miércoles, 3 de diciembre de 2014

Desde la tribuna: el mito de los impuestos

Uno de los temas más controversiales es el tema de los impuestos.  Es indiscutible que si queremos un Estado con posibilidades de hacer cosas, hay que financiar su costo.  Con muy contadas excepciones, los Estados (gobiernos) no generan ingresos por sí mismos, no realizan actividades propias de su naturaleza que sean productivas o que les signifiquen ingresos propios.  En algunos casos, la ficción jurídica de que pertenecen al Estado algunas cosas (las riquezas del subsuelo y del mar, espectro radioeléctrico, las rutas de transportes, la fuerza de las aguas y hasta el viento y el calor del sol) logra convertirse en pingües ganancias para el Fisco  (no necesariamente para la sociedad). 

Curiosamente, la gestión estatal podría ser productiva e, incluso, generadora de grandes ganancias para la sociedad.  Un aparato público con una buena estructura de costos, eficaz en el cumplimiento de objetivos bien definidos y correctamente determinados puede aportar mucho para el adecuado desempeño social, instituciones públicas eficientes y un Ordenamiento Jurídico bien concebido y eficaz podrían traducirse en un buen funcionamiento social.

De por medio, por supuesto, están las grandes discusiones acerca del tamaño y la fortaleza del Estado y sus instituciones.  Es obvio que las controversias surgen en cada recoveco del análisis.  Es mejor un Estado pequeño y útil que uno grande y chambón, sin apelaciones.  Las dudas surgen en las posibilidades contrarias.

Sin lugar a dudas, la Teoría del Estado y su relación con las definiciones constitucionales aportan muchísimo en la conceptuación de los términos de referencia para cualesquiera controversias, discusiones y determinaciones.  Los primeros teóricos no pasaban de sumar tres elementos del Estado, centrados en el Pueblo (elemento sociológico, sinónimo de Nación, Población y Ciudadanía), el Poder (elemento organizacional, sinónimo de Gobierno, Organización, Autoridad y también Estado y Derecho) y Territorio (elemento geográfico, sinónimo de país y materialidad).   Como aglutinador (señalado por otros como resultante o característica) muchos señalan la Soberanía (sobre todo los constitucionalistas), aunque la mayoría rechaza que sea un elemento constitutivo.   En la actualidad, no obstante, abundan las concepciones que mencionan al menos un elemento más, generalmente denominado el Fin (elemento teleológico, generalmente sinónimo de colaboración, bien público temporal e, incluso, bien común). 

Al tratarse de las formas de Estado, la mayor parte de los autores se refiere a la relación recíproca de los elementos del Estado entre sí.  Es decir, cuál es preeminente o principal y cuáles son subordinados.  De tal modo, se ilustra, luego de las primeras formas políticas de la Humanidad (no necesariamente estatales) aparecieron el Estado patrimonial (súbditos y territorio son sinónimo de vidas y haciendas del soberano) y el Estado de policía (no confundir con la propuesta liberal de “Estado-gendarme”, diametralmente opuesta) caracterizado históricamente por Luis XIV  (la famosa expresión de “l’État c’est moi” y el instrumento de la “lettre de cachet”:  “el Estado soy yo” y las órdenes reales indiscutibles y ejecutivas), cuando la “razón de Estado” imperaba sobre todo y sobre cualquier Derecho.  En dichas formas, indiscutiblemente y bajo maneras distintas, campeaba el elemento Poder por sobre los demás.  En una de un modo brutal y directo, en la otra disfrazado de necesidad de mantener la unidad del Estado nacional y convertir las arbitrariedades en razones de Estado.

