jueves, 30 de abril de 2015

Jumanji empresarial: sobre la violencia contra los animales

Hace un tiempo, Murray Rothbard escribió: 

Sobre los desechos de los animales:

Murray Rothbard

"La historia bíblica es plenamente significativa en este punto: al hombre se le ha «dado» —en términos de la ley natural podríamos decir que «tiene»— el dominio sobre todas las especies de la tierra. La ley natural está necesariamente vinculada a la especie.

Puede verse asimismo que el concepto de ética de la especie es parte de la naturaleza del mundo cuando se contemplan las actividades de las restantes especies. Hay algo más que una simple broma cuando se subraya que, en definitiva, los animales no respetan los derechos de otros animales; la condición del mundo y de todas las especies naturales es que las unas viven a base de comerse a las otras. La supervivencia entre las diferentes especies es cuestión de garras y dientes. Y sería indudablemente absurdo decir que el lobo es «malo» porque existe a base de «agredir» y devorar corderos, gallinas, etc. El lobo no es un ser maligno que acomete a otras especies; simplemente obedece a la ley natural de su propia supervivencia. Y lo mismo el hombre. Tan absurdo sería afirmar que los hombres «atacan» a las vacas y los lobos del mismo modo que los lobos atacan al rebaño como decir que el lobo es un «vil agresor» que debe ser «castigado» por su «delito». Y, sin embargo, esto es lo que se deduce cuando se quiere ampliar a los animales la ética natural de los derechos. Los conceptos de derechos, delincuencia, agresión, sólo pueden ser aplicados a las acciones de un hombre o de un grupo de hombres frente a otros seres humanos".

Sobre esto, considero lo siguiente: 

Los derechos de los animales están subordinados a los derechos de propiedad de los seres humanos, y cualquier otra opción sería catastrófica para la sobrevivencia de los humanos.

La crueldad en contra de los animales es un asunto moral y no legal.

Es inmoral ser cruel con los animales pero el repudio debe de ser de carácter social y no penal.

Andrés Pozuelo Arce

martes, 28 de abril de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: cosillas de RECOPE y sus impuestos

Tanto se ha hablado de los precios de los combustibles de RECOPE, que tal vez no hayan prestado atención al comentario de La Nación del 02 de febrero pasado, bajo el título “Impuesto eleva al doble cada litro de gasolinas: El arancel de Hacienda compone casi la mitad de la tarifa.” El comentario reviste especial importancia por tres aspectos: primero, porque el precio que los ciudadanos pagamos por los combustibles está fuertemente influido por toda la carga impositiva que recae sobre ellos. Segundo, porque es importante ver hasta qué grado es apropiada la afirmación del periódico de que, “cuanto más disminuyan los costos del mercado, más pesa el tributo único en el bolsillo de los ciudadanos”. Y, tercero, si es una opción viable “controlar cuánto pesa el impuesto”; es decir, si es factible eliminar o reducir tales gravámenes sobre los combustibles.

El primer tema es obvio, cuando observamos, con base en datos que nos brinda La Nación, que un 47% del precio de la gasolina regular que paga el consumidor se debe a la carga impositiva sobre ese bien (de un 46% en el caso de la gasolina súper). En comparación, el porcentaje correspondiente del precio final al consumidor, debido al costo del insumo importado desde el exterior, en el caso de la gasolina regular es de un 35%, en tanto que para la súper es de un 36%.  Esto es, pesan más los impuestos que los costos del insumo importado en el precio final para el consumidor y estos dos factores de costo -los impuestos más el costo de la materia prima importada- constituyen aproximadamente el 82% del precio en promedio para ambos tipos de gasolina, lo cual demuestra el peso importante de esos factores en los precios finales pagados por el consumidor.

El segundo aspecto interesante al que se refiere el comentario del periódico, se refiere a que “En Costa Rica, el impuesto único de los combustibles hace que cada litro de las gasolinas súper y corriente cueste el doble (un 46% y un 47% respectivamente), sin importar cuánto estén bajando los precios de esos carburantes en el mercado internacional”. Es decir, el artículo de marras nos dice que no importa cuánto bajen los precios internacionales (llamémoslos precios de los insumos), los impuestos tienen un peso tal que hace que casi no se note el efecto de aquel cambio en el precio del insumo en el precio final al consumidor 

Lamentablemente esto no se deduce fácilmente de la información que suministra el artículo, porque, y analizando el caso de la gasolina regular, por ejemplo señala que en el 2001 los consumidores “pagaban ₡80” en impuestos por litro, pero no brinda la información de cuánto era el precio final para el consumidor, en un período en el cual presuntamente los precios para los consumidores no eran tan altos como en los últimos meses del 2014. Luego, en el artículo del periódico se indica que “a inicios del 2013 y a finales del 2014” el porcentaje de los impuestos en el precio final al consumidor, “pesaba en un 33%” y ya sabemos por el periódico que, a finales de enero del 2015, ese porcentaje era de un 47%.  Pero no podemos afirmar a ciencia cierta, como parece hacerlo el comentarista, que, sin importar cuánto bajen los precios de los insumos en el mercado mundial, los impuestos son la causa básica del aumento del precio al consumidor. 

