martes, 15 de diciembre de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: mi posición ante mis críticas

Me imagino que muchos de mis amigos lectores en Facebook han notado mis diversos comentarios críticos en lo referente a temas de orden público, los cuales son usualmente encabezados y calificados con la frase “El Estado Ineficiente”, la que, seguida de dos puntos, trata algún asunto que deliberadamente he seleccionado para que sea objeto de mi crítica.

Quienes se han referido a mis comentarios, en general, supongo que, a modo de queja por mi preferencia selectiva, lo han hecho principalmente porque consideran que lo que hago son sólo análisis negativos, en donde no se reconoce lo positivo de otras acciones de parte de la persona o de la entidad gubernamental. 

Si fuera así de fácil interpretar la razón de esos comentarios, me parece que podrían descartarse con prontitud, señalando simplemente que lo hago de tal manera porque esa es mi preferencia y, como persona libre, nadie me ha de obligar a hacer lo que no quiero o algo distinto a lo que prefiero hacer.  Pero deshacerse de tales reproches no es así de fácil, por lo cual intentaré adentrarme en las razones de mi preferencia.

La primordial es porque considero que la crítica tiene un propósito crucial en cuanto al avance del conocimiento. El eminente pensador Karl Popper escribe que “la actitud crítica, la tradición de la libre discusión de las teorías con el propósito de descubrir sus puntos débiles para poder mejorarlas, es la provisión razonable, racional… Puede describirse la actitud crítica como el intento consciente por hacer que nuestras teorías, nuestras conjeturas (que no son sino un conjunto de ideas que se usan para explicar un fenómeno), se sometan en lugar nuestro a la lucha por la supervivencia del más apto… así, obtenemos la teoría más apta que está a nuestro alcance mediante la eliminación de las que son menos aptas.”(Karl R. Popper, Conjeturas y Refutaciones: El Desarrollo del conocimiento científico, Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S. A., p. 79. El texto entre paréntesis es mío.). 

Esa eliminación de teorías menos útiles se hace por el método crítico, que nos permite acceder a una verdad provisional acerca de una hipótesis específica de un hecho, acción u observación concreta. Esa exclusión de teorías mediante la eliminación de teorías que permite la crítica. Eso hace que nuestro conocimiento se enriquezca.  Tal como si el ser humano aprendiera de la prueba y el error, por lo que mostrar el error es algo profundamente útil.

Por ello, cuando uno formula una crítica a la ineficiencia del estado, la contribución que uno esperaría lograr con ella es que en esa administración del estado (en sus diversas dependencias o ramificaciones) se hagan mejor las cosas, descartando prácticas que conducen al desperdicio, la ineficiencia, las pérdidas y al agravio ciudadano.

Por su parte, cuando uno se pone a alabar las cosas que en el estado se hacen eficientemente, sin desperdicio, con todas las virtudes, ello sólo conduce a que la situación continúe inmutable, a no ser que, aceptando la bondad de la acción del momento, alguien pueda sugerir una forma aún mejor para hacerlo (lo cual no es extraño que también provoque  el malestar del político actor, pues un extraño y, tal vez, “limitado” o “inculto” o “ignorante” se “atreve” a proponer una forma mejor de hacer las cosas). Creo que ese tipo de alabanzas no suelen incentivar que las cosas mejoren. ¿Para qué sacrificarse en mejorar algo si quienes las valoran lo hacen positivamente, pues sus críticas estás plenas de halagos, elogios y aplausos?  La fuerza del estatus quo se impone, en especial en políticos a quienes lo que les interesa es la conservación del poder.  

“Para qué cambiar lo que funciona,” suele decir el pueblo; lo que hay que cambiar es lo que no sirve, lo que no funciona.  De aquí que la crítica también es útil como expresión del pueblo a sus gobernantes, acerca de que lo que ellos hacen no está bien o puede ser mejorado.

Pero, también, al funcionario del estado la ciudadanía le paga para que haga las cosas de la mejor manera, honestamente, sin desperdiciar lo que son sus propios recursos entregados al estado, de forma que cuando así lo hace, simplemente está retribuyendo esa paga. La gente puede valorar eso cuando decide votar en una próxima elección, no como una obligación equilibradora de lo que puede ser una crítica ciudadana.  No hay tal equilibrio, si la crítica es usada para descartar conductas impropias, inadecuadas o inconvenientes. Se ha pagado por un buen resultado; de manera que si recibe la paga (hasta adelantada) es bajo el supuesto de que cumpliría a plenitud para lo que se acordó contractualmente.
 
Pero, ¿por qué centrar la crítica en el Estado y no hacerlo con la empresa privada?  Es una pregunta interesante y la respuesta me parece viable y directa: porque en una empresa en competencia (lejos del aberrante caso del monopolio) hay una constante aprobación o desaprobación; o sea, una forma de crítica, cuando los consumidores votan (como si así lo fuera) al realizar la compra del producto de esa empresa.  Si la gente los aprueba, los compra; si los desaprueba, no los adquiere.  De inmediato se me dirá, que la toma de decisión expuesta conduce a una parálisis, al estatus quo. Pero eso no es así, porque en un orden de mercado existen competidores quienes luchan por tomar cualquier parte del mercado -no sólo proveniente de competidores ya existentes en el mercado, sino, ante todo, de potenciales entrantes al mercado- de manera que hay un incentivo para la innovación, la mejoría, para que vendan más barato algo de una misma calidad, a fin de atraerse a aquellos consumidores clientes provenientes de sus competidores.
Darwinianamente, quien no se adapta a las nuevas circunstancias, terminará por desaparecer. De paso, esto es lo que le permite a Hayek, refiriéndose a la evolución de Darwin, atreverse “a afirmar que, de hecho, Darwin se inspiró en la ciencia económica. Por sus notas manuscritas sabemos que estaba leyendo a Adam Smith, cuando en 1838, estableció las bases de su propia teoría biológica.” Friedrich A. Hayek, “La Fatal Arrogancia: Los errores del socialismo,” en F. A. Hayek, Obras Completas, Vol. I, Madrid: Unión Editorial, S. A., p. 215).

Pero ahí no llega el asunto con el empresario en el mercado: él siempre estará atento a cualquier cambio que mejore sus ganancias, ya sea mediante el uso de nuevas tecnologías, la introducción de nuevos y más eficientes bienes de capital, todo en busca de un uso mejor de los factores productivos que contrata para obtener el bien final. 

Lo destacable es que en un sistema competitivo de mercado hay incentivos que conducen al uso eficiente de los recursos, de manera que, quien no lo logra, queda fuera del mercado: es así como en una economía se hace “la limpia.” El que no se adapta, fracasa, queda afuera: quiebra y así los recursos que queden libres se pueden dedicar a producir las cosas que ahora los consumidores-votantes-críticos desean.

A diferencia de esto, tal situación de “limpia” no sucede en el caso del estado.  Tan sólo extraordinariamente se cierran producciones ineficientes (como sucedió durante el gobierno de la señora Thatcher, pero véase que aquí no ha sido posible cerrar a los ineficientes CNP o la Fábrica Nacional de Licores, como ejemplos) o cuando se hace lo es en el marco de un “cambio” político casi revolucionario, producto del hastío del ciudadano. Pero la limpia no es cotidiana, usual, imperante, como sucede en un sistema privado de pérdidas o ganancias.  Mientras que en éste la pérdida la asume el empresario-capitalista, nunca se observa que, cuando es del estado, la asuma, de su bolsillo, un político responsable de una mala decisión o de un mal resultado de su empresa u agencia pública.

En el estado no hay un mecanismo o instrumento por el cual la crítica que hace el consumidor mediante el voto, reprende y ocasiona la remoción o sustitución o quiebra del “empresario” o director, usualmente un político a cargo de la entidad. Eso suele suceder sólo cuando hay elecciones y se elige a un gobierno que mantiene una diferente posición política comparada con el vigente. El empresario socialista (el empleado público que hace las veces de empresario dentro del estado) no sufre en su bolsillo las consecuencias de sus “malas” acciones, a diferencia de como sucede con mucha mayor rapidez en una empresa privada. Ya vemos cual sistema es más eficiente cuando se requiere de cambio como producto de la crítica.

