lunes, 16 de junio de 2014

Tema polémico: lucha estatal contra la pobreza, un verdadero fiasco.


En el año 2007, una de las ponencias del XIII Informe del Estado de la Nación advirtió que existe una serie de programas selectivos de atención de la pobreza, como lo son los comedores escolares, los CEN-CINAI, las pensiones no contributivas y el bono familiar de la vivienda,  cuyo análisis confirma la filtración de beneficiarios. Las poblaciones meta de esos programas están circunscritas al 20% de las familias de menores ingresos pero, en realidad, los comedores escolares tienen un diseño universal en el acceso, el bono de la vivienda puede llegar hasta las familias ubicadas en el cuarto quintil de la población total y los CEN-CINAI introducen criterios de riesgo infantil para definir quiénes tienen acceso. 

La cobertura de esos programas también resultó problemática: las Pensiones No Contributivas y el Bono de la Vivienda mostraron que la población atendida en el 2006 es del 45,2% y del 41,0% respectivamente. En tanto, los centros infantiles tuvieron la menor cobertura efectiva, pues solo atendieron al 13.2% de su población meta en 2006 disminuyeron a solamente el 13,2%, dejando por fuera al 86,8% de la población meta en el 20% más pobre. 

De acuerdo con el XIV Informe del Estado de la Nación del 2008, todos estos errores de focalización, filtraciones, cobertura alcanzada y exclusiones dependen de la definición de la población objetivo, es decir, si se toma como tal al 20% o al 40% más pobre de los hogares. Si la atención se pone en el 20% más pobre, tres programas se encuentran sobredimensionados, pues en los comedores escolares, las pensiones contributivas y el bono de la vivienda, los beneficiarios efectivos sobrepasan con creces a la población meta, que es el primer quintil.  

Tanto en el Informe XVIII (2012) como en el Informe XIX (2013), el Estado de la Nación sostiene que estos problemas no han sido corregidos, ni siquiera atenuados. De hecho, manifiesta que la ausencia de criterios claros para la selección de beneficiarios sigue siendo un problema pues aumenta las posibilidades de filtraciones que atentan contra la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Recientemente, el diario La Nación publicó que el 37% de las ayudas en efectivo que entrega el Estado en la lucha contra la pobreza termina en hogares que no son pobres ni están en situación de vulnerabilidad. Se trata de pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), becas educativas del Ministerio de Educación (MEP) y del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) o ayudas directas que da esta última entidad, programas que en su conjunto consumen ¢200.000 millones por año, lo que equivale al 0,9% del producto interno bruto (PIB). 

En esa noticia se indica que en el caso de las pensiones del régimen no contributivo, las filtraciones son del 33%, al igual que en el caso de las becas estudiantiles. En cuanto a los giros en efectivo del programa del IMAS, Bienestar y Promoción Familiar, que da ¢50.000 o más a unas 50.000 familias, las filtraciones son del 22%.

Han pasado varios años entre ambas investigaciones –en las cuales participó el mismo investigador, Juan Diego Trejos– y los problemas de filtraciones no se han corregido. Por el contrario, han aumentado. Si a eso se le suma lo que ha venido señalando tanto la Contraloría General de la República como la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa en los dictámenes de liquidación presupuestaria sobre la ausencia de un sistema de indicadores que permita medir el costo unitario de los programas y el impacto del gasto público en la situación de los ciudadanos, es de esperar que la vulnerabilidad a la Hacienda Pública sea todavía mayor, pues no se sabe a quién se le destinan los recursos ni el impacto que tienen las transferencias y programas.

Siendo así, estos resultados deben encender las luces de alarma. Los programas sociales, especialmente los de atención a la pobreza, consumen gran parte del presupuesto público y resulta inadmisible que el Estado no sólo sea incapaz de determinar, con claridad, la población meta y circunscribirse a ella, sino también que no tenga indicadores que permitan medir el impacto de esos programas. Hoy día, no se sabe qué pasa con las familias o individuos que reciben algún subsidio: si salen de la pobreza o si permanecen en ella. En otras palabras, nadie es capaz de decirle a los tax payers si los recursos que se le quitan mediante impuestos, supuestamente para ayudar a los más necesitados, realmente son bien utilizados y cumplen el objetivo con el que el Estado trata de justificar la exacción. 

