martes, 21 de abril de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: el inmortal Estado ineficiente

Una característica del mercado es que, cuando una empresa fracasa en satisfacer las necesidades de los consumidores y enfrenta una competencia que sí lo logra, termina saliendo del mercado. Eso, que parece ser algo indeseable -ver desaparecer empresas no es agradable en sí- tiene una gran virtud: permite liberar recursos humanos, de capital, entre otros, de la antigua empresa, que ahora podrán dedicarse a un uso alternativo mejor; es decir, a conformar una nueva empresa o actividad productiva que sí tenga éxito en satisfacer la demanda de los consumidores. A veces, esa transformación toma cierto tiempo. Pero el costo de mantener ociosos esos recursos productivos implica un costo, que incentiva su retorno a producir algo rentable, lo más rápidamente posible. 

No suena muy bonito decirlo así, pero de cierta manera la quiebra por una competencia sana es una forma de sanear una economía, pues se reflejará en una mayor y más adecuada producción que satisfaga los deseos de los consumidores. La entrada y salida de empresas en un mercado en competencia es la costumbre, lo usual, lo esperable, en especial en el marco de la innovación de los empresarios, que usualmente causa la desaparición de tantas empresas que dejan de ser eficientes. El proceso resalta el objetivo final de una economía, cual es que las empresas satisfagan los deseos o necesidades de los consumidores o usuarios.

Contraste este mecanismo de eficiencia social con otro, en el cual empresas totalmente inútiles e innecesarias, casi que viven eternamente. Ya se imaginarán que me refiero al hecho de que el estado muy rara vez clausura una actividad que no tiene razón de existir; esto es, esa empresa pública continúa utilizando recursos escasos en la economía, sin que se dediquen a satisfacer deseos o necesidades que demandan sus usuarios. Es probable que no las cierran porque, de alguna manera, significan el mantenimiento de una burocracia influyente o bien porque sirve para los propósitos de maximización del poder de los gobernantes de turno. 

Tal es el caso del Consejo Nacional de Producción (CNP). Si bien alguien podría considerar que jugó un papel importante en nuestra economía del pasado, aquellas funciones tradicionales ya hoy no tienen razón de ser. Entonces, ¿qué hacen los políticos para que la empresa o ente o agencia o explotación estatal no tenga que cerrar? La ponen a hacer alguna otra cosa, cualquiera que sea, independientemente de si hay demanda por su servicio o no.  Eso es lícito hacerlo en cierto sentido, pero ¿qué pasa si la ponen a hacer algo innecesario, oneroso o repetitivo o que crea mayor ineficiencia en la economía?

Esa pretensión de los políticos viene desde hace buen tiempo: no saben qué hacer con el CNP y, en vez de cerrarlo de una vez por todas y liberar así los recursos que utiliza para ser mejor utilizados en alguna otra cosa, corren a inventar algo en qué ponerlo a hacer. Sobre este tema, La Nación del 03 de febrero trae un artículo titulado “Gobierno convertirá a CNP en una agencia para renovar el agro: Entidad tendría tareas de fomento e inteligencia de mercados”, que vale la pena comentar.

Con base en un documento bautizado como “Políticas para el sector agropecuario y desarrollo de los territorios rurales 2015-2018”, el gobierno anunció el pasado 02 de febrero “que transformará al Consejo Nacional de Producción (CNP) en el Centro de Promoción del Valor Agregado Agropecuario.” Rimbombante nombre, pero ¿habrá sustancia en la propuesta? Analicemos lo que se pretende poner a hacer el CNP a la luz de dos parámetros: Primero, que no sea algo que lo puede hacer mejor el sector privado de la economía, lo cual tendría, como alternativa, muchas ventajas en comparación a sí lo hace el estado y, segundo, que no sean actividades que, con un alto grado de parecido, ya las realiza el estado mediante alguna otra entidad. 

Una actividad que se propone ejecutar el comatoso CNP, en palabras de su presidente ejecutivo, Carlos Monge, “es el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI)” que  parece ser un refrito de un antiguo programa que se buscó para el CNP, cual era la venta de productos agrícolas usadas en el consumo de una serie de instituciones gubernamentales –cárceles, hospitales, de policía, entre otras. Esto es, se busca sustituir al actual sistema de abastecimiento, que se supone lo llevan a cabo mediante las reglas de contratación administrativa legalmente vigentes. Estas últimas tienen, como factor primordial, la diversidad de oferentes potenciales. Con la propuesta para poner a hacer algo al fantasmal CNP, se instauraría un suministro monopólico para las compras que deban realiza aquellas otras entidades estatales, pues se tendría que comprar directamente a la agencia del CNP o bien indirectamente a los agricultores privados que seleccione el CNP. El comprador final no tendrá libertad y sí la obligación de tener que comprarle a un solo ente (al CNP) y se le impide escoger entre oferentes que compiten entre sí. Cuando se monopoliza cierta actividad (la obligación de los otros entes estatales a comprar por intermedio del CNP), sube el precio del producto involucrado. El adquiriente, al no poder adquirir lo más barato posible en un mercado competido, termina pagando un precio mayor. Así, los costarricenses tendremos que pagar más: ¿o es que creen que la burocracia y la operación del CNP eran gratuitas?: forman parte de un estado que se mantiene con nuestros impuestos.