Evidentemente, en este último caso de administración gubernamental, el ciudadano pierde porque no recibe aquello que él considera que está pagando de una manera u otra (ya sea mediante tarifas públicas o impuestos o inflación o deuda) y es por ello que protesta, critica, cuando algo le parece mal hecho.  Si en vez de la “inteligencia” política (quedar bien con el superior, el presidente o lo que sea) rigiera la “inteligencia” empresarial, sujeta al escrutinio de su rendimiento de parte de los accionistas o del capital propio, aquellos políticos al menos deberían de estar agradecidos con que algún ciudadano haga crítica pública de sus fracasos o malas decisiones, asumiendo que, de esta manera, se vería motivado a hacer las cosas de la manera en que la desea el público consumidor. No hay duda que ese sería en el mejor de los casos, pues usualmente lo que hacen es ignorar la crítica.

El antónimo de la alabanza y del elogio, la crítica es la que amplía nuestro conocimiento y promueve que corrijamos los errores. Por ello, más bien debe agradecerse cuando alguien la formula racionalmente, en vez de desdeñar y hasta molestarse cuando se hace públicamente, tal como es mi caso.


Jorge Corrales Quesada

lunes, 14 de diciembre de 2015

Tema Polémico: Los desilusionados ticos de “a pie”

El día de ayer el presidente Luis Guillermo Solis arribó a Cuba con junto con su desproporcionada comitiva de treinta y un personas. Mientras tanto, aquí en Costa Rica, nosotros los ciudadanos de “a pie” que “no comprendemos la importancia de este viaje para el futuro de nuestro país”, nos sentimos cada vez más decepcionados con este gobierno que nos sigue impresionando con su lamentable labor.

Treinta y un personas para ir a Cuba en un viaje que tal vez y ni tan siquiera amerita que el presidente haga. En este momento tenemos casi cinco mil cubanos ansiosos por seguir su camino hacia los Estados Unidos y con la imposibilidad de hacerlo. Cinco mil personas que desesperadas por una vida mejor fuera del fallido experimento comunista cubano, están dispuestos a hacer lo que sea por buscar vida en otro país. Y así como ahora hay cinco mil personas, desde hace muchos años han pasado por esta ruta miles de miles de cubanos siguiendo el mismo objetivo. Irónicamente, Luis Guillermo Solis se va con una enorme comitiva a estrechar relaciones con este país. ¿qué sentido tiene estrechar relacionales con una dictadura que no respeta ni la democracia ni los derechos humanos y mantiene a sus ciudadanos en condiciones tan lamentables que prefieren arriesgar su vida con tal de salir de ahí?

Bueno, imaginemos por un momento que este viaje si se amerita ¿Por qué treinta y un personas? Es un absurdo. Esto es despilfarro de fondos públicos evidente. Dentro del grupo van diputados y cuando se les preguntó para que iban a muchos inclusive les costó responder. Simple y sencillamente, el presidente de la Asamblea les contó que existía la posibilidad de ir a Cuba todo pago y ni lentos ni perezosos aceptaros sin preocuparse por el puesto que dejaron para “irse a vacacionar con plata de los costarricenses” ni buscar razones para justificar el viaje. Que descaro. Y no solo diputados del PAC, diputados de otros partidos.

Este viaje es una burla a los costarricenses y un nuevo ejemplo a la ya extensa lista de ejemplos de que este gobierno tiene todas las intenciones de seguir la fiesta de los recursos públicos a expensas de nosotros, los mal llamados “ciudadanos de a pie”.

lunes, 7 de diciembre de 2015

Tema Polémico: ¿Un oasis en el desierto?

En ASOJOD por lo general somos muy críticos de las iniciativas que provienen de los poderes formales del Estado. Pero, sin duda alguna es justo y necesario resaltar cuando se hace una propuesta que va dirigida en el camino correcto.

Precisamente, bajo este orden de ideas, no queda otra posibilidad que destacar y celebrar la iniciativa de la Diputada liberacionista Sandra Piszk encaminada a reducir las pensiones de privilegio que hoy en día existen. La nota periodística explica que el proyecto:

“(…)impone un tope de 10 salarios mínimos (¢2,5 millones) al pago mensual, con lo que recortaría el 75% de las pensiones de este régimen.
Además, eliminaría el incremento automático anual del 30% y lo cambiaría por ajustes de acuerdo con la inflación.El régimen de pensiones de exdiputados se extinguió en 1992, pero aún tiene 230 beneficiarios que lo disfrutan desde 1985.Alfredo Hasbum, viceministro de Trabajo, explicó que en la lista no solo hay exlegisladores, sino también herederos de las pensiones, lo que en cierta forma mantiene vivo el régimen, pese a su derogatoria definitiva hace más de 20 años.Sandra Piszk, legisladora de Liberación Nacional (PLN), calculó que 166 jubilaciones serán bajadas a ¢2,5 millones de un solo y sin derecho a reclamo alguno. Ella apoya tanto esta medida como la de eliminar el alza anual del 30%: “Ambas cosas son para llevar este régimen prácticamente a las mismas condiciones de los demás; el resto de los regímenes se incrementan por costo de vida”.

Definitivamente es un primer esfuerzo en la dirección correcta, mismo que debe de ser replicado en materia de salarios e incentivos. En ASOJOD creemos que todas estas políticas públicas deben encontrarse ancladas en un principio fundamental de realidad económica que las haga sostenibles. Es decir, la pensión de todo ciudadano debe responder a las cotizaciones que este realice. Igualmente, el salario de todo trabajador público, así como otros beneficios, deben aparejarse a la realidad del mercado laboral privado y de la productividad del país.


El día que todos comprendamos de que el dinero no crece de los árboles, y que cualquier beneficio que se otorgue debe de ser proporcional a la realidad económica-productiva del país, las cosas empezarán a cambiar. Ojalá que este tipo de iniciativas se conviertan en la regla y no la excepción.

martes, 1 de diciembre de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: echándole los muertos a todo el mundo todo el tiempo

No se necesita ser un historiador avispado ni un economista genial para saber que han sido gobernantes de distinto giro, quienes han actuado, tanto desde el poder ejecutivo como desde el legislativo, de manera idéntica para conducirnos a la situación fiscal deplorable en que hoy nos encontramos: la proclividad al gasto es su marca.

No puedo sino calificar de absurda y sin sentido y tal vez de fariseísmo o mojigatería esa posición de echarle los muertos, viendo hacia atrás, a distintos políticos por la responsabilidad de la crisis fiscal actual, como argumento para que no se señale la irrenunciable responsabilidad que tienen las autoridades actuales, tanto del poder legislativo como del ejecutivo, de reducir un gasto gubernamental desenfrenado que nos ha conducido a la situación ya conocida. Nadie va a negar que fulano o zutano fueron unos irresponsables en tiempos de relativa bonanza, gastando hasta lo que no era de ellos. Pero usar dicho alegato como razón para dejar que ahora no se haga nada, es una verdadera insensatez, pues de así hacerlo sólo nos causará un mayor y enorme daño a la población.

Por eso, cuando uno hace alguna crítica a cierta agrupación política por su actuación ACTUAL (vean bien que enfatizo el momento), no significa que uno está siendo omiso de la mala actuación de diversos grupos políticos en el pasado reciente. Hay una enorme razón para hacer dicho juicio aplicado a ahora: simplemente porque aún no estamos viviendo los efectos plenos del desborde en el gasto gubernamental, pues sin duda se tratará de arreglar, por el momento, por la vía de poner mayores impuestos sobre los ciudadanos. De hecho eso no es algo a futuro; en la actualidad se han aumentado los costos de diversos servicios públicos, tales como marchamos, peajes, cánones, entre muchos otros, que no son sino formas impositivas. 

