miércoles, 30 de julio de 2014

Desde la tribuna: estatolatría, el caso de la energía

Desde hace muchos años he venido denunciando a los adoradores del Estado, a quienes han puesto su fe en el Estado y poco a poco han ido ahogando la libertad, asfixiando las posibilidades de los ciudadanos, estrujando a los sectores privados y limitando las posibilidades de desarrollo en casi todos los países.

Es obvio que se trata de fascismo en su más indisputable versión (todo con el Estado, nada fuera del Estado).  Pero todavía es más evidente que los que viven en esta estatolatría no tienen conciencia de que son fascistas.  

En su dogmatismo y prejuicio creen que hacen el bien, consideran que cualquier actividad importante debe estar en manos del Estado, controlada por el Estado, fomentada por el Estado, supervisada por el Estado y regulada por el Estado. Han acuñado el término “neoliberal” cual ofensa-insulto y no tienen la menor idea de lo que dicen ni defienden. Odian el lucro ajeno (sobre todo el que se obtiene en actividades abiertas y en competencia) pero se hacen los que no ven cuando hay mercantilismo, corporativismo, clientelismo electoral, privilegios y gollerías de los empleados públicos o sobresueldos y estorbo en la actividad pública.

A fuerza de repetir sin entender los versos de sor Juana Inés de la Cruz, han perdido la perspectiva de la corrupción, señalando a los corruptores como parte del sector privado y sin entender que cuando las normas establecen cuellos de botella, embudos y demás controles, peajes y posibilidad de grandes contrataciones, más bien se fomenta el caldo de cultivo de la corrupción.

El caso en Costa Rica es que entre el estatismo y el espíritu de limitación de la libertad y de las actividades de los sectores privados, el Estado costarricense ha concentrado su control y posesión de las fuentes de energía.  Generar la electricidad es privilegio suyo y de sus entidades (incluso las de sello mixto) y el campo para los particulares es mínimo e hipercontrolado, en el caso de derivados del petróleo se ha establecido un monopolio del comercio a granel y se ha prohibido la exploración y algunas otras actividades conexas, en otros campos hay limitaciones irracionales y caprichos insostenibles.

El hecho puro y simple es que no abunda la energía, es cara y ello afecta profundamente el desempeño de la sociedad y las posibilidades de exportación y desarrollo económico.

Ha trascendido un informe de la propia Contraloría General de la República al respecto de los planes nacionales de energía y no es necesario leer entre líneas para determinar el grave daño hecho al país poniendo la energía en manos de los sectores públicos y relaciones.  La propia prensa habla de inconsistencias, debilidades y carencias significativas.

El reportaje del digital CRHoy destaca interesantes textos del Informe de la Controlaría, como que 

“El Informe de Avance del VI Plan Nacional de Energía (PNE) 2013 no permite derivar el grado de éxito en la ejecución de las políticas públicas en eficiencia energética, ni mide el  avance en sus líneas de acción; que permitiera detectar oportunamente errores de diseño, fallas de implementación y factores externos no considerados inicialmente. Por lo tanto, este informe no determinó si el avance es satisfactorio  y suficiente para lograr finalmente las metas a largo plazo, ni permite identificar si  las acciones han permitido que el país sea más eficiente en materia de energía.” 

Asimismo, que 

“Debilidades como las anteriores, hacen que las políticas públicas en esta materia, que se basan en el documento Hacia un nuevo modelo energético para nuestro país elaborado por el MINAE en el año 2010, pierdan la capacidad de incluir y  fomentar credibilidad, en cuanto a si representan las alternativas de mayor impacto en el ahorro y consumo energético eficiente”.

O sea, años y años de acción pública, informes y políticas, documentos y papeles y nada.  Toda la fe puesta en el Estado y los entes y oficinas públicas no han hecho algo apropiado. Incluso, hay señalamientos concretos a algunas dependencias y entidades como la JASEC y la ESPH  (servicios públicos de Cartago y Heredia) que utilizan como argumentos para concluir en que el plan público no es creíble ni apropiado.

Es muy claro que hay un gran fracaso estatal en los planes de energía.

El episodio de un Presidente entrante enredado entre los ofrecimientos de campaña (abaratar la electricidad y la gasolina) y las fórmulas de Aresep y los estudios del propio ICE es una triste anécdota.  Hay que salirse del prejuicio para dejar de producir perjuicio.   La solución no está en más de lo mismo.  El Estado ha fracasado en el asunto y sus funcionarios no tienen idea de cómo salir de lo mismo. 

Hay que dar oportunidad al sector privado.  Fomentar legislación oportuna que nos libere de los monopolios públicos, sus privilegios y gollerías y sus necesidades.

La estatolatría nos tiene al borde de la postración general, pues cada vez la energía resulta más cara, las vías públicas son más absurdas (¡petrocaribe y la refinería china!) y la competitividad es menor. 

Federico Malavassi Calvo

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