El segundo “motor articulado” del “nuevo CNP”, como lo llama el presidente ejecutivo Monge, es el “centro de agregación de valor a la agricultura en cada uno de los centros (del CNP) en el país.” Palabrería sonora aparte, no es más que una afirmación de que el nuevo CNP promoverá empresas agrícolas (entre ellas las que se dedicarían a producir para el PAI), desarrollará proyectos, ayudará la financiación así como en estudios de preinversión y en proyectos de inversión, contribuirá con la soberanía alimentaria (cualquier cosa que eso signifique), al posicionamiento internacional y, por supuesto, a generar empleo.

Pero el hecho es que ya estamos hasta el cuello con entidades estatales que se supone satisfacen esos objetivos presuntamente deseables. Mucho ya lo hace (o se involucra) el MAG, así como a bancos y entidades financieras (Banca de Desarrollo), agencias promotoras de exportaciones, como PROCOMER o COMEX, al igual que, al menos en el pasado, no sé si en la actualidad, lo hizo el PIMA (Programa Integral de Mercadeo Agropecuario), creo que en conjunto con el IFAM, en el desarrollo de mercados.  Además, hay muchas otras acciones que en estos momentos ejecuta el MAG, como en el campo de asesoría en productos, de formas de siembra (por ejemplo mediante Oficafé y Corbana), de provisión de semillas, en cuanto al uso de fertilizantes, fungicidas y otros, acerca de mercadeo, de características físicas de los productos y toda una serie de cosas que se hacen allí y para lo cual hay dedicada una burocracia gubernamental.  La propuesta del nuevo CNP en mucho repite funciones que ya realiza el MAG. 

Debo advertirlos que ojalá la propuesta intervención del nuevo CNP en el área financiera, no sea un vaticinio de otro impagado plan de financiamiento para ciertos sectores agrícolas, que después será aliviado con un perdón legislativo para los morosos, y, por la experiencia, terminará siendo pagado por todos los ciudadanos. 

Esta propuesta para un nuevo accionar del CNP lo que me hace es clamar para que, ante la crisis fiscal que hoy vivimos, en lugar de buscar reducir el gasto gubernamental, lo que ciertos altos burócratas ministeriales pretenden es continuar gastando todo lo más que puedan. No les pasa por la mente que hay una necesidad impostergable de ahorrar fondos escasísimos, de fusionar actividades, de cerrar entes que no generan riqueza y que, más bien, al requerirse recursos públicos, darán lugar a una mayor demanda de impuestos, quitando así la riqueza de donde verdaderamente se genera producto de una producción valiosa y útil.

Eso no es todo: resulta que La Nación del 11 de marzo, en un comentario titulado “Atrasos del CNP dejan sin comida a escolares pobres: Centros en zona norte, Pérez Zeledón y Sixaola cierran comedores o reducen porciones,” ya muestra algunos resultados de la obligación impuesta a entidades públicas, de comprar los alimentos que necesitan únicamente por medio del CNP.

Dice el periódico que “los atrasos del Consejo Nacional de Producción (CNP) en la entrega de alimentos a los comedores escolares dejan sin ese servicio a los niños pobres. Desde la semana pasada, los alumnos de la Escuela Las Palmas, en La Tigra de San Carlos, no comen frutas y las cocineras deben reducir las porciones que sirven para que los alumnos rindan toda la semana. Ese mismo calvario lo sufren 89 recintos de la zona norte y centros educativos en Pérez Zeledón y Sixaola. A la fecha el Ministerio de Educación Pública (MEP) tiene 50 denuncias por fallas en los comedores escolares atendidos por el CNP.” Y todo por el intento del gobierno de salvar ese cadáver institucional que es el CNP.

“Las quejas más comunes de los centros educativos hacia el CNP son la tardanza en la entrega de los productos, alimentos en mal estado, precios más altos, carnes que no están frescas y falta de suministro durante la semana,” dice La Nación. Bueno, eso es de esperarse cuando los compradores (como los comedores escolares) se ven obligados a comprar los productos a un único comprador. Ello bien lo señala doña Patricia Corrales, directora de la Escuela Las Palmas, en San Carlos: “A partir de este año, nos obligaron a comprarle al CNP y no cumplen con el tiempo de entrega de los alimentos y nos sale más caro.” Más claro no lo pueden ustedes tener ante sus ojos: con tal de salvar al fracasado CNP, el gobierno ha puesto en manos de un monopolio estatal el suministro de los comedores escolares y de ahí las consecuencias esperadas por tal monopolización. Lo importante para la burocracia institucionalizada ha sido el estado per se, no el bienestar de los ciudadanos. De otra manera no mantendrían ese mamotreto incensario que tanto nos ha costado y que nos seguirá costando. Aunque la burocracia alegará que la permanencia del CNP se debe a la necesidad de satisfacer a los consumidores, lo cierto es que lo que prima es la continuidad de esos burócratas. Nada más que eso es lo que importa.

Jorge Corrales Quesada

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