Si no creen que se pretenderá hacerlo así, pues les ruego que pongan atención a algunos de los impuestos que ya tiene pensado este gobierno tratar de que se los apruebe la Asamblea Legislativa: cambiar el impuesto de ventas por un impuesto al valor agregado, que pasaría del 13% al 15%, a la vez que se amplía la cobertura a muchos bienes y servicios que hoy están exentos de ese impuesto; aumentar el impuesto al traspaso de vehículos, aumentándolo de un 2.5% del valor que determine Hacienda hasta un 5% (vean lo que hoy estamos viviendo en relación con el marchamo, como ejemplo de la valoración cuasi-arbitraria que puede hacer el estado); elevar el impuesto sobre los ingresos de las personas físicas, de un máximo actual del 15% a dos nuevos tramos que pagarían un 20% y un 25%, respectivamente; casi duplicar el impuesto sobre los intereses que se perciben por los certificados de depósito a plazo (y otros ahorros), de un 8% a un 15% (siendo ésta la forma frecuente de ahorro de los grupos de ingresos medios); aumentar al doble los impuestos sobre el traspaso de bienes inmuebles, desde un 1.5% a un 3%; gravar las ganancias de capital, fuente de mucha de la inversión doméstica, entre otros. La cosa no es jugando…y ya estamos avisados.

Por supuesto que esos impuestos deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa (hasta el momento, aunque jueguen con ciertas cosas, como en el caso del marchamo), por lo cual es necesario que, con franqueza, pongamos los puntos sobre las íes al respecto. Para que se le aprueben esos impuestos, el partido oficial PAC tendrá que buscar el apoyo de otros grupos políticos en el Congreso.  No duden que los apoyará el Frente Amplio, así como que no faltará algún diputado suelto por ahí, quien, posiblemente a cambio de algo, estaría dispuesto a otorgarles su voto personal. Pero uno esperaría que otros partidos políticos relativamente grandes y llamados de oposición, incluso el disminuido Movimiento Libertario, como lo son Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, y otros menores, atiendan la justa petición popular de sus partidarios, para que no se les aumenten los impuestos antes de que se reduzca sustancialmente el enorme gasto público, cuyos abuso es ya bien conocido por los ciudadanos. (Claro: ya saben de las pensiones de privilegio, de las gollerías sindicales en convenciones colectivas, de anualidades por buen desempeño que se otorgan a buenos y a malos; ¡para qué sigo!).

Cada cual de nosotros puede tener distintas preferencias políticas y no es inusual que ciudadanos cambien “de color”, como se suele decir, pero debemos ser conscientes de los actos que, EN ESTOS MOMENTOS, se están llevando a cabo, que impiden poner orden a un estado de cosas de las finanzas públicas que nos encaminan por el rumbo griego, español y portugués ya conocido: la quiebra de sus economías con un grave daño a los ciudadanos, principalmente los más desvalidos.

El presupuesto ordinario de gastos del gobierno central que se acaba de aprobar en la Asamblea Legislativa es desmesurado. No sólo se los digo yo; se los ha dicho, también con toda claridad y de manera precisa un diputado del partido oficial, don Ottón Solís, quien señaló que no debe ser aprobado y que, más bien, se atienda a la reducción propuesta por una mayoría de los diputados de la Unidad. Igualmente, un economista destacado de Liberación Nacional, el doctor Rodrigo Bolaños, en un excelente comentario que publicó en La Nación del 1 de setiembre, titulado “Ajustes en el presupuesto del 2016, desnudó los serios problemas que tenía dicho presupuesto en una economía que ya sufría un déficit superior al 5% del PIB. Y estoy seguro que muchas personas que hoy forman parte de Liberación Nacional han de estar meditando cuidadosamente acerca de lo sucedido en este caso. (También hay diputados de otras fracciones diferentes a las citadas, quienes también propugnan por reducir ese gasto, destacando el señor don Mario Arredondo del partido Alianza Democrática Cristiana). 

Por tal razón, me tiene sumamente preocupado la posición asumida dicen que por toda la fracción de Liberación Nacional, de aprobar sin recorte alguno el presupuesto ordinario que el Poder Ejecutivo le presentó ante la Asamblea Legislativa para el 2016. Fueron los votos, al menos en el primer debate,  de diputados del PAC (con excepción de don Ottón), del Frente Amplio, de un díscolo diputado del PUSC, de una diputada que se fue del Movimiento Libertario, quienes, junto con los diputados de Liberación Nacional, otorgaron su voto para que se aprobara incólume, intacto, dicho presupuesto en la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa. Se espera que en segundo debate suceda algo muy parecido. Han votado por un presupuesto hartamente desfinanciado, de forma tal que incluso el gobierno anda buscando en China financiamiento por $5.000 millones, a fin de que le entre plata para seguir gastando; eso sí, endeudándonos a todos nosotros y a las generaciones que nos han de seguir.

Cada uno de nosotros es libre de tener sus preferencias políticas, y personalmente no descarto la posibilidad de darle mi voto a algún partido democrático -incluso Liberación Nacional- si no hubiera otra opción viable frente a una izquierda que sólo espera, no tan agazapada, las próximas elecciones. Pero, honestamente, creo que tal posibilidad se va descartando cuando uno observa tal irresponsabilidad de dicho partido, al aprobar, santificado con su contubernio, el presupuesto que le presentó este gobierno. 

Tal vez lo hizo pensando -con el cinismo político tan usual y hasta esperable- en que “ganarán” las próximas elecciones y que, aprobando los impuestos ahora, los recursos que le entren al gobierno lo serán a plenitud a partir del 2017-2018, cuando esperan gobernar. Lo hacen de manera que este gobierno recibiría una ayudadita para su gasto desenfrenado y robustecido, pero el montón de plata entraría plenamente en su anhelada próxima administración. Pero también heredarán una economía lesionada aún más por los nuevos y mayores impuestos, que luego habrán de impulsar a fin de poder llenar el hueco fiscal que ahora están contribuyendo a ampliar. Recibirán una economía que hoy casi no crece y que tiene en la actualidad tasas de desocupación cercanas al 11% y de un subempleo igualmente elevado -esto es, de aquellos que tienen empleo, pero sólo parcial- de alrededor del 12%.  Difícilmente nuestra economía crecerá más si se le ponen impuestos: todos creados para que el gobierno pueda seguir con la gastadera lo cual nos asegura -inevitablemente- que habrá un nuevo déficit a futuro. Nunca he visto yo una economía crecer cuando se le ponen mayores impuestos; todo lo contrario. Y si no hay crecimiento, no habrá mayor inversión ni demanda de trabajo ni incrementos en los ingresos familiares.

Estoy casi seguro de que muchos lectores han oído la expresión “victoria pírrica”, que toma su nombre del rey Pirro, rey del estado helénico llamado Epiro, quien derrotó a los romanos en el siglo III antes de Cristo, pero para lograrlo tuvo que sufrir una enorme cantidad de bajas. El diccionario de la Real Academia describe de la siguiente manera a la palabra “pírrica”: “dicho de un triunfo o de una victoria: Obtenidos con más daño del vencedor que del vencido.” Pues así le va a pasar a ese eventual gobierno que Liberación considera que obtendrá en el 2008: la economía, para ese entonces, estará tan golpeada, que si es que llegan a gobernar, lo será sobre cenizas. No tengo dudas de que la ciudadanía tendrá en cuenta la conducta observada de ese partido en estos días, al decidir su voto en las próximas elecciones: de olvidarlo, no faltará quien se los recuerde, por si acaso la memoria es flaca.

No desisto en mi esfuerzo.  Los diputados de Liberación Nacional se habrán dado cuenta de que los “rodaron”, cuando el gobierno les ofreció, a cambio de su voto, que si les aprobaban -como lo fue- el presupuesto ordinario del 2016, proponer nuevas reformas presupuestarias en este año, para lograr después reducirlo y no ahora.  Tienen, sin duda, confianza en la palabra de los actuales gobernantes. Igual que nosotros, quienes confiamos en la palabra del hoy presidente, quien nos dijo, antes de las elecciones en que fue electo y existiendo una situación ya conocida de un elevado déficit fiscal, que, antes de poner cualquier impuesto, reduciría primero el gasto de forma significativa. Obviamente, aún estamos esperando que cumpla con lo que nos ofreció a los ciudadanos en aquel entonces.