Si tan sólo tomamos la información presentada por el periódico en un cuadro para el período enero 2013-enero 2015, se puede observar cómo, en el lapso que va de enero 2013 a noviembre 2014, el porcentaje del impuesto se mantuvo relativamente estable en su porcentaje del precio -en alrededor de un 30% a un 35%- si bien el precio al consumidor creció gradualmente en ese mismo lapso y, lo que es más interesante, es que, a pesar de que en el lapso noviembre 2013 a enero 2014, el precio no aumentó, sí lo hizo significativamente el porcentaje que los impuestos representan del precio al consumidor; esto es, pasó de un 30% a un 47%.

Tal vez lo deseable es que el medio realice un análisis que relaciona el crecimiento de los precios internacionales con los precios domésticos, asumiendo una estructura impositiva similar para el período analizado y, por otra parte, buscar la relación que pudiera existir entre los precios domésticos y los tributos, asumiendo como constante al precio internacional. De esa forma podríamos entender con mayor claridad la relación entre las tres variables.

El asunto no termina allí. Hay otra parte significativa del precio que paga el consumidor que podría ser influido por factores de naturaleza impositiva.  Se trata del 18% restante del precio al consumidor, originado en otros elementos distintos de los costos internacionales de los insumos y de los impuestos así definidos formalmente. Me refiero a que bien podrían existir utilidades extraordinarias que RECOPE percibe gracias a su condición monopólica, factor que, por la inexistencia de competencia, no nos permite valorar de manera comparativa el costo (esto es, equivale a un impuesto sobre los consumidores cautivos) que tiene sobre los consumidores. Teóricamente es de esperar que el precio fijado en condiciones de monopolio es superior al precio definido en un mercado competitivo.

Asimismo, no sabemos cuánto del costo se puede adjudicar a otros gastos, como administración o financieros, en que la entidad estatal incurre y que, por hipótesis, se podría considera que en una empresa privada podrían ser menores, asumiendo la naturaleza de la empresa privada en contraste con la pública en cuanto al objetivo de maximización de utilidades y, por ende, de minimización de costos. Como no tenemos tampoco una clara asignación de los costos de los diversos bienes que vende RECOPE, tampoco podemos saber si hay subsidios cruzados, tales como, por ejemplo, subvencionar a algunos productos (tal vez el diésel, como lo fue en un pasado no muy lejano), recargando sus costos en los precios de los otros combustibles.

El tercer aspecto interesante del artículo de La Nación se refiera a si es una opción viable reducir los impuestos tan altos a los combustibles. Por supuesto que no, si lo que tan sólo se pretende es asegurar un traslado de recursos privados al fisco por las razones que sean. El tema de que, con quitar un impuesto se afectan las recaudaciones es posible, sucede casi con cualquier impuesto de que se trate. Pero, se han visto casos en que el estado recauda más cuando reduce la tasa impositiva (ello porque la baja porcentual de la tasa es más que compensada por un aumento de la base sobre la cual se cargan los impuestos. Ejemplo de un caso al revés, pero que explica el razonamiento, es el aumento de los impuestos a los cigarrillos en Costa Rica, que posiblemente ha derivado en un descenso de los ingresos fiscales por ese impuesto, porque el consumo de la producción doméstica -la base imponible- ha disminuido, al aumentar el consumo de cigarrillos que entran de contrabando. Otro ejemplo, en Chile en la década de los setentas del siglo pasado, los impuestos a la importación de vehículos eran tan altos, que casi no se importaban, con lo cual los recursos fiscales casi que no aumentaban.  Se bajaron los impuestos, el consumo aumentó notoriamente y las arcas fiscales, a la tasa impositiva menor, se llenaron de recursos.

Decir que no es posible reducir esos impuestos sobre los combustibles se convierte en un dogma, si se asume, ultraconservadoramente, que no hay forma de sustituir a ese gravamen. Es una aseveración que se fundamenta en que lo inamovible no sólo es el gasto del estado, sino en que del todo no hay forma de encontrar una alternativa tributaria mejor a la vigente: una loa al statu quo.  En otras palabras, parece que lo importante es lo que expresamente teme a priori el ministro de Hacienda, el recaudador de los impuestos, pero no en explorar otras posibilidades que incluso brinden mayores ingresos (tal vez con cambiar hacia un impuesto ad valorem sobre los combustibles en vez del mixto que actualmente tenemos, permitiría ajustar la recaudación con sólo que aumente el precio final del producto).

Pero, por ejemplo de una forma alternativa de obtener recursos fiscales, ¿por qué no empezar a cobrar, en donde sea viable, tarifas para quien usa las carreteras? Recuerden que es para su construcción y mantenimiento adonde primordialmente se dirigen los impuestos a los combustibles. En vez de como es ahora, en donde muchos que ni siquiera utilizan las carreteras, pero, mediante impuestos, contribuyen tanto como quienes sí las utiliza y aumentan su desgaste, si es viable el sistema de que “quien lo usa, lo paga”, el nuevo ingreso de recursos a que dé lugar podría compensar una reducción de los impuestos sobre los combustibles. 

