martes, 17 de junio de 2014

La columna de Carlos Federico Smith: las facturas falsas de la CCSS

Tal vez el título de arriba no sea el más adecuado, porque el posible fraude a la Caja Costarricense de Seguro Social bien podría ir más allá de un simple intento de cobro indebido, mediante el uso de facturas falsificadas. Lo que por fin sucedió –algo tardíamente como, en mi opinión, suele suceder- fue el allanamiento de parte de la Fiscalía General de la República de las instalaciones de la firma privada presuntamente involucrada, así como de algunos importantes hospitales nacionales, como el Calderón Guardia y de la misma Caja en el centro de San José, en busca de la documentación necesaria que permita determinar la existencia y naturaleza del posible delito cometido o que se ha intentado cometer. Francamente, no sé si la Fiscalía encontrará toda la documentación requerida, porque ha pasado ya tiempo suficiente desde que se hizo pública la noticia, como para que alguna mano maligna pueda haberse deshecho de la papelería, que podría demostrar la evidencia de un delito. Pero, como que es así la forma en que funcionan estas cosas de investigación y con lo cual yo no estoy familiarizado.

Los montos que se han señalado del posible intento de fraude a la Caja son sumamente elevados. Se ha indicado, de manera pública, que las 1022 facturas presentadas al cobro a la Caja, por servicios que presuntamente prestó a esa entidad la compañía Synthes, son falsas. Se trata de supuestas adquisiciones de tornillos, clavos y placas ortopédicas adquiridas por el Hospital Calderón Guardia, tan sólo en el 2010 y en el 2011. Sobre esto ha salido, en los medios escritos y televisados, que se insertaron en pacientes que nada tenían que ver con asuntos de ortopedia, sino que tan sólo habían sido objeto de tratamientos médicos que no requerían del empleo de esos repuestos metálicos, como es el caso de pacientes de maternidad, de ojos, urología y otras cosas similares, que no están relacionadas de manera alguna con aspectos de la ortopedia. También se han mostrado facturas de pacientes de la Caja inexistentes, quienes incluso han dicho, en vivo y a todo color en la televisión, que no han sido operados en aquel hospital e incluso que allí nunca han sido intervenidos quirúrgicamente. Además, entre los supuestamente operados, en donde se indica que hubo colocación de prótesis, se han brindado nombres de personas que, en el presunto entonces en que recibieron el tratamiento de implantes ortopédicos, ya estaban fallecidas. (Es tan parecido a los pagos que se hizo de sueldos a maestros ya muertos, como sucedió, según las denuncias públicas, en torno a las famosas planillas del Ministerio de Educación ¿Qué está esperando el Ministerio Público para intervenir?).

Observen que el monto que públicamente se ha dicho que se pasó a cobro y que, afortunadamente, no fue pagado, se refiere tan sólo al Hospital Calderón Guardia y para los años 2010 y 2011. La pregunta elemental, de cualquier Watson aficionado, es si también ha sucedido algo similar en otros hospitales, pues la firma que notoriamente se ha mencionado, es también proveedora de todo el sistema hospitalario de la Caja; que creo que comprende a unos 30 hospitales. Pero, asimismo, debe uno preguntarse si el acto cuestionado se dio en épocas diferentes a aquellos dos únicos años por los cuales se le pasó el cobro a la Caja. No hay duda que el trabajo de averiguación va a ser muy grande, pero parece posible que los presuntos montos involucrados resulten ser mucho mayores, que los citados 2.000 millones de colones en cobros aparentemente falsos a la Caja.

Personalmente no conozco al doctor Raúl Valverde Robert, quien ha dicho haber sido la persona que se enteró en diciembre del 2011, del cobro presentado en setiembre del 2011 al Hospital Calderón Guardia, por aquellas 1000 y pico de facturas de los años 2010 y 2011. En una entrevista en el periódico La Nación, del 12 de junio, señala el doctor Valverde Robert, Jefe de Cirugía del Calderón Guardia, que “desde el 2011 le estoy gritando a mi superior” acerca del presunto intento de fraude y que no es sino “hasta el 24 de setiembre (del 2013 cuando se inicia) la investigación” en el Calderón Guardia (casi dos años después). Además, que fue “hasta el 17 de enero” de este año cuando “se pone la denuncia ante el Ministerio Público”. 

Lo sorprendente es que el funcionario, quien aparentemente puso inicialmente la denuncia, fue suspendido en sus funciones el 14 de marzo de este año, por las autoridades del Hospital de ese entonces. Ante la pregunta del periodista de La Nación de “¿Por qué lo suspenden?”, responde el Dr. Valverde: “Habían llegado varias personas y me dijeron: ‘Mirá, estás molestando mucho y te van a suspender (...)’. Eso me dio chance de fotocopiar documentación para evitar que se desaparecieran ciertos documentos.”

Las investigaciones necesarias y por distintos cuerpos públicos especializados están proceso, pero no parece que la mejor medida haya sido la de suspender al funcionario que precisamente ha formulado estas denuncias. Dicha actitud, que sin problema alguien podría calificar como una aparente revancha por las denuncias expuestas por doctor Valverde, nos debe de preocupar mucho a todos los costarricenses, pues no parece ser tan necesaria esa reprimenda de quien podría, por la evidencia surgida, no ser más que un informante que destapa la olla (lo que en inglés llaman “whistleblower”; esto es, “el que toca el pito para avisar que algo incorrecto o ilegal se lleva a cabo”). Todo esto deberá quedar muy claro.

Si lo expuesto por el doctor Valverde es cierto –y al momento no tengo razones de por qué dudar de ello- entonces, el país debe estarle agradecido por haber sacado a la luz un negociado aparentemente indecente, inmoral y objeto de un delito que ocasiona un fuerte daño al erario público por tan elevada cuantía. Como siempre, ello terminará siendo pagado por los bolsillos de todos los costarricenses.

Jorge Corrales Quesada

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