En el momento en que salga a la luz mi comentario posiblemente ya no habrá tiempo para que las cosas cambien correctamente y que se haya aprobado el proyecto de presupuesto ordinario mencionado, básicamente con la aprobación sorpresiva e inesperada de la fracción legislativa del partido Liberación Nacional. Pero de no variar las cosas actuales,  la ciudadanía no olvidará que, más bien como consecuencia de la cómplice aprobación de dicho presupuesto, también se nos aprobarán nuevos y mayores impuestos. Incluso recientemente (el pasado lunes 23 de noviembre) ese partido le ofreció públicamente al presidente Solís la aprobación del infame impuesto a las sociedades, que había sido declarado ilegal por la Sala Constitucional, entre otras cosas. Han sido capaces de resucitar un injusto impuesto, en donde las empresas pequeñas y muchos ciudadanos estaban condenados a pagar lo mismo que empresas poderosas: y después nos salen diciendo estar preocupados porque prolifera la economía subterránea en el país. Cada día hay más empresas pequeñas operando informalmente debido a los enormes costos que para ellas tiene cumplir con todas las reglas formales de la economía regulada; uno de esas reglas importantes es el costo y el impuesto que tendrían que pagar por constituir una sociedad y así poder trabajar formalmente. Mejor los evitan yéndose a trabajar en la economía subterránea. 

Cuando este comentario vea la luz, ya el presupuesto ordinario del gobierno habrá sido aprobado por la coalición ya mencionada en la Asamblea Legislativa. Mi comentario, a pesar de todo, no es tardío, pues espero que los ciudadanos tengan presenta lo que ha sucedido y eso es lo que ahora importa. Pero es más importante aún terminar con eso de que nos crean unos tontos de capirote, que no nos damos cuenta de la desfachatez y la falsedad que a veces vemos tan claramente expuesta en ciertos actos de políticos. No debemos de olvidar tales actos, que nos saldrán muy caros. 

Jorge Corrales Quesada

lunes, 30 de noviembre de 2015

Tema polémico: el cobro del marchamo 2016 es inconstitucional

En estas fechas, los costarricenses no sólo estamos concentrados en los descuentos del Black Friday, el aguinaldo, las compras de navidad, los tamales y las promesas de fin de año. Una cosa más abruma nuestra mente, pero de forma negativa: el pago del marchamo. 

Sobre la materia, lo que más rompe la cabeza de los ciudadanos es tratar de comprender cómo sus vehículos, cada año más viejo y, por tanto, cada vez más devaluados, tienen un valor fiscal mayor. Costa Rica pareciera ser el único país donde ese fenómeno paranormal se presenta aunque para mayor claridad, los últimos informes de científicos especializados han logrado determinar que ocurre sólo para fines impositivos, es decir, para saciar la voracidad del Ministerio de Hacienda. 

El artículo 9 de la Ley N° 7088 del 30 de noviembre de 1988, "Reajuste Tributario y Resolución 18ª Consejo Arancelario y Aduanero CA" crea el impuesto sobre la propiedad de vehículos (que representa el 69.5% del cobro del marchamo) y establece los porcentajes de impuesto por cada tramo de valor del vehículo sobre los cuales se calcula dicho impuesto de acuerdo con "el valor que tengan, en el mercado interno, en enero de cada año, los vehículos, las aeronaves o las embarcaciones de recreo, según la lista que el Poder Ejecutivo emitirá, por decreto para cada marca, año, carrocería y estilo". 
 
Valor de mercado es aquel al cual, compradores y vendedores, están de acuerdo en realizar el intercambio de dinero por el bien. Sin embargo, Hacienda se inventa el concepto de valor fiscal, a través de unas fórmulas matemáticas de imposible comprensión para la ciudadanía que, además, está completamente desfasado de la realidad. Mientras un vehículo normalmente se deprecia entre un 10% y 20% de su valor al año, para Hacienda se aprecia. Basta con revisar el valor fiscal de su vehículo, indicado en la tarjeta de circulación, durante los últimos años, para darse cuenta que en los modelos del 2001 al 2015, el dato es creciente y, en los anteriores a 2001, aunque decreciente, el ritmo de reducción es más lento que el de mercado.  Así pues, es obvio que a mayor valor fiscal, mayor cantidad de impuesto a la propiedad se debe pagar, aunque ese valor fiscal solo aplica para Hacienda, pues ni aplica para vender su vehículo ni para tasarlo en caso de que el INS deba pagarle la póliza de pérdida total en caso de que sufrieda la destrucción de su bien.
 
Pero lo sorprendente no acaba ahi. El mismo artículo 9 establece que "si la Administración Tributaria no publicara en La Gaceta, en enero de cada año, la lista con los valores de los vehículos, el impuesto se pagará sobre la base de los precios fijados el año anterior. Esto mientras no se publique la lista actualizada". Es decir, es claro que en enero de cada año se deben publicar los tramos que menciona la Ley, a efectos de que el ciudadano pueda corroborar que el monto que deberá pagar a más tardar el 31 de diciembre de ese año, sea el correcto o, de lo contrario, pueda presentar los reclamos correspondientes. 

Algo tan obvio no fue considerado por las autoridades tributarias. El pasado jueves, cuando el Ministro de Hacienda, Helio Fallas, compareció ante la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Público, reconoció que el decreto en cuestión no había sido publicado aún, pero ya se estaba usando para estimar el monto del impuesto a la propiedad y, por tanto, del marchamo.

Así como lo lee. Resulta que el 23 de noviembre salió al cobro el marchamo por parte del Instituto Nacional de Seguros (INS) y los ciudadanos pudimos corroborar que nuestro marchamo, en muchos casos, era mayor que el del año anterior. Aquellos que revisamos el monto, lo hicimos con base en el último decreto vigente, el Decreto N° 38722 del 24 de octubre de 2014, que contiene la lista de valores para 2015, pues no había otro parámetro y así lo ordena el propio artículo 9 de la Ley N° 7088. Allí descubrimos que existía una inconsistencia entre lo calculado y lo establecido por Hacienda. Pero no; había que calcularlo sobre la base de los datos de 2016, aunque no tengamos forma de conocerlos y aunque esto violente lo que dice la ley.

Entonces ¿cómo y por qué lo utilzaron? La razón, desde el punto de vista numérico, es simple: en la nueva lista, por causa de una baja inflación anual, los tramos bajaron, de forma tal que se puede cobrar más por dicho impuesto. La razón, desde el punto de vista jurídico, es más compleja: o en el Gobierno no entienden las disposiciones normativas y los principios constitucionales, o sencillamente, no le importa lo que digan. En su arrogancia, los representantes del "cambio" deciden que ellos son demasiado buenos como para dejarse limitar por un texto jurídico que no supera su sabiduría.
 
En nuestro país existe un principio fundamental, transversal a todo el ordenamiento jurídico: el principio de seguridad jurídica. La Sala Constitucional lo ha explicado como "la existencia de un conjunto de disposiciones que fijen consecuencias jurídicas frente a ciertos hechos o actos" (Voto Nº 2011010375), lo que en sencillo  se puede traducir como la garantía del ciudadano de conocer, de antemano, las consecuencias jurídicas de sus acciones para saber a qué atenerse respecto a los Poderes Públicos. Parte consustancial de este principio es la publicidad, pues no puede exigirse conocimiento y obediencia de la ley, como lo dispone el artículo 129 constitucional, si el ciudadano no tiene forma de darse cuenta qué disponen los Poderes Públicos. 