El tema da para más: recuerden que algunos de esos impuestos a los combustibles se crearon por consideraciones ecológicas. Se partió de la creencia de que había que desestimular el uso de vehículos que utilizaran combustibles de origen fósil, a fin de no dañar al medio ambiente. Esta aparentemente deseable decisión no tomó en cuenta lo observado con respecto a las elasticidades de la demanda de este tipo de combustibles. Se ha dicho por economistas que el consumo de combustible tiene un demanda inelástica. Una demanda se caracteriza porque, si aumenta el precio del bien vendido, disminuye la cantidad que se demanda. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, aumenta el precio de venta por el impuesto, pero ello ocasiona que casi no se reduzca la demanda del bien o servicio?  A esto lo llaman los economistas, una curva (o una porción de ella) inelástica; esto que, que ante un aumento porcentual en el precio, la cantidad que se reduce de gasto en el bien es porcentualmente mucho menor. 

Lo anterior explica que el gobierno no logró el objetivo de reducir significativamente el consumo de combustibles -que siguió siendo muy parecido- a pesar del aumento de los precios por los impuestos. Pero, también, que a la recaudación que obtuvo el fisco le fue muy bien, pues casi no se redujo el gasto privado ante el aumento del impuesto: le entró mucha más plata al fisco que con los impuestos previos, pues casi no se redujo el consumo y aumentó así sus ingresos tributarios. Se darán cuenta de que la razón esencial por la cual el estado promueve este tipo de impuestos, es porque aumenta en mucho su recaudación, con relativamente poco esfuerzo tributario. Por ello, esa opción tributaria, aunque sería mejor sustituirla por otra alternativa, será siempre preferida por el estado pues es una buena fuente generadora de impuestos, ante aumentos esperados a largo plazo de los precios de los combustibles.

En síntesis, el estado se opondrá a muerte a una reducción del impuesto a los combustibles, aunque se le presenten otras opciones, pues tal vez no tendrán una demanda tan inelástica como la de los combustibles, que le asegurarían los ingresos fiscales que busca maximizar. ¿No que no hay voracidad fiscal?

Jorge Corrales Quesada

lunes, 27 de abril de 2015

Tema Polémico: Primer año de Luis Guillermo Solís desilusionante

Luego de un año de gobierno del PAC en manos de Luis Guillermo Solis podemos decir con gran propiedad que nuestra decisión en campaña de no darle nuestro apoyo fue acertada, sin embargo, esto no lo decimos con gran alegría ni mucho menos pues mejor hubiera sido que nos equivocáramos y que nuestro país pudiera salir para adelante en desarrollo.

Nuestros temores se volvieron realidad, don Luis Guillermo lo único que ha demostrado es su incapacidad para liderar, su incapacidad para gobernar de forma más transparente y eficiente, su incapacidad para escoger personas capaces que lo acompañen en su gestión y su incapacidad para facilitar la creación de más empleos.

Un año después de que doña Laura dejara su oficina en Zapote lo que tenemos es un Estado aún más endeudado y más gastón sin señales de austeridad, un sector privado abandonado por la gracia de las autoridades del Estado lleno de malestares e incertidumbres, un país con aun más familias desempleadas, costos energéticos igual de elevados (con la excepción de los combustibles que han bajado de precio gracias a situaciones coyunturales externas) y aún más hogares en pobreza.
¿Qué ha hecho don Luis Guillermo Solís en este año? Pues casi nada lamentablemente o por lo menos casi nada bueno. Eso es muy desilusionante. Y cuando se le pregunta las razones de sus escasos resultados, como el político tradicional costarricense, sus respuestas están llenas de excusas sin sentido y de culpas hacia los gobiernos pasados.

Pero lo peor es que no vamos un cambio pronto para bien. Su principal proyecto de ley para este nuevo año será un paquetazo fiscal similar al de los gobiernos anteriores. Esta es su respuesta para solucionar el alto déficit fiscal sin ninguna consideración por el incremento de pobreza y desempleo que va a conllevar ¿Por qué, si es tan evidente que el elevado déficit fiscal es debido a un creciente e ineficiente gasto público, los gobernantes siguen empeñados en aumentar los impuestos con todas las consecuencias que ello implica?  Pues para que siga la fiesta y le puedan dar nuevas excusas a los gobiernos futuros. 

Este país no va por buen camino. El tiempo nos sigue dando la razón. 

martes, 21 de abril de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: el inmortal Estado ineficiente

Una característica del mercado es que, cuando una empresa fracasa en satisfacer las necesidades de los consumidores y enfrenta una competencia que sí lo logra, termina saliendo del mercado. Eso, que parece ser algo indeseable -ver desaparecer empresas no es agradable en sí- tiene una gran virtud: permite liberar recursos humanos, de capital, entre otros, de la antigua empresa, que ahora podrán dedicarse a un uso alternativo mejor; es decir, a conformar una nueva empresa o actividad productiva que sí tenga éxito en satisfacer la demanda de los consumidores. A veces, esa transformación toma cierto tiempo. Pero el costo de mantener ociosos esos recursos productivos implica un costo, que incentiva su retorno a producir algo rentable, lo más rápidamente posible. 

