martes, 10 de febrero de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: hacia una verdadera revolución educacional

Vean cómo son las cosas. Como política gubernamental básica de este país, se ha venido justificando la medida de gastar en educación un 8% del Producto Interno Bruto. De hecho, fue en el 2011 cuando se fijó dicho objetivo, pero la realidad económica del país ha hecho que el logro de dicha meta sea, con suerte y si hay un buen manejo fiscal del país, logrado hasta en el año 2018. En el último presupuesto de gasto gubernamental, harto conocido por el enorme hueco fiscal y por el aumento de un 19% sobre el del año anterior, se definieron fondos para gastar en educación equivalentes a un 7% del PIB.

La verdad es que uno no sabe si el problema con la calidad de nuestra educación está en la insuficiencia de recursos destinados a la educación estatal -que, como indiqué, se espera sea este año de un 7% del PIB, lo cual es mucha plata- o bien en que, cualquiera que sea la plata nuestra destinada a ese fin, los resultados efectivos que logra el sistema actual no son satisfactorios desde muy diversos
puntos de vista.

Un indicador de adónde podría radicar el origen del problema, es que, de acuerdo con un comentario de La Nación del 7 de enero del 2015, titulado “Familias gastan ₡1.000 millones al año en tutorías extraclase: Encuesta del INEC revela desembolso promedio de ₡715.000 por hogar,” lo que los alumnos reciben en sus clases es insuficiente para que logremos generar alumnos preparados, exitosos, competitivos, que puedan aprobar y hasta sobresalir en pruebas nacionales o internacionales, como por ejemplo las conocidas PISA.

Me agradó la contestación de la ministra de educación, doña Sonia Marta Mora, al serle planteada la información por el reportero y responderle que “no contamos con un estudio que explique las causas de las tutorías, pero hay varios factores que analizar: calidad de los docentes, nivel de exigencia y rendimiento del estudiante. Hay que recordar que el curso no se gana a final de año.” Casi que doña Sonia Marta le atinó aún sin “contar con ese estudio.” Lo cierto es que nos está fallando el sistema educativo, a pesar de que cada año gastamos más y más fondos públicos. 

De paso, posiblemente si se incorporara ese gasto de las familias de ₡1.000 millones pagados a tutores particulares, como “gasto en educación”, podríamos estar ya cerca del aún no alcanzado luminoso faro en el cielo de un dogmático 8% del PIB, que tendríamos que gastar en educación como país para supuestamente tener algo que nos satisfaga con sus logros. La pregunta esencial es sí, con el desembolso de ese fondo tan elevado de recursos, estaremos recibiendo la educación de calidad que requerimos. Mi respuesta personal es un “creo que no”. 

Me parece que no es así, cuando la información del periódico señala que “una familia gasta al menos ₡715.000 al año en tutorías extra-clase (el subrayado es mío) para nivelar a su hijo y evitar que pierda el curso.” Ciertamente puede deberse, como dice don Adrián Bonilla, quien preside una empresa de tutorías a domicilio, a que “mucha gente busca las tutorías cuando van a perder el año. Las materias por las que más piden asistencia son matemáticas e idiomas. Los muchachos vienen con malas bases y reconocen que les da vergüenza preguntar en el aula.” Es decir, nos señala que los estudiantes que le llegan no vienen con la preparación fundamental requerida y que los maestros ni siquiera son capaces de “quitarles” esa vergüenza casi natural de los alumnos y que así aprendan a cuestionar lo que se debe de objetar y aprender en el proceso. La preocupación de “perder el año” es obvia, pues se da en momentos en que puede indicar que no sobrepasarán la barrera selectiva de preparación, cual es aprobar el año. En síntesis, los alumnos no están recibiendo la educación que se requiere para sentirse en capacidad de superar pruebas básicas de su aprendizaje y mostrar que han tenido la preparación suficiente para aprobar los estudios cursados. 

Eso mismo lo corrobora la opinión de Aura Latini, experimentada tutora de 8 años de trabajo en dicha labor. Dice: “Trabajo con quienes buscan la tutoría a nivel preventivo y no para apagar incendios, porque se van a quedar. La enseñanza del Inglés en muchos colegios es muy pobre y por eso, los papás buscan a un tutor por fuera. Por mes puede representar una inversión de ₡35.000 a ₡60.000”. Por ello, en cierta manera discrepo de la propuesta de solución ante el problema hecha por la ministra Mora, de que “trabajará en fortalecer la labor de voluntariado en universidades para impartir tutorías gratuitas, principalmente a los estudiantes de familias pobres.” Pienso que no sólo debe ser para los provenientes de familias pobres, sino a los estudiantes en general, no sólo porque si no estudian lo suficiente, tenderán a ser pobres, sino también porque los que de alguna manera no son pobres, han pagado (sus padres) impuestos que se usan (entre otros empleos) para financiar los gastos educacionales del país, pero a cambio están recibiendo una mala educación: en cierta manera están siendo estafados. El asunto no está en si apoyar a unos o a todos. El tema esencial es que nuestro sistema educativo, en el cual gastamos tanta plata, no debería de implicar que los padres deban gastar dinero extra, a fin de que sus hijos puedan acceder a un estadio educativo presuntamente suficiente para que aprueben los exámenes requeridos. 