Así pues, al no publicarse el mencionado decreto, el cálculo del marchamo debía hacerse, como ya explicamos, con los valores del 2015. Sin embargo, el accionar de Hacienda fue diferente y, con ello, violentó no solo la norma sino el principio de seguridad jurídica. Por tanto, lo actuado desde el 23 de noviembre hasta la fecha, debe ser declarado inconstitucional y se debe reintegrar a las personas que ya han pagado el marchamo, el monto cobrado de más, al tiempo que debe sancionarse a los funcionarios responsables de tal desaguisado.

Evidentemente, esta horrible maniobra  responde a la estrategia del Poder Ejecutivo de aplicar una reforma fiscal solapada, sin pasar por la Asamblea Legislativa -donde sabe que no tiene apoyos- y así cobrarle más dinero a los costarricenses para tapar el déficit y saciar su voracidad, en lugar de hacer recortes importantes al gasto público o poner en orden las finanzas públicas.  

En países con alto sentido de la responsabilidad política y seriedad jurídica, el Ministro de Hacienda dejaría su puesto por algo como esto y el Tribunal Constitucional se traería abajo el cobro. No obstante, como se trata de Costa Rica, creemos que don Helio seguirá en su puesto hasta que lo desee o termine su periodo y que la Sala Constitucional dará solo un jalón de orejas al Ministerio de Hacienda, pero sin anular el cobro ni profundizar en la falta pues dimensionará los efectos y hablará sobre la necesidad de recursos que tiene el Estado Social de Derecho para cumplir con sus deberes y bla bla bla. Esperamos equivocarnos, pero el pasado no ofrece buenos augurios.

martes, 24 de noviembre de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: depende de qué tipo de control

En mucha ocasiones es importante definir cuál es el tipo de control que se pretende lograr de la acción de una entidad, a fin de considerar si es conveniente. Trataré de un caso concreto, que fue objeto de un artículo en La Nación titulado “Acueductos rurales del país operan en completo descontrol: Entes privados administran el 25% del agua del país, mas no hay registro de sus servicios.”

Francamente el que una entidad no lleve registro de los servicios que llevan a cabo ciertas entidades privadas, nos debe de tener sin cuidado, pues nada nos está garantizando que, lo que pretende esa entidad, es lo más conveniente para los intereses de los usuarios finales, los consumidores.  Ese es el primer matiz que le doy a mi comentario: Todo depende de si se sabe, tal vez de previo, para qué es que se quiere implantar un control de parte del estado, y así evaluar si el control pretendido es deseable. O sea, ¿qué se pretende con el “control”?

Un subtítulo de ese artículo dice: “Estado ignora el número de clientes y las tarifas de 1.500 sistema comunales”. Si eso es así, tal vez lo mejor es como están las cosas. Imagínese que la burocracia centralizada quiera saber cuántos clientes hay para hacerles la vida más infeliz. Además de que se dependa de un ente extraño para los ciudadanos, ubicado por allá en Pavas, bien lejos de la comunidad que sí está cerca del servicio. Mejor que, entonces, no sepa aquellas cosas. También podría ser que al ente central no le parecen las tarifas que por el servicio de agua se cobran en las comunidades, ya sea porque son muy elevadas, según su criterio, o bien porque son bajas en comparación a lo que cobra el ente central. Puede ser que lo que pretende es acabar con una actividad rentable y apropiada que puede brindar un servicio de la comunidad; esto es, acabar con la competencia. Así que, hay que andar con mucho cuidado: el centralismo puede resultarle muy caro a quien adquiere un servicio en su comunidad, el cual le satisface en cuanto a calidad y precio.
 
La pretensión del estado la puede reflejar la opinión de un funcionario de la ARESEP, quien expresa que “el desorden y la falta de armonía entre esos entes privados y el Gobierno ha hecho que el 40% de los acueductos opere ilegalmente sin haber firmado el convenio de delegación con el AyA.” Pregunto ¿por qué tiene que ser “armoniosa la relación entre una parte privada y el estado?  Puede ser de sana independencia, hasta de indiferencia y, si a alguien se le ocurre, también puede ser de “dejadme hacer, dejadme pasar,” como tantos han clamado en el pasado. Ese 40% sobre el cual el estado pretende concentrar información acerca de la calidad del servicio, son 28 acueductos municipales en operación, en conjunto con las asociaciones administradoras de acueductos rurales, mejor conocidas como ASADAS.
 
Alguien podrá señalarme, no sin cierta razón, que AyA es un órgano técnico especializado en el servicio de agua, mientras que esos entes privados no brindan la mejor calidad de un producto.  Eso puede ser cierto, pero también hay que entender que tener una mejor calidad de algo puede requerir un mayor precio y, por tanto, el consumidor, libre y soberanamente, puede preferir tener una menor calidad pero a un menor precio. Asimismo, alguien podrá señalarme que AyA es muy eficiente en comparación con la producción de las ASADAS y municipios, pero en esto también me salta una seria duda, cual es el enorme desperdicio de agua que hay en la provisión que, a gran parte del país, nos brinda el AyA, así como también inquieta la muy elevada tarifa que se nos ha cobrado en los últimos años, lo cual, sin duda, ha afectado principalmente al presupuesto de los hogares de ingresos medios.
 
En apariencia el problema del manejo del servicio de agua de parte de las comunidades radica en dos partes.  Primera, que la calidad de esa agua es inferior a la que brinda el AyA. Pero aquí debe tomarse en cuenta aquella relación que expuse entre calidad y precio, aunque, en este caso, señala el periódico que, de acuerdo con la ARESEP, la “debilidad más frecuente [de las ASADAS] es la cloración inadecuada.” Aceptemos que, en principio, clorar el agua es deseable y que la no cloración da lugar a que se presenten enfermedades bacterianas y virales que contagian a otras personas distintas de las que toman agua no clorada (en el lenguaje de los economistas, que hay una importante externalidad negativa por ese suministro de agua no clorada). Pero tal situación no es razón necesaria ni suficiente para que las ASADAS y los servicios municipales de agua dejen de existir como tales. Para esta circunstancia, más bien pensaría en un programa conjunto de asistencia técnica del mayor ente gubernamental en asuntos de aguas, el AyA, con las entidades locales, en cuanto a la conveniencia de que los ciudadanos puedan contar con agua clorada. Y punto; nada más.
 
El otro tema argüido para tratar de cierta manera de obligar a cierta conducta de las ASADAS y las municipalidades, es que las administraciones de éstas son un desorden.  Eso puede ser así: después de todo, esos servicios municipales y las ASADAS suelen brindarlos en áreas relativamente remotas, probablemente con gente que no es de la más preparada técnicamente, usualmente a causa de disponer de menores recursos y de tener poca preparación en lides burocráticas. Pero no es razón para creer que el resultado sería mejor si se les sujeta a un reglamente que puede alterar la independencia de una empresa privada, como lo es la ASADA, ni tampoco de un gobierno de un nivel “inferior” al del centralizado AyA.
 
De nuevo, si hay tal vacío de calidad administrativa, ¿por qué no ofrecerle a las ASADAS y a los municipios un acuerdo para trasmitir la técnica mejor que supuestamente posee AyA? Las partes, hablando, se entienden. No puede ser algo unilateral, sino de beneficio mutuo.

Hay una cosa importante que se debe tener presente: la competencia beneficia a los consumidores.  Si, por ejemplo, AyA ofrece un mejor servicio (digamos con un mejor tratamiento y con cloración) y que tal vez tenga un precio aceptable para los consumidores actuales del servicio privado de las ASADAS y de las Municipalidades, no dudo que gente pueda decidirse por aquello que le ofrezca la mejor relación precio-calidad y oportunidad o permanencia del servicio: la gente no es tonta; podrá no saber de administración profesional, pero suele saber, tanto como cualquiera de nosotros, qué es lo que les conviene. La gente lo que debe de tener siempre es la opción de poder escoger y así “votar” con su consumo qué es lo que prefieren ellos y no un burócrata que posiblemente conoce menos que la totalidad del mercado.
 
