lunes, 24 de noviembre de 2014

Tema polémico: el arte y la cultura no deben ser financiadas por el Estado

En las últimas semanas se ha desatado un debate respecto a los recortes al Presupuesto Nacional -bastante laxos e insignificantes a nuestro modo de ver-  y las posibles consecuencias que algunos sectores estiman, recurriendo a las tácticas del miedo que tanto criticaron antaño. El capítulo más reciente lo escribieron los "artistas" que marcharon hacia la Asamblea Legislativa reclamando contra los recortes en el área de cultura, manifestación que finalizó con actos vandálicos que dañaron los muros del Congreso y cuya reparación costará unos 3 millones de colones que saldrá de los bolsillos de todos los costarricenses.

Este reprobable comportamiento, propio de pachucos que no tienen ningún empacho en torcer la realidad y el lenguaje haciéndose llamar "artistas" cuando no son otra cosa que salvajes, debe hacernos reflexionar. En momentos como estos, con un déficit fiscal superior al 6% del Producto Interno Bruto y con un panorama financiero muy perturbador en el corto y mediano plazo, hay que entender que los recursos son escasos y deben destinarse a lo estrictamente prioritario: seguridad, infraestructura y administración de justicia. 

Es vital que los costarricenses comprendamos de una buena vez que no podemos seguir sosteniendo el nivel de gasto público que hemos tenido en los últimos años y que es urgente hacer reformas tendientes a racionalizarlo si no queremos enfrentar consecuencias muy graves en el futuro. Los elevados niveles de evasión fiscal evidencian que no estamos dispuestos a pagar por el monstruo estatal y este momento histórico por el que transitamos es el propicio para generar ese cambio hacia un aparato mucho más pequeño, respetuoso de los derechos de propiedad y que verdaderamente permita que el mercado genere riqueza.

Hay que ser claros y contundentes: el arte y la cultura no deben ser financiados por el Estado; deben ser financiados de forma privada, a través del talento y la capacidad de quienes lo ejecutan para atraer la atención y el dinero de los consumidores. Si no son lo suficientemente buenos, no deben obligar a los costarricenses a pagar por sus fallos. Exigir recursos públicos para su actividad es imponernos a todos los demás lo que ellos consideran arte y cultura, cuando muchos estimamos la mayoría de la oferta como vulgaridad, pachuquismo y chabacanería de mal gusto.

Pero más que eso, se torna vital que los propios artistas, aquellos que están ligados al arte y la cultura, se den cuenta que deberían ser los primeros en exigir que el Estado saque sus garras del sector. Aceptar financiamiento público para las expresiones artísticas es tolerar una mordaza que limitará su libertad para denunciar, para cuestionar y criticar, pues si quieren seguir recibiendo el dinero, tendrán que guardar silencio ante los abusos y desaguisados.  

Los artistas costarricenses han olvidado el papel histórico de su trabajo como catalizador de la transformación política a través de la denuncia, de la sátira y de la exposición y han empeñado su creatividad al capricho estatal que los financia, siendo cómplices del desastre de sociedad que tenemos. La cultura es libertad; pero en Costa Rica, se ha puesto al servicio del Leviatán, de ese monstruo que cercena libertades y derechos día a día. 

Todos los tax payers debemos resistirnos a que sigan vaciando nuestros bolsillos para financiar cuanta ocurrencia surja, cuanta manifestación de "cultura oficial" nos impone el Estado. Pero especialmente los artistas deben recuperar la independencia de criterio para poder expresarse libremente. Solo así podrán florecer verdaderamente.

miércoles, 19 de noviembre de 2014

Desde la tribuna: al final, unos ganan más y el resto está más pobre

Es evidente que en nuestro país la lucha contra la pobreza ha fracasado. El fracaso es indiscutible y va relacionado directamente con el mismo crecimiento del Estado y de los presupuestos públicos.

Un fotografía al estilo de antes, una instantánea, revelaría el quid del tema: mayores presupuestos públicos complican el funcionamiento de la sociedad y de la economía, mayores presupuestos públicos concitan a los buscadores de rentas a vivir del Estado, mayores presupuestos públicos son un lastre para la sociedad, mayores presupuestos públicos no significan mejor desempeño social ni mejor desempeño estatal, mayores presupuestos públicos no implican menos pobreza sino más empleados públicos viviendo del tema de la pobreza. ¡Es un hecho!

