martes, 11 de noviembre de 2014

La columna de Carlos Federico Smith: otro subsidio innecesario

Ya el gobierno, como si no tuviera suficientes problemas y como si careciera de formas en las cuales usar eficientemente el dinero escaso de los costarricenses, nos anuncia que buscará un plan para subsidiar las primas de los seguros en el sector agrícola. 

Es sabido que actualmente diversas leyes obligan al Instituto Nacional de (INS) a ofrecer un seguro de cosechas al costo (única empresa que ofrece seguros agrícolas), pero, entre el 2010 y el 2013, el INS pagó por indemnizaciones un monto superior a lo que recibió por sus primas por un valor estimado de ₡185 millones. La Superintendencia General de Seguros (SUGESE), indicó que “no ve aún con preocupación el resultado, pues los seguros agrícolas representan poco dentro del resultado del INS.” Afortunadamente, agrego yo, pues, ¿se imaginan si el subsidio fuera aún mayor?

Simplemente la entidad aseguradora, para no entrar en problemas financieros, tendría que aumentar los precios de las primas en otros seguros y eso, en el régimen de competencia actual, significaría grandes dificultades para poder tener éxito, por la dificultad de mantener su cartera actual de otros seguros, que se verían encarecidos artificialmente para subsidiar a los agrícolas.

Pero, tal como informa La Nación en un artículo titulado “Seguros agrícolas tienen déficit en últimos 4 años: INS asegura que la ley lo obliga a ofrecer coberturas para las cosechas”, del día 3 de octubre de este año, la SUGESE “reconoció que con la alta cantidad de siniestros en los últimos años, las primas se elevan al período siguiente. Eso genera que menos productores acudan a las coberturas debido al costo.”

De inmediato, el gobierno planteó la solución fácil, usual, similar a cuanto caso se le presentan de afecciones a los grupos de poder: “El viceministro de Agricultura y Ganadería, José Joaquín Salazar, explicó que la meta es subsidiar la prima no solo a los arroceros, sino también a otros agricultores”, porque “de ese aumento en las primas surgió la idea del Gobierno y del sector arrocero (principal usuario del seguro de cosechas) de subsidiar los montos a los agricultores”. 

Tanto que se podría decir aquí, pero voy a resumir algunos pocos comentarios: (1) Un subsidio mayor a los arroceros es un crimen contra los costarricenses: el subsidio actual que la sociedad le otorga a ese gremio ya es multimillonario y, no en colones, sino que en su equivalente en dólares el subsidio es más que millonario. Este surge por el sobreprecio que tiene que pagar el consumidor nacional por el arroz y en una mayor proporción los consumidores de ingresos relativamente más bajos. (2) Seguro que por la vergüenza, que en algún grado debe darle a esos políticos cuando favorecen a grupos ya altamente protegidos, disimulan su aumento diciéndonos que la medida la toman para también proteger al resto de productores nacionales. Pero ya sabemos que esa motivación es para lograr que, quienes hoy son los usuarios mayoritarios del seguro de cosechas subsidiados, sean aún más favorecidos y esos son precisamente los arroceros. (3) El que muchos del gremio arrocero hayan contribuido para que la elección recién pasada fuera ganada por el PAC, fue algo que los ciudadanos pudimos darnos cuenta y por eso nos tiene que molestar esa especie de retribución o compensación politiquera que ahora se les quiere hacer. 

Lo bueno (y veremos de inmediato la “genial” propuesta para resolver el intríngulis) es que el gobierno reconoce que no hay suficientes recursos gubernamentales para dar dicho subsidio a todos los agricultores. “Por eso”, señala La Nación, “se buscan fuentes y una de ellas sería un impuesto mínimo a las exportaciones costarricenses”. 

Genial he dicho porque poner un impuesto a las exportaciones para subsidiar el costo del seguro de cosechas, tiene que ser el producto de un redomado cerebro burocrático. Veamos un dato: las exportaciones totales del país en el 2013 fueron de $11.543.1 millones; de ellas, $2.447.9 fueron clasificadas como exportaciones agrícolas; esto es, un 21.2% del total de exportaciones. Si imaginamos que, para pagar ese subsidio al seguro del sector agrícola, se introduce ese absurdo de gravar las exportaciones -según dice que hará el gobierno- tal vez sea suficiente si se le aplica un impuesto a estas exportaciones del sector que se pretende favorecer. Eso parecería ser más lógico, que poner un gravamen a todas las exportaciones del país. Si estimamos un tipo de cambio de un $ igual a ₡500, la exportación agrícola total exportada por el país en 2013 sería de ₡1.223.950 millones y un “impuestico” ad valorem a esas exportaciones de sólo un 1 por cada mil, daría más que suficiente para pagar el subsidio y hasta para duplicar el sueldo de toda la burocracia encargada de administrar el nuevo programa estatal. ¡Quiero ver que se imponga un gravamen a los exportadores agrícolas para subsidiar a los sobreprotegidos productores de arroz doméstico, entre otros productores menores!

Esa tontera sólo se le puede ocurrir a alguien quien nunca en su vida ha participado en un mercado de exportación, en el cual, cualquier aumento en los costos de un producto, lo pone fuera de circulación. Pero, tal vez, el argumento estatal es por simple ideología: hay que “fregar” a esos agricultores exportadores con el impuesto propuesto (tan sólo ese, por el momento; el estado nunca sabe cuándo termina de poner impuestos) pues, después de todo, su éxito se debe al “neoliberalismo” y no a la eficiencia que han podido lograr tener, compitiendo en los mercados internacionales.

Por eso, dado el reporte de La Nación, no se hizo esperar el rechazo contundente de los exportadores, tanto en lo general, como de los bienes agrícolas del país, que me parece que casi lo resumió bien el presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, don Juan Rafael Lizano, cuando dijo que “el productor va a competir contra países que no cobran impuestos a la exportación”, pero no es sólo contra países, sino que se compite contra cada uno de los exportadores de cualquier nación del mundo. Y lo peor es que los recursos se usarían para subsidiar principalmente a “cinco” multimillonarios productores nacionales del arroz, subsidiados hasta más no poder a costas de todos nosotros, pagados los ya sufridos consumidores del país. De eso se trata este nuevo olio. 


Jorge Corrales Quesada

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