Cuando hablo de competencia, me llama la atención que, en estos momentos, está en discusión legislativa “un proyecto de ley para permitirles a las cooperativas vender agua y asumir las ASADAS que no dan la talla.” Es absolutamente un ridículo que actualmente exista tal prohibición: la regla debe ser permitir todo, y que se prohíba lo estrictamente necesario. ¿Por qué razón no pueden ser una competencia para el AyA? ¿Por qué prohibirle a las empresas cooperativas, al igual que las ASADAS, que son empresas privadas, que cualquiera otra empresa privada pueda servirle a los consumidores? ¿Por qué sólo un estado centralizador puede brindar ese servicio? Es más, ¿por qué evitar el acicate de la competencia que obligue al AyA a innovar en sus prácticas?
 
Por eso es que entiendo la posición del señor Rolando Marín, de la Unión de Acueductos Comunales (UNAGUAS), del cantón de Grecia, al señalar que “el sector nunca ha aprobado el reglamento de ASADAS (vigente desde el 2005), pues es abusivo, les limita, controla y los ‘trata’ como entes públicos”, que no lo son.  Ese reglamento lo elaboró el AyA y gran parte del problema es que pretenda su imposición a los otros entes que suplen de agua al país. Me parece que hay conciencia en que estos obtengan asesoría administrativa y técnica, pero a su vez que tienen razón en clamar por tener un espacio para sus decisiones y no la sujeción a un ente centralizador. La competencia debe siempre ser bienvenida, Ojalá que las cosas mejoren para bien de los usuarios, los consumidores, que son quienes importan y no las burocracias, estén donde estén.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 23 de noviembre de 2015

Tema polémico: una agencia de innovación nacional.

El aparato productivo doméstico está compuesto en un gran porcentaje por microempresarios, pero muchos de estos emprendimientos no crecen lo suficiente para trascender y mueren durante sus primeros años (80% de emprendimientos dejan de existir en los primeros tres años).

Este amplio sector de nuestra industria enfrenta desafíos estructurales de competitividad, pero sin duda, uno de los lastres que arrastra tiene que ver con una burocracia dispersa de actores de apoyo a la PYME que funcionan como islas, cada uno con un diseño institucional y procesos de ejecución entrabados.

Según datos del propio Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), hoy Costa Rica posee más 100 programas de apoyo a la PYME. Todo un entramado institucional de apoyo a las Pequeñas y Medianas empresas duplicando esfuerzos y atendiendo las mismas fases del ciclo de vida de estas empresas.

Lejos de atender y centrar esfuerzos en aquellos emprendimientos innovadores y dinámicos de base tecnológica, estos programas se han enfocado en emprendimientos de subsistencia, a través de políticas asistencialistas que lejos de propulsar un motor del desarrollo y encadenar emprendimientos, han creado una clientela de microempresarios que no generan impacto en la economía.

Así, hoy el MEIC es un ministerio sin peso ni capacidad para ejecutar muchas de sus obligaciones. Lo mismo sucede con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) es un elefante blanco con enorme cantidad de instituciones y programas, pero sin agilidad para ejecutarlos. Dentro de estas instituciones rectoras del ecosistema de apoyo a la PYME se encuentra COMEX, junto a PROCOMER y CINDE, quienes conforman una realidad diferente: una triada estratégica con una gobernanza distinta, recursos ligeros y mecanismos de ejecución rápida, pero además, con una población receptora de sus servicios pequeña en comparación a la que tienen las otras instituciones.

En medio de este escenario de institucionalidad complejo se ha diseñado una propuesta que está por ingresar a la corriente legislativa: el Proyecto de Ley de Creación de la Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado.

Según la propuesta que se conoce, esta Agencia plantea una nueva arquitectura institucional, con una nueva forma de operar y un nuevo modelo de atención que le dé escalamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. La legislación no plantea más burocracia ni demanda nuevos recursos al erario público. La idea esbozada, al contrario, busca fusionar los programas existentes y trasladar los recursos bajo una misma sombrilla.

De esta forma, si la iniciativa llega a funcionar, entidades como el CONICIT se unirían a los recursos del Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, Los recursos del Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (PRONAMYPE) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a los que se unirían los recursos  del 15% de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de cada año, del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Aún es muy temprano para llegar a cualquier tipo de conclusión, pero una propuesta que ordene el ecosistema institucional de apoyo a la PYME, bajo un marco legal similar al de PROCOMER, con las mismas facilidades legales: no aplica la ley de contratación administrativa como tal sino sus principios, no funcionaría bajo el Régimen del Servicio Civil, tiene un régimen de contratación privado y un sistema de transparencia explícito, que además asigna un tope a su gasto administrativo de no más de un 6% del total de las fuentes de financiamiento, merece al menos el beneficio de la duda. 

Si algo se demanda de la Administración Pública es coherencia, sentido de urgencia, capacidad de gestión y conciencia de la importancia de la relación simbiótica que debe existir entre el Estado, el sector Privado y Academia en el diseño de políticas públicas.

Probablemente el mayor reto que enfrenta el proyecto de ley sea su viabilidad política, debido al traslado de recursos de diferentes instituciones como el Banco Popular, o la Unidad PYME del INA, así como el despido, reubicación o movilidad de funcionarios.

Es previsible el rechazo de estos actores a cualquier cambio de su statu quo, sin embargo, debemos saludar un debate que busque poner orden sobre un enjambre de instituciones y programas cuyo impacto actualmente es casi nulo. 

martes, 17 de noviembre de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: escándalos en la vía

Uno está durmiendo y le despierta el ruido externo, con frecuencia después de las doce de la noche y hasta tal vez las cinco de la mañana, debido a los rugidos de motores -fast and furious- provocados por un montón de escandalosos seudo-corredores de carros y motos, quienes, en lugar de hacerlo en lugares permitidos, lo hacen en las calles cercanas de donde duermen los tranquilos ciudadanos y, sin dudarlo, han de poner en riesgo a los ciudadanos que, por la razón que sea, andan tranquilos por las calles de la ciudad a esas horas de la noche. Esa, dirán los disminuidos Fangios, es la única posibilidad que tienen en la actualidad como justificación para correr, pero lo que reflejan es que no les importa la vida de terceros a quienes los meten en tales riesgos al satisfacer sus caprichos.
 
Ya sabemos que las autoridades han fracasado en un alto grado en detener los piques, pero también es cierto que las leyes como están les impiden sancionar tanto a vehículos como a motos que andan sonando los motores en todo momento.  No es sólo ya en las noches, cuando los picones, los que nos despiertan y nos alarman, salen a correr, sino también en las calles durante el día, cuando salen disparados en los cambios de luz de los semáforos, haciendo gala de sus motores arreglados y ruidosos. 

Uno esperaría que existiera limitantes a ese ruido, pero no es así. Un estado ineficiente se caracteriza, entre otras cosas, por tener leyes malas en lo que es debido.  Eso lo informa La Nación del 23 de octubre, en su artículo “Vehículos ruidosos seguirán en carretera por débil sanción: Nuevo reglamento no obliga a dueños de automotores a arreglar desperfectos.” Nuestra legislación de tránsito, tan resobada y recalentada que fue cuando se hizo, da muestra de goteras por todo lado, empezando que esos ruidos no son usualmente “por desperfectos” como lo indica el medio, sino resultado de costosos “arreglos” que les practican precisamente para que hagan buena bulla.
 
No soy un histérico quien cree que deben existir leyes para todo, pero creo que la convivencia urbana sí requiere de cierto ordenamiento mínimo.  Si un vehículo hace un ruido ensordecedor -definido esto técnicamente- debe ser multado para incentivar que, si quiere hacer ruido, lo haga en un área apropiada para ello, como lo eran antes La Guácima y similares, pero no afectando al resto de ciudadanos que esperan cierta moderación sónica en la ciudad  y en sus afueras.  Si existieran multas, los ostentosos tratarán de revertir o moderar los arreglos que le han hecho a los motores de sus vehículos para que hagan más escándalo.

La libertad tiene un precio; no lo dudo. Pero también hay casos claros en que el abuso de alguien afecta a otras personas.  No estoy proponiendo un silencio de cementerios, sino, creo, algo razonable, cual es moderar los decibeles permisibles para los motores de vehículos. Ello sería factible determinarlo en el examen anual de RITEVE (si no es que falsean el motor para que pase examen), al igual que mediante la revisión de ruidos por parte de los agentes de tránsito. Me imagino que muchos ciudadanos, precisamente no afectos a la bondad de la acción del estado, considerarían que sí es necesario que haya reglas en cuanto a este exceso. 


Jorge Corrales Quesada

lunes, 16 de noviembre de 2015

Tema Polémico: ¿Empleador vs Empleados?

Con frecuencia, los empresarios son acusados de explotadores, inconscientes y codiciosos. Individuos que intentan ganar la mayor cantidad de dinero a expensas de la mayor cantidad posible de personas. A los sindicatos y otros grupos de izquierda les encanta crear esa imagen de que existe una guerra constante entre los empleados y los empleadores.  Tal parece que a estos grupos les encantaría que dejaran de existir empresarios y toda la riqueza se repartirá entre los trabajadores. En ASOJOD nos da la impresión de estos grupos no tienen ni la más remota idea de cómo se crea riqueza. No se dan cuenta que, si no existiesen empleadores, no existirían tampoco fuentes de empleo. 

Por supuesto, un empresario crea y administra su negocio con el objetivo fundamental de hacer dinero, pero eso no tiene por qué perjudicar a otras personas. Todo lo contrario, en su misión por crecer cada día más surge la necesidad de contratar a otras personas. Estas personas colaboran con el empresario a cambio de una remuneración. Una remuneración que se negocia anticipadamente a la contratación y dependerá del valor que agregue ese trabajo al cumplimiento de las metas de la empresa.  Las contrataciones se dan en condiciones de ganar-ganar. Al trabajador no se le obliga a ocupar ese puesto de trabajo ni al empresario se le debería obligar a contratar a una persona si no existiese la necesidad real. Es un proceso en el que se establece un contrato entre dos personas y nadie debería interferir en el mismo.

Lastimosamente en este país esto no sucede de esta manera. Representantes del Gobierno y varios grupos organizados se han encargado de que estos procesos no sean tan libres impulsados por supuestas intenciones de mejorar las condiciones de los trabajadores. A los empresarios los obligan a contratar al personal ajustándose a ciertos horarios laborales, con condiciones mínimas de salario y garantías para el trabajador en caso de despido. A primera vista suena noble y correcto pero las consecuencias reales son muy diferentes. Estas obligaciones que le imponen al empresario lo que hacen es aumentar sus costos de operación y restarle competitividad. Dado esto, las empresas se ven obligadas a contratar menos personal y en algunos casos hasta a cerrar el negocio. Para lo único que sirven estas medidas, supuestamente en beneficio de los trabajadores, es para aumentar el desempleo y disminuir las inversiones. Y ahora, por medio de referéndum, los sindicatos pretenden incrementar el salario mínimo. Esto conllevaría lamentables consecuencias para la economía del país. 

Los que más sufren con estas medidas suelen ser los de menos ingresos pues, al verse obligados a cumplir con tantos requisitos, los empresarios tienen que disminuir las contrataciones y esa baja empieza por aquellos puestos de trabajo que le agregan menor valor al negocio. Puestos de trabajo con pocos requisitos que casi siempre ocupan las personas de menores recursos con menos educación. Muchos negocios, en vista de que les es imposible subsistir con estas condiciones, se ven obligados a trabajar al margen de la ley perjudicando de esta manera sus posibilidades de crecimiento.

Y es que mucha gente tiene una visión errónea de los empresarios en este país. Cuando piensan en el empresario, piensan en un multimillonario que se aprovecha de los demás. La realidad es que la inmensa mayoría de las empresas en este país son PYMES. En muchos casos la empresa la conforman no más que la misma familia del dueño. Son personas emprendedoras que cada día les cuesta más sacar adelante el negocio a causa de este montón de trabas y regulaciones. Y solo hemos hablado de las dificultades para contratar y despedir personal. Esto es tan solo el comienzo de la inmensa cantidad de trabas que tienen los empresarios para salir adelante. A esto se le debe sumar los impuestos que son cada vez mayores, la tramitología, los gastos para abrir y mantener una empresa, los esfuerzos para poder cumplir con la enorme cantidad de requisitos de prácticamente todos los ministerios. Y la lista puede continuar.

En este país, en lugar de propiciarse mejores condiciones para que se genere inversión privada parece que se está haciendo todo lo contrario. Muchos no se dan cuenta que al propiciar la generación de más empresas se aumentaría la demanda de empleo. Y al aumentar la demanda de empleo se mejoran las condiciones de trabajo de todas las personas. 

martes, 10 de noviembre de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: vuelvo con lo mismo de hace muchos años atrás

Con toda franqueza les digo que ya me tienen cansado denuncias como las que recientemente hace la Contraloría General de la República, en torno al mal manejo que se hace de los fondos públicos.  Es por ello que el artículo que aparece en La Nación del 30 de octubre, titulado “Contralora denuncia terrible manejo de dinero para obras: Marta Acosta explica a legisladores deficiencias de proyectos financiados con crédito externos”,  me cansa, porque ya son muchas las veces en que la Contraloría dice lo mismo a los gobierno de turno y las cosas siguen y siguen haciéndose mal. Casi que la Contraloría en esto parece estar pintada en el papel: me duele decirlo, pero creo que es cierto.

Al mismo tiempo, reconozco que esa es la obligación esencial de la institución, cual es indicar cuando se da un mal manejo de los fondos de los ciudadanos de parte de los gobernantes. Esa es su función primaria, razón por la cual me molesta ver a un presidente, quien si bien acepta la crítica de la Contraloría (es su obligación aceptarla o bien probar que la Contraloría se equivoca), decir, en un artículo de la Prensa Libre del mismo 30 de octubre, que “Cuando se señalan las limitaciones no siempre se hace referencia a los logros y ha habido logros también en construcción, en mantenimiento de vías y en atención de emergencias que han ocupado buena parte del trabajo del MOPT”. [La Prensa Libre, “Solís critica a Contraloría por no reconocer logros,” 30 de noviembre del 2015.) 

La Contraloría no está para dar aplausos a gestiones  de los funcionarios ni siquiera de señalarlas cuando ellos las han hecho bien, pues la obvia presunción es la obligación del funcionario (en este caso del presidente del Poder Ejecutivo y del ministro del ramo) hacer bien las cosas: que haya un correcto y eficiente manejo de los dineros públicos.  Si, como lo pretende el Presidente, lo apropiado es que la Contraloría alabe las acciones que él considera son “buenas”, pues mejor que se le cambie el nombre al órgano de control, por el de “ministerio de adulaciones o de ditirambos o de aleluyas”, que apropiadamente aplaudiría con cánticos elogiosos la gestión de los políticos.  Parece que en ciertos lares hace falta un buen repaso de la Constitución de la República.

Son muchas las explicaciones que nos suelen brindar las autoridades de gobierno acerca del porqué de esos retrasos en la realización de las obras. Obviamente algunas de ellas tienen bases ciertas; no así en otros casos.  Una en la cual creo que tienen cierto grado de razón las autoridades de obras públicas es en cuanto al engorroso proceso licitatorio. No creo que lo sea tanto en los requisitos formales que se deben presentar ante la Contraloría para llevar a cabo un proyecto, pues para ello la burocracia estatal usualmente está muy preparada, sino en cuanto a las múltiples apelaciones que se presentan ante la Contraloría, una vez que se adjudica la obra pública a alguna empresa específica. 

Por dicha razón, tal vez por última ocasión pues ya estoy algo cansado de seguir en lo mismo, vuelvo a insistir en la aprobación de un mecanismo que creo permitiría evitar el abuso con las apelaciones ante la Contraloría, que en la actualidad se presenta. Para reiterar los argumentos no haré nada más que presentar íntegros dos breves comentario que al respecto hice más de trece años, pues creo que nada, si acaso, se ha mejorado desde aquel entonces, en cuanto a eliminar dichas trabas innecesarias que tanto nos cuestan. No sólo son profundamente dañinas para el buen uso de los fondos de los ciudadanos, al encarecer y retrasar indebidamente el costo de la obra pública, sino que también estimula otras cosas “indeseables”, tal como lo leerán a continuación. 

Eso sí, por favor, que ni la Contraloría, ni los diputados, ni los gobernantes, salgan después, nuevamente, quejándose de que las apelaciones ante la Contraloría estorban el avance de las obras públicas del estado, si ellos nunca promueven una solución en concreto a lo que se ha convertido en un abuso real para lograr una administración eficiente del estado.

El primero de mis viejos comentarios -y aún tan actuales- describe los mayores costos derivados del proceso vigente de apelación ante la Contraloría y lleva por título “Los Costos de las Apelaciones.” Lo escribí el 5 de junio del 2002 en el periódico La Nación y se los transcribo: 

“Existe una correcta apreciación en el país de que el sistema actual de apelaciones conduce a una postergación indebida y onerosa de las obras del Estado.

Con frecuencia se manifiesta la queja de que ante la Contraloría General de la República se presentan apelaciones sin sentido, tan sólo con el propósito de que el adjudicado pierda la licitación que ganó en buena lid y que, más bien, sea otorgada a algún participante debidamente perdidoso. Si bien la Contraloría, como tal, no tiene la culpa del atraso que sufre una adjudicación objeto de apelación, lo cierto es que, al menos en los dos últimos años, la División de Asesoría y Gestión Jurídica de esa entidad ha rechazado más del 72 por ciento de las apelaciones que se han presentado. Tal resultado es muestra contundente no de que existe "temeridad" por quienes apelan, hecho que es jurídicamente muy difícil y hasta imposible de probar, sino que hay una demanda exagerada e indebida de solución de este tipo de conflictos por parte de la Contraloría.

Deseo enfatizar algunos de los posibles costos que sobre la sociedad impone la existencia de una demanda excesiva de solución de apelaciones, además del costo burocrático que en sí ocasiona a la propia Contraloría.

Primero, las apelaciones retrasan la ejecución de obras o gastos públicos, hechos que originan un elevado costo financiero. Es innecesario ampliar este aspecto.

Segundo, facilita la colusión en contra del proceso competitivo que se supone debe regir la contratación en el Estado. Si es un "cartel" en que pocos integrantes se distribuyen de forma acordada diversos contratos, una apelación "hablada" puede permitir al ganador lograr mayor tiempo para iniciar el contrato pues, al momento, bien puede tener los recursos ocupados en otras obras.

Asimismo, facilita la cohesión requerida entre los miembros del "cartel", al convertirse la apelación en un arma potencial contra cualquier comportamiento díscolo de alguno de los miembros.
 
Alternativamente, el proceso actual de apelaciones también sirve para impedir la entrada de potenciales participantes que no son miembros del cartel, puesto que tendrán que tomar en cuenta que, si ganan un contrato al haber ofertado un precio menor en sana competencia, el costo inicialmente calculado se elevará, al tener que considerar los gastos en que incurre al no poder realizar la obra en el momento inicialmente acordado en el contrato, a causa de una apelación que se usó para retrasar el inicio de la obra.

Tercero, las apelaciones que se dan en ciertos sectores objeto de un cambio tecnológico significativo (como, por ejemplo, en computación) tienen el efecto de que el Estado no puede obtener la tecnología de punta que inicialmente pretendió lograr. De hecho, si hay un descenso, con el paso del tiempo, en el costo del producto que inicialmente se licitó y se ganó a un cierto precio, la postergación a que da lugar una apelación permite que el oferente ganador obtenga una ganancia adicional, que, por supuesto, la paga la sociedad como un todo. O sea, en estos casos, el Estado obtiene productos más atrasados y a un costo mayor que al que podría obtenerlos.

En cuarto lugar, la posibilidad de que las apelaciones no constituyan solo un medio de lograr un grado de control sobre la actuación de la administración, sino más bien una forma adicional mediante la cual los oferentes pueden jugar con los costos, hace que también se distorsionen otras partes esenciales de los mecanismos de licitación. Por ejemplo, si la administración detecta que sus procesos de contratación bajo licitación pública se apelan con frecuencia por participantes interesados en que deliberadamente haya retrasos, buscará utilizar otros procesos licitatorios diferentes y legales que podrían requerir un tiempo compensatorio menor, como, por ejemplo, usar métodos de contratación directa, fraccionar las licitaciones, entre otros, que alteran el objetivo fundamental de buscar la máxima competencia en las compras del Estado.

En quinto lugar, no omito señalar que los retrasos en la adjudicación final de las licitaciones por apelaciones injustificadas pueden poner en juego aspectos vitales de la forma de vida que hemos escogido los costarricenses, tal es el caso de apelaciones a licitaciones de medicinas y equipos de salud en el caso de nuestros sistemas hospitalarios y de seguridad social.”
 
El segundo de mis viejos comentarios expone la propuesta concreta que he venido señalando para reformar la legislación actual sobre contratación administrativa. El artículo se titula “Contratación Administrativa.” Lo escribí el 7 de junio del 2002 en el periódico La Nación y dice así: 

“La legislación sobre contratación administrativa incentiva una demanda excesiva ante la Contraloría General de la República para que resuelva las apelaciones a la adjudicación de los carteles por parte de los diferentes entes administradores del Estado. 

Mientras que los costos de esta práctica son excesivos para la sociedad en su conjunto –como señalé en mi artículo anterior, “Los costos de las apelaciones” (La Nación, 05 de junio del 2002) ̶ los que se imponen sobre quien apela son casi nulos; de hecho, ni siquiera se tiene que pagar a onerosos abogados para apelar (así, la solución no está en crear un privilegio gremial por el que se exija que sólo mediando abogados se pueda actuar), dado que administrativamente cualquier funcionario autorizado por el apelante puede plantear el caso ante la Contraloría. Y menos aún se castiga a quien apele porque le plazca. Si el costo de apelar es bajo, la cantidad demandada de los servicios de la Contraloría es alta, lo que explica la enorme cantidad de apelaciones, que resulta en un proceso muy oneroso.

La apelación es una institución esencial para el buen manejo de los fondos públicos; no obstante, una propuesta que considero esencial para disminuir este exceso de apelaciones es introducir legislación que imponga un costo sobre quien apele y pierda la apelación. Puede haber otras cosas menores que bien pueden reducir los costos de transacción, pero no es sino mediante el nexo directo entre los incentivos para apelar con el costo que tiene dicha acción, como será posible solucionar una parte significativa del problema, dado que, con la propuesta, el apelante potencial comparará los costos de perder su apelación con la posibilidad real que tenga de ganarla, lo cual limitaría el abuso.

Se debe aprobar legislación que reforme en este sentido la Ley de Contratación Administrativa para que se introduzca el concepto de "costas" por apelar. Esto es, que, por ejemplo, quien apele ante la Contraloría General de la República deberá rendir costas por un 5 por ciento del valor de la adquisición pública apelada. Si la gana, se le devuelven las costas rendidas; caso contrario, se pasaría el monto a la administración cuyo acto fue apelado (no a la Contraloría, para evitar el riesgo moral). Con esto creo que se pueden resolver algunas de las objeciones que la Sala IV realizó a un planteamiento similar mediante el voto 998-98, pero sobre esto sería mejor que, en su momento, opinaran los profesionales del Derecho.

Lo que ahora se necesita es que algún diputado o un grupo de ellos acoja esta idea, que me parece puede contribuir a terminar con este enorme abuso económico que con tanta razón preocupa a los costarricenses. La introducción de este sistema de costas permite a la sociedad recuperar parte de los recursos que pierde cuando se apela sin tener la razón.”

Espero que con esta propuesta se limiten las malas prácticas abusivas descritas, con lo cual dejarían de servir como excusa para una mala gestión de los recursos públicos.
 
Jorge Corrales Quesada