No suena muy bonito decirlo así, pero de cierta manera la quiebra por una competencia sana es una forma de sanear una economía, pues se reflejará en una mayor y más adecuada producción que satisfaga los deseos de los consumidores. La entrada y salida de empresas en un mercado en competencia es la costumbre, lo usual, lo esperable, en especial en el marco de la innovación de los empresarios, que usualmente causa la desaparición de tantas empresas que dejan de ser eficientes. El proceso resalta el objetivo final de una economía, cual es que las empresas satisfagan los deseos o necesidades de los consumidores o usuarios.

Contraste este mecanismo de eficiencia social con otro, en el cual empresas totalmente inútiles e innecesarias, casi que viven eternamente. Ya se imaginarán que me refiero al hecho de que el estado muy rara vez clausura una actividad que no tiene razón de existir; esto es, esa empresa pública continúa utilizando recursos escasos en la economía, sin que se dediquen a satisfacer deseos o necesidades que demandan sus usuarios. Es probable que no las cierran porque, de alguna manera, significan el mantenimiento de una burocracia influyente o bien porque sirve para los propósitos de maximización del poder de los gobernantes de turno. 

Tal es el caso del Consejo Nacional de Producción (CNP). Si bien alguien podría considerar que jugó un papel importante en nuestra economía del pasado, aquellas funciones tradicionales ya hoy no tienen razón de ser. Entonces, ¿qué hacen los políticos para que la empresa o ente o agencia o explotación estatal no tenga que cerrar? La ponen a hacer alguna otra cosa, cualquiera que sea, independientemente de si hay demanda por su servicio o no.  Eso es lícito hacerlo en cierto sentido, pero ¿qué pasa si la ponen a hacer algo innecesario, oneroso o repetitivo o que crea mayor ineficiencia en la economía?

Esa pretensión de los políticos viene desde hace buen tiempo: no saben qué hacer con el CNP y, en vez de cerrarlo de una vez por todas y liberar así los recursos que utiliza para ser mejor utilizados en alguna otra cosa, corren a inventar algo en qué ponerlo a hacer. Sobre este tema, La Nación del 03 de febrero trae un artículo titulado “Gobierno convertirá a CNP en una agencia para renovar el agro: Entidad tendría tareas de fomento e inteligencia de mercados”, que vale la pena comentar.

Con base en un documento bautizado como “Políticas para el sector agropecuario y desarrollo de los territorios rurales 2015-2018”, el gobierno anunció el pasado 02 de febrero “que transformará al Consejo Nacional de Producción (CNP) en el Centro de Promoción del Valor Agregado Agropecuario.” Rimbombante nombre, pero ¿habrá sustancia en la propuesta? Analicemos lo que se pretende poner a hacer el CNP a la luz de dos parámetros: Primero, que no sea algo que lo puede hacer mejor el sector privado de la economía, lo cual tendría, como alternativa, muchas ventajas en comparación a sí lo hace el estado y, segundo, que no sean actividades que, con un alto grado de parecido, ya las realiza el estado mediante alguna otra entidad. 

Una actividad que se propone ejecutar el comatoso CNP, en palabras de su presidente ejecutivo, Carlos Monge, “es el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI)” que  parece ser un refrito de un antiguo programa que se buscó para el CNP, cual era la venta de productos agrícolas usadas en el consumo de una serie de instituciones gubernamentales –cárceles, hospitales, de policía, entre otras. Esto es, se busca sustituir al actual sistema de abastecimiento, que se supone lo llevan a cabo mediante las reglas de contratación administrativa legalmente vigentes. Estas últimas tienen, como factor primordial, la diversidad de oferentes potenciales. Con la propuesta para poner a hacer algo al fantasmal CNP, se instauraría un suministro monopólico para las compras que deban realiza aquellas otras entidades estatales, pues se tendría que comprar directamente a la agencia del CNP o bien indirectamente a los agricultores privados que seleccione el CNP. El comprador final no tendrá libertad y sí la obligación de tener que comprarle a un solo ente (al CNP) y se le impide escoger entre oferentes que compiten entre sí. Cuando se monopoliza cierta actividad (la obligación de los otros entes estatales a comprar por intermedio del CNP), sube el precio del producto involucrado. El adquiriente, al no poder adquirir lo más barato posible en un mercado competido, termina pagando un precio mayor. Así, los costarricenses tendremos que pagar más: ¿o es que creen que la burocracia y la operación del CNP eran gratuitas?: forman parte de un estado que se mantiene con nuestros impuestos.

El segundo “motor articulado” del “nuevo CNP”, como lo llama el presidente ejecutivo Monge, es el “centro de agregación de valor a la agricultura en cada uno de los centros (del CNP) en el país.” Palabrería sonora aparte, no es más que una afirmación de que el nuevo CNP promoverá empresas agrícolas (entre ellas las que se dedicarían a producir para el PAI), desarrollará proyectos, ayudará la financiación así como en estudios de preinversión y en proyectos de inversión, contribuirá con la soberanía alimentaria (cualquier cosa que eso signifique), al posicionamiento internacional y, por supuesto, a generar empleo.

Pero el hecho es que ya estamos hasta el cuello con entidades estatales que se supone satisfacen esos objetivos presuntamente deseables. Mucho ya lo hace (o se involucra) el MAG, así como a bancos y entidades financieras (Banca de Desarrollo), agencias promotoras de exportaciones, como PROCOMER o COMEX, al igual que, al menos en el pasado, no sé si en la actualidad, lo hizo el PIMA (Programa Integral de Mercadeo Agropecuario), creo que en conjunto con el IFAM, en el desarrollo de mercados.  Además, hay muchas otras acciones que en estos momentos ejecuta el MAG, como en el campo de asesoría en productos, de formas de siembra (por ejemplo mediante Oficafé y Corbana), de provisión de semillas, en cuanto al uso de fertilizantes, fungicidas y otros, acerca de mercadeo, de características físicas de los productos y toda una serie de cosas que se hacen allí y para lo cual hay dedicada una burocracia gubernamental.  La propuesta del nuevo CNP en mucho repite funciones que ya realiza el MAG. 

Debo advertirlos que ojalá la propuesta intervención del nuevo CNP en el área financiera, no sea un vaticinio de otro impagado plan de financiamiento para ciertos sectores agrícolas, que después será aliviado con un perdón legislativo para los morosos, y, por la experiencia, terminará siendo pagado por todos los ciudadanos. 

Esta propuesta para un nuevo accionar del CNP lo que me hace es clamar para que, ante la crisis fiscal que hoy vivimos, en lugar de buscar reducir el gasto gubernamental, lo que ciertos altos burócratas ministeriales pretenden es continuar gastando todo lo más que puedan. No les pasa por la mente que hay una necesidad impostergable de ahorrar fondos escasísimos, de fusionar actividades, de cerrar entes que no generan riqueza y que, más bien, al requerirse recursos públicos, darán lugar a una mayor demanda de impuestos, quitando así la riqueza de donde verdaderamente se genera producto de una producción valiosa y útil.

Eso no es todo: resulta que La Nación del 11 de marzo, en un comentario titulado “Atrasos del CNP dejan sin comida a escolares pobres: Centros en zona norte, Pérez Zeledón y Sixaola cierran comedores o reducen porciones,” ya muestra algunos resultados de la obligación impuesta a entidades públicas, de comprar los alimentos que necesitan únicamente por medio del CNP.

Dice el periódico que “los atrasos del Consejo Nacional de Producción (CNP) en la entrega de alimentos a los comedores escolares dejan sin ese servicio a los niños pobres. Desde la semana pasada, los alumnos de la Escuela Las Palmas, en La Tigra de San Carlos, no comen frutas y las cocineras deben reducir las porciones que sirven para que los alumnos rindan toda la semana. Ese mismo calvario lo sufren 89 recintos de la zona norte y centros educativos en Pérez Zeledón y Sixaola. A la fecha el Ministerio de Educación Pública (MEP) tiene 50 denuncias por fallas en los comedores escolares atendidos por el CNP.” Y todo por el intento del gobierno de salvar ese cadáver institucional que es el CNP.

“Las quejas más comunes de los centros educativos hacia el CNP son la tardanza en la entrega de los productos, alimentos en mal estado, precios más altos, carnes que no están frescas y falta de suministro durante la semana,” dice La Nación. Bueno, eso es de esperarse cuando los compradores (como los comedores escolares) se ven obligados a comprar los productos a un único comprador. Ello bien lo señala doña Patricia Corrales, directora de la Escuela Las Palmas, en San Carlos: “A partir de este año, nos obligaron a comprarle al CNP y no cumplen con el tiempo de entrega de los alimentos y nos sale más caro.” Más claro no lo pueden ustedes tener ante sus ojos: con tal de salvar al fracasado CNP, el gobierno ha puesto en manos de un monopolio estatal el suministro de los comedores escolares y de ahí las consecuencias esperadas por tal monopolización. Lo importante para la burocracia institucionalizada ha sido el estado per se, no el bienestar de los ciudadanos. De otra manera no mantendrían ese mamotreto incensario que tanto nos ha costado y que nos seguirá costando. Aunque la burocracia alegará que la permanencia del CNP se debe a la necesidad de satisfacer a los consumidores, lo cierto es que lo que prima es la continuidad de esos burócratas. Nada más que eso es lo que importa.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 20 de abril de 2015

Tema Polémico: Todavía hay tiempo de cambiar

En ASOJOD hemos sido muy críticos de muchas de las decisiones tomadas dentro de la Administración Solís Rivera, pero sin duda cuando ocurre algo positivo se deben reconocer abiertamente los méritos correspondientes. Nos referimos concretamente a la autorización de importación de cemento chino que ha concedido el MEIC. También, es justo reconocer que esta iniciativa tuvo un gran apoyo e impulso por parte del Movimiento Libertario, especialmente en la persona de Otto Guevara.

La prensa informa que se espera que dicho cemento se venda incluso a la mitad del precio del que hoy en día ofrecen Holcim o Cemex. Este evento es una muestra más de lo que siempre hemos afirmado en ASOJOD: que cuando hay competencia el principal beneficiado es el consumidor a través de más y mejores bienes y servicios, todo ello con mejores precios, lo cual le permite destinar su dinero en virtud de dicho ahorro a otras activados económicas. Igualmente, demuestra que muchos “empresarios” siempre serán reacios a la competencia, y de que prefieren mantener mercados cautivos a través de impedimentos legales para asegurar sus ganancias. De ahí la responsabilidad que tiene todo elector por apoyar proyectos políticos que estén dispuestos a hacerle frente a ese tipo de prácticas “corporativistas”.

Como decíamos el actual Gobierno ha cometido muchos errores, pero esperamos que esta decisión se convierta en el punto de lanza que permita cambiar el rumbo actual, por el que verdaderamente necesita el país. Un rumbo de mayor competitividad, mayor dinamismo económico, responsabilidad tributaria y de reformas estructurales.

martes, 14 de abril de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: una riqueza que despreciamos

No recuerdo en que libro de texto de Economía leí hace mucho tiempo, acerca de las ideas de riqueza y de valor aplicadas a las llanuras de los indios en el estado de Oklahoma. A mediados del siglo XIX, éstas tenían un valor relativamente muy bajo, pues si acaso servían como pastos para el ganado. Los indios, quienes eran de hecho los dueños de esas tierras, vivían en la pobreza, en mucho sobreviviendo gracias a la cacería, algunos cultivos y crianza de animales. La tierra era sumamente barata e incluso, en cierto momento, el gobierno federal de los Estados Unidos se las compró a muy poco precio, para después regalarlas, con tal de que fueran pobladas principalmente por blancos, negros y otras tribus indígenas distintas de las que tradicionalmente moraban en ellas. A principios del siglo XX se descubrieron enormes depósitos de petróleo debajo de esas tierras de Oklahoma (así como en muchas otras partes de los Estados Unidos), las cuales que evidentemente ganaron un enorme valor en poco tiempo debido al desarrollo de los pozos petroleros.

Así me viene a la mente recordar que no había riqueza en las tierras de Oklahoma, sino hasta que se desarrolló la actividad petrolera. Esto es, aunque un recurso natural exista en el subsuelo, en tanto no se le desarrolle económicamente -es decir, que tenga algún valor en los mercados- no constituye riqueza: simplemente es “tierra” de poca valía. 

Esto lo expongo en relación con un artículo que leí recientemente en La Nación del 15 de diciembre, que lo encabeza el siguiente texto: “Presidente sepulta geotermia en los parques nacionales: Solís no aceptará proyectos de generación en su mandato”. ¿De qué nos sirve tener tanta “riqueza” energética potencial en los parques nacionales? Entiendo muy bien la posición de conservacionistas, aquellos honestamente preocupados porque un desarrollo de esa fuente de energía no ocasione un daño grave al medio ambiente, pero es un daño hipotético que económicamente podría ser compensado, si la ciudadanía logra un beneficio muy elevado al contar con una fuente de energía más barata que las actuales de que dispone. Es un asunto de ver los números del análisis de costo-beneficio social. En mi opinión, posiblemente el daño medioambiental de esos proyectos de explotación geotérmica es relativamente pequeño y podrá ser más que compensado con los beneficios de un proyecto de esa naturaleza que sea bien y cuidadosamente ejecutado.

El tema es muy interesante desde diversos ángulos, pero quisiera enfatizar uno de ellos.  Si bien es apropiado preocuparse por el posible impacto negativo sobre el medio ambiente de un proyecto de esa índole, en realidad en el país ya tenemos amplia experiencia en la generación de energía a partir de la geotermia, la cual han tenido un impacto mínimo –nimio- sobre la naturaleza en sus alrededores. Esta fuente se ha desarrollado en el país desde 1977 y ya tenemos cinco plantas generadoras de energía proveniente de geotermia (4 en Miravalles y una en Pailas, todas en la Cordillera de Guanacaste). Están operando limpiamente y con una afectación muy marginal en su alrededor. En una entrevista formulada a finales del 2012 al ingeniero Alfredo Mainieri, director en ese entonces del Centro de Recursos Geotérmicos del ICE, señaló que “la geotermia es una energía autóctona, limpia, poco contaminante y que, si además se maneja convenientemente, puede llegar a ser renovable, por lo que se espera que el tema de la explotación se analice más profundamente.” (Entrevista en Crhoy.com, el 9 de octubre del 2012).

En dicha entrevista se señala que “La geotermia también se ubica como la segunda más barata en cuanto a costos de producción por kilovatio, ya que, producir un 1 kilovatio de geotermia cuesta 6.22 centavos de dólar a pesar de solo tener el 8% de la capacidad instalada; producir 1 kilovatio de energía hidráulica cuesta 3.81 centavos de dólar,” al menos en aquél año. 

No hay razones para que, tomando en cuenta la necesidad de compensar cualquier efecto sobre el medio ambiente, el país no pueda acudir a esta fuente de energía, cuyo costo parece ser relativamente bajo, es limpia y casi que inagotable. Cerrar las posibilidades de su desarrollo, tanto por parte del ICE como de empresas privadas, es, en mi opinión, una nueva decisión absurda del gobierno en tiempos recientes en el campo de la energía (además de ésta, también lo fue el impedimento de que hubiera una mayor participación privada en la producción de electricidad de fuentes hídricas).

A veces hay posiciones extremas que cierran las posibilidades de progreso en las sociedades.  En este caso, la justa preocupación por el medio ambiente resultante de desarrollos energéticos, creo que ha sido llevada muy lejos. Existe enorme experiencia en muchos países -además de la nuestra antes citada- que incluso poseen literalmente desarrollos en los patios de sus casas. Volviendo a la Oklahoma que antes cité, una visita a la ciudad de Tulsa podría confirmar lo que aquí estoy diciendo: allá, en aquella tierra antiguamente de los indios, hoy existe una enorme producción petrolera en su inmediata vecindad. Pero también, por ejemplo, se podría acudir a Los Ángeles, California y ver allí, en un lugar que se conoce como La Brea, que sucede algo similar a lo de Tulsa, Oklahoma.  Simplemente para esos desarrollos energéticos se han tenido reglas claras, definidas, estrictas, en cuanto al manejo ambiental. Pero no de manera tal que se prohíba la producción, que se impida el desarrollo, que se afecten las posibilidades de progresar de sus ciudadanos, sino todo lo contrario: para que el ser humano se beneficie de energía más barata. Y eso es progresar.

En Costa Rica se ha demostrado que se pueden hacer plantas para extraer energía proveniente de la geotermia, sin afectar los parques nacionales. Incluso si un desarrollo afectara a un parque nacional, eso podría ser compensado con tierras nuevas que se adicionen al parque. Pero ni eso ha sido necesario hacerlo en el caso de Costa Rica. 

El gobierno no admite que privados puedan producir más electricidad proveniente de desarrollos hídricos; no permite ahora que nadie, ni el mismo estado, pueda generar electricidad con base en la energía proveniente de la profundidades de la tierra; no dejan que se explore el país para ver si hay depósitos de petróleo o de gas; no acceden a que se utilicen paneles solares para que las familias desarrollen fuentes energéticas provenientes del sol; no dejan hacer nada de nada. El estado nuestro no sólo es ineficiente, sino retrógrado: conculca cualquier posibilidad de generación de energía, sino es a través de su casi monopolio, el ICE, e incluso hasta a esa institución se le vedó la posibilidad de un mayor desarrollo energético con base en la geotermia. Hace muchos años no veía una mentalidad tan retrógrada, antiprogresista y que frene el impulso innovador de la empresa privada a tal grado. Más tarde o más temprano eso nos pasará la factura a todos los ciudadanos -como usualmente sucede en estos casos- a causa de nuestro estancamiento energético. Entonces los de siempre buscarán echarle las responsabilidades por el retroceso a cualquier otro, menos a la obcecación de sí mismos.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 13 de abril de 2015

Tema polémico: golpes a la democracia.

Las contradicciones entre lo prometido y lo realizado por parte de la administración Solís parecen no tener fin.  Una semana tras otra pareciera que el gobierno del PAC, o quien sea que gobierne desde la perspectiva del PAC, nos sorprende con una nueva versión de un mal cuento de espanto.

La última contradicción tiene que ver con el triste capítulo que nace desde el MICITT con el borrador del proyecto de Ley de Radiodifusión, dado a conocer a la ciudadanía por las infames sanciones a los medios, que derivaban en la posibilidad de quitarle los permisos de funcionamiento a los medios de comunicación en caso de que éstos incurrieran en faltas gravísimas o en dos faltas graves en un año, entendiendo dentro de las faltas, publicar notas falsas o con mensajes y, o palabras vulgares.

No hace falta ahondar en las profundas incompatibilidades con los más elementales principios democráticos y constitucionales que las sanciones incluidas en el citado borrador implican, ni las discordancias con el discurso de “la casa de cristal”.  Sobre este aspecto ya se han escribo valiosos y profundos argumentos.

Vale la pena reflexionar sobre las implicaciones políticas de esta serie de errores, las contradicciones, y las notables y amplias brechas entre las expectativas y la realidad que se han sembrado no solo en este gobierno del PAC, sino además en anteriores administraciones socialdemócratas.

No se trata únicamente de una perdida de fe en el gobernante de turno. Este es en última instancia el menor de los males. Se trata del grave daño que los malos gobiernos provocan y la erosión en la credibilidad del sistema institucional, el  desencanto con su funcionamiento que en última instancia de traduce en la idea de que la democracia no sirve para resolver los problemas del país.

La perdida fe en la política, los políticos y las instituciones del Estado ha sido señalada de diversas formas por el Estado de la Nación. Precisamente en su decimoctavo informe se señalaba: “El saldo para el sistema político en general, y el Gobierno en particular, es negativo: se ha reducido la capacidad de conducir el aparato estatal y no se vislumbra un actor o alianza de actores capaces de tomar la iniciativa, lo que no pasa desapercibido para la opinión pública. En efecto, el apoyo al sistema político costarricense nunca antes había estado tan bajo, en tanto indicadores y al mismo tiempo”. (2012: 59)

Ciertamente nadie se atreve a cuestionar la democracia, ni afirmar que la democracia se encuentra al borde del abismo, pero como lo señaló el director del Estado de la Nación: “(la nuestra es una) democracia que alcanzó la madurez, pero que no tiene rumbo.”


La platina, la trocha, la ley mordaza, el manejo de las embajadas, el despilfarro del gasto público del gobierno, las posturas opuestas a lo prometido: (Estado Laico, impuestos, la apertura eléctrica, CONAVI, DIS, la Ruta 32, etc.) son gotas de agua que socavan la fe en las instituciones democráticas. Estamos desencantados y poco a poco pasados de ser creyentes en la democracia a ser demócratas por default. 

viernes, 10 de abril de 2015

Viernes de recomendación

En esta ocasión queremos compartir con ustedes el maravilloso ensayo de Max Weber, titulado "El político y el científico", en el que esclarece con soltura la gran diferencia entre el político práctico y el científico político y hace un análisis sobre las fuentes del poder y la legitimidad.

lunes, 6 de abril de 2015

Tema polémico: ¿y la profesionalización del Servicio Exterior?

El Partido Acción Ciudadana (PAC) ha venido, desde hace tiempo, insistiendo en la necesaria profesionalización del Servicio Exterior, para evitar que nuestros representantes frente a otros Estados sean nombrados sin tener experiencia, formación y capacidad. Para ello incluso presentó un proyecto de ley con el objetivo de "garantizar un cuerpo diplomático permanente, idóneo, profesional y altamente capacitado, asegurando procesos óptimos de nombramientos, controles estrictos a las cuestionadas designaciones por inopia y el fortalecimiento del Instituto de Política Exterior Manuel María de Peralta". 

Tal pareciera la magnitud del compromiso que el propio Luis Guillermo Solís, durante la campaña electoral, plasmó en su Plan de Gobierno "promover un cambio en la designación de puestos públicos de manera que estos sean ocupados bajo criterios de idoneidad y probidad, y fomentar el óptimo desempeño de los funcionarios públicos". Hace exactamente un año, 1.3 millones de costarricenses creyeron esta y otras promesas y dieron su respaldo a un candidato que les ofrecía un giro de timón que nos llevara a ser un país maravilloso.

No obstante, como buena campaña electoral, las promesas surgen como flor de un día y, al siguiente, se las lleva el viento. En lo que llevamos de gestión de esta Administración la mencionada iniciativa de ley no ha avanzado; duerme el sueño de los justos por la indiferencia del Poder Ejecutivo. Pero eso no es todo, por desgracia, pues hasta la fecha son muy pocos los diplomáticos de carrera que han sido nombrados, mientras muchos otros amigos o familiares de los líderes, colaboradores de campaña o simpatizantes del partido ocupan puestos tan importantes en la representación política de nuestro país frentea otros Estados. Algo bastante extraño si tomamos en cuenta que el Presidente pasó por Cancillería y está perfectamente enterado de la necesidad de tener representantes bien formados para desempeñar dicha tarea. 

Precisamente, los recientes desaguisados de varios embajadores costarricenses nos muestran que Solís se equivocó fuertemente en su designación. Primero fueron los casos de Patricia Gómez y Luis Roberto Zamora, embajadores en Bolivia y Corea del Sur respectivamente, por sus desatinadas declaraciones en torno a la situación acaecida entre la Procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes y el entonces Viceministro de la Presidencia, Daniel Soley. Acto seguido, se conoció que el embajador costarricense ante China, Ricardo León, fue nombrado sin tener siquiera títulos universitarios. ¡El máximo representante de nuestro país ante una potencia mundial tan poderosa no solo carece de experiencia y formación diplomática sino que hasta adolece de cualquier tipo de formación! 

Luego, se presentó el caso de Federico Piedra, embajador ante Venezuela, que fue cesado de su cargo por entrometerse en la situación interna de ese país y hacer declaraciones en defensa de la concentración de poderes en manos de Nicolás Maduro y la desaparición de la democracia en ese país, que no sólo no representan la posición oficial de Costa Rica sino que van en contra de los propios pilares de nuestra política exterior.

¿Todos estos son casos aislados? No, ese es el verdadero compromiso de la Administración Solís Rivera con la profesionalización del servicio exterior: nombrar charlatanes a los que pronto hay que salir a defender -o a destituir- porque su impericia, imprudencia y falta de tacto afectan las relaciones internacionales de Costa Rica.  

Hace un año, 1.3 millones de crédulos se dejaron seducir por la ruta del cambio, las caravanas de la alegría y las promesas de campaña. Hoy, cada vez más son los costarricenses que se sienten engañados, usados y burlados por un gobierno que olvidó todas sus posiciones cuando era oposición y ahora, se dedica a hacer lo mismo que sus predecesores: jugar con Costa Rica.