martes, 2 de junio de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: el secretismo dentro del Estado

No puede existir un error tan aciago, como suponer que los terceros son unos ignorantes. Se ha venido alegando que, a fin de proteger de la competencia a RACSA, subsidiaria de la empresa estatal del ICE, no se divulgarán los datos financieros de aquélla. Pero, ante la evidencia multitudinaria mostrada en periódicos y noticieros de televisión y programas de radio acerca del manejo financiero desafortunado de RACSA en los últimos tiempos, ¿acaso creen ustedes que los competidores no la conocen ya o no disponen de una buena idea acerca de ella? Por ejemplo, se han de acordar  de lo que pasó con el proyecto de las cámaras en carreteras; asimismo, con el de la nube empresarial; también con el del expediente único de salud y el de la comercialización de la televisión digital.

El argumento del estado para que RACSA le niegue su información a la ciudadanía o a quienes la representan en la Asamblea Legislativa, descansa en una ley promulgada en el 2008, la número 8660, conocida como Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones. Según su artículo 35, dejó en manos del ICE y de RACSA “la potestad de declarar confidencial la información relacionada con las actividades del grupo empresarial público”, de manera que es un secreto (¿de estado?) “la información industrial, comercial o económica que, por motivos estratégicos, comerciales y de competencia, no resulte conveniente su divulgación a terceros por parte del ICE,” tal como lo informa La Nación del 22 de mayo en su artículo “Directiva de ICE declara secreto en torno a RACSA: Consejo consideró inconveniente divulgar cualquier tipo de información sobre la subsidiaria.”

Es, con base en lo anterior, la razón por la cual el gerente de RACSA, señor Francisco Calvo, rechazó una solicitud de los diputados de la Asamblea Legislativa, integrantes de la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público, para que se les entregaran los resultados financieros de la firma. Señala el señor Calvo en una nota a los diputados que “El Consejo Directivo [del ICE, dueño de RACSA] ha considerado que la denegatoria no solo está respaldada por una ley especial (…), sino que pretende resguardar a las empresas del Grupo ICE de cualquier efecto negativo que pudiera derivar de su divulgación.” Por ello, no me los imagino participando en un mercado financiero tan desarrollado como, por ejemplo, el de las bolsas de valores de Nueva York, en donde empresas que aspiran a colocar sus acciones en él, tienen que revelar la información financiera correcta a los potenciales inversionistas y a los entes reguladores. (Por eso hoy allá se está investigando a la empresa brasileña Petrobras, porque el chorizo no aparecía en sus estados financieros y no fue hasta cierto tiempo después cuando se dio a conocer el asalto). Existe lo que se llama una divulgación completa (full disclosure); esto es, que para efectos de transparencia se brinde la información necesaria, de manera que se sepa que no se está ocultando algo.

Pero el secretismo no se quedó allí. Esos diputados le pidieron al presidente de la República que les enviara una copia del Informe Anual de Rendición de Cuentas del ICE y sus Subsidiarias, pero también la presidencia se los negó, aunque, con una inteligencia mayor, el ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro, prometió públicamente que “revisará el caso para dar una respuesta adecuada.”
Siempre se nos ha dicho que los ciudadanos somos los dueños de las empresas estatales, pero más bien parece que, al ser “todos” los dueños, no hay nadie que lo sea. ¿Quién ahora nos dará cuentas claras y ciertas del estado financiero del ICE y de su subsidiaria, RACSA, a nosotros los “dueños” de esas empresas públicas?

¿Debemos ser ignorantes de lo que pasa en las empresas “nuestras”? Pero, por otra parte, ¿es un riesgo real el que competidores privados y hasta extranjeros logren determinar con exactitud la verdadera situación del competidor estatal?  En cuanto a la segunda de estas dos preguntas, no sería una posibilidad, sino una certeza, conocer la situación del competidor si éste cotizara en bolsas comerciales o de valores. De aquí que es pertinente la reflexión del diputado Álvarez, de que “la confidencialidad en el Grupo ICE (sea) solo en temas industriales, mercadeo y no la financiera”. Estoy de acuerdo, pues quiero saber si lo que es presuntamente “mío” ya no lo es o ya no existe: no quiero terminar cantando aquello de “dueño de ti, dueño de nada”, como dice El Puma. Es más, ¿y si se la estuvieran robando, así literalmente?... no lo llegaría a saber en el tiempo debido. Por ello la urgencia de la transparencia y la rendición de cuentas.

No me agrada eso de “confidencialidad” en el estado, para no revelar hechos, pues usualmente tal necesidad de secreto se emplea no sólo para cosas entendibles, como la protección nacional ante un enemigo externo, sino que también se le usa para tapar acontecimientos indeseables, como una mala conducción económica o incluso un robo descarado o algo similar o porque tal vez porque a algunos en el estado les produce una situación políticamente angustiante.  

En Costa Rica nuestros diputados son nuestros representantes, al igual que lo son los representantes en el Congreso estadounidense de aquella nación  Allá, cuando una comisión, por ejemplo, pide conocer temas “secretos” del Poder Ejecutivo -algo que no es infrecuente- se reúne privada y confidencialmente, para recibir dicha información y, me imagino, el acuerdo tácito -al menos moralmente punible- es que no se puede divulgar más que entre sus pares del Comité. Algo así podría pensarse para nuestro país; concretamente, para ciertas comisiones de la Asamblea Legislativa. Ojalá alguien me aclare bien los procedimientos que sobre el tema se dan con frecuencia en el seno legislativo de los Estados Unidos.

Sé que me dirán que esos “diputados” nuestros no van a guardar el secreto y que posiblemente usarán la información así recibida para hacer escarnio de funcionarios, presuntamente por ser de un partido diferente a los suyos. Es posible, pero también es factible que un funcionario de la institución estatal involucrada transmita esa información a un cierto precio a algún competidor (incluso suele haber rotación de personal de empresas estatales hacia empresas privadas de un mismo giro). Se trata de no negar el derecho ciudadano a conocer lo que sucede con las acciones de su empleado, la administración del estado, al tiempo que se tiene el cuidado de no causar un daño innecesario a la sociedad.

En dos palabras, al menos en los Estados Unidos se presume cierta conducta apropiada de los congresistas en situaciones como las descritas; esto es, que guarde la confidencialidad de lo que se les informó.  Me dirán que aquí eso no va a ser así, pero esperaría que pudiera serlo. El afán de esos diputados prestos a saber información “secreta” para hacer un “mal uso” de ella, es mucho mayor cuando les es negada, pues es lógico que piensen que, si se las niegan, es porque algo huele a podrido en Dinamarca.

Cuando hay concentración de poder, siendo el súmmum el estado, lo mejor es ventilarlo, orearlo, desinfectarlo, diseminarlo, mostrarlo ante el mayor número de ojos ciudadanos en quienes descansa la soberanía, para así lograr que ese poder no llegue a convertirse en un tabernáculo de intereses corruptos. Esa es mi preferencia personal: mantener el secreto estatal al mínimum minimorum; a lo indispensable y conservar mi libertad. 

Jorge Corrales Quesada

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