La aparición  (no accidental, sino más bien resultado de la Cultura Occidental Cristiana, lo que implica los valores Greco-Romanos y Judeocristianos) del Estado de Derecho implica un esencial desplazamiento del centro de importancia, determinándose como elemento fundamental del Estado el Pueblo, la Nación, la gente, las personas de carne y hueso.    En palabras populares se concibe el Estado como una República  (cosa pública, propiedad de todos, negocio del Pueblo) y en términos técnicos se perfeccionan el instrumento y la técnica constitucional.  La Constitución representa y contiene los valores y defensas del principal elemento del Estado:  la gente.  Por ello se habla de Derechos y Garantías individuales.  Para muchos autores, el punto indiscutible de una Constitución y su razón de ser, es la declaración de derechos fundamentales y sus garantías (verbigracia, León Duguit), requisito sine qua non del Estado de Derecho.

Al respecto  y por ejemplo, no es de extrañar que nuestra Constitución defina al Estado de Costa Rica como una “República”  (artículo primero) y preceptúe que la “la soberanía reside en la Nación”  (artículo segundo).  Son las líneas esenciales del sistema y concepción.

Ciertamente, a raíz de la concepción del Estado de Derecho, han aparecido los segundos apellidos del Estado  (Estado Social, Estado Solidario, Estado Ecológico y demás agregados, válidos pero secundarios, pues no podrían disolver el significado fundamental).  Darles más peso que el nombre principal implicaría mover el centro de gravedad y trasladar al Fin del Estado (elemento teleológico, un peso mayor que el que tiene el Pueblo).

Claro que, y así sucede en algunos casos, si se cree que la naturaleza es más importante que el ser humano, entonces se subordinará a la gente al conservacionismo y a la salud animal.  Igualmente, si para algunos la exportación de la revolución cobra más importancia que las personas, entonces no habrá problema para sacrificar al pueblo en pro de la revolución.  Y así sucesivamente con las distintas concepciones.

Paralelamente y de conformidad con todo ello, surgen las instituciones básicas que conceptúan el funcionamiento del aparato público.   Por ello se dice que, a la par de la declaración de Derechos básicos debe estar la división de poderes.  Ésta no obedece a la especialidad de funciones sino a la premisa elemental de que “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”  (Lord Acton), a la que se suma la observación aristotélica de que la corrupción de los mejores es la peor.   Por ello ha sido definida por Montesquieu como un sistema de frenos y contrapesos.  No se trata de cancha libre para cada cual sino de un mecanismo para que ningún Poder tenga libertad. 

Esta es una de las razones por las cuales resulta tan importante la existencia de una Constitución, su rigidez (defensa de la gente, defensa del Pueblo) y su jerarquía (que no pueda ser regateada por leyes formales, las cuales siempre han de ser subordinadas).

Los estudiosos han encontrado que el origen del principio proclamado en la Independencia de los Estados Unidos de “no taxation without representation”  (no se pueden poner impuestos sin representación política” está en la propia Carta Magna (1215), en la cual se determinó que el rey no puede aumentar los impuestos sin la aprobación general del reino.

Por ello, indubitablemente, el tema del Presupuesto público (el plan estatal de ingresos y gastos) también es un asunto esencial en el Parlamento o Poder Legislativo, pues es la misma garantía de no poner impuestos o aumentar los ingresos sin la debida aprobación.

Muchos conciben la inflación como un impuesto.  La riqueza es robada por el Estado sin poner impuestos formales.  El déficit presupuestario implica drenar la riqueza de la sociedad a través de los vicios del gasto público, los cuales se traducirán en altas tasas de intereses, depreciación monetaria, mal desempeño económico de diversas formas y la disputa por los recursos económicos por parte del Fisco.  Igualmente, se convierte en una insostenible presión tributaria que termina por reventar todos los diques.

No es de extrañar que algunos visionarios plantearan el refuerzo constitucional de los Derechos y Libertades públicas con la aprobación de un capítulo de Garantías Económicas, que viniera a frenar los constantes derrames de la voracidad fiscal y los acostumbrados vicios de los demiurgos públicos.

Si la Constitución no tiene verdaderos vigilantes y custodios, si los propios garantes están interesados en aumentar el gasto público, si los llamados a garantizarla están más preocupados de los presupuestos estatales y de la gestión pública que de los principios constitucionales, entonces las concepciones constitucionales se degradan, se desvalorizan igual que la moneda y ceden ante las presiones del poder.

