implica un gran desafío para las autoridades, en términos de los arreglos institucionales, políticos, económicos y sociales que serán necesarios para poner en marcha las reformas. El tema es altamente sensible, toca una gran cantidad de intereses y genera resistencias al cambio, como bien lo ha evidenciado la experiencia internacional, sobre todo cuando existen posiciones encontradas con respecto al efecto del empleo público y el costo de la planilla estatal en la sostenibilidad de las finanzas públicas."

Aparte de los valiosos elementos de juicio, conclusiones y recomendaciones del estudio reseñado, creo que es hora de reflexionar acerca de otras cuestiones relativas directamente al tipo de Estado y de burocracia que se han desarrollado por inercia y abulia en nuestra sociedad.  Gran cantidad de convenciones colectivas reparten gollerías y prerrogativas de tal modo que quedan de lado los subterfugios y justificaciones que han servido para crear instituciones y programas.

Sencillamente el sector público gana mejor que el privado, no tiene riesgo, no necesita eficiencia, no luce ninguna productividad y ahoga a la sociedad entera.

Entre los daños no solo aparece la irritante y desastrosa situación fiscal sino la libertad conculcada a todos y entregada a una burocracia que goza de limitar las posibilidades de los demás, juega de empresaria y entorpece el desarrollo social.

Esta burocracia se queda con todo, irrespeta los principios constitucionales y se reparte convenciones colectivas que no le corresponden.   ¿Necesitamos más pruebas?

Federico Malavassi Calvo

No hay comentarios.: