martes, 4 de noviembre de 2014

La columna de Carlos Federico Smith: fiat justitia ruat caelum

Esta frase del latín se puede traducir así: “Que se haga justicia, aunque caigan los cielos”; esto es, que sin importar las consecuencias, la justicia se lleve a cabo. Por eso, en un marco de pesimismo casi generalizado en torno a la corrección con que actúan los funcionarios públicos -impresión correcta o no- me sentí muy contento cuando leí el siguiente titular de La Nación del 30 de octubre: “Corte elimina privilegios en pensiones del Poder Judicial: Magistrados derogan directriz que otorgó beneficios adicionales a jubilados.”

En verdad, restaura el ánimo en mi persona de que es posible que mucho mal que hoy percibimos en la sociedad, pueda ser aliviado y hasta eliminado, cuando los jueces actúan con toda probidad e independencia para ordenar un claro hecho de injusticia; esto es, la creación de un privilegio para algunos pensionados del Poder Judicial, del cual no se podía disponer en ninguno de los otros sistemas públicos de pensiones.

Trataré de explicar qué fue la norma que la Corte Plena de Justicia derogó el pasado lunes 27 de octubre. Resulta que en el año 2000 la Corte Plena aprobó una reforma a los requisitos de jubilación que exigía la ley del Poder Judicial y la ley marco de sus pensiones. Dicha reforma permitió que un grupo de integrantes del sistema de pensiones del Poder Judicial se pudiera retirar a los 55 años de edad, recibiendo un monto promedio de los últimos doce salarios sobre los cuales se cotizó, en tanto que el resto de empleados acogidos a ese régimen se pensionarían  a los 60 años y con el promedio de sueldo de los últimos 24 salarios percibidos. Evidentemente, aquella resolución de la Corte Plena -resolución conocida como regla IV- creó una disparidad en el trato a diferentes empleados del Poder Judicial.

Se informa que, en una sesión en que participaron 15 magistrados, de los cuales 10 eran suplentes, “la votación, que quedó 13 a 2, eliminó de manera definitiva la normativa creada en el 2000 y con la que se favorecieron 403 personas.” Es importante destacar que en dicha sesión de Corte Plena no participaron jueces de la Sala Constitucional, porque ante ella se han presentado diversos recursos legales que tienen incidencia en el caso en mención y que, por tanto, se requería que esos jueces no intervinieran de forma alguna.

Pero hay algo muy interesante, cual es que el Poder Judicial parece estar dispuesto a ejercer justicia en lo que se sabía sería un tema sumamente controversial en el país: que hay sistemas de pensiones en donde existen personas –todas muy respetables- quienes reciben pensiones sumamente elevadas, si es que se toma en cuenta lo que habían cotizado para ella o lo que ahora deberán aún cotizar en ciertos casos. Los regímenes de pensiones no pueden descansar en los méritos de quienes las reciben, en particular en cuanto a que se obtienen pensiones superiores a lo que correspondería según hayan cotizado. Tal diferencial es muy distinto a la situación en que, como una política de solidaridad de pensiones mínimas en ciertos casos, su receptor tampoco haya cotizado lo suficiente como para hacerle acreedor de una pensión, aunque sea relativamente baja.

Pero aún hay más: de acuerdo con la información periodística citada, el exceso pagado de pensiones por el abuso otorgado por la llamada regla IV durante los últimos doce años en el Poder Judicial, asciende a más de ₡4.000 millones, que es de esperar sea devuelto por quienes los percibieron y que se responsabilice a quienes los entregaron con base en una norma ilegal. Este último aspecto no lo pudo resolver la Corte Plena, pues, como señaló Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, “los eventuales procesos legales para resarcir a la entidad pública por el daño generado se analizarán en la Corte Plena. Esto se hará una vez que la Sala IV resuelva otro caso relacionado con un pago de más en pensiones que se sigue contra un grupo de 16 exmagistrados.” 

En todo caso, a la luz de la resolución tomada por la Corte Plena es adecuada y a derecho, tenemos la esperanza de que se pueda, en paz y con tranquilidad, ir terminando con las pensiones abusivas que sufren diversos sistemas de pensiones, en particular aquellos que se les denomina como regímenes de pensiones a cargo del presupuesto de la República. 

Es un clamor por justicia el que hace el superintendente de Pensiones, don Edgar Robles, cuando señala que “Hay que revisar todas las pensiones mal otorgadas y ajustarlas a futuro; sabemos que hay montos pagados incorrectamente y deben ser recuperados; y debe establecerse la responsabilidad de quienes crearon la norma.” Más claro no puede formularse el llamado a ordenar abusos que hoy tienen colmados a los ciudadanos, quienes con pasmo observamos los abusos con las leyes y ahora tenemos la satisfacción de que es posible enderezar los entuertos -a pesar de los embrollos legales que se han visto y seguirán viéndose. Felicitaciones por ese primer paso -y no dudo que vendrá otros igualmente, sino que más, difíciles de tomar. Por ello, “fiat justitia ruat caelum”. Cueste lo que cueste, debe haber justicia. Incluso, aunque pueda doler en lo propio, señores beneficiarios del sistema de pensiones del Poder Judicial.

Jorge Corrales Quesada

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