Más dinero quitado a la sociedad, más impuestos, más coacción, más dinero gastado, más aparato público, más Estado no implican per se menos pobreza ni mejor desempeño. Todo lo contrario. Los números dicen que estamos peor, más mal, más pobres y más complicados. Y los números… desdichadamente no mienten, aunque las estadísticas le duelan a mucha gente.

Nos han engañado en una apuesta perdida: darle más dinero al Estado para combatir la pobreza, darle más dinero al Estado para mejorar la educación, darle más dinero al Estado… más dinero… más dinero. Al final, unos ganan más y el resto está más pobre.

Muchos servidores públicos han secuestrado al Estado y ordeñan impunemente la teta pública, para solaz personal, para lucro propio, para prosperar sin riesgo, para montarse sobre los demás. Los números no mienten: más presupuesto, más impuestos, más coacción y… más pobreza y desigualdad.
Siempre sale vacilón echarle la culpa al neoliberalismo. Hasta iglesias (con “i” minúscula) se han fundado contra el neoliberalismo: son religiones de mentiras que posiblemente compran sus ornamentos en coopeclero, pero que no aceptan tener las restricciones correspondientes. Inconsecuencia e incoherencia. Pero los números no mienten, porque toda esa pobreza está relacionada con un Estado inútil, torpe, secuestrado, abusador y abusado, gastón, angurriento y postrado que se ha arrecostado sobre la sociedad, causando más pobreza, menos avance de la educación, más desigualdad y menos prosperidad. Eso indican, indubitablemente, los números que no mienten. ¡Duélale a quien le duela!

Así que, igual que en Cuba, Venezuela, Argentina, la ex Unión Soviética y otras sociedades, los números han mostrado que a más Estado, más pobreza, desigualdad y atraso. Los números no mienten.

Federico Malavassi Calvo
Columna Perspectiva de la Prensa Libre

lunes, 17 de noviembre de 2014

Tema Polémico: Costa Rica por las nubes

Una de las revelaciones que ha realizado el nuevo informe del Estado de la Nación, es algo que ya todos los consumidores sospechábamos: que vivimos en un país caro. Para ser más exactos, se determinó que en promedio somos un país 20% más caro que el resto de Latinoamérica.

Según el propio informe, entre los disparadores del costo de producción se encuentran la electricidad y los combustibles, ambas actividades altamente reguladas por el Estado.

Esta situación debe llamarnos la atención a todos, ya que evidentemente esta problemática representa un duro golpe y castigo a los bolsillos de los consumidores más pobres. Podríamos decir que hoy en día todos los costarricenses desperdiciamos un 20% de nuestra riqueza, ya que la destinamos a comprar bienes y servicios que en otras latitudes podríamos adquirirlas a un precio menor. En este sentido, sería sumamente valioso poder destinar estos recursos a otras actividades económicas ya sea un mayor consumo, ahorro o inversión.

Ahora bien, ¿cómo enfrentar este problema? Pues desde distintos ámbitos. Primero que todo a nivel productivo, deben reducirse los costos de producción. Bajo esta óptica la apertura de mercados estratégicos como el de energía y combustibles es de vital importancia, así como la flexibilización de las relaciones laborales. Igualmente, la reducción de trámites es central para abaratar los costos de producción de las empresas. Segundo, se requiere un mercado más competitivo, para ello se hace necesario disminuir toda case de aranceles a la importación de productos, así en caso de que los bienes se encuentren muy caros en el país, resulte ser una opción atractiva para el consumidor importarlos desde el exterior. Por último, bajo este contexto resulta obvio que no es viable una reforma impositiva como la que pretende el gobierno: establecer un IVA y aumentar su tarifa así como los alcances del mismo, únicamente contraería aún más la capacidad adquisitiva de los consumidores.


Sin lugar a dudas, este es uno de los temas sobre los cuales mayor énfasis debe poner el Gobierno. Revertir esta tendencia representaría un gran alivio al bolsillo de los costarricenses, lo cual sería beneficioso para todo el sector económico.

viernes, 14 de noviembre de 2014

Viernes de Recomendación

El pasado 9 de noviembre se celebraron 25 años de la caída del Muro de Berlín. Dos años antes de la caída, en 1987, el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, pronunció un discurso ante la Puerta de Brandemburgo. Uno de su párrafos, quizá el más recordado, enviaba un claro mensaje al líder de la Unión Soviética. El presidente Reagan le decía a Mijaíl Gorbachov: “Secretario General Gorbachov, si usted busca la paz, si busca la prosperidad para la Unión Soviética y la Europa oriental, si busca la liberalización: ¡Venga aquí a esta Puerta! ¡Señor Gorbachov, abra esta Puerta! ¡Señor Gorbachov, señor Gorbachov, tire abajo este Muro!”.


Recordando este hecho histórico que marcó el rumbo para Alemania, Europa y el mundo entero, quisiéramos recomendarles la lectura del Discurso en la puerta de Brandemburgo, del presidente Ronald Reagan. 

martes, 11 de noviembre de 2014

La columna de Carlos Federico Smith: otro subsidio innecesario

Ya el gobierno, como si no tuviera suficientes problemas y como si careciera de formas en las cuales usar eficientemente el dinero escaso de los costarricenses, nos anuncia que buscará un plan para subsidiar las primas de los seguros en el sector agrícola. 

Es sabido que actualmente diversas leyes obligan al Instituto Nacional de (INS) a ofrecer un seguro de cosechas al costo (única empresa que ofrece seguros agrícolas), pero, entre el 2010 y el 2013, el INS pagó por indemnizaciones un monto superior a lo que recibió por sus primas por un valor estimado de ₡185 millones. La Superintendencia General de Seguros (SUGESE), indicó que “no ve aún con preocupación el resultado, pues los seguros agrícolas representan poco dentro del resultado del INS.” Afortunadamente, agrego yo, pues, ¿se imaginan si el subsidio fuera aún mayor?

Simplemente la entidad aseguradora, para no entrar en problemas financieros, tendría que aumentar los precios de las primas en otros seguros y eso, en el régimen de competencia actual, significaría grandes dificultades para poder tener éxito, por la dificultad de mantener su cartera actual de otros seguros, que se verían encarecidos artificialmente para subsidiar a los agrícolas.

Pero, tal como informa La Nación en un artículo titulado “Seguros agrícolas tienen déficit en últimos 4 años: INS asegura que la ley lo obliga a ofrecer coberturas para las cosechas”, del día 3 de octubre de este año, la SUGESE “reconoció que con la alta cantidad de siniestros en los últimos años, las primas se elevan al período siguiente. Eso genera que menos productores acudan a las coberturas debido al costo.”

De inmediato, el gobierno planteó la solución fácil, usual, similar a cuanto caso se le presentan de afecciones a los grupos de poder: “El viceministro de Agricultura y Ganadería, José Joaquín Salazar, explicó que la meta es subsidiar la prima no solo a los arroceros, sino también a otros agricultores”, porque “de ese aumento en las primas surgió la idea del Gobierno y del sector arrocero (principal usuario del seguro de cosechas) de subsidiar los montos a los agricultores”. 

Tanto que se podría decir aquí, pero voy a resumir algunos pocos comentarios: (1) Un subsidio mayor a los arroceros es un crimen contra los costarricenses: el subsidio actual que la sociedad le otorga a ese gremio ya es multimillonario y, no en colones, sino que en su equivalente en dólares el subsidio es más que millonario. Este surge por el sobreprecio que tiene que pagar el consumidor nacional por el arroz y en una mayor proporción los consumidores de ingresos relativamente más bajos. (2) Seguro que por la vergüenza, que en algún grado debe darle a esos políticos cuando favorecen a grupos ya altamente protegidos, disimulan su aumento diciéndonos que la medida la toman para también proteger al resto de productores nacionales. Pero ya sabemos que esa motivación es para lograr que, quienes hoy son los usuarios mayoritarios del seguro de cosechas subsidiados, sean aún más favorecidos y esos son precisamente los arroceros. (3) El que muchos del gremio arrocero hayan contribuido para que la elección recién pasada fuera ganada por el PAC, fue algo que los ciudadanos pudimos darnos cuenta y por eso nos tiene que molestar esa especie de retribución o compensación politiquera que ahora se les quiere hacer. 