No hay quien vigile la calidad de nuestra educación definida por el estado. Tal vez el problema está en que no hay la competencia deseable entre las entidades educativas, de manera que los padres, que me imagino desearán ver sus hijos con la preparación necesaria para tener éxito en sus vidas, puedan sentir que lo que reciben (pagado con impuestos de esos ciudadanos) es de buena calidad. Si tuvieran la posibilidad de elegir la escuela y el tipo de educación que desean, escogiendo libremente aquellos centros que brindan la educación con la calidad buscada, posiblemente rechazarían aquellas escuelas en donde la calidad de la educación es mediocre y hasta mala. Obviamente la gente prefiere una buena educación a una mala o mediocre. Si la gente pudiera escoger libremente, estoy seguro que incluso estaría dispuesta a pagar más por la educación de los hijos (de hecho ya lo hacen al tener que pagar tutorías), pero a su vez tal decisión significaría que las escuelas malas se quedarán sin alumnos (casi que morirían por inanición).

Y aquí viene el tema que a ciertos grupos les va a incomodar: en las escuelas que satisfacen los deseos de los padres en cuanto a la calidad de la educación para sus hijos, los maestros podrán ganar más, en tanto que en aquellas que no les satisfacen, los maestros deberán ganar menos. Ya sabemos quiénes, por esta sencilla razón, se opondrán a reformas en el sentido de promover la competencia y su eficiencia derivada entre centros educativos y entre educadores, de forma que redunde en beneficio de los estudiantes; esto es, que reciban una mejor educación según sus preferencias.

Debo destacar que la utilización de tutorías no es algo exclusivo de estudiantes de escuelas públicas; hay muchos alumnos de escuelas privadas en donde la educación es también mala o mediocre. Por ello, creo que impulsar la competencia en el área educativa beneficiará tanto a estudiantes de escuelas públicas como privadas. Los padres deben ser partícipes de esa búsqueda para mejorar la educación de sus hijos, utilizando la competencia como factor que la impulse.

La esencia de la reforma va en que los padres puedan disponer de los recursos necesarios para financiar la educación de los hijos. La idea es que sean los padres quienes puedan elegir la escuela preferida y no que sea la que el estado les da casi que obligadamente. Tal vez sólo los ricos pueden elegir que sus hijos vayan a escuelas privadas, pero eso tampoco es garantía de que la educación que en ellas obtengan sea la mejor, pero, al menos, si con la plata que gastan no están satisfechos, podrían cambiar de centro educativo. En el país el estado es el garante de las metas educativas deseables o convenientes. No creo que haya muchos que no consideren que hay enormes beneficios que todos recibimos cuando los individuos se educan. Yo me beneficio con que haya niños que, educados, pueden escoger, cuando adultos, mejores gobernantes, en vez de ser analfabetos funcionales que no saben ni siquiera por quién o por qué votar. Hasta estéticamente es agradable ver jovencitos que muestran inteligencia, capacidad y preparación cuando tratan temas de interés. Al contrario, es horrendo tratar con personas incultas y sin preparación. No me refiero a que tengan una educación libresca, sino la que les permita vivir de manera adecuada, intercambiando acciones y pensamientos razonadamente con otros ciudadanos 

Entiendo bien la posición de que el estado se interese en que las nuevas generaciones puedan ser mejores que las previas, por medio de la educación. Pero eso no significa que sea el estado el que debe dar las clases ni determinar -excepto por algo básico tipo aritmética, lectura, escritura; las “tres erres” o algo similar- el detalle exacto de lo que debe ser la educación formal, sino que permita la existencia de opciones que se adapten a las preferencias individuales tanto de padres como de los hijos estudiantes. El sistema propuesto es como si cada ente educativo “libre” que surja, tenga un contrato (explícito o tácito) con el estado en cuanto a cumplir metas de calidad, pero la enseñanza es responsabilidad final de maestros que aspiren a ganar más, produciendo mejores estudiantes. El estado no tiene porqué “enseñar”: esa acción queda para las escuelas, para los maestros. El estado no tiene que ser el productor de educación, sino que deje que los que la brindan sean personas o empresas especializadas en ella y cuyos resultados los determina la competencia. Así el estado estimula la educación de los ciudadanos, sin ser el exclusivo y único “educador”. 

El presupuesto público que hoy gastamos en educación le sería devuelto a los padres de familia por medio de bonos o vales o cupones (vouchers en inglés), quienes sólo podrán gastar esos recursos en la educación de los hijos. En donde no surja ese tipo de escuelas que he llamado libres, el estado tendrá como función proveer una escuela pública, tal como la conocemos tradicionalmente. Es más, uno puede considerar la existencia de escuelas públicas estatales, compitiendo por satisfacer la demanda de padres y estudiantes con las llamadas escuelas libres. Eso sería un enorme acicate para que mejore la calidad de las escuelas estatales.

Algo parecido es lo que ha hecho Suecia en épocas recientes, después de una seria crisis fiscal y en donde fue crucial evitar la debacle del sistema educativo, en un esfuerzo especial por mejorar la calidad del estudiantado. Los resultados han sido positivos. Pero, por ahora, sólo deseo destacar que no se está abandonando el papel del estado como “rector” en el ámbito educativo, sólo que la competencia y la capacidad de organización que tiene la empresa privada, evitarán que las familias costarricenses tengan que enviar a sus hijos a que reciban tutorías, para remediar la incapacidad del estado de darles esa preparación que hoy día se requiere más que nunca. La propuesta podría ciertamente revolucionar para bien nuestro disminuido sistema educativo.

Jorge Corrales Quesada

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