martes, 2 de diciembre de 2014

La columna de Carlos Federico Smith: violación al poder del pueblo

Si hay momentos en que me he sentido defraudado, estafado, vilipendiado en mis derechos básicos como individuo miembro de esta sociedad, es el actual. La aprobación de un presupuesto gubernamental con un incremento del 19% por encima del presupuesto del año anterior me preocupa. Cierto que en parte surge a causa de ese desmesurado aumento, pero sobre todo porque los hechos revelaron que la soberanía en última instancia no es cierto que resida en sus ciudadanos, al menos en los ojos de ciertos cuerpos políticos.

Desde la escuela primaria se nos ha enseñado que en nuestra patria libre y democrática, la soberanía; esto es, la autoridad suprema e independiente de la nación, reside en sus ciudadanos y no en alguna otra persona o entidad. Asimismo, se nos ha inculcado desde niños que nuestro régimen político se caracteriza por ser una democracia representativa; es decir, que los ciudadanos acudimos a elecciones de quienes nos habrán de representar en la Asamblea Legislativa. De esta manera, los ciudadanos ejercemos indirectamente el poder soberano, por intermedio de aquellos que hemos nombrado como nuestros representantes en el Congreso. En las circunstancias actuales están en juego dos principios fundamentales de nuestro orden social y político: el del poder ciudadano que reside en los individuos de la nación por encima de cualquier otro cuerpo o persona y el de una democracia representativa, mediante la cual los individuos somos representados por diputados en la Asamblea Legislativa, para que en nuestro nombre, tomen decisiones concernientes a la cosa pública. Y qué cosa más pública que el presupuesto de gastos de un gobierno: no es sino la autorización de gastar en lo que el estado considera deseable, pero son nuestros recursos pagados mediante tributos los que se están utilizando para ello.

Hace pocos días se tomó una decisión por el presidente de la Asamblea Legislativa que realmente pone los pelos de punta. En sencillo, al contrario de una votación en que la mayoría de nuestros representantes votó por no aprobar el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo para el año entrante, ese señor decidió que no se podía votar en negativo dicho presupuesto y que, por tanto, aunque fuera derrotado por voluntad popular -tal como así sucedió- tal acto no era posible y que, por tanto, regía para el año entrante el presupuesto que originalmente mandó el gobierno para la aprobación legislativa. 

Es cierto que la Constitución habla de la función legislativa de “aprobar” los presupuestos y que no menciona la facultad de “improbar”; o sea, de rechazarlo. Por tanto, no hay forma mediante la cual el plenario legislativo -la Asamblea plena en sus funciones- pueda decirle al gobierno central que no aprueba el presupuesto que le mandó. Así como se dice que quien nombra, quita, se puede alegar que quien puede aprobar, puede rechazar, pero al no estar así definido en la Constitución, entiendo muy bien la propuesta que hace el politólogo Alejandro Barrantes Requeno, mediante el expediente legislativo No. 18.087, para reformar adecuadamente la Constitución.

El alegato que hacen los defensores del desaguisado es la necesidad de darle recursos al fisco -que el estado no cierre- para el año entrante. Por ello se debe aprobar el presupuesto que mandó el Poder Ejecutivo a la Asamblea. Asumiendo que “nadie” quiere cerrar el estado, éste bien podría seguir operando continuamente si se aplicara el presupuesto del año anterior, el cual puede ser reajustado en el curso del 2015 mediante presupuestos extraordinarios, si es que el soberano así lo aprueba y considera que son fondos deseables para una “correcta” operación del estado. Esta creo, sería una solución adecuada y que no menoscaba la soberanía de un pueblo para definir la forma correcta de gobernar bajo el imperio de la ley.

Pero la matráfula no llega hasta allí. ¿Qué impide que, por ejemplo, llegue un gobierno el cual manda un presupuesto, digamos, con un 100 por ciento (o un 1.000 por ciento; igual vale para el ejemplo) por encima del monto vigente en el año previo y, aunque se tenga los votos para su desaprobación, para su rechazo, esta desestimación no puede entrar en vigencia? Aunque supuestamente se ejercita la soberanía ciudadana, como dice el parloteo de los comerciales, “no aplica”. De esta manera, nunca podrá ser impedida una minoría de diputados, que representa políticamente al poder ejecutivo además de parte de la ciudadanía, de tener el presupuesto que le dé la gana.  Ello porque, al no poder repudiarse, rechazarse, el presupuesto que el Poder Ejecutivo envió, en criterio de la cabeza legislativa, entra en vigencia el no aprobado presupuesto originalmente enviado para su aprobación legislativa por el Poder Ejecutivo. 

En dos palabras, la soberanía ciudadana expresada por la votación de una mayoría de sus representantes legislativos vale un pito, una higa (busque su significado en el diccionario de la Real Academia). Nuestra soberanía fue apropiada por un grupo minoritario de diputados. Creo que su derecho es tan sólo poder convertirse en una mayoría, pero no el de ponerse por encima de la voluntad popular mayoritaria expresada por la decisión de un mayor número de diputados.

Alguien me dirá que así queda abierto el camino para el socialismo. Eso puede ser cierto, pero también para un fascismo de derecha, de manera que lo que más nos conviene a todos es que el estado pueda ser refrenado en su ambición de tomar todos los recursos que pueda absorber de una economía, según su voluntad expresada en un presupuesto. En síntesis, cualquiera puede eliminar la libertad por un simple acto legislativo totalmente ilógico y contrario a los principios de una democracia y de la soberanía del pueblo. No es broma: lo que sucedió no es tanto, pero es muy sustancial. Lo más grave es la posibilidad de que en una Asamblea Legislativa gobierne una minoría por encima de una mayoría y con pleno desprecio de la soberanía del pueblo para definir sus leyes.

Todo esto tiene un corolario interesante. Recientemente el presidente de la República dijo que despediría a los ministros que no gastaron los recursos que se les asignó con el nuevo presupuesto. Es decir, que en vez de evitar un gasto tal vez innecesario, la obligación del funcionario sea la de gastar la plata a como haya lugar dentro de los cánones definidos en el presupuesto. Por lo tanto, que eso sirva de cajita blanca a quienes  han estado creyéndole al presidente de que, antes de poner impuesto alguno, frenará el gasto gubernamental. Puro cuento. Ya tiene la plata; ahora a gastarla a como sea; esa es su orden.

Si el estado no tiene límites en lo que puede gastar, eso es lo que hará. Y usted y yo pagaremos las consecuencias de ese poder desaforado, pues su ejercicio sólo se traducirá en mayores impuestos, endeudamiento o inflación. Lo único bueno es que ya vamos conociendo a los responsables del pandemónium fiscal: lo que les interesa es poder ejercer demanda sobre los recursos productivos de la economía limitando las posibilidades de los ciudadanos de gastarlos en lo que consideran ellos es lo conveniente o deseable. Es el camino al totalitarismo estatista.

Jorge Corrales Quesada

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