Lo bueno (y veremos de inmediato la “genial” propuesta para resolver el intríngulis) es que el gobierno reconoce que no hay suficientes recursos gubernamentales para dar dicho subsidio a todos los agricultores. “Por eso”, señala La Nación, “se buscan fuentes y una de ellas sería un impuesto mínimo a las exportaciones costarricenses”. 

Genial he dicho porque poner un impuesto a las exportaciones para subsidiar el costo del seguro de cosechas, tiene que ser el producto de un redomado cerebro burocrático. Veamos un dato: las exportaciones totales del país en el 2013 fueron de $11.543.1 millones; de ellas, $2.447.9 fueron clasificadas como exportaciones agrícolas; esto es, un 21.2% del total de exportaciones. Si imaginamos que, para pagar ese subsidio al seguro del sector agrícola, se introduce ese absurdo de gravar las exportaciones -según dice que hará el gobierno- tal vez sea suficiente si se le aplica un impuesto a estas exportaciones del sector que se pretende favorecer. Eso parecería ser más lógico, que poner un gravamen a todas las exportaciones del país. Si estimamos un tipo de cambio de un $ igual a ₡500, la exportación agrícola total exportada por el país en 2013 sería de ₡1.223.950 millones y un “impuestico” ad valorem a esas exportaciones de sólo un 1 por cada mil, daría más que suficiente para pagar el subsidio y hasta para duplicar el sueldo de toda la burocracia encargada de administrar el nuevo programa estatal. ¡Quiero ver que se imponga un gravamen a los exportadores agrícolas para subsidiar a los sobreprotegidos productores de arroz doméstico, entre otros productores menores!

Esa tontera sólo se le puede ocurrir a alguien quien nunca en su vida ha participado en un mercado de exportación, en el cual, cualquier aumento en los costos de un producto, lo pone fuera de circulación. Pero, tal vez, el argumento estatal es por simple ideología: hay que “fregar” a esos agricultores exportadores con el impuesto propuesto (tan sólo ese, por el momento; el estado nunca sabe cuándo termina de poner impuestos) pues, después de todo, su éxito se debe al “neoliberalismo” y no a la eficiencia que han podido lograr tener, compitiendo en los mercados internacionales.

Por eso, dado el reporte de La Nación, no se hizo esperar el rechazo contundente de los exportadores, tanto en lo general, como de los bienes agrícolas del país, que me parece que casi lo resumió bien el presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, don Juan Rafael Lizano, cuando dijo que “el productor va a competir contra países que no cobran impuestos a la exportación”, pero no es sólo contra países, sino que se compite contra cada uno de los exportadores de cualquier nación del mundo. Y lo peor es que los recursos se usarían para subsidiar principalmente a “cinco” multimillonarios productores nacionales del arroz, subsidiados hasta más no poder a costas de todos nosotros, pagados los ya sufridos consumidores del país. De eso se trata este nuevo olio. 


Jorge Corrales Quesada

viernes, 7 de noviembre de 2014

Viernes de recomedación

Para esta ocasión, queremos compartir con ustedes un artículo de Ricardo Rojas, titulado "Ayn Rand y Karl R. Popper sobre el conocimiento: ¿es posible encontrar un punto de conexión?" En él se plantean interesantes puntos de encuentro sobre la teoría del conocimiento en el planteamiento de ambos pensadores. 

martes, 4 de noviembre de 2014

La columna de Carlos Federico Smith: fiat justitia ruat caelum

Esta frase del latín se puede traducir así: “Que se haga justicia, aunque caigan los cielos”; esto es, que sin importar las consecuencias, la justicia se lleve a cabo. Por eso, en un marco de pesimismo casi generalizado en torno a la corrección con que actúan los funcionarios públicos -impresión correcta o no- me sentí muy contento cuando leí el siguiente titular de La Nación del 30 de octubre: “Corte elimina privilegios en pensiones del Poder Judicial: Magistrados derogan directriz que otorgó beneficios adicionales a jubilados.”

En verdad, restaura el ánimo en mi persona de que es posible que mucho mal que hoy percibimos en la sociedad, pueda ser aliviado y hasta eliminado, cuando los jueces actúan con toda probidad e independencia para ordenar un claro hecho de injusticia; esto es, la creación de un privilegio para algunos pensionados del Poder Judicial, del cual no se podía disponer en ninguno de los otros sistemas públicos de pensiones.

Trataré de explicar qué fue la norma que la Corte Plena de Justicia derogó el pasado lunes 27 de octubre. Resulta que en el año 2000 la Corte Plena aprobó una reforma a los requisitos de jubilación que exigía la ley del Poder Judicial y la ley marco de sus pensiones. Dicha reforma permitió que un grupo de integrantes del sistema de pensiones del Poder Judicial se pudiera retirar a los 55 años de edad, recibiendo un monto promedio de los últimos doce salarios sobre los cuales se cotizó, en tanto que el resto de empleados acogidos a ese régimen se pensionarían  a los 60 años y con el promedio de sueldo de los últimos 24 salarios percibidos. Evidentemente, aquella resolución de la Corte Plena -resolución conocida como regla IV- creó una disparidad en el trato a diferentes empleados del Poder Judicial.

Se informa que, en una sesión en que participaron 15 magistrados, de los cuales 10 eran suplentes, “la votación, que quedó 13 a 2, eliminó de manera definitiva la normativa creada en el 2000 y con la que se favorecieron 403 personas.” Es importante destacar que en dicha sesión de Corte Plena no participaron jueces de la Sala Constitucional, porque ante ella se han presentado diversos recursos legales que tienen incidencia en el caso en mención y que, por tanto, se requería que esos jueces no intervinieran de forma alguna.

Pero hay algo muy interesante, cual es que el Poder Judicial parece estar dispuesto a ejercer justicia en lo que se sabía sería un tema sumamente controversial en el país: que hay sistemas de pensiones en donde existen personas –todas muy respetables- quienes reciben pensiones sumamente elevadas, si es que se toma en cuenta lo que habían cotizado para ella o lo que ahora deberán aún cotizar en ciertos casos. Los regímenes de pensiones no pueden descansar en los méritos de quienes las reciben, en particular en cuanto a que se obtienen pensiones superiores a lo que correspondería según hayan cotizado. Tal diferencial es muy distinto a la situación en que, como una política de solidaridad de pensiones mínimas en ciertos casos, su receptor tampoco haya cotizado lo suficiente como para hacerle acreedor de una pensión, aunque sea relativamente baja.

Pero aún hay más: de acuerdo con la información periodística citada, el exceso pagado de pensiones por el abuso otorgado por la llamada regla IV durante los últimos doce años en el Poder Judicial, asciende a más de ₡4.000 millones, que es de esperar sea devuelto por quienes los percibieron y que se responsabilice a quienes los entregaron con base en una norma ilegal. Este último aspecto no lo pudo resolver la Corte Plena, pues, como señaló Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, “los eventuales procesos legales para resarcir a la entidad pública por el daño generado se analizarán en la Corte Plena. Esto se hará una vez que la Sala IV resuelva otro caso relacionado con un pago de más en pensiones que se sigue contra un grupo de 16 exmagistrados.” 

En todo caso, a la luz de la resolución tomada por la Corte Plena es adecuada y a derecho, tenemos la esperanza de que se pueda, en paz y con tranquilidad, ir terminando con las pensiones abusivas que sufren diversos sistemas de pensiones, en particular aquellos que se les denomina como regímenes de pensiones a cargo del presupuesto de la República. 

Es un clamor por justicia el que hace el superintendente de Pensiones, don Edgar Robles, cuando señala que “Hay que revisar todas las pensiones mal otorgadas y ajustarlas a futuro; sabemos que hay montos pagados incorrectamente y deben ser recuperados; y debe establecerse la responsabilidad de quienes crearon la norma.” Más claro no puede formularse el llamado a ordenar abusos que hoy tienen colmados a los ciudadanos, quienes con pasmo observamos los abusos con las leyes y ahora tenemos la satisfacción de que es posible enderezar los entuertos -a pesar de los embrollos legales que se han visto y seguirán viéndose. Felicitaciones por ese primer paso -y no dudo que vendrá otros igualmente, sino que más, difíciles de tomar. Por ello, “fiat justitia ruat caelum”. Cueste lo que cueste, debe haber justicia. Incluso, aunque pueda doler en lo propio, señores beneficiarios del sistema de pensiones del Poder Judicial.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 3 de noviembre de 2014