Ludwig von Mises decía que "el Estado no puede hacer a un hombre rico, pero sí puede hacerlo pobre". Eso es precisamente lo que ha pasado en el caso costarricense. Tenemos un Estado que nos arrebata una gran porción del fruto que ganamos con nuestro esfuerzo, trabajo y creatividad para, en teoría, trasladárselo a los "más necesitados", y con eso nos hace un poco más pobres a todos pues los recursos que nos quita el Estado bien podríamos utilizarlos para satisfacer por completo nuestras necesidades o para generar más riqueza, más empleo y más oportunidades.

En ASOJOD repudiamos esta política de Robbin Hood, donde se le quita a los que tienen, a los que se han esforzado por producir para regalarlo a los que no tienen. Probablemente la pobreza que estos viven no es su culpa -aunque hay muchos casos que muestran lo contrario- pero tampoco nosotros somos responsables por su situación y es completamente inmoral que se nos haga pagar para remediarla. Nosotros creemos en la caridad como medio libre y voluntario por el cual unos, preocupados por la situación de otros y sin que medie coacción, colaboran para ayudarlos a mejorar sus vidas. Eso es loable y virtuoso. Pero lo peor es que la política de lucha contra la pobreza en nuestro país ni siquiera alcanza el concepto de Robbin Hood. Las filtraciones muestran que mucha gente que no está en situación de necesidad está recibiendo fondos públicos. En muchos casos, como el que bien explica Trejos sobre los bonos de vivienda, pueden beneficiar a poblaciones ubicadas en el cuarto quintil, es decir, personas con suficientes ingresos para poder costear una vivienda sin ayuda estatal. Y ni qué decir con la educación superior, en cuyo caso el Informe del Estado de la Educación ha mostrado que casi un 70% de los estudiantes de las universidades estatales pertenecen al cuarto y quinto quintil mientras apenas un 4% pertenece al primero, a pesar que estas nacieron bajo el concepto de ofrecerle una oportunidades de estudios superiores a las poblaciones que no podían costearlas. Sin duda, toda una política de Hood Robbin, donde los de menos recursos le están subsidiando programas a los que pueden pagarlos. 

Los datos son claros: las políticas de lucha contra la pobreza han resultado un verdadero fiasco. El Estado ha demostrado, con creces, ser completamente ineficiente para combatir la pobreza. Antes bien, con una política del regalo, del subsidio, más bien la fomenta, toda vez que incentiva a las personas a permanecer en esa situación para recibir sin esforzarse y desestimula a quienes trabajan pues no pueden disfrutar de su riqueza porque se les quita una buena porción de ella. Y, para colmo de males, lo que se le quita supuestamente para ayudar a los que menos tienen, termina en los bolsillos de quienes no lo necesitan pero que se benefician de la incapacidad estatal para delimitar la población objetivo de sus programas. 

Lo hemos dicho hasta la saciedad: solo hay dos formas de combatir la pobreza. La primera es a través de la creación de riqueza y en lo que el Estado puede colaborar es en no entorpecer el proceso productivo, el emprendimiento, la iniciativa privada, en generar un marco jurídico estable que permita a los individuos operar con certeza y en resolver prontamente los conflictos que surjan. La segunda es a través de la iniciativa privada, en la voluntaria decisión de aquellos que deseen ofrecer sus recursos (tiempo, dinero, trabajo, etc.) para ayudar a los demás. Miles de asociaciones voluntarias nos demuestran que eso es posible y que tiene más éxito que ningún otro esfuerzo para ayudar a quienes lo necesitan. Cualquier otro planteamiento, especialmente este de transferir riqueza de unos a otros, termina convirtiéndose en un mecanismo perverso.

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