Los impuestos, en lo elemental, son el aporte social para que la maquinaria estatal tenga combustible.  Son los dineros que la sociedad sacrifica en aras de un supuesto bien general, que debería ser reproductivo (justicia, infraestructura, seguridad).

Algunos opinan que el gasto público significa progreso y creen que a mayor gasto público (impuestos) habrá mayor desarrollo.  Aún recuerdo, cuando me opuse rotundamente al paquete de impuestos que la Administración Pacheco gestionaba en contradicción con su palabra durante la campaña, cómo me hostigaba un representante de la Comunidad Europea por mis expresiones y gestión legislativas, increpándome “¿porqué tiene miedo de que haya desarrollo?”.  Para él, obvio, mayor gasto público era desarrollo.  No quise darle el golpe bajo de señalarlo como vividor del Erario público, simplemente le daba porcentajes (el gasto público y el nivel de impuestos y cargas públicas de Costa Rica es muy alto) y le mostraba la ineficiencia estatal.  El tiempo luego me dio toda la razón, pues era obvio que Costa Rica no ha necesitado de paquetes tributarios por mucho tiempo y, paradójicamente, el país origen del citado personaje se ha hundido en una maraña de gasto público insostenible, aruinándose por completo y empobreciendo a sus habitantes.

El punto está en los mitos que se derivan del tema de los impuestos.  En primer lugar, la idea de que unos pongan impuestos a otros.  La cuestión central está en entender que si los impuestos no son generales y no los pagamos todos, entonces se violenta el principio de la representación necesaria para su aprobación. Muy cómodo y fácil poner impuestos a otros, pero no es conceptualmente correcto.

El principio de la representación consiste en que quien aprueba impuestos está de acuerdo con pagarlos, costearlos, asumirlos, hacer el sacrificio. No se trata en que esté de acuerdo con que otros los paguen, los asuman y tengan que soportar el costo. 

Sin embargo, con algunos de los impuestos llamados progresivos, con algunos de los impuestos denominados contra los ricos y algunas cargas sectoriales o determinadas para ciertos grupos o actividades, lo que ha sucedido es que una serie de legisladores que no aportan nada, que no están en la actividad, se ensañan con otros grupos.  Impuesto al banano, impuesto al café, impuesto a remesas al exterior, impuesto a las casas de alto valor:  todos estos conceptos rompen el principio de la representación.  De alguna manera es como un grupo aprovechándose contra minorías segregadas.

Supuestamente, por ejemplo, todos estamos sujetos al impuesto sobre bienes inmuebles,  un impuesto general.  Sin embargo, sobre esos mismos bienes inmuebles que ya pagan el precitado impuesto, surgió la ocurrencia de un impuesto a las casas de alto valor (supuestamente para financiar las casas de quienes no tienen).  El argumento se vendió sin mayor oposición (no sé si por miedo, falta de vocación o que), pero el caso es que sobre el mismo objeto (pero con un valor superior) y sin quitar el anterior impuesto se impuso un impuesto que, además, hacía caso omiso de que el incremento gravado había pagado impuestos de construcción, impuestos de ventas, cargas sociales y otros gravámenes y, en el caso de la mayoría, los recursos que habían dado lugar al incremento también habían sido objeto del impuesto sobre la renta.  Súmese a ello que empezaron a cundir exoneraciones y rebajas al impuesto original (impuesto sobre bienes inmuebles), diz que por agricultura, por pobreza y por ser de interés social.  El resultado es un impuesto especial contra algunos para beneficio de otros, con la intermediación de los políticos, quienes repartirán casas como si ellos las hubieran construido.  No me referiré a las señales que se envían con el asunto, pero sí a que además el análisis de los valores declarados a las casas y su publicidad ha sido origen de escarnios y exhibición de intimidades.  ¿Impuesto castigador, vindicativo, exhibidor?

El otro tema surge con el anuncio gubernamental de que el Poder Ejecutivo se propone acabar con la mitad de la pobreza, eso sí siempre y cuando perciba los ingresos proyectados.  ¡Qué simple y qué fácil!  Repartidera de lo ajeno.  La paradoja es que, en nuestro Estado, nunca han sido tan grandes los ingresos públicos, nunca han sido tan inmensos los presupuestos de gasto público y nunca ha crecido tanto la pobreza. Para el buen entendedor, pocas palabras. Pero algunos son muy cerrados de mollera y entendederas. La lucha contra la pobreza se estaría centrando en cobrar impuestos para repartir con otros.  Es evidente que el mal hábito no ha tenido éxito.  Lo que sí ha resultado es en una mayor burocracia, una más cara burocracia, un Estado más grande, un Estado más Gastón y un crecimiento de la pobreza.  La carga del Estado, el crecimiento de la recaudación fiscal, tributaria, parafiscal y gravámenes públicos (incluyendo inflación y costo de los monopolios, sobre todo en materia de energía) más bien espantan a los empresarios, hacen cerrar a las empresas y desestimulan la formación de empresas (salvo las gestiones subsidiadas:  repartidera), complicando el empleo y la posibilidad de que cada cual salga de la pobreza por sus propios medios, por su esfuerzo, por su inventiva o por su trabajo. 

Hace unos días, en España se ha hecho escándalo con el descubrimiento de que uno de los dirigentes de la nueva izquierda (Podemos) gozaba de cómodos contratos de “investigación” en una universidad pública que ni siquiera pisa. Tal denuncia pone en evidencia una situación particular, que entre presupuestos públicos y autonomías las universidades públicas están sirviendo para otras cosas.  No es de extrañar que en nuestro propio patio sea de allí de donde salen presidentes, diputados y ministros.  No es extrañar que algunos prefieran “optar” por un permiso con salario, que cobrar el sueldo ministerial y tener permiso sin salario universitario, que algunos prefieran seguir con la jubilación magisterial que someterse al régimen general, que los convenios y los recursos sustraídos a la sociedad dan para todo eso.

No debe sorprender qué se hace con tan enormes presupuestos y porqué, a final de cuentas, la inversión que hacemos en educación privada escolar y colegial redunda en grandes beneficios cuando nuestros hijos llegan a la universidad pública.  No debe sorprender el contenido de las convenciones colectivas logradas al cuerno de presupuestos públicos ni porqué benefician casi más a los administrativos que a la propia labor docente.  No debe extrañar porqué se han convertido en nidos ideológicos ni porqué de ahí parten las luchas contra lo que pueda beneficiar a otros sectores de la sociedad.  No debe sorprender lo que pasa ni porqué de las universidades públicas surgen los mitos acerca de los impuestos y su necesidad y en relación con el modo de cobrarlos. 
El mito principal es que siempre hay grande evasión  (el ministro actual subraya la elusión, como si fueran términos similares).   Como dice Rodríguez Braun  siempre quieren cobrar más y no toman en cuenta lo mucho que se paga.  La cita clara dice:  (para los marxistas españoles)   “ …los únicos impuestos malos son los que aún no se pagan. En efecto, el antiliberalismo predominante jamás presta atención a los impuestos que sí se pagan: esos gravámenes siempre están bien, y si acaso hay que aumentarlos.”    Se olvidan de los gobiernos corruptos, la burocracia enquistada, las universidades cosificadas, los contribuyentes arruinados, los políticos mentirosos, los estatistas que paralizan la sociedad, los programas fracasados y las promesas incumplidas, solo piensan en los impuestos que no se pagan.   Hablan de evasión e elusión, confunden los términos y consideran que es dinero público per se.

En el centro del problema mismo, el mito consiste en creer (como los antiguos gobernantes, que eran dueños de todo) que el impuesto es la recuperación de lo suyo, olvidando que se trata de algo ajeno, capturado por coacción o imperio de la ley, olvidando el sentido del gasto público, olvidando las garantías constitucionales, olvidando los límites racionales y viviendo impunemente a costas de los demás. 

Federico Malavassi Calvo

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