Tema polémico: transformando el concepto de responsabilidad social empresarial

El concepto de responsabilidad social empresarial (RSE) está muy extendido en nuestros días. Aunque debería entenderse por esto una serie de programas o estrategias que las empresas desarrollan para mejorar el entorno donde operan, en la realidad, termina visualizándose como una forma de marketing social o como un remordimiento por generar riqueza. Ahí está el meollo del asunto.
En ASOJOD nunca hemos compartido el concepto de RSE. Generar riqueza no es nada malo, por el contrario, es la única responsabilidad que tiene el empresario y es uno de los actos más nobles que puede existir. Con ello, no sólo se beneficia el mismo empresario al tener más dinero para continuar invirtiendo sino que ayudará a millones de consumidores a encontrar satisfacción a sus necesidades y, de paso, generará empleos cuyos salarios le permitirán a sus trabajadores progresar y, también, satisfacer sus necesidades consumiendo bienes y servicios, lo que se traducirá en más empresarios obteniendo dinero, invirtiendo, innovando, empleando a un numero cada vez mayor de personas y satisfaciendo más necesidades, todo lo cual se convierte en un círculo virtuoso que dinamizará la actividad económica y aumentará las posibilidades de progreso humano.

Consideramos que la solidaridad es un acto voluntario y libre que cada quien puede llevar a cabo de la forma y en el momento que crea oportuno. Así pues, el empresario tiene derecho a utilizar parte de su riqueza para colaborar con otros en la consecución de determinadas metas: puede ser ayudar a algunas personas a estudiar a través de becas, limpiar el área donde se encuentra la empresa, desarrollar campañas en las escuelas y colegios para prevenir enfermedades, impulsar estrategias de capacitación para ciertos grupos poblacionales, entre una gran cantidad de opciones. Eso no está mal. El problema radica en creer que esto es una obligación "social" y no un acto noble que surge de la libertad.

Cuando las personas impulsan estos programas bajo las premisas equivocadas, creyendo que su actividad es nefasta y, por tanto, deben compensar a otros para expiar culpas, terminan haciendo más daño que el que pretendían reparar. Extenderán la errada creencia que nos ha impuesto nuestro sistema educativo y formativo respecto a que generar riqueza es malo, que el rico es un cáncer para la sociedad, que son individuos egoístas, avaros y que solo buscan explotar a los demás, razón por la cual debemos idealizar al pobre, rechazar el progreso y desear aquel bucólico y romántico paisaje de un campesino humilde, que apenas produce para comer y que no desea más que, parafraseando la canción típica "Caña dulce pa moler", su casita y una milpa y una milpa y buenos bueyes y ser como esos reyes que no envidian ya nadita. Lamentablemente, el propio empresario se ha tragado ese cuento y la gran mayoría produce con vergüenza, con temor y timidez, como si hiciera algo malo. Incluso, hay quienes piden más regulaciones y más intervención estatal. El resultado final es que, muy pronto, las sociedades se empobrecerán sistemáticamente, los burócratas y políticos concentrarán todo el poder, pasando de un sistema democrático a uno totalitario, con muerte, miseria, hambre y sangre por doquier.

Si algo nos ha enseñado Ayn Rand, una de nuestras escritoras favoritas, es que el empresario es el héroe de la historia, el titán que sostiene al mundo. Es el emprendedor que genera riqueza, innova, crea, mejora, aprende y enseña. Hasta que nuestros empresarios no entiendan ese rol que verdaderamente juegan, seguirán pensando de la forma que el sistema ha enseñado. Y hasta que nosotros mismos, la población en general, no comprendamos su importancia, seguiremos vilipendiándolos, sometiéndolos al escarnio y la ordalía, condenándolos como a Prometeo.

Empecemos dando el primer paso para lograr el cambio en la mentalidad: abandonemos la visión errada que impulsa la mayoría de gente sobre la RSE, cambiémosle el nombre y comprendamos que esos actos pueden ser formas de solidaridad libre y voluntaria, actos de cooperación entre individuos. Sigamos defendiendo al empresario, valorándolo, dándole el lugar que se merece como héroe de la sociedad, en lugar de atacarlo y mancillarlo.

Ese será un gran primer paso para el desarrollo y progreso de la humanidad.