martes, 13 de enero de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: transparencia, no ocultamiento

Una de las prácticas que en el estado se suelen llevar a cabo, es la intención de tapar cosas que puedan dar lugar a situaciones incómodas frente a la opinión pública. En realidad, es poco lo que en nuestros medios de comunicación se expone acerca de tal tipo de prácticas, no porque no se lleven a cabo, sino porque mantenerlas en la oscuridad es lo que activamente buscan los responsables de la administración pública, y a veces tienen éxito en ello. Por tal razón me agradó leer una información diferente de la que usualmente se suele brindar acerca de la ineficiencia del estado; en este caso, se trata de un destape. El comentario aparece en La Nación del 23 de diciembre, bajo el siguiente encabezamiento: “Nacional hurga en los correos electrónicos de sus directivos: Junta Directiva de Banco ordenó investigar quién filtró documentos a semanario ‘El Financiero’”.

De acuerdo con una publicación de El Financiero (EF) del 12 de octubre, titulada “Banco Nacional aplica fuertes medidas de ajuste para mejorar sus resultados financieros”, “Desde que empezó el 2014, el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) está ejecutando una serie de duras medidas para mejorar sus principales indicadores y resultados, los cuales se deterioraron en el 2013.

La junta directiva de esa entidad solicitó a la administración acciones para fortalecer el índice de suficiencia patrimonial y para levantar la eficiencia y la rentabilidad, según documentos y actas a los que EF tuvo acceso.

Dichos planes incluyeron medidas como la emisión de deuda subordinada, el aporte de dividendos por parte de subsidiarias, la venta parcial de la cartera de crédito, un recorte en gastos, la aplicación de comisiones por servicios y el cierre de oficinas.” 

Independientemente de la certeza acerca de quiénes pueden haber llevado a cabo tales “filtraciones” de documentos, el tema de discusión evidente es si los ciudadanos costarricenses tenemos el derecho a saber acerca de las decisiones tomadas por la Junta Directiva del Banco Nacional. Tal divulgación podría ser impropia o incorrecta si existieran razones legales para prohibirla -cosa que incluso podría ser cuestionable por tratarse de asuntos de interés público-, como, por ejemplo, si estuviéramos en presencia de un secreto de estado. Asimismo, quiero pensar que la información que recientemente ha visto la luz, tanto en las ediciones de El Financiero como de La Nación antes citadas, ha sido suministrada y puesta en conocimiento de las autoridades reguladoras bancarias pertinentes. Espero, además, que ésta no haya sido objeto de lo que en la jerga de los financistas se conoce como “maquillaje” contable, de manera que esos entes obtengan información confiable y real de la operación y el estado del banco regulado. Pero quiero, más bien, pensar que la entidad bancaria está tomando medidas para mejorar una situación financiera que no se considera la mejor. E incluso, que son medidas que tal vez el banco ha debido tomar para poner en orden situaciones que han sido ya advertidas por las entidades reguladoras, y que se requiere sean solucionadas.

El dar a conocer en los medios las medidas que el Banco Nacional ha debido tomar, no “daña la imagen” de la entidad, como han aseverado algunos. De haber un daño a la imagen, surge, no porque el ciudadano conozca por la prensa hechos o decisiones tomadas por la Junta Directiva de dicho banco estatal, sino por su actuación durante el período significativo; esto es, que los resultados no fueron los esperados por las razones que sean. Creo, por el contrario, que saber por los medios acerca de las medidas presuntamente correctivas de los problemas administrativos previos, más bien mejora la imagen del banco. Un ocultamiento pretendido de la situación sí dañaría la imagen del banco, pues va en sentido totalmente opuesto a la idea de transparencia en las acciones que debe caracterizar a las entidades públicas.

Otro argumento, que también se ha indicado como razón para “investigar a directivos”, es porque esa información publicada podría “ser utilizada de forma indebida.” En mi opinión, si hay formas incorrectas, delictivas, de conducta como, por ejemplo, una actuación inapropiada de competidores en busca de debilitar al banco, o si existiera un delito de por medio, como una ruptura de una cláusula de confidencialidad de información por parte de funcionarios o una clara actuación conflictiva de intereses, de parte de quien la puede haber divulgado, creo que esos presuntos actos ilegales deberían de hacerse del conocimiento de las autoridades correspondientes. Pero, también, en todo momento debe estar presente el principio cardinal del derecho de los ciudadanos, de saber qué, cómo, cuándo, dónde y para quién su gobierno hace las cosas. 

Por ello, no le veo tanta sustancia al alegato de los administradores oficiales del banco, como cuando aseveran que “La Junta Directiva acordó realizar una investigación lo más exhaustiva posible, con el fin de analizar la totalidad del contenido del reportaje y tratar de establecer la forma, tiempo y lugar en que se divulgó la información, así como determinar los posibles responsables de dicho hechos delictivos”. Podrán investigar lo que quieran, pero lo publicado es algo presuntamente sucedido y que está debidamente registrado en actas del banco. Esas actas son del dominio público y de ninguna manera su divulgación ante la ciudadanía parecería indicar algo como “hechos delictivos”. Personalmente, creo que más bien debemos agradecer que cosas como éstas no queden tapadas, sino que lleguen plenamente al conocimiento de los ciudadanos, que al fin de cuentas no sólo son los propietarios de ese banco, sino también los que se beneficiarían o afectarían con decisiones como las comentadas. 

Al final de cuentas, tal como lo reiteró recientemente la Sala Constitucional, “las actas de las juntas directivas de los bancos del Estado son de libre acceso, pues contienen información de interés público.” (Por supuesto, obviamente que la privacidad existe únicamente en lo referente información confidencial privada que dispone el banco; por ejemplo, no puede, si no es por orden judicial, revelar los movimiento de mi cuenta bancaria o la información privada que he presentado en una solicitud de crédito). O sea, usted y yo y todos los ciudadanos del país tenemos derecho a saber qué pasa en nuestro estado y, concretamente, con las actuaciones de las juntas directivas de los bancos y en lo particular, en el caso mencionado del Banco Nacional. En donde reina la oscuridad, se facilita la corrupción. Ese puede ser un buen principio para aplicar en este tipo de casos de acciones del gobierno, que se puede querer que yazcan en la opacidad. Luz, más luz: recuerden las palabras finales de Goethe.

Jorge